Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02692-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02692-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02692-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
6 de septiembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, seis (6) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE NEGÓ LA DECLARATORIA DE NULIDAD
DE UNOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
NOMBRAMIENTO.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos con
ocasión del fallo de 7 de diciembre de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo y, además, desconoció el principio de congruencia. La Sala modificará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, confirmará dicha orden únicamente en lo
relativo a los defectos sustantivo y fáctico porque el interés de la parte actora es emplear este
mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario y, además, negará la presunta
vulneración del principio de congruencia porque el fallo cuestionado no fue incongruente.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 13 de julio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:
“PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Ricardo Acosta Buitrago, por no acreditarse el presupuesto de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas y mayúscula del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 18 de mayo de 2023, el señor Ricardo Acosta Buitrago promovió proceso de acción de
tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con
el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos y, por tanto, se accediera a las
siguientes súplicas:
“1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2022
proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en el
proceso que nulidad y restablecimiento del derecho promoví contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ).
2. Ordenar a la Sección accionada dictar nuevo fallo en el que se tengan en
cuenta las pruebas en conjunto.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) Mediante el Acuerdo no. 4528 del 4 de febrero de 2008, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura convocó concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial en el cual obtuvo un puntaje que lo habilitaba
para optar por distintas plazas de magistrado; sin embargo, como se limitó la inscripción
del curso concurso a cargos que pertenecieran a una misma área o especialidad, decidió
elegir el área civil, donde solo podía optar por el cargo de magistrado de Tribunal Superior
– Sala Civil.
2) Superada dicha etapa se conformó el registro de elegibles para el cargo de Magistrado
de Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Civil, en la que ocupó el segundo lugar,
por lo cual el 1 de julio de 2011 se publicó en la página web de la Rama Judicial una
vacante para magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, para la que optó y ocupó el primer lugar; sin embargo, no fue nombrado y el
cargo vacante no fue provisto por alguien del registro de elegibles ni por una solicitud de
traslado.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) Mediante la sentencia SU-938 de 2010, la Corte Constitucional dispuso el reintegro del
señor Luis Humberto Otálora Mesa, quien se desempeñaba como magistrado de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja, y ordenó a la Corte Suprema de Justicia
nombrarlo en la primera vacante de iguales o similares condiciones que se presentara en
el cargo de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin necesidad de que
dicha decisión fuera fruto de una elección por parte del nominador.
4) El 4 de agosto de 2011, en cumplimiento de la orden de tutela impartida por la Corte
Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió nombrar al señor
Otálora Mesa como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en la
vacante que había sido publicada para ser provista mediante concurso de méritos.
5) Para el momento de la designación del señor Luis Humberto Otálora Mesa como
magistrado del Tribunal Superior de Medellín existían diversas plazas ocupadas en
provisionalidad que se ajustaban a las características dispuestas para cumplir la orden
impartida en la sentencia SU-938 de 2010.
6) Solo hasta el 4 de agosto de 2015, el señor Ricardo Acosta Buitrago fue posesionado
en propiedad como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
7) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos1 que condujeron al nombramiento del
señor Luis Humberto Otálora Mesa como magistrado en propiedad para ocupar la
vacante definitiva de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y,
como consecuencia, se conformara una lista de candidatos para la designación del cargo
de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el
estricto orden del registro de elegibles vigente al momento en que se presentó la vacante
el 1 de julio de 2011, en el cual se le debía nombrar en propiedad.
1 Se demandó el acto ficto o presunto por medio del cual se debió haber conformado la lista de candidatos
con base en la relación de aspirantes por sede en estricto orden del Registro de Elegibles vigente al
momento en que se presentó la vacante para el despacho que dio origen a la publicación de la sede, es
decir, la plaza de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el
cual el señor Ricardo Acosta Buitrago ocupó el primer puesto; las Actas de la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia en las cuales se deliberó sobre el reintegro del señor Otálora Mesa y el Acta del 4 de
agosto de 2011, por medio de la cual se efectuó el nombramiento en propiedad del señor Otálora Mesa en
el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
8) La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
el 12 de noviembre de 2020 en la cual declaró probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva parcial de la demanda por indebida formulación de las pretensiones de nulidad
del acto ficto o presunto, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura – Sala
Administrativa debió conformar la lista de candidatos en estricto orden del registro de
elegibles vigente al momento en que se presentó la vacante para la plaza de magistrado
de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por cuanto no
constituía un acto ficto derivado del silencio administrativo negativo, más aun cuando el
demandante no acreditó haber elevado una petición al respecto.
9) De igual manera, encontró probada dicha excepción frente a las actas de la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia en las cuales se deliberó sobre el reintegro en virtud de
la orden de tutela, en consideración a que estos eran actos de mero trámite no
susceptibles de control judicial.
10) Finalmente, respecto del estudio de legalidad frente al Acta no. 24 del 4 de agosto de
2011 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto prevalecía el derecho adquirido
por el señor Luis Humberto Otálora Mesa y la orden de reintegro proferida por la Corte
Constitucional ante la grave vulneración de los derechos fundamentales de un funcionario
que se encontraba en carrera judicial y que fue ilegalmente retirado de su cargo, frente a
la expectativa legítima de nombramiento que tenía el demandante como ocupante del
primer puesto de la lista de elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal Superior
de Distrito Judicial – Sala Civil.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
11) El demandante apeló la decisión2, recurso que fue desatado por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 7 de diciembre de 20223 en
la que confirmó lo dispuesto en primera instancia, en consideración a que los derechos
de la persona que fue nombrada en virtud de una orden judicial de reintegro prevalecen
sobre aquellos de quienes hacen parte de las listas finales elaboradas con ocasión de los
resultados de los concursos de méritos, sin que ello implique la exclusión del registro de
elegibles o la imposibilidad de ser nombrados en otras plazas.
3. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión del fallo proferido el 7 de diciembre de 2022
por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y, además, desconoció
el principio de congruencia.
En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial demandada acudió a
normas inaplicables al caso y omitió verificar la existencia de otras personas con mejor
derecho para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Medellín, lo cual conllevó a que se hiciera efectivo el reintegro del señor Otálora Mesa en
una plaza que no correspondía a las vacantes existentes en ese momento y que, además,
estaba siendo provista por el sistema de carrera judicial.
2 Indicó que para declarar de oficio la ineptitud parcial de la demanda por indebida formulación de las
pretensiones de nulidad no se tuvo en cuenta que el acto administrativo que se demandó era complejo,
conformado por el acta definitiva no. 24 del 4 de agosto de 2011, en la que se dio cumplimiento a la
sentencia, y por los antecedentes, deliberaciones y circunstancias que llevaron a que no se le nombrara
en el cargo que correspondía.
De igual manera, sostuvo que no se valoraron en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, entre
ellas, las actas de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en las que se deliberó sobre el reintegro
del señor Otalora Mesa, las cuales daba cuenta que el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal de
Medellín había sido ofertado en el marco de un concurso de mérito, en el que participó, por lo que el
nominador no podía disponer de esa plaza para cumplir la orden de reintegro, más aun cuando existían
otras plazas vacantes para que en ellas se pudiera cumplir la tutela.
Sostuvo que estaba demostrado que no había solicitudes de traslado que pudieran haber tenido prelación
sobre el nombramiento que debía hacerse de la lista de elegibles del concurso en el que ocupaba el primer
lugar.
Quien tenía mejor derecho con respecto a la plaza de magistrado de Sala Civil del Tribunal Superior de
Medellín era el señor Ricardo Acosta Buitrago y no el señor Luis Humberto Otálora Mesa, pues la única
plaza especializada vacante en ese momento correspondía al concursante que había superado las etapas
del concurso y había optado por dicha sede.
3 Decisión que fue notificada por edicto con fecha de desfijación 24 de enero de 2023.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
La sentencia SU-938 de 2010 ordenó el reintegro del señor Otálora Mesa en una vacante
igual o similar a aquella de la que fue retirado en el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, pero no en la vacante del concurso de méritos.
Pese a ser el primero en la lista para ser nombrado en carrera judicial en la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, esta fue asignada al señor Otálora
Mesa que, si bien fue reintegrado por orden judicial, no podía frustrar sus derechos que
como participante de un concurso de méritos alcanzó al optar por esa sede.
Por su parte, frente al defecto fáctico, señaló que no se valoró que desde el 8 de julio de
2011 se encontraban vacantes las plazas de la Sala civil-familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla y de Medellín, así como la del Tribunal de Yopal, por lo
cual la orden de reintegro del señor Otálora Mesa se podía cumplir en alguna de ellas y
no necesariamente en la vacante de la plaza de magistrado de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, pues esta debía proveerse por el concurso de
méritos.
Por último, manifestó que se desconoció el principio de congruencia, por cuanto, si bien
la autoridad judicial demandada indicó que las Actas de sesión 19 y 21 de 2011, en las
cuales el presidente de la Corte Suprema de Justicia informó a la Sala Plena sobre la
orden de reintegro contenida en la sentencia SU-938 de 2010 eran actos de trámite que
de ninguna manera podían conformar un acto administrativo complejo con la decisión
contenida en el Acta no. 24 de 4 de agosto del mismo año y, por lo tanto, no podían ser
objeto de pronunciamiento, no hizo el estudio de legalidad respecto de esta última, a
pesar de que era un acto susceptible de control judicial y que también fue objeto de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Actuación de primer grado
Mediante providencia de 25 de mayo de 2023 la Sección Quinta de esta Corporación
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a los magistrados integrantes de la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la directora de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al señor Luis Humberto Otálora Mesa para que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Quinta de esta Corporación en sentencia de 7 de diciembre de 2022 declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la controversia planteada por el demandante
versaba sobre una cuestión de interpretación meramente legal que no impactaba la
garantía de los derechos fundamentales.
Respecto al defecto fáctico, afirmó que el demandante no precisó cuáles fueron las
pruebas que se dejaron de valorar por la autoridad judicial demandada y que
presuntamente daban cuenta de la nulidad de los actos administrativos demandados.
Por último, advirtió que la autoridad judicial demandada explicó suficientemente las
razones por las cuales consideraba que la decisión de primera instancia fue acertada al
declarar la excepción de ineptitud de la demanda respecto de algunos actos de trámite,
no susceptibles de control judicial.
6. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto de 4 de agosto de 2023.
Manifestó que la cuestión que se discute no es meramente legal o económica, pues lo
que no comparte es que la sentencia de segunda instancia se haya basado en una tesis
de prevalencia de la orden judicial de reintegro sobre los derechos de quien ocupó el
primer lugar del concurso en la lista de aspirantes para el cargo de la Sala Civil del
Tribunal de Medellín.
No se tuvieron en cuenta las vacantes existentes en la Sala Civil-Familia con anterioridad
al 4 de agosto de 2011, las vacantes anteriores existentes para el cargo de magistrado
de las salas mixtas Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de todo
el país, entre el 1 de noviembre de 2010 hasta el 4 de agosto de 2011 y la fecha de la
primera vacante generada en el cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
Barranquilla, a partir del 8 de julio de 2011, las cuales daban cuenta de que la plaza donde
fue nombrado el señor Otálora no era la primera vacante generada ni la única de similares
condiciones, ni mucho menos la más cercana a su domicilio.
Reiteró que la autoridad judicial demandada no hizo el estudio de legalidad frente al Acta
no. 24 de 4 de agosto del 2011, a pesar de que era un acto susceptible de control judicial,
que también fue objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes referidos presuntamente
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vulnerados con ocasión del fallo proferido el 7 de diciembre de 2022, por cuanto, a su
juicio, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y, además, desconoció el principio de
congruencia.
En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró que no se valoraron
íntegramente las pruebas que daban cuenta que la vacante de la plaza de magistrado de
la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Medellín generada por la renuncia
del señor Flórez Hincapié, no era en la que necesariamente se debía reintegrar al señor
Otálora; además, que la autoridad judicial demandada no hizo el estudio de legalidad
frente al Acta no. 24 de 4 de agosto del 2011, a pesar de que era un acto susceptible de
control judicial, que también fue objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, declarará su improcedencia por el
incumplimiento del mismo requisito respecto de los defectos sustantivo y fáctico, y la
negará en lo relacionado con el principio de congruencia, por las razones que procederán
a exponerse:
Por razones metodológicas y en orden a tener mayor claridad sobre el asunto se dividirá
el estudio. Así, en primer lugar, se analizará la procedibilidad de la acción de tutela de
cara a los defectos sustantivo y fáctico y, en segundo lugar, se estudiará lo relativo al
principio de congruencia.
2.1 En cuanto a los defectos sustantivo y fáctico
2.1.1 Conviene recordar que frente al defecto sustantivo el demandante sostuvo que la
autoridad judicial demandada acudió a normas inaplicables al caso y omitió verificar la
existencia de otras personas con mejor derecho para ocupar el cargo de magistrado de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, lo que conllevó a que se hiciera efectivo
el reintegro del señor Otálora Mesa en una plaza que no correspondía a las vacantes
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existentes en ese momento y que, además, estaba siendo provista por el sistema de
carrera judicial.
2.1.2 Por su parte, frente al defecto fáctico, señaló que no se valoró que desde el 8 de
julio de 2011 se encontraban vacantes las plazas de la Sala civil-familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y de Medellín, así como la del Tribunal de
Yopal, por lo cual la orden de reintegro del señor Otálora Mesa se podía cumplir en alguna
de ellas y no necesariamente en la vacante de la plaza de magistrado de la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, pues esta debía proveerse con la
persona que encabezó la lista de elegibles correspondiente.
2.1.3 No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con miras a que se admitiera que, con base en la
existencia de otras vacantes definitivas de igual o similar categoría era posible advertir
que la orden constitucional de reintegro del señor Otálora podía cumplirse en cualquiera
de esas plazas y no específicamente en la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, pues, esa estaba siendo ofertada en el concurso de méritos en el
que el demandante ocupó el primero lugar, por lo cual su derecho prevalecía sobre el
reintegro.
2.1.4 Ahora bien, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia el
demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que no se tuvo en cuenta
que desde antes del mes de agosto de 2011 existían vacantes definitivas de igual o
superior categoría en la Sala civil-familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y de Medellín, así como en el Tribunal de Yopal, en las cuales se podía
cumplir la orden de reintegro del señor Otálora Mesa.
2.1.5 En esa medida, indicó que de haberse advertido lo anterior, el reintegro no se
había efectuado en la plaza especializada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, pues estaba siendo ofertada en un concurso de méritos, por lo cual
solamente debía proveerse de la lista de elegibles del concurso en el que ocupó el primer
lugar. Al respecto, señaló:
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Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
“La Decisión del Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas que evidenciaban
que el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Medellín había
sido ofertado en el marco del concurso de méritos, ni la existencia de otras
vacantes que habilitaban el reintegro del dr. Otálora Mesa, así como
tampoco el hecho de que no existieron solicitudes de traslado a considerar
para dicho nombramiento tal como paso a exponerlo.
(…).
Otras pruebas no tenidas en cuenta en la sentencia y por medio de las
cuales se probó la existencia de otras vacantes definitivas y provisionales
que existían antes del mes de agosto de 2011, en las que se hubiera podido
reintegrar al dr. Otálora Mesa, sin que se conculcaran los derechos del
demandante, son las siguientes:
• La respuesta dada por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia,
mediante oficio OSG-8724, obrante a folio 409 del expediente y en cuyo
numeral 4 se puede apreciar lo siguiente
“Revisadas las bases de la Corporación el siguiente cuadro relaciona las
vacantes generas (sic) para el cargo de Magistrado de la Sala Civil- Familia
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de las diferentes plazas
del país, que registran para el período comprendido entre el 4 de agosto
de 2011 y el 31 de diciembre del mismo año, por renuncia del titular en
propiedad: (…).
(…).
Que la parte demandada pudo haber cumplido la orden constitucional de
tutela de reintegro en cualquiera de esas plazas y no en la plaza
especializada del Tribunal Superior de Medellín (Solo Civil) que estaba
siendo ofertada en concurso de méritos y cuyo nombramiento debió
recaer en mi mandante.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI-negrillas de la Sala).
2.1.6 Por su parte, en el fallo del 7 de diciembre de 2022, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión que declaró probada de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva parcial de la demanda frente a algunos de los actos
administrativos demandados y negó las pretensiones respecto de los cargos de ilegalidad
en contra del Acta del 4 de agosto de 2011, por cuanto consideró que, aunque de manera
desprevenida se podía colegir que se omitió en forma injustificada nombrar al
demandante en el empleo de su interés, lo cierto es que los derechos del señor Otálora
Mesa, adquiridos en virtud de una orden judicial de reintegro, prevalecían sobre aquellos
de quienes hacían parte de las listas finales elaboradas con ocasión de los resultados de
los concursos de méritos, sin que ello implicara la exclusión del registro de elegibles o la
imposibilidad de ser nombrados con posterioridad.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
2.1.7 Además, señaló que la Corte Suprema de Justicia evaluó todas las posibilidades
para proceder al reintegro ordenado por decisión judicial, estudio en el que verificó las
plazas disponibles, las implicaciones legales e incluso los derechos de los magistrados
de tribunal que ocupaban en provisionalidad cargos de carrera, y que le permitió, una vez
presentada la primera renuncia de quien ejercía el empleo en la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín el 31 de julio de 2011, designar al señor Otálora Mesa, sin que con
ello se desconociera el sistema de carrera de la Rama Judicial, más aun cuando para
esa fecha no se tenía certeza de quién ocuparía esa plaza, pues la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial no tenía la “lista de aspirantes por sede”, así:
“Por otra parte, el actor acusa a la parte accionada de permitir que, pese a ser
el primero en la lista para ser nombrado en carrera judicial en la sala civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, concretamente en
aquella plaza disponible desde el 1º de noviembre de 2010, esta hubiera
sido asignada al señor Otálora Mesa, que si bien fue reintegrado por orden
judicial, no podía frustrar sus derechos que como participante de un
concurso de méritos alcanzó al optar por esa sede.
Sobre el particular, la Sala observa que, aunque de manera desprevenida
pudiera colegirse que se omitió en forma injustificada nombrar al
demandante en el empleo de su interés, lo cierto es que, de conformidad
con el Decreto 1227 de 2005, «Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998», el legislador previó un
«orden de precedencia» para nombrar a los servidores públicos, incluidos
quienes pretendan vincularse a la Rama Judicial, así: (…).
(…).
Agrégase a lo anotado que para el 23 de junio de 2011, cuando el señor
presidente de la Corte Suprema de Justicia puso en conocimiento de la
sala plena la orden de la Corte Constitucional, el actor no había escogido
la sede de su preferencia (8 de julio siguiente) y, por ende, la unidad de
administración de la carrera judicial no tenía la «Lista de Aspirantes por
Sede» (publicada el 3 de agosto posterior), es decir, no existía certeza de
quién ocuparía la plaza disponible desde el 1º de noviembre de 2010 en el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (sala civil), motivo por el
cual, luego de varias discusiones orientadas a determinar la solución
jurídicamente correcta, la Corte Suprema de Justicia decidió acatar aquella
decisión de manera pronta, como le correspondía21, y nombró al señor Otálora
Mesa en ese cargo (4 de agosto de 2011).
Asimismo, la referida Colegiatura evaluó todas las posibilidades para
proceder al reintegro ordenado, en las que verificó las implicaciones
legales e incluso los derechos de los magistrados de tribunal que
ocupaban en provisionalidad cargos de carrera, para lo cual descartó
remover a alguno de ellos para nombrar al señor Otálora Mesa, por lo que, una
vez se presentó la primera renuncia, valga decir, de quien ejercía el empleo
en la sala civil del mencionado Tribunal Superior hasta el 31 de julio de
2011, designaron a aquel el 4 de agosto siguiente, decisión que no deviene
irrazonable, caprichosa, arbitraria o que desconozca el sistema de carrera de la
Rama Judicial y el ingreso de los servidores judiciales por el sistema
meritocrático, sino coherente con la orden contenida en la providencia SU-938
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-02692-01
Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
de 2010.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-
negrillas de la Sala).
2.1.8 En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos planteados en el
recurso de apelación se dirigen a lo mismo, esto es, que se declare que se incurrió en un
error al efectuarse el nombramiento del señor Luis Humberto Otálora Mesa en la vacante
para la cual había concursado el demandante y en la que aparecía en primer lugar en la
lista de elegibles, sin antes advertir que existían unas vacantes definitivas en las cuales
se podía haber cumplido la orden de reintegro, con el fin de no afectar los derechos de
carrera judicial.
2.1.9 Para la Sala resulta claro que la autoridad judicial demandada en la providencia
objeto de tutela consideró que el acto demandado no se encontraba viciado de nulidad,
pues el nombramiento del señor Otálora Mesa ocurrió en virtud de una orden judicial de
reintegro, cuyos derechos prevalecían sobre aquellos de quienes hacían parte de las
listas finales elaboradas con ocasión de los resultados de los concursos de méritos, sin
que ello implicara la exclusión del registro de elegibles o la imposibilidad de ser
nombrados en otras plazas.
2.1.10 Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los estudiados en el
proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a que se
declarara que el acto administrativo por medio del cual se nombró al señor Otálora Mesa
como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín estaba viciado de
nulidad, pues solo podía ser provisto por el sistema de carrera y no en virtud de una orden
judicial de reintegro que podía cumplirse sin ningún inconveniente en las otras vacantes
definitivas de igual o superior categoría que existían.
2.1.11 Así pues, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados y discutidos en el
proceso ordinario y se dirigieron de manera exclusiva a que se reconociera que la orden
de reintegro del señor Otálora Mesa estaba viciada de nulidad pues no debió cumplirse
en la vacante de la plaza de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, debido a que estaba siendo ofertada en un concurso de méritos en
el que ocupó el primer lugar el señor Acosta Buitrago, por lo que le asistía un mejor
derecho.
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2.1.12 En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
2.2 Sobre el principio de congruencia
2.2.1 El demandante manifestó que se desconoció el principio de congruencia, por
cuanto, si bien la autoridad judicial demandada indicó que las Actas de sesión 19 y 21 de
2011, en las cuales el presidente de la Corte Suprema de Justicia informó a la Sala Plena
sobre la orden de reintegro contenida en la sentencia SU-938 de 2010 eran actos de
trámite que de ninguna manera podían conformar un acto administrativo complejo con la
decisión contenida en el Acta no. 24 de 4 de agosto del mismo año y, por lo tanto, no
podían ser objeto de pronunciamiento, no hizo el estudio de legalidad respecto de esta
última, a pesar de que era un acto susceptible de control judicial y que también fue objeto
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.2.2 No obstante, del estudio de la providencia del 7 de diciembre de 2022 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se observa que, si
bien la autoridad judicial demandada, después de explicar que no se encontraba
configurado el acto ficto invocado y que no era procedente pronunciarse sobre los actos
de trámite demandados, no indicó de manera expresa que procedería a efectuar el
estudio de legalidad del Acta no. 24 de 4 de agosto de 2011, sí puso de presente que
había lugar a definir si el nombramiento en virtud de la orden judicial de reintegro frustraba
los derechos del demandante como participante de un concurso de méritos para optar
por la vacante de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, de lo cual
se entiende que a partir de ahí dio inicio al estudio que echa de menos el demandante, y
del cual le fue posible establecer que no había lugar a declarar la nulidad del acto, pues
el señor Acosta Buitrago no tenía un mejor derecho respecto de la persona que fue
nombrada en la vacante de la misma sede, así:
“Por otra parte, el actor acusa a la parte accionada de permitir que, pese a
ser el primero en la lista para ser nombrado en carrera judicial en la sala
civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, concretamente
en aquella plaza disponible desde el 1º de noviembre de 2010, esta hubiera
sido asignada al señor Otálora Mesa, que si bien fue reintegrado por orden
judicial, no podía frustrar sus derechos que como participante de un
concurso de méritos alcanzó al optar por esa sede.
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Demandante: Ricardo Acosta Buitrago
Acción de tutela – Impugnación fallo
(…).
Es decir, que no es dable pregonar la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales ni de otros inherentes a la carrera judicial, máxime cuando el
nombramiento del litisconsorte cuasinecesario ocurrió en virtud de una
orden judicial de reintegro, cuyos derechos prevalecen sobre aquellos de
quienes hacen parte de las listas finales elaboradas con ocasión de los
resultados de los concursos de méritos; amén de que, en todo caso, esa
situación no implicó la exclusión del actor del registro de elegibles o la
imposibilidad de ser nombrado, pues, en el peor de los casos, conservaba su
garantía de ser designado hasta el 1º de julio de 2015, esto es, al expirar la
vigencia de dicho registro, una vez se verificara la existencia de una plaza
disponible.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-
negrillas de la Sala).
2.2.3 En ese orden de ideas, en el presente asunto no se vulneró el principio de
congruencia de la sentencia pues, tal como se explicó, la autoridad judicial demandada
sí efectuó el estudio de legalidad del Acta no. 24 de 2011 y, a partir de allí, concluyó que
la decisión de designar al señor Otálora Mesa en el cargo de magistrado de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín no desconocía el sistema de carrera de la Rama Judicial
y el ingreso de los servidores judiciales por el sistema meritocrático, ni tampoco resultaba
irrazonable o arbitraria, pues los derechos de quien era nombrado en virtud de una orden
judicial de reintegro prevalecían sobre los de aquellos que hacían parte de las listas
finales elaboradas con ocasión de los resultados de los concursos de méritos, sin que
esto implicara la exclusión del registro de elegibles o la imposibilidad de ser nombrados
en otras plazas.
2.2.4 En ese orden de ideas, esta Sala modificará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, declarará su improcedencia por el incumplimiento del mismo
requisito respecto de los defectos sustantivo y fáctico, y la negará en lo relacionado con
el principio de congruencia, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Modifícase la sentencia de 13 de julio de 2023 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la cual quedará así:
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1°) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, frente a los defectos sustantivo y fáctico, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Niégase el amparo invocado respecto del principio de congruencia, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto parcial
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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