Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02683-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02683-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02683-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02683-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: BELKIS TOMASA TORRES
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO AL DERECHO DE PETICIÓN FRENTE
A ALGUNAS ENTIDADES, POR FALTA DE PRUEBA SOBRE LA
RADICACIÓN DE LA SOLICITUD Y POR HABER CONTESTADO EN
TIEMPO. SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO FRENTE ALGUNAS ENTIDADES POR RESPONDER LA
PETICIÓN DE LA ACTORA DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA. SE AMPARA EL DERECHO DE PETICIÓN
RESPECTO DE ALGUNAS ENTIDADES AL NO RESPONDER LA
TOTALIDAD DE LA SOLICITUD DE LA ACTORA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA1, las COMISIONES DE
REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG-2 y DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA-3, la SUPERINTENDENCIA DE
1
En adelante la PRESIDENCIA.
2
En adelante la CREG.
3
En adelante la CRA.
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Actora: BELKIS TOMASA TORRES
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS-4 y
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN5.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora BELKIS TOMASA TORRES, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, salud, defensa y a los principios de
legalidad y contradicción los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por la PRESIDENCIA6, la CREG, la CRA, la SUPERSERVICIOS y la
PROCURADURÍA, al no recibir una respuesta de fondo, clara y
concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el 8 de marzo
de 2023.
4
En adelante la SUPERSERVICIOS.
5
En adelante la PROCURADURÍA.
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Cabe señalar que si bien la acción de tutela se promueve contra la Presidencia de la República en toda
la solicitud se refiere al Presidente de la República, de ahí que se esté conociendo de la misma.
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Actora: BELKIS TOMASA TORRES
I.2. Hechos
Indicó que presentó un derecho de petición ante las entidades
accionadas el 8 de marzo de 2023, con el fin de que: i) no exijan
requisitos para la presentación de quejas y reclamaciones ante las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que no
estén previstos en la Ley; ii) le den respuesta a los interrogantes
respecto de la normativa y jurisprudencia aplicable a los trámites de
peticiones, quejas y recursos de apelación respecto de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios; iii) expliquen porque el 90%
de las decisiones de los recursos de queja y de apelación frente a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios son resueltos de
forma desfavorable para los usuarios; iv) se le garantice el núcleo
esencial del derecho de petición; v) resuelvan los recursos de
apelación teniendo en cuenta la Resolución núm. 20218200163555
de 18 de mayo de 2021, expedida por la SUPERSERVICIOS; vi)
ordenen a los gerentes de las empresas de servicios públicos de
energía Air-e y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia Grupo
EPM, que se abstengan de suspender los servicios de energía hasta
no se resuelvan las quejas presentadas ante las mismas; vii) se dé
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cumplimiento a la providencia de 5 de abril de 20217, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado; viii) se ordene al Concejo
de Valledupar que presenten la metodología que utilizaron para
cobrar el impuesto de alumbrado público; y ix) se realice un consejo
comunal de servicios públicos en la ciudad de Valledupar (Cesar).
Puso de presente que hizo un requerimiento a la empresa de
energía8, para que:
“[…] le diera cumplimiento al artículo 130 de la ley 142 de 1994
modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, declarado
exequible por las sentencias C-493 de 1997, C-690/02 donde la
empresa declara improcedente y concede los recurso de ley ante
la superservicios , donde está según la SSPD20218200104465 del
28-04-2022 ,DONDE LA SUPERSERVCICIOS confirma LA decisión
No 202170046394 del 17 de febrero del 2021 alegando , QUE LA
dirección que aparece en el contrato de arrendamiento NO coincide
con la dirección de la factura de energía , ,donde la empresa y la
superservicios NO tienen el permiso del ministerio de la función
pública para exigir requisito no autorizado por la ley para por
conceder el derecho esencial de petición en la modalidad de
cumplimiento y decretar el rompimiento de la solidaridad […]”.
(SIC en toda la trascripción).
Sostuvo que se le debe dar una respuesta de fondo, clara y
congruente a cada una de las pretensiones de su solicitud, con el fin
de que se le garantice el núcleo esencial del derecho de petición, al
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, auto de 5 de abril de
2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-24-000-2020-00058-00,
C.P. Oswaldo Giraldo López.
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La actora no indicó ante cual empresa radicó su solicitud.
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Actora: BELKIS TOMASA TORRES
no haber recibido ningún pronunciamiento por parte de las entidades
demandadas.
Señaló que se debe investigar las denuncias y quejas contra los
funcionarios de la Dirección Territorial Noroccidente de la
SUPERSERVICIOS, comoquiera que, a su juicio, exigen requisitos
que no están previstos en la ley para dar trámite a las quejas y
solicitudes contra las empresas prestadoras de servicios públicos,
esto es, encontrarse al día con el pago de la factura solidaria y que
coincida el certificado de libertad y tradición del inmueble con la
dirección registrada en la factura en el lugar que se presta el servicio
de energía. Asimismo, que se expliquen las razones por las cuales el
90% de los recursos de apelación presentados por los usuarios se
resuelven desfavorablemente.
Señaló que actualmente no existe una norma que faculte a las
empresas de servicios públicos domiciliarios que suspendan los
servicios de forma unilateral sin que antes se expida un acto
administrativo en ese sentido.
Solicitó que no se le suspenda el servicio de energía y, asimismo, que
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la PRESIDENCIA y la SUPERSERVICIOS “[…] manifiesten con que
fundamento constitucional y legal el presidente y la superservicicios se
niegan a asistir al consejo comunal realizado por nuestro de defensor por
más de 20 años melkis Guillermo kammerer kammerer […], el 26 de mayo
del 2023 en la cámara de comercio de Valledupar, donde el fue el fundador
de los comités de control social de los servicios públicos mobiliarios, y
necesitamos que estas autoridades estén presente en este consejo comunal
[…] para que los usuarios, vocales de control y comités de servicios públicos
reciban sus capacitaciones, hagan sus denuncia, contra las empresa de
servicios público, y contra la misma superservicios […]”.
Por último, reiteró las solicitudes que presentó en la petición de 8 de
marzo de 2023, objeto de la acción de tutela de la referencia.
I.3. Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRETENSIONES
PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela […] para que no me
suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el
superintendente asista al consejo comunal, y como mecanismo
definitivo y excepcional, para que el juez constitucional aplique el
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bloque de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la presidente de Colombia
como jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer sus
competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al
superintendente de servicios publico ejercer sus funciones , la
procuraduría generar de la nación ejercer sus funciones los demás
funcionario de la superintendencia […] investigar esta denuncia y
quejas contra la directora oriente, […] donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los
usuarios […].
SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos
fundamentales y humano Al núcleo esencial del derecho de
petición, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa
contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de
justicia, a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8 y
25 de la convención americana de derecho humanos, a la salud a
la vida, a una vivienda digna, al principio de la buena fe confianza
legitima acto propio a una vivienda digna a la educación y ordene
a darme una respuesta , de fondo clara congruente y resuelva cada
una de las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con
que fundamento constitucional y legal el presidente y la
superservicicios se niega asistir al consejo comunal realizado por
nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo
kammerer kammerer […].
TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente el
doctor que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios,
asistan a este consejo comunal de conformidad con el artículo 2,
102, 103 y 270 de la constitución, para que socialicen el porcentaje
a tomar sobre cuál va hacer la desviación significativa de los
consumo de energía eléctrica […].
Cuarto QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LOS SEÑORES orden al superintendente de
servicio público y […] quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible, […]o quien haga sus
veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios„ le soliciten a
[…] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE, […] ENTRE OTROS manifieste
los siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos
adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de
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petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011, articulo 9 de la ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el
certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura,
donde predominan la dirección de la factura de energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derechos de
petición por solidaridad, alegando que la dirección de las
certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra
la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta
catastral. levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al
104 de la ley 142 de 1994?,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los
recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al
día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998,
violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE
DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO
155 DE LA LEY 142 DE 1994?,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de
forma unilateral sin expedir un acto admi9nistrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL
2017 T-79312012„C-38912002 C-060-05„C-558-2001,C-,T-
013/18, SU-1010, t-270/2004, T-398/2021,T-206/21 C-134 de
1994J-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T¬191 de 2008
T-281 de 2012T..189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003
E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo
de 2021„expedida por la superservicios, no es necesario aportar
otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa
presento factura a mi NOMBRE.
QUINTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] o quien haga sus veces superintendente delegado
para energía y gas combustible, […] o quien haga sus veces jefe
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oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública , le soliciten a la
superintendencia de servicios público, QUE manifieste la
superservicicios porque más del 90% de los recurso de queja y de
apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerarquice funcional de las empresas de servicios
públicos […].
SEXTO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO, Y LA PROCURADORA
GENERAL DE LA NACION ORDEN ALA LOS SEÑORES gustavo petro,
presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de
energía y gas y agua potable,[…] superintendente de servicio
públicos domiciliarios, […] o quien haga sus veces superintendente
delegado para energía y gas combustible, […] o quien haga sus
veces jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública me garanticen el núcleo esencial del derecho de petición
dándome una respuesta de fondo […].
SEPTIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ordene GERENTE GENERAL
DE AIR-E, y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia queja así
mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo […].
OCTAVO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente
de servicio públicos domiciliarios, […] superintendente delegado
para energía y gas combustible, […] jefe oficina de control
disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia
preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021 […].
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Actora: BELKIS TOMASA TORRES
NOVENO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS
LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
sala contenciosa administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero
ponente: Oswaldo Giralda López Norma demandada: aparte que
indica "los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones
uniformes del contrato- del parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución número 108 de 3 de julio de 1997 Demandante:
Procuraduría General de la Nación Demandado: La Nación —
Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía
y Gas Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno
(2021)Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia:
Procede la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo que faculta a las empresas prestadoras del servicio
público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que
constituyen desviaciones significativas […].
DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA
DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES
QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS,
ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA
METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL IMPUESTO DE
ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese
a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía
al sector comercial y de servicios.
DECIMO PRIMERO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS SEÑORES ORDEN A LA LOS
SEÑORES señor presidente ASISTA un consejo comunal de
servicios público aquí en Valledupar para que se invisten a todos
los vocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones
de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las
delegadas de la superservicicios con la presencia también del
presidente y el superintendente de servicios públicos […].
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA SEÑORA
PROCURADORA ORDENEN A […] superintendente delegado para
energía y gas combustible, […] jefe oficina de control disciplinario
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interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, A
DAR RESPUESTA a mi denuncia contra la superservicicio y las
empresa de energía eléctrica , por violación a la constitución y la
ley , así mismo ordenen a las empresa de servicios públicos a
retirar de la factura de energía la deuda, y se abstengan de seguir
suspendiendo el servicio de energía de forma unilateral , hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia que son más
de 140 usuarios que tenemos este problema […].
DECIMO TERCERO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL conforme al
principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad, RESUELVA DE
FONDO CLARA DESARROLLADO CADA UNA DE LAS PRETENCIONES
DE LA TUTELA INTEGRANDO el contradictorio., para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela,
como un todo inescindible" […].
DECIMO CUARTO que el señor magistrado y la señora
procuradora general de la nación ordenen a la superintendencia de
servicios público ordenen a la empresa de energía que si va a
continuar sus pendiendo el servicio de energía deberá expedir un
acto administrativo que garanticen el debido proceso
administrativo derecho de defensa contradicción legalidad, a una
tutela judicial efectiva, las garantías judiciales consagrada en los
articulo 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos,
DÁNDOLE CUMPLIMIENTO al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y
la sentencia 0-150 DEL 2003 , ASI MISMO inicie las sanciones
establecida en el artículo 81 de la ley 142 de 1994 por
suspenderme el servicio de energía de forma unilateral.
DECIMO QUINTO QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONFORME AL
ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION aplique el bloque de
constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad
expidiendo un fallo extrapetita conforme al principios DE
OFICIOSIDAD y de informalidad, Y CONCEDA esta acción de tutela
como mecanismo definitivo y excepcional protegiendo el núcleo
esencial de petición y los mecanismo de participación ciudadana
debido que el estado está en la obligación de garantizarme la vida
la honra y bienes, como garantizarme la participación de todos en
las decisiones que nos afecten […]”.9 (SIC en toda la trascripción)
9
Cabe resaltar que los numerales 1, 3 a 12 son la reiteración de las solicitudes del derecho de petición
objeto de la presente acción de tutela.
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I.4. Defensa
I.4.1.- La PRESIDENCIA señaló que, contrario a lo indicado por la
actora, la petición fue contestada por medio del Oficio núm. OFI23-
00045445 / GFPU 13150000 de 16 de marzo de 2023, de manera
clara y de fondo en el marco de sus competencias y en los términos
establecidos por la ley, informándole que remitió la misma a la
SUPERSERVICIOS, a través del Oficio núm. OFI23-00045450 /
GFPU 13150000 de la misma fecha, por ser la competente para
definir los temas relacionados con la correcta prestación de los
servicios públicos.
Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, comoquiera
que no se encarga de la inspección, vigilancia y control de los
servicios públicos domiciliarios, lo que, a su juicio, le corresponde a
la SUPERSERVICIOS.
Señaló que no puede compeler u obligar a la referida entidad para
que asista al Consejo Comunal que puso de presente la actora.
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Adujo que no tiene competencia para atender los reclamos de la
actora, pues en primera instancia es la empresa prestadora del
servicio público que realiza el cobro y en segunda la
SUPERSERVICIOS, razón por la cual, a su juicio, no debía ser
vinculada como parte pasiva de la presente acción de tutela.
Advirtió que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de la subsidiariedad al no agotar el proceso
administrativo ante las mencionadas entidades.
Finalmente, dijo que no le vulneró ningún derecho fundamental a la
actora, por lo que solicitó que se le desvincule de la acción de tutela
de la referencia, por no tener legitimación en la causa por pasiva y,
de manera subsidiaria, que se deniegue el amparo solicitado por
haberse configurado la carencia actual de objeto por hecho superado,
al dar respuesta a la petición de la actora.
I.4.2.- La CRA adujo que una vez revisado el sistema de gestión
documental Orfeo no encontró ninguna petición formulada por la
actora, razón por la cual no tuvo conocimiento de la misma.
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Aclaró que le corresponde regular los monopolios en la prestación de
servicio públicos de agua potable y saneamiento básico y, asimismo,
que no le corresponde fijar, aprobar o autorizar tarifas particulares
en los municipios.
Indicó que no tiene personería jurídica y se encuentra adscrita al
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO -
MINVIVIENDA-, además que carece de competencia para la
inspección, vigilancia o control sobre las personas jurídicas
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, comoquiera que
esta se encuentra en cabeza de la SUPERSERVICIOS.
Advirtió que no tiene competencia para pronunciarse sobre la
petición de la actora, toda vez que esta recae sobre otras entidades
tales como la empresa prestadora del servicio de energía y la referida
Superintendencia, las cuales son las que deben tramitar y responder
de fondo las peticiones y recursos presentados por la parte
accionante frente a sus inconformidades, al igual que la asistencia a
un Consejo Comunal.
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Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente acción de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.4.3.- La CREG indicó que una vez revisado el sistema de gestión
documental no se encontró la radicación de la petición de la actora,
debido a los múltiples correos enviados al buzón electrónico de la
entidad remitidos desde la dirección electrónica
melkiskammerer@hotmail.com, que ocasionaron que varios correos
se enviaron al buzón de “no deseado” los cuales solo se podrían
recuperar antes de que transcurrieran treinta días.
Señaló que pese a lo anterior, tuvo conocimiento de la petición de la
actora a través del auto admisorio de la acción de tutela de la
referencia, razón por la cual procedió a radicar la misma
identificándola con el núm. CREG E2023011571 y le dio respuesta de
forma clara, precisa y congruente mediante el Oficio núm.
S2023002813 de 7 de junio de 2023.
Aclaró que no tiene competencia para pronunciarse sobre situaciones
particulares que se presenten entre los usuarios y las empresas
prestadoras de los servicios públicos, como tampoco sobre la
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solicitud de la actora respecto de la función de vigilancia y control del
cumplimiento de las funciones de dichas empresas, pues esta función
la ejerce la SUPERSERVICIOS.
Manifestó que existen varias acciones de tutelas como la de la
referencia con identidad de objeto, causa y parte pasiva, por lo que,
a su juicio, se está frente a un abuso de ese amparo constitucional y
del derecho de petición generando una congestión judicial
innecesaria.
Por último, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado de la acción de tutela de la referencia, por cuanto ya le dio
respuesta a la solicitud de la actora.
I.4.4.- La SUPERSERVICIOS advirtió que, contrario a lo señalado
por la actora, sí resolvió de fondo la petición objeto de la presente
acción de tutela a través del Oficio núm. 20238602008421 de 8 de
junio de 2023, en el que le informó el trámite administrativo para
presentar los reclamos por la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios y le aclaró que los mismos solo los conoce en segunda
instancia y en primera la empresa prestadora, por lo que solo puede
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resolverlos cuando se agote el proceso administrativo ante la
empresa de servicios públicos y el usuario haya presentado los
recursos de ley.
Sostuvo que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la
actora, toda vez que las ordenes de reconexión y vinculación de un
reclamo de la facturación es una actuación de competencia de la
empresa prestadora del servicio de energía.
Puso de presente que han “[…] desaparecido los hechos sobre los
cuales el accionante solicitó el amparo constitucional, en la medida
en que, sobre el recurso de apelación No. 20218200249762 de fecha
06/04/2021, ya fue emitida la resolución SSPD 20218200104465 de
fecha 28/04/2021. Expediente No. 2021820390114456E […]”.
Señaló que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, dado que
no es la entidad que presuntamente le suspendió el servicio de
energía a la actora.
I.4.5.- La PROCURADURÍA manifestó que le dio respuesta a la
petición de la actora mediante Oficio núm. E-2023-139499 enviado
el 25 de abril de 2023 a su buzón electrónico en el cual le informó
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que no era competente para darle respuesta a su solicitud y, en ese
entendido, la remitió a la PRESIDENCIA, a la SUPERSERVICIOS y
a la CREG, para que dieran respuesta de fondo a los requerimientos
de la misma, razón por la cual, a su juicio, se configuró la carencia
de objeto por hecho superado de la presente solicitud de amparo.
Advirtió que la presente solicitud de amparo tampoco cumplió con el
requisito general de la subsidiariedad, pues la actora no agotó todas
las instancias y recursos en el proceso administrativo ante las
entidades de control y vigilancia de los servicios públicos a las cuales
podía solicitar la protección de sus derechos fundamentales
presuntamente amenazados.
Finalmente, arguyó que no tiene legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que las pretensiones de la acción de tutela van dirigidas
a la SUPERSERVICIOS.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
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de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la PRESIDENCIA, la CRA, la
SUPERSERVICIOS y la PROCURADURÍA formularon petición de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva en la
presente acción de tutela.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
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menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que la actora presentó la acción de tutela
contra la PRESIDENCIA, la CRA, la SUPERSERVICIOS y la
PROCURADURÍA, porque, a su juicio, no le dieron respuesta a su
petición de 8 de marzo de 2023, por lo que son parte demandada
dentro de la acción constitucional de la referencia y su vinculación se
dio en tal calidad.
Por lo anterior, la Sala denegará la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la
PRESIDENCIA, la CRA, la SUPERSERVICIOS y la
PROCURADURÍA, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
En el presente caso, la actora pretende obtener el amparo de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la falta
de respuesta a la solicitud que elevó el 8 de marzo de 2023 ante la
PRESIDENCIA, la CREG, la CRA, la SUPERSERVICIOS y la
PROCURADURÍA.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si las
entidades demandadas vulneraron el derecho de petición de la
actora.
Del derecho de petición
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
10
Política".
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El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 201111, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
11
M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
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Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 201512 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
12
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
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Caso concreto
Descendiendo al caso concreto y una vez revisadas las pruebas
obrantes en el proceso de la referencia, la Sala observa que la actora
presentó la petición objeto de la solicitud de amparo de la referencia
el 8 de marzo de 2023, a través de la cual solicitó lo siguiente:
“[…] PRETENSIONES
PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y
queja de conformidad con los artículos,
1,2,3,4,6,13,20,23,29,83,84,85,86,90,93,208,209,210,228,229,3
65, al 370 de la constitución, […] el presidente y director de la
comisión de regulación de energía y gas conforme al artículo 3
numeral 1 de la resolución 108 de 1997 doctor gustavo petro […]
superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública, para que ordenen
PARA QUE EL PRESIDENTE y director de la comisión de regulación
de energía […] ordenen a la directora oriente […] DIRECTOR
TERRITORIAL NORTE ENTRE OTROS, donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los
usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y LA
LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos
o pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar
trámite a los recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO
DE LIBERTAD Y TRADICCION donde si estos documentos la
dirección no coincide con la registrada en la factura de energía no
le dan tramite, donde predomina la dirección de la empresa sin que
este aporte la carta catastral y el levantamiento catastral,
conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142 de 1994, así
mismo no aceptan la declaración extra proceso, para demostrar
que el inmuebles estuvo arrendado y para demostrar la posesión
del inmuebles, donde el único documento idóneos es la factura de
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energía, pero tampoco la tienen encuentra, ASI MISMO ordene al
presidente y al superintendente, realice un consejo comunal ,con
sus presencia y las presencias de toda las delegada de la
superservicios , para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la
empresa de servicios públicos domiciliarios , y se garanticen los
mecanismo de participación ciudadana la administración de
justicia, EL NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION,
DEBIDO POROCESO ADMINISTRATIVO DEFENSA Y
CONTRADICCION […]como los precedentes de la corte
constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA T-636 DEL 2006 , y la sentencia de segunda
instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) asi mismo el presidente de
conformidad con el artículo 3 numeral 1 de la resolución 108
modifique el artículo 37 Parágrafo 1º, de igual forma ordene al
superintendente de servicios públicos iniciar las sanciones contra
las empresa afinia y air-e por estar suspendiendo el servició de
energía de forma unilateral sin ante expedir un acto administrativo,
de igual forma de loas tutelas que presenta diariamente la oficina
de queja y reclamo con el correo melkiskammerer@hotmail.com
sobre tutela por suspensión ilegal , se tome como denuncia para
investigar la empresa que omitió el artículo 154 de la ley 142 de
1994, así mismo el presidente investigue el alto consumo del
consumo de aseo en Valledupar , donde tiene una sola oficina a
más de 3 kilometros de distancia con las demás empresa de
servicios público de Valledupar en una zona peligrosa […].
SEGUNDO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas
combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública, le soliciten a la doctora MARIA SIERRA MARIN, el doctor
WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR TERRITORIAL NORTE,
CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA NORIENTE,
KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS manifieste los
siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos
adicionales para darle tramite al núcleo esencial del derecho de
petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y LAS
DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo
9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del
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2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el
certificado de libertad y tradición y certificado de
nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de
energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de
petición por solidaridad, alegando que la dirección de las
certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra
la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta
catastral, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al
104 de la ley 142 de 1994? ,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los
recursos de quejas y apelación que el solicitante tenga que estar al
día con todos los consumos sin importar que deban desde 1998,
violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE
DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO
155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los
últimos 20 años contra las empresas que suspenden el servicio de
forma unilateral sin expedir un acto administrativo conforme al
artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte
constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL
2017 T793/2012, ,C-389/2002 C-060-05, ,C-558-2001,C-,T-
013/18, SU-1010, t-270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de
1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T191 de 2008
T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003 E)
¿que la superservicicios explique cuáles son los fundamento
constitucionales y legales para no darle cumplimiento a la
sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo
de 2021, expedida por la superservicios, no es necesario aportar
otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa
presento factura a mi NOMBRE.
TERCERO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de
Colombia y director de la comisión de regulación de energía y gas
y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas
combustible, […] jefe oficina de control disciplinario interno de la
superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función
pública , le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE
manifieste la superservicicios porque más del 90% de los recursos
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de queja y de apelación son fallado en contra siendo entidad de
segunda instancia el superior jerárquico funcional de las empresas
de servicios públicos, que juro cumplir la constitución y la ley ,
exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley , para
no darle tramites al núcleo esencial del derecho de petición
cometiendo prevaricato por acción omisión y extralimitación de
funciones, donde ni la superservicios, ni la empresa manifiestan
cual es la ley que la facultan para exigir el , certificado de libertad
y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el
certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas
certificaciones, la dirección no coincide con la factura de energía,
niega el derecho de petición, sin que la empresa aporte la carta
catastral y el levantamiento CATASTRAL , que define cual es la
dirección del predio, además la empresa de energía no es la entidad
en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que
de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley n142 de 1994
es al municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar
las direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio, además la
superservicios exige como requisito absoluto, el pago de la factura
solidaria, sin importar que el usuarios se abstienen de pagarla , y
la pone en reclamo , a la súper no le importa esto o la paga , o la
paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción […]
CUARTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia
y director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el
núcleo esencial del derecho de petición dándome una respuesta de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los
solicitado, en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones, concediendo los recursos de
reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional
que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que
es el control de autotutela que se ve complementado con la revisión
superior encomendada a la Superintendencia de Servicios Públicos
para la culminación de la vía gubernativa. […]
QUINTO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL
DE AIR-E, y afinia a no suspenderme el servicio de energía hasta
tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia queja así
mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el
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bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de
1994, donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la
misma ley cuando este artículo fue declarado exequible junto con
el 130 de forma acondicionada en la sentencia c-150 del 2003 en
el entendido que las empresa deberá garantizar el debido proceso
administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantía judiciales.
SEXTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y
director de la comisión de regulación de energía y gas y agua
potable, […] superintendente de servicio públicos domiciliarios, […]
superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de
servicios publico domiciliarios, señores procuraduría delegada para
la vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE
APELACION CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios, no es
necesario aportar otro requisito, que ya se encuentran en poder de
la empresa como es el certificado de libertad y tradición , por lo
que lo puede consultar en la página de la oficina de instrumentos
públicos que el señor presidente ordene a la empresa de energía y
a la superservicios que manifiesten bajo la gravedad de juramento
cuales son los fundamentos constitucionales para poder exigirlo,
señalar la ley numéricamente? DONDE ESTA SUPERSERVCICIOS
LE DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) t-
636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de
la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,)
SEPTIMO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO
PETRO, COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE
ENRGIA Y GAS LE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL
CONSEJO DE ESTADO sala contenciosa administrativa SECCIÓN
PRIMERA Consejero ponente: Oswaldo Giraldo LópezNorma
demandada: aparte que indica “los porcentajes que fijen las
empresas en las condiciones uniformes del contrato” del parágrafo
1 del artículo 37 de la Resolución número 108 de 3 de julio de 1997
Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandado: La
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Nación – Ministerio de Minas y Energía, Comisión de Regulación de
Energía y Gas.Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno
(2021)Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia:
Procede la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo que faculta a las empresas prestadoras del servicio
público de energía eléctrica a fijar en las condiciones uniformes del
contrato los porcentajes de variación en el consumo que
constituyen desviaciones significativas. […]
OCTAVO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO
PETRO, COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE
ENERGIA Y GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE
PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen
recaudando 100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en
las factura de energía al sector comercial y de servicios
Noveno que el señor presidente realice un consejo comunal de
servicios publico aqui en Valledupar para que se invisten a todos
los vocales de control del cesar y la guajira, lideres, asociaciones
de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las
delegadas de la superservicicios con la presencia también del
presidente y el superintendente de servicios públicos, donde el
presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como
es el doctor JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA
C-558 DEL 2001 DONDE LA EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR
MAS DE 20 AÑOS VIENEN INTERPRETANDOLA ERRONEAMENTE
exigiendo que lo usuarios estén a paz y salvo en la factura para
poder darle tramite a los recursos de ley, donde exigen el pago de
deuda hasta del 1998 , así mismo invitar con el magistrado Manuel
José cepeda espinosa ponente de la sentencia c-150 del 2003,
donde dejo en claro que las empresa no pueden suspender el
servicio de energía apisona sujeta de protección constitucional, y
que deben expedir un acto administrativo, debido que ningún
abogado de la superservicicios se encuentra capacitado para
contestar las preguntas que realice melkis Kemmerer que ha vivido
en carne propia 20 años de atropello de la superservicicios, que es
un elefante blanco , ante los usuarios de la costa que se demora
para fallar unos recurso hasta 48 meses cunado la norma establece
un plazo máximo de 90 días si hay prueba, así mismo señores
autoridades si no fuera por melkis Kemmerer las empresa de
servicios de energía todavía tuvieran cobrando sanciones y energía
dejadas de facturar gracia a dios que la sentencia que ganó ante la
cortes constitucional anularon todos estos cobros ilegales en la
sentencia T-270 DEL 2004 […]”.
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La citada petición fue presentada el 8 de marzo de 2023, a través de
mensaje de datos dirigida a la PRESIDENCIA, a la CREG, a la
SUPERSERVICIOS y a la PROCURADURÍA, como se advierte a
continuación:
Conforme a lo anterior, la Sala advierte que la petición de la actora
no le fue enviada a la CRA como se puede observar de la constancia
de envío visible en precedencia, lo que lleva a concluir que le asiste
razón a la entidad cuando manifestó en su contestación que no tuvo
conocimiento de dicha solicitud, razón por la cual no se le podría
exigir una respuesta.
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Además, es importante aclarar que dentro del expediente no obra
prueba alguna que demuestre que la actora radicó la solicitud ante
la CRA por algún otro medio, por lo que se evidencia que la misma
no vulneró su derecho fundamental de petición, razón por la que se
denegarán las pretensiones frente a dicha entidad, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Ahora, en cuanto a la PRESIDENCIA, se puede constatar que dio
respuesta a la petición de la actora a través del Oficio núm. OFI23-
00045445 / GFPU 13150000 de 16 de marzo de 2023, en el que le
puso de presente lo siguiente:
“[…] Respetada señora Torres:
En nombre del señor Presidente de la República, reciba un cordial
saludo. En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en
la que solicita intervención en temas de servicios públicos.
En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta
a su comunicación en los siguientes términos:
I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama
Ejecutiva del Poder Público, se han creado entidades que apoyan la
gestión del Primer Mandatario; en ese orden los ministerios,
Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas
y las sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar
soporte y canalizar los temas como los que usted menciona en su
comunicación.
II. Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que,
de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por
la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado de su comunicación a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad
legalmente facultada, para conocer del tema expuesto por usted en
sumisiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la
consideración y fines pertinentes. […]”.
De igual forma, se observa que mediante el Oficio núm. OFI23-
00045450 / GFPU 13150000 de 16 de marzo de 2023, remitió a la
SUPERSERVICIOS la petición de la actora por ser de su
competencia.
Por lo precedente, la Sala encuentra que la PRESIDENCIA antes de
la interposición de la acción de tutela de la referencia13, dio respuesta
a la petición de la actora y, además, remitió la misma a la entidad
que consideraba competente frente al asunto, razón por la cual la
Sala advierte que no vulneró el derecho de petición invocado, por lo
que se denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
Asimismo, del material probatorio obrante en el expediente, la Sala
encuentra que la PROCURADURÍA le dio respuesta a la petición de
13
La Sala advierte que la acción de tutela fue radicada el 19 de mayo de 2023, como consta en el
índice 1 del expediente digital obrante en SAMAI.
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la actora mediante Oficio núm. E-2023-139499, enviado el 25 de
abril de 2023 al correo electrónico de la misma, en los siguientes
términos:
“[…]De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 1755 de
2015, les informamos sus denunciar se trasladaron por
competencia, a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a fin
de que emitan respuesta de fondo a sus requerimientos.
[…]
En consecuencia, respetuosamente se informa que no es posible
para este Despacho pronunciarse sobre los hechos expuestos en el
escrito de petición, por no corresponder a la órbita de nuestra
competencia, así como, no le está atribuido ordenar a las entidades
u obligados de la administración el cumplimiento de sus funciones.
En este sentido, es dable decir que la actuación de la Procuraduría
General de la Nación en sede preventiva no implica en modo alguno
la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas,
financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los
particulares que ejercen funciones públicas. De igual manera, no
verifica, expide conceptos, avales o aprobaciones frente a
documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos
de control; de allí que, las observaciones o sugerencias que se
efectúen no obligan a los sujetos vigilados.
Finalmente, si a su juicio considera que existen hechos irregulares
que deban ser conocidos desde la competencia disciplinaria, le
solicitamos de manera atenta Formular la respectiva queja,
enunciando como fundamento las circunstancias particulares de
tiempo, modo y lugar, para que sean analizados por el operador
disciplinario competente quien determinará lo pertinente. Es
menester tener en cuenta lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1952
de 2019[1] el cual establece en materia disciplinaria, lo siguiente:
«Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría
General de la Nación y de las personerías distritales y municipales,
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y
entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los
servidores públicos de sus dependencias»[…]”.
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De la anterior trascripción, la Sala advierte que la PROCURADURÍA
antes de la presentación de la acción de tutela de la referencia, le
explicó a la actora las razones por las cuales no podían adelantar las
investigaciones de las presuntas actuaciones irregulares de los
funcionarios de la SUPERSERVICIOS y, además, remitió la misma
a las entidades que consideraba competentes frente a la vigilancia y
control de las empresas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios, lo que da cuenta que dicha entidad no vulneró el
derecho fundamental de petición invocado.
Por lo anterior, la Sala denegará el amparo del derecho de petición
solicitado frente a la PROCURADURÍA, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
Por su parte, respecto de la CREG, se tiene que a través de Oficio
núm. S2023002813 de 7 de junio de 2023, dicha entidad contestó la
solicitud de la actora, en los siguientes términos:
“[…] En atención a su comunicación le informamos que la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, CREG, tiene competencia para
expedir la regulación de los servicios públicos domiciliarios de
electricidad y gas combustible, según las funciones señaladas en las
leyes 142 y 143 de 1994 y para emitir conceptos de carácter general
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y abstracto sobre los temas materia de su regulación, pero no tiene
dentro de sus funciones competencia para pronunciarse o intervenir
sobre situaciones individuales que se presenten entre el usuario y
una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios ni
tampoco respecto de las actuaciones de representantes de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ni de ningún
funcionario de otras entidades, razones por las cuales nos
abstenemos de pronunciamiento alguno, además porque
entendemos que su comunicación es de conocimiento tanto de la
Procuraduría General de la Nación como de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para las actuaciones que les
corresponda, con lo que tampoco realizamos ningún traslado.
El único aspecto, de los que se encuentran en su comunicación,
relacionado con las competencias de la CREG es el acatamiento de
la providencia del 5 de abril de 2021, en la cual el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala
Unitaria, Consejero Ponente Dr. Oswaldo Giraldo López, decidió
decretar la suspensión provisional del aparte contenido en el
parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución CREG 108 de 1997 que
indica “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones
uniformes del contrato”, considerando el Despacho, entre otros
motivos, que determinar un aumento o disminución en el promedio
de consumo implica una función de medición y que, en
consecuencia, establecer con criterios técnicos qué porcentaje de
dicha variación puede entenderse como desviación significativa, es
responsabilidad de la CREG, al tenor de lo que dispone el numeral
9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994.
Contra dicha providencia, el 15 de abril de 2021, la CREG, a través
de apoderado judicial interpuso ante el Consejo de Estado recurso
de súplica contra el auto que decretó la suspensión provisional de
los efectos de la norma demandada, solicitando que se revoque la
decisión impugnada y se niegue la medida cautelar.
No obstante, en providencia proferida el 24 de marzo de 2023 por
la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, Consejera Ponente Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón, se resolvió el recurso de súplica confirmando la providencia
impugnada, concluyendo la Sala que “asistió razón al Consejero
ponente al acceder al decreto de la medida cautelar deprecada” […]
De conformidad con lo expuesto, la CREG, en próximos días estará
publicando para consulta un proyecto de regulación que tiene por
objeto establecer los parámetros técnicos que permita a los
prestadores del servicio investigar las desviaciones significativas en
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de
1994.
Esta sería una medida transitoria mientras el Consejo de Estado
emite un pronunciamiento definitivo […]”.
De lo anterior, se observa que la CREG le dio respuesta clara y de
fondo a la petición de la actora frente al tema de su competencia,
pues se pronunció frente a la petición visible en el numeral 7 de la
solicitud, relacionada con el cumplimiento de la providencia de 5 de
abril de 202114 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, razón por la cual la Sala advierte que al haber contestado la
petición durante el trámite de la presente acción constitucional,
frente a dicha entidad se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
Respecto de la SUPERSERVICIOS, la Sala observa que le dio
respuesta a la petición de la actora a través de Oficio núm.
20238602008421 de 8 de junio de 2023, en el que le indicó lo
siguiente:
“[…] Cordial saludo.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, auto de 5 de abril de
2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-24-000-2020-00058-00,
C.P. Oswaldo Giraldo López.
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En atención a la comunicación de la referencia, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliaros –en adelante Superservicios–,
recibió petición interpuesta por usted por lo cual nos permitimos
informar lo siguiente:
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en
ejercicio de las funciones de control y vigilancia frente a las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios previstas
en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificadas por el artículo
13 de la Ley 689 de 2001 y artículo 24 numeral 3 del Decreto 1369
de 2020, le corresponde resolver los recursos de apelación que
interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el artículo 159
de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 20 de la Ley 689
de 2001.
El artículo 154 ibídem establece mecanismos que hacen posible la
defensa de los derechos de los usuarios y suscriptores, entre ellos
los de presentar reclamaciones ante las empresas prestadoras de
servicios públicos, mediante derecho de petición. No obstante, la
defensa permitida encuentra una limitante, en cuanto se establece
que “En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que
tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las
empresas de servicios públicos (Subrayado fuera de texto)”
Es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994,
establece el procedimiento que deben seguir los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas,
reclamos y recursos; además esta ley establece que esta
Superservicios es un órgano de segunda instancia, que vigila las
actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución
del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones
después que las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando
una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del
usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de
ley procedentes cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es
decir que debe espera que la empresa resuelva en primera instancia
su reclamación.
Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera
instancia su inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LAS
COSTA S.A E. S. P (AFINIA GRUPO EPM), la cual contara con un
término de (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la
presentación para responder. Para efectos de la notificación de dicha
respuesta la entidad prestadora tendrá un término de 5 días hábiles
contados a partir de la expedición del acto, dentro del cual le enviará
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una citación con el fin de que se acerque a sus instalaciones para
que se notifique personalmente de la respuesta. Si el usuario no
acude a la empresa dentro de los (5) días hábiles contados a partir
del envío de la citación, esta notificará la respuesta por medio de
AVISO, notificación que se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al de su entrega, en el lugar de destino. (Arts.158 y 159
Ley 142 de 1994).
El término para dar respuesta puede ser ampliado por el prestador,
cuando excepcionalmente se presente alguna circunstancia que de
motivo a ello. En este caso le deberán enviar una comunicación -de
inmediato- por parte del prestador, en el que le informen los motivos
de la demora y el plazo razonable en que se le resolverá o dará
respuesta definitiva.
En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la
empresa, se debe interponer en un mismo escrito el Recurso de
Reposición y Subsidiariamente el de Apelación ante el gerente o
representante legal de la prestadora, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial;
teniendo en cuenta que si el usuario deje vencer los términos legales
para interponer tales recursos, se entiende agotada la Actuación
Administrativa, quedando en firme la decisión tomada por la
empresa, pudiendo entrar ésta a cargar en la factura los valores
reclamados.
Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma empresa
y no el usuario, quien envía el expediente para que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios falle el recurso
subsidiario de apelación, en segunda y última instancia.
Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el recurso de
apelación, deberá interponer Recurso de Queja, ante ésta
Superservicios, dentro de los de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del
acto empresarial del rechazo, y sustentando concretamente los
motivos de inconformidad del citado rechazo, de acuerdo a loS
argumentos dados por la empresa.
Adicional a los tramites anteriores se puede presentar que
transcurridos (15) días hábiles desde la presentación de la petición,
queja o recurso por parte del usuario en la empresa ésta no ha
emitido respuesta o no ha notificado debidamente la decisión dentro
de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respuesta, se
configura el Silencio Administrativo Positivo, el cual deberá ser
reconocido por la empresa dentro de las 72 horas siguientes al
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vencimiento del término de los quince (15) días hábiles. Si no lo
hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de
Servicios Públicos la imposición de las sanciones a que haya lugar
conforme a la ley y el reconocimiento de los efectos positivos de su
petición. (Artículo 123, Decreto Ley 2150/1995,).
Ahora bien, para el caso en concreto, encontramos que consultando
en nuestro sistema de gestión documental el radicado
20218200249762 de fecha 06/04/2021 corresponde a un
rompimiento de solidaridad y este fue fallado mediante resolución
SSPD 20218200104465 del 28/04/2021, por tal motivo le
informamos que hasta aquí se agota nuestra competencia.
Por ello, es importante resaltar que, si su inconformidad está
relacionada con las deudas que pudo haber dejado el arrendatario
en su inmueble, usted puede iniciar el proceso de reclamación por
rompimiento de solidaridad en sede del prestador del servicio,
aportando todos los documentos necesarios para demostrar la
propiedad y/o posesión del inmueble, el vínculo solidario y los demás
requisitos para hacer exigibles sus derechos.
En cuanto a su pretensión sobre “DARLE tramite nuevamente al
núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho
superado con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo
lo requisito exigido de forma inconstitucional por la misma empresa
,para que procediera, resolver de fondo , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión , atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no
sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones”, dicho
esto, se observa que usted no aporta copia la decisión empresarial
que la empresa otorgó como respuesta a su derecho de petición lo
que impide determinar si somos o no competente para tramitar en
segunda instancia el recurso concedido por la prestadora el cual
puede ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto
por el prestador en cada actuación administrativa a recurrir, los
cuales deben ser presentado de manera independiente toda vez que
cada uno de ellos resuelve tramites diferentes, por ejemplo el
recurso de reposición en subsidio al de apelación deben ser
presentados en un mismo escrito ante el prestador el cual es el
órgano funcional de primera instancia tal y como lo establece la ley
142 del 94 y situación diferente se presenta cuando la empresa
rechaza el recurso de apelación y concede el recurso queja, el cual
debe ser presentado ante esta Superservicios dentro de los de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
empresarial, acompañando copia del acto empresarial del rechazo.
[…]”
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En vista de lo anterior, es claro que la SUPERSERVICIOS le explicó
a la accionante el procedimiento que deben seguir los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas,
reclamos e interponer recursos conforme a las normas vigentes y,
asimismo, le puso de presente que no era posible dar trámite a su
reclamación comoquiera que no allegó copia de la petición dirigida a
la empresa de servicios públicos para determinar en qué instancia la
debía conocer, despachando así las solicitudes 4 y 5 de la petición.
No obstante, la Sala advierte que dicha entidad no se pronunció sobre
las peticiones 1, 2, 3 y 6, siendo de su competencia, razón por la cual
se concederá el amparo al derecho de petición de la actora y, en
consecuencia, se ordenará a la SUPERSERVICIOS que dé respuesta
de fondo, completa, clara, precisa y congruente con lo solicitado, a
todos los interrogantes planteados en la petición presentada el 8 de
marzo de 2023.
Ahora, frente a la pretensión relativa a que la PRESIDENCIA y la
SUPERSERVICIOS asistan al Consejo Comunal de Servicios
Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones de la Cámara
de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar), convocado por
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MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER, se advierte que
para el momento en que se resuelve esta tutela ya se llevó a cabo
presuntamente dicho Consejo, por lo que es claro que se ha
configurado la figura jurídica de la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, en tanto que el origen de esa solicitud de
amparo no puede ser protegido porque el supuesto constitutivo de la
amenaza al derecho fundamental de la actora actualmente no existe
y, en ese sentido, no se pueden emitir órdenes tendientes a
garantizar a que se confirme dicha asistencia.
Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 202115
precisó que dicho fenómeno jurídico se presenta en los siguientes
eventos: “[…] i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del
obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por
daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos
del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de
15
-. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de
septiembre de 2021, expediente identificado con el número único de radicado 11001-03-15-000-2021-
02263-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
-. Posición reiterada en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicado
11001-03-15-000-2022-02739-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia […]”.
Particularmente y en lo atiente a la carencia actual de objeto por
sustracción materia, esta Sala de Decisión advirtió que: “[…] se
configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional
queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección
del derecho fundamental invocado […]”16.
Finalmente, frente a las demás pretensiones de la acción de tutela
que son la reiteración de las solicitudes del derecho de petición17
objeto del presente estudio, se observa que son cuestionamientos y
afirmaciones generales las cuales están relacionadas con el
cumplimiento de funciones por parte de servidores públicos y de la
calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en
especial el de energía, lo cual no evidencia particularmente la
16
Ibidem.
17
Cabe resaltar que los numerales 1, 3 a 12 son la reiteración de las solicitudes del derecho de
petición objeto de la presente acción de tutela.
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vulneración de derechos fundamentales, por lo que escapan de la
órbita de análisis del juez constitucional y, en ese entendido, se
deberá declarar la improcedencia de estas.
Al respecto, cabe señalar que esta Sala ya tuvo la oportunidad de
pronunciarse frente a un asunto similar, mediante la sentencia de 23
de junio de 202318.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará la solicitud de amparo
de la referencia en relación con el derecho de petición respecto de la
CRA, la PRESIDENCIA y la PROCURADURÍA; declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado en relación con la CREG;
amparará el derecho de petición de la actora frente a la
SUPERSERVICIOS; declarará la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, respecto de la pretensión relativa a que la
PRESIDENCIA y la SUPERSERVICIOS asistan al Consejo Comunal
de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones de
la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar),
convocado por MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER; y
18
Expediente radicado bajo el número 11001-03-15-000-2023-02670-00. Magistrado Ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
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declarará la improcedencia de las demás pretensiones, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por la PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA-, la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- y la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia en
relación con el derecho de petición respecto de la COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -
CRA-, la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la PROCURADURÍA
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GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO en relación con el derecho de petición frente a
la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG-,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la
actora frente a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- y, en
consecuencia, ORDENAR a dicha entidad que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, dé respuesta de fondo, completa, clara, precisa y
congruente con lo solicitado, a los puntos 1, 2, 3 y 6 de la petición
presentada el 8 de marzo de 2023 por la señora BELKIS TOMASA
TORRES.
QUINTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA respecto de la pretensión relativa a
que la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
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DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- asistan al Consejo Comunal
de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones de
la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar) -,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: DECLARAR la improcedencia de las demás pretensiones de
la demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
OCTAVO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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