Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02699-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02699-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02699-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre dos mil veintitrés (2023).
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02699-01
Accionante: ISMAEL ESPINEL CUELLAR
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Derecho fundamental petición
Acción de tutela de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por la Comisión de Regulación
de Energía y Gas – CREG en calidad de accionada en contra de la
sentencia del 13 de julio de 2023 mediante la cual la Sección Primera
de esta corporación accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de tutela.
I. ANTECEDENTES
El accionante, actuando en nombre propio, instauró demanda de tutela
en contra de la Presidencia de la República, las Comisiones de
Regulación de Energía y Gas -CREG y de Agua Potable y Saneamiento
Básico -CRA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Procuraduría General de la Nación, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, salud y defensa, con fundamento en los
siguientes:
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02699-01
Accionante: Ismael Espinel Cuellar
1. HECHOS
1.1. Manifiesta el señor Ismael Espinel Cuellar que el 8 de marzo de
2023 presentó a través de correo electrónico una petición ante las
entidades hoy accionadas; sin embargo, a la fecha no ha obtenido una
respuesta de fondo, clara y congruente al respecto, lo que a su juicio,
constituye una vulneración al derecho de petición.
1.2. Asimismo, considera que se debe investigar las denuncias y quejas
contra los funcionarios de la Dirección Territorial Noroccidente de la
Superintendencia de Servicios Públicos, puesto que exigen requisitos
para dar trámite a las quejas y solicitudes contra las empresas
prestadoras de servicios públicos que no se encuentran previstos en la
ley, además, porque considera que deben explicar las razones por las
cuales el 90 % de los recursos de apelación presentados por los usuarios
se resuelven desfavorablemente.
1.3. Sostiene que en la actualidad no existe normatividad que faculte
a las empresas de servicios públicos domiciliarios para que suspendan
los servicios de forma unilateral.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene que las entidades accionadas transgredieron sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración
de justicia, salud y defensa, al no recibir una respuesta de fondo, clara
y concreta frente a la solicitud radicada mediante correo electrónico el
8 de marzo de 2023.
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Accionante: Ismael Espinel Cuellar
3. INTERVENCIONES
Mediante auto del 14 de junio de 2023, la Sección Primera admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Presidencia de la
República, las Comisiones de Regulación de Energía y Gas -CREG y de
Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación
como accionados.
3.1. La Presidencia de la República, por intermedio de la
coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial, informó que
resolvió la solicitud de manera clara y en el marco de sus competencias,
a través del oficio n.° OFI23-00050738 / GFPU 13150000 del 16 de
marzo de 2023, por lo que no se le puede endilgar ninguna vulneración
al derecho de petición.
Por otra parte, indicó que no es la autoridad competente para ejercer
labores de inspección, vigilancia y control por irregularidades que se han
cometido en la expedición y cobro de sus facturas de servicios públicos
domiciliarios que expide la empresa Afinia.
Asimismo, que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, porque el actor no agotó el proceso administrativo.
Finalmente, solicitó ser desvinculada del presente proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los reclamos y
solicitudes acerca de las irregularidades cometidas por la empresa
prestadora de servicios públicos son del resorte de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
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3.2. La Comisión de Agua Potable - CRA, a través de apoderado
judicial, indicó que una vez revisado el sistema de gestión documental
Orfeo no encontró ninguna petición formulada por el demandante, de
modo que, no tuvo conocimiento de la misma.
Manifestó que carece de competencia para la inspección, vigilancia o
control sobre las personas jurídicas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios, comoquiera que esta se encuentra en cabeza de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que no
podría pronunciarse al respecto.
Por último, pidió ser desvinculada de la presente acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.3. La Comisión de Regulación de Energía y Gas – GREG, por
conducto del director ejecutivo de la entidad, informó que una vez
revisado el sistema de gestión documental no encontró la radicación de
la petición del actor, debido a los múltiples correos enviados al buzón
electrónico de la entidad remitidos desde la dirección electrónica
melkiskammerer@hotmail.com, los cuales ocasionaron una alerta de
cuarentena, por ende varios correos se enviaron al buzón de “no
deseado” los cuales solo se podían recuperar antes de que
transcurrieran treinta (30) días.
Igualmente, señaló que cuando se notificó el auto admisorio de la acción
de tutela no se adjuntó la solicitud objeto de la presente tutela ni
tampoco tuvo acceso al expediente en el aplicativo SAMAI.
Por otra parte, advirtió que no tiene competencia para pronunciarse
sobre situaciones particulares que se presenten entre los usuarios y las
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empresas prestadoras de los servicios públicos, como tampoco sobre la
solicitud del actor respecto de la función de vigilancia y control del
cumplimiento de las funciones de dichas empresas, puesto que dicha
función recae sobre la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Señaló que existen varias acciones de tutela como la de la referencia
con identidad de objeto, causa y parte pasiva, por lo que, a su juicio, se
está frente a un abuso de dicho mecanismo constitucional y del derecho
de petición, lo que era una congestión judicial innecesaria.
Por último, requirió ser desvinculada del presente proceso.
3.4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por conducto de apoderado judicial, solicitó ser desvinculada del
presente proceso al no tener legitimación en la causa por pasiva, dado
que las órdenes de suspensión, reconexión y reclamos en la facturación
de los servicios de energía le corresponden a la empresa prestadora del
servicio de energía.
De otra parte, manifestó que si resolvió de fondo la petición que este
radicó el 13 de enero de 2023, a través del oficio n.° 202386020191961
de 23 de junio del presente año, en el que le informó el trámite
administrativo para presentar los reclamos por la suspensión de los
servicios públicos domiciliarios.
3.5. La Procuraduría General de la Nación manifestó no tener
legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la acción
de tutela están dirigidas contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
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Al respecto, informó que le dio respuesta a la petición del actor mediante
oficio n.° E-2023-139499 enviado el 25 de abril de 2023, en el cual le
indicó que no era la entidad competente para darle respuesta a su
solicitud y, por lo tanto, la remitió a la Presidencia de la República, a la
Superintendencia de Servicios Públicos y a la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – GREG para que dieran respuesta de fondo a los
requerimientos.
Asimismo, que el mecanismo constitucional no cumple con el requisito
de subsidiariedad, pues el actor no agotó todas las instancias y recursos
en el proceso administrativo ante las entidades de control y vigilancia
de los servicios públicos a las cuales podía solicitar su protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
4. FALLO IMPUGNADO
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 13
de julio de 2023, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda
de tutela y, en consecuencia, dispuso:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva formuladas por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, las
COMISIONES DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG- y DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA-, la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- y la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia en relación con el
derecho de petición respecto de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA-, la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a la
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG- y la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -
SUPERSERVICIOS- y, en consecuencia, ORDENAR a dichas entidades que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, den respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado,
a la petición presentada el 8 de marzo de 2023 por el señor ISMAEL ESPINEL
CUELLAR.
CUARTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
SUSTRACCIÓN DE MATERIA, respecto de la pretensión relativa a que la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SUPERSERVICIOS- asistan al
Consejo Comunal de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las instalaciones
de la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar (Cesar), conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: DECLARAR la improcedencia de las demás pretensiones de la
demanda, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Lo anterior, al considerar que se debía desestimar la solicitud de amparo
en relación con la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico - CRA, porque en efecto dicha entidad no tuvo
conocimiento de la petición, por lo que no se le podría exigir respuesta
alguna; además, porque no obraba prueba en el plenario de que el actor
radicó la petición por otro medio.
En cuanto a la Presidencia de la República, se demostró que dio
respuesta a la petición del actor a través del oficio n.° OFI23-00050738
/ GFPU 13150000 de 16 de marzo de 2023, por lo que concluyó que no
vulneró el derecho de petición invocado.
Lo mismo ocurrió con la Procuraduría General de la Nación que procedió
a darle respuesta al actor mediante oficio n.° E-2023-139499, el cual
fue enviado el 25 de abril de 2023.
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Ahora bien, respecto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas
CREG, consideró que no era de recibo el argumento expuesto en el
informe consistente en que no tramitó la petición por no tener acceso al
expediente, toda vez que de su escrito de contestación advirtió que la
entidad sí tuvo conocimiento tanto de la radicación de la petición como
del trámite de la presente acción constitucional, por lo que era su deber
suministrarle al actor una respuesta clara, precisa y de fondo frente a
su solicitud.
En cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
advirtió que la respuesta suministrada frente a la petición radicada el 13
de enero de 2023 era distinta a la solicitud objeto de la acción de tutela
presentada el 8 de marzo de 2023, razón por la que estimó que dicha
entidad vulneró el derecho de petición del actor al no haber resuelto de
fondo la solicitud.
En cuanto a la pretensión del actor relativa a que la Presidencia de la
República y la Superintendencia de Servicios Domiciliarios asistieran al
Consejo Comunal de Servicios Públicos de 26 de mayo de 2023, en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar
(Cesar) indicó que ya se había llevado a cabo al momento de resolverse
la decisión de primer grado, por lo que declaró carencia actual de objeto
por sustracción de materia, puesto que el origen de esa solicitud de
amparo no podía ser protegido en tanto el supuesto constitutivo de la
amenaza al derecho fundamental del actor actualmente no existía y, en
ese sentido, no se podían emitir órdenes tendientes a garantizar el
cumplimiento de la misma.
Finalmente, frente a las demás pretensiones de la acción de tutela las
cuales eran la reiteración de las solicitudes del derecho de petición
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objeto de la presente acción de tutela, observó que eran
cuestionamientos y afirmaciones generales que estaban relacionadas
con el cumplimiento de funciones por parte de servidores públicos y de
la calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en
especial el de energía, circunstancias de las que no evidenciaba
particularmente la vulneración de derechos fundamentales, por lo que
escapaba de la órbita de análisis del juez constitucional y en ese
entendido declaró su improcedencia.
5. IMPUGNACIÓN
La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG presentó
impugnación, para lo cual insistió en que no fue posible conocer el
contenido de la petición interpuesta por la accionante debido a que se
generó alerta de cuarentena como consecuencia de la multiplicidad de
correos del remitente melkiskammerer@hotmail.com, impidiendo así la
recuperación de los mismos.
En esa medida, sostuvo que no fue viable dar respuesta a la solicitud,
al no ser remitida por el despacho la petición junto con el escrito de
tutela ni poder ser consultado en el aplicativo SAMAI.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con el único argumento de impugnación, entiende la
Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Comisión de Regulación de Energía y Gas vulneró los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración
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de justicia, salud y defensa del accionante al no responder la solicitud
formulada el 8 de marzo de 2023.
2. Del derecho fundamental de petición
Conforme al artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.
Este derecho fundamental es de aplicación inmediata según lo dispone
el artículo 85 ibidem y la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección a través de la acción de tutela.
En relación con el alcance y contenido del derecho de petición, la Corte
Constitucional ha señalado:
«a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y
a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento
del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del
derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así
lo determine (…)»1. (Resaltado original).
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es claro que la respuesta a
una petición debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con lo
1 Sentencia T-917 del 2 de septiembre de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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solicitado, para efectos de garantizar el derecho de petición. No
obstante, ha de tenerse en cuenta que la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado, por lo que una contestación negativa, el
señalamiento del procedimiento administrativo que se debe seguir o la
relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud no implican vulneración del derecho
fundamental de petición.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante,
sin perjuicio de que la misma sea negativa a las pretensiones del
peticionario, pues se considera efectiva si la contestación soluciona el
caso que se plantea y es congruente si existe coherencia entre lo
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo
pedido2.
Ahora bien, el artículo 14 del CPACA establece que, salvo norma especial
y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Sin embargo, peticiones tales como las de documentos y de información,
y aquellas mediante las cuales se formula una consulta a las
autoridades, están sometidas a un término especial.
Así las cosas, las peticiones de documentos y de información, deberán
resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en
este interregno no se responde la respectiva solicitud, «se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido
aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la
2 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
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entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».
En caso en que la autoridad ante quien se dirige la petición no sea la
competente, el artículo 21 ibidem, dispone lo siguiente:
«Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente».
4. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante alega la vulneración de los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración
de justicia, salud y de defensa, porque afirma que no se dio respuesta
a la solicitud formulada el 8 de marzo de 2023; sin embargo, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas en el escrito de impugnación, insistió en
que no se dio respuesta, teniendo en cuenta que no le fue posible
conocer el contenido de la petición interpuesta por el accionante debido
a que se generó una alerta de cuarentena como consecuencia de la
multiplicidad de correos que remitió melkiskammerer@hotmail.com.
Además, porque no le fue remitida la petición junto con el escrito de
tutela ni pudo ser consultado en el aplicativo SAMAI.
De conformidad con el material probatorio se tiene que la parte actora
el 8 de marzo de 20233 requirió lo que, in extenso, se cita:
3 Ver documento 5ED_PRUEBA_19_5_202316.pdf
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« (…)
PRETENSIONES
PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y queja de conformidad con
los artículos, 1,2,3,4,6,13,20,23,29,83,84,85,86,90,93,208,209,210,228,229,3 65, al 370 de la
constitución, (…) el presidente y director de la comisión de regulación de energía y gas conforme
al artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 de 1997 doctor gustavo petro (…) superintendente
de servicio públicos domiciliarios, (…) superintendente delegado para energía y gas combustible,
(…) jefe oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública,
para que ordenen PARA QUE EL PRESIDENTE y director de la comisión de regulación de
energía (…) ordenen a la directora oriente (…) DIRECTOR TERRITORIAL NORTE ENTRE
OTROS, donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de
los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la constitución Y LA LEY exigiendo como
requisito, estar al día con todos los consumos o pagar la factura solidaria de forma absoluta para
poder dar trámite a los recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICCION donde si estos documentos la dirección no coincide con la
registrada en la factura de energía no le dan tramite, donde predomina la dirección de la empresa
sin que este aporte la carta catastral y el levantamiento catastral, conforme a los artículos 101 al
104 de la ley b142 de 1994, así mismo no aceptan la declaración extra proceso, para demostrar
que el inmuebles estuvo arrendado y para demostrar la posesión del inmuebles, donde el único
documento idóneos es la factura de energía, pero tampoco la tienen encuentra, ASI MISMO
ordene al presidente y al superintendente, realice un consejo comunal ,con sus presencia y las
presencias de toda las delegada de la superservicios , para que todos los usuarios del cesar y la
guajiras coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de servicios públicos
domiciliarios , y se garanticen los mecanismo de participación ciudadana la administración de
justicia, EL NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION, DEBIDO POROCESO
ADMINISTRATIVO DEFENSA Y CONTRADICCION (…) como los precedentes de la corte
constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA T-636 DEL
2006 , y la sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) asi mismo el presidente de conformidad con el artículo 3
numeral 1 de la resolución 108 modifique el artículo 37 Parágrafo 1º, de igual forma ordene al
superintendente de servicios públicos iniciar las sanciones contra las empresa afinia y air-e por
estar suspendiendo el servició de energía de forma unilateral sin ante expedir un acto
administrativo, de igual forma de loas tutelas que presenta diariamente la oficina de queja y
reclamo con el correo melkiskammerer@hotmail.com sobre tutela por suspensión ilegal , se tome
como denuncia para investigar la empresa que omitió el artículo 154 de la ley 142 de 1994, así
mismo el presidente investigue el alto consumo del consumo de aseo en Valledupar , donde tiene
una sola oficina a más de 3 kilometros de distancia con las demás empresa de servicios público
de Valledupar en una zona peligrosa (…).
SEGUNDO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión
de regulación de energía y gas y agua potable, (…) superintendente de servicio públicos
domiciliarios, (…) superintendente delegado para energía y gas combustible, (…) jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
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procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, le soliciten a la doctora
MARIA SIERRA MARIN, el doctor WALTER ROMERO ALVAREZ DIRECTOR
TERRITORIAL NORTE, CLAUDIA LEONOR JIMENEZ MARTINEZ DIRECTORIA
NORIENTE, KEIDY MILENA DIAZ PLAZA ENTRES OTROS manifieste los siguientes:
A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle tramite al núcleo
esencial del derecho de petición prohibido por el ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION Y
LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015, articulo 9,10,86,93 de la ley 1437
del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como
son el certificado de libertad y tradición y certificado de nomenclatura, donde predominan la
dirección de la factura de energía?,
B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad, alegando
que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección que registra la
factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral, levantamiento catastral
conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994,
C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas y apelación
que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin importar que deban desde
1998, violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA
CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994
?,
D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20 años contra
las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir un acto administrativo
conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los precedentes de la corte constitucional EN
LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007 DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C-060-05, ,C-
558-2001,C-,T013/18, SU-1010, t-270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de
2020 T-761 de 2015, T-408 de 2008 T191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002
C-150 de 2003 E) ¿que la superservicicios explique cuáles son los fundamento constitucionales
y legales para no darle cumplimiento a la sentencias TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t636/2006, así mismo de conformidad
artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106
del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, expedida por la
superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se encuentran en poder de la empresa
presento factura a mi NOMBRE.
TERCERO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión
de regulación de energía y gas y agua potable, (…) superintendente de servicio públicos
domiciliarios, (…)superintendente delegado para energía y gas combustible, (…) jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública , le soliciten a la
superintendencia de servicios público, QUE manifieste la superservicicios porque más del 90%
de los recursos de queja y de apelación son fallado en contra siendo entidad de segunda instancia
el superior jerárquico funcional de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la
constitución y la ley , exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley , para no darle
tramites al núcleo esencial del derecho de petición cometiendo prevaricato por acción omisión y
extralimitación de funciones, donde ni la superservicios, ni la empresa manifiestan cual es la ley
que la facultan para exigir el , certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
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Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas certificaciones, la dirección no coincide
con la factura de energía, niega el derecho de petición, sin que la empresa aporte la carta catastral
y el levantamiento CATASTRAL , que define cual es la dirección del predio, además la empresa
de energía no es la entidad en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que
de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley n142 de 1994 es al municipio que le
corresponde realizar la estratificación, fijar las direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio,
además la superservicios exige como requisito absoluto, el pago de la factura solidaria, sin
importar que el usuarios se abstienen de pagarla , y la pone en reclamo , a la súper no le importa
esto o la paga , o la paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción (…)
CUARTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión
de regulación de energía y gas y agua potable, (…) superintendente de servicio públicos
domiciliarios, (…) superintendente delegado para energía y gas combustible, (…) jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública me garanticen el núcleo
esencial del derecho de petición dándome una respuesta de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los
solicitado, en sus totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones,
concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional
que es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que es el control de autotutela que
se ve complementado con la revisión superior encomendada a la Superintendencia de Servicios
Públicos para la culminación de la vía gubernativa. (…)
QUINTO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E, y afinia a
no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo definitivo sobre esta denuncia
queja así mismo le advierta que de conformidad con la constitución y el bloque de
constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio
de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo
154 de la ley 142 de 1994, donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley
cuando este artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en la
sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá garantizar el debido proceso
administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo, garantizando la demás garantía judiciales.
SEXTO que los SEÑORES gustavo petro, presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, (…) superintendente de servicio públicos
domiciliarios, (…) superintendente delegado para energía y gas combustible, (…) jefe oficina de
control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico domiciliarios, señores
procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, ORDENEN A ESTA
SUPERINTENDENCIA PORQUE NO FALLAN SUS RECURSO DE APELACION
CONFORME A LA RESOLUCION No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida
por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se encuentran en poder de la
empresa como es el certificado de libertad y tradición , por lo que lo puede consultar en la página
de la oficina de instrumentos públicos que el señor presidente ordene a la empresa de energía y a
la superservicios que manifiesten bajo la gravedad de juramento cuales son los fundamentos
constitucionales para poder exigirlo, señalar la ley numéricamente? DONDE ESTA
SUPERSERVCICIOS LE DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
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SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021) t636/2006, así mismo de conformidad artículo 9, 10,77,86,93, de la ley 1437
del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019)
SEPTIMO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO, COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENRGIA Y GAS LE DE
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO sala contenciosa
administrativa SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López Norma
demandada: aparte que indica “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones
uniformes del contrato” del parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución número 108 de 3 de julio
de 1997 Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandado: La Nación – Ministerio
de Minas y Energía, Comisión de Regulación de Energía y Gas. Bogotá D.C., cinco (5) de abril
de dos mil veintiuno (2021) Expediente: 11001 03 24 000 2020 00058 00 Referencia: Procede la
medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo que faculta a las empresas
prestadoras del servicio
OCTAVO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL DOCTOR GUSTAVO PETRO, COMO
DIRECTOR DE LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS, ORDENE AL
CONCEJO DE VALLEDUPAR QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE
UTILIZARON PARA COBRAR EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se
vienen recaudando 100 bese a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía
al sector comercial y de servicios.
Noveno que el señor presidente realice un consejo comunal de servicios publico aqui en
Valledupar para que se invisten a todos los vocales de control del cesar y la guajira, lideres,
asociaciones de usuarios, defensores de la comunidad con la presencia de las delegadas de la
superservicicios con la presencia también del presidente y el superintendente de servicios
públicos, donde el presidente debe de contratar experto en la ley 142 de 1994 como es el doctor
JAIME ARAUJO REINTERIA PONENTE DE LA SENTENCIA C-558 DEL 2001 DONDE LA
EMPRESA Y LA SUPERSERVCICIO POR MAS DE 20 AÑOS VIENEN
INTERPRETANDOLA ERRONEAMENTE exigiendo que lo usuarios estén a paz y salvo en la
factura para poder darle tramite a los recursos de ley, donde exigen el pago de deuda hasta del
1998 , así mismo invitar con el magistrado Manuel José cepeda espinosa ponente de la sentencia
c-150 del 2003, donde dejo en claro que las empresa no pueden suspender el servicio de energía
apisona sujeta de protección constitucional, y que deben expedir un acto administrativo, debido
que ningún abogado de la superservicicios se encuentra capacitado para contestar las preguntas
que realice melkis Kemmerer que ha vivido en carne propia 20 años de atropello de la
superservicicios, que es un elefante blanco , ante los usuarios de la costa que se demora para fallar
unos recurso hasta 48 meses cunado la norma establece un plazo máximo de 90 días si hay prueba
, así mismo señores autoridades si no fuera por melkis Kemmerer las empresa de servicios de
energía todavía tuvieran cobrando sanciones y energía dejadas de facturar gracia a dios que la
sentencia que ganó ante la cortes constitucional anularon todos estos cobros ilegales en la
sentencia T-270 DEL 2004.
DECIMO que la procuraduría ordene al presidente y a l superintendente de servicios públicos
realizar un consejo comunal de servicios público en la ciudad de Valledupar ,para que los usuarios
del cesar y la guajira denuncien todas los atropellos de las empresa s de servicios públicos y
contra la misma superservicicio que vienen fallando los recurso de apelación y de queja más del
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90% encontrar , con la participación del defensor de la de la federación nacional de comerciante
fenadecu, asociación municipal de comités y vocales de control de vocales de control de los
servicios públicos presidente de la asociación nacional de desplazados (…)» (Sic a toda la
cita)
Asimismo, se tiene que la anterior solicitud fue enviada a las siguientes
direcciones electrónicas:
De las transcripciones antes relacionadas, se tiene que efectivamente el
accionante radicó la petición a través de correo electrónico enviado el 8
de marzo de 2023; sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía
y Gas no dio respuesta a la solicitud, toda vez que no la encontró en el
sistema de gestión documental de la entidad, circunstancia que a todas
luces vulnera el derecho de petición del actor, pues se acreditó en el
plenario que sí fue enviada a la entidad.
Así las cosas, la Sala considera que la Comisión de Regulación de Energía
y Gas CREG incurrió en la vulneración del derecho fundamental de
petición, toda vez que no resolvió de manera clara, precisa y de fondo
la solicitud remitida por el señor Ismael Espinel Cuellar el 8 de marzo de
2023, por lo que procederá a confirmar la decisión de primer grado, por
los argumentos expuestos en la sentencia.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2023
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela, por las
consideraciones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
el veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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