Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02751-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02751-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02751-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02751-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación de la pensión del señor José
Miller Rincón con inclusión de todos los factores salariales. Incumplimiento
del requisito de subsidiariedad. No se configura un perjuicio irremediable.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 16 de junio de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la tutela interpuesta.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), por medio de apoderado, promueve acción de tutela
contra las providencias del 31 de marzo y del 18 de noviembre de 2022, dictadas por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería y el Tribunal
Administrativo de Córdoba, respectivamente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
• PRINCIPALES
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP
vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA
Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA TERCERA DE DECISIÓN por el
evidente detrimento del erario que se generó con los fallos controvertidos en razón
ala (sic) reliquidación prestacional superior al que realmente tiene derecho.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR sin efectos los fallos del 31 de marzo de 2022 y 18 de noviembre de
2022 dictados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MONTERÍA Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA TERCERA DE DECISIÓN
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho […]
080013333000120170077800, en razón a que aplicó a la prestación del causante,
de manera errada la Ley 4 de 1966 y el [D]ecreto 1045 de 1978, para efectos de
determinar el IBL y los factores salariales integrantes del mismo, desconociendo
así que el único régimen pensional que le era aplicable para ese tema era el del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el causante adquirió su estatus de
pensionado en el año 2003, lo que implica que solo podían tenerse en cuenta para
la liquidación […] los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 devengados
en el tiempo que le hiciere falta para acceder a la prestación si este fuere inferior
a 10 años, lo que hace que desconocer esta situación genere no solo una errada
interpretación de la norma que debía regir el caso del señor JOSÉ MILLER RINCÓN
sino que se desconozcan las sentencias de unificación de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado que determinan el IBL y los factores [s]alariales que se
tienen en cuenta para liquidar las prestaciones de las personas sujetas al régimen
de transición, contenida en las sentencias SU-395 de 2017, T-494 de 2017, T-328
de 2018, T-039 de 2018 y decisión del 28 de agosto de 2008, emitidas por la Sala
Plena del […] Consejo de Estado dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-
2012-00143-01, y que generan un absoluto detrimento a la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional por la evidente irregularidad sustancial en las
órdenes impartidas.
• b. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA TERCERA DE
DECISIÓN, dictar nueva sentencia ajustada a derecho de cara a lo regulado en el
régimen de transición del artículo 36 de la [L]ey 100 de 1993 y a las sentencias de
unificación tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado
relacionadas en este escrito, esto es revocando la sentencia dictada por el
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA para en su lugar
negar las pretensiones de la demanda.
• SUBSIDIARIAS
[…]
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE MONTERÍA Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA – SALA
3
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
TERCERA DE DECISIÓN.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se suspendan de manera transitoria
los fallos del 31 de marzo de 2022 y 18 de noviembre de 2022 dictados en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho […]
080013333000120170077800, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario
que iniciaría en virtud de su orden tutelar.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el apoderado de la accionante señaló los siguientes:
i) El señor José Miller Rincón nació el 14 de septiembre de 1954, y prestó sus
servicios al Estado durante veinticinco años, un mes y once días, así: del 13 de
noviembre de 1972 al 16 de septiembre de 1984, en el Ministerio de Defensa Nacional;
del 11 de febrero de 1975 al 15 de enero de 1977, en el municipio de Paz de Ariporo
(Casanare) y, del 30 de septiembre de 1983 al 31 de diciembre de 2003, en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El último cargo que desempeñó fue el de
dragoneante grado 11.
ii) Mediante Resolución 4635 del 3 de diciembre de 2003, se le aceptó la renuncia a
partir del 1.º de enero de 2004. Adquirió el estatus pensional el 30 de septiembre de
2003, al cumplir veinte años de servicio en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC).
iii) El 16 de julio de 2002, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social ( CAJANAL) el
reconocimiento de pensión de vejez, la cual fue otorgada a través de la Resolución
4091 del 3 de marzo de 2003, en la que se efectuó la liquidación con el 75 % del
promedio de lo devengado durante siete años y nueves meses, según el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, esto es, del 1.º de abril de 1994 al 30 de diciembre de 2001.
Se tuvieron como factores salariales la asignación básica, bonificación de servicios y
sobresueldo. La cuantía de la mesada fue de $ 524.220.41, efectiva a partir del 1.º de
enero de 2002.
iv) Por medio de la Resolución 3138 del 24 de enero de 2005, se reliquidó la pensión
del señor Rincón por retiro definitivo del servicio, a partir del 1.º de enero de 2004, con
el 75 % del promedio de lo devengado del 1.º de abril de 1994 hasta el 30 de diciembre
4
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
de 2003 y con base en la asignación básica, bonificación de servicios y sobresueldo,
por la suma de $ 615.948.19 y a cargo de las entidades que concurrieran en la cuota
parte pensional de conformidad con el artículo 2.º de la Ley 33 de 1985.
v) Con la Resolución 1170 del 13 de marzo de 2006, CAJANAL negó el reajuste de la
pensión de vejez por nuevos factores salariales y teniendo en cuenta el promedio del
último año laborado, confirmada mediante la Resolución 6656 del 3 de agosto de 2006,
que desató el recurso de reposición.
vi) Posteriormente, a través de la Resolución 16858 del 2 de mayo de 2007, reliquidó
la pensión en cumplimiento del fallo de tutela del 19 de octubre de 2006, proferido por
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio y, en consecuencia, elevó la
cuantía de la mesada a la suma mensual de $ 946.413.75, efectiva a partir del 1.º de
enero de 2004, teniendo en cuenta la asignación mensual más alta que hubiere
devengado en el último año de servicios, incluyendo las doceavas partes de las primas
de vacaciones, navidad, servicios y bonificación por servicios.
vii) Inconforme con esas decisiones el señor José Miller Rincón acudió a la jurisdicción
contencioso-administrativa, con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de vejez
conforme con la Ley 32 de 1986, esto es, con el 75 % del promedio de lo devengado
en el último año de servicio, adicionando la prima de riesgo y el subsidio de
alimentación.
viii) El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería al que le
correspondió el proceso dictó sentencia el 31 de marzo de 2022, accediendo
parcialmente a las súplicas de la demanda; por consiguiente, dispuso el reajuste de la
pensión con el 75 % del promedio de los factores acreditados en el último año de
servicios, incluyendo los factores salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
ix) Por su parte, el Tribunal Administrativo de Córdoba desató el recurso de apelación
mediante fallo del 18 de noviembre de 2022, confirmando la decisión de primera
instancia, pues concluyó que el accionante es beneficiario del régimen de transición
previsto en el parágrafo quinto transitorio del Acto Legislativo 1 de 2005, y del artículo
5
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
1.º del Decreto 1950 de 2005, toda vez que a la fecha de entrada en vigor del Decreto
2090 de 2003, estaba vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC)
y cumplía funciones de vigilancia y custodia de internos.
x) La obligación impuesta a la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) fue
trasladada a esa entidad, por lo cual en la actualidad está a cargo de reportar mes a
mes al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional de Colombia ( FOPEP) el pago
de las mesadas pensionales. El señor José Miller Rincón se encuentra activo en
nómina de pensionados según Resolución 16858 del 2 de mayo de 2007.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con las sentencias acusadas se vulneraron sus derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional y se incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, al efecto esgrimió las siguientes razones:
i) Las autoridades demandadas interpretaron incorrectamente la Ley 32 de 1986 o
régimen especial de los empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), pues deciden que la tasa de reemplazo debe ser el 75 % de todos los factores
devengados en el último año de servicio y los factores integrantes del ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1045 de 1978.
ii) En lo anterior no se tuvo en cuenta que el derecho no se consolidó durante la
vigencia de esa norma, ya que los veinte años de servicio al INPEC los acreditó el 30
de septiembre de 2003, fecha para la que ya no estaba en vigor y como consecuencia
se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, artículo 36, debido a que el señor
Rincón tenía quince años de servicio; por tanto, la liquidación del ingreso base de
liquidación debe hacerse de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 y los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, que contempla la liquidación con el promedio
de lo devengado en el último año de servicio y en las que no aparece el subsidio de
alimentación, el cual se ordenó incluir por los demandados para incrementar la
pensión.
6
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
iii) Los fallos controvertidos contienen una incorrecta apreciación, porque adoptan el
IBL y los factores integrantes con fundamento en normas inexistentes como lo es el
Decreto 1045 de 1978 y la Ley 4.ª de 1966, habida cuenta que el señor José Miller
Rincón no adquirió su derecho pensional antes del 1.º de abril de 1994, sino con
posterioridad, esto es, el 30 de septiembre de 2003, por ende, no era posible aplicarle
los factores enlistados en la referida norma, como tampoco para liquidar la prestación
con el último año de servicios, ya que ese tema está regulado en la Ley 100 de 1993,
artículos 21 y 36 y el Decreto 1158 de 1994, en razón a que fue en vigencia de esas
disposiciones que acreditó la edad para pensionarse, lo que denota un
desconocimiento del régimen aplicable.
iv) En las providencias atacadas igualmente se desconocen los criterios
jurisprudenciales de las altas cortes sobre el tema referente a los factores que integran
el ingreso base de liquidación y la forma de calcular las prestaciones a las personas
sujetas al régimen de transición lo que hace que se genere una vía de hecho por la no
aplicación de dichos precedentes para solucionar el caso del señor José Miller, que
sin razón alguna se apartaron de lo resuelto en las sentencias de unificación SU-395
de 2017, emitida por la Corte Constitucional y SU-143 de 2018, dictada por el Consejo
de Estado.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 25 de mayo de 2023, que se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba y al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Montería, como demandados. Así mismo, se
dispuso la notificación al señor José Miller Rincón como tercero interesado en las
resultas de esta acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. Igualmente, se negó la solicitud
de suspensión provisional de los efectos de los fallos demandados.
1.6. Intervenciones
7
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
El Tribunal Administrativo de Córdoba, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Montería y el señor José Miller Rincón, pese a que fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 16 de junio de 2023, declaró
improcedente la solicitud de amparo, por los siguientes motivos:
i) De acuerdo con el requisito de la subsidiariedad, la tutela resulta improcedente
cuando se utiliza para desplazar los medios de defensa previstos por la ley. Sin
embargo, esa regla encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar
que las acciones y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; y se requiere la protección como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
ii) Para que aquel tenga la categoría aludida debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier daño, se exige que
sea grave, lo que equivale a una gran intensidad o el menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.
iii) Ahora, frente al cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto del recurso
extraordinario de revisión señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, si bien la
citada norma señaló que se encuentran legitimados por activa para presentarlo «el
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación», lo cierto es que la Corte Constitucional en la sentencia SU–427
del 2016, consideró que con base en el numeral 6 del artículo 6.º del Decreto 5021 de
2009, la UGPP tiene la competencia para iniciar acciones de tal naturaleza.
iv) Así mismo, esta corporación ha señalado que las administradoras de pensiones
8
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
deben tomar las medidas necesarias para aplicar el artículo 20 de la Ley 797 y, entre
otras, pueden solicitar autorización o aval, a las entidades legitimadas para que se
surta el recurso extraordinario señalado conforme con lo dispuesto en la norma ibidem,
en armonía con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011.
v) De lo anterior se colige que a las administradoras de pensiones les asiste
legitimación por activa para la interposición del recurso extraordinario de revisión,
cuando se invoca el artículo 20 de la Ley 797. Esta circunstancia, hace que en principio
la acción de tutela sea improcedente, salvo que se evidencie de manera palmaria la
ocurrencia del abuso del derecho alegado, caso en el cual, es necesaria la intervención
del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos fundamentales
involucrados, a través de medidas inmediatas de protección como mecanismo
transitorio mientras el juez competente decide de fondo las acciones respectivas.
vi) En ese sentido, se resalta que la Corte Constitucional en las sentencias SU-631
de 12 de octubre de 2017 y T-034 de 13 de febrero de 2018, estableció una serie de
criterios o elementos que pueden ser aplicados para evitar la concesión de derechos
pensionales fundamentados en situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
derecho. El primero —el elemento objetivo— relacionado con el aumento significativo
de los ingresos de una persona en el último año de servicios o en el período que sirve
de base para calcular el IBL de la pensión; y, el segundo, —el elemento subjetivo—
referido a que ese aumento se haya obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema
pensional; ii) mediante una «vinculación precaria» o iii) que se desvirtúe la presunción
de buena fe que rige las actuaciones de los particulares.
vii) Conforme con lo expuesto, se advierte que la accionante cuenta con otro medio de
defensa judicial idóneo para el amparo de su derecho fundamental al debido proceso,
toda vez que tiene la posibilidad de presentar el recurso extraordinario de revisión
previsto en el artículo 20 de la Ley 797, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para controvertir lo decidido en las sentencias cuestionadas, comoquiera que según
las reglas fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, tiene legitimación
en la causa por activa, para tal efecto.
9
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
viii) Por otra parte, de la revisión del asunto se establece que no se enmarca dentro de
los supuestos de procedencia excepcional de la acción de tutela por abuso palmario
del derecho, en la medida en que: i) el señor José Miller Rincón prestó sus servicios al
Estado desde el 30 de septiembre de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2003 en el
Instituto Nacional Penitenciario (INPEC); ii) la parte actora no demostró que existe un
reconocimiento excesivo del pago de la mesada pensional derivada del cumplimiento
de las sentencias judiciales; y, iii) no se ha desvirtuado la presunción de buena fe del
beneficiario de la pensión de vejez.
ix) En consecuencia, como se ha señalado al resolver problemas jurídicos similares,
la situación que se presenta no es irremediable, dado que el perjuicio alegado está en
posibilidad de desaparecer, para lo cual la entidad accionante está obligada a hacer
uso del recurso extraordinario de revisión, por lo que no resulta lógico considerarlo
como insuperable, inminente o impostergable.
1.8. Impugnación
La accionante a través de apoderado impugna la providencia anterior, para que se
revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones que planteó como principales en
la solicitud de amparo. Como motivos de inconformidad alega lo siguiente:
i) El a quo debió realizar una valoración objetiva de los fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos en la demanda de tutela y de las pruebas aportadas con el fin de determinar
si existe un perjuicio irremediable que amerite considerar que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo para evitar la materialización del riesgo inminente de pérdida de
recursos públicos.
ii) La decisión se abstiene de exponer las consideraciones que dan lugar a que se
concluya la inexistencia del perjuicio irremediable, pese a que se demostró que la tasa
de reemplazo para liquidar la pensión del señor José Miller Rincón era del 75 % pero
del promedio de lo devengado en los últimos diez años y los factores eran solo los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, pues es beneficiario del régimen de transición
de la normativa que regía su prestación solo para efectos de la edad y el tiempo de
servicios no así para el cálculo del ingreso base de liquidación los que se rigen
10
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
conforme con lo señalado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; por tanto,
incide de forma grave sobre los recursos del sistema general de pensiones.
iii) Así las cosas, el perjuicio es inminente y próximo a suceder, porque, aunque se
pueda acceder al recurso extraordinario de revisión, la decisión adoptada en las
sentencias del 31 de marzo de 2022 y del 18 de noviembre de 2022, en este momento
debe ser acatada por la entidad, toda vez que tienen plenos efectos y como lo
contempla el parágrafo del artículo 253 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) «en ningún caso, el trámite del recurso […]
suspende el cumplimiento de la sentencia».
iv) En el presente caso se cumplen los criterios jurisprudenciales que evidencian la
presencia de un perjuicio irremediable, comoquiera que: a) es inminente y próximo a
suceder, en la medida en que las decisiones atacadas tienen plenos efectos; b) es
grave, porque se deben efectuar una serie de pagos de sumas de dineros que
comprometen seriamente los recursos del sistema general de pensiones y su
sostenibilidad financiera; c) requiere medidas urgentes para superar el daño, aspecto
que no puede ser garantizado con el recurso extraordinario de revisión; y d) acarrea la
adopción de medidas impostergables, para evitar una grave afectación de los recursos
públicos.
v) Además, en el escrito de tutela se expuso en forma clara que con los fallos del 31
de marzo de 2022 y del 18 de noviembre de 2022, se genera una evidente vía de
hecho y abuso del derecho, por tanto, se justifica la intervención urgente del juez
constitucional para proteger el erario, motivo que está señalado como excepción para
presentar la solicitud de amparo, aún ante la existencia de otros medios de defensa
judicial.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
11
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la providencia del 18 de noviembre de 2022, que
profirió el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 23001 33 33 006 2017 00778 01.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
13
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) alega la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional y la configuración de un defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente con la adopción de la sentencia del 18
de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante la cual
ordenó la reliquidación de la pensión del señor José Miller Rincón.
Aduce la entidad accionante tanto en el escrito de tutela como en la impugnación que
cuenta con otro medio de defensa judicial; por consiguiente, la inconformidad que
plantea respecto a la decisión objeto de censura versa sobre la cuantía de la prestación
reconocida, situación que encuadra en la causal del recurso extraordinario de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone lo siguiente:
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
[…]
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. b) Cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Al respecto, se tiene que como lo decidió la primera instancia, el asunto no cumple con
el requisito de subsidiariedad, pues no se agotaron los medios ordinarios de defensa
que tiene al alcance para controvertir la providencia ahora reprochada. En concreto la
entidad accionante, a través de su apoderado, bien puede acudir a la interposición de
la acción especial de revisión estatuida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
tiene como propósito afrontar graves casos de corrupción en materia de
reconocimiento pensional y evitar los perjuicios que por esa causa pueda sufrir el
erario.
Como la accionante no procedió en consecuencia, estando dentro del término
establecido en el inciso cuarto del artículo 251 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sino que acudió
directamente al juez constitucional mediante la solicitud de amparo, la acción de tutela
resulta improcedente, dado su carácter residual.
En ese sentido, corresponde verificar si se advierte configurado el perjuicio
irremediable que, por excepcionalidad, permite conocer la solicitud de amparo, pese a
la existencia de otro medio de defensa judicial, que, como se indicó, para el caso,
consiste en el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
Análisis del perjuicio irremediable
Acorde con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha precisado que
únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad
con las circunstancias del caso particular, sea: a) cierto e inminente, esto es, que no
se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de
hechos ciertos; b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que
lesionaría y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado; y c) de urgente
15
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación
para evitar que se consuma un daño antijurídico en forma irreparable.
En el presente caso, la entidad accionante no demostró los motivos por los cuales le
resultaba imposible iniciar el trámite del recurso extraordinario de revisión previsto en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que el juez natural verifique si la orden
impartida en la sentencia del 18 de noviembre de 2022 implica un exceso en la cuantía
de lo debido, conforme a la normativa aplicable, dado que argumenta que la inclusión
del subsidio de alimentación acarrearía que la mesada del señor José Miller Rincón
«se incrementaría en la suma de $50.080 m/cte lo que conlleva a que el causante
quede devengando una diferencia que no le asiste al no estar ajustada su mesada
pensional a derecho».
Tampoco avizora la Sala que el juez constitucional deba desplazar el medio de defensa
judicial anteriormente aludido, en razón a que la parte accionante no aportó los
mínimos elementos de juicio que permitan acreditar el perjuicio irremediable en tanto
que no le es posible a esta corporación determinar:
i) Que la interposición del recurso de revisión no resulta lo suficientemente idónea y
eficaz para garantizarle a la accionante la protección de los derechos presuntamente
vulnerados o amenazados;
ii) Que se requiere la protección constitucional como mecanismo transitorio, pues, de
lo contrario, la accionante se enfrentaría a la ocurrencia inminente o próxima a suceder
de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales;
iii) Que existen hechos de extrema gravedad que representen un detrimento sobre un
bien significativo, pues como bien lo afirmó el a quo, no se advierte abuso palmario del
derecho de quien solicitó la reliquidación pensional, dado que i) el señor José Miller
Rincón prestó sus servicios al Estado desde el 30 de septiembre de 1983 hasta el 31
de diciembre de 2003 en el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC); ii) la parte actora
no demostró que existe reconocimiento excesivo del pago de la mesada pensional
derivada del cumplimiento de las sentencias judiciales que genere una grave
16
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
afectación al erario; y, iii) no se ha desvirtuado la presunción de buena fe del
beneficiario de la pensión de vejez.
Como se advierte que ninguno de los supuestos anteriores fue probado, la Sala no
examinará la acción de tutela promovida como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable y, en ese sentido, se insiste en que, para el caso, la vía de
amparo no puede constituirse en un mecanismo judicial adicional o paralelo a los
instrumentos judiciales de defensa previstos por el legislador.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye,
i) la solicitud de amparo incumple el requisito de subsidiariedad y ii) no se acreditó la
presencia de un perjuicio irremediable que viabilice la intervención del juez
constitucional.
En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante la cual declaró improcedente la acción interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2023, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción de
tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a la parte
considerativa que antecede.
17
Radicado: 11001 03 15 000 2023 02751 01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP)
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.