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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02744-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02744-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02744-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA
HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL A LAS PRUEBAS QUE FUERON
ALLEGADAS AL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE
QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la parte actora

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

1
En adelante la Sección Quinta

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la

SECCIÓN QUINTA al haber proferido las providencias de 18 y 25 de

mayo de 2023, dentro de los medios de control de nulidad electoral

identificados con los números únicos de radicación 2022-00285-00 y

2022-00302-00, respectivamente.

I.2.- Hechos

Pese a la falta de claridad de la situación fáctica narrada en el escrito

introductorio, la Sala tiene como hechos relevantes para resolver los

siguientes:

El actor afirmó que promovió la demanda de nulidad electoral

identificada con el número único de radicación 11001-03-28-000-

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

2022-00285-00 contra el acto de elección de los señores JUAN

CARLOS WILLS OSPINA, HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ y

AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO como presidente,

vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión Primera

de la Cámara de Representantes, contenido en el Acta núm. 01 de 2

de agosto de 2022 de la sesión plenaria de dicha Corporación.

Señaló que en el término para pronunciarse sobre las excepciones

manifestó que, de conformidad con las pruebas, se demostraba que

el orden del día previsto para la sesión inaugural del 20 de julio de

2022 no se agotó en esa fecha y se contrarió lo establecido en el

artículo 80 de la Ley 5 de 17 de junio de 19922. Además, que la

intervención de la oposición se llevó a cabo el 20 de julio de 2022,

con desconocimiento de lo previsto en los artículos 14 de la Ley 1909

de 9 de julio de 20183 y 13 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo

Nacional Electoral, en la medida en que se efectuó luego de haber

sido nombrado el segundo vicepresidente del Senado de la República

mas no, una vez finalizó la intervención del Presidente de la

República.

2
Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes"
3
“Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes”.

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

Refirió que, en el término de traslado de las pruebas, se pronunció

identificando las horas y minutos de los videos de las sesiones de 20

y 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que se incurrió en varias

irregularidades y, además, porque en las órdenes del día de las

reuniones de 21 de julio y 2 de agosto de 2022, se incurrió en yerros

que desconocieron lo dispuesto en el Reglamento del Congreso.

Indicó que mediante sentencia de única instancia de 18 de mayo de

2023 proferida por la SECCIÓN QUINTA se declaró la cosa juzgada

en relación con la elección de la señora AMPARO YANETH

CALDERÓN PERDOMO como secretaria de la Comisión Primera de

la Cámara de Representantes y se denegó las pretensiones

relacionadas con la nulidad del acto de elección de los señores JUAN

CARLOS WILLS OSPINA y HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ,

como presidente y vicepresidente de la Comisión Primera de la

Cámara de Representantes, respectivamente.

Adicionalmente, puso de relieve que también promovió la demanda

de nulidad electoral identificada con el número único de radicación

11001-03-28-000-2022-00302-00 contra el acto de elección de los

señores ÓSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO y JOHN JAIRO

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

GONZÁLEZ AGUDELO, como presidente y vicepresidente,

respectivamente, de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias

de la Cámara de Representantes, contenido en el Acta 01 de 9 de

agosto de 2022 de la sesión ordinaria de ese órgano.

Sostuvo que en el término de traslado de las pruebas en dicho

proceso, también se pronunció identificando las horas y minutos de

los videos de las sesiones de 20 y 21 de julio y 2 de agosto de 2022

en los que se incurrió en varias irregularidades. Igualmente, hizo

referencia a las órdenes del día de las reuniones de 21 de julio y 2

de agosto de 2022 en los que presuntamente se incurrió en yerros

que desconocieron lo dispuesto en el Reglamento del Congreso y,

además, aseguró que con la elección cuestionada se transgredieron

los artículos 6 de la Ley 3 de 24 de marzo de 19924, 2 y 129 de la

Ley 5 de 17 de junio de 19925.

Manifestó que mediante sentencia de única instancia proferida el 25

de mayo de 2023, la SECCIÓN QUINTA denegó las pretensiones de

la demanda de nulidad electoral.

4
“Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras
disposiciones”.
5
“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”

6

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

I.3. Fundamentos de derecho

El actor sostuvo que en el traslado de las pruebas, presentó escrito

en el que señalaba las razones por las que consideraba que las

elecciones carecían de validez; sin embargo, la autoridad judicial

accionada dictó sentencia desconociendo sus argumentos, pues “[…]

reconoce expresamente haber emitido una decisión con partes,

cargos y presupuestos fácticos y jurídicos idénticos sin siquiera

ruborizarse que por percibir ello y coacción de la sustanciadora el

accionante dice en sus alegatos de conclusión se mantiene incólume

en su pretensión de nulidad aun cuando está segura de que la Sala

va negársela […]”.

Adujo que, las providencias cuestionadas “carecen de imparcialidad

objetiva”, toda vez que en algunos pronunciamientos

convencionales6 y nacionales7, se ha indicado que una decisión es

parcial, si la autoridad judicial que la profiere tiene un criterio definido

previamente respecto de la controversia que debe resolver , por lo

6
Refirió las sentencias Petro Urrego Vs. Colombia, Tribunal Constitucional Vs. Perú, López Mendoza Vs.
Venezuela
7
Refirió el Auto 475 de 2019 y la Sentencia T-266 de 1999

7

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

cual, quienes la suscribieron “reconocen haber tomado una decisión

con partes, cargos y presupuestos fácticos y jurídicos idénticos

teniendo así una posición predefinida sobre la situación fáctica y la

litis objeto de la misma”.

Señaló que “[…] lo dispuesto en el literal d) del numeral 4 del artículo

246, el artículo 130 y el numeral 6 del artículo 131 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso impide dicha

garantía convencional” y, que el artículo 295 de dicho código le

permitiría al accionado imponer multas de cinco a diez salarios

mínimos de llegar a encontrarla impertinente o improcedente y a ello

ya ha sido so penado el accionante en otros procesos a cargo de

quien ponencia la sentencia sub judice además de tener vigentes

multas impuestas tras la presentación de solicitudes de recusaciones

intencionalmente encaminadas a garantizar esa imparcialidad […]”.

Manifestó que “[…] los motivos de la acción interpuesta son

básicamente que el accionando ya había desestimado las

irregularidades increpadas en los 11001032800020220028500 y

11001032800020220030200 en otros procesos no habiendo así

imparcialidad objetiva a la hora de proferir las sentencias de los

mismos sin posibilidad de argüir ello mediante recusación o nulidad

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y, a su vez, ello propició no haber sido realmente oído el accionante

en las etapas procesales de oposición de las excepciones de mérito,

previas y/o mixtas y de traslado probatorio y de alegatos de

conclusión […]”.

Aseguró que la presente solicitud de amparo cumple con todos los

requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra

providencias judiciales.

I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental

invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] dejar sin efectos las sentencias proferidas en los procesos
con radicado 11001032800020220028500 y
11001032800020220030200 y con ello tales procesos pasen a
manos de quienes con decisiones anteriores a las tomadas en
dichas sentencias no hayan desestimado o asentido ya la
ocurrencia de las irregularidades allí increpadas […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la acción de tutela es

improcedente porque no cumple con el requisito de la relevancia

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constitucional, bajo el entendido de que lo pretendido por el actor es

reabrir el debate del proceso ordinario sin presentar auténticas

razones sobre la vulneración de garantías de orden constitucional.

Manifestó que lo pretendido por el actor es utilizar la acción de tutela

como una tercera instancia, para que se realice un nuevo estudio

sobre aspectos de orden legal que fueron debatidos al momento de

adoptarse la decisión que se cuestiona.

Precisó que debía tenerse en cuenta que la revisión de providencias

judiciales en sede de tutela implica un juicio de validez, mas no de

corrección y, en ese sentido, para que haya lugar a la revisión de una

decisión por parte del juez constitucional debe demostrarse que es

incompatible con el ordenamiento superior.

Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que si bien es cierto que las

providencias cuestionadas son coincidentes con lo decidido en la

sentencia dictada dentro del proceso 2022-00282-00, no es menos

cierto que ello obedeció al hecho de que existía identidad fáctica y

jurídica en las demandas y, por ende, era procedente que la Sección

efectuara la misma interpretación de las normas aplicables, dado que

“en virtud del derecho fundamental de igualdad no se podía variar el

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criterio de definición del problema jurídico, máxime que los

argumentos del actor eran similares”.

Sostuvo que el hecho de que se acudiera a los razonamientos y

consideraciones de una decisión precedente por no existir elementos

diferenciadores que dieran lugar a un cambio de postura, no implica

la vulneración del derecho al debido proceso del tutelante por falta

de imparcialidad.

Concluyó que la decisión cuestionada se basó en la postura acogida

previamente por la Sección Quinta de la Corporación, con

fundamento en los problemas jurídicos establecidos en el proceso y

con base en las pruebas debidamente aportadas al expediente.

I.5.- Intervinientes

I.5.1.- El CONGRESO DE LA REPÚBLICA solicitó denegar las

pretensiones de la solicitud de amparo constitucional de la referencia,

toda vez que no se vislumbra la vulneración de derecho fundamental

alguno.

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Afirmó que no se está en presencia de la vulneración de un derecho

fundamental, sino de una simple discrepancia de criterio jurídico

frente a lo que el actor considera que es el deber ser y las decisiones

adoptadas por las autoridades judiciales legítimamente constituidas.

Sostuvo que el actor realizó interpretaciones subjetivas y propias de

las normas que no se acompasan de ningún método de interpretación

válido, ni tiene en cuenta las previsiones constitucionales, legales y

jurisprudenciales sobre la forma en que la Cámara de Representes

debe proveer tales dignidades.

Adujo que el actor no logró probar, si quiera sumariamente, que el

acto de elección demandado incurriera en ilegalidad o en una

violación directa de la Carta Política, más aún, si no hay relación

entre las pretensiones y el sustento de estas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor solicitó la

protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual

estima vulnerado por la SECCIÓN QUINTA al haber proferido las

providencias de 18 y 25 de mayo de 2023, dentro de los medios

de control de nulidad electoral identificados con los números únicos

de radicación 2022-00285-00 y 2022-00302-00, respectivamente.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor,

la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos que denominó

“ausencia de imparcialidad objetiva de quienes la profirieron” y

“deficiencia en la motivación de la sentencia sub judice que torna

ilusorio el actuar procesal”, al resolver desfavorablemente las

súplicas de las demandas de nulidad electoral, que promovió contra

los actos electorales de (i) la Mesa Directiva y la secretaría de la

Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y (ii) la Mesa

Directiva de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la

Cámara de Representantes.

En efecto, sostuvo que en algunos pronunciamientos convencionales

y nacionales se ha indicado que una decisión es parcial, si la

autoridad judicial que la profiere tiene un criterio definido

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previamente respecto de la controversia que debe resolver, tal y

como ocurría en las providencias cuestionadas, pues habían resuelto

otro proceso con identidad fáctica y jurídica, por lo que tenían una

“posición predefinida sobre la situación fáctica y la litis objeto de la

misma”.

Asimismo, señaló que los artículos 130, 131 y 246 del CPACA

impedían “dicha garantía convencional” y que el artículo 295 de ese

mismo estatuto, le permitiría a esta Corporación imponer multas al

accionante de encontrar “impertinente o improcedente” las

peticiones de nulidad o recusación que presente.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal, además de

recaer sobre aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del

asunto, sin que se observe que su actuar haya sido arbitrario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque los motivos que fundamentan su inconformidad se sustentan,

básicamente, en que la autoridad judicial accionada debió declarar la

nulidad de las elecciones cuestionadas en ambos procesos.

Dicho aspecto, carece de una perspectiva constitucional, en la

medida en que se limita a una discusión meramente legal que gira

en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez

natural del asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN QUINTA en

el proceso 2022-00285-00, así:

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“[…] 2.4. Problema jurídico

92. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolverá el
cuestionamiento jurídico plasmado en el numeral 1.8. de esta
providencia, anticipando que las súplicas de la demanda serán
negadas.

93. Para ello, se abordará, en primer lugar, a qué se refiere el
vicio de nulidad invocado por el demandante, para después
examinar las censuras endilgadas a dicha designación. 2.4.1.
Expedición irregular 94. Sobre esta causal de nulidad, la Sección
Quinta del Consejo de Estado recientemente precisó:

[…]

2.5. Caso concreto

2.5.1. Planteamiento de la censura

97. En el presente asunto el demandante pretende que se
declare la nulidad del acto electoral de los señores Juan Carlos
Wills Ospina y Heráclito Landínez Suárez, como presidente y
vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes, respectivamente, en consideración a que fue
expedido irregularmente por cuanto (i) en la sesión inaugural del
20 de julio de 2022 no se permitió la participación de los partidos
políticos en oposición, (ii) que dicha reunión se levantó de forma
abrupta sin finalizar los puntos enlistados en el orden del día,
(iii) que la sesión del 21 de julio de 2022 no se citó por el
competente (iv) no fue objetado el informe de acreditación del
secretario general de la Cámara de Representantes, por lo que
estaba inhabilitado para ocupar el cargo, (v) indebida elección
de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, por no
haberse analizado una proposición de aplazamiento, (vi)
indebida elección de las comisiones constitucionales, legales y
especial, la no discusión de una proposición de aplazamiento, y
(vii) indebida elección de las comisiones citadas en el punto
anterior, por no cerrar la discusión de la proposición de
aplazamiento.

2.5.2. Transgresión de los artículos 14936 de la Constitución,
8137 de la Ley 5 de 1992 y 1438 de la Ley 1909 de 2018
98. En este reproche el demandante explicó que el artículo 149
de la Carta Política, prescribe que las reuniones del Congreso

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realizadas por fuera de las condiciones constitucionales
carecerán de validez y que los miembros que participen en ellas
serán sancionados de conformidad con la ley.

99. En esa medida para el actor, el acto de elección de los
integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la
Cámara de Representantes se encuentra viciado de nulidad, al
considerar que en el marco de la sesión inaugural del Congreso,
periodo 2022-2026, no se permitió la intervención de las
agrupaciones políticas declaradas en oposición pues el senador
Julián Gallo tan solo expresó, al momento de ejercer ese
derecho39: “dadas las pocas condiciones que tenemos, me
traslado entonces y los invitó al Nuevo Congreso de la República
que comenzara a sesionar desde hoy y desde allí haremos
nuestra intervención”.

100. Añadió que la manifestación de las colectividades en
oposición fue incluida en el orden del día de la sesión plenaria
del Congreso del 20 de julio de 2022, motivo por el que, si el
senador Gallo no quería hacer uso de esa facultad, su discurso
debió ser considerado como una proposición de modificación a
los puntos a tratar en esa reunión, sin que ello hubiere ocurrido
así.

101. De acuerdo con el accionante, esta irregularidad conllevó
la ilegalidad de las subsecuentes actuaciones efectuadas por esa
Corporación de elección popular, incluida entonces la
designación de los integrantes de la Mesa Directiva de la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

102. Teniendo en cuenta lo anterior, según las pruebas que
obran en el plenario (Gaceta 991 de 2022 y video de la sesión
inaugural), en la primera reunión del Congreso periodo
constitucional 2022-2026, llevada a cabo el 20 de julio de 2022,
se estableció el tratamiento de varios puntos que se destacan a
continuación:

[…]

2.5.4. Transgresión de los artículos 149 constitucional, 3845,
4046, 8047 y 8448 de la Ley 5 de 1992

122. En relación con esta inconformidad, el demandante sostuvo
que la citación para la plenaria de la Cámara de Representantes
del 21 de julio de 2022 fue realizada por el presidente del Senado
y no por el secretario de esa corporación.

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123. Además, sostuvo que el orden del día para esa reunión no
fue suscrito por la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, sino por el presidente provisional, Carlos Adolfo
Ardila Espinosa.

124. De lo anterior, es pertinente señalar que el artículo 84 de
la Ley 5 de 1992 que “La citación de los Congresistas a las
sesiones plenarias y a las de las Comisiones debe hacerse
expresamente por la secretaría y en oportunidad”, no obstante
ello es preciso advertir que para la fecha que se llevó acabo la
reunión del 21 de julio de 2022 en la Cámara de Representantes,
la señalada corporación no había escogido a su secretario, pues
era ese preciso el día en el que se elegiría, quien de acuerdo con
la norma era el encargado de citar a la reunión.

125. Debido a ello, como lo señaló el actor quien realizó la
convocatoria fue el señor presidente del Senado de la República,
además, porque de acuerdo con el artículo 19.4 de la Ley 5 de
1992, como presidente del congreso y coordinador de ambas
cámaras legislativas debía velar por el debido adelantamiento de
las sesiones de éstas. Además, el reglamento de la corporación
no trae una prohibición normativa que le hubiera impedido
realizar la mencionada citación.

[…]

2.5.5. El secretario general de la Cámara de Representantes está
inhabilitado para ocupar dicho cargo

128. En cuanto a este aspecto, el señor Harold Eduardo Sua
Montaña cuestionó que el señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza
se encontraba inhabilitado para ser secretario general de la
Cámara de Representantes y quien presidió la sesión del 21 de
julio de 2022 debió objetar el informe de la Comisión de
Acreditación que concluyó que aquel podía ocupar ese cargo.

129. En primer lugar, se advierte que la Sala51 ha insistido que
no es posible cuestionar una elección con base en la presunta
irregularidad de otra designación, razón por la cual este no es un
argumento válido para atacar la legalidad del Acta 01 del 2 de
agosto de 2022 que determinó quienes serían el presidente y
vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes.
[…]

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

2.5.6. Indebida elección de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes y falta de análisis de una proposición de
aplazamiento de la sesión del 21 de julio de 2022

132. En este reproche el demandante consideró que la elección
de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes fue ilegal,
debido a que se efectuó sin estudiarse la proposición de
aplazamiento formulada por el representante Juan Carlos Lozada
y porque la sesión plenaria del 21 de julio de 2022 duró más de
cuatro horas sin que se solicitara su suspensión o prórroga.

[…]

2.5.7. Indebida elección de las comisiones constitucionales,
legales y especiales de la Cámara de Representantes, por no
haberse discutido una proposición de aplazamiento de la sesión
plenaria del 2 de agosto de 2022.

140. Este cuestionamiento lo erigió el demandante sobre la base
de que, antes de realizar la votación, no se le dio trámite a la
proposición de aplazamiento formulada por el representante
Alfredo Mondragón Garzón en la sesión plenaria del 2 de agosto
de 2022.

[…]

142. Sobre el particular, la Sala reitera el criterio expuesto en la
sentencia del 23 de marzo de 202358 que, al resolver este
mismo cargo, consideró:

[…]

2.5.8. Indebida elección de las comisiones constitucionales,
legales y especiales de la Cámara de Representantes, por no
haberse cerrado la discusión sobre una proposición de
aplazamiento de la sesión plenaria del 2 de agosto de 2022

143. En este reproche el demandante consideró que la
designación de las comisiones constitucionales, legales y
especiales fue indebida, pues se efectuó sin que fuera cerrada la
discusión sobre la proposición señalada en el cargo anterior, de
acuerdo con lo establecido en el “numeral 4 del artículo 115 de
la ley quinta exige el dar inicio a una votación congregacional
cuando este “Cerrada la discusión”, circunstancia que irradia de
ilegalidad la designación cuestionada.

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144. Conforme a lo indicado en el numeral anterior, se insiste
en que, si el representante Alfredo Mondragón Garzón no
formuló la moción de orden, no había proposición a la cual
dársele trámite y, por ello, este cargo tampoco está llamado a
prosperar […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia objeto de tutela, se

evidencia que la autoridad judicial accionada analizó todos y cada

uno de los argumentos propuestos por el hoy tutelante conforme a

los cuales concluyó razonablemente que los cargos formulados no

sustentaban la nulidad de la elección cuestionada y, por lo tanto, se

debían negar las pretensiones de la demanda, para lo cual, abordó

el estudio de: i) la transgresión de los artículos 149 de la

Constitución, 81 de la Ley 5 de 1992 y 14 de la Ley 1909 de 2018;

ii) el indebido levantamiento de la sesión inaugural del 20 de julio de

2022; iii) la inhabilidad del secretario general de la Cámara de

Representantes para ocupar dicho cargo; iv) la indebida elección de

las comisiones constitucionales, legales y especiales de la Cámara

de Representantes, por no haberse discutido una proposición de

aplazamiento de la sesión plenaria del 2 de agosto de 2022 y, v) la

indebida elección de las comisiones constitucionales, legales y

especiales de la Cámara de Representantes, por no haberse cerrado

la discusión sobre una proposición de aplazamiento de la sesión

plenaria de 2 de agosto de 2022.

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

Ahora bien, la Sala observa que, en la sentencia cuestionada, dictada

dentro del proceso 2022-00302-00, la SECCIÓN QUINTA hizo una

relación y análisis de las pruebas que obraban en el expediente, para

concluir que los cargos formulados por el demandante no

sustentaban la nulidad de la elección cuestionada de los señores

ÓSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO y JOHN JAIRO GONZÁLEZ

AGUDELO, como presidente y vicepresidente de la Comisión de

Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes,

respectivamente y, por lo tanto, se debían denegar las pretensiones

de la demanda, así:

“[…] 2.5. Caso concreto

2.5.1. Planteamiento de la censura

72. En el presente asunto el demandante pretende que se declare la
nulidad del acto electoral de los señores Óscar Rodrigo Campo
Hurtado y John Jairo González Agudelo, como presidente y
vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de
la Cámara de Representantes, respectivamente, en consideración a
que fue expedido irregularmente por las siguientes razones: (i) En la
sesión inaugural del 20 de julio de 2022 no se permitió la participación
de los partidos políticos en oposición, (ii) que dicha reunión se levantó
de forma abrupta sin finalizar los puntos enlistados en el orden del
día, (iii) que la sesión del 21 de julio de 2022 no se citó por el
competente (iv) no fue objetado el informe de acreditación del
secretario general de la Cámara de Representantes, por lo que estaba
inhabilitado para ocupar el cargo, (v) indebida elección de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, por no haberse analizado
una proposición de aplazamiento, (vi) indebida elección de las
comisiones constitucionales, legales y especiales, como consecuencia

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

de la no discusión de una proposición de aplazamiento, y (vii)
indebida elección de las comisiones citadas en el punto anterior, por
no cerrar la discusión de la proposición de aplazamiento.

2.5.2. Transgresión de los artículos 14927 de la Constitución, 8128
de la Ley 5 de 1992 y 1429 de la Ley 1909 de 2018 73. En este
reproche el demandante explicó que el artículo 149 de la Carta
Política, prescribe que las reuniones del Congreso realizadas por fuera
de las condiciones constitucionales carecerán de validez y que los
miembros que participen en ellas serán sancionados de conformidad
con la ley.

74. En esa medida para el actor, el acto de elección de los integrantes
de la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos Humanos y
Audiencias de la Cámara de Representantes se encuentra viciado de
nulidad, al considerar que en el marco de la sesión inaugural del
Congreso, periodo 2022-2026, no se permitió la intervención de las
agrupaciones políticas declaradas en oposición pues el senador Julián
Gallo tan solo expresó, al momento de ejercer ese derecho30: “dadas
las pocas condiciones que tenemos, me traslado entonces y los invito
al Nuevo Congreso de la República que comenzará a sesionar desde
hoy y desde allí haremos nuestra intervención”.

[…]

2.5.3. Indebido levantamiento de la sesión inaugural del 20 de julio
de 2022

87. El actor en este aspecto reprochó que la sesión inaugural fue
indebidamente terminada, debido a que se efectuó sin agotar todos
los puntos del orden del día, específicamente (i) lectura y
consideración de la renuncia del magistrado del Consejo Nacional
Electoral, doctor Jaime Luis Lacouture Peñaloza y (ii) lectura y
aprobación del acta de la sesión de instalación.

88. Además, consideró que el presidente de la Junta Preparatoria no
fue claro en terminar la sesión inaugural, pues el secretario general
debió hacer una interpretación cuando el primero de los mencionados
dio la orden de levantar la reunión y además que dicha manifestación
debió ser tramitada como una proposición a la luz del artículo 114.5
de la Ley 5 de 1992.

[…]

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2.5.4. Transgresión de los artículos 149 constitucional, 3836, 4037,
8038 y 8439 de la Ley 5 de 1992 97. En relación con esta
inconformidad, el demandante sostuvo que la citación para la plenaria
de la Cámara de Representantes del 21 de julio de 2022 fue realizada
por el presidente del Senado y no por el secretario de esa corporación.

98. Además, sostuvo que el orden del día para esa reunión no fue
suscrito por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, sino
por el presidente provisional, Carlos Adolfo Ardila Espinosa. 99. De lo
anterior, es pertinente señalar que el artículo 84 de la Ley 5 de 1992
establece que “La citación de los Congresistas a las sesiones plenarias
y a las de las Comisiones debe hacerse expresamente por la secretaría
y en oportunidad”. No obstante, ello es preciso advertir que para la
fecha en que se llevó acabo la reunión del 21 de julio de 2022 en la
Cámara de Representantes, la señalada corporación no había
escogido a su secretario, pues era ese preciso día en el que se elegiría,
quien de acuerdo con la norma era el encargado de citar a la reunión.

[…]

2.5.5. El secretario general de la Cámara de Representantes está
inhabilitado para ocupar dicho cargo

103. En cuanto a este aspecto, el señor Harold Eduardo Sua Montaña
cuestionó que el señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza se encontraba
inhabilitado para ser secretario general de la Cámara de
Representantes y quien presidió la sesión del 21 de julio de 2022
debió objetar el informe de la Comisión de Acreditación que concluyó
que aquel podía ocupar ese cargo.

104. En primer lugar, se advierte que la Sala42 ha insistido que no es
posible cuestionar una elección con base en la presunta irregularidad
de otra designación, razón por la cual este no es un argumento válido
para atacar la legalidad del Acta 01 del 9 de agosto de 2022 que
determinó quiénes serían el presidente y vicepresidente de la
Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de
Representantes.

[…]

2.5.6. Indebida elección de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes y falta de análisis de una proposición de aplazamiento
de la sesión del 21 de julio de 2022
107. En este reproche el demandante consideró que la elección de la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes fue ilegal, debido a
que se efectuó sin estudiarse la proposición de aplazamiento

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

formulada por el representante Juan Carlos Lozada y porque la sesión
plenaria del 21 de julio de 2022 duró más de cuatro horas sin que se
solicitara su suspensión o prórroga.

108. En ese contexto es pertinente precisar que el demandante atacó
la juridicidad de la elección de los integrantes de la Mesa Directiva de
la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias a la luz de la
ilegalidad de la designación de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, aspecto frente al cual esta Sala Electoral44 ha sido
enfática en señalar que no es posible cuestionar la legalidad de una
elección con fundamento en presuntas irregularidades de un
procedimiento eleccionario distinto al que se encuentra bajo estudio.

[…]

2.5.7. Indebida elección de las comisiones constitucionales, legales y
especiales de la Cámara de Representantes, por no haberse discutido
una proposición de aplazamiento de la sesión plenaria del 2 de agosto
de 2022.

115. Este cuestionamiento lo erigió el demandante sobre la base de
que, antes de realizar la votación, no se le dio trámite a la proposición
de aplazamiento formulada por el representante Alfredo Mondragón
Garzón en la sesión plenaria del 2 de agosto de 2022.

116. Aseguró que la manifestación del referido congresista constituyó
una proposición suspensiva, de conformidad con el numeral 3 del
artículo 11448 de la Ley 5 de 1992.

[…]

2.5.8. Indebida elección de las comisiones constitucionales, legales y
especiales de la Cámara de Representantes, por no haberse cerrado
la discusión sobre una proposición de aplazamiento de la sesión
plenaria del 2 de agosto de 2022

119. En este reproche el demandante consideró que la designación
de las comisiones constitucionales, legales y especiales fue indebida,
pues se efectuó sin que fuera cerrada la discusión sobre la proposición
señalada en el cargo anterior, de acuerdo con lo establecido en el
“numeral 4 del artículo 115 de la ley quinta exige el dar inicio a una
votación congregacional cuando este “Cerrada la discusión”,
circunstancia que irradia de ilegalidad la designación cuestionada
[…]”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

En ese orden de ideas, la Sala advierte que en ambos procesos la

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de las relevancia constitucional, porque a través de ésta

el actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad

judicial accionada pudo haber actuado de forma abiertamente

arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía

judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de

que, en su sentir, de una adecuada valoración probatoria de los

elementos de juicio obrantes en el expediente y de las normas

acusadas podía advertirse que había lugar a declarar la nulidad de

las elecciones cuestionadas.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral a las pruebas que fueron

allegadas al proceso de nulidad electoral confrontado con las normas

controvertidas, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo

la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que

propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o

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Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta

al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la

que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN QUINTA decidió el

asunto sometido a su consideración.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201818, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

35

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201719, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a un debate de mera

legalidad y aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

SECCIÓN QUINTA, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la

acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02744-00
Actor: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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