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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02703-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02703-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Presidente de la República, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Procuraduría General de la Nación, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a los reparos propuestos por la actora relacionados con su derecho fundamental de petición respecto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la actora y, en consecuencia, ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este esta providencia, responda el derecho de petición de 8 de marzo de 2023 y notifique el contenido de la respuesta a la peticionaria, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 39 Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00 Actora: María de los Ángeles Maya Castillo CUARTO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela presentada por la actora contra las autoridades demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02703-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo
Demandados: Presidencia de la República y otros1

Tema: Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) acceso a
la administración de justicia, iv) dignidad humana, v) vida, vi) salud y vii) educación

Derechos Fundamentales Amparados: i) Petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María de los Ángeles Maya
Castillo contra el Presidente de la República, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y el Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el “[…]
Presidente de Colombia y director de la comisión de regulación de enrgia y gas y
agua potables […] SUPERINTENDENTE DE SERVICIO PÚBLICOS

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

DOMICILIARIOS, y superior jerárquico funcional de la empresa de servicios
públicos domiciliarios […] SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ENERGÍA Y
GAS COMBUSTIBLE […] JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICO
DOMICILIARIOS […] PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA
PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA […]”2, porque, a su juicio, frente a las
quejas y denuncias que ha presentado “[…] ES EL DIA DE HOY Y NO HE RECIBIDO
PRONUNCIAMIENTO alguno , donde la empresa de energía a cada momento me
suspende el servicio de energía , donde ya la superservicicio debió solicitarle a la
empresa de energía que se abstenga de suspender el servicio hasta tanto no
culmine la investigación además solo faltan 6 días para realizarse el consejo
comunal y no se han pronunciado por escrito ni la presidencia ni la superservicicio ,
si va asistir o no o quien viene en su remplazo […]”3, lo cual vulnera sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, es propietaria de un inmueble ubicado en el Barrio Villa Corelca
en Valledupar, por lo cual, en la factura de servicio público de energía, se encuentra
registrada bajo dicha calidad.

4. Expuso que, entre el 16 de enero de 2018 y hasta el 5 de junio 2021, le
arrendó el inmueble a Luis Miguel Polo Mendoza, quien dejó “[…] una deuda
pendiente y financiada por más de $1.500.000 […]”.

5. Manifestó que, el 23 de junio de 2021, radicó ante el prestador Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia Grupo EPM), solicitud número RE3110202127341,
con el fin de se declarara la ruptura de la solidaridad sobre la deuda que presentaba

2 Transcripción literal del texto.
3 Transcripción literal.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

el inmueble de la referencia, e igualmente solicitó que se eliminaran los montos
financiados en sus facturas.

6. Señaló que, el 8 de julio de 2021, el prestador resolvió no acceder a las
peticiones, al considerar que “[…] el usuario no aportó la documentación requerida
como es el contrato de arriendo, certificado de libertad y tradición y fotocopia de la
Cédula por lo que no se puede probar la existencia de un vínculo solidario, no
obstante, nos pronunciaremos al respecto […] le indicamos que la deuda generada
ha sido consentida por el propietario, debido a que es éste quien se encuentra en la
obligación de velar por las obligaciones contraídas por su inmueble y no puede
alegar su propia falta como beneficio y así pretender que se le refacture o condone
su deuda […]”.

7. Indicó que, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en
contra de la decisión del prestador, frente a lo cual, mediante oficio de 23 de julio de
2021, la entidad rechazó los recursos interpuestos, al advertir que “[…] De
conformidad con el inciso 2° del Artículo 155 de la Ley 142 de 1994 para recurrir, el
suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recursos, o del promedio de consumo de los últimos cinco (5) períodos de
facturación […]”.

8. Expresó que, interpuso recurso de queja, razón por la cual el prestador del
servicio remitió dicho expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios – Dirección Territorial Norte para que se surtiera el respectivo trámite.

9. Aseguro que, mediante la Resolución núm. SSPD 20228600335255 de 18 de
abril de 2022, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Dirección
Territorial Norte resolvió declarar improcedente el recurso de queja, “[…] por
encontrarse probado que el mismo reúne (sic) el requisito exigido en el artículo 155
de la Ley 142 de 1994 […]”.

10. Sostuvo que el 8 de marzo de 2023 radicó una solicitud en ejercicio del
derecho de petición dirigida al Presidente de la República, al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía y Gas

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

Combustible, a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Director de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública, en el que solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y queja de
conformidad con los artículos […] decretara el rompimiento de la solidaridad
EXPIDIENDO LA PRIMERA FACTURA DEL TOTAL DE LA DEUDA, dejada POR LA
ARRENDATARIA […] donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas
son fallada en contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la
constitución Y LA LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos
o pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar trámite a los recursos
de apelación,EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICCION donde
si estos documentos la dirección no coincide con la registrada en la factura de energía
no le dan tramite , donde predomina la dirección de la empresa sin que este aporte la
carta catastral y el levantamiento catastral […]”.

[…]

“[…] que los SEÑORES […] presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la
función pública , le soliciten a la superintendencia de servicios publico manifieste los
siguientes:

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle
tramite al núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE
LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015,
articulo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el certificado de libertad y tradición
y certificado de nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de
energía?,

B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad,
alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección
que registra la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral
, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,

C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas
y apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin
importar que deban desde 1998, violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE
DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,

D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20
años contra las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir
un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los
precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007
DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408
de 2008 T191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003

E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y
legales para no darle cumplimiento a la sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de
conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa presento factura a mi NOMBRE […]”.

[…]

“[…] SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia
a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo de finitivo sobre
esta denuncia queja así mismo le advierta […]”.4

11. Manifestó que esa petición “[…] se encuentran radicada hace mas (sic) de 30
días y no he tenido respuesta alguna […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON acción de tutela con medida cautelar urgente , para
que no me suspendan el servicio de energía, y para que el presidente y el
superintendente asista al consejo comunal, y como mecanismo definitivo y
excepcional , para que el juez constitucional aplique el bloque de constitucionalidad y
la excepción de inconstitucionalidad expidiendo un fallo extrapetita, y ordene la
presidente de Colombia como jefe de estado suprema autoridad administrativa ejercer
sus competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, al superintendente de
servicios publico ejercer sus funciones , la procuraduría generar de la nación ejercer
sus funciones los demás funcionario de la superintendencia […] investigar esta
denuncia y quejas contra la directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE
, […] DIRECTORIA NORIENTE,[…] ENTRES OTROS, donde más del 90% de los
recursos de apelación y de quejas son fallada en contra de los usuarios exigiendo
requisito no autorizado por la constitución Y LA LEY exigiendo como requisito, estar
al día con todos los consumos o pagar la factura solidaria de forma absoluta para
poder dar trámite a los recursos de apelación, EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE
LIBERTAD Y TRADICCION donde si estos documentos la dirección no coincide con
la registrada en la factura de energía no le dan tramite , donde predomina la dirección
de la empresa sin que este aporte la carta catastral y el levantamiento catastral,
conforme a los artículos 101 al 104 de la ley b142 de 1994, así mismo no aceptan la
declaración extra proceso, para demostrar que el inmuebles estuvo arrendado y para

4 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

demostrar la posesión del inmuebles , donde el único documento idóneos es la factura
de energía, pero tampoco la tienen encuentra , ASI MISMO que la procuraduría
conforme a los artículos, 1,2,3,40,103,270, de la constitución ley 1757 del 2015
ordene al presidente y al superintendente, realice un consejo comunal ,con sus
presencia y las presencias de toda las delegada de la superservicios , para que todos
los usuarios del cesar y la guajiras coloque sus denuncia y quejas contra la
superservicios y la empresa de servicios públicos domiciliarios , y se garanticen los
mecanismo de participación ciudadana la administración de justicia, EL NUCLEO
ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION, DEBIDO POROCESO
ADMINISTRATIVO DEFENSA Y CONTRADICCION como los precedentes de la corte
constitucional Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA T-636 DEL
2006 , y la sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) asi mismo el presidente de conformidad
con el artículo 3 numeral 1 de la resolución 108 modifique el artículo 37 Parágrafo 1º,
de igual forma ordene al superintendente de servicios públicos iniciar las sanciones
contra las empresa afinia y air-e por estar suspendiendo el servició de energía de
forma unilateral sin ante expedir un acto administrativo, de igual forma de loas tutelas
que presenta diariamente la oficina de queja y reclamo con el correo […] sobre tutela
por suspensión ilegal , se tome como denuncia para investigar la empresa que omitió
el artículo 154 de la ley 142 de 1994 , asi mismo el presidente investigue el alto
consumo del consumo de aseo en Valledupar , donde tiene una sola oficina a mas de
3 kilómetro de distancia con las demás empresa de servicios público de Valledupar
en una zona peligrosa , y y se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al
núcleo esencial del derecho de petición , la administración de justicias, a una tutela
judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una
vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción,
a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto
propio, a un servicio esencial de energía […].

SEGUNDO que el juez constitucional tuteles mis derechos fundamentales y humano
Al núcleo esencial del derecho de petición ,al debido proceso administrativo, derecho
a la defensa contradicción legalidad tipicidad, acceder a la administración de justicia,
a las garantías judiciales consagrada en los artículos 8 y 25 de la convención
americana de derecho humanos, a la salud a la vida, a una vivienda digna, al principio
de la buena fe confianza legitima acto propio a una vivienda digna a la educación y
ordene a darme una respuesta , de fondo clara congruente y resuelva cada una de
las pretensiones de la denuncia, así mismo manifieste con que fundamento
constitucional y legal el presidente y la superservicicios se niega asistir al consejo
comunal realizado por nuestro de defensor por más de 20 años melkis Guillermo
kammerer kammerer identificado con la cedula de ciudadanía No […] de Valledupar ,
el 26 de mayo del 2023 en la cámara de comercio de Valledupar , donde el fue el
fundador de los comités de control social de los servicios públicos mobiliarios , y
necesitamos que estas autoridades estén presente en este consejo comunal de
conformidad con el articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución, para que los usuarios,
vocales de control y comités de servicios públicos reciban sus capacitaciones, hagan
sus denuncia , contra las empresa de servicios público, y contra la misma
superservicicio , por muchas inconsistencia en sus fallo que más del 90% son a favor
de las empresa,

TERCERO que el señor magistrado ordene al señor presidente […] y director de la
comisión de regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de
servicio públicos domiciliarios, asistan a este consejo comunal de conformidad con el
articulo 2,102 ,103 y 270 de la constitución, para que socialicen el porcentaje a tomar

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

sobre cual va hacer la desviación significativa de los consumo de energía eléctrica
[…]”.

[…]

“[…] le soliciten a la superintendencia de servicios público, QUE manifieste la
superservicicios porque más del 90% de los recurso de queja y de apelación son
fallado en contra siendo entidad de segunda instancia el superior jerarquice funcional
de las empresas de servicios públicos, que juro cumplir la constitución y la ley ,
exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley , para no darle tramites
al núcleo esencial del derecho de petición […]”.

[…]

“[…] DECIMO QUE EL SEÑOR MAGISTRADO Y LA PROCURADURÍA DELEGADA
PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ORDEN A LA LOS
SEÑORES ORDEN ALA LOS SEÑORES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EL
DOCTOR GUSTAVO PETRO , COMO DIRECTOR DE LA COMISION DE
REGULACION DE ENERGIA Y GAS, ORDENE AL CONCEJO DE VALLEDUPAR
QUE PRESENTEN LA METODOLOGIA QUE UTILIZARON PARA COBRAR EL
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO debido que se vienen recaudando 100 bese
a lo que se gastan cobrando un alto costo en las factura de energía al sector comercial
y de servicios […]”.5

Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de mayo de 2023, inadmitió la
solicitud para que la actora indicara, con la mayor claridad posible y de manera
precisa, las autoridades contra las cuales presentaba la solicitud de tutela, los
hechos y las razones por las cuales consideraba que estas desconocieron sus
derechos fundamentales y el objeto de su pretensión frente a cada una de ellas.
Para el efecto, le concedió un término de tres (3) días, contados a partir del día
siguiente de la notificación de dicha providencia, so pena de rechazar de plano la
solicitud de tutela.

14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de junio de 2023; i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado
para Energía y Gas Combustible, a la Jefe de la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Director
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas; iii) negó la medida provisional

5 Transcripción literal del texto.

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

solicitada por la actora; y iv) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y a Afinia
Grupo EPM, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe
sobre el particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

15. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial adujo su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto, consideró que:

“[…] En primer lugar, debe informarse que mi representada recibió y atendió el
Derecho de Petición elevado por la accionante de manera clara y en el marco de sus
competencias, lo que puede ser verificado en el OFI23-00048579 / GFPU 13150000
del 14 de marzo de 2023, por lo que no se le puede endilgar ninguna vulneración al
derecho de petición […]”.

[…]

“[…] Los hechos relatados por la accionante, en relación con la posible vulneración
de sus derechos por parte de la Presidencia de la República, se centran en señalar
que su derecho se ha visto afectado por presuntas irregularidades en la celebración
de un acuerdo de pago celebrado con su anterior inquilina. Sin embargo, se debe
indicar que esta no es la autoridad competente para analizar las presuntas
irregularidades que se han cometido y las cuales han afectado los derechos a la
petición y al debido proceso […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con las decisiones analizadas hasta el momento, mi poderdante no
posee ningún tipo de competencia funcional para entrar a analizar de fondo los
reclamos elevados, pues estos son del resorte, en primera instancia de la empresa
prestadora del servicio público, pues ella debe atender las peticiones realizadas en
su contra y, en una segunda instancia, de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios por su deber de inspección, vigilancia y control de las empresas
prestadoras de servicios públicos […]”.

16. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó negar la
acción de tutela, al considerar que:

“[…] Al respecto, le indicamos al respetado despacho que, a la fecha de presentación
de este informe, la superintendencia no ha vulnerado ningún derecho fundamental a
la hoy parte accionante, en la medida que, a la fecha de presentación de este informe,
esta superintendencia ya emitió fallo a través de la resolución SSPD 20228600335255
del 18 de abril de 2022.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

Resolución que fue notificada al usuario a través del oficio SSPD No.
20228601804101 el día 21 de abril de 2022, al correo electrónico […]”.

[…]

“[…] La parte Accionante no demuestra la existencia de un perjuicio irremediable
derivado de la actuación u omisión de la entidad accionada, máxime cuando lo
solicitado por la parte Accionante se debe llevar mediante proceso ordinario
interpuesto ante la Jurisdicción pertinente. […]”.

17. La Comisión de Regulación de Energía y Gas solicitó su desvinculación al
considerar lo siguiente:

“[…] teniendo en cuenta que el escrito de tutela gira en torno a una inconformidad de
la accionante frente a los recursos interpuestos contra su factura de energía eléctrica,
y los costos del servicio de energía en la ciudad de Valledupar, debemos recalcar que
la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene competencia para expedir la
regulación de los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible,
según las funciones señaladas en las leyes 142 y 143 de 1994, y para emitir
conceptos de carácter general y abstracto sobre los temas materia de su regulación,
pero no tiene dentro de sus funciones competencia para pronunciarse sobre
situaciones particulares que se presenten entre el usuario y la empresa prestadora
del servicio […]”.

[…]

“[…] Finalmente, en lo que respecta a la denuncia a la que la parte actora hace
mención en el escrito de tutela, esta Comisión indica que una vez verificado el sistema
de gestión documental electrónica por el área de tecnología, no se encontró recepción
de la misma, tal y como nos permitimos adjuntar en el presente escrito, se encontró
multiplicidad de correos del remitente [...]@hotmail.com que generaron alerta de
cuarentena, es decir, debido al volumen de correos recibidos por el mismo remitente,
los correos electrónicos llegaron a la bandeja de correo no deseado, por considerarse
riesgosos, en ese sentido, solo se podían recuperar mensajes de la bandeja de
cuarentena 30 días atrás, por esta razón al hacer la revisión del mismo no permitió
realizar dicha acción, y por tanto, darle trámite a las mismas […]”.

[…]

“[…] me permito informar que una vez el Despacho mediante correo electrónico de
fecha 11 de julio del año en curso dio traslado del escrito de petición, el mismo fue
radicado e identificado con número de radicado CREG E2023013233, al cual la
Dirección Ejecutiva dio respuesta clara, precisa y congruente mediante comunicación
con número de salida S2023003338, el día 14 de julio.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se declare que la falta de respuesta
oportuna a la petición es un hecho superado, por tanto, no se requiere una orden
judicial para su cumplimiento […]”.

18. La Procuraduría General de la Nación adujo su falta de legitimación en la
causa por pasiva, al considerar que “[…] para el caso que nos ocupa, se observa

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

que las mismas van dirigidas directamente a la Superintendencia de Servicios
Públicos y otros, pretensiones frente a las cuales carece de competencia esta
entidad, so pena de extralimitarse en alguna de sus competencias o de
coadministrar, lo cual le está prohibido […]”.

18.1. Al respecto, manifestó que:

“[…] Establecido lo anterior, se requirió a la Procuraduría Delegada Preventiva y de
Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública,
dependencia que mediante correo electrónico del 30/06/2023, enviado por la
funcionaria Silvia Peña Ruiz, informó:

“De manera atenta, me permito enviar en adjunto la constancia del trámite efectuado
por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública, en cumplimiento del derecho fundamental de petición y de conformidad con
las funciones preventivas que le competen a esta Delegada, las cuales no incluyen
funciones de intervención ni disciplinarias.

En adjunto, se remite copia del oficio de traslado y de respuesta, así como, las dos
constancias de pantallazos del envío de las mismas a las entidades competentes y a
los correos suministrados por la peticionaria MARIA DE LOS ÁNGELES MAYA
CASTILLO Rad. E-2023-140493. Correos […]”.

19. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia Grupo EPM solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela o, en su defecto, negarla. Para tal efecto,
manifestó lo siguiente:

“[…] La usuaria presentó petición RE3110202315445, en la que solicita solidaridad
de las deudas resolución 20228600335255 DEL 18 de abril de 2022.

La empresa el día 08 de marzo de 2023, le envía respuesta mediante consecutivo No.
202370133651, del 22 de marzo de 2023, en esa comunicación se le informa que se
observó que ya había presentado petición el día 23 de junio 2021 bajo el radicado No.
RE3110202127341 reclamando por solidaridad de las deudas del periodo contractual
que va del 16 de enero de 2018 (fecha del contrato de arrendamiento) hasta 05 de
junio de 2021 (fecha de abandono del inmueble reportada por el cliente en la
reclamación).

También se le comunica en la misma respuesta que en la contestación a la petición
la empresa emitió la decisión No. 202170183083 de fecha 8 de julio de 2021 en la
que se le informó y explicó que no es procedente declarar el rompimiento de
solidaridad, toda vez que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de
arriendo y consintió la deuda dejada por el inquilino.

Igualmente, se le detalló la respuesta de fondo dada a cada una de las pretensiones
y solicitudes de la petición […]”.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

[…]

“[…] Mediante resolución No. 20228600335255 del 18 de abril de 2022, el ente de
control procedió a declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja contra decisión No.
202170201135- RE3110202127341, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P le ad estricto
cumplimiento a lo que allí se ordena, tal como se soporta con las imágenes capture
de la libreta de incidencias del sistema comercial de la empresa […]”.

[…]

“[…] La tutela no es el medio idóneo para que la empresa revise la facturación de la
usuaria, la usuaria hoy accionante cuenta con otros medios de defensa como es la
reclamación ante la empresa, la presentación de los recursos de reposición en
subsidio el de apelación ante la Superintendencia de servicio Públicos Domiciliarios
o hacer uso de la acción de la nulidad y restablecimiento del derecho. El juez natural
para el estudio de la controversia sobre la responsabilidad en el pago de los servicios
públicos y de las reclamaciones de alto consumo no es el juez constitucional sino la
jurisdicción de lo contencioso administrativo […]”.

[…]

“[…] Consultado el área responsable de servicio técnico y el área comercial reporta
que no existe en la actualidad orden de suspensión del servicio. El servicio de energía
se encuentra activo […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

22. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

23. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

24. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

10 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[11].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

25. La Sala advierte que el Presidente de la República, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, y la Procuraduría General de la Nación solicitaron su
desvinculación de la solicitud de amparo, al considerar que carecen de legitimación
en la causa por pasiva.

26. Al respecto, es preciso indicar que, el Presidente de la República y el Director
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fueron notificados como
demandados, en la medida en que la actora formuló reparos en su contra; por otra
parte, la Procuraduría fue vinculada como tercero con interés legítimo, en particular,
la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, toda
vez que la actora la mencionó dentro de su escrito de tutela y en el derecho de
petición que la actora adjuntó se observó que este también estaba dirigido ante
dicha autoridad.

11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

14

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27. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Presidente de la
República, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Procuraduría
General de la Nación les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.

28. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Presidente de la
República, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y de la Procuraduría
General de la Nación.

Problemas jurídicos

29. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, corresponde establecer ii) si se debe
proteger el derecho fundamental de petición invocado por la actora, el cual
considera vulnerado porque las autoridades demandadas no le dieron respuesta al
derecho de petición que presentó el 8 de marzo de 2023; y iii) si se deben proteger
los demás derechos fundamentales invocados por la tutelante, con ocasión a las
siguientes acciones: i) omitir asistir al “[...] consejo comunal de capacitación [...]” que
se llevó a cabo el 26 de mayo de 2023; ii) exigir el “[...] CERTIFICADO DE LIBETAD
(sic) Y TRADICCION (sic) CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]” para resolver
sobre las solicitudes de “[...] rompimiento de la solidaridad [...]”, iii) omitir investigar
la conducta de “[...] la directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE […]
DIRECTORIA NORIENTE […]” funcionarios de la Superintendencia; iv) omitir
realizar un consejo comunal “[...] para que todos los usuarios del cesar y la guajiras
coloque sus denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de servicios
públicos domiciliarios , y se garanticen, el núcleo esencial del derecho de petición,
al debido proceso administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad
tipicidad, acceder a la administración de justicia [...]”12; y v) no investigar “[…] LAS
ALTAS TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa […]”13.

12 Transcripción literal.
13 Transcripción literal.

15

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

30. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la vida; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la salud; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la educación, ix) análisis del caso concreto; y finalmente x) las
conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

31. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

32. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200514, se pronunció en
el siguiente sentido:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

14 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

16

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

33. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado15:

[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que
la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha
situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de
amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

34. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección16.

35. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición

36. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
16 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

37. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198417, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

38. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201118, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.

39. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.

40. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

41. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201519 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

17 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
19 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

18

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Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

42. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

43. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.

44. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

45. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.

46. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el

19

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trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

47. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

48. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

49. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

50. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

51. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-

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146 de 201220, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,

20 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado

fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

52. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

53. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

54. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”21.

21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.

22

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55. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

56. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional22:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

57. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

58. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se

22 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
23 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

59. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

60. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

24 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

24

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

61. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).

62. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

63. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

25 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

25

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64. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional26, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

65. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201527 sobre el derecho
fundamental a la salud.

66. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional28, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la educación

67. Visto el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley […]”.

68. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho a la
educación como “[…] un derecho social fundamental […]”, y ha recordado que este
derecho tiene “[…] una doble condición de derecho y de servicio público que busca
garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás
bienes y valores culturales […]” de manera que ha resaltado que como derecho
tiene como propósito “[…] la promoción del desarrollo humano y la erradicación de
la pobreza […]”.

Análisis del caso concreto

69. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

70. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

29 Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 23 de octubre de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

27

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

Acervo y análisis probatorios

71. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

71.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.

71.2. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición de la actora

72. La actora sostuvo que el 8 de marzo de 2023 radicó una solicitud en ejercicio
del derecho de petición dirigida al Presidente de la República, al Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios, al Superintendente Delegado para Energía y
Gas Combustible, a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Director de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas; y a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública, en el que solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición, denuncia y queja de
conformidad con los artículos […] decretara el rompimiento de la solidaridad
EXPIDIENDO LA PRIMERA FACTURA DEL TOTAL DE LA DEUDA, dejada POR LA
ARRENDATARIA […] donde más del 90% de los recursos de apelación y de quejas
son fallada en contra de los usuarios exigiendo requisito no autorizado por la
constitución Y LA LEY exigiendo como requisito, estar al día con todos los consumos
o pagar la factura solidaria de forma absoluta para poder dar trámite a los recursos
de apelación,EXIGUIENDO EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICCION donde
si estos documentos la dirección no coincide con la registrada en la factura de energía
no le dan tramite , donde predomina la dirección de la empresa sin que este aporte la
carta catastral y el levantamiento catastral […]”.

[…]

“[…] que los SEÑORES […] presidente de Colombia y director de la comisión de
regulación de energía y gas y agua potable, […] superintendente de servicio públicos
domiciliarios, […] superintendente delegado para energía y gas combustible, […] jefe
oficina de control disciplinario interno de la superintendencia de servicios publico
domiciliarios, señores procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la
función pública , le soliciten a la superintendencia de servicios publico manifieste los
siguientes:

28

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

A) ¿con que fundamento constitucional exigen requisitos adicionales para darle
tramite al núcleo esencial del derecho de petición prophibido por el ARTICULO 84 DE
LA CONSTITUCION Y LAS DISPOSICIONES artículo 16 de la ley 1755 del 2015,
articulo 9,10,86,93 de la ley 1437 del 2011 , articulo 9 de la ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y decreto 2106 del 2019, como son el certificado de libertad y tradición
y certificado de nomenclatura,donde predominan la dirección de la factura de
energía?,

B) ¿conque fundamento constitucional niegan los derecho de petición por solidaridad,
alegando que la dirección de las certificaciones aportadas no coincide con la dirección
que registra la factura de energía, donde no le exigen a la empresa la carta catastral
, levantamiento catastral conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994? ,

C) ¿que manifieste conque fundamento exigen para conceder los recursos de quejas
y apelación que el solicitante tenga que estar al día con todos los consumos sin
importar que deban desde 1998, violando la sentencia C-558 DEL 2001 QUE
DECLARO EXEQUIBLE DE FORMA CONDICIONADA EL INCISO SEGUNDO DEL
ARTICULO 155 DE LA LEY 142 DE 1994 ? ,

D) CUANTAS SANCIONES LA SUPERSERVCICIO ha expedido en los últimos 20
años contra las empresas que suspenden el servicio de forma unilateral sin expedir
un acto admi9nistrativo conforme al artículo 154 de la ley 142 de 1994 y los
precedentes de la corte constitucional EN LAS SENTENCIAS C-150 DEL 2001 C-007
DEL 2017 T793/2012, ,C-389/2002 C060-05, ,C-558-2001,C-,T-013/18, SU-1010, t-
270/2004, T398/2021,T-206/21 C-134 de 1994-T-367 de 2020 T-761 de 2015, T-408
de 2008 T191 de 2008 T-281 de 2012 T-189 de 2016 T-1108 de 2002 C-150 de 2003

E) ¿ que la superservicicios explique cuales son los fundamento constitucionales y
legales para no darle cumplimiento a la sentenciasTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27)
de septiembre de dos mil veintiuno (2021) , y a la sentencia t-636/2006, así mismo de
conformidad artículo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,expedida por la superservicios, no es necesario aportar otro requisito, que ya se
encuentran en poder de la empresa presento factura a mi NOMBRE […]”.

[…]

“[…] SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene GERENTE GENERAL DE AIR-E,y afinia
a no suspenderme el servicio de energía hasta tanto no haya un fallo de finitivo sobre
esta denuncia queja así mismo le advierta […]”.30

73. La actora manifestó que esa petición “[…] se encuentran radicada hace mas
(sic) de 30 días y no he tenido respuesta alguna […]”.

73. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud elevada por la
actora ha sido tramitada por las respectivas autoridades.

30 Transcripción literal del texto.

29

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

Análisis frente al Presidente de la República

74. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que la Presidencia de la
República, mediante el Oficio núm. OFI23-00048581 / GFPU 13150000 de 14 de
marzo de 2023, remitió la petición de la actora a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, de lo cual obra la respectiva “[…] trazabilidad […]”31,
mediante la cual se certifica el envío del Oficio mencionado supra:

75. Igualmente, obra el Oficio núm. OFI23-00048579 / GFPU 13150000 de 14 de
marzo de 2023, mediante el cual se le puso en conocimiento a la actora dicha
remisión y frente al cual también obra la respectiva “[…] trazabilidad […]”32:

31 Cfr. índice núm. 16 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_OFI2300123778GFPU(.zip) NroActua 16”. Archivo aportado en forma digital. Al respecto, se advierte
que dicho documento obra como constancia de envío del oficio de la referencia, en la medida en que
corresponde a la información extraída del software de la Presidencia de la República denominado “ESCRIBE”,
en el cual quedan registradas todas las actuaciones surtidas respecto de la correspondencia que recibe la
entidad.
32 Ibidem.

30

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

76. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

77. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

77.1. En la sentencia de 19 de abril de 202133, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

31

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
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77.2. En la sentencia de 30 de junio de 202034, se expresó que:

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

78. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que frente al Presidente
de la República no se observa vulneración alguna al derecho fundamental del actor,
toda vez que, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene
competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e
informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.

Análisis frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

79. Al respecto, la Sala advierte que la actora presentó su petición el 8 de marzo
de 2023 en la dirección electrónica con dominio @superservicios.gov.co, razón por
la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tenía hasta el 30 de
marzo del mismo año para responder dicha solicitud.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

32

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

80. Sin embargo, la Sala observa que no existe evidencia en el presente proceso
relacionada con que la autoridad mencionada supra hubiese brindado respuesta a
la petición de la actora.

81. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo del derecho
fundamental de petición de la actora y, en consecuencia;

ii) ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este esta
providencia, responda el derecho de petición de 8 de marzo de 2023 y notifique el
contenido de la respuesta a la peticionaria.

Análisis frente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas

82. Al respecto, dicha entidad rindió informe en los siguientes términos:

“[…] en lo que respecta a la denuncia a la que la parte actora hace mención en el
escrito de tutela, esta Comisión indica que una vez verificado el sistema de gestión
documental electrónica por el área de tecnología, no se encontró recepción de la
misma, tal y como nos permitimos adjuntar en el presente escrito, se encontró
multiplicidad de correos del remitente [...]@hotmail.com que generaron alerta de
cuarentena, es decir, debido al volumen de correos recibidos por el mismo remitente,
los correos electrónicos llegaron a la bandeja de correo no deseado, por considerarse
riesgosos, en ese sentido, solo se podían recuperar mensajes de la bandeja de
cuarentena 30 días atrás, por esta razón al hacer la revisión del mismo no permitió
realizar dicha acción, y por tanto, darle trámite a las mismas […]”.

[…]

“[…] me permito informar que una vez el Despacho mediante correo electrónico
de fecha 11 de julio del año en curso dio traslado del escrito de petición, el
mismo fue radicado e identificado con número de radicado CREG E2023013233,
al cual la Dirección Ejecutiva dio respuesta clara, precisa y congruente
mediante comunicación con número de salida S2023003338, el día 14 de julio.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se declare que la falta de respuesta
oportuna a la petición es un hecho superado, por tanto, no se requiere una orden
judicial para su cumplimiento […]”. (Resaltado por la Sala)

83. De conformidad con el acervo probatorio, la Sala observa que la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, mediante el Oficio núm. S2023003338 de 14 de julio
de 2023 dio respuesta a la actora, en el sentido de indicarle que:

33

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

i) “[…] En atención a su comunicación le informamos que la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, CREG, tiene competencia para expedir la regulación de los
servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible, según las funciones
señaladas en las leyes 142 y 143 de 1994 y para emitir conceptos de carácter general
y abstracto sobre los temas materia de su regulación, pero no tiene dentro de sus
funciones competencia para pronunciarse o intervenir sobre situaciones individuales
que se presenten entre el usuario y una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios ni tampoco respecto de las actuaciones de representantes de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ni de ningún funcionario de
otras entidades, razones por las cuales nos abstenemos de pronunciamiento alguno,
además porque entendemos que su comunicación es de conocimiento tanto de la
Procuraduría General de la Nación como de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para las actuaciones que les corresponda, con lo que tampoco
realizamos ningún traslado. […]”.

ii) “[…] El único aspecto, de los que se encuentran en su comunicación, relacionado
con las competencias de la CREG es el acatamiento de la providencia del 5 de abril
de 2021, en la cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sala Unitaria, […] decidió decretar la suspensión provisional del
aparte contenido en el parágrafo 1 del artículo 37 de la Resolución CREG 108 de
1997 que indica “los porcentajes que fijen las empresas en las condiciones uniformes
del contrato” […] la CREG, en próximos días estará publicando para consulta un
proyecto de regulación que tiene por objeto establecer los parámetros técnicos que
permita a los prestadores del servicio investigar las desviaciones significativas en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 […]”.

84. De la respuesta mencionada supra, obra la respectiva constancia de envío,
como se observa a continuación35:

índice núm. 27 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
35 Cfr.

RONICO_CONSTANCIA_DE_ENVIO(.pd f) NroActua 27”. Archivo aportado en forma digital.

34

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

85. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Comisión de Regulación de Energía y Gas cumplió con los requisitos de i)
oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues,
de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.

86. La Sala encuentra que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento de
la actora en debida forma, tal cual como se advierte del correo enviado a la actora
el 14 de julio de 2023.

87. En cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra
que, si bien no se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que
a la fecha la actora ya obtuvo respuesta al respecto, por lo que cualquier orden que
sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría inane.

35

Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

88. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que la Comisión, dentro de lo confuso que resultaba ser
el derecho de petición, incluso advirtió algún tema relacionado con sus
competencias y le explicó a la actora lo relacionado con “[…] el acatamiento de la
providencia del 5 de abril de 2021, en la cual el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, […] decidió decretar la
suspensión provisional del aparte contenido en el parágrafo 1 del artículo 37 de la
Resolución CREG 108 de 1997 que indica “los porcentajes que fijen las empresas
en las condiciones uniformes del contrato” […]”.

89. La Sala considera que, en relación con la respuesta de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, se garantizó el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio durante el
trámite de la acción de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Análisis frente a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la
Función Pública

90. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que el Procurador
Delegado Segundo para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, mediante el
Oficio núm. E-2023-139499, remitió la petición de la actora a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Presidencia de la República y a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, de lo cual obra la respectiva constancia36,
mediante la cual se certifica el envío del Oficio mencionado supra el 21 de abril de
2023:

36Cfr. índice núm. 19 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_11ANEXOSINFORMET(.pdf) NroActua 19”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

91. Igualmente, obra el Oficio núm. E-2023-139499, mediante el cual se le puso
en conocimiento a la actora dicha remisión y frente al cual también obra la respectiva
constancia de envío el 25 de abril de 202337:

92. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

93. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que frente a la
Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
no se observa vulneración alguna al derecho fundamental de la actora, toda vez
que, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder,

índice núm. 18 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
37 Cfr.

RONICO_RESPUESTAMASIVACAS(.png ) NroActua 18”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

deberá remitir la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual
aconteció en el caso sub examine.

Análisis frente a las demás pretensiones formuladas por la actora

94. La actora señaló que las autoridades demandadas también vulneraron otros
derechos fundamentales con ocasión a las siguientes acciones: i) omitir asistir al
“[...] consejo comunal de capacitación [...]” que se llevó a cabo el 26 de mayo de
2023; ii) exigir el “[...] CERTIFICADO DE LIBETAD (sic) Y TRADICCION (sic)
CERTIFICADO DE NOMENCLATURA [...]” para resolver sobre las solicitudes de
“[...] rompimiento de la solidaridad [...]”, iii) omitir investigar la conducta de “[...] la
directora oriente […] DIRECTOR TERRITORIAL NORTE […] DIRECTORIA
NORIENTE […]” funcionarios de la Superintendencia; iv) omitir realizar un consejo
comunal “[...] para que todos los usuarios del cesar y la guajiras coloque sus
denuncia y quejas contra la superservicios y la empresa de servicios públicos
domiciliarios , y se garanticen, el núcleo esencial del derecho de petición, al debido
proceso administrativo, derecho a la defensa contradicción legalidad tipicidad,
acceder a la administración de justicia [...]”38; y v) no investigar “[…] LAS ALTAS
TARIFA QUE VIENEN cobrando la empresa […]”.

95. Al respecto, la Sala advierte que, como lo consideró en un caso similar al de
la actora39, de conformidad con la naturaleza de las pretensiones40 formuladas
respecto de los reparos expuestos supra, estas escapan de la órbita del juez de
tutela, en atención a que no develan la vulneración de algún derecho fundamental,
sino que guardan relación con el cumplimiento de funciones por parte de servidores
públicos.

96. Sumado a lo anterior, debe destacarse que la actora no expuso las razones
por las cuales las presuntas omisiones condujeron a la vulneración de sus garantías
fundamentales.

38 Transcripción literal.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de

2023, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02670-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
40 De conformidad con el numeral 12 de esta providencia.

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Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

Conclusiones de la Sala

97. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a los reparos propuestos por la actora relacionados con su derecho
fundamental de petición respecto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas;
ii) concederá el amparo del derecho fundamental de petición de la actora, el cual
fue vulnerado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; y ii) en lo
demás, negará la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Presidente de la República, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas y la Procuraduría General de la Nación, por lo expuesto en esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a
los reparos propuestos por la actora relacionados con su derecho fundamental de
petición respecto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la actora y, en
consecuencia, ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este esta providencia, responda el derecho de petición de 8 de marzo
de 2023 y notifique el contenido de la respuesta a la peticionaria, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202302703-00
Actora: María de los Ángeles Maya Castillo

CUARTO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela presentada por la actora
contra las autoridades demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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