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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02668-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02668-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Presidente de la República, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Procuraduría General de la Nación, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a los reparos propuestos por el actor relacionados con su derecho fundamental de petición respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela presentada por el actor contra las autoridades demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 41 Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00 Actor: Juan Carlos Arias Molina

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02668-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina
Demandados: Presidencia de la República y otros1

Tema: Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) acceso a
la administración de justicia, iv) dignidad humana, v) vida, vi) salud y vii) educación

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Arias Molina contra
el Presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Presidente de
la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Director

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, porque, a su juicio, al no responder
la petición de 6 de marzo de 2023 y con ocasión a las siguientes acciones: i) omitir
asistir al “[...] consejo comunal de capacitación [...]” que se llevó a cabo el 26 de
mayo de 2023; ii) exigir el “[...] CERTIFICADO DE LIBETAD (sic) Y TRADICCION
(sic) CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]” para resolver sobre las solicitudes
de “[...] rompimiento de la solidaridad [...]”, iii) omitir investigar la conducta de “[...] la
directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE […] DIRECTORIA
NORIENTE […]” funcionarios de la Superintendencia; iv) omitir realizar un consejo
comunal “[...] para que todos los usuarios del cesar y la guajiras coloque sus
denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de servicios públicos
domiciliarios , y se garanticen, el núcleo esencial del derecho de petición, al debido
proceso administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad tipicidad,
acceder a la administración de justicia [...]”2; y v) no investigar “[…] LAS ALTAS
TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa […]”3: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, es propietario de un inmueble ubicado en el Barrio Villa Clara
de Valledupar, por lo cual, en la factura de servicio público de energía, se encuentra
registrado bajo dicha calidad.

4. Expuso que, entre el 15 de febrero de 2019 y hasta el 10 de diciembre de
2020, le arrendó el inmueble a Cristóbal Miranda, quien dejó “[…] UNA DEUDA
PENDIENTE POR VALOR DE $700.000 Y FINANCIADA $200.000 […]”.

5. Manifestó que, el 1.º de marzo de 2021, radicó ante el prestador Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM), solicitud número RE3110202109931,
con el fin de se declarara la ruptura de la solidaridad sobre la deuda que presentaba

2 Transcripción literal.
3 Transcripción literal.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

el inmueble de la referencia, e igualmente solicitó que se eliminaran los montos
financiados en sus facturas.

6. Señaló que, el 9 de marzo de 2021, el prestador resolvió no acceder a las
peticiones, al considerar que “[…] Al verificar el cumplimiento de los documentos
señalados, como requisito para dar trámite a su petición, observamos que en
certificado de Tradición y Libertad aportado con matrícula inmobiliaria No. 190-
99937, Usted no aparece como propietario del predio […] Por lo anterior, no se
encuentra demostrada la titularidad del predio, en consecuencia, no se podría
predicar la figura de la ruptura de solidaridad […]”.

7. Indicó que, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en
contra de la decisión del prestador, frente a lo cual, mediante oficio de 12 de marzo
de 2021, la entidad confirmó la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

8. Aseguro que, mediante la Resolución núm. SSPD 20218200114385 de 2 de
mayo de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección
Territorial Nororiente confirmó la decisión de primera instancia.

9. Sostuvo que el 6 de marzo de 2023 radicó una solicitud en ejercicio del
derecho de petición dirigida al Presidente de la República, al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía y Gas
Combustible, a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Director de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública, en el que solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y queja […]
para que ordenen a la directora _______________ a revocar la resolución no , por
medio de la cual resolvió confirma la decisión de la empresa, alegando que la
dirección que aparece en el certificado de libertad y tradición, y el, certificado de
nomenclatura la dirección no coincide con la registrada en la factura de energía,
donde predomina la dirección de la empresa exigiendo requisito no autorizado por la
constitución y la ley y la jurisprudencia […]”.

[…]

4

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

“[…] que los SEÑORES […] presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la
función pública , le soliciten a la superintendencia de servicios publico manifieste los
siguientes:

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle
tramite al núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE
LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015,
articulo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el certificado de libertad y tradición
y certificado de nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de
energía?,

B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad,
alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección
que registra la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral
, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,

C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas
y apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin
importar que deban desde 1998, violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE
DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,

D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20
años contra las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir
un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los
precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007
DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-
270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408
de 2008 T191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003

E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y
legales para no darle cumplimiento a la sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de
conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa presento factura a mi NOMBRE […]”.

[…]

“[…] le soliciten a la superintendencia de servicios publico, QUE manifieste la
superservicicios porque mas del 90% de los recureso de queja y de apelación son
fallado en contra siendo entidad de segunda instancia el superior jeralquico funcional
de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la constitución y la ley […]”.

[…]

5

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

“[…] SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia
a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo de finitivo sobre
esta denuncia queja así mismo le advierta […]”.4

10. Manifestó que esa petición “[…] se encuentran radicada hace mas de 30 días
y no he tenido respuesta alguna […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar urgente , para
que no me suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el
superintendente asista al consejo comunal, y como mecanismo definitivo y
excepcional , para que el juez constitucional aplique el bloque de constitucionalidad y
la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la
presidente de Colombia como jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer
sus competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al superintendente de
servicios publico ejercer sus funciones , la procuraduría generar de la nación ejercer
sus funciones los demás funcionario de la superintendencia […] investigar esta
denuncia y quejas contra la directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE
, […] DIRECTORIA NORIENTE,[…] ENTRES OTROS, donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los usuarios exigiendo
requisito no autorizado por la constitución Y LA LEY exigiendo como requisito, estar
al día con todos los consumos o pagar la factura solidaria de forma absoluta para
poder dar trámite a los recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICCION donde si estos documentos la dirección no coincide con
la registrada en la factura de energía no le dan tramite , donde predomina la dirección
de la empresa sin que este aporte la carta catastral y el levantamiento catastral,
conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142 de 1994, así mismo no aceptan la
declaración extra proceso, para demostrar que el inmuebles estuvo arrendado y para
demostrar la posesión del inmuebles , donde el único documento idóneos es la factura
de energía, pero tampoco la tienen encuentra , ASI MISMO que la procuraduría
conforme a los artículos, 1,2,3,40,103,270, de la constitución ley 1757 del 2015
ordene al presidente y al superintendente, realice un consejo comunal ,con sus
presencia y las presencias de toda las delegada de la superservicios , para que todos
los usuarios del cesar y la guajiras coloque sus denuncia y quejas contra la
superservicios y la empresa de servicios públicos domiciliarios , y se garanticen los
mecanismo de participación ciudadana la administración de justicia, EL NUCLEO
ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION, DEBIDO POROCESO
ADMINISTRATIVO DEFENSA Y CONTRADICCION como los precedentes de la corte
constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA T-636 DEL
2006 , y la sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) asi mismo el presidente de conformidad
con el artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 modifique el artículo 37 Parágrafo 1º,

4 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

de igual forma ordene al superintendente de servicios públicos iniciar las sanciones
contra las empresa afinia y air-e por estar suspendiendo el servició de energía de
forma unilateral sin ante expedir un acto administrativo, de igual forma de loas tutelas
que presenta diariamente la oficina de queja y reclamo con el correo […] sobre tutela
por suspensión ilegal , se tome como denuncia para investigar la empresa que omitió
el artículo 154 de la ley 142 de 1994 , asi mismo el presidente investigue el alto
consumo del consumo de aseo en Valledupar , donde tiene una sola oficina a mas de
3 kilómetro de distancia con las demás empresa de servicios público de Valledupar
en una zona peligrosa , y y se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al
núcleo esencial del derecho de petición , la administración de justicias, a una tutela
judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una
vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción,
a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto
propio, a un servicio.

SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales y humano
Al núcleo esencial del derecho de petición ,al debido proceso administrativo, derecho
a la defensa contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de justicia,
a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención
americana de derecho humanos, a la salud a la vida, a una vivienda digna, al principio
de la buena fe confianza legitima acto propio a una vivienda digna a la educación y
ordene a darme una respuesta , de fondo clara congruente y resuelva cada una de
las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con que fundamento
constitucional y legal el presidente y la superservicicios se niega asistir al consejo
comunal realizado por nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo
kammerer kammerer identificado con la cedula de ciudadanía No […] de Valledupar ,
el 26 de mayo del 2023 en la cámara de comercio de Valledupar , donde el fue el
fundador de los comités de control social de los servicios públicos mobiliarios , y
necesitamos que estas autoridades estén presente en este consejo comunal de
conformidad con el articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución, para que los usuarios,
vocales de control y comités de servicios públicos reciban sus capacitaciones, hagan
sus denuncia , contra las empresa de servicios público, y contra la misma
superservicicio , por muchas inconsistencia en sus fallo que más del 90% son a favor
de las empresa,

TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente […] y director de la
comisión de regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de
servicio públicos domiciliarios, asistan a este consejo comunal de conformidad con el
articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución, para que socialicen el porcentaje a tomar
sobre cual va hacer la desviación significativa de los consumo de energía eléctrica
[…]”.

[…]

“[…] le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE manifieste la
superservicicios porque más del 90% de los recurso de queja y de apelación son
fallado en contra siendo entidad de segunda instancia el superior jerarquice funcional
de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la constitución y la ley ,
exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley , para no darle tramites
al núcleo esencial del derecho de petición […]”.

[…]
“[…] DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA
PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS
SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL
DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE
REGULACION DE ENERGIA Y GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR

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Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese
a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía al sector comercial
y de servicios […]”.5

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de mayo de 20236, inadmitió
la solicitud para que el actor indicara, con la mayor claridad posible y de manera
precisa, las autoridades contra las cuales presentaba la solicitud de tutela, los
hechos y las razones por las cuales consideraba que estas desconocieron sus
derechos fundamentales y el objeto de su pretensión frente a cada una de ellas.
Para el efecto, le concedió un término de tres (3) días, contados a partir del día
siguiente de la notificación de dicha providencia, so pena de rechazar de plano la
solicitud de tutela.

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de junio de 2023; i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía y
Gas Combustible, a la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Director de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas; iii) negó la medida provisional solicitada por el
actor; y iv) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Procuraduría Delegada
para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y a Afinia Grupo EPM,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

14. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial adujo su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto, consideró que:
“[…] En primer lugar, debe informarse que mi representada recibió y atendió el
Derecho de Petición elevado por el accionante de manera clara y en el marco de sus
competencias, lo que puede ser verificado en el OFI23-00049150 / GFPU 13150000
del 15 de marzo de 2023 y su respectiva trazabilidad., por lo que no se le puede
endilgar ninguna vulneración al derecho de petición.

5 Transcripción literal del texto.
6 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “AUTOQUEINADMITE(.pdf) NroActua 4”. Archivo

aportado en forma digital

8

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

También es importante señalar que mi representada no puede compeler, u obligar, a
la Superintendencia de Servicios Públicos a que confirme o niegue su asistencia al
Consejo Comunitario mencionado por el accionante, pues esta entidad posee una
independencia y autonomía de la Presidencia de la República.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Presidente de la República no ha cometido ninguna
omisión que permita al accionante reclamarle la tutela de su derecho fundamental a
la Petición y que por el contrario se ha mostrado diligente realizando el traslado a la
autoridad competente para responder su solicitud […]”.

[…]

“[…] El accionante menciona que las presuntas irregularidades que se han cometido
en la expedición de sus facturas de servicios públicos y el no haber recibido una
respuesta clara a su petición le han afectado sus derechos de petición y debido
proceso, sin embargo, se encuentra que mi representada no posee la competencia
para analizar los reclamos realizados. Estas funciones recaen, en primera instancia,
sobre la empresa Afinia GRUPO EPM que es la entidad encargada de establecer el
cobro de dicho servicio público, y que como se evidenció en el escrito de tutela ya le
brindó una respuesta a su petición, y, en segunda instancia, de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, quien ejerce la inspección vigilancia y control de
las empresas prestadoras de servicios públicos […]”.

15. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó negar la
acción de tutela, al considerar que:

“[…] El señor JUAN CARLOS ARIAS MOLINA presenta Acción de Tutela contra la
superintendencia por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso, porque relata que la Dirección Territorial Norte de este
organismo no le ha resuelto la petición que presentó bajo el número de radicado
SSPD 20235290949192 del 08 de marzo de 2023 […] Respetado señor juez, la
Dirección Territorial Norte de la Superintendencia sí resolvió de fondo la petición de
la hoy parte accionante.

Para el efecto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tramitó la
petición, dando respuesta al usuario, a través del oficio No. SSPD – 20238602189981.
(se anexan evidencias para mayor claridad) […]”.

16. La Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitó su desvinculación, al
considerar que:

“[…] reiteramos que de acuerdo con las funciones, tanto generales como específicas
de la Comisión, asignadas por las leyes 142 y 143 de 1994, ninguna tiene relación
con la verificación y/o control sobre el cumplimiento de las normas que rigen la
actividad correspondiente a la prestación del servicio público de energía y por tal
razón no tenemos competencia alguna para pronunciarnos al respecto. Frente a lo
cual se hace énfasis en la función de vigilancia, y control del cumplimiento de las leyes
y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos en
cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y su facultad para
imponer sanciones por infracción al régimen legal de los servicios públicos.[…] Es
importante precisar que, en desarrollo de la función consultiva, la CREG no resuelve

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Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes
mediante los procedimientos de rigor y, en tal virtud, tanto las preguntas como las
respuestas deben darse o entenderse en forma genérica […]”.

[…]

“[…] Finalmente, en lo que respecta a la denuncia a la que la parte actora hace
mención en el escrito de tutela, esta Comisión indica que una vez verificado el sistema
de gestión documental electrónica por el área de tecnología, no se encontró recepción
de la misma, tal y como nos permitimos adjuntar en el presente escrito, se encontró
multiplicidad de correos del remitente […] que generaron alerta de cuarentena, es
decir, debido al volumen de correos recibidos por el mismo remitente, los correos
electrónicos llegaron a la bandeja de correo no deseado, por considerarse riesgosos,
en ese sentido, solo se podían recuperar mensajes de la bandeja de cuarentena, 30
días atrás, por esta razón al hacer la revisión del mismo no permitió realizar dicha
acción y por tanto darle trámite a las mismas.

No obstante, una vez el despacho dio traslado junto con la admisión de la presente
tutela, la misma fue radicada e identificada con número de radicado CREG
E2023012223, a la cual la Dirección Ejecutiva dio respuesta clara, precisa y
congruente mediante comunicación con número de salida S2023003001 el día 23 de
junio del año en curso […]”.

17. La Procuraduría General de la Nación adujo su falta de legitimación en la
causa por pasiva, al considerar que “[…] para el caso que nos ocupa, se observa
que las mismas van dirigidas directamente a la Superintendencia de Servicios
Públicos y otros, pretensiones frente a las cuales carece de competencia esta
entidad, so pena de extralimitarse en alguna de sus competencias o de
coadministrar, lo cual le está prohibido […]”.

17.1. Al respecto, manifestó que:

“[…] Honorable Consejero, una vez se tuvo conocimiento de los hechos se revisó el
sistema de gestión documental de la PGN, encontrando el Radicado No. E-2023-
140125. Establecido lo anterior, se requirió a la Procuraduría Delegada Preventiva y
de Control de Gestión segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública,
dependencia que mediante correo electrónico del 23/06/2023, enviado por la
funcionaria Silvia Peña Ruiz, informó:

“De manera atenta, me permito enviar en adjunto la constancia del trámite efectuado
por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública, en cumplimiento del derecho fundamental de petición y de conformidad con
las funciones preventivas que le competen a esta Delegada, las cuales no incluyen
funciones de intervención ni disciplinarias.

En adjunto, se remite copia del oficio de traslado y de respuesta, así como, las dos
constancias de pantallazos del envío de las mismas a las entidades competentes y a
los correos suministrados por la peticionaria (sic) JUAN CARLOS ARIAS MOLINA
[…]”.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

18. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela o, en su defecto, negarla. Para tal efecto,
manifestó lo siguiente:

“[…] Respecto a la suspensión del servicio, verificado el sistema de información
comercial OPEN SGC se evidencio que el suministro NIC 6582312 se encuentra en
sistema como suspendido impago, sin embargo, se viene generando facturación
mensual por estricta diferencia de lectura, es decir, que hubo una reconexión
unilateral del servicio por el usuario, actualmente se encuentra en tratamiento una
orden de suspensión del servicio teniendo en cuenta que el usuario presenta deuda
sobre la cual la via gubernativa se encuentra agotada, por lo que si el accionante no
se encuentra conforme deberá buscar la nulidad de los actos administrativos ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en todo caso frente al acto de suspensión
del servicio el usuario cuenta con otros medios de defensa diferente a la tutela […]”.

[…]

“[…] El tercer hecho es una manifestación subjetiva del accionante, en el presente
caso al accionante se le atendió su solicitud y la empresa consideró que no se
cumplen los presupuestos para la declaratoria de ruptura de solidaridad, por lo que si
la accionante no se encuentra conforme deberá buscar su nulidad a través del medio
de control respectivo en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa […] en el presente
caso a la accionante en su trámite de reclamación no se le solicitó documento
adicional alguno a los presentados inicialmente, su solicitud es negada debido a que
no se cumplen los presupuestos establecidos en la Ley 142 de 1994 para la
declaratoria de la ruptura de solidaridad, teniendo en cuenta que se realizaron
suspensiones del servicio, por lo que si la accionante no se encuentra conforme con
los actos administrativos deberá buscar su nulidad a través del medio de control
respectivo en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa […]”.

[…]

“[…] Tal y como se informó al hacer relación a los hechos de la tutela, el accionante
presentó el 1 de marzo de 2021 reclamación por ruptura de solidaridad del suministro
NIC 6582312 para el periodo comprendido entre el 15 de febrero del 2019 y el 1 de
marzo del 2021 recibida con el radicado RE3110202109931, la cual fue resuelta por
mi representada mediante comunicado con consecutivo No. 202170068972 del 9 de
Marzo de 2021, informando que la empresa había realizado la suspensión del servicio
al suministro en varias ocasiones, y que quien reclamaba no era el propietario del
inmueble, por lo que no se cumple uno de los presupuestos para la declaratoria de
ruptura de solidaridad.

La accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 11 de Marzo
de 2021 recibido con el radicado RE3110202109931, al cual la empresa dio respuesta
mediante comunicado 202170072810 del 12 de marzo de 2021 en donde se confirma
la decisión inicial y se concede apelación ante la Superintendencia de Servicios
Públicos, recurso estudiado en segunda instancia con la resolución SSPD
20218200114385 del 2 de mayo de 2021, tal y como se registra en la libreta de
incidencias del sistema de la empresa […]”.
[…]

“[…] Posteriormente el accionante presenta nuevamente reclamación por ruptura de
solidaridad el día 7 de marzo de 2023 recibido con el radicado RE3110202314784,
donde solicita nuevamente se declare la ruptura de solidaridad de la deuda del

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Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

suministro por el periodo 15 de febrero del 2019 y el 1 de marzo del 2021, al cual la
empresa dio respuesta mediante comunicado .202370140237 del 27 de marzo de
2023, donde se le informa que el periodo de solidaridad reclamado ya había sido
previamente estudiado en reclamaciones previas, y se le dan las demás claridades
del caso decisión que fue notificada mediante guía 87182567890 correspondiente a
la citación de notificación personal y guía No. 87182574950 correspondiente a la
notificación por aviso […]”.

[…]

“[…] Los siguientes son los medios de defensa con que cuenta el usuario, que hacen
inviable el uso de la tutela. 2.3.1.1. Defensa en sede de la empresa. (reclamación
contra el acto de suspensión) Este es el primer escenario de defensa del usuario. Al
respecto, el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 regula la procedencia de los recursos
de reposición y apelación contra el acto de suspensión del servicio […]”.

El segundo escenario de defensa del usuario es frente a Superintendencia. El artículo
154 de la Ley 142 de 1994 brinda la posibilidad a los usuarios de presentar no solo el
recurso de reposición frente a las decisiones de la empresa, sino también el recurso
de apelación. Que una vez concedido por la empresa debe ser fallado por la
Superintendencia de Servicios Públicos. En aquellos casos en que la empresa no
concede el recurso de apelación, por ejemplo por considerar que el mismo es
extemporáneo, el usuario cuenta con la posibilidad de acudir directamente ante la
Superintendencia de Servicios Públicos y a través del recurso de queja exigir que le
sea concedido el de apelación. Así se garantiza su acceso a una segunda instancia
[…]”.

[…]

“[…] Es decir que cuando alguien considera que un acto administrativo, decisión
empresarial de una ESP o la Resolución de la Superintendencia, fue expedido en
forma irregular, violando su debido proceso o desconociendo su derecho de defensa,
tiene la posibilidad de acudir ante los jueces administrativos y solicitar la nulidad del
acto, y su correspondiente restablecimiento del derecho. Es decir, cuenta con un
medio de defensa judicial diferente a la acción de tutela […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20189 y con el artículo

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 10, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

21. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

22. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

23. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200611, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[12].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

24. La Sala advierte que el Presidente de la República, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, y la Procuraduría General de la Nación solicitaron su
desvinculación de la solicitud de amparo, al considerar que carecen de legitimación
en la causa por pasiva.

25. Al respecto, es preciso indicar que, el Presidente de la República y el Director
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fueron notificados como
demandados, en la medida en que el actor formuló reparos en su contra; por otra
parte, la Procuraduría fue vinculada como tercero con interés legítimo, en particular,
la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, toda

12 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

vez que el actor la mencionó dentro de su escrito de tutela y en el derecho de
petición que el actor adjuntó se observó que este también estaba dirigido ante dicha
autoridad.

26. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Presidente de la
República, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Procuraduría
General de la Nación les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.

27. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Presidente de la
República, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y de la Procuraduría
General de la Nación.

Problemas jurídicos

28. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, corresponde establecer ii) si se debe
proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera
vulnerado porque las autoridades demandadas no le dieron respuesta al derecho de
petición que presentó el 6 de marzo de 2023; y iii) si se deben proteger los demás
derechos fundamentales invocados por el tutelante, con ocasión a las siguientes
acciones: i) omitir asistir al “[...] consejo comunal de capacitación [...]” que se llevó
a cabo el 26 de mayo de 2023; ii) exigir el “[...] CERTIFICADO DE LIBETAD (sic) Y
TRADICCION (sic) CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]” para resolver sobre
las solicitudes de “[...] rompimiento de la solidaridad [...]”, iii) omitir investigar la
conducta de “[...] la directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE […]
DIRECTORIA NORIENTE […]” funcionarios de la Superintendencia; iv) omitir
realizar un consejo comunal “[...] para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de servicios
públicos domiciliarios , y se garanticen, el núcleo esencial del derecho de petición,
al debido proceso administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad

15

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

tipicidad, acceder a la administración de justicia [...]”13; y v) no investigar “[…] LAS
ALTAS TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa […]”14.

29. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la vida; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la salud; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la educación, ix) análisis del caso concreto; y finalmente x) las
conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

30. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

31. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200515, se pronunció en
el siguiente sentido:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una

13 Transcripción literal.
14 Transcripción literal.
15 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

32. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado16:

[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que
la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha
situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de
amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

33. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección17.

34. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición

35. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
17 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

36. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198418, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

37. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201119, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.

38. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.

39. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

40. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201520 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

18 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
20 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

41. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

42. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.

43. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

44. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.

45. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

46. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

47. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

48. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

49. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

50. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201221, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

21 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado

fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de

20

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

51. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

52. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

53. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”22.

54. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

55. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional23:

22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

56. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

57. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

24 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

58. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

59. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

60. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).

25 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

24

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

61. Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

62. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

63. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional27, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

64. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201528 sobre el derecho
fundamental a la salud.

65. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional29, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la educación

66. Visto el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

28 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

26

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley […]”.

67. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho a la
educación como “[…] un derecho social fundamental […]”, y ha recordado que este
derecho tiene “[…] una doble condición de derecho y de servicio público que busca
garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás
bienes y valores culturales […]” de manera que ha resaltado que como derecho
tiene como propósito “[…] la promoción del desarrollo humano y la erradicación de
la pobreza […]”.

Análisis del caso concreto

68. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

69. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

70. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

70.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.

70.2. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 23 de octubre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

27

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

Solución del caso concreto

Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición del actor

71. El actor sostuvo que el 6 de marzo de 2023 radicó una solicitud en ejercicio
del derecho de petición dirigida al Presidente de la República, al Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía y
Gas Combustible, a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Director de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública, en el que solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y queja […]
para que ordenen a la directora _______________ a revocar la resolución no , por
medio de la cual resolvió confirma la decisión de la empresa, alegando que la
dirección que aparece en el certificado de libertad y tradición, y el, certificado de
nomenclatura la dirección no coincide con la registrada en la factura de energía,
donde predomina la dirección de la empresa exigiendo requisito no autorizado por la
constitución y la ley y la jurisprudencia […]”.

[…]

“[…] que los SEÑORES […] presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la
función pública , le soliciten a la superintendencia de servicios publico manifieste los
siguientes:

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle
tramite al núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE
LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015,
articulo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el certificado de libertad y tradición
y certificado de nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de
energía?,

B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad,
alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección
que registra la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral
, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,

C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas
y apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin
importar que deban desde 1998, violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE
DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,

28

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20
años contra las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir
un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los
precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007
DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-
270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408
de 2008 T191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003

E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y
legales para no darle cumplimiento a la sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de
conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa presento factura a mi NOMBRE […]”.

[…]

“[…] le soliciten a la superintendencia de servicios publico, QUE manifieste la
superservicicios porque mas del 90% de los recureso de queja y de apelación son
fallado en contra siendo entidad de segunda instancia el superior jeralquico funcional
de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la constitución y la ley […]”.

[…]

“[…] SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia
a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo de finitivo sobre
esta denuncia queja así mismo le advierta […]”.31

72. El actor manifestó que esa petición “[…] se encuentran radicada hace mas
de 30 días y no he tenido respuesta alguna […]”.

73. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud elevada por el actor
ha sido tramitada por las respectivas autoridades.

Análisis frente al Presidente de la República

74. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que la Presidencia de la
República, mediante el Oficio núm. OFI23-00049153 / GFPU 13150000 de 15 de
marzo de 2023, remitió la petición del actor a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, de lo cual obra la respectiva “[…] trazabilidad […]”32,
mediante la cual se certifica el envío del Oficio mencionado supra:

31 Transcripción literal del texto.

índice núm. 14 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
32 Cfr.

RONICO_OFI2300117353_GFP(.zip) NroActua 14”. Archivo aportado en forma digital. Al respecto, se advierte

29

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

75. Igualmente, obra el Oficio núm. OFI23-00049150 / GFPU 13150000 de 15 de
marzo de 2023, mediante el cual se le puso en conocimiento al actor dicha remisión
y frente al cual también obra la respectiva “[…] trazabilidad […]”33:

que dicho documento obra como constancia de envío del el oficio de la referencia, en la medida en que
corresponde a la información extraída del software de la Presidencia de la República denominado “ESCRIBE”,
en el cual quedan registradas todas las actuaciones surtidas respecto de la correspondencia que recibe la
entidad.
33 Cfr. índice núm. 14 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_OFI2300117353_GFP(.zip) NroActua 14”. Archivo aportado en forma digital. Al respecto, se advierte
que dicho documento obra como constancia de envío del el oficio de la referencia, en la medida en que
corresponde a la información extraída del software de la Presidencia de la República denominado “ESCRIBE”,
en el cual quedan registradas todas las actuaciones surtidas respecto de la correspondencia que recibe la
entidad.

30

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

76. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

77. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

77.1. En la sentencia de 19 de abril de 202134, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)

77.2. En la sentencia de 30 de junio de 202035, se expresó que:

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

31

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

78. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que frente al Presidente
de la República no se observa vulneración alguna al derecho fundamental del actor,
toda vez que, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene
competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e
informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.

Análisis frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

79. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante el Oficio núm. SSPD –
20238602227551 de 26 de junio de 2023 dio respuesta al actor, en el sentido de
indicarle que: i) a la Superintendencia “[…] le corresponde resolver los recursos de
apelación que interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001 […]”; ii)
“[…] El artículo 154 ibídem establece mecanismos que hacen posible la defensa de
los derechos de los usuarios y suscriptores, entre ellos los de presentar
reclamaciones ante las empresas prestadoras de servicios públicos, mediante
derecho de petición […]”; iii) “[…] a Superservicios sólo tiene conocimiento de estas
reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su competencia,
brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y
luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no
esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera que la empresa
resuelva en primera instancia su reclamación […]”; iv) “[…] señor usuario, que el
competente para resolver en primera instancia su inconformidad es la empresa
CARIBEMAR DE LAS COSTA S.A E. S. P (AFINIA GRUPO EPM), la cual contara
con un término de (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación
para responder […]”; v) “[…] si su inconformidad está relacionada con las deudas
que pudo haber dejado el arrendatario en su inmueble, para otro periodo distinto al
reclamado usted puede iniciar nuevamente el proceso de reclamación por

32

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

rompimiento de solidaridad en sede del prestador del servicio, aportando todos los
documentos necesarios para demostrar la propiedad y/o posesión del inmueble, el
vínculo solidario y los demás requisitos para hacer exigibles sus derechos […]”; y
vi) “[…] si requiere información adicional, puede llamar a la Línea gratuita:
018000910305, horario - lunes a viernes. 7:00 a.m. a 4:00 p.m., de igual manera
nos puede escribir al correo electrónico que aparece en el pie de página de la
respuesta […]”.

80. De la respuesta mencionada supra, obra la respectiva constancia de envío,
como se observa a continuación36:

81. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumplió con los requisitos
de i) oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del

índice núm. 20 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
36 Cfr.

RONICO_MEMO20230266800P(.pdf) NroActua 20”. Archivo en forma digital.

33

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

82. La Sala encuentra que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
actor en debida forma, tal cual como se advierte del correo enviado al actor el 26 de
junio de 2023.

83. En cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra
que, si bien no se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que
a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por lo que cualquier orden que
sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría inane.

84. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que la Superintendencia le explicó con suficiencia al actor
los requisitos y el trámite que debe seguir para formular sus reparos frente a su
situación con el servicio de energía, señalándole para tal efecto la disposición
normativa y dejando abierta la posibilidad al actor de que “[…] si requiere
información adicional, puede llamar a la Línea gratuita: 018000910305, horario -
lunes a viernes. 7:00 a.m. a 4:00 p.m., de igual manera nos puede escribir al correo
electrónico que aparece en el pie de página de la respuesta […]”.

85. La Sala considera que, en relación con la respuesta de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, se garantizó el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio durante el
trámite de la acción de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Análisis frente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas

86. Al respecto, dicha entidad rindió informe en los siguientes términos:

“[…] en lo que respecta a la denuncia a la que la parte actora hace mención en el
escrito de tutela, esta Comisión indica que una vez verificado el sistema de gestión
documental electrónica por el área de tecnología, no se encontró recepción de la

34

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

misma, tal y como nos permitimos adjuntar en el presente escrito, se encontró
multiplicidad de correos del remitente […] que generaron alerta de cuarentena,
es decir, debido al volumen de correos recibidos por el mismo remitente, los
correos electrónicos llegaron a la bandeja de correo no deseado, por
considerarse riesgosos, en ese sentido, solo se podían recuperar mensajes de la
bandeja de cuarentena, 30 días atrás, por esta razón al hacer la revisión del mismo
no permitió realizar dicha acción y por tanto darle trámite a las mismas.

No obstante, una vez el despacho dio traslado junto con la admisión de la
presente tutela, la misma fue radicada e identificada con número de radicado
CREG E2023012223, a la cual la Dirección Ejecutiva dio respuesta clara, precisa
y congruente mediante comunicación con número de salida S2023003001 el día
23 de junio del año en curso […]”. (Resaltado por la Sala)

87. De conformidad con el acervo probatorio, la Sala observa que la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, mediante el Oficio núm. S2023003001 de 23 de junio
de 2023 dio respuesta al actor, en el sentido de indicarle que:

i) “[…] En atención a su comunicación le informamos que la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, CREG, tiene competencia para expedir la regulación de los
servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible, según las funciones
señaladas en las leyes 142 y 143 de 1994 y para emitir conceptos de carácter general
y abstracto sobre los temas materia de su regulación, pero no tiene dentro de sus
funciones competencia para pronunciarse o intervenir sobre situaciones individuales
que se presenten entre el usuario y una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios ni tampoco respecto de las actuaciones de representantes de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ni de ningún funcionario de
otras entidades, razones por las cuales nos abstenemos de pronunciamiento alguno,
además porque entendemos que su comunicación es de conocimiento tanto de la
Procuraduría General de la Nación como de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para las actuaciones que les corresponda, con lo que tampoco
realizamos ningún traslado. […]”.

ii) “[…] El único aspecto, de los que se encuentran en su comunicación, relacionado
con las competencias de la CREG es el acatamiento de la providencia del 5 de abril
de 2021, en la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sala Unitaria, […] decidió decretar la suspensión provisional del
aparte contenido en el parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución CREG 108 de
1997 que indica “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes
del contrato” […] la CREG, en próximos días estará publicando para consulta un
proyecto de regulación que tiene por objeto establecer los parámetros técnicos que

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Actor: Juan Carlos Arias Molina

permita a los prestadores del servicio investigar las desviaciones significativas en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 […]”.

88. De la respuesta mencionada supra, obra la respectiva constancia de envío,
como se observa a continuación37:

89. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Comisión de Regulación de Energía y Gas cumplió con los requisitos de i)
oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues,
de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.

90. La Sala encuentra que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
actor en debida forma, tal cual como se advierte del correo enviado al actor el 23 de
junio de 2023.

índice núm. 19 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
37 Cfr.

RONICO_S2023003013(.pdf) NroAc tua 19”. Archivo aportado en forma digital.

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Actor: Juan Carlos Arias Molina

91. En cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra
que, si bien no se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que
a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por lo que cualquier orden que
sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría inane.

92. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que la Comisión, dentro de lo confuso que resultaba ser
el derecho de petición, incluso advirtió algún tema relacionado con sus
competencias y le explicó al actor lo relacionado con “[…] el acatamiento de la
providencia del 5 de abril de 2021, en la cual el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, […] decidió decretar la
suspensión provisional del aparte contenido en el parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución CREG 108 de 1997 que indica “los porcentajes que fijen las empresas
en las condiciones uniformes del contrato” […]”.

93. La Sala considera que, en relación con la respuesta de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, se garantizó el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio durante el
trámite de la acción de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Análisis frente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la
Función Pública

94. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que el Procurador
Delegado Segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, mediante el
Oficio núm. E-2023-139499 de 21 de abril de 2023, remitió la petición del actor a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Presidencia de la
República y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de lo cual obra la
respectiva constancia38, mediante la cual se certifica el envío del Oficio mencionado
supra:

38Cfr. índice núm. 18 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_TRASLADOMASIVOVALL(.png ) NroActua 18”. Archivo aportado en forma digital.

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Actor: Juan Carlos Arias Molina

95. Igualmente, obra el Oficio núm. E-2023-139499 de 25 de abril de 2023,
mediante el cual se le puso en conocimiento al actor dicha remisión y frente al cual
también obra la respectiva constancia39:

96. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

97. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

97.1. En la sentencia de 19 de abril de 202140, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de

39 Cfr.índice núm. 18 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RESPUESTAMASIVACAS(.png ) NroActua 18”.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Actor: Juan Carlos Arias Molina

2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)

97.2. En la sentencia de 30 de junio de 202041, se expresó que:

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

98. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que frente a la
Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
no se observa vulneración alguna al derecho fundamental del actor, toda vez que,
conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder,
deberá remitir la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual
aconteció en el caso sub examine.

99. Finalmente, la Sala advierte que conforme las demás respuestas objeto de
análisis, el actor ya obtuvo respuesta a su petición.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

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Actor: Juan Carlos Arias Molina

Análisis frente a las demás pretensiones formuladas por el actor

100. El actor señaló que las autoridades demandadas también vulneraron otros
derechos fundamentales con ocasión a las siguientes acciones: i) omitir asistir al
“[...] consejo comunal de capacitación [...]” que se llevó a cabo el 26 de mayo de
2023; ii) exigir el “[...] CERTIFICADO DE LIBETAD (sic) Y TRADICCION (sic)
CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]” para resolver sobre las solicitudes de
“[...] rompimiento de la solidaridad [...]”, iii) omitir investigar la conducta de “[...] la
directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE […] DIRECTORIA
NORIENTE […]” funcionarios de la Superintendencia; iv) omitir realizar un consejo
comunal “[...] para que todos los usuarios del cesar y la guajiras coloque sus
denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de servicios públicos
domiciliarios , y se garanticen, el núcleo esencial del derecho de petición, al debido
proceso administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad tipicidad,
acceder a la administración de justicia [...]”42; y v) no investigar “[…] LAS ALTAS
TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa […]”.

101. Al respecto, la Sala advierte que, como lo consideró en un caso similar al del
actor43, de conformidad con la naturaleza de las pretensiones44 formuladas respecto
de los reparos expuestos supra, estas escapan de la órbita del juez de tutela, en
atención a que no develan la vulneración de algún derecho fundamental, sino que
guardan relación con el cumplimiento de funciones por parte de servidores públicos.

102. Sumado a lo anterior, debe destacarse que el actor no expuso las razones
por las cuales las presuntas omisiones condujeron a la vulneración de sus garantías
fundamentales.

Conclusiones de la Sala

73. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a los reparos propuestos por el actor relacionados con su derecho

42 Transcripción literal.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de

2023, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02670-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
44 De conformidad con el numeral 11 de esta providencia.

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Actor: Juan Carlos Arias Molina

fundamental de petición respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas; y ii) en lo demás,
negará la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Presidente de la República, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas y la Procuraduría General de la Nación, por lo expuesto en esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a
los reparos propuestos por el actor relacionados con su derecho fundamental de
petición respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Comisión de Regulación de Energía y Gas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela presentada por el actor
contra las autoridades demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

41

Núm. único de radicación: 110010315000202302668-00
Actor: Juan Carlos Arias Molina

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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