Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02781-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02781-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02781-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02781-00
Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 24 de
noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 200013333004201400152-04, vulneró su derecho fundamental invocado
supra.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional - CASUR, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de solicitar “[…] el reajuste de su asignación
de retiro con incremento del IPC para los años 1993 a 2004[...]”.
4. Indicó que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2017, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar, profirió sentencia en su favor, en la cual,
ordenó “[…] le fuera reconocida y cancelada la diferencia del reajuste anual de sus
asignaciones de retiro a partir del 21 de junio de 2008 […]”.
5. Señaló que, el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de 22 de febrero
de 2018, resolvió “[…] declarar de oficio la excepción de prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 21 de junio de 2008 […]” y, condenó “[…] a
la entidad demandada a reconocer y a pagar al actor la diferencia del reajuste anual
de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008 […]”.
6. Expresó que, presentó demanda ejecutiva contra la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional - CASUR con el fin de que se librara mandamiento de pago por
la suma de “[…] QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($528.352.0000.00), por el valor del capital
obtenido de la sentencia debidamente ejecutoriada [...]”.
7. Señaló que, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar,
mediante auto de 3 de mayo de 2019, resolvió librar mandamiento de pago […] en
contra de CASUR, y a favor de la parte ejecutante […]”.
8. Indicó que, la parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
incoadas precisando que, “[…] a través de la Resolución No. 5351 de 12 de
diciembre de 2018, se dio cabal cumplimiento a la providencia judicial proferida por
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el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VALLEDUPAR […]”.
9. Adujo que, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante
sentencia de 13 de diciembre de 2020, “[…] desestimó las excepciones propuestas
por la entidad ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito […]”.
10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 24 de noviembre de
2022, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[...] PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de fecha 13 de
diciembre de 2020, y en su lugar se declara probada la excepción denominada “i)
pago total de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión, y en consecuencia, dar por terminado el proceso ejecutiva de la
referencia[...]”.
11. Al respecto consideró lo siguiente:
“[…] De este modo, resulta necesario reiterar que en la providencia que sirve como
título ejecutivo, se condenó a CASUR, a reconocer y pagar al actor la diferencia en el
reajuste anual de su asignación de retiro a partir del 21 de junio de 2008, teniendo en
cuenta lo establecido artículo 14 de la Ley 100 de 1993, debidamente ajustado su
valor, en la medida que dicho incremento resulta más favorable para el demandante,
que el decretado para las asignaciones en actividad […]”.
[…]
“[…] cabe destacar que, en la aludida decisión, se indicó textualmente que se debía
incrementar la asignación de retiro del actor, siempre y cuando esto resultara más
favorable para éste.
De conformidad con lo anterior, se advierte que en ningún aparte de la providencia
que sirve como título ejecutivo se ordenó el reajuste del salario que devengaba el
señor LUIS ALBERTO VILORA GUZMÁN mientras se encontraba en servicio activo,
ya que la providencia en cuestión, ordenó expresamente el reajuste de su asignación
de retiro, siempre y cuando se constatara que no se había incrementado esta
prestación social en el porcentaje adecuado.
En caso tal que el demandante considerara que la decisión en mención no se ajustaba
a lo que pretendía, debió agotar los mecanismos contemplados legalmente para
obtener una corrección de la misma, o cuestionaría en sede de tutela, por tratarse de
una providencia de segunda instancia.
De este modo, al revisar los informes presentados por el Contador Liquidador adscrito
a este Tribunal, se encuentra que la asignación de retiro del ejecutante se incrementó
correctamente a partir del año 2004; es decir, que para el año 2008, a partir de cuando
se debía aplicar el aludido aumento, la mesada que recibía el hoy demandante se
encontraba debidamente liquidada.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
En síntesis, la posición adoptada por CASUR se encontraba ajustada a derecho, ya
que no resulta procedente reconocer el pago de suma de dinero alguna a favor del
ejecutante.
Así las cosas, y ya que las pruebas recopiladas en esta instancia permiten corroborar
que CASUR cumplió a cabalidad con la obligación impuesta a favor del señor LUIS
ALBERTO VILORA GUZMÁN; por lo que, resulta procedente concluir que la decisión
recurrida, en la que se negaron las excepciones propuestas por la entidad ejecutada,
debe ser revocada y, en consecuencia, la decisión de seguir adelante con la ejecución
correrá la misma suerte […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Solicito se amparen los derechos fundamentales del señor LUIS
ALBERTO VILORIA GUZMÁN, al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se deje sin efectos la
sentencia de fecha 24 de noviembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, que revocó la decisión del 13 de diciembre de 2020,
expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, y en su lugar se dicte
una decisión de reemplazo, donde se garanticen mis derechos fundamentales,
confirmando la sentencia de primera instancia, reconociendo que la accionada
CASUR no ha pagado la obligación contenida en el titulo base de la ejecución […]”.
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2023; i) admitió la
acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Cesar y iii) vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - Casur, en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
14. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción constitucional, en la
medida que, “[…] por cuanto la providencia proferida por esta Corporación no es
constitutiva de vía de hecho judicial, al haberse proferido amparado en las normas
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
jurídicas que lo contemplan, en ejercicio de la autonomía del juez competente para
ello […]”.
15. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] no se le ha vulnerado
ningún derecho fundamental al accionante […]” y su desvinculación de la solicitud
de tutela, en la medida que, “[…] es una tutela que cursa contra del Tribunal
Administrativo Del Cesar […]”.
16. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar manifestó lo
siguiente:
“[…] El proceso fue recibido en este Despacho procedente del Tribunal Administrativo
del Cesar el día 28 de noviembre de 2022. El día 2 de diciembre de 2022 este
Despacho dictó el auto dando obedecimiento y cumplimiento a lo decidido por el
mentado Tribunal.
En la actualidad el proceso ejecutivo adelantado por el señor LUÍS ALBERTO
VILORIA GUZMÁN, contra de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
NACIONAL se encuentra terminado en virtud de la decisión de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, la cual se encuentra ejecutoriada
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión Previa
19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20061, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
1 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[2].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
22. La Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur
solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad es parte demandada en el
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
200013333004201400152-04.
24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional – Casur, le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional – Casur.
2 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) procediendo posteriormente a v) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
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acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
29. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20055, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.
32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
35. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20148, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
8 Ut supra página 6.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [15]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
36. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado16:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”17
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”18
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
16 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Ibidem.
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pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
37. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta
afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii)
cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
38. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202219
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
(Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
39. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
15
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40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
41. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 24 de
noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 200013333004201400152-04, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.
42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
20 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
16
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
44.1. Copia del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 200013333004201400152-04.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional
45. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor, en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] 7. Como se observa el Tribunal Administrativo del Cesar, al proferir la sentencia
del 24 de noviembre de 2022, incurrió en vía de hecho, por indebida valoración del
acervo probatorio, pues basó su decisión en el dictamen contable practicado por el
profesional universitario de dicha Corporación, el cual dista del realizado por otro
profesional de la misma entidad, en el cual se fundamentó el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar, para dictar sentencia donde se declaró no probada la
excepción presentada por CASUR; debiéndose señalar que el tribunal permitió que
fuera el contador el que decidiera de fondo el asunto puesto bajo su conocimiento,
con lo cual desconoció su propia decisión de fecha 22 de febrero de 2018, en la que
accedió a las súplicas de la demanda, y reconoció que existía una obligación en
cabeza de la entidad accionada para con mi cliente.
8. Por otro lado, de antaño el Consejo de Estado, ha señalado en su jurisprudencia
que cuando el título base de la ejecución corresponde a una sentencia judicial, sólo
se admiten como excepciones hechos posteriores, que lo enerven parcial o
totalmente; y en el caso estudiado, la demandada CASUR, planteó como excepción
de mérito el PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, allegando una resolución, que no
reconoce pago alguno a mi mandante, sin que alegue un hecho posterior, que debilite
la sentencia base de la ejecución; por lo que al acceder a la excepción planteada por
la ejecutada, el Tribunal Administrativo del Cesar, desconoció la jurisprudencia de la
alta Corporación […]”.
[…]
“[…] Por eso es que cuando el título ejecutivo es de origen judicial sólo admite como
excepciones hechos posteriores, que lo enerven parcial o totalmente, o "la de nulidad
en los casos que contemplan los numerales 7 y 9 del artículo 140, y de la pérdida de
la cosa debida" (art. 509). En tal sentido se ha pronunciado la doctrina colombiana,
basándose en la razón histórica de ser del título ejecutivo judicial […]”.
17
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Actor: Luis Alberto Viloria Guzmán
46. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
47. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantean una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
48. Al respecto, la Corte Constitucional21 ha señalado:
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la posibilidad
de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante considera
afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
49. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en reiterados pronunciamientos22, y en especial, en la sentencia
proferida el 3 de mayo de 2019 señaló lo siguiente:
“[…] La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se
cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia;
motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
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Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite
del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0123, por parte
de los jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.
Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional24, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más25.
En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201926, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.
50. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
51. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
23 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre
de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
26 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.
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encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
52.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión del derecho fundamental al debido proceso, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
54. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente (E) Consejero de Estado
Consejero de Estado (Ausente con permiso)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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