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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02669-01

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02669-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01 Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02669-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJÍA RAMOS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARO
EL DERECHO DE PETICIÓN DEL ACTOR RESPECTO DE ALGUNAS
ENTIDADES AL NO RESPONDER LA SOLICITUD NI LA TOTALIDAD
DE LA MISMA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 3 de agosto de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 accedió al amparo del

derecho fundamental de petición solicitado frente a la COMISIÓN

DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG-2, la

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS-3 y la PROCURADURÍA

1
En adelante la Sección Quinta.
2
En adelante la CREG.
3
En adelante la SUPERSERVICIOS.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

GENERAL DE LA NACIÓN4 y lo denegó frente a la PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA5 y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P -

AFINIA GRUPO EPM6, entre otras.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la salud, a la defensa y a los principios

de legalidad y contradicción los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la PRESIDENCIA7, la CREG, la SUPERSERVICIOS

y la PROCURADURÍA, al no recibir una respuesta de fondo, clara y

concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 7 de marzo

de 2023.

4
En adelante la PROCURADURÍA.
5
En adelante la PRESIDENCIA.
6
En adelante CARIBEMAR.
7
Cabe señalar que si bien la acción de tutela se promueve contra la Presidencia de la República en toda
la solicitud se refiere al Presidente de la República, de ahí que se esté conociendo de la misma.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

I.2.- Hechos

Indicó que presentó un derecho de petición ante las entidades

accionadas el 7 de marzo de 2023, con el fin de que: i) no exijan

requisitos para la presentación de quejas y reclamaciones ante las

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que no

estén previstos en la Ley; ii) le den respuesta a los interrogantes

respecto de la normativa y jurisprudencia aplicable a los trámites de

peticiones, quejas y recursos de apelación respecto de la prestación

de los servicios públicos domiciliarios; iii) expliquen porque el 90%

de las decisiones de los recursos de queja y de apelación frente a la

prestación de los servicios públicos domiciliarios son resueltos de

forma desfavorable para los usuarios; iv) se le garantice el núcleo

esencial del derecho de petición; v) resuelvan los recursos de

apelación teniendo en cuenta la Resolución núm. 20218200163555

de 18 de mayo de 2021, expedida por la SUPERSERVICIOS; vi)

ordenen a los gerentes de las empresas de servicios públicos de

energía Air-e y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo

EPM, que se abstengan de suspender los servicios de energía hasta

no se resuelvan las quejas presentadas ante las mismas; vii) se dé

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

cumplimiento a la providencia de 5 de abril de 20218, proferida por

la Sección Primera del Consejo de Estado; viii) se ordene al Concejo

de Valledupar que presenten la metodología que utilizaron para

cobrar el impuesto de alumbrado público; y ix) se realice un consejo

comunal de servicios públicos en la ciudad de Valledupar (Cesar).

Puso de presente que hizo un requerimiento a la empresa de

energía9, para que:

“[…] le diera cumplimiento al artículo 130 de la ley 142 de 1994
modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, declarado
exequible por las sentencias C-493 de 1997, C-690/02, 2021 […]
donde la empresa declara improcedente y concede los recurso de
ley ante la superservicios , donde está según la
resolución20218600774525 DEL 3 de marzo del 2021 DONDE LA
Superservicios confirma LA decisión No 202030564576 del 24 de
agosto del 2020 alegando , QUE LA dirección que aparece en el
contrato de arriendo no coincide con la dirección que aparece en la
factura de energía donde la empresa y la superservicios NO tienen
el permiso del ministerio de la función pública para exigir requisito
no autorizado por la ley para por conceder el derecho esencial de
petición en la modalidad de cumplimiento […]”. (SIC en toda la
trascripción).

Sostuvo que se le debe dar una respuesta de fondo, clara y

congruente a cada una de las pretensiones de su solicitud, con el fin

de que se le garantice el núcleo esencial del derecho de petición, al

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, auto de 5 de abril de
2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-24-000-2020-00058-00, C.P.
Oswaldo Giraldo López.
9
El actor no indicó ante cual empresa radicó su solicitud.

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no haber recibido ningún pronunciamiento por parte de las entidades

demandadas.

Señaló que se debe investigar las denuncias y quejas contra los

funcionarios de la Dirección Territorial Noroccidente de la

SUPERSERVICIOS, comoquiera que, a su juicio, exigen requisitos

que no están previstos en la ley para dar trámite a las quejas y

solicitudes contra las empresas prestadoras de servicios públicos,

esto es, encontrarse al día con el pago de la factura solidaria y que

coincida el certificado de libertad y tradición del inmueble con la

dirección registrada en la factura en el lugar que se presta el servicio

de energía. Asimismo, que se expliquen las razones por las cuales el

90% de los recursos de apelación presentados por los usuarios se

resuelven desfavorablemente.

Adujo que actualmente no existe una norma que faculte a las

empresas de servicios públicos domiciliarios que suspendan los

servicios de forma unilateral sin que antes se expida un acto

administrativo en ese sentido.

Solicitó que no se le suspenda el servicio de energía y, asimismo, que

la PRESIDENCIA y la SUPERSERVICIOS “[…] manifiesten con que

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

fundamento constitucional y legal […] se niegan a asistir al consejo comunal

realizado por nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo

kammerer kammerer […], el 26 de mayo del 2023 en la cámara de

comercio de Valledupar, donde el fue el fundador de los comités de control

social de los servicios públicos mobiliarios, y necesitamos que estas

autoridades estén presente en este consejo comunal […] para que los

usuarios, vocales de control y comités de servicios públicos reciban sus

capacitaciones, hagan sus denuncia, contra las empresa de servicios

público, y contra la misma superservicios […]”.

Por último, reiteró las solicitudes que presentó en la petición de 7 de

marzo de 2023, objeto de la acción de tutela de la referencia.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela […] para que no me
suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el
superintendente asista al consejo comunal, y como mecanismo
definitivo y excepcional, para que el juez constitucional aplique el
bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la presidente de Colombia
como jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer sus

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competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al
superintendente de servicios publico ejercer sus funciones , la
procuraduría generar de la nación ejercer sus funciones los demás
funcionario de la superintendencia […] investigar esta denuncia y
quejas contra la directora oriente, […] donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los
usuarios […].

SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos
fundamentales y humano Al núcleo esencial del derecho de
petición, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa
contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de
justicia, a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8 y
25 de la convención americana de derecho humanos, a la salud a
la vida, a una vivienda digna, al principio de la buena fe confianza
legítima acto propio a una vivienda digna a la educación y ordene
a darme una respuesta, de fondo clara congruente y resuelva cada
una de las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con
que fundamento constitucional y legal el presidente y la
superservicicios se niega asistir al consejo comunal realizado por
nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo
kammerer kammerer […].

TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente el
doctor que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios,
asistan a este consejo comunal de conformidad con el artículo 2,
102, 103 y 270 de la constitución, para que socialicen el porcentaje
a tomar sobre cuál va hacer la desviación significativa de los
consumo de energía eléctrica […].

Cuarto QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LOS SEÑORES orden al superintendente de
servicio público y […] quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible, […]o quien haga sus
veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, le soliciten a
[…] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE, […] ENTRE OTROS manifieste
los siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos

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adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de
petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011, articulo 9 de la ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el
certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,
donde predominan la dirección de la factura de energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derechos de
petición por solidaridad, alegando que la dirección de las
certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra
la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta
catastral. levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al
104 de la ley 142 de 1994?,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los
recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al
día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998,
violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE
DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO
155 DE LA LEY 142 DE 1994?,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de
forma unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL
2017 T-79312012„C-38912002 C-060-05„C-558-2001,C-,T-
013/18, SU-1010, t-270/2004, T-398/2021,T-206/21 C-134 de
1994J-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T¬191 de 2008
T-281 de 2012T..189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo
de 2021„expedida por la superservicios, no es necesario aportar
otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa
presento factura a mi NOMBRE.

QUINTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] o quien haga sus veces superintendente delegado
para energía y gas combustible, […] o quien haga sus veces jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública , le soliciten a la
superintendencia de servicios público, QUE manifieste la
superservicicios porque más del 90% de los recurso de queja y de
apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerarquice funcional de las empresas de servicios
públicos […].

SEXTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO, Y LA PROCURADORA
GENERAL DE LA NACION ORDEN ALA LOS SEÑORES gustavo petro,
presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de
energía y gas y agua potable,[…] superintendente de servicio
públicos domiciliarios, […] o quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible, […] o quien haga sus
veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública me garanticen el núcleo esencial del derecho de petición
dándome una respuesta de fondo […].

SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ordene GERENTE GENERAL
DE AIR-E, y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia queja así
mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo […].

OCTAVO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de

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regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente
de servicio públicos domiciliarios, […] superintendente delegado
para energía y gas combustible, […] jefe oficina de control
disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia
preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021 […].

NOVENO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS
LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
sala contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero
ponente: Oswaldo Giralda López Norma demandada: aparte que
indica "los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones
uniformes del contrato- del parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución número 108 de 3 de julio de 1997 Demandante:
Procuraduría General de la Nación Demandado: La Nación —
Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía
y Gas Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno
(2021)Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia:
Procede la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo que faculta a las empresas prestadoras del servicio
público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que
constituyen desviaciones significativas […].

DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS,
ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA
METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese
a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía
al sector comercial y de servicios.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

DECIMO PRIMERO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN A LA LOS
SEÑORES señor presidente ASISTA un consejo comunal de
servicios público aquí en Valledupar para que se invisten a todos
los vocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones
de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las
delegadas de la superservicicios con la presencia también del
presidente y el superintendente de servicios públicos […].

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA SEÑORA
PROCURADORA ORDENEN A […] superintendente delegado para
energía y gas combustible, […] jefe oficina de control disciplinario
interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, A
DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la superservicicio y las
empresa de energía eléctrica , por violación a la constitución y la
ley, así mismo ordenen a las empresa de servicios públicos a retirar
de la factura de energía la deuda, y se abstengan de seguir
suspendiendo el servicio de energía de forma unilateral , hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia que son más
de 140 usuarios que tenemos este problema […].

DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al
principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad, RESUELVA DE
FONDO CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS PRETENCIONES
DE LA TUTELA INTEGRANDO el contradictorio., para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela,
como un todo inescindible" […].

DECIMO CUARTO que el señor magistrado y la señora
procuradora general de la nación ordenen a la superintendencia de
servicios público ordenen a la empresa de energía que si va a
continuar sus pendiendo el servicio de energía deberá expedir un
acto administrativo que garanticen el debido proceso
administrativo derecho de defensa contradicción legalidad, a una
tutela judicial efectiva, las garantías judiciales consagrada en los
articulo 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos,
DÁNDOLE CUMPLIMIENTO al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y
la sentencia 0-150 DEL 2003 , ASI MISMO inicie las sanciones
establecida en el artículo 81 de la ley 142 de 1994 por
suspenderme el servicio de energía de forma unilateral.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL
ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION aplique el bloque de
constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita conforme al principios DE
OFICIOSIDAD y de informalidad, Y CONCEDA esta acción de tutela
como mecanismo definitivo y excepcional protegiendo el núcleo
esencial de petición y los mecanismo de participación ciudadana
debido que el estado está en la obligación de garantizarme la vida
la honra y bienes, como garantizarme la participación de todos en
las decisiones que nos afecten […]”.10 (SIC en toda la trascripción)

I.4. Defensa

I.4.1.- La PRESIDENCIA señaló que, contrario a lo indicado por el

actor, la petición fue contestada por medio del Oficio núm. OFI23-

00047492 / GFPU 13150000 de 14 de marzo de 2023, de manera

clara y de fondo en el marco de sus competencias y en los términos

establecidos por la ley, informándole que remitió la misma a la

SUPERSERVICIOS, a través del Oficio núm. OFI23-00047052 /

GFPU 13150000 de la misma fecha, por ser la competente para

definir los temas relacionados con la correcta prestación de los

servicios públicos.

Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, comoquiera

que no se encarga de la inspección, vigilancia y control de los

10
Cabe resaltar que los numerales 1, 3 a 12 son la reiteración de las solicitudes del derecho de petición
objeto de la presente acción de tutela.

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servicios públicos domiciliarios, lo que, a su juicio, le corresponde a

la SUPERSERVICIOS.

Señaló que no puede compeler u obligar a la referida entidad para

que asista al Consejo Comunal que puso de presente el actor.

Adujo que no tiene competencia para atender los reclamos del actor,

pues en primera instancia es la empresa prestadora del servicio

público que realiza el cobro y en segunda la SUPERSERVICIOS,

razón por la cual, a su juicio, no debía ser vinculada como parte

pasiva de la presente acción de tutela.

Advirtió que la presente solicitud de amparo no cumple con el

requisito general de la subsidiariedad al no haberse agotado el

proceso administrativo ante las mencionadas entidades.

Finalmente, dijo que no le vulneró ningún derecho fundamental al

actor, por lo que solicitó ser desvinculada de la acción de tutela de la

referencia, por no tener legitimación en la causa por pasiva y, de

manera subsidiaria, denegar el amparo solicitado ante la inexistencia

de una acción u omisión que le haya vulnerado el derecho de petición

del actor.

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

I.4.2.- La CREG indicó que una vez revisado el sistema de gestión

documental no se encontró la radicación de la petición del actor,

debido a los múltiples correos enviados al buzón electrónico de la

entidad remitidos desde la dirección electrónica

melkiskammerer@hotmail.com, ocasionaron una alerta de

cuarentena por lo que varios correos se enviaron al buzón de “no

deseado” los cuales solo se podrían recuperar antes de que

transcurrieran treinta días; sin embargo, adujo que debido a las

múltiples denuncias cuando se da el traslado de las mismas a través

del auto admisorio de las acciones de tutela, procede a radicarlas con

el fin de darle el correcto trámite, lo cual no ocurrió en el presente

caso pues advirtió que se trataba del mismo escrito presentado

varias veces por el referido correo electrónico.

Aclaró que no tiene competencia para pronunciarse sobre situaciones

particulares que se presenten entre los usuarios y las empresas

prestadoras de los servicios públicos, como tampoco sobre la

solicitud del actor respecto de la función de vigilancia y control del

cumplimiento de las funciones de dichas empresas, pues esta función

la ejerce la SUPERSERVICIOS.

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

Manifestó que existen varias acciones de tutelas como la de la

referencia con identidad de objeto, causa y parte pasiva, por lo que,

a su juicio, se está frente a un abuso de ese amparo constitucional y

del derecho de petición generando una congestión judicial

innecesaria.

Por todo lo anterior, solicitó ser desvinculada por falta de legitimación

en la causa por pasiva de la acción de tutela de la referencia.

I.4.3.- La PROCURADURÍA manifestó que al verificar en el Sistema

de Información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo -

SIGDEA- no encontró solicitud alguna radicada por el actor que

estuviera pendiente por resolver, razón por la cual a su juicio no le

vulneró el derecho fundamental de petición.

Indicó que no puede intervenir en las decisiones de otras

autoridades, comoquiera que eso implicaría una coadministración y

una injerencia en las competencias de las mismas lo cual no tiene

permitido conforme a sus funciones.

Advirtió que la acción de tutela es improcedente debido a que se

configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues ya

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paso la fecha para llevar a cabo el consejo comunal de servicios

públicos en la ciudad de Valledupar (Cesar).

Finalmente, arguyó que no tiene legitimación en la causa por pasiva,

al no haberle sido presentada la petición objeto de la solicitud de

amparo.

I.4.4.- CARIBEMAR aclaró que debido al proceso de solución

empresarial de la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

• ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, en el que se

segmento el mercado, le correspondió prestar el servicio de energía

de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y algunos

municipios del Magdalena.

Señaló que el actor le presentó una reclamación el 14 de agosto de

2021 radicada con el núm. RE31102027566, la cual le dio respuesta

mediante el Oficio núm. 202030564576 de 24 del mismo mes y año,

en la que le informó que no era posible acceder a la solicitud de

ruptura de la solidaridad por cuanto el propietario o poseedor del

inmueble, el suscriptor y los usuarios son solidarios en sus

obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

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Adujo que contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de

reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos en

primer grado por la entidad el 21 de septiembre de 2020 mediante

el Oficio núm. 202030634692 y en segundo por la

SUPERSERVICIOS a través de la Resolución núm.

20218600774525 de 3 de diciembre de 2021, razón por la cual indicó

que se encuentra agotada el proceso administrativo y, a su juicio,

durante su trámite no se le vulneró derecho fundamental alguno al

actor.

Manifestó que una vez revisado el suministro objeto de la

reclamación del actor encontró que el servicio de energía está activo.

Advirtió que la acción de tutela de la referencia no cumple con el

requisito general de la subsidiariedad, dado que el actor tiene a su

disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento contra

los actos administrativos que le denegaron la solicitud de ruptura de

la solidaridad de la prestación del servicio de energía por las deudas

vencidas. Asimismo, indicó que la parte actora tampoco acreditó un

perjuicio irremediable para que sea procedente el presente amparo

constitucional.

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Finalmente, solicitó que por lo anterior de declare improcedente la

acción de tutela de la referencia.

I.4.5.- CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - Air-e11 sostuvo

que no tiene registrado en su sistema el suministro objeto de la

reclamación del actor, pues no presta el servicio de energía en los

departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, como

consecuencia de la segmentación de los usuarios que se hizo con

CARIBEMAR.

Solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela por falta de

legitimación de la causa por pasiva, toda vez que, en su sentir, la

empresa llamada a contestar la acción de tutela de la referencia es

CARIBEMAR al ser la prestadora del servicio de energía al actor.

I.4.6.- La SUPERSERVICIOS pese a ser debidamente notificada del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de agosto de 2023, la SECCIÓN QUINTA

11
En adelante CARIBESOL.

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denegó las solicitudes de desvinculación de la PRESIDENCIA, la

CREG y la PROCURADURÍA; accedió al amparo del derecho

fundamental de petición solicitado frente a la CREG,

SUPERSERVICIOS y la PROCURADURÍA; denegó dicho amparo

respecto de la PRESIDENCIA y CARIBEMAR; declaró improcedente

la acción de tutela en cuanto a las demás pretensiones de la demanda

y en lo concerniente a los reparos expuestos contra la Resolución

núm. 20218600774525 del 3 de diciembre de 2021, expedida por la

SUPERSERVICIOS.

Indicó que la PRESIDENCIA contestó la petición del actor a través

del Oficio núm. OFI23-00047492 / GFPU 13150000 de 14 de marzo

de 2023, informándole que remitió la misma a la

SUPERSERVICIOS, a través del Oficio núm. OFI23-00047052 /

GFPU 13150000 de la misma fecha y de igual forma frente a

CARIBEMAR señaló que anexó junto con la contestación la

respuesta a la solicitud de 7 de marzo de 2023, a través del Oficio

núm. 202370130021 de 17 de marzo de 2023, razón por la cual

denegó el amparo solicitado respecto de esas entidades.

Advirtió que comoquiera que dentro del expediente obra prueba de

que el actor radicó la petición de 7 de marzo de 2023, a través de la

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dirección electrónica de la PROCURADURÍA y la CREG dispuesta

para ello, debían contestar de fondo la solicitud objeto de la acción

de tutela de la referencia. Asimismo, puso de presente que la

SUPERSERVCIOS no presentó ninguna documentación relacionada

con la respuesta a la referida petición, dado que guardó silencio, por

lo que en vista de lo anterior amparó el derecho fundamental de

petición frente a las mencionadas entidades.

Manifestó que no encontró una vulneración al debido proceso por

CARIBERMAR, toda vez que surtió todo el trámite del proceso

administrativo con la normativa aplicable para el caso concreto, el

cual finalizó con la Resolución núm. 20218600774525 del 3 de

diciembre de 2021, el cual determinó que no procedía la ruptura de

la solidaridad pretendida por el actor.

Señaló que en cuenta a las demás pretensiones de la demanda no

cumplen con el carácter subsidiario del amparo constitucional que

impone al interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios

de defensa para la protección de sus derechos fundamentales,

máxime si se observa que el debate planteado por el actor “[…] radica

en la inconformidad que tiene no solo por la decisión en sede

administrativa frente a su solicitud de ruptura de solidaridad de la

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deuda, sino con las funciones y competencias de las autoridades

demandadas, para lo cual no está consagrada la acción de tutela

[…]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

III.1.- La SUPERSERVICIOS impugnó la decisión proferida en

primera instancia y solicitó revocarla, comoquiera que a través del

Oficio núm. 20238601386861 de 24 de abril de 2023, resolvió de

fondo la petición del actor de 7 de marzo de 2023, en el que le

informó el trámite administrativo para presentar los reclamos por la

suspensión de los servicios públicos domiciliarios y le aclaró que los

mismos solo los conoce en segunda instancia y en primera la

empresa prestadora, por lo que solo puede resolverlos cuando se

agote el proceso administrativo ante la empresa de servicios públicos

y el usuario haya presentado los recursos de ley.

III.2.- La CREG manifestó que el a quo pasó los argumentos

expuestos con la contestación de la demanda en cuanto a la

imposibilidad de darle trámite a la petición presentada por el actor,

como consecuencia del gran volumen de correos recibidos por la

dirección de correo electrónico melkiskammerer@hotmail.com, los

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cuales no pueden ser recuperados para darle el respectivo trámite e

impidiendo su radicación.

Adujo que debido a lo anterior no le fue posible conocer el contenido

de la petición del actor pues no le fue remitida con el traslado de la

admisión de tutela de la referencia ni pudo consultar el expediente

en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial, SAMAI, al no tener

acceso, por lo que concluyó que no podía dar cumplimiento a la orden

impartida por la SECCIÓN QUINTA.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199112. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor pretende obtener el amparo de su

derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la falta

de respuesta a la solicitud que elevó el 7 de marzo de 2023 ante la

PRESIDENCIA, la CREG, la SUPERSERVICIOS y la

PROCURADURÍA.

"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
12

Política".

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que, a través de providencia

de 3 de agosto de 2023, denegó las solicitudes de desvinculación de

la PRESIDENCIA, la CREG y la PROCURADURÍA; accedió al

amparo del derecho fundamental de petición solicitado frente a la

CREG, SUPERSERVICIOS y la PROCURADURÍA; denegó dicho

amparo respecto de la PRESIDENCIA y CARIBEMAR; declaró

improcedente la acción de tutela en cuanto a las demás pretensiones

de la demanda y en lo concerniente a los reparos expuestos en contra

de la Resolución núm. 20218600774525 del 3 de diciembre de 2021,

expedida por la SUPERSERVICIOS.

Como consecuencia de lo anterior, la decisión proferida en primera

instancia fue impugnada por la SUPERSERVICIOS alegando que le

dio respuesta a la petición del actor mediante el Oficio núm.

20238601386861 de 24 de abril de 2023 y por la CREG que afirmó

que no podía dar cumplimiento a la misma, comoquiera que conoció

el contenido de la solicitud objeto de la solicitud de amparo pues no

le fue remitida con el traslado de la admisión de tutela de la

referencia ni pudo consultarla en el expediente en SAMAI al no tener

acceso.

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En ese orden de ideas, la Sala circunscribirá su estudio a los

argumentos expuestos en la impugnación y procederá a determinar

si la SUPERSERVICIOS y la CREG vulneraron el derecho

fundamental de petición del actor.

Para resolver el problema jurídico, la Sala hará mención al marco

jurídico del derecho de petición y enseguida estudiará el fondo del

asunto.

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 201113, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.

13
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

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El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201514 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

14
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

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al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Descendiendo al caso concreto y una vez revisadas las pruebas

obrantes en el proceso de la referencia, la Sala observa que el actor

presentó la petición objeto de la solicitud de amparo de la referencia

el 7 de marzo de 2023, a través de la cual solicitó lo siguiente:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y
queja de conformidad con los artículos,
1,2,3,4,6,13,20,23,29,83,84,85,86,90,93,208,209,210,228,229,3
65, al 370 de la constitución, […] el presidente y director de la
comisión de regulación de energía y gas conforme al artículo 3
numeral 1 de la resolución 108 de 1997 doctor gustavo petro […]
superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública, para que ordenen a
la directora a revocar la resolución no, por medio de la cual se
resolvió confirme la decesión de la empresa, alegando que la
dirección que aparece en el certificado de libertad y tradición, y el,
certificado de nomenclatura la dirección no coincide con la
registrada en la factura de energía, donde predomina la dirección
de la empresa exigiendo requisito no autorizado por la constitución
y la ley y la jurisprudencia, que hace transito a cosa juzgada la
sentencia de tutela T-636 del 2006, y la sentencia de segunda
instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de

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septiembre de dos mil veintiuno (2021) asi mismo el presidente de
conformidad con el artículo 3 numeral 1 de la resolución 108
modifique el artículo 37 Parágrafo 1º, de igual forma ordene al
superintendente de servicios públicos iniciar las sanciones contra
las empresa afinia y air-e por estar suspendiendo el servició de
energía de forma unilateral sin ante expedir un acto administrativo,
de igual forma de loas tutelas que presenta diariamente la oficina
de queja y reclamo con el correo melkiskammerer@hotmail.com
sobre tutela por suspensión ilegal, se tome como denuncia para
investigar la empresa que omitió el artículo 1534 de la ley 142 de
1994, así mismo el presidente investigue el alto consumo del
consumo de aseo en Valledupar, donde tiene una sola oficina a más
de 3 kilómetros de distancia con las demás empresa de servicios
público de Valledupar en una zona peligrosa […].

SEGUNDO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas
combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública, le soliciten a la superintendencia de servicios publico
manifieste los siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos
adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de
petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el
certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,
donde predominan la dirección de la factura de energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de
petición por solidaridad, alegando que la dirección de las
certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra
la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta
catastral, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al
104 de la ley 142 de 1994? ,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los
recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al
día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998,
violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE

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DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO
155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de
forma unilateral sin expedir un acto administrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL
2017 T793/2012, ,C-389/2002 C-060-05, ,C-558-2001,C-,T-
013/18, SU-1010, t-270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de
1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T191 de 2008
T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿que la superservicicios explique cuáles son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo
de 2021, expedida por la superservicios, no es necesario aportar
otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa
presento factura a mi NOMBRE.

TERCERO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas
combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública , le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE
manifieste la superservicicios porque más del 90% de los recursos
de queja y de apelación son fallado en contra siendo entidad de
segunda instancia el superior jerárquico funcional de las empresas
de servicios públicos, que juro cumplir la constitución y la ley,
exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley, para
no darle tramites al núcleo esencial del derecho de petición
cometiendo prevaricato por acción omisión y extralimitación de
funciones, donde ni la superservicios, ni la empresa manifiestan
cual es la ley que la facultan para exigir el , certificado de libertad
y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el
certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas
certificaciones, la dirección no coincide con la factura de energía,
niega el derecho de petición, sin que la empresa aporte la carta
catastral y el levantamiento CATASTRAL , que define cual es la
dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad
en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que
de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley n142 de 1994
es al municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar
las direcciones de las vivienda, y otorgar los subsidio, además la
superservicios exige como requisito absoluto, el pago de la factura
solidaria, sin importar que el usuarios se abstienen de pagarla, y la
pone en reclamo, a la súper no le importa esto o la paga, o la paga
sin importar que esa factura solidaria sea una sanción […]

CUARTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia
y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el
núcleo esencial del derecho de petición dándome una respuesta de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los
solicitado, en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones, concediendo los recursos de
reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional
que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que
es el control de autotutela que se ve complementado con la revisión
superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos
para la culminación de la vía gubernativa. […]

QUINTO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL
DE AIR-E, y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia queja así
mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de
1994, donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

misma ley cuando este artículo fue declarado exequible junto con
el 130 de forma acondicionada en la sentencia c-150 del 2003 en
el entendido que las empresa deberá garantizar el debido proceso
administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantía judiciales.

SEXTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es
necesario aportar otro requisito, que ya se encuentran en poder de
la empresa como es el certificado de libertad y tradición , por lo
que lo puede consultar en la página de la oficina de instrumentos
públicos que el señor presidente ordene a la empresa de energía y
a la superservicios que manifiesten bajo la gravedad de juramento
cuales son los fundamentos constitucionales para poder exigirlo,
señalar la ley numéricamente? DONDE ESTA SUPERSERVCICIOS
LE DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9, 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,)

SEPTIMO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO
PETRO, COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE
ENRGIA Y GAS LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL
CONSEJO DE ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN
PRIMERA Consejero ponente: Oswaldo Giraldo LópezNorma
demandada: aparte que indica “los porcentajes que fijen las
empresas en las condiciones uniformes del contrato” del parágrafo
1 del artículo 37 de la Resolución número 108 de 3 de julio de 1997
Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandado: La
Nación – Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de
Energía y Gas.Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02669-01
Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

(2021) Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia:
Procede la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo que faculta a las empresas prestadoras del servicio
público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que
constituyen desviaciones significativas. […]

OCTAVO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO
PETRO, COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE
ENERGIA Y GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE
PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen
recaudando 100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en
las factura de energía al sector comercial y de servicios

Noveno que el señor presidente realice un consejo comunal de
servicios publico aqui en Valledupar para que se invisten a todos
los vocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones
de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las
delegadas de la superservicicios con la presencia también del
presidente y el superintendente de servicios públicos, donde el
presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como
es el doctor JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA
C-558 DEL 2001 DONDE LA EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR
MAS DE 20 AÑOS VIENEN INTERPRETANDOLA ERRONEAMENTE
exigiendo que lo usuarios estén a paz y salvo en la factura para
poder darle tramite a los recursos de ley, donde exigen el pago de
deuda hasta del 1998 , así mismo invitar con el magistrado Manuel
José cepeda espinosa ponente de la sentencia c-150 del 2003,
donde dejo en claro que las empresa no pueden suspender el
servicio de energía apisona sujeta de protección constitucional, y
que deben expedir un acto administrativo, debido que ningún
abogado de la superservicicios se encuentra capacitado para
contestar las preguntas que realice melkis Kemmerer que ha vivido
en carne propia 20 años de atropello de la superservicicios, que es
un elefante blanco , ante los usuarios de la costa que se demora
para fallar unos recurso hasta 48 meses cunado la norma establece
un plazo máximo de 90 días si hay prueba, así mismo señores
autoridades si no fuera por melkis Kemmerer las empresa de
servicios de energía todavía tuvieran cobrando sanciones y energía
dejadas de facturar gracia a dios que la sentencia que ganó ante la
cortes constitucional anularon todos estos cobros ilegales en la

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sentencia T-270 DEL 2004 […]”.

La citada petición fue presentada el 7 de marzo de 2023, a través de

mensaje de datos dirigida a la PRESIDENCIA, a la CREG, a la

SUPERSERVICIOS y a la PROCURADURÍA, como se advierte a

continuación:

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que la solicitud del actor le

fue enviada a la CREG, tal y como se observa de la constancia de

envío visible en precedencia, lo que lleva a concluir que le asiste

razón al a quo en determinar que dicha entidad le vulneró el derecho

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

fundamental de petición al no dar una respuesta a la solicitud de 7

de marzo de 2023.

Adicionalmente, cabe señalar que no es de recibo para la Sala el

argumento de la entidad consistente en que no tramitó la petición

por no tener acceso al expediente, toda vez que de su escrito de

contestación se advierte que tiene conocimiento tanto de la

radicación de la petición como del trámite de la presente acción

constitucional, por lo que es su deber otorgarle al actor una respuesta

clara, precisa y de fondo frente a su solicitud.

Ahora, respecto de la SUPERSERVICIOS, la Sala observa que,

durante el trámite de la presente impugnación, contestó la demanda

y afirmó que le dio respuesta a la petición del actor a través de Oficio

núm. 20238601386861 de 24 de abril de 2023, en el que le indicó lo

siguiente:

“[…] Cordial saludo.

En atención a la comunicación de la referencia, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliaros –en adelante Superservicios –,
recibió petición interpuesta por usted con los siguientes radicados:
20235290949712, 20238600168402, 20238600118362,
20228602696892 y 20225292597452 los cuales versan sobre la
misma petición y se encuentran en el expediente
2023860340102849E., por lo cual nos permitimos informar lo
siguiente:

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Respetado usuario, en el trámite especial de reclamación establecido
en la Ley 142 de 1994 se indica que las inconformidades enmarcadas
en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, deben iniciar en primera
instancia en sede del prestador.

Por ello, es importante resaltar que, si su inconformidad está
relacionada con las deudas que pudo haber dejado un inquilino en
su inmueble, usted puede iniciar el proceso de reclamación por
rompimiento de solidaridad en sede del prestador del servicio,
aportando todos los documentos necesarios para demostrar la
propiedad y/o posesión del inmueble, el vínculo solidario y los demás
requisitos para hacer exigibles sus derechos.

En cuanto a su pretensión sobre “DARLE tramite nuevamente al
núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho
superado con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo
lo requisito exigido de forma inconstitucional por la misma empresa,
para que procediera, resolver de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión, atendiendo los solicitado, en su totalidad, que no sea
aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones”, dicho esto,
se observa que usted no aporta copia la decisión empresarial que la
empresa otorgó como respuesta a su derecho de petición lo que
impide determinar si somos o no competente para tramitar en
segunda instancia el recurso concedido por la prestadora el cual
puede ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto
por el prestador en cada actuación administrativa a recurrir, los
cuáles deben ser presentado de manera independiente toda vez que
cada uno de ellos resuelve tramites diferentes.

Dicho lo anterior y para que tenga mayor claridad sobre nuestras
competencias, se indica que, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD) en ejercicio de las funciones de control
y vigilancia frente a las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios previstas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994,
modificadas por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y artículo 24
numeral 3 del Decreto 1369 de 2020, le corresponde resolver los
recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme
a lo establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994 modificado
por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001.

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

El artículo 154 ibídem establece mecanismos que hacen
posible la defensa de los derechos de los usuarios y
suscriptores, entre ellos los de presentar reclamaciones ante
las empresas prestadoras de servicios públicos, mediante
derecho de petición. No obstante, la defensa permitida encuentra
una limitante, en cuanto se establece que “En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos
(Subrayado fuera de texto)”.

Es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994,
establece el procedimiento que deben seguir los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas,
reclamos y recursos; además esta ley establece que esta
Superservicios es un órgano de segunda instancia, que vigila las
actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución
del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas
reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su
competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a
la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo
haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no
esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera
que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación.

Es de anotar, que las “causales de reclamación” sobre las cuales
procede el otorgamiento y la interposición del “recurso de
reposición, y en subsidio de apelación por las decisiones que adopten
las empresas en las reclamaciones de los usuarios, están
establecidas en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, como son:
Los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación,
corte y facturación que realicen las empresas.

Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera
instancia su inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LAS
COSTA S.A E. S. P (AFINIA GRUPO EPM), la cual contara con un
término de (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la
presentación para responder. Para efectos de la notificación de dicha
respuesta la entidad prestadora tendrá un término de 5 días hábiles
contados a partir de la expedición del acto, dentro del cual le enviará
una citación con el fin de que se acerque a sus instalaciones para
que se notifique personalmente de la respuesta. Si el usuario no

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acude a la empresa dentro de los (5) días hábiles contados a partir
del envío de la citación, esta notificará la respuesta por medio de
AVISO, notificación que se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al de su entrega, en el lugar de destino. (Arts.158 y 159
Ley 142 de 1994).

El término para dar respuesta puede ser ampliado por el prestador,
cuando excepcionalmente se presente alguna circunstancia que de
motivo a ello. En este caso le deberán enviar una comunicación -de
inmediato- por parte del prestador, en el que le informen los motivos
de la demora y el plazo razonable en que se le resolverá o dará
respuesta definitiva.

En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la
empresa, se debe interponer en un mismo escrito el Recurso de
Reposición y Subsidiariamente el de Apelación ante el gerente
o representante legal de la prestadora, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial;
teniendo en cuenta que si el usuario deje vencer los términos legales
para interponer tales recursos, se entiende agotada la Actuación
Administrativa, quedando en firme la decisión tomada por la
empresa, pudiendo entrar ésta a cargar en la factura los valores
reclamados.

Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma empresa
y no el usuario, quien envía el expediente para que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios falle el recurso
subsidiario de apelación, en segunda y última instancia.

Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el recurso de
apelación, deberá interponer Recurso de Queja, ante ésta
Superservicios, dentro de los de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del
acto empresarial del rechazo, y sustentando concretamente los
motivos de inconformidad del citado rechazo, de acuerdo a los
argumentos dados por la empresa.

Adicional a los tramites anteriores se puede presentar que
transcurridos (15) días hábiles desde la presentación de la petición,
queja o recurso por parte del usuario en la empresa ésta no ha
emitido respuesta o no ha notificado debidamente la decisión dentro
de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respuesta, se

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

configura el Silencio Administrativo Positivo, el cual deberá ser
reconocido por la empresa dentro de las 72 horas siguientes al
vencimiento del término de los quince (15) días hábiles. Si no lo
hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de
Servicios Públicos la imposición de las sanciones a que haya lugar
conforme a la ley y el reconocimiento de los efectos positivos de su
petición. (Artículo 123, Decreto Ley 2150/1995,).

Ahora bien, relacionado a su solicitud se observa que usted no
aporta copia la decisión empresarial que la empresa otorgo como
respuesta a su derecho de petición lo que impide determinar si
somos o no competente para tramitar en segunda instancia el
recurso concedido por la prestadora el cual puede ser el de apelación
o el de queja dependiendo de lo resuelto por el prestador en cada
actuación administrativas a recurrir, los cuales deben ser presentado
de manera independiente toda vez que cada uno de ellos resuelve
tramites diferente ejemplo el recurso de reposición subsidio de
apelación debe ser presentados, en un mismo escrito ante el
prestador el cual es el órgano funcional de primera instancia tal y
como lo establece la ley 142 del 94 y situación diferente se presenta
cuan do la empresa rechaza el recurso de apelación y concede el
recurso queja, el cual debe ser presentado ante e ésta
Superservicios, dentro de los de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del
acto empresarial del rechazo […]”.

En vista de lo anterior, es claro que la SUPERSERVICIOS le explicó

al accionante el procedimiento que deben seguir los usuarios de los

servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas,

reclamos e interponer recursos conforme a las normas vigentes y,

asimismo, le puso de presente que no era posible dar trámite a su

reclamación comoquiera que no allegó copia de la petición dirigida a

la empresa de servicios públicos para determinar en qué instancia la

debía conocer, despachando así los interrogantes establecidos en los

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

puntos 4 y 5 de la petición.

No obstante, la Sala advierte que dicha entidad no se pronunció sobre

las inquietudes de los puntos 1, 2, 3 y 6 de la petición, siendo de su

competencia, razón por la cual la SUPERSERVICIOS debe dar

respuesta de fondo, completa, clara, precisa y congruente con lo

solicitado, a todos los interrogantes planteados en la petición

presentada el 7 de marzo de 2023.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de

primera instancia que amparó el derecho de petición del actor,

conforme a lo explicado en precedencia, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Actor: ENRIQUE ERASMO MEJIA RAMOS

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de octubre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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