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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02663-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02663-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO, sin distingo del interrogante de si debía repararse la perdida (sic) de oportunidad o la muerte […]”. […] “[…] Violación directa de la Constitución por: a) el derecho a la seguridad jurídica y a la doble conformidad […] En armonía con los derechos de supremacía constitucional, al debido proceso (art. 29) y a la doble instancia y contradicción (art. 31), se sostiene que en caso concreto hay lugar a invocar el principio superior de doble conformidad. Dicho principio, se ve vulnerado en el caso concreto, toda vez que, cuando se le permite al juzgador de segunda instancia, pronunciarse sobre puntos no debatidos dentro de la litis, el proceso administrativo vigente, se torna insuficiente para esta circunstancia en específico […]”. (Resaltado por la Sala) 8. Por otra parte, adujo un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones: “[…] Desconocimiento del precedente por: a) No aplicar la jurisprudencia vigente al momento de la presentación de la demanda y b) desconocer los parámetros jurisprudenciales en materia de liquidación del perjuicio perdida (sic) de oportunidad; Bajo tal paradigma y siendo necesario determinar la probabilidad de la oportunidad 7 Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01 Actor: Roberto García Lamadrid perdida para poder liquidar en debida forma la reparación, la jurisprudencia del Concejo (sic) de Estado, ha establecido dos técnicas a saber […] La segunda, es acudir al principio de equidad previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en aras de reparar integralmente el daño cuantificable, se tasará en el 50% de lo que normalmente se reconocería por el daño muerte propiamente dicho, sin importar que la probabilidad fuere 1% o 99%. En concreto, profana y vulnera la filosofía del principio de equidad y reparación integral cuando lo invoca, pero concluye en negar totalmente los perjuicios materiales y reducir los inmateriales en un 60%; cuando la correcta aplicación de este principio le imponía, según las reglas del Concejo (sic) de Estado, reparar tanto los perjuicios materiales como los inmateriales y solo reducirlos en un 50% […] En gracia a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02663-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedibilidad de subsidiariedad

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii)
reparación integral

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 31 de agosto de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de febrero
de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 130013333011201500432-
01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, junto con otros familiares1, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la E.S.E. Hospital Local Cartagena
de Indias, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente
responsable a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias por los daños morales e
inmateriales causados, con ocasión de la muerte del señor Roberto Carlos García
Vega, como consecuencia de la presunta omisión en los protocolos para tratar la
herida que le fue propinada a dicho sujeto, luego de ser víctima de un atraco.
Precisó que, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias llamó en garantía a
Colombiana de Temporales Sociedad Anónima – Coltempora S.A.

4. Indicó que, el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de
Cartagena profirió sentencia, en primera instancia, el 11 de febrero de 2019,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de
11 de febrero de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: Modificar la sentencia de primera instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de primera instancia, la cual quedará así:

1 Colin David García Carvajalino, Glenis Julieth Carvajalino Torres, Aura Elena Vega Miranda, Jacinta Miranda

González y Maribel Vega Miranda.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

“PRIMERO: Declarar administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a la
ESE Hospital Local de Cartagena de Indias y a Coltempora S.A. de los perjuicios
sufridos por los demandantes como consecuencia de la pérdida de oportunidad de
recuperación de Roberto Carlos García Vega, en hechos ocurridos el 21 de julio de
2013, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, condenar solidariamente a la ESE
Hospital Local de Cartagena de Indias y a Coltempora S.A. a pagar por concepto del
daño autónomo por “pérdida de oportunidad”, las siguientes sumas de dinero:

• La suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta decisión, para cada uno, a favor de la compañera permanente Glenis Julieth
Carvajalino Torres, el hijo Colin David García Carvajalino, los padres Roberto García
Lamadrid y Aura Elena Vega Miranda.

• La suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta decisión, para cada una, a favor de la abuela Jacinta Miranda González y la
tía Maribel Vega Miranda.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda”.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] En el caso objeto de estudio, el daño cuya indemnización pretende la
demandante, y que constituyó el fundamento para la imputación que se hizo en la
sentencia de primera instancia, consiste en la muerte del señor Roberto Carlos
García Vega ocurrida el 21 de julio de 2013, como consecuencia de una insuficiencia
respiratoria aguda secundaria a neumo hemotorax severo derecho, causado por
trauma penetrante a tórax por arma corto punzante.

A pesar de lo anterior, atendiendo a los hechos relevantes que han quedado
probados, la Sala entrará a determinar si la imputación debe hacerse con fundamento
en la muerte del señor Roberto Carlos García Vega, o si se trata de un daño
autónomo por la pérdida de oportunidad o pérdida de chance de haber recibido una
atención especializada, más acorde con la naturaleza de las lesiones con las que
llegó al centro hospitalario y de tener la posibilidad de recuperarse […]”.

[…]

“[…] De lo expuesto hasta aquí, se desprende que al señor Roberto García Vega no
se le brindó la atención adecuada por parte de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias, respecto de las heridas con arma blanca que motivaron su presencia en ese
centro asistencial, debido a que se omitieron pruebas y protocolos que resultaban
indispensables para procurar una mejoría en el estado de salud del paciente, tales
como, la remisión oportuna a un hospital de segundo nivel para obtener un concepto
médico más especializado.

En ese sentido, se concluye que si bien la atención del señor Roberto Carlos García
Vega fue oportuna, esta no fue adecuada, pues como quedó acreditado el personal
médico que estuvo al frente de su atención omitió practicarle exámenes
especializados y procedimientos de urgencia para determinar la gravedad de
lesiones o si estaban comprometidos órganos vitales; y porque no se efectuó la
remisión del paciente a un centro hospitalario de segundo nivel para que fuera

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

valorado, se le hicieran los exámenes necesarios y se le brindara el tratamiento
adecuado que le representara la oportunidad de recuperar su estado de salud […]”.

[…]

“[…] A pesar de ello, la Sala advierte que el Informe Técnico de Necropsia expedido
por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que la
causa de la muerte del señor Roberto García Vega, ocurrida el 21 de julio de 2013,
fue una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumo hemotorax severo
derecho, secundario a trauma penetrante a tórax por arma corto punzante, es decir,
que fueron las heridas con arma corto punzante las que causaron su muerte; sin que
de dicho informe sea posible inferir que la deficiencia en la atención brindada al
paciente fuera la causa adecuada del daño o que de haberse realizado
procedimientos médicos distintos, habría existido la posibilidad de una recuperación
de su salud o de prolongar su existencia.

En ese orden, aunque es cierto que la falta de una atención más adecuada en el CAP
Nuevo Bosque o el hecho que no se haya remitido al paciente a una entidad de nivel
superior de complejidad no pueden considerarse como la causa adecuada del daño,
representado en la muerte del joven, tales omisiones sí pueden ser consideradas
como causantes de la pérdida de oportunidad o pérdida de chance de haber recibido
una atención especializada, más acorde con la naturaleza de sus lesiones y de tener
la posibilidad de recuperarse […]”.

[…]

“[…] De este modo, es posible afirmar que en el curso normal de los acontecimientos
ocurrió un comportamiento antijurídico de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de
Indias que no le permitió al paciente acceder a una atención de mayor complejidad y
de tener la posibilidad de, al menos, contrarrestar los efectos propios de las heridas
que fueron causadas con arma corto punzante […]”.

[…]

“[…] Como consecuencia, la Sala concluye que la imputación de responsabilidad en
este caso no debió hacerse desde el punto de vista de la falla del servicio médico
asistencial propiamente dicha, porque como se ha establecido, no fueron las
evidentes falencias en la atención brindada las que ocasionaron la muerte del
paciente, sino que la causa adecuada del daño fueron las heridas que un tercero le
propinó con arma corto punzante; de modo que, lo que se acreditó en este caso fue
la omisión de la entidad, que le quitó la oportunidad al señor Roberto Carlos García
Vega de mejorar su estado de salud. Así las cosas, se modificará la sentencia de
primera instancia, especialmente en lo que tiene que ver con los perjuicios
reconocidos […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 3.1. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLÍVAR de fecha 11 de febrero de 2023 (sic), notificada el día 27 de marzo de 2023,

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

mediante la cual se modificó la sentencia de primera instancia proferida por el
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CARTAGENA el 11 de febrero de 2019, en lo que respecta al título de imputación, la
aplicación de la perdida (sic) de oportunidad, la disminución de los montos por
indemnización de perjuicios, y negación de las otras pretensiones de lucro cesante y
daño emergente; y en su lugar se apliquen los parámetros jurisprudenciales vigentes
al momento de la presentación de la demanda en materia de competencia del juez
de segunda instancia o en su defecto aplique los parámetros jurisprudenciales
vigentes para el caso concreto en materia de liquidación de perjuicios perdida (sic)
de oportunidad.

3.2. Dado que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, ya se pronunció sobre
el asunto particular, en la sentencia objeto de esta acción tutelar, se ruega, teniendo
en cuenta que el juzgador está lo suficientemente informado, se le ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR - SALA DE DECISIÓN # 02 ,
PONENTE: […], para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
del fallo de tutela, profiera nueva sentencia de segunda instancia, en la cual se ajuste
en todo y exclusivamente, al objeto del RECURSO DE APELACIÓN que ejercitó el
demandado o en su defecto aplique los parámetros jurisprudenciales vigentes para
el caso concreto en materia de liquidación de perjuicios perdida (sic) de oportunidad
[…]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor adujo la configuración de un defecto
procedimental absoluto, un defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma
jurídica y la causal de violación directa de la Constitución, los cuales sustentó de la
siguiente manera:

“[…] Defecto procedimental absoluto, por vulnerar: a) el principio de
congruencia y b) los límites a la competencia del juez de segunda instancia […] En
efecto, la norma aplicable expresamente al supuesto enunciado es el artículo 328 del
C.G.P.: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, (…)” […] EL APELANTE ÚNICO, fincó
directamente sus reparos en una indebida valoración probatoria para desvirtuar el
ERROR DIAGNÓSTICO, es decir, en toda la sustentación del recurso nunca se
solicitó una variación del título de imputación considerado en primera instancia, ni
tampoco considerar la responsabilidad desde el punto de vista de la pérdida de
oportunidad de sanarse ni mucho menos se disminuyera el monto de los perjuicios
[…]”.

[…]

“[…] Se insiste en que ninguno de los estudios y modificaciones efectuadas por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, fueron propuestos por la parte
demandada, en su calidad de RECURRENTE ÚNICO; de ahí que, la supresión y
disminución de perjuicios arbitrariamente realizada, vulnera directamente el
principio de CONGRUENCIA y LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ
DE SEGUNDA INSTANCIA, SIN MENCIONAR LA VARIACIÓN DE LA CAUSA
PETENDI […]”.

[…]

“[…] CONGRUENCIA: El principio de congruencia, es quebrantado por EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, toda vez que, el RECURRENTE

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Actor: Roberto García Lamadrid

ÚNICO solo se sirvió exponer en sus reparos única y exclusivamente respecto de
una indebida valoración probatoria, es decir, nada se dijo acerca de una variación del
título de imputación considerado en primera instancia, ni mucho menos de la
aplicación de la perdida (sic) de la oportunidad, ni tampoco se solicitó la disminución
de la condena en este sentido. Todo lo anterior se representa, en una palmaria
incongruencia entre lo pedido por el recurrente único y lo resuelto por el
tribunal en segunda instancia […]”.

[…]

“[…] ii) Defecto sustantivo […] El reproche constitucional se sustenta entonces, en
la inaceptable y errada motivación de los elementos de la responsabilidad, arribando
en una clara contradicción con la decisión final, esto, teniendo en cuenta que, de la
sentencia atacada se puede concluir: a) se confunde el título de imputación de falla
en el servicio con la tesis de pérdida de la oportunidad, b) no se aplicó la tesis vigente
de imputación fáctica, pues solo se estudia el nexo causal incompleto o naturalístico
y c) no liquida correctamente el perjuicio pérdida de oportunidad, ignorando los
parámetros de equidad vigentes […] DEFECTOS SUSTANCIALES POR INDEBIDA
INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LAS NORMAS, en que incurrió la
SENTENCIA ATACADA […]”.

[…]

“[…] Nótese de la anterior contradicción, que la sentencia impugnada acepta que
existió un ERROR DIAGNÓSTICO y así lo defiende cuando desecha los argumentos
del apelante, pero concluye insinuando erradamente que no hay falla en el servicio,
sino perdida (sic) de oportunidad por la omisión; craso error que termina
confundiendo el perjuicio perdida (sic) de oportunidad con el título de imputación,
toda vez que, indiscutiblemente la acción u omisión por el ERROR DIAGNOSTICO
que causó la muerte de la víctima, constituye una flagrante FALLA DEL SERVICIO,
sin distingo del interrogante de si debía repararse la perdida (sic) de oportunidad o la
muerte […]”.

[…]

“[…] Violación directa de la Constitución por: a) el derecho a la seguridad jurídica
y a la doble conformidad […] En armonía con los derechos de supremacía
constitucional, al debido proceso (art. 29) y a la doble instancia y contradicción (art.
31), se sostiene que en caso concreto hay lugar a invocar el principio superior de
doble conformidad.

Dicho principio, se ve vulnerado en el caso concreto, toda vez que, cuando se le
permite al juzgador de segunda instancia, pronunciarse sobre puntos no
debatidos dentro de la litis, el proceso administrativo vigente, se torna insuficiente
para esta circunstancia en específico […]”. (Resaltado por la Sala)

8. Por otra parte, adujo un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, por las siguientes razones:

“[…] Desconocimiento del precedente por: a) No aplicar la jurisprudencia vigente al
momento de la presentación de la demanda y b) desconocer los parámetros
jurisprudenciales en materia de liquidación del perjuicio perdida (sic) de oportunidad;

Bajo tal paradigma y siendo necesario determinar la probabilidad de la oportunidad

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

perdida para poder liquidar en debida forma la reparación, la jurisprudencia del
Concejo (sic) de Estado, ha establecido dos técnicas a saber […] La segunda, es
acudir al principio de equidad previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en aras
de reparar integralmente el daño cuantificable, se tasará en el 50% de lo que
normalmente se reconocería por el daño muerte propiamente dicho, sin importar que
la probabilidad fuere 1% o 99%.

En concreto, profana y vulnera la filosofía del principio de equidad y reparación
integral cuando lo invoca, pero concluye en negar totalmente los perjuicios materiales
y reducir los inmateriales en un 60%; cuando la correcta aplicación de este principio
le imponía, según las reglas del Concejo (sic) de Estado, reparar tanto los perjuicios
materiales como los inmateriales y solo reducirlos en un 50% […] En gracia a
discusión, se afirma de entrada que el parámetro jurisprudencial en materia de la
equidad para reparar pérdida de la oportunidad, le exigía al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, a solo reducir en un 50% todos los perjuicios, tanto
los materiales como los inmateriales por el daño muerte causado a ROBERTO
CARLOS GARCÍA VEGA […]”.

[…]

“[…] Se recuerda que la demanda que terminó en la sentencia objeto de reproche
constitucional se presentó en fecha 17 de marzo de 2015, y para aquella época, la
jurisprudencia preponderante para aquel entonces era la Sentencia de 9 de febrero
de 2012, rad. 1997-06093-01(21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del Consejo de
Estado.

Esta jurisprudencia vigente, en aquel entonces predicaba que, la competencia del
ad-quem está limitada única y exclusivamente para acoger o desechar los
específicos reparos del recurrente, Máxime si se trata de APELANTE ÚNICO […]
Razón por la cual, se insiste en que EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR,
IGNORÓ LAS REGLAS DE APLICACIÓN DEL PRECEDENTE EN EL TIEMPO,
puesto que, trató en forma desigual al tutelante al no aplicar las normas y parámetros
jurisprudenciales en materia de competencia del juez de segunda instancia,
vigentes al momento de presentación de la demanda – (17 DE MARZO DE 2015)
[…]”.

8.1. Para sustentar el desconocimiento del precedente judicial relacionado con la
liquidación del perjuicio por la pérdida de la oportunidad, el actor citó y desarrolló
el desconocimiento de la sentencia proferida dentro del siguiente proceso: “[…]
Magistrado ponente, RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., trece (13) de
julio dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03775-
01(40563) […]”.

8.2. Al respecto hizo referencia a las siguientes providencias:

• “[…] CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B -Consejero ponente:
RAMIRO PAZOS GUERRERO – del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)-

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

Radicación número: 05001-23-31-000-1998-03753-01(39317)- Actor: JUAN
CARLOS JULIO VILLA Y OTROS […]”.

• “[…] MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre
de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-00-00-000-2006-00586-
01(45518) […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 24 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, al Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, a la
E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, a Colombiana de Temporales Sociedad
Anónima – Coltempora S.A. y a los señores Colin David García Carvajalino, Glenis
Julieth Carvajalino Torres, Aura Elena Vega Miranda, Jacinta Miranda González y
Maribel Vega Miranda, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar la acción de tutela. Para
tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] Se tiene entonces que, contrario a lo afirmado por el accionante, ambos
recursos de apelación apuntaban a cuestionar la imputación de responsabilidad que
se hizo en la sentencia de primera instancia. En ese contexto, le correspondía a la
Sala revisar si el ejercicio que hizo el A quo para concluir que las entidades
demandadas eran responsables, resultó acertado o no, con base en el material
probatorio que obraba en el expediente.

En ese sentido, no es cierto que el Tribunal haya desbordado los límites de su
competencia en segunda instancia, máxime, cuando fue la parte demandada quien
apeló cuestionado que se imputara la responsabilidad. Por lo tanto, la argumentación
que se adoptó en la sentencia de segunda instancia estuvo encaminada a resolver
los argumentos de los recursos de apelación y fue en ese sentido que se determinó
el problema jurídico […]”.

[…]

“[…] no hubo ninguna contradicción en la argumentación del Tribunal, pues se
descartó la responsabilidad de las demandadas por el daño representado en la

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Actor: Roberto García Lamadrid

muerte del señor Roberto García Vega, por lo tanto, no había lugar a indemnizar a
los demandantes por concepto de perjuicios morales o materiales derivados de ese
daño […]”.

[…]

“[…] No es cierto que esa liquidación careciera de fundamento, a ella se arribó en
aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y para arribar a esa
conclusión, se tuvo en cuenta que la víctima directa llegó por sus propios medios al
centro asistencial CAP Nuevo Bosque, que se trataba de un hombre joven que según
los registros no tenía ningún otro antecedente de salud, lo que quiere decir que tenía
probabilidades de recuperarse de las lesiones causadas con arma corto punzante si
se le hubiere brindado la oportunidad de recibir una atención más pertinente y
especializada. Por lo tanto, no es dable afirmar que no se sustentó el monto que se
reconocía como indemnización […]”.

[…]

“[…] La sentencia cuestionada por la parte accionante se fundamentó en la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la pérdida de
oportunidad, que ha sido considerado como un daño de naturaleza autónoma […]”.

11. Colin David García Carvajalino, Aura Elena Vega Miranda, Glenis Julieth
Carvajalino Torres, Jacinta Miranda González y Maribel Vega Miranda presentaron
escritos en los que manifestaron coadyuvar la presente solicitud y solicitaron que se
accediera a las pretensiones.

12. El Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena allegó
copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 130013333011201500432-
01.

La sentencia impugnada

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 31 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el
señor Roberto García Lamadrid, a través de apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar […]”.

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En este sentido, para la Sala es claro que el defecto procedimental alegado por
la supuesta extralimitación del tribunal accionado al resolver los recursos de

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

apelación presentados en el caso no se configura, en tanto, como se observó, en
razón a los argumentos presentados por las demandadas, relativos a la imputación
de responsabilidad a las demandadas en el caso, correspondía al juez de segunda
instancia analizar la totalidad de ese aspecto global de la sentencia, incluida la
declaratoria de responsabilidad y los perjuicios reconocidos, lo que no puede
considerarse como vulnerador de los derechos fundamentales del accionante
conforme con la jurisprudencia de unificación sobre la materia.

En todo caso, para la Sala el defecto procedimental invocado por el actor no se
configuró, en tanto a partir del aspecto global propuesto en los recursos de apelación,
la autoridad judicial accionada estaba habilitada para estudiar lo relativo a la
responsabilidad por el daño declarada en su contra en primera instancia y a que no
les asistía responsabilidad por el daño soportado por los demandantes, no obstante,
se les condenó al pago por la pérdida de oportunidad que se generó al no haberle
brindado al paciente una atención más adecuada y no haber remitido a este a una
entidad de nivel superior de complejidad.

4.2.3. La anterior consideración es suficiente para descartar, igualmente, la
configuración del desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia
de 9 de febrero de 2012 de la Sección Tercera del Consejo de Estado22 , relativa a
la competencia del juez de segunda instancia, la cual, conforme con lo alegado por
el actor “está limitada única y exclusivamente para acoger o desechar los específicos
reparos del recurrente, máxime si se trata de APELANTE ÚNICO, dado que el
artículo 328 del C.G.P., bajo ninguna interpretación autoriza al juez de segunda
instancia para hacer un examen a fondo y escudriñar lo favorable para el recurrente”,
en tanto la regla jurisprudencial allí desarrollada guarda relación con el apelante
único, situación que no se presentó en el caso y la que eventualmente debería ser
alegada por el demandante si la hubiera tenido, por lo que no podría alegar la
vulneración de sus derechos como consecuencia del trámite de la alzada.

La misma consideración aplica para descartar la configuración del defecto por
violación directa de la Constitución, relativa al desconocimiento del principio de doble
conformidad, en tanto, como se observó, el alcance que el juez de segunda instancia
dio al análisis de los recursos presentados se acompasa con las normas y la
jurisprudencia aplicables.

4.2.4. De otra parte, en relación con el defecto sustantivo, conforme con el cual en
el caso se dio una indebida aplicación de las normas y la jurisprudencia que regulan
los elementos de la responsabilidad del Estado y del precedente judicial de la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la materia, que sostiene que la
antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta
desplegada por la Administración, sino de la no soportabilidad del daño por parte de
la víctima, la Sala observa que en el caso se aplicaron adecuadamente las normas
pertinentes, de las que se concluyó razonablemente que, conforme con las pruebas
obrantes, la muerte del señor Roberto García Vega no resultaba imputable a la
E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, toda vez que la causa adecuada y fuente
de ese daño fueron las lesiones causadas por un tercero con arma corto punzante,
que desencadenaron una insuficiencia respiratoria aguda […]”.

[…]

“[…] 4.2.5. Finalmente, en lo relativo al desconocimiento del precedente judicial
relativo a la tasación de perjuicios en los casos de pérdida de la oportunidad, la Sala
observa que la misma jurisprudencia traída a colación por el actor para sustentar
dicho alegato prevé la posibilidad para el juez de acudir a criterios de equidad fijados
en el artículo 230 de la Constitución Política y la Ley 446 de 1998, como en efecto lo

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Actor: Roberto García Lamadrid

realizó la autoridad judicial en la sentencia objetada, por lo que la vulneración de
derechos relacionada con este alegato tampoco se configura […]”.

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado por las siguientes razones:

“[…] 1. El desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia de liquidación
del perjuicio perdida (sic) de oportunidad.

Uno de los pilares o puntos fundamentales dentro de la acción constitucional
incoada, fue lo referente a la liquidación de perjuicios por perdida (sic) de la
oportunidad. Para sustentar tal yerro de relevancia constitucional, se sostuvo el
desconocimiento de los parámetros jurisprudenciales que EL MISMO CONSEJO DE
ESTADO ha dictaminado en materia de perjuicios por perdida (sic) de la oportunidad.

Sin embargo, la sentencia de 31 de agosto de 2023 hoy objeto de impugnación, no
profundizo (sic) en debida forma en dicho reproche de gran relevancia y magnitud
[…]”.

[…]

“[…] De lo que se logra evidenciar, que la Honorable Sala excluyo (sic) del
planteamiento del problema jurídico, lo que refería al cargo del desconocimiento de
los parámetros de liquidación de perjuicios en materia de perdida de oportunidad […]
En tal orden, nuevamente se explica que lo realmente reprochado no es que se haya
acudido o no a la equidad para liquidar el perjuicio, si no la forma arbitraria en la que
fue utilizada, toda vez que a falta de prueba técnica debió concederse entonces el
50% de la indemnización que normalmente se reconocería […]”.

[…]

“[…] 2.5. VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION:

En armonía con los derechos de supremacía constitucional, al debido proceso (art.
29) y a la doble instancia y contradicción (art. 31), se sostiene que en caso concreto
hay lugar a invocar el principio superior de doble conformidad.

Dicho principio, se ve vulnerado en el caso concreto, toda vez que, cuando se le
permite al juzgador de segunda instancia, pronunciarse sobre puntos no debatidos
dentro de la litis, el proceso administrativo vigente, se torna insuficiente para esta
circunstancia en específico […]”.

14.1. Para tal efecto, el actor citó:

• “[…] Magistrado ponente, RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C.,
trece (13) de julio dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-31-000-
2003-03775-01(40563) […]”.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

• “[…] CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B -Consejero ponente:
RAMIRO PAZOS GUERRERO – del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)-
Radicación número: 05001-23-31-000-1998-03753-01(39317)- Actor: JUAN
CARLOS JULIO VILLA Y OTROS […]”.

• “[…] MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre
de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-00-00-000-2006-00586-
01(45518) […]”.

• “[…] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente:
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO (E) Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 25000-23-26-000-2006-02187-
01(44516) […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

17. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de coadyuvancia formulada por Colin
David García Carvajalino, Aura Elena Vega Miranda, Glenis Julieth Carvajalino
Torres, Jacinta Miranda González y Maribel Vega Miranda, no fue objeto de
pronunciamiento por parte del A quo en el trámite de la primera instancia, esta Sala
entrará a realizar el respectivo análisis.

18. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. del
artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud
[…]”, la Corte Constitucional ha considerado que “[…] la coadyuvancia surge en los
procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado
del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”5.

19. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto consideró textualmente6:

“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para
estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar,
siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés
legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la
solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el

5 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
6 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de
tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial
desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción
de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos
fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las
extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos
fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por
reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia
sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial
y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una medida mucho
mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados
por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes
pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una acción de carácter
excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instancias
precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una
tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En
este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del
proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia
de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la
acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala)

20. En este sentido, Colin David García Carvajalino, Aura Elena Vega Miranda,
Glenis Julieth Carvajalino Torres, Jacinta Miranda González y Maribel Vega
Miranda están legitimados para intervenir como coadyuvantes de lo pretendido por
el actor.

Problemas jurídicos

21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal
Administrativo de Bolívar, al proferir la sentencia de 11 de febrero de 2022, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 130013333011201500432-01,
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo
que trajo como consecuencia que no se liquidaran en debida forma los perjuicios
por la pérdida de la oportunidad dentro del respectivo medio de control.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

22. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la reparación integral; viii) análisis del caso concreto, y
finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello7, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

24. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

26. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

27. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.

29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido

9Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

32. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

32.1. Frente al requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, la
Sala advierte que:

32.1.1. Respecto del defecto procedimental absoluto, el desconocimiento del
precedente y la causal de violación directa de la Constitución es evidente que la
cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se
controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del actor al debido
proceso, a la igualdad y a la reparación integral.

32.1.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple
con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en dichos defectos.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

32.1.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales12, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

32.1.4. Sin embargo, la Sala precisa que, en lo que concierne al defecto
sustantivo “[…] POR INDEBIDA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LAS
NORMAS […]”, la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional, en la medida en que el actor no cumplió
con la carga argumentativa mínima para sustentar dicho defecto, toda vez que no
indicó específicamente cuáles fueron las normas indebidamente interpretadas o
aplicadas, ni mucho menos las razones por las que presuntamente se configuró
dicho defecto y la incidencia de esa irregularidad en lo resuelto dentro del medio
de control de reparación directa.

32.2. Cumplió con el principio de inmediatez13.

32.3. Frente al requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, la Sala
advierte lo siguiente:

32.3.1. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial
eficaces y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los
derechos invocados, en relación con el presunto defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial relacionado con la liquidación de los

12 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
13 Puesto que la sentencia de 11 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar se

notificó el 29 de marzo de 2023 (dos días siguientes al envío del mensaje de datos, el cual se realizó el 27 de
marzo de 2023, mientras que la tutela se interpuso el 19 de mayo de 2023, es decir, se presentó antes de que
transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

perjuicios por la pérdida de la oportunidad.

32.3.2. Sin embargo, en lo que concierne al presunto defecto procedimental
absoluto, a la causal de violación directa de la Constitución y el defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente establecido en la “[…] Sentencia de 9 de
febrero de 2012, rad. 1997-06093-01(21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del
Consejo de Estado […]”, la Sala advierte que dichos reparos están todos dirigidos
a cuestionar el desconocimiento del principio de congruencia, en la medida en que
el actor señaló que se “[…] vulnera directamente el principio de CONGRUENCIA y
LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, SIN
MENCIONAR LA VARIACIÓN DE LA CAUSA PETENDI […] El principio de
congruencia, es quebrantado por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR,
toda vez que, el RECURRENTE ÚNICO solo se sirvió exponer en sus reparos única
y exclusivamente respecto de una indebida valoración probatoria […] Todo lo
anterior se representa, en una palmaria incongruencia entre lo pedido por el
recurrente único y lo resuelto por el tribunal en segunda instancia […] cuando se le
permite al juzgador de segunda instancia, pronunciarse sobre puntos no debatidos
dentro de la litis, el proceso administrativo vigente, se torna insuficiente para esta
circunstancia en específico […]”.

32.3.3. Frente a la presunta vulneración del principio de congruencia de la
sentencia acusada, esta Sección considera que no se cumple con el requisito
general de procedibilidad de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con otro
medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que es el recurso extraordinario de revisión.

32.3.4. En efecto, esta Sección14 al resolver un asunto en el que se discutía el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:

“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de
Revisión de esta Corporación15, y acogida por esta Corporación en posteriores
providencias16, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la nulidad

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de

2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de

2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de

2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos
del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.

Señala la providencia en mención lo siguiente:

“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas
implica una actuación sin competencia […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA
-antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar […]”. (Resaltado por la Sala)

32.3.5. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existen en el caso sub examine otros mecanismos de
control judicial para garantizar la protección de los derechos del actor, como lo es
el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta
vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de tutela17.

17 Frente al incumplimiento del requisito general de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de
congruencia y la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus
derechos fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

32.3.6. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela como mecanismo transitorio.

32.3.6.1. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco
de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional18:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”19[…]”.

32.3.6.2. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

32.3.6.3. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se
trata de un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no
existan otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los
intereses de los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

32.4. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

32.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302663-01
Actor: Roberto García Lamadrid

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

33. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

34. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189620 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200122; C-816 de
201123; C-179 de 201624; y T-102 de 201425.

35. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”26 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

36. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional27, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus

20 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
21 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
22 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
24 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
26 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Actor: Roberto García Lamadrid

decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

37. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria28, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

38. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala29, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

39. En efecto, la Sala30 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial31”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

28 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de

2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
30 ibídem.
31 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actor: Roberto García Lamadrid

40. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

32 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actor: Roberto García Lamadrid

de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

43. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

44. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación
integral

45. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

46. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no
repetición […]”.

Análisis del caso en concreto

47. El actor, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de febrero
de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 130013333011201500432-
01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

49. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la

34 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Actor: Roberto García Lamadrid

certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados el
actor en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

50.1. Copia en medio digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 130013333011201500432-01.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial

51. El actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal Administrativo de Bolívar
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por
las siguientes razones:

“[…] Desconocimiento del precedente por: a) No aplicar la jurisprudencia vigente al
momento de la presentación de la demanda y b) desconocer los parámetros
jurisprudenciales en materia de liquidación del perjuicio perdida (sic) de oportunidad;

Bajo tal paradigma y siendo necesario determinar la probabilidad de la oportunidad
perdida para poder liquidar en debida forma la reparación, la jurisprudencia del
Concejo (sic) de Estado, ha establecido dos técnicas a saber […] La segunda, es
acudir al principio de equidad previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en aras
de reparar integralmente el daño cuantificable, se tasará en el 50% de lo que
normalmente se reconocería por el daño muerte propiamente dicho, sin importar que
la probabilidad fuere 1% o 99%.

En concreto, profana y vulnera la filosofía del principio de equidad y reparación
integral cuando lo invoca, pero concluye en negar totalmente los perjuicios materiales
y reducir los inmateriales en un 60%; cuando la correcta aplicación de este principio
le imponía, según las reglas del Concejo (sic) de Estado, reparar tanto los perjuicios
materiales como los inmateriales y solo reducirlos en un 50% […] En gracia a
discusión, se afirma de entrada que el parámetro jurisprudencial en materia de la
equidad para reparar pérdida de la oportunidad, le exigía al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, a solo reducir en un 50% todos los perjuicios, tanto
los materiales como los inmateriales por el daño muerte causado a ROBERTO

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Actor: Roberto García Lamadrid

CARLOS GARCÍA VEGA […]”.

51.1. Para sustentar el desconocimiento del precedente judicial relacionado con
la liquidación del perjuicio por la pérdida de la oportunidad, el actor citó y desarrolló
el desconocimiento de la sentencia proferida dentro del siguiente proceso: “[…]
Magistrado ponente, RAMIRO PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., trece (13) de
julio dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03775-
01(40563) […]”.

51.2. Al respecto, el actor hizo referencia a las siguientes providencias:

• “[…] CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B -Consejero ponente:
RAMIRO PAZOS GUERRERO – del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)-
Radicación número: 05001-23-31-000-1998-03753-01(39317)- Actor: JUAN
CARLOS JULIO VILLA Y OTROS […]”.

• “[…] MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre
de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 25000-00-00-000-2006-00586-
01(45518) […]”.

52. En la impugnación, el actor hizo referencia a la siguiente providencia: “[…]
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO (E) Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017) Radicación número: 25000-23-26-000-2006-02187-01(44516) […]”.

53. Al respecto, la Sala precisa que el estudio de dicho defecto se circunscribirá
a la sentencia de 13 de julio de 2017 (número de radicación
050012331000200303775-01) que citó y desarrolló el actor, toda vez que, por un
lado, frente a las sentencias de 13 de julio de 2017 (número de radicación
050012331000199803753-01) y de 18 de octubre de 2021, el actor no cumplió con
la carga argumentativa para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las
i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que

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mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones
fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares 35;
y, por otra parte, aquella que adicionó en el escrito de impugnación, no fue
propuesta desde el escrito inicial, por lo que su estudio vulneraría el debido proceso
de la parte accionada.

54. Ahora bien, para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es
necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable
al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los
resueltos anteriormente36.

Sentencia de 13 de julio de 201737

55. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió la
demanda que en ejercicio de la acción de reparación directa presentó Sandy
Marcela Cardona Morales contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por las presuntas fallas en el servicio de inspección
y vigilancia del servicio educativo imputables a la Nación, que permitieron que el
particular ofreciera un programa educativo sin cumplir con las exigencias legales,
lo que implicó que cursara en su totalidad un programa de Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deporte en la Institución educativa demandada,
pero que, una vez cumplidos los requisitos para recibir el título correspondiente,
este no le fuera otorgado, por cuanto el programa carecía de registro ante el ICFES.

35 Frente al tema de la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial dentro del marco de la acción de tutela contra providenciales judiciales, ver: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2021, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00999-00, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de noviembre de 2023, C.P. Oswaldo
Giraldo López, radicación número: 11001 03 15 000 2023 04339 01.
36 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Tercera, sentencia

de 13 de julio de 2017, número único de radicación 050012331000200303775-01 (40563), C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.

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Actor: Roberto García Lamadrid

56. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado planteó como
problema jurídico verificar “[…] (i) si la actora padeció un daño antijurídico, pese a
que finalmente obtuvo un título universitario de manos de la demandada y (ii) en
caso afirmativo, si ese daño es imputable a las demandadas, cuestión que se
abordará desde el análisis de su ámbito funcional y de los deberes de cada una en
relación con el registro de los programas académicos de educación superior.
Finalmente (iii), si dichos elementos se encuentran establecidos, se verificará si
hay prueba o no de los perjuicios cuya indemnización se reclama y en qué medida
[…]”.

57. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró lo
siguiente.

“[…] Para la Sala es claro que la demandante padeció un daño antijurídico, pues si
bien es cierto que se acreditó que, finalmente, recibió el título universitario de
Licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte, también lo es que solo lo
obtuvo el 27 de marzo de 2004, a pesar de que estaba en condiciones de graduarse
una vez finalizado el primer semestre de 2001. En efecto, las pruebas aportadas
dan cuenta de que para ese momento la demandante había cursado en su totalidad
el programa académico denominado Licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deporte, al tiempo que a lo largo de la (sic) proceso la institución universitaria
reconoció, sin hesitación, que la actora había reunido la totalidad de los requisitos
exigidos por la entidad para acceder al título profesional […]”.

[…]

“[…] De cara a lo anterior se tiene que el daño antijurídico que se encontró
comprobado no es otro que la demora de 31 meses en la obtención del título
profesional, que se constituye en el único daño resarcible demostrado. Para que el
Estado deba responder, ese daño debe ser imputable a las entidades públicas
demandadas, por lo cual procede la Sala a analizar si es posible endilgarlo a su
acción u omisión […]”.

[…]

“[…] la Sala encuentra que también existen fundamentos para afirmar, tal como lo
alega la apelante, que sí existieron fallas en el servicio de inspección y vigilancia del
sector educativo a cargo de la Nación, que permitieron que la demandante,
amparada en la confianza legítima de que las entidades que ofrecen al público dichos
programas están controladas por el Estado, adelantar sus estudios allí, con los
resultados conocidos, las que de haberse desplegado debían conducir a evitar la
oferta educativa que no contaba con el registro ante el ICFES. Por ello, el daño por
ella padecido es imputable en iguales proporciones a las dos demandadas, por lo
que se declarará su responsabilidad administrativa, en cuanto sus conductas
concurrieron en su causación […]”.

[…]

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Actor: Roberto García Lamadrid

“[…] Contrario a lo que estimó el a quo, la Sala sí encuentra evidencia suficiente de
los perjuicios padecidos por la demandante con ocasión de la imposibilidad de
obtener en tiempo el título de la licenciatura que cursó […]”.

[…]

“[…] Por ello, la Sala considera justo y equitativo disponer que para este particular
evento se reconozca un salario mínimo mensual vigente por cada mes durante los
cuales se prolongó la angustiante espera, lo que tuvo lugar entre agosto de 2001,
fecha posible del grado, por haberse terminado los estudios en el primer semestre
de ese año y marzo de 2004, cuando finalmente se graduó […]”.

[…]

“[…] lo cierto es que la oportunidad de vincularse como docente en vigencia del
Decreto 2277 de 1989 sí existió, pues de recibir su título a tiempo pudo optar por la
inscripción en el escalafón docente, y la perdió definitivamente con ocasión de la
demora en la entrega del título profesional, pues cuando lo recibió ya se había
expedido una nueva regulación más estricta… Ante la imposibilidad de cuantificar
porcentualmente dicha oportunidad, la Sala acudirá a la equidad, para fijarla en un
50% de aquello que ordinariamente correspondería a las diferencias salariales entre
el cargo que tenía la demandante y aquél al que aspiraba, entre la época en que
debió recibir el título y aquella en que lo recibió efectivamente, en la que quedó
habilitada para presentarse al proceso de selección correspondiente […]”.

58. De conformidad con lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolvió revocar la sentencia de 6 de octubre de 2010, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar administrativa y
extracontractualmente responsables a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional y al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de los daños padecidos
por la señora Sandy Marcela Cardona Morales con ocasión de la demora en
obtener el título de Licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte.

59. Para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que las
situaciones fácticas y los problemas jurídicos son totalmente diferentes, puesto
que: i) en la sentencia cuestionada por el actor en sede de tutela, se abordó el caso
de la muerte de Roberto Carlos García Vega por una presunta omisión en los
protocolos para tratar la herida que le fue propinada a dicho sujeto, luego de ser
víctima de un atraco; ii) en el precedente judicial expuesto supra, se abordó el caso
de una estudiante que recibió tardíamente su título universitario, por una presunta
omisión en la inspección y vigilancia del servicio educativo; y, en esa medida, iii)
los problemas jurídicos que se analizaron en los dos casos son distintos.

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Actor: Roberto García Lamadrid

60. En ese orden de ideas, no se desconoció la ratio decidendi establecida en
dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, los supuestos fácticos
y jurídicos son diferentes y, en consecuencia, la razón de la decisión en esa
providencia obedeció a fundamentos que no se pueden aplicar al caso sub examine.

Conclusiones de la Sala

61. En suma, la Sala modificará la sentencia de tutela de 31 de agosto de 2023,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el entendido que: i)
frente al defecto sustantivo “[…] POR INDEBIDA INTERPRETACIÓN O
APLICACIÓN DE LAS NORMAS […]”, defecto procedimental absoluto, la causal
de violación directa de la Constitución y el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial establecido en la “[…] Sentencia de 9 de febrero de 2012,
rad. 1997-06093-01(21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del Consejo de Estado
[…]”, la acción de tutela es improcedente; y ii) frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial relacionado con la liquidación de los
perjuicios por la pérdida de la oportunidad, se confirma lo resuelto en primera
instancia, esto es, negar la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a Colin David García Carvajalino,
Aura Elena Vega Miranda, Glenis Julieth Carvajalino Torres, Jacinta Miranda
González y Maribel Vega Miranda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 31 de agosto de 2023 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela respecto del

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Actor: Roberto García Lamadrid

defecto sustantivo “[…] POR INDEBIDA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE
LAS NORMAS […]”, defecto procedimental absoluto, la causal de violación directa
de la Constitución y el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
establecido en la “[…] Sentencia de 9 de febrero de 2012, rad. 1997-06093-
01(21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez, del Consejo de Estado […]”, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela respecto del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial relacionado con la liquidación de los
perjuicios por la pérdida de la oportunidad, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia”.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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