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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02751-00

Fecha
16 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02751-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02751-00 Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-. para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02751-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02751-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARECER DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD, TODA VEZ QUE LA
ACTORA CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MONTERÍA1 y la SECCIÓN TERCERA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA2.

1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02751-00
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL, -en adelante UGPP-, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, en conexidad con el principio de

sostenibilidad financiera, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias

de 31 de marzo y 18 de noviembre de 2022, respectivamente, dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 23-001-33-33-006-

2017-00778-01.

I.2 Hechos

Refirió que el señor JOSÉ MILLER RINCÓN prestó sus servicios al

Estado de la siguiente manera:

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PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

“[…]

[…]”.

Sostuvo que mediante la Resolución núm. 04091 de 3 de marzo de

2003, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL3, le reconoció

al señor JOSÉ MILLER RINCÓN pensión de vejez, en cuantía de

$524.220.41, efectiva a partir del 1o. de enero de 2002, la cual fue

reliquidada a través de la Resolución núm. 3138 de 24 de enero de

2005, en cuantía de $615.948.19, efectiva a partir del 1o. de enero

de 2004.

Señaló que mediante la Resolución núm. 11702 de 13 de marzo de

2006, CAJANAL denegó la reliquidación de la pensión de vejez por

retiro definitivo del servicio del señor JOSÉ MILLER RINCÓN y,

posteriormente, confirmó dicha decisión a través de la Resolución

núm. 16858 de 2 de mayo de 2007.

3
En adelante el Cajanal.

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Adujo que con la Resolución núm. 16858 de 2 de mayo de 2007,

finalmente se le reliquidó la pensión de vejez al señor JOSÉ MILLER

RINCÓN en cuantía de $946.413.75, efectiva a partir del 1o. de

enero de 2004, con la asignación mensual más elevada que hubiere

devengado en el último año de servicios, incluyéndosele las doceavas

partes de las primas de vacaciones, navidad, servicios y bonificación

por servicios.

Manifestó que el señor JOSÉ MILLER RINCÓN promovió demanda

en su contra en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, tendiente a obtener la reliquidación de

la pensión vejez conforme a la Ley 32 de 1986, con el 75% del

promedio de lo devengado en el último año de servicio; adicionando

la prima de riesgo y el subsidio de alimentación.

Relató que proceso se identificó con el número único de radicación

23001-33-33-006-2017-00778-00 y le correspondió al Juzgado

Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería que, en sentencia

de 31 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de

la demanda y ordenó reliquidar la pensión de vejez del señor JOSÉ

MILLER RINCÓN con el 75% del promedio de los factores

acreditados en el último año de servicios, incluyendo el subsidio por

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alimentación que se encuentra enlistado en el artículo 45 del Decreto

1045 de 1978.

Indicó que contra la anterior providencia la UGPP interpuso recurso

de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, a través de la

sentencia de 18 de noviembre de 2022, confirmó la decisión del a

quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en un defecto sustantivo en la medida en que el señor

JOSÉ MILLER RINCÓN no tiene derecho al reconocimiento de la

pensión de vejez amparado en la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045

de 1978, pues dichas normas no le son aplicables, ya que su derecho

pensional no se consolidó durante la vigencia de esta, pues los 20

años al servicio del INPEC los acreditó el 30 de septiembre de 2003,

momento para el cual ya había perdido vigor el decreto en mención;

por lo anterior la norma aplicable para la situación pensional del

causante era la Ley 100 de 1993, articulo 36, y los factores enlistados

en el Decreto 1158 de 1994.

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Resaltó que se configuró un abuso palmario del derecho con ocasión

de la errada interpretación de las normas por parte de JUZGADO y

el TRIBUNAL, lo que llevó a que se reconociera una pensión de vejez

con fundamento en una norma que no era aplicable al caso objeto de

estudio, generando con ello una afectación al erario.

Finalmente, refirió que se incurrió en una violación directa de la

Constitución al darle un alcance ilegítimo e ilegal a la Ley 4ª de 1966

y al Decreto 1045 de 1978, lo que se traduce en el desconocimiento

de los artículos 29 y 229 de la Carta Política.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en

conexidad con el principio de sostenibilidad financiera y, en

consecuencia, que se acceda a las siguientes pretensiones:

“[…] PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - SALA
TERCERA DE DECISIÓN por el evidente detrimento del
erario que se generó con los fallos controvertidos en razón a
la reliquidación prestacional superior al que realmente tiene
derecho.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

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a.- DEJAR sin efectos los fallos del 31 de marzo de 2022 y 18
de noviembre de 2022 dictados por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA y
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA - SALA
TERCERA DE DECISIÓN respectivamente, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No.
08001333300120170077800, en razón a que aplicó a la
prestación del causante, de manera errada la ley 4 de 1966 y
el decreto 1045 de 1978, para efectos de determinar el IBL y
los factores salariales integrantes del mismo, desconociendo
así que el único régimen pensional que le era aplicable para
ese tema era el del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues él
causante adquirió su estatus de pensionado en el año 2003, lo
que implica que solo podían tenerse en cuenta para la
liquidación del IBL los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994 devengados en el tiempo que le hiciere falta para
acceder a la prestación si este fuere inferir a 10 años, lo que
hace que desconocer esta situación genere no solo una errada
interpretación de la norma que debía regir el caso del señor
JOSÉ MILLER RINCÓN sino que se desconozcan las sentencias
de unificación de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado que determinan el IBL y los factores Salariales que se
tienen en cuenta para liquidar las prestaciones de las personas
sujetas al régimen de transición, contenida en las sentencias
SU 395 de 2017, T- 494 de 2017, T- 328 de 2018, T- 039 de
2018 y decisión del 28 de agosto de 2018, emitidas por la Sala
Plena del Honorable Consejo de Estado dentro del proceso
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, y que generan un
absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional por la evidente irregularidad sustancial en las
órdenes impartidas.

b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CÓRDOBA - SALA TERCERA DE DECISIÓN, dictar nueva
sentencia ajustada a derecho de cara a lo regulado en el
régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y
a las sentencias de Unificación tanto de la Corte
Constitucional, como del Consejo de Estado relacionadas en
este escrito, esto es revocando la sentencia dictada por el
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MONTERÍA para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en
razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad
solicitamos:

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Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los
derechos fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados
por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MONTERÍA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CÓRDOBA - SALA TERCERA DE DECISIÓN.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN
de manera transitoria los fallos del 31 de marzo de 2022 y 18
de noviembre de 2022 dictados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No.
08001333300120170077800, hasta tanto se resuelva el
recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de
su orden tutelar […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO, el TRIBUNAL y el señor JOSÉ MILLER

RINCÓN, este último vinculado como tercero con interés directo en

las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma de la

presente acción constitucional, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

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regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20124, en

un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución

jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales

tanto en la Corte Constitucional como en esta Corporación, concluyó

que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido

el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias

judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la

componen han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera

excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos

constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal

pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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cuando se esté en presencia de la violación de derechos

constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella,

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo5.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia

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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias de 31 de marzo y 18 de

noviembre de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, a través de las cuales se accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 23001-33-33-006-2017-00778-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, en conexidad con el principio de

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sostenibilidad financiera, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un

defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

determinar si el JUZGADO y el TRIBUNAL vulneraron los derechos

fundamentales invocados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los

artículos 86 superior y 6º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre

de 19916, sostiene que la solicitud de tutela es un medio de defensa

de carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y

6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su

procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista

otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

Asimismo, esta Sección7 respecto de este requisito de subsidiariedad

ha señalado:

“[…] La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha
señalado que la acción de tutela contra una providencia judicial es
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad
cuando: “(i) el asunto está en trámite8; (ii) no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios9;
y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de
emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”10”.11

Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario
quien debe corregir las irregularidades que llegaren a presentarse
en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de parte,
a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la
tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme
a las garantías procesales […]”.

De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez

de tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
8
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212
de 2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
9
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001,
entre otras.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017.

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que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia

para lograr que cese inmediatamente la vulneración. Al respecto la

Corte Constitucional ha considerado12:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de
protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios
establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante
o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya
se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en
que esta regla general conduce a que en los procedimientos
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por
una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros
instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la
existencia de un perjuicio irremediable […]”.

Así las cosas, de acuerdo con el requisito de la subsidiariedad, la

tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo

que desplaza los medios de defensa previstos por la ley. Sin

embargo, tal regla general encuentra la excepción si el juez

constitucional logra determinar que los mecanismos y recursos

ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para

garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados

o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como

mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio

irremediable.

12
Sentencia T-030 26 de enero de 2015.

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Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual

y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes;

no basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o

moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad

determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que

tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda

su integridad.

Ahora, frente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad

respecto del recurso extraordinario de revisión señalado en el

artículo 20 de la Ley 797 de 200313, si bien la citada norma señaló

las autoridades que se encuentran legitimados por activa para

presentarlo “[…] el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del

Contralor General de la República o del Procurador General de la

Nación […]”, lo cierto es que la Corte Constitucional en la sentencia

SU – 427 del 201614, consideró que con base en el numeral 615 del

artículo 6º del Decreto 5021 de 200916 se le atribuyó a la UGPP la

13
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 o normas que la adicionen o modifiquen.
16
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.

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competencia para iniciar acciones de tal naturaleza e indicó que

además de los sujetos señalados en el artículo 20 de la Ley 797, las

administradoras de pensiones se encuentran legitimadas para

interponer el citado recurso.

En la referida sentencia, la Corte Constitucional textualmente señaló:

“[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso
de revisión por la configuración de un abuso del derecho,
comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son
las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a
velar por su buen funcionamiento financiero17 […]”.

Asimismo, esta Corporación18 ha señalado que las administradoras

de pensiones deben tomar las medidas necesarias para aplicar el

artículo 20 de la Ley 797 y, entre otras, pueden solicitar autorización

o aval, a las entidades legitimadas para que se surta el recurso

extraordinario señalado supra19, conforme con lo dispuesto en el

17
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia
de 26 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2014-01658-00.
19
La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013, le ordenó a las entidades que tienen a su cargo
el reconocimiento y pago de pensiones, como lo es FONPRECON, que tomaran las medidas necesarias
para aplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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artículo 20 ibidem, en armonía con lo señalado en el artículo 25120

de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121.

De lo anterior se colige que a las administradoras de pensiones les

asiste legitimación por activa para la interposición del recurso

extraordinario de revisión, cuando se invoca el artículo 20 de la Ley

797. Esta circunstancia, hace que en principio la acción de tutela sea

improcedente, salvo que se evidencie de manera palmaria la

ocurrencia del abuso del derecho alegado22, caso en el cual,

como lo ha señalado esta Sección23, es necesaria la intervención del

juez constitucional para el restablecimiento de los derechos

fundamentales involucrados, a través de medidas inmediatas de

protección como mecanismo transitorio mientras el juez competente

decide de fondo las acciones correspondientes.

20
“ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el
recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de
los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.”
21
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
22
Corte Constitucional, sentencia SU- 068 de 21 de junio de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000
2018 03457 00.

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En ese sentido, la Sala resalta que la misma Corte Constitucional en

las sentencias SU-631 de 12 de octubre de 201724 y T-034 de 13 de

febrero de 201825, estableció una serie de criterios o elementos que

pueden ser aplicados para evitar la concesión de derechos

pensionales fundamentados en situaciones contrarias a la ley por

fraude o abuso del derecho. El primero -el elemento objetivo-

relacionado con el aumento o incremento significativo de los ingresos

de una persona en el último año de servicios o en el período que sirve

de base para calcular el IBL de la pensión; y, el segundo, -el

elemento subjetivo- relacionado con que ese aumento se haya

obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema pensional; ii)

mediante una “vinculación precaria” o iii) que se desvirtúe la

presunción de buena fe26 que rige las actuaciones de los particulares.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que la UGPP cuenta con

otro medio de defensa judicial idóneo para la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, toda vez que tiene la

posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión

establecido en el artículo 20 de la Ley 797, en concordancia con lo

señalado en el artículo 251 del Código de Procedimiento

24
Corte Constitucional, sentencia SU 631 de 12 de octubre de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
25
Corte Constitucional, sentencia T-034 de 13 de febrero de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
26
El principio de la buena fe ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta.

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 27, con lo cual

puede controvertir lo decidido en las sentencias cuestionadas,

comoquiera que conforme a las reglas anteriormente establecidas

por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, le asiste

legitimación en la causa por activa, para tal efecto.

Asimismo, al revisar el caso sub examine, la Sala considera que no

se enmarca dentro de los supuestos de procedencia excepcional de

la acción de tutela por abuso palmario del derecho, en la medida en

que: i) el señor JOSÉ MILLER RINCÓN prestó sus servicios al

Estado desde el 30 de septiembre de 1983 hasta el 31 de diciembre

de 2003 en el INPEC; ii) la parte actora no demostró que existe

reconocimiento excesivo del pago de la mesada pensional derivada

del cumplimiento de las sentencias judiciales; y, iii) no se ha

desvirtuado la presunción de buena fe del beneficiario de la pensión

de vejez.

Así las cosas, como lo ha señalado esta Sección28 al resolver

problemas jurídicos similares, la situación que se presenta no es

27
El citado artículo señala: “[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]”.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-
2018-03457-00.

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irremediable, dado que el perjuicio alegado está en posibilidad de

desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a hacer

uso del recurso extraordinario de revisión, por lo que no resulta lógico

considerarlo como insuperable, inminente o impostergable.

Conforme con lo anterior y comoquiera que la acción de tutela no

cumple con el requisito general de la subsidiariedad, la Sala declarará

improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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