Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02662-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02662-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02662-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02662-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO AL DERECHO DE PETICIÓN FRENTE
A ALGUNAS ENTIDADES, POR FALTA DE PRUEBA SOBRE LA
RADICACIÓN DE LA SOLICITUD Y POR HABER CONTESTADO EN
TIEMPO. SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO FRENTE ALGUNAS ENTIDADES POR RESPONDER LA
PETICIÓN DE LA ACTORA DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA. SE AMPARA EL DERECHO DE PETICIÓN
RESPECTO DE ALGUNAS ENTIDADES AL NO RESPONDER LA
TOTALIDAD DE LA SOLICITUD DE LA ACTORA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA1, las COMISIONES DE
REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG-2 y DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA-3, la SUPERINTENDENCIA DE
1
En adelante la PRESIDENCIA.
2
En adelante la CREG.
3
En adelante la CRA.
2
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS-4 y
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN5.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora NADIA IBETH SOTO TONCEL, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la salud, a la defensa y a los principios
de legalidad y contradicción los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la PRESIDENCIA6, la CREG, la CRA, la
SUPERSERVICIOS y la PROCURADURÍA, al no recibir una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía
electrónica, el 8 de marzo de 2023.
4
En adelante la SUPERSERVICIOS.
5
En adelante la PROCURADURÍA.
6
Cabe señalar que si bien la acción de tutela se promueve contra la Presidencia de la República en toda
la solicitud se refiere al Presidente de la República, de ahí que se esté conociendo de la misma.
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
I.2. Hechos
Indicó que presentó un derecho de petición ante las entidades
accionadas el 8 de marzo de 2023, con el fin de que: i) no exijan
requisitos para la presentación de quejas y reclamaciones ante las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que no
estén previstos en la Ley; ii) le den respuesta a los interrogantes
respecto de la normativa y jurisprudencia aplicable a los trámites de
peticiones, quejas y recursos de apelación respecto de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios; iii) expliquen porque el 90%
de las decisiones de los recursos de queja y de apelación frente a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios son resueltos de
forma desfavorable para los usuarios; iv) se le garantice el núcleo
esencial del derecho de petición; v) resuelvan los recursos de
apelación teniendo en cuenta la Resolución núm. 20218200163555
de 18 de mayo de 2021, expedida por la SUPERSERVICIOS; vi)
ordenen a los gerentes de las empresas de servicios públicos de
energía Air-e y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo
EPM, que se abstengan de suspender los servicios de energía hasta
no se resuelvan las quejas presentadas ante las mismas; vii) se dé
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cumplimiento a la providencia de 5 de abril de 20217, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado; viii) se ordene al Concejo
de Valledupar que presenten la metodología que utilizaron para
cobrar el impuesto de alumbrado público; y ix) se realice un consejo
comunal de servicios públicos en la ciudad de Valledupar (Cesar).
Puso de presente que hizo un requerimiento a la empresa de
energía8, para que:
“[…] le diera cumplimiento al artículo 130 de la Ley 142 de 1994
modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, declarado
exequible por las sentencias C-493 de 1997, C-690/02, donde la
empresa declara improcedente y concede los recurso de ley ante
la superservicios, DONDE yo lo arrende de buena fe ORIANA
BOLIVAR […] Y ABANDONO EL INMUEBLE EL 27 DE NOVIEMBRE
DEL 2021 DEJAMENDOME UNA DEUDA PENDIENTE POR VALOR DE
$3.000.000 Y UNA DEUDA FINANCIADA $575.000 DONDE YO SOLO
ESTOY OBLIGADA A PAGAR LA PRIMERA FACTURA DEL TOTAL DE
LA DEUDA, DONDE ESTA FACTURA LA EMPRESA PRIMERO DEBE
ANULAR EL A CUERDO DE PAGO Y EXPEDIR LA FACTURA
SOLIDARIA, donde la empresa declara improcedente el recurso de
queja a legando que se presentó extemporáneos, donde la
superservicios confirma dicha decisión de la empresa según la
resolución SSPD No 20228600125455 DEL 28-02-2022 […]”. (SIC
en toda la trascripción)
Sostuvo que se le debe dar una respuesta de fondo, clara y
congruente a cada una de las pretensiones de su solicitud, con el fin
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, auto de 5 de abril de
2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-24-000-2020-00058-00, C.P.
Oswaldo Giraldo López.
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La actora no indicó frente a cual empresa radicó la solicitud.
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
de que se le garantice el núcleo esencial del derecho de petición, al
no haber recibido ningún pronunciamiento por parte de las entidades
demandadas.
Señaló que se debe investigar las denuncias y quejas contra los
funcionarios de la Dirección Territorial Noroccidente de la
SUPERSERVICIOS, comoquiera que, a su juicio, exigen requisitos
que no están previstos en la ley para dar trámite a las quejas y
solicitudes contra las empresas prestadoras de servicios públicos,
esto es, encontrarse al día con el pago de la factura solidaria y que
coincida el certificado de libertad y tradición del inmueble con la
dirección registrada en la factura en el lugar que se presta el servicio
de energía. Asimismo, que se expliquen las razones por las cuales el
90% de los recursos de apelación presentados por los usuarios se
resuelven desfavorablemente.
Señaló que actualmente no existe una norma que faculte a las
empresas de servicios públicos domiciliarios que suspendan los
servicios de forma unilateral sin que antes se expida un acto
administrativo en ese sentido.
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
Solicitó que no se le suspenda el servicio de energía y, asimismo, que
la PRESIDENCIA y la SUPERSERVICIOS “[…] manifiesten con que
fundamento constitucional y legal el presidente y la superservicicios se
niega asistir al consejo comunal realizado por nuestro de defensor por más
de 20 años melkis Guillermo kammerer kammerer […], el 26 de mayo del
2023 en la cámara de comercio de Valledupar, donde el fue el fundador de
los comités de control social de los servicios públicos mobiliarios, y
necesitamos que estas autoridades estén presente en este consejo comunal
[…] para que los usuarios, vocales de control y comités de servicios públicos
reciban sus capacitaciones, hagan sus denuncia, contra las empresa de
servicios público, y contra la misma superservicios […]”.
Por último, reiteró las solicitudes que presentó en la petición de 8 de
marzo de 2023, objeto de la acción de tutela de la referencia.
I.3. Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRETENSIONES
PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela […] para que no me
suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el
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superintendente asista al consejo comunal, y como mecanismo
definitivo y excepcional, para que el juez constitucional aplique el
bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la presidente de Colombia
como jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer sus
competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al
superintendente de servicios publico ejercer sus funciones , la
procuraduría generar de la nación ejercer sus funciones los demás
funcionario de la superintendencia […] investigar esta denuncia y
quejas contra la directora oriente, […] donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los
usuarios […].
SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos
fundamentales y humano Al núcleo esencial del derecho de
petición, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa
contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de
justicia, a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8 y
25 de la convención americana de derecho humanos, a la salud a
la vida, a una vivienda digna, al principio de la buena fe confianza
legitima acto propio a una vivienda digna a la educación y ordene
a darme una respuesta , de fondo clara congruente y resuelva cada
una de las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con
que fundamento constitucional y legal el presidente y la
superservicicios se niega asistir al consejo comunal realizado por
nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo
kammerer kammerer […].
TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente el
doctor que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios,
asistan a este consejo comunal de conformidad con el artículo 2,
102, 103 y 270 de la constitución, para que socialicen el porcentaje
a tomar sobre cuál va hacer la desviación significativa de los
consumo de energía eléctrica […].
Cuarto QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LOS SEÑORES orden al superintendente de
servicio público y […] superintendente delegado para energía y gas
combustible, […]o quien haga sus veces jefe oficina de control
disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios„ le soliciten a […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE,
[…] ENTRE OTROS manifieste los siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos
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adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de
petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011, articulo 9 de la ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el
certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,
donde predominan la dirección de la factura de energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derechos de
petición por solidaridad, alegando que la dirección de las
certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra
la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta
catastral. levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al
104 de la ley 142 de 1994?,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los
recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al
día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998,
violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE
DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO
155 DE LA LEY 142 DE 1994?,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de
forma unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL
2017 T-79312012„C-38912002 C-060-05„C-558-2001,C-,T-
013/18, SU-1010, t-270/2004, T-398/2021,T-206/21 C-134 de
1994J-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T¬191 de 2008
T-281 de 2012T..189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo
de 2021„expedida por la superservicios, no es necesario aportar
otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa
presento factura a mi NOMBRE.
QUINTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas
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combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública , le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE
manifieste la superservicicios porque más del 90% de los recurso
de queja y de apelación son fallado en contra siendo entidad de
segunda instancia el superior jerarquice funcional de las empresas
de servicios públicos […].
SEXTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO, Y LA PROCURADORA
GENERAL DE LA NACION ORDEN ALA LOS SEÑORES gustavo petro,
presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de
energía y gas y agua potable,[…] superintendente de servicio
públicos domiciliarios, […] superintendente delegado para energía
y gas combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno
de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública me garanticen el núcleo esencial del derecho de petición
dándome una respuesta de fondo […].
SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ordene GERENTE GENERAL
DE AIR-E, y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia queja así
mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo […].
OCTAVO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente
de servicio públicos domiciliarios, […] superintendente delegado
para energía y gas combustible, […] jefe oficina de control
disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia
preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021 […].
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NOVENO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS
LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
sala contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero
ponente: Oswaldo Giralda López Norma demandada: aparte que
indica "los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones
uniformes del contrato- del parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución número 108 de 3 de julio de 1997 Demandante:
Procuraduría General de la Nación Demandado: La Nación —
Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía
y Gas Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno
(2021)Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia:
Procede la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo que faculta a las empresas prestadoras del servicio
público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que
constituyen desviaciones significativas […].
DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS,
ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA
METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese
a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía
al sector comercial y de servicios.
DECIMO PRIMERO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN A LA LOS
SEÑORES señor presidente ASISTA un consejo comunal de
servicios público aquí en Valledupar para que se invisten a todos
los vocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones
de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las
delegadas de la superservicicios con la presencia también del
presidente y el superintendente de servicios públicos […].
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA SEÑORA
PROCURADORA ORDENEN A […] superintendente delegado para
energía y gas combustible, […] jefe oficina de control disciplinario
interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, A
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DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la superservicicio y las
empresa de energía eléctrica , por violación a la constitución y la
ley , así mismo ordenen a las empresa de servicios públicos a
retirar de la factura de energía la deuda, y se abstengan de seguir
suspendiendo el servicio de energía de forma unilateral , hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia que son más
de 140 usuarios que tenemos este problema […].
DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al
principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad, RESUELVA DE
FONDO CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS PRETENCIONES
DE LA TUTELA INTEGRANDO el contradictorio., para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela,
como un todo inescindible" […].
DECIMO CUARTO que el señor magistrado y la señora
procuradora general de la nación ordenen a la superintendencia de
servicios público ordenen a la empresa de energía que si va a
continuar sus pendiendo el servicio de energía deberá expedir un
acto administrativo que garanticen el debido proceso
administrativo derecho de defensa contradicción legalidad, a una
tutela judicial efectiva, las garantías judiciales consagrada en los
articulo 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos,
DÁNDOLE CUMPLIMIENTO al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y
la sentencia 0-150 DEL 2003 , ASI MISMO inicie las sanciones
establecida en el artículo 81 de la ley 142 de 1994 por
suspenderme el servicio de energía de forma unilateral.
DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL
ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION aplique el bloque de
constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita conforme al principios DE
OFICIOSIDAD y de informalidad, Y CONCEDA esta acción de tutela
como mecanismo definitivo y excepcional protegiendo el núcleo
esencial de petición y los mecanismo de participación ciudadana
debido que el estado está en la obligación de garantizarme la vida
la honra y bienes, como garantizarme la participación de todos en
las decisiones que nos afecten […]”.9 (SIC en toda la trascripción)
9
Cabe resaltar que los numerales 1 y 3 a 12 son la reiteración de las solicitudes del derecho de petición
objeto de la presente acción de tutela.
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I.4. Defensa
I.4.1.- La PRESIDENCIA señaló que, contrario a lo indicado por la
actora, la petición fue contestada por medio del Oficio núm. OFI23-
00049014 / GFPU 13150000 de 15 de marzo de 2023, en la que se
informó que no tenía competencia para contestar la petición y que
de igual forma no se remitía la misma, comoquiera que las entidades
competentes ya tenía conocimiento de esta y debía esperar a sus
respuestas.
Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, comoquiera
que no se encarga de la inspección, vigilancia y control de los
servicios públicos domiciliarios, lo que, a su juicio, le corresponde a
la SUPERSERVICIOS.
Señaló que no puede compeler u obligar a la referida entidad para
que asista al Consejo Comunal que puso de presente la actora.
Adujo que no tiene competencia para atender los reclamos de la
actora, pues en primera instancia es la empresa prestadora del
servicio público que realiza el cobro y en segunda la
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SUPERSERVICIOS, razón por la cual, a su juicio, no debía ser
vinculada como parte pasiva de la acción de tutela.
Manifestó que los reclamos presentados por la accionante recaen
sobre la empresa Afinia Grupo EPM, la cual es la encargada de
establecer el cobro del servicio público de energía y que como se
evidenció del escrito de tutela ésta ya le brindó una respuesta a su
petición.
Advirtió que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de subsidariedad al no agotar el proceso
administrativo ante las mencionadas entidades.
Finalmente, dijo que no le vulneró ningún derecho fundamental a la
actora, por lo que solicitó su desvinculación de la acción de tutela de
la referencia, por no tener legitimación en la causa por pasiva y, de
manera subsidiaria, que se deniegue el amparo solicitado por
haberse configurado la carencia actual de objeto por hecho superado,
al dar respuesta a la petición de la actora.
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I.4.2.- La CRA adujo que una vez revisado el sistema de gestión
documental Orfeo no encontró ninguna petición formulada por la
actora, razón por la cual no tuvo conocimiento de la misma.
Aclaró que le corresponde regular los monopolios en la prestación de
servicio públicos de agua potable y saneamiento básico y, asimismo,
que no le corresponde fijar, aprobar o autorizar tarifas particulares
en los municipios.
Indicó que no tiene personería jurídica y se encuentra adscrita al
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO -
MINVIVIENDA-, además que carece de competencia para la
inspección, vigilancia o control sobre las personas jurídicas
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, comoquiera que
esta se encuentra en cabeza de la SUPERSERVICIOS.
Advirtió que no tiene competencia para pronunciarse sobre la
petición de la actora, toda vez que esta recae sobre otras entidades
tales como la empresa prestadora del servicio de energía y la referida
Superintendencia, las cuales son las que deben tramitar y responder
de fondo las peticiones y recursos presentados por la parte
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accionante frente a sus inconformidades, al igual que la asistencia a
un Consejo Comunal.
Por lo anterior, solicitó ser desvinculada de la presente acción de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.4.3.- La CREG indicó que una vez revisado el sistema de gestión
documental no se encontró la radicación de la petición de la actora,
debido a los múltiples correos enviados al buzón electrónico de la
entidad remitidos desde la dirección electrónica
melkiskammerer@hotmail.com, que ocasionaron que varios correos
se enviaron al buzón de “no deseado” los cuales solo se podrían
recuperar antes de que transcurrieran treinta días.
Señaló que pese a lo anterior, tuvo conocimiento de la petición de la
actora a través del auto admisorio de la acción de tutela de la
referencia, razón por la cual procedió a radicar la misma
identificándola con el núm. CREG E2023010969 y le dio respuesta de
forma clara, precisa y congruente mediante el Oficio núm.
S2023002720 de 1o. de junio de 2023.
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Aclaró que la inconformidad de la accionante frente a los recursos
interpuestos contra su factura de energía y los costos del mismos en
la ciudad de Valledupar resultan ajenos a su competencia al ser
situaciones particulares que se presenten entre los usuarios y las
empresas prestadoras de los servicios públicos, de igual forma
tampoco tiene competencia para pronunciarse sobre la solicitud de
la actora respecto de la función de vigilancia y control del
cumplimiento de las funciones de dichas empresas, pues esta función
la ejerce la SUPERSERVICIOS.
Manifestó que existen varias acciones de tutelas como la de la
referencia con identidad de objeto, causa y parte pasiva, por lo que,
a su juicio, se está frente a un abuso de ese amparo constitucional y
del derecho de petición generando una congestión judicial
innecesaria.
Por último, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado de la presente acción de tutela, por cuanto ya le dio
respuesta a la solicitud de la actora.
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I.4.4.- La SUPERSERVICIOS manifestó que la acción de tutela de
la referencia debe ser repartida nuevamente ante los Jueces del
Circuito por ser de su competencia y no la debía conocer el Consejo
de Estado.
Advirtió que, contrario a lo señalado por la actora si resolvió de fondo
la petición que radicó el 16 de enero de 2023, a través del Oficio
núm. 20238600597271 de 9 de febrero de 2023, en el que le informó
el trámite administrativo para presentar los reclamos por la
suspensión de los servicios públicos domiciliarios y, asimismo, que
mediante la Resolución núm. SSPD – 20228200604515 de 10 de
junio de 202210, declaró improcedente el recurso de queja
interpuesto por la actora por ser extemporáneo el cual buscaba el
rompimiento de solidaridad causado por las deudas del suministro de
energía, razón por la cual, a su juicio, se deben tener en cuenta las
consideraciones de hecho y de derecho efectuados en ese acto
administrativo en la presente acción de tutela.
10
“Por la cual se resuelve un recurso de queja”
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Manifestó que el juez constitucional no puede reemplazar al juez
ordinario, toda vez que este último es el competente para establecer
si la decisión de la entidad estuvo ajustada a derecho.
Sostuvo que lo que pretende la actora es que se revoque la
Resolución núm. SSPD – 20228200604515 de 10 de junio de 2022
expedida por la Dirección Territorial Norte de la entidad.
Puso de presente que la presente solicitud de amparo es
improcedente debido a que la actora no demostró un perjuicio
irremediable y, además, no cumple con el requisito general de la
subsidariedad al tener a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
I.4.5.- La PROCURADURÍA manifestó que la actora radicó la
petición el 8 de marzo de 2023 en la sede electrónica de la entidad,
la cual fue asignada a la Regional de Instrucción de La Guajira el 20
de marzo de 2023; sin embargo, debido a las múltiples funciones y
a la recepción de innumerables asuntos en dicha sede no se depuró
de forma inmediata, por lo que solo le dio trámite hasta el 30 de
mayo de 2023.
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Señaló que en vista de lo anterior, le dio respuesta a la petición de
la actora el 31 de mayo de 2023, enviándola a las direcciones que
dispuso para ello, en la que le informó que no era competente para
darle respuesta a su solicitud.
Advirtió que dentro de sus competencias y funciones no se encuentra
la de emitir ordenes o administrar otras entidades del Estado, como
tampoco el de cobro de facturas de los servicios públicos
domiciliarios.
Sostuvo que comoquiera que ya le dio una respuesta a la actora se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en la
presente acción de tutela.
I.4.6.- CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P - AFINIA GRUPO
EPM11, vinculada en calidad de tercero con interés directo en las
resultas del proceso, adujo que la actora le presentó una petición el
13 de enero del 2023 radicada con el núm. 202360005896, la cual le
dio respuesta mediante el Oficio núm. 202370040570 de 23 del
mismo mes y año, en la que le informó que en cumplimiento de lo
11
En adelante CARIBEMAR.
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establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, la remite a la
empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - Air-e12 por ser
de su competencia.
Aclaró que anteriormente la empresa Electrificadora del Caribe
S.A. E.S.P. - ELECTRICARIBE S.A ESP EN LIQUIDACIÓN
manejaba todo el suministro de energía de la costa pero luego de su
proceso de solución empresarial, se decidió segmentar el mercado
en dos partes, por lo que le correspondió prestar el servicio de
energía de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y
once municipios del Magdalena y por el otro la empresa CARIBESOL
se encarga de los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira,
y, en ese sentido, indicó que se pueden prestar confusiones al
momento de vincular las empresas prestadoras del servicio de
energía a las acciones constitucionales.
Manifestó que el suministro objeto de la reclamación de la actora no
se encuentra en ninguno de los departamentos que gestiona, por lo
que no puede recibir o responder sus reclamaciones; sin embargo,
este si aparece en el sistema de la empresa de CARIBESOL.
12
En adelante CARIBESOL.
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Solicitó que se le desvincule de la presente acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la responsable de la
comercialización del servicio de energía del suministro mencionado
por la actora y, asimismo, no existe prueba que le haya presentado
alguna reclamación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
En este punto, se advierte que la SUPERSERVICIOS manifestó que
la acción de tutela de la referencia no era competencia de esta
Corporación sino de los jueces administrativos del circuito, razón por
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la que para la Sala es importante aclarar que de conformidad con el
numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1.13 del Decreto 1069 de 201514,
modificado por el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 15, las acciones
de tutela dirigidas contra el Presidente de la República, son de
conocimiento en primera instancia del Consejo de Estado.
Por tal razón, contario a lo señalado por la SUPERSERVICIOS, la
Sala tiene la competencia para conocer la solicitud de amparo de la
referencia.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
13
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
[…]
12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República ,
incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas,
programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades
públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento
en primera instancia, al Consejo de Estado”. (Subrayado fuera de texto)
14
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
15
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
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La Sala advierte que la PRESIDENCIA, la CRA y CARIBEMAR
formularon petición de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva en la presente acción de tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
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Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que la actora presentó la acción de tutela
contra la PRESIDENCIA y la CRA, porque, a su juicio, no le dieron
respuesta a su petición de 8 de marzo de 2023, por lo que son parte
demandada dentro de la acción constitucional de la referencia y su
vinculación se dio en tal calidad.
En cuanto a CARIBEMAR se evidencia que fue vinculada al asunto
en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,
toda vez que la actora con la demanda presentó una solicitud de
medida cautelar tendiente a que no se le suspendiera el servicio de
energía del inmueble que habitaba, ya resuelta a través del auto
admisorio de 24 de mayo de 2023, por lo que era necesaria su
vinculación.
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Así las cosas, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la
PRESIDENCIA, la CRA y CARIBEMAR, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199116. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
En el presente caso, la actora pretende obtener el amparo de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la falta
16
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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de respuesta a la solicitud que elevó el 8 de marzo de 2023 ante la
PRESIDENCIA, la CREG, la CRA, la SUPERSERVICIOS y la
PROCURADURÍA.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si las
entidades demandadas vulneraron el derecho de petición de la
actora.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 201117, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
17
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
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supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
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Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201518 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
18
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Caso concreto
Descendiendo al caso concreto y una vez revisadas las pruebas
obrantes en el proceso de la referencia, la Sala observa que la actora
presentó la petición objeto de la solicitud de amparo de la referencia
el 8 de marzo de 2023, a través de la cual solicitó lo siguiente:
“[…] PRETENSIONES
PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y
queja de conformidad con los artículos,
1,2,3,4,6,13,20,23,29,83,84,85,86,90,93,208,209,210,228,229,3
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65, al 370 de la constitución, […] el presidente y director de la
comisión de regulación de energía y gas conforme al artículo 3
numeral 1 de la resolución 108 de 1997 doctor gustavo petro […]
superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública, para que ordenen
PARA QUE EL PRESIDENTE y director de la comisión de regulación
de energía […] ordenen a la directora oriente […] DIRECTOR
TERRITORIAL NORTE ENTRE OTROS, donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los
usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y LA
LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos
o pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar
trámite a los recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO
DE LIBERTAD Y TRADICCION donde si estos documentos la
dirección no coincide con la registrada en la factura de energía no
le dan tramite, donde predomina la dirección de la empresa sin que
este aporte la carta catastral y el levantamiento catastral,
conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142 de 1994, así
mismo no aceptan la declaración extra proceso, para demostrar
que el inmuebles estuvo arrendado y para demostrar la posesión
del inmuebles, donde el único documento idóneos es la factura de
energía, pero tampoco la tienen encuentra, ASI MISMO ordene al
presidente y al superintendente, realice un consejo comunal ,con
sus presencia y las presencias de toda las delegada de la
superservicios , para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la
empresa de servicios públicos domiciliarios , y se garanticen los
mecanismo de participación ciudadana la administración de
justicia, EL NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION,
DEBIDO POROCESO ADMINISTRATIVO DEFENSA Y
CONTRADICCION […]como los precedentes de la corte
constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA T-636 DEL 2006 , y la sentencia de segunda
instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) así mismo el presidente de
conformidad con el artículo 3 numeral 1 de la resolución 108
modifique el artículo 37 Parágrafo 1º, de igual forma ordene al
superintendente de servicios públicos iniciar las sanciones contra
las empresa afinia y air-e por estar suspendiendo el servició de
energía de forma unilateral sin ante expedir un acto administrativo,
de igual forma de loas tutelas que presenta diariamente la oficina
de queja y reclamo con el correo melkiskammerer@hotmail.com
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sobre tutela por suspensión ilegal , se tome como denuncia para
investigar la empresa que omitió el artículo 154 de la ley 142 de
1994, así mismo el presidente investigue el alto consumo del
consumo de aseo en Valledupar , donde tiene una sola oficina a
más de 3 kilómetros de distancia con las demás empresa de
servicios público de Valledupar en una zona peligrosa […].
SEGUNDO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas
combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública, le soliciten a la doctora MARIA SIERRA MARIN, el doctor
WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE,
CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,
KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS manifieste los
siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos
adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de
petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el
certificado de libertad y tradición y certificado de
nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de
energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de
petición por solidaridad, alegando que la dirección de las
certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra
la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta
catastral, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al
104 de la ley 142 de 1994? ,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los
recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al
día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998,
violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE
DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO
155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de
forma unilateral sin expedir un acto administrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL
2017 T793/2012, ,C-389/2002 C-060-05, ,C-558-2001,C-,T-
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
013/18, SU-1010, t-270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de
1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T191 de 2008
T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿que la superservicicios explique cuáles son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), y a la sentencia t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019)
F) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,
expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro
requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa presento
factura a mi NOMBRE.
Tercero que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia
y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el
núcleo esencial del derecho de petición dándome una respuesta de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los
solicitado, en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones, concediendo los recursos de
reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional
que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que
es el control de autotutela que se ve complementado con la revisión
superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos
para la culminación de la vía gubernativa. […]
CUARTO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL
DE AIR-E, y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia queja así
mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de
1994, donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la
misma ley cuando este artículo fue declarado exequible junto con
el 130 de forma acondicionada en la sentencia c-150 del 2003 en
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el entendido que las empresa deberá garantizar el debido proceso
administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantía judiciales.
QUINTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia
y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es
necesario aportar otro requisito, que ya se encuentran en poder de
la empresa como es el certificado de libertad y tradición , por lo
que lo puede consultar en la página de la oficina de instrumentos
públicos que el señor presidente ordene a la empresa de energía y
a la superservicios que manifiesten bajo la gravedad de juramento
cuales son los fundamentos constitucionales para poder exigirlo,
señalar la ley numéricamente? DONDE ESTA SUPERSERVCICIOS
LE DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,)
SEXTO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO,
COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y
GAS LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE
ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo LópezNorma demandada:
aparte que indica “los porcentajes que fijen las empresas en las
condiciones uniformes del contrato” del parágrafo 1 del artículo 37
de la Resolución número 108 de 3 de julio de 1997 Demandante:
Procuraduría General de la Nación Demandado: La Nación –
Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía
y Gas.Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia: Procede
la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo que faculta a las empresas prestadoras del servicio
público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que
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constituyen desviaciones significativas. […]
SEPTIMO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO
PETRO, COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE
ENERGIA Y GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE
PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen
recaudando 100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en
las factura de energía al sector comercial y de servicios.
OCTAVO que el señor presidente realice un consejo comunal de
servicios publico aqui en Valledupar para que se invisten a todos
los vocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones
de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las
delegadas de la superservicicios con la presencia también del
presidente y el superintendente de servicios públicos, donde el
presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como
es el doctor JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA
C-558 DEL 2001 DONDE LA EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR
MAS DE 20 AÑOS VIENEN INTERPRETANDOLA ERRONEAMENTE
exigiendo que lo usuarios estén a paz y salvo en la factura para
poder darle tramite a los recursos de ley, donde exigen el pago de
deuda hasta del 1998 , así mismo invitar con el magistrado Manuel
José cepeda espinosa ponente de la sentencia c-150 del 2003,
donde dejo en claro que las empresa no pueden suspender el
servicio de energía apisona sujeta de protección constitucional, y
que deben expedir un acto administrativo, debido que ningún
abogado de la superservicicios se encuentra capacitado para
contestar las preguntas que realice melkis Kemmerer que ha vivido
en carne propia 20 años de atropello de la superservicicios, que es
un elefante blanco , ante los usuarios de la costa que se demora
para fallar unos recurso hasta 48 meses cunado la norma establece
un plazo máximo de 90 días si hay prueba , así mismo señores
autoridades si no fuera por melkis Kemmerer las empresa de
servicios de energía todavía tuvieran cobrando sanciones y energía
dejadas de facturar gracia a dios que la sentencia que ganó ante la
cortes constitucional anularon todos estos cobros ilegales en la
sentencia T-270 DEL 2004.
NOVENO que la procuraduría conforme a los artículos,
1,2,3,40,103,270, de la constitución ley 1757 del 2015 ordene al
presidente y al superintendente, realice un consejo comunal ,con
sus presencia y las presencias de toda las delegada de la
superservicios , para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la
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empresa de servicios públicos domiciliarios , y se garanticen los
mecanismo de participación ciudadana consagrado en la
constitución y la ley […]”.
La citada petición fue presentada el 8 de marzo de 2023, a través de
mensaje de datos dirigida a la PRESIDENCIA, a la CREG, a la
SUPERSERVICIOS y a la PROCURADURÍA, como se advierte a
continuación:
Conforme a lo anterior, la Sala advierte que la petición de la actora
no le fue enviada a la CRA como se puede observar de la constancia
de envío visible en precedencia, lo que lleva a concluir que le asiste
la razón a la entidad cuando manifestó en su contestación que no
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tuvo conocimiento de dicha solicitud, razón por la cual no se le podría
exigir una respuesta.
Además, es importante aclarar que dentro del expediente no obra
prueba alguna que demuestre que la actora radicó la solicitud ante
la CRA por algún otro medio, por lo que se evidencia que la misma
no vulneró su derecho fundamental de petición, razón por la que se
denegarán las pretensiones frente a dicha entidad, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En cuanto a la PRESIDENCIA, se puede constatar que dio respuesta
a la petición de la actora a través del Oficio núm. OFI23-00049014 /
GFPU 13150000 de 15 de marzo de 2023, en el que le puso de
presente lo siguiente:
“[…] Respetada señora Soto:
Con beneplácito recibimos su comunicación dirigida a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Procuraduría
General de la Nación, entre otras, y que remite en copia a la
Presidencia dela República.
Con relación a su solicitud, sería del caso remitirla a las entidades
legalmente competentes para dar respuesta a su petición; sin
embargo, como quiera que la situación expuesta ya es conocida por
las mismas, nos abstenemos de enviarla nuevamente, en aras de
facilitar la gestión de la administración pública y evitar duplicidad en
la información interinstitucional, en virtud de los principios que rigen
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las actuaciones administrativas de conformidad con lo establecido
en la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015.
Agradecemos su comprensión y respetuosamente le sugerimos
esperar a que las entidades competentes se pronuncien sobre el
particular.
Aunado a lo anterior, le aclaramos que es importante explicar que el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Señor Presidente y la Señora Vicepresidente tienen asignadas ciertas
funciones constitucionales, legales y reglamentarias que, por
expresa prohibición, no se pueden extralimitar.
En tal sentido, esta entidad no tiene las facultades para intervenir
en temas como el expuesto por usted.
Finalmente, conviene indicar que como lo ha señalado la Honorable
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia “El derecho de
petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente
que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las
pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde
oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa
[…]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la
PRESIDENCIA le informó a la actora que no era competente para
dar respuesta a sus solicitudes y que no remitía su petición conforme
a lo previsto en el artículo 21 del CPACA, modificado por la Ley
Estatutaria 1755 de 2015, comoquiera que se evidenció que su
petición ya había sido remitida a las autoridades competentes.
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Por lo precedente, la Sala encuentra que la PRESIDENCIA antes de
la interposición de la acción de tutela de la referencia19, dio respuesta
a la petición de la actora, razón por la cual la Sala advierte que no
vulneró el derecho de petición invocado, por lo que se denegará el
amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
Por su parte, la PROCURADURÍA procedió a darle respuesta a la
actora mediante Oficio de 30 de mayo de 2023, enviado el 31 de ese
mismo mes y año a su correo electrónico, en los siguientes términos:
“[…] Respetada ciudadana
El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia consagra que,
toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución.
En consecuencia, comisionada para surtir el trámite de su petición,
se procede de conformidad con lo ordenado en la normatividad
vigente del Código Contencioso Administrativo y Ley 1755 de junio
30 de 2.015, dar contestación a su petición escrita recibida en esta
Agencia del Ministerio Público, en virtud del traslado de esta por
parte de la Oficina de Correspondencia de la Procuraduría General
de la Nación - Nivel Central.
Revisado integralmente el contenido de su petición de fecha
diciembre 22 año 2022, se advierte que su solicitud de vinculación
a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, obedece
textualmente, a que con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 40,
19
La Sala advierte que la acción de tutela fue radicada el 19 de mayo de 2023, como consta en el
índice 1 del expediente digital obrante en SAMAI.
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103, 270 de la Constitución y de la Ley 1757 de 2.015, este órgano
de control ordene al Presidente de la Republica y al Superintendente
de Servicios Públicos, realizar un Consejo Comunal, con presencia
de ellos y de todas las Oficinas Delegadas de la Superintendencias
de Servicios Públicos, a fin de que los usuarios de los Departamentos
del Cesar y La Guajira, eleven sus quejas contra la Superservicios y
la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para que se
garanticen los mecanismos de participación ciudadana, la
administración de justicia, el núcleo esencial del derecho de petición,
debido proceso administrativo, derecho de defensa y contradicción.
Respecto a lo solicitado en su petición, le aclaro que con fundamento
en las competencias y funciones establecidas en el Decreto 262 de
2.000, modificado por el Decreto No. 1851 de diciembre de 2021, la
Procuraduría General de La Nación, no actúa en causas particulares,
no emite ordenes, no coadministra y demás que se señalan, su
actuar se circunscribe en el adelantamiento de la actividad
preventiva, disciplinaria y de intervención en ejercicio de sus
funciones misionales, tampoco emite ordenes sobre el no cobro de
las facturas.
Nos permitimos informarle que, desde la Procuraduría General de La
Nación, a través de sus diferentes dependencias, se ha adelantado
seguimiento a servicios públicos en la Costa Caribe desde el marco
de la función preventiva, a efectos de velar por la eficiente
prestación de ese servicio público y defensa de los derechos de los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
[…]”.
De la anterior trascripción, la Sala advierte que la PROCURADURÍA,
durante el trámite de la presente acción constitucional, le dio
respuesta a la actora dentro del marco de sus competencias, en
especial el numeral 9 de la petición de la accionante, y le informó
que adelantaría las actuaciones pertinentes como función preventiva
frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, razón
por la cual se deberá declarar la carencia de objeto por hecho
superado frente a dicha entidad.
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Asimismo, del material probatorio obrante en el expediente, la Sala
encuentra que la CREG a través del Oficio núm. S2023002720 de 1o.
de junio de 2023, contestó la solicitud de la actora, en el que le
informó lo siguiente:
“[…]En atención a su comunicación le informamos que la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG, tiene competencia para
expedir la regulación de los servicios públicos domiciliarios de
electricidad y gas combustible, según las funciones señaladas en las
leyes 142 y 143 de 1994 y para emitir conceptos de carácter general
y abstracto sobre los temas materia de su regulación, pero no tiene
dentro de sus funciones competencia para pronunciarse o intervenir
sobre situaciones individuales que se presenten entre el usuario y
una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios ni
tampoco respecto de las actuaciones de representantes de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ni de ningún
funcionario de otras entidades, razones por las cuales nos
abstenemos de pronunciamiento alguno y damos traslado de su
comunicación tanto a la Procuraduría General de la Nación como a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para las
actuaciones que les corresponda.
El único aspecto, de los que se encuentran en su comunicación,
relacionado con las competencias de la CREG es la pretensión sexta,
que versa sobre el acatamiento de la providencia del 5 de abril de
2021, en la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, Consejero Ponente
Dr. Oswaldo Giraldo López, decidió decretar la suspensión
provisional del aparte contenido en el parágrafo 1 del artículo 37 de
la Resolución CREG 108 de 1997 que indica “los porcentajes que
fijen las empresas en las condiciones uniformes del contrato”,
considerando el Despacho, entre otros motivos, que determinar un
aumento o disminución en el promedio de consumo implica una
función de medición y que, en consecuencia, establecer con criterios
técnicos qué porcentaje de dicha variación puede entenderse como
desviación significativa, es responsabilidad de la CREG, al tenor de
lo que dispone el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994.
Contra dicha providencia, el 15 de abril de 2021, la CREG, a través
de apoderado judicial interpuso ante el Consejo de Estado recurso
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de súplica contra el auto que decretó la suspensión provisional de
los efectos de la norma demandada, solicitando que se revoque la
decisión impugnada y se niegue la medida cautelar.
No obstante, en providencia proferida el 24 de marzo de 2023 por
la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón, se resolvió el recurso de súplica confirmando la providencia
impugnada, concluyendo la Sala que “asistió razón al Consejero
ponente al acceder al decreto de la medida cautelar deprecada” […]
De conformidad con lo expuesto, la CREG, en próximos días estará
publicando para consulta un proyecto de regulación que tiene por
objeto establecer los parámetros técnicos que permita a los
prestadores del servicio investigar las desviaciones significativas en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de
1994.
Esta sería una medida transitoria mientras el Consejo de Estado
emite un pronunciamiento definitivo […]”.
De lo anterior, se observa que la CREG le dio respuesta clara y de
fondo a la petición de la actora frente al tema de su competencia,
pues se pronunció frente a la petición visible en el numeral 6 de la
solicitud, relacionada con el cumplimiento de la providencia de 5 de
abril de 202120 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, razón por la cual la Sala advierte que al haber contestado la
petición durante el trámite de la presente acción constitucional,
frente a dicha entidad se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, auto de 5 de abril de
2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-24-000-2020-00058-00,
C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Ahora bien, frente a la SUPERSERVICIOS, la Sala observa que si
bien la entidad manifestó que contestó la solicitud de la actora a
través del Oficio núm. 20238600597271 de 9 de febrero del presente
año, del material probatorio obrante en el expediente se advierte que
dicha respuesta fue otorgada frente a la petición radicada el 16 de
enero de 2023, la cual es distinta a la solicitud objeto de la presente
acción constitucional, esto es, la petición de 8 de marzo del año en
curso.
Así las cosas, no obra prueba alguna de que la referida entidad le
haya resuelto de fondo el derecho de petición presentado por la
actora el 8 de marzo de 2023, por lo que se deberá conceder su
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En cuanto a la pretensión de la actora relativa a que la
PRESIDENCIA y la SUPERSERVICIOS asistan al Consejo Comunal
de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones de
la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar),
convocado por MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER, se
advierte que para el momento de que se resuelve esta tutela ya se
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llevó a cabo presuntamente dicho Consejo, por lo que es claro que
se ha configurado la figura jurídica de la carencia actual de objeto
por sustracción de materia, en tanto que el origen de esa solicitud de
amparo no puede ser protegido porque el supuesto constitutivo de la
amenaza al derecho fundamental de la actora actualmente no existe
y, en ese sentido, no se pueden emitir órdenes tendientes a
garantizar a que se confirme dicha asistencia.
Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 202121
precisó que dicho fenómeno jurídico se presenta en los siguientes
eventos: “[…] i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del
obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por
daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos
del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de
fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia […]”.
21
-. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de
septiembre de 2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-15-000-2021-
02263-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
-. Posición reiterada en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicado
11001-03-15-000-2022-02739-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02662-00
Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
Particularmente y en lo atiente a la carencia actual de objeto por
sustracción materia, esta Sala de Decisión advirtió que: “[…] se
configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional
queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección
del derecho fundamental invocado […]”22.
Finalmente, frente a las demás pretensiones de la acción de tutela
que son la reiteración de las solicitudes del derecho de petición23
objeto de la presente acción de tutela se observa que son
cuestionamientos y afirmaciones generales las cuales, están
relacionadas con el cumplimiento de funciones por parte de
servidores públicos y de la calidad de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, en especial el de energía, no evidencian
particularmente la vulneración de derechos fundamentales, por lo
que escapan de la órbita de análisis del juez constitucional y en ese
entendido se deberá declarar la improcedencia de estas.
22
Ibidem.
23
Cabe resaltar que los numerales 1 y 3 a 12 son la reiteración de las solicitudes del derecho de
petición objeto de la presente acción de tutela.
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Al respecto, cabe señalar que esta Sala ya tuvo la oportunidad de
pronunciarse frente a un asunto similar, mediante la sentencia de 23
de junio de 202324.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará la solicitud de amparo
de la referencia en relación con el derecho de petición respecto de la
CRA y la PRESIDENCIA; declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado en relación con la PROCURADURÍA y la CREG;
amparará el derecho de petición de la actora frente a la
SUPERSERVICIOS; declarará la carencia actual de objeto por
sustracción de materia respecto de la pretensión relativa a que la
PRESIDENCIA y la SUPERSERVICIOS asistan al Consejo Comunal
de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones de
la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar),
convocado por MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER; y
declarará la improcedencia de las demás pretensiones, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
24
Expediente radicado bajo el número 11001-03-15-000-2023-02670-00. Magistrado Ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por la PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA- y CARIBEMAR DE LA
COSTA S.A.S. E.S.P - AFINIA GRUPO EPM, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia en
relación con el derecho de petición respecto de la COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -
CRA- y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO en relación con el derecho de petición frente a
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG-, conforme con lo
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Actora: NADIA IBETH SOTO TONCEL
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la
actora frente a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- y, en
consecuencia, ORDENAR a dicha entidad que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, de respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con
lo solicitado, a la petición presentada el 8 de marzo de 2023 por la
señora NADIA IBETH SOTO TONCEL.
QUINTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA respecto de la pretensión relativa a
que la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- asistan al Consejo Comunal
de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones de
la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar) -,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: DECLARAR la improcedencia de las demás pretensiones de
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la demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
OCTAVO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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