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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02719-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02719-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial / Convocatoria 22

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Guillermo Andrés Rojas Trujillo promueve acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona por estimar vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a cargos públicos y a la igualdad
de oportunidades.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

PRIMERO: SE TUTELEN los derechos fundamentales la igualdad, igualdad de
oportunidades y acceso a cargos públicos.

SEGUNDO: SE ORDENE como mecanismo transitorio y, en aras de evitar un perjuicio
irremediable, DECRETAR la suspensión provisional de la RESOLUCIÓN NÚMERO CJRES15-
20 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se calificaron las pruebas de
conocimientos del señor GUILLERMO ANDRÉS ROJAS TRUJILLO dentro de la convocatoria
No. 22 de la Rama Judicial; al igual que, de los actos administrativos que resolvieron los
recursos de reposición, esto es, RESOLUCIÓN NÚMERO CJRES15-252 del 24/09/2015, y
oficio CJOFI16-4066 del 11/10/16; y la RESOLUCIÓN NÚMERO CJRES16-488 de 28 de
septiembre de 2016, mediante la cual se eliminó del proceso de calificación las preguntas
11, 14, 16, 22 y 42 de los demandantes

TERCERO: SE ORDENE como mecanismo transitorio a la Universidad de Pamplona y a la
Dirección de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, calificar como

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

correctas las preguntas número 10, 11, 14, 16, 42, 45, 46 y 54 de la prueba de
conocimientos en la convocatoria No. 22 para el cargo de Juez Administrativo de
GUILLERMO ANDRÉS ROJAS TRUJILLO, y se habilite su ingreso a la convocatoria 27,
procediendo a declarar que aprobó el examen de conocimientos, al igual que habilitar la
práctica del curso de formación u homologación del curso de formación, hasta quedar
en igualdad de condiciones a los demás concursantes.

SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA: SE ORDENE la HABILITACIÓN PROVISIONAL para
asistir al CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL de la convocatoria No. 27, en la medida que esos
cursos SOLO SE REALIZAN por cada convocatoria o concurso, que son prácticamente
cada 6 a 8 años, sino se ingresa en este momento, prácticamente la decisión judicial en
caso de ser favorable al demandante sería inocua o sin posibilidad de ejecutarse, porque
no habría mecanismo alguno para cumplir dicho requisito.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) Es empleado judicial desde hace 13 años y está inscrito en la carrera administrativa.
Participó en la convocatoria 22 adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura
como aspirante al cargo de juez administrativo, en la cual no obtuvo un puntaje
aprobatorio; considerando que dicho resultado obedeció a la existencia de evidentes
errores en la prueba de conocimientos, en el año 2016 incoó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 03 25 000 2016 00804 00
(radicado interno 3675-16), actualmente acumulado al radicado 11001 03 2 5000 2016
00081 00.

ii) La convocatoria 22, finalizó el 28 de febrero de 2018 con la publicación de la lista de
elegibles, y se dio apertura al proceso de selección en el mes de marzo de 2018 de
136 vacantes para juez administrativo.

iii) El 21 de febrero de 2023 solicitó medida cautelar suspensiva de urgencia en el
medio de control propuesto -la que hasta la fecha no ha sido decidida-, situación que
le genera un nuevo perjuicio irremediable, máxime que según el cronograma previsto
para la convocatoria 27, el 11 de septiembre de 2023, se da inicio a las inscripciones
al IX Curso de Formación Judicial.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

i) Luego de transcurrir alrededor de siete años de la interposición de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, a la fecha no se le ha satisfecho el derecho a
obtener una pronta y cumplida justicia, pues de forma alterna a dicho proceso ha tenido
que utilizar otros mecanismos como recursos de insistencia y acciones de tutela por
mora judicial.1

ii) Resaltó la importancia de la declaratoria de la medida cautelar solicitada el 12 de
febrero de 2023 -en el expediente radicado número 11001 03 25 000 2016 00804 00,
acumulado al radicado 11001 03 25 000 2016 00081 00-, pues a diferencia de la
primera solicitud de suspensión provisional -adelantada por otros demandantes-, la
que radicaron sí satisface el segundo requisito para su procedencia dada la existencia
de nuevas pruebas

iii) Insistió en la falsa motivación de las resoluciones objeto de solicitud de medida
cautelar, las que en su criterio giran en la calificación arbitraria de la prueba de
conocimientos al eliminar varias preguntas sin seguir una sola regla o estándar, sino
varios parámetros contradictorios, como ocurrió por ejemplo con i) las preguntas 4, 11,
16 y 42, que fueron eliminadas por no superar el índice de dificultad, dado que fueron
contestadas por menos del 10% de los evaluados, y porque las claves de respuesta
estaban erradas, ii) las preguntas 14 y 22, eliminadas porque no cumplían con el índice
de discriminación, categoría que no explican en la solicitud cautelar, aunque sí
cumplían con el índice de dificultad y iii) varias preguntas que en el memorial no se
precisan cuáles son, que no fueron eliminadas, pese a que las claves de respuesta
estaban erradas.

A su juicio, y en apariencia de buen derecho, en su caso, «al incluirse las preguntas
eliminadas en la calificación, aprobó el examen de conocimientos».

iv) La convocatoria 22 finalizó con la generación del registro de elegibles para el cargo
de juez administrativo desde el 22 de mayo de 2018, en dicho momento adujo que le
fue generado el «primer daño irremediable» en tanto se le negó la oportunidad de
integrarla a pesar de haber presentado la demanda de nulidad y restablecimiento del

1 Expediente radicado número 11001 03 15 000 2021 03717 00 [01].

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Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

derecho con solicitud de medida cautelar. Añadió que a mayo de 2023 «el registro lo
integran doce personas y existen más de cien vacantes a la fecha», por lo que, a su
juicio, de tener «la oportunidad de integrar el registro de elegibles, tendría la absoluta
confianza y certeza que tendría el acceso al empleo y con ello el «segundo daño
irremediable» se me niega la posibilidad y oportunidad real del acceso al empleo
público».

v) La Rama Judicial está adelantando la convocatoria 27 para generar nuevamente un
registro y lista de elegibles, la que en su cronograma actualizado tiene establecido que
la inscripción al IX Curso de Formación Judicial Inicial será el 11 de septiembre de
2023 y que las notas definitivas obtenidas en dicho curso se publicarán en 27 de marzo
de 2025, es decir que «a esa fecha, ese trámite habría concluido, con lo cual las
condiciones actuales para poder integrar una lista de elegibles y acceder un empleo
en condiciones de igualdad de oportunidades de quienes participaron en la
convocatoria 22 serán definitivas».

1.4. Actuación procesal

i) La tutela de la referencia fue inadmitida por auto del 2 de junio de 2023, el que, a su
vez, requirió al accionante allegar memorial de corrección relacionado con las acciones
u omisiones en las que habría incurrido el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, así como prestar el respectivo juramento.

ii) Atendido el requerimiento, el 16 de junio de 2023, se ordenó notificar como
demandados a los magistrados de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, quienes conocen del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramita con el radicado 11001 0325 000 2016 00804 00 -acumulado al
11001 0325 000 2016 00081 00-, al Consejo Superior de la Judicatura -Dirección de
Carrera Judicial y a la Universidad de Pamplona, para que en el término de tres días y
en uso de su derecho de defensa, rindieran el correspondiente informe.

1.5. Intervenciones

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

1.5.1. El magistrado de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, ponente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado número
11001032500020160008100(0379-2016), señaló que a dicho proceso se han
acumulado 19 demandas contra los resultados de la convocatoria 22 de 2013 de la
Rama Judicial.

Añadió que la ausencia de decisión alegada por el señor Guillermo Rojas en el libelo
tutelar fue decidida al momento de resolver la medida cautelar de urgencia presentada
en el mes de febrero pasado, oportunidad en la que se ordenó correr traslado de la
petición a las entidades demandadas al no encontrarse presentes los presupuestos de
urgencia y apremio que exige el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, solicitó negar el amparo deprecado.

1.5.2. La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura,2 Claudia M. Granados R., solicitó desvincular a
esa unidad del trámite de la tutela o en su lugar declarar su improcedencia en atención
a que:

i) La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, toda vez que no tiene competencia para proferir decisión o
pronunciamiento alguno relacionado con la solicitud de medida cautelar en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

ii) Se desconoció el requisito de inmediatez previsto para la procedencia de las
acciones de tutela, pues la acción de tutela se presentó seis años después de
proferidas las decisiones objeto de reproche -Resoluciones CJERS15-20 del 12 de
febrero de 2015, CJERS15-252 del 24 de septiembre de 2015 y CJERS 16-488 de 28 de
septiembre de 2016, lo que implica un ejercicio tardío de la acción constitucional,
tiempo que no es razonable para uso del mecanismo excepcional.

2 Expediente digital de tutela.

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Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

iii) No hay desconocimiento de los derechos fundamentales del accionante por parte
de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial por cuanto la controversia que
se genera, actualmente se surte en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con número de radicado 11001 03 25 000 2016 00081 00 (acumulados).

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si las accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante por la omisión en la resolución de la
solicitud de la medida cautelar solicitada.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

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Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.4. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 25 de junio de 2013, a través de Acuerdo PSAA13-9939 la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, adelantó el proceso de selección y convocó al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.4

2.4.2. El 12 de febrero de 2015, por Resolución CJRES15-20 la Unidad de
Administración de Carrera Judicial expidió el listado de los resultados de la prueba de
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos

3
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.
4 Expediente digital de tutela.

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de funcionarios de la Rama Judicial Administrativa de la Convocatoria 22, para el caso
del accionante:5

2.4.3. El 24 de septiembre de 2015, por medio de Resolución CJRES15-252 resolvió los
recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de
febrero de 2015, que dispuso:6

ARTÍCULO 1.° CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la decisión contenida en la
Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído y en consecuencia no reponer los puntajes obtenidos por los
recurrentes relacionados en el presente acto, tanto en el listado del cuadro anexo como
en el de los extemporáneos.

ARTÍCULO 2.° RECHAZAR por improcedentes, lo recursos de reposición presentados contra
la calificación aprobatoria de la prueba de conocimientos y los recursos de Apelación,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3.° NO PROCEDE RECURSO contra la presente Resolución en sede
administrativa.

ARTÍCULO 4.° NOTIFICAR esta providencia, mediante su fijación, durante el término de
cinco (5) días hábiles, en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
De igual manera se informará a través de la página web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co y en las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de
la Judicatura.

2.4.4. La vigencia del registro nacional de elegibles resultantes de la Convocatoria 22
de 2013 inició el 19 de abril de 2018 y finalizó el 19 de abril de 2022.7

2.4.5. En el año 2016, a través de apoderado el señor Guillermo Andrés Rojas Trujillo
y otro radicaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación -Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por medio de la cual solicitaron la declaratoria de nulidad
de las Resoluciones CJRES15-20 de 20158 y CJRES 15-252 de 2015,9 y a título de

5 Expediente digital de tutela.
6 Expediente digital de tutela.
7
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/funcionariosde-carrera-de-la-
rama-judicial-conv.-no-22
8 «Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de la prueba de conocimientos

correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial»;
9 «Por medio de la cual se resuelve recursos de Reposición interpuestos en contra de la Resolución CJRES 15-20

de 2015».g

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9

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Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

restablecimiento del derecho que se les tuviera por superada la citada prueba de
conocimientos, de tal manera que pudieran continuar en el proceso de selección y
pasar a las siguientes etapas que son la «calificación de la prueba psicotécnica» y el
«curso de formación judicial».

2.4.6. A través de memorial del 23 de marzo de 2018, presentado en el expediente
11001 03 25 000 2016 00804 00 (3675-2016), acumulado al expediente 11001 03 25
000 2016 00081 00, promovido por Nelcy Vargas Tovar, Miguel Augusto Medina
Ramírez y Guillermo Andrés Rojas Trujillo, los demandantes desistieron de la solicitud
de medida cautelar.

2.4.7. Mediante auto de ponente de 19 de junio de 2018, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, resolvió negar las solicitudes de medida cautelar
formuladas en tres procesos -0590-2016, 0422-2017 y 0588-2017- de los 19 procesos
acumulados.10

2.4.8. El 21 de febrero de 2023, los demandantes señores Miguel Augusto Medina
Ramírez y Guillermo Andrés Rojas Trujillo radicaron solicitud de medida cautelar de
urgencia en el proceso 11001 03 25 000 2016 00804 00 (3675-2016), acumulado al
expediente 11001 03 25 000 2016 00081 0011.

2.4.9. El 4 de julio de 2023, el magistrado sustanciador de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, negó la solicitud de medida cautelar de urgencia
y dispuso el traslado previo de dicha petición a las entidades demandadas para que
se pronunciaran sobre ella de conformidad con el inciso 3.° del artículo 233 del CPACA.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El señor Guillermo Andrés Rojas Trujillo aduce que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, transgredió sus derechos fundamentales a la igualdad, al
acceso a cargos públicos y a la igualdad de oportunidades, pues al omitir, sin

10El 6 de octubre de 2017, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado resolvió negar las solicitudes

de medida cautelar formuladas en cuatro de los 19 procesos acumulados, a saber: 0379-2016, 0327-2016, 0284-
2016 y 1096-2016.
11 Expediente digital de tutela.

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justificación alguna, resolver su solicitud de medida cautelar -elevada el 21 de febrero
de 2023- contra unos actos administrativos proferidos en la Convocatoria 22-, no
habilitó su ingreso a la convocatoria 27 declarando que aprobó el examen de
conocimientos, y que, por tanto, podía concurrir a la práctica del curso de formación u
homologación del curso de formación, a fin de quedar en igualdad de condiciones con
los demás concursantes.

La urgencia de la solicitud cautelar la fundamentaron los demandantes aduciendo que
como la Convocatoria 22 de 2013 ya finalizó porque los registros de elegibles
vencieron, de haberse accedido a sus pretensiones lo lógico era que fueran incluidos
en el curso concurso de la Convocatoria 27 de 2018, que están en curso.

El contenido de la solicitud de medida cautelar de urgencia fue del siguiente tenor:

1. DECRETAR la suspensión provisional de la RESOLUCIÓN CJRES15- 20 del 12 de febrero
de 2015, mediante la cual se calificaron las pruebas de conocimientos de los señores
MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ y GUILLERMO ANDRÉS ROJAS TRUJILLO dentro de la
convocatoria No. 22 de la Rama Judicial; al igual que, de los actos administrativos que
resolvieron recursos de reposición de los señores MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ
(RESOLUCIÓN CJRES 16-544 de Octubre 13 de 2016), y GUILLERMO ANDRÉS ROJAS
TRUJILLO dentro de la convocatoria No. 22 de la Rama Judicial; al igual que, de los actos
administrativos (RESOLUCIÓN CJRES 15-252 del 24/09/2015, y oficio CJOFI16-4066 del
11/10/16); y la RESOLUCIÓN CJRES 16-488 de 28 de septiembre de 2016, mediante la cual
se eliminó del proceso de calificación las preguntas 11, 14, 16, 22 y 42 de los
demandantes

2. En consecuencia, ORDENAR a la Rama Judicial a través de la dependencia
competente, calificar como correctas las preguntas número 2, 4, 7, 9, 10, 16, 22, 26, 31,
42, 45, 46, 54, 80,85,86, 89, 90 y 94 de la prueba de conocimientos en la convocatoria
No. 22 del cargo de Magistrado Tribunal Administrativo del señor MIGUEL AUGUSTO
MEDINA RAMÍREZ, y se habilite su ingreso a la convocatoria 27, procediendo a declarar
que aprobó el examen de conocimientos, al igual que habilitar la práctica del curso de
formación u homologación del curso de formación, hasta quedar en igualdad de
condiciones a los demás concursantes.

3. En consecuencia, ORDENAR a la Rama Judicial a través de la dependencia competente,
calificar como correctas las preguntas número 10, 11, 14, 16, 42, 45, 46 y 54 de la prueba
de conocimientos en la convocatoria 22 para el cargo de Juez Administrativo de
GUILLERMO ANDRÉS ROJAS TRUJILLO, y se habilite su ingreso a la convocatoria 27,
procediendo a declarar que aprobó el examen de conocimientos, al igual que habilitar la
práctica del curso de formación u homologación del curso de formación, hasta quedar
en igualdad de condiciones a los demás concursantes.

SOLICITUD SUBSIDIARIA

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

Si su señoría considera que no es el momento procesal para pronunciarse sobre
elementos propios del fondo del asunto, se solicita se decrete la HABILITACIÓN
PROVISIONAL para asistir al CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL de la convocatoria No. 27, en
la medida que esos cursos SOLO SE REALIZAN por cada convocatoria o concurso, que son
prácticamente cada 6 a 8 años, sino se ingresa en este momento, prácticamente la
decisión judicial en caso de ser favorable a los demandantes seria inocuo o sin
posibilidad de ejecutarse, porque no habría mecanismo alguno para cumplir dicho
requisito».

Al efecto, advierte la Sala que el magistrado sustanciador del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, -expediente 11001 03 25 000 2016 00081 00 (0379-
2016)-, 12 anexó a esta actuación copia del auto proferido el 4 de julio de 2023 según
el cual la solicitud de suspensión provisional de urgencia no cumplió las exigencias
procesales previstas en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, ni tampoco evidenció
la situación de apremio e impostergabilidad exigida por la norma, razón por la cual
decidió tramitarla de acuerdo con el procedimiento ordinario de que trata el artículo
233 ibídem con el fin de otorgarle a las entidades demandadas la oportunidad de
referirse a los argumentos en que fue fundada dicha petición.

La anterior decisión la fundó en que la vigencia de los registros nacionales de elegibles
resultantes de la Convocatoria 22 de 2013 inició el 19 de abril de 2018 y finalizó el 19
de abril de 2022, es decir, el proceso de selección, por el cual, se convocó al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial -
Convocatoria 22- había culminado, por lo que, en consecuencia «desaparecieron los
fundamentos de hecho en los cuales, se justificó la «urgencia» para solicitar la
adopción de la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución CJRES15-
20 del 12 de febrero de 2015, mediante la cual se calificaron las pruebas de
conocimientos; al igual que, de los actos administrativos que resolvieron recursos de
reposición Resolución No. CJRES 16-544 del 13 octubre de 2016, y Resolución
CJRES15-252 del 24 septiembre de 2015, así como, del oficio CJOFI16-4066 del 11 de

octubre de 2016 y la Resolución CJRES16-488 del 28 de septiembre de 2016, mediante
la cual se eliminó del proceso de calificación las preguntas 11, 14, 16, 22 y 42».

12
Al proceso de la referencia, fueron acumuladas las siguientes demandas de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho: 284-2016, 327-2016, 377-2016, 590-2016, 1096-2016, 1812-2016, 1818-2016, 3675-2016, 290-2017,
292-2017, 422-2017, 443-2017, 588-2017, 1786-2017, 1792- 2017, 3080-2017, 3905-2017 y 580-2018.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

En tal sentido, siendo que la solicitud de medida cautelar fue resuelta, informándole al
demandante que se iba a tramitar por el curso ordinario ante la ausencia de urgencia
e impostergabilidad, así como que se está en espera de que las autoridades
demandadas se pronuncien sobre dicha petición, evidencia la Sala que se está en
presencia de un proceso en curso, lo cual impide al juzgador constitucional ejercer su
competencia.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la acción de tutela
contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad cuando se
verifica i) que el asunto está en trámite, ii) que no se han agotado los medios de
defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como un instrumento
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al defecto no fue
previamente alegado.

Por tanto, lo que corresponde en el asunto es preservar y dar estricto cumplimiento al
carácter subsidiario de la acción de tutela, pues de no ser así: i) se asumiría la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, ii) se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, iii) se concentrarían en
la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ella y iv) se propiciaría
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción
constitucional.

Además, dentro de los alegatos presentados en la acción de tutela no se trajo como
argumento la existencia de algún perjuicio irremediable que justifique la flexibilización
del requisito de subsidiariedad.

Así las cosas, se encuentra que la presente acción de tutela no supera el examen de
procedencia requerido, pues las circunstancias alegadas en torno al requisito de
subsidiariedad no son relevantes para pretermitir este requisito.

3. Conclusión

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02719 00
Demandante: Guillermo Andrés Rojas Trujillo

La Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el
Consejo Superior de la Judicatura -Dirección de Carrera Judicial y la Universidad de
Pamplona, no cumple con el presupuesto de subsidiariedad para realizar el estudio de
la vulneración alegada, toda vez que se trata de un proceso que se encuentra en
trámite, lo que no permite la intervención del juez de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Rechazar por improcedente el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el señor Guillermo Andrés Rojas Trujillo por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte considerativa que
antecede.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase,

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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