Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02732-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02732-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02732-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., septiembre cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202302732 01
Actor: RAÚL GIOVANNY VÉLEZ MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende reabrir el
debate probatorio y jurídico del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el tutelante contra
la sentencia de 29 de junio de 2023, mediante la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo frente al defecto procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución; lo negó en relación con el
desconocimiento del precedente1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 24 de mayo de 2023, el señor Raúl Giovanny Vélez Martínez instauró demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad, de acceso a la Administración de Justicia y al
trabajo, con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 25 de noviembre de
2022, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
1
Que ingresó para fallo el 1° de agosto de 2023.
Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Raúl Giovanny Vélez Martínez demandó a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
mediante el cual fue desvinculado de la institución policial, sin la posibilidad de ser
reubicado en actividades administrativas o afines, como consecuencia de la
disminución de su capacidad sicofísica.
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, a través de sentencia del 21 de agosto de
2020, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se configuraban
las condiciones para la reubicación pretendida por el demandante, en tanto no
contaba con las habilidades para realizar labores administrativas o de otra índole
distinta a la policial, en los términos fijados por la jurisprudencia para asuntos de
estabilidad laboral reforzada.
La anterior decisión fue objeto de apelación y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante
sentencia del 25 de noviembre de 2022, en la cual se compartieron los argumentos
expuestos por el juez de primera instancia, particularmente en lo que atañe a la
imposibilidad de reubicar al demandante, por carecer de aptitudes para desarrollar
actividades administrativas en la Policía Nacional.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El tutelante señaló que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, incurrió en “defecto
procedimental, violación directa de la constitución y desconocimiento del
precedente”, por no tener en cuenta la protección especial de la que gozaba por la
pérdida de capacidad laboral que afrontó y negar las pretensiones de la demanda
formulada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de su
condición.
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Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
En criterio del tutelante, la decisión adoptada en el proceso ordinario generó la
afectación de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad, de
acceso a la administración de Justicia y al trabajo.
4. Trámite en primera instancia
4.1. La demanda de tutela le correspondió por reparto a la Sección Primera de esta
Corporación, la cual dispuso su admisión mediante auto del 25 de mayo de 2023.
4.2. Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se
opuso a la solicitud de amparo, porque consideró que el asunto carecía de
relevancia constitucional, en tanto lo pretendido por el tutelante era reabrir la
discusión frente al tema que ya había sido decidido por los jueces naturales de la
causa.
4.3. La Policía Nacional solicitó que se niegue el amparo invocado, en
consideración a que no se presentó la violación de los derechos referidos en la
demanda de tutela ni se cumplen las condiciones para su prosperidad, dado que
no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable derivado de las
decisiones que negaron las pretensiones formuladas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
5. La sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 29 de junio
de 2023, declaró la improcedencia del amparo solicitado respecto del defecto
procedimental y la violación directa de la Constitución -por no cumplir el requisito
de relevancia constitucional- y lo negó frente al defecto por desconocimiento del
precedente.
En relación con el defecto procedimental y la violación directa de la Constitución,
sostuvo que el demandante no cumplió con su carga argumentativa y se limitó a
enunciar los supuestos errores en que incurrió la providencia censurada, sin
razonar acerca de la manera en que se concretaron, lo cual puso en evidencia su
intención de agotar una instancia adicional, a partir de su inconformidad con lo
3
Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
decidido en el proceso ordinario, motivo por el que la acción de tutela resultaba
improcedente por carecer de relevancia constitucional.
En lo que atañe al desconocimiento del precedente, el juez constitucional de
primera instancia expuso que no era cierto que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca hubiese dejado de aplicar la jurisprudencia relacionada con la
estabilidad laboral reforzada de las personas que resultan afectadas en sus
capacidad laboral, para lo cual expuso que la providencia que originó la acción de
tutela contiene un estudio jurídico y probatorio que, además, se fundamentó en la
sentencia C-381 de 2005, para concluir que no se reunían las condiciones para
exigir a la Policía Nacional la reubicación de su exagente, dado que fue calificado
como no apto para el servicio y no acreditó las condiciones o aptitudes para ser
trasladado a actividades administrativas o docentes.
6. La impugnación
La sentencia en mención fue impugnada por el tutelante, quien hizo alusión a
pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la estabilidad laboral
reforzada, sin especificar la manera en que se materializaron los defectos alegados
ni su incidencia en la supuesta violación de los derechos invocadas en la solicitud
de amparo.
En cuanto al desconocimiento del precedente, insistió en que la providencia emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta el criterio
expuesto por la Corte Constitucional en múltiples providencias, en relación con la
protección de personas en condición de discapacidad y en la obligatoriedad de
acatar la jurisprudencia para resolver casos similares2.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección confirmará el fallo impugnado, pues considera que no hay lugar a
hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el
2
Entre las providencias mencionadas en la impugnación se encuentran las siguientes: sentencias
T-328 de 2022, C-531 de 2000, T- 286 de 2019, T-597 de 2017, T-440 de 2017, T- 382 de 2014, y
en cuanto al desconocimiento del precedente las sentencias SU-053 de 2015, SU 354-17, SU-035
de 2018, SU 380 de 2021, SU 087 de 2022, T-153 de 2015 y T-146 de 2014.
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Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
requisito de la relevancia constitucional, respecto de los cargos formulados por
defecto procedimental y violación directa de la Constitución.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces3.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para establecer
si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario
examinar dos elementos, a saber4:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Conviene señalar que, tal y como ha señalado la Corte Constitucional5 y esta
Corporación6 en distintas oportunidades, no es suficiente con que el interesado
manifieste inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces
de instancia, sino que es necesario que acredite que la providencia cuestionada ha
incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
3
Sentencia T–422 de 2018.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional, sentencia SU 215 de 2022 del 16 de junio de 2022. M.P: Natalia
Ángel Cabo.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-
00, M.P. María Adriana Marín, reiterada en: sentencia del 19 de septiembre de 2019, exp.
110010315000201903701-00; fallo del 3 de febrero de 2023, exp:
11001031500020220665600.
5
Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
constitucional contra sentencias judiciales, en la medida en que las providencias
gozan de presunción de acierto y legalidad y, por definición, son inmodificables.
En el caso bajo estudio se observa que la demanda de tutela estuvo dirigida a
reiterar los argumentos planteados en el proceso ordinario, en relación con el
carácter de sujeto de especial protección del accionante y con la supuesta
obligación de la entidad para procurar su reubicación en actividades
administrativas, circunstancia que denota que lo realmente pretendido es reabrir el
debate frente a la controversia puesta a consideración del juez ordinario, con el
único fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.
Desde esta perspectiva, resulta necesario precisar, como lo ha señalado la Corte
Constitucional, que “la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida
como un ‘juicio de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado7,
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia, más aun cuando las partes cuentan
con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios para combatir las
decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política”.
En definitiva, la Sala concluye que, además de no cumplir con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
porque el objeto de la demanda es que se realice un nuevo estudio respecto de las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que desdibuja las finalidades de esta acción constitucional8.
En virtud de lo expuesto, este preciso aspecto de la sentencia será confirmado.
Respecto del cargo de impugnación relacionado con el desconocimiento del
precedente frente a casos de estabilidad reforzada para servidores que sufrieron
una pérdida de capacidad laboral y no fueron reubicados para el desarrollo de
funciones administrativas, la Sala evidencia que se trata de la mención de distintas
7 Corte Constitucional, sentencia SU 215 de 2022 del 16 de junio de 2022. M.P: Natalia Ángel Cabo.
8 Sección Cuarta del Consejo de Estado, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sentencia de 15 de
noviembre de 2018 (exp. 11001-03-15-000-2018-03400-00).
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Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
providencias emanadas de la Corte Constitucional en sede de tutela, pero no se
precisó la manera en la que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca las hubiese desconocido, especialmente si se tiene en cuenta que
esa providencia se sustentó en las pruebas recaudadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el criterio jurisprudencial que estimó aplicable a
la controversia, en la forma en que se transcribe a continuación de manera literal:
De otro lado, el Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de 2011, en
el caso de un soldado que sufrió una disminución de su capacidad laboral en
la prestación del servicio esgrimió: ‘Si bien le asiste razón a la entidad
demandada cuando afirma que para cumplir con la misión como Soldado
Profesional del Ejército Nacional se requiere plena capacidad sicofísica, no
puede perderse de vista que el Estado debe asegurar una debida protección a
las personas que han sufrido una discapacidad en la prestación el servicio, más
aún, cuando sin mediar concepto razonado sobre la imposibilidad de nuevas
funciones, la entidad procedió a retirarlo. En asuntos como el presente,
tratándose de persona que durante el desempeño de su labor ha sufrido una
disminución de la capacidad laboral, la Ley dispone el retiro, no obstante, si
obtiene concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación, su
trayectoria profesional lo hace merecedor y sus capacidades pueden ser
aprovechadas, la entidad puede mantenerlo en el servicio activo’.
Como se expuso en la parte normativa de esta providencia, la Corte
Constitucional, al declarar inexequible el artículo 58 del Decreto 1791 de 2000,
en sentencia C-381 de 12 de abril de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño,
indicó:
En ese orden de ideas, la norma resultaría inconstitucional, salvo que se
la armonice con la acción positiva por parte del Estado de brindar la
protección especial debida a las personas discapacitadas y que se limite
a aquel sector de la población cuya vinculación efectivamente causaría
un perjuicio desproporcionado a la institución. Una afectación menor de
los derechos de las personas discapacitadas es precisamente que se les
permita seguir laborando en la institución siempre que posean
capacidades para desempeñar aquellas funciones para las cuales no se
encuentren limitadas. En ese sentido podrían, por ejemplo, cumplir
labores de instrucción, docencia o de índole administrativo. Lo anterior
implica que, si no se demuestra que el policial puede realizar ese tipo de
funciones, resulta razonable que se le retire de la institución toda vez que
no existen derechos absolutos aun tratándose de personas con
discapacidad y que puede ocurrir que restricciones legislativas para el
acceso o ejercicio de derechos por parte de personas discapacitadas
resulten razonables. (...) Con fundamento en lo expuesto, una persona
discapacitada o con disminución de su capacidad sicofísica no
podrá ser retirada de la institución por ese sólo motivo si se
demuestra que se encuentra en condiciones de realizar alguna labor
administrativa, de docencia o de instrucción (se destaca).
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Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
Respecto a este punto, en el Acta proferida por el Tribunal Médico Laboral, se
señaló que el actor no cuenta con habilidades administrativas, ni de docencia
y no aportó certificaciones de capacitaciones, por lo que concluyó que no hay
recomendación de reubicación laboral; además, porque las patologías que
presenta el demandante impiden el ejercicio normal y eficiente de la actividad
policial, aunado a las condiciones de estrés, fácil acceso a las armas de fuego
que puede poner en riesgo su integridad, la de sus compañeros y de la
comunidad que está obligado a proteger.
Así las cosas y conforme a la jurisprudencia en cita, como el Tribunal
Médico Laboral no recomendó la reubicación del accionante y en el
expediente no reposa certificaciones, capacitaciones y/o cursos
realizados por el actor, que puedan ser aprovechados o ser útiles en la
Institución, el Despacho no accederá a la protección de la estabilidad
reforzada pretendida, ya que las decisiones de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, han previsto que solamente después de realizada
la valoración médica por la autoridad médico laboral correspondiente, y
siempre que se concluya que la persona no tiene capacidad alguna
aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado de la Policía Nacional de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 1791 de 2000 (negrillas
de la Sala).
De acuerdo con lo transcrito, la Sala considera que el razonamiento expuesto por
el juez ordinario partió de un análisis racional y se sustentó en las normas y criterios
jurisprudenciales que estimó aplicables a la controversia, los cuales no fueron
revaluados por la jurisprudencia mencionada en la impugnación, o por lo menos
ello no se indicó ni se advierte por parte de esta Subsección.
Lo anterior permite concluir, sin ambages, que el defecto invocado por el
demandante no se configuró; que lo pretendido fue la sola enunciación de múltiples
providencias judiciales que habrían de ajustarse a lo planteado en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho para lograr un pronunciamiento que
accediera a sus aspiraciones económicas, lo que evidentemente supone la
intención de agotar una instancia adicional para ventilar argumentos que no fueron
acogidos en sede del proceso declarativo.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que la tutela por violación del
precedente judicial no está llamada a prosperar, tal como lo estableció la Sección
Primera de esta Corporación, motivo por el cual confirmará la sentencia impugnada.
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Radicación: 110010315000202302732 01
Actor: Raúl Giovanny Vélez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección E
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
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