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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02796-01

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02796-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 8 de agosto de 2023, que dictó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó el amparo que solicitó el señor José Manuel Abuchaibe Escolar, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02796-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

12 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento
de Santander por la coalición Pacto Histórico. Requisitos para la
presentación de listas con fundamento en la figura de coalición. Artículo
262, inciso quinto, de la Constitución Política.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 8 de agosto de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, negó el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor José Manuel Abuchaibe Escolar promueve acción de tutela contra la
providencia del 11 de mayo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta
dentro de los procesos acumulados 11001 03 28 000 2022 00086 00 y 11001 03 28
000 2022 00141 00.

1.2. Pretensiones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

El accionante formula las siguientes súplicas:

1. Se nos conceda la [t]utela al suscrito (sic) sobre nuestros derechos al debido
proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40-1 CP), igualdad o
cualquier otro derecho que a raíz del análisis de los hechos planteados que
ustedes consideren resulten vulnerados o infringidos por la entidad accionada,
dentro de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo en atención a las
consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.

2. DEJAR SIN EFECTO la providencia judicial proferida el once (11) de mayo del dos
mil veintitrés (2023) por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicación:
11001-03-28-000-2022-00086-00 (principal), 11001-03-28-000-2022-00141-00
(acumulado) por la cual se negó la nulidad de la elección de los representantes a
la Cámara por el departamento de Santander, período constitucional 2022-2026.

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que proceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la Constitución y
la [l]ey y respetuosa de los derechos fundamentales de los accionantes.

4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señaló los siguientes:

i) Los señores Héctor Guillermo Mantilla Rueda y José Manuel Abuchaibe Escolar
formularon sendas demandas contra el acto de elección de los representantes a la
Cámara por el departamento de Santander para el período 2022-2026, contenido en
el Formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 2022, para ello deprecaron la exclusión de
los votos obtenidos por la Coalición Pacto Histórico, por las presuntas irregularidades
ocurridas durante la fase preelectoral.

ii) Al movimiento político Colombia Humana se le otorgó personería jurídica en
cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia SU-316 del 2021, en la que la Corte
consideró que al obtener más del 3 % de la votación válida en la elección presidencial
llevada a cabo en 2018, era merecedor de dicho atributo; no obstante, esa prerrogativa
se reconoció sin que participara en los comicios celebrados en esa anualidad al
Congreso de la República, según la regla establecida en el artículo 108 de la
Constitución Política.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

iii) En lo que se refiere a las coaliciones para presentar listas de candidatos para
corporaciones públicas, el constituyente impuso al legislador el deber de regular
aspectos propios de su funcionamiento; sin embargo, en el artículo 262 estableció los
requisitos esenciales para su existencia a saber: 1) prevé como titulares de derecho a
los partidos y movimientos políticos; 2) exige la verificación de la personería jurídica;
3) impone la comprobación del atributo relativo a que los entes coaligados, sumados
hayan obtenido una votación de hasta el 15 % de los votos válidos y 4) lo anterior, en
la respectiva circunscripción.

iv) Toda vez que la personería jurídica de Colombia Humana fue concedida con
fundamento en los sufragios depositados en la elección presidencial, ello no la
habilitaba para ser parte de la coalición denominada Pacto Histórico, en atención a que
el artículo 262 ibidem exige que los entes coaligados hayan obtenido una votación de
hasta el 15 % de los votos válidos en las elecciones anteriores en la respectiva
circunscripción.

v) Los votos alcanzados por Colombia Humana en el departamento de Santander
fueron 343.052 de un total de 937.386 en las presidenciales del 2018, cifra que supera
ampliamente el quince por ciento de los sufragios válidos depositados, de modo que,
por todos los aspectos analizados, dicha colectividad no podía conformar una coalición
de minorías.

vi) El Consejo de Estado, Sección Quinta, en providencia de única instancia negó la
nulidad de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de
Santander, sin analizar las condiciones de las elecciones indirectas al Congreso de la
República; por consiguiente, efectuó una interpretación que no es coherente con la
realidad presentada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con la sentencia acusada se vulneraron sus derechos al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a participar en la conformación, ejercicio y

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

control del poder político y a la igualdad y se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

i) En la decisión adoptada por la autoridad judicial se hizo una interpretación errónea
de los hechos, pues no obstante constató que al partido Colombia Humana —en
coalición con el Pacto Histórico— se le reconoció personería jurídica por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021, por su participación en las elecciones
presidenciales de 2018, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución y
sobrepasar el umbral del 3 %, terminó concluyendo que no había lugar a contabilizarle
voto alguno para los efectos contemplados en el numeral 5 del artículo 262 ibidem.

ii) Igualmente se configuró un defecto fáctico, porque la sentencia objeto de censura
no contó con el respaldo probatorio requerido, ello porque la Sección Quinta no valoró
debidamente los documentos aportados, especialmente, las irregularidades en el
Formulario E-6CT, en el que se consignó que el movimiento Colombia Humana obtuvo
cero votos en las elecciones de 2018; es decir, se examinó arbitrariamente lo señalado
en el fallo de unificación, en el que se destacó que el otorgamiento de la personería no
dependía de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules
obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909
de 2018, son indirectas, esto es, las presidenciales.

iii) Así mismo, en la providencia cuestionada se viola directamente la Constitución, al
no adelantar una exégesis conforme al artículo 108, porque la Corte concedió
personería al movimiento Colombia Humana en cumplimiento de lo previsto en ese
precepto, verificando el porcentaje del 3 % para efectos del umbral; por tanto, no es
posible que se pueda considerar que no se contara ningún sufragio a su favor para los
fines establecidos en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 31 de mayo de 2023, que se ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, como demandados.
Así mismo, se dispuso la notificación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Consejo Nacional Electoral, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; a

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, a los señores Héctor
Guillermo Mantilla Rueda, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Cristian Danilo Avendaño
Fino, Erika Tatiana Sánchez Pinto, Juan Manuel Cortés Dueñas, Mary Anne Andrea
Perdomo Gutiérrez, Óscar Leonardo Villamizar Meneses, María de los Ángeles Torres
Ortega y Luis Eduardo Díaz Mateus, como terceros interesados en las resultas de esta
acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Quinta. La consejera de Estado, doctora
Rocío Araújo Oñate solicita se declare improcedente la acción de tutela y de manera
subsidiaria, se nieguen las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, se deje
incólume la providencia judicial cuestionada, la cual se encuentra debidamente
soportada en las normas y las pruebas aportadas al plenario.

1.6.2. Del Consejo Nacional Electoral. La señora Diana María Ramírez Rojas,
profesional universitaria de la Asesoría Jurídica y Defensa Judicial alega que la
decisión impugnada está revestida de la presunción de legalidad, la cual no ha sido
desvirtuada por el accionante. Así mismo, como no es posible que se le atribuya la
presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del accionante, la
tutela resulta improcedente; en consecuencia, debe ser desvinculada del trámite
constitucional.

1.6.3. De la Registraduría Nacional del Estado Civil. El señor Luis Francisco Gaitán
Puentes, jefe de la Oficina Jurídica aduce que esa entidad no tiene competencia para
pronunciarse sobre lo pretendido por el accionante, ya que la providencia que dio lugar
a la solicitud de amparo fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, juez
natural de la causa, dentro de su autonomía e independencia judicial y en ejercicio de
sus competencias.

1.6.4. De la Procuraduría General de la Nación. La señora Idayris Yolima Carrillo
Pérez, procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, se remite a lo
expuesto en el Concepto 2023-04-NE-064 rendido en el marco del proceso de nulidad

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

electoral con radicación 11001 03 28 000 2022 00086 00, que contiene las
consideraciones que en su oportunidad presentó en la intervención correspondiente.

1.6.5. La señora Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez solicita se declare
improcedente la solicitud de amparo, porque no tiene una clara y marcada importancia
constitucional que permita la intervención del juez de tutela en un asunto de la
jurisdicción contenciosa. Además, el accionante utiliza este mecanismo para reabrir un
debate meramente legal que ya fue discutido y resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, según su competencia. Igualmente, se demostró que la supuesta
amenaza o vulneración de las garantías fundamentales que invoca no tiene sustento
jurídico ni probatorio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo del 8 de agosto
de 2023, negó el amparo deprecado, por los siguientes motivos:

i) En la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, no se incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, pues la decisión de
no acceder a la declaración de nulidad del acto demandado estuvo soportada en un
estudio razonable de las pruebas allegadas al expediente, lo que le permitió concluir
que la inclusión del movimiento Colombia Humana en la lista presentada por la
coalición del Pacto Histórico no acarrea vicio alguno en relación con el cumplimiento
del ordinal quinto del artículo 262 de la Constitución Política.

ii) En efecto, no se puede inferir la existencia de un defecto fáctico en la providencia
acusada, pues se encuentra acreditado que la autoridad judicial demandada analizó el
contenido de los documentos electorales a la luz de la Sentencia SU-316 de 2021 de
la Corte Constitucional y las disposiciones del artículo 108 constitucional en aras de
establecer si los actos acusados se ajustaron a los parámetros del inciso quinto del
artículo 262.

iii) Así mismo, la Sección Quinta al aplicar el criterio vigente y al examinar la situación
fáctica consideró que era imposible determinar cuántos votos obtuvo Colombia

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

Humana en las elecciones presidenciales de 2018, porque no fueron depositados para
dicha colectividad, sino para un candidato presentado en coalición para un cargo
uninominal, la cual se rige por las reglas propias del artículo 29 de la Ley 1475 del
2011, de manera que se presentaba una dificultad práctica a efectos de establecer
cuál sería el monto a tener en cuenta para el cumplimiento del requisito del artículo
262 constitucional.

iv) Tampoco se configura un defecto sustantivo en la sentencia acusada, porque el
alcance que se le dio a la norma, en el ejercicio de la labor judicial, resulta razonable
y ajustado a la jurisprudencia vigente. Ciertamente, el empleo de una disposición
especial está dada en términos de proporcionalidad; entonces, cuando la
interpretación de un precepto aparece debidamente sustentada no se considera
incorrecta, salvo que sea contraria a la Constitución o aparezca caprichosa o arbitraria,
lo que no ocurre en el sub examine.

v) La autoridad accionada no incurrió en violación directa de la Constitución; pues,
como lo evidencia el contenido de la providencia censurada, se realizó un análisis de
la norma superior aplicable, que le permitió determinar que era improcedente
contabilizar los votos obtenidos en la elección presidencial de 2018 por el señor
Gustavo Francisco Petro Urrego, toda vez que a) se trata de elecciones que se llevaron
a cabo en diferentes circunscripciones; b) existe una dificultad práctica para establecer
el número de votos obtenidos por el entonces grupo significativo de ciudadanos
Colombia Humana en la contienda electoral del primer mandatario en la referida
anualidad y c) la tesis sostenida en la Sentencia SU-316 del 2021, no implica un
cambio en la regla constitucional del inciso 5º del artículo 262 constitucional.

1.8. Impugnación

El accionante impugna la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se
conceda el amparo deprecado. Como motivos de inconformidad alega lo siguiente:

i) El fallo del a quo es contrario a las garantías que conforman el debido proceso y
de manera escueta estudia los aspectos jurídicos de la sentencia dictada por la
Sección Quinta.

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ii) La pretensión está dirigida a que el fallador dirima una controversia que se
mantiene en el plano constitucional y no legal, esto es, que señale que el juez
contencioso-administrativo debe privilegiar el artículo 108 de la Constitución Política
sobre los requisitos para otorgar personerías jurídicas y que en consecuencia se
puedan contabilizar los votos de quien la obtiene para la aplicación del artículo 262
ibidem sobre el 15 % que se establece a las coaliciones para corporaciones públicas.

iii) Igualmente se configuró un defecto fáctico, porque la sentencia objeto de censura
no contó con el respaldo probatorio requerido, ello porque la Sección Quinta no valoró
debidamente los documentos aportados, especialmente, las irregularidades en el
Formulario E-6CT, en el que se consignó que el movimiento Colombia Humana obtuvo
cero votos en las elecciones de 2018; es decir, se analizó arbitrariamente lo señalado
en el fallo de unificación, en el que se destacó que el otorgamiento de la personería no
dependía de las elecciones directas para Cámara y Senado, ya que las curules
obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909
de 2018, son indirectas, esto es, las presidenciales.

iv) La Corte Constitucional concedió personería al movimiento Colombia Humana en
cumplimiento del artículo 108 constitucional, verificando el porcentaje del 3 % para
establecer el umbral, por tanto, no es entendible la interpretación en el sentido de que
no se debe contar voto alguno para lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 262 de
la Constitución.

v) A pesar de la realidad jurídica constitucional, la Sección Quinta varió lo previsto
por la Corte Constitucional, ya que, si un partido tenía personería jurídica para
participar en las elecciones del 2022, obedecía a que logró su reconocimiento o la
mantuvo en las elecciones al Congreso de la República que se celebraron en 2018.

vi) Se insiste en que la Corte Constitucional otorgó personería jurídica a Colombia
Humana con base en lo que prevé el artículo 108, pero en una hermenéutica amplia
estimó que la elección presidencial donde se escoge un senador y un representante,
es indirecta al Congreso y exigió el requisito de superación del umbral con el fin de
conceder el reconocimiento de la personería jurídica, además, expresó, que se

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otorgaría siempre y cuando, al menos uno de los candidatos de la fórmula aceptara su
curul en el Congreso y se declarara en oposición.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
José Manuel Abuchaibe Escolar contra la providencia del 11 de mayo de 2023, que
profirió el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de los procesos acumulados de
nulidad electoral con radicaciones 11001 03 28 000 2022 00086 00 y 11001 03 28 000
2022 00141 00.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 6 de mayo de 2022, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar interpuso
demanda para que se declarara nulo el acto de elección de la Cámara de
Representantes por la circunscripción territorial de Santander contenido en el

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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documento E-26 del 22 de marzo 2022, se excluyera la lista del Pacto Histórico y se
ordenara un nuevo escrutinio.6

2.4.2. El 21 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Quinta, resolvió sobre
la acumulación de los procesos de nulidad electoral impetrados por los señores José
Manuel Abuchaibe Escolar7 y Héctor Guillermo Mantilla Rueda8 contra la elección de
los representantes a la Cámara por el departamento de Santander para el período
2022-2026, así:9

PRIMERO. DECRETAR la acumulación del proceso de nulidad electoral nro. 11001-
03-28-000-2022-00141-00 al expediente con radicación nro. 11001-03-28-000-
2022-00086-00, ambos iniciados contra el acto que declaró la elección de los
representantes a la Cámara por el departamento de Santander, para el período
constitucional 2022-2026.

SEGUNDO. TENER como expediente principal el radicado con el número 11001-03-
28-000-2022-00086-00 en el cual se seguirán las demás actuaciones del proceso
electoral.

[…]

2.4.3. El 11 de mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió fallo
de única instancia dentro del medio de control de nulidad electoral con radicaciones
11001 03 28 000 2022 00086 00 (principal) y 11001 03 28 000 2022 00141 00
(acumulado), en el que decidió lo siguiente:10

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral del
formulario E-26 CAM del 22 de marzo del 2022, por medio del cual se declaró la
elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Santander, en
atención a las razones y consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no
procede recurso alguno.

TERCERO: En firme la presente providencia ARCHIVAR el expediente.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

6 Índice 10, del expediente electrónico.
7 Radicación 11001 03 28 000 2022 00086 00.
8 Radicación 11001 03 28 000 2022 00141 00.
9 Índice 10, del expediente electrónico.
10 Índice 12, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

Considera la Sala que, como lo estableció la primera instancia, en el asunto sub lite se
encuentran cumplidas las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para
rebatir la providencia del 11 de mayo de 2023, que emitió el Consejo de Estado,
Sección Quinta, porque 1) la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional;
2) se agotaron todos los medios de defensa judicial; 3) se cumple con el requisito de
inmediatez; 4) el accionante identificó los hechos y los derechos cuya vulneración
alega; 5) no se trata de una irregularidad procesal; y 6) no se dirige contra una
sentencia de tutela.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

proceso.11

2.5.2.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto fáctico

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005, establece que se está en
presencia de un defecto fáctico cuando al examinarse la providencia judicial objeto de
la tutela «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».12

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión positiva o en una dimensión negativa —omisiva— de la valoración y práctica
de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera, comprende estimaciones
inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y
la apreciación de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la
valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar
una acción de tutela en este cuando se observa que es manifiestamente arbitraria. En
palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la evaluación probatoria del juez de conocimiento.13 [Negrillas fuera del texto]

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese
a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica
de manera tan evidente que su decisión se muestra forzada y contradictoria con la
lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

2.5.2.3. De la violación directa a la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales

11 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
12 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,14 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurría el recurso de apelación, la Corte Constitucional señaló que desconocer la
disposición constitucional que expresamente prohíbe al superior funcional «agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único», suponía la materialización
del defecto sustantivo.15 Al respecto la Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónoma. En esa oportunidad se pronunció así:

«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en

14 Sentencia del 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

«[…] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional16 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.17

2.5.2.4. Fundamento de la providencia objeto de impugnación

El señor José Manuel Abuchaibe Escolar acude a la acción de tutela para que se
protejan sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la participación
en la conformación, ejercicio y control del poder político y a la igualdad, cuya
vulneración le atribuye a la sentencia del 11 de mayo de 2023, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro de los procesos acumulados de nulidad electoral

16 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, proceso número 2014 00861

00 magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

con radicados 11001 03 28 000 2022 00086 00 y 11001 03 28 000 2022 00141 00,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda contra la elección de los
representantes a la Cámara por el departamento de Santander, para el período 2022-
2026.

Igualmente, alega que se configuran los defectos sustantivo y fáctico y violación directa
de la Constitución, ya que la Sección Quinta de esta corporación en la providencia
objeto de litis desconoció: i) que al momento de la inscripción de la lista de la coalición
denominada Pacto Histórico no se cumplieron los requisitos establecidos en el inciso
quinto del artículo 262 de la Constitución; ii) que respecto del movimiento político
Colombia Humana era necesario contabilizar los votos obtenidos en las elecciones
presidenciales de 2018, toda vez que fue con fundamento en esos comicios que en la
Sentencia SU-316 de 2021, se le otorgó personería jurídica y iii) a la referida
colectividad se le registraron cero votos para la determinación del 15 % exigido por el
precepto en comento, pero lo procedente era incluir los sufragios conseguidos en la
referida candidatura presidencial en el departamento de Santander, extensión que en
su criterio fue avalada por la Corte con las votaciones de senado y cámara.

La Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación mediante sentencia del 8 de
agosto de 2023, negó el amparo solicitado por el accionante, porque consideró que la
providencia objeto de censura no vulneró los derechos que invocó, toda vez que no se
evidencia de su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituyan una vía de hecho
por los defectos fáctico, sustantivo ni por violación directa de la Constitución, que
ameritara la intervención del juez de tutela.

Pues bien, la Sala considera pertinente destacar que el Consejo de Estado, Sección
Quinta, previo a resolver los problemas jurídicos planteados, en particular dilucidar si
al momento de inscribir la lista de la coalición denominada Pacto Histórico, debían
sumarse los votos obtenidos por Colombia Humana, en las elecciones presidenciales
de 2018 y con ello determinar si se acreditó la cifra mínima del 15 % de los votos
requeridos por el artículo 262 constitucional, analizó el contenido del inciso quinto
ibidem y su interpretación constitucional, concluyendo que su finalidad era lograr «el
fortalecimiento de la participación democrática de los partidos y movimientos políticos,

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

garantizándole a ellos, bajo ciertas condiciones de tipo objetivo –votos de la
respectiva circunscripción– la posibilidad de aunar esfuerzos para la consecución
de espacios de representación en corporaciones públicas y permitir de esta manera,
defender los mismos (sic) los ideales y programas que representan y por los cuales
los ciudadanos votan». (Negrilla de la Sala)

Así mismo, estudió el contenido de la Sentencia SU-316 de 2021 y el reconocimiento
de la personería jurídica como una garantía del derecho a la oposición política y precisó
que la regla de decisión creada no variaba la forma de interpretación del inciso quinto
del artículo 262 de la Constitución Política. Al respecto hizo el siguiente
pronunciamiento:

174. En primer lugar, es de señalar que las consideraciones efectuadas por la
Corte Constitucional en la referida decisión giraron en torno a la garantía del
derecho a la oposición de la opción política derrotada en las elecciones
presidenciales, que accede a las curules que por derecho personal consagran el
artículo 112 constitucional y el Estatuto de la Oposición (artículo 24 de la Ley 1909
del 2018) y que obtiene un apoyo ciudadano de hasta el 3% de los votos
válidamente depositados.

[…]

176. Lo anterior tiene ciertas implicaciones en cuanto hace al estudio adelantado
por la Corte Constitucional y el posible impacto que ello tiene respecto de la
aplicación del inciso 5º del artículo 262 Superior.

177. Si bien es claro que la corporación judicial hizo referencia a la necesidad de
contar con un factor objetivo que permitiera establecer el apoyo ciudadano, para
lo cual, acudió al valor del 3% de los votos válidos de la elección presidencial, lo
cierto es que dicha circunstancia no implica, en sí misma, que aquella y el ejercicio
del derecho personal adquieran la connotación de elecciones parlamentarias o a
otro tipo de corporaciones públicas.

178. El razonamiento efectuado en la sentencia SU-316 del 2021, en todo
momento parte de la naturaleza del ejercicio del derecho personal, entendiéndolo
como una “elección indirecta” al Congreso de la República que se deriva de la
consecuencia de ocupar el segundo lugar en las presidenciales correspondientes
y que son “ontológicamente de mandato representativo” de quienes votaron por la
fórmula que ocupó el segundo lugar en la contienda, pero en ninguna medida se
asimila la misma a la elección de los parlamentarios por la vía ordinaria.

Ahora bien, respecto de los reparos planteados por el accionante y señalados en
párrafos precedentes, la Sala constata que dicha corporación de conformidad con lo
probado en el proceso definió que si bien el movimiento político Colombia Humana

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

contaba con personería jurídica,18 producto de una sentencia judicial, esto es, la
Sentencia SU-316 de 2021, no era procedente considerar que la autoridad electoral
debía contabilizar los votos de la elección inmediatamente anterior, es decir, las
presidenciales. Al efecto, señaló lo siguiente:

183. Adicional a lo anterior, si en gracia de discusión se admitiera la tesis del
demandante, de todas maneras, se presentan situaciones específicas que
permiten señalar que era improcedente contabilizar los votos obtenidos en la
elección presidencial del año 2018 por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego,
como son que (i) se trata de elecciones que se llevaron a cabo en diferentes
circunscripciones; (ii) existe una dificultad práctica para establecer el número de
votos obtenidos por el entonces grupo significativo de ciudadanos Colombia
Humana en la contienda electoral de primer mandatario en la referida anualidad y
(iii) la tesis sostenida en la sentencia SU-316 del 2021, no implica un cambio en la
regla constitucional del inciso 5º del artículo 262 constitucional.

Sin embargo, para la Sala resulta importante resaltar que la Sección Quinta examinó
la posibilidad de atender la postura propuesta por el demandante en el medio de control
de nulidad electoral, esto es, sumar los votos respecto del movimiento político
Colombia Humana y adicionarlos con aquellos obtenidos por los demás partidos
coaligados, pero sobre el particular observó una dificultad práctica a efectos de
determinar cuál sería el porcentaje de votos a contabilizar para establecer el
cumplimiento del requisito del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución, en tanto
«es imposible determinar cuántos votos obtuvo Colombia Humana en las elecciones
presidenciales del año 2018, por cuanto [aquellos] no fueron para dicha colectividad
sino para un candidato presentado en coalición para un cargo uninominal, la cual se
rige por las reglas propias del artículo 29 de la Ley 1475 del 2011».

Así las cosas, se establece que la Sección Quinta obtuvo la certeza de que el
accionante no demostró la existencia de la nulidad alegada en tanto la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-316 de 2021 «interpretó el artículo 108 superior […]
frente a las nuevas regulaciones constitucionales y legales que consagraron
mecanismos para permitir la consolidación de nuevas fuerzas políticas a través del
acceso al Congreso de la República a quienes ocuparon el segundo lugar en las
elecciones presidenciales y la representatividad de sus votantes», razón por la cual

18 Por Resolución 7417 del 15 de octubre del 2021, el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de

lo dispuesto en la Sentencia SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional, le reconoció personería jurídica
al movimiento político Colombia Humana.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

abordó cuestiones materia de una elección diferente a la prevista en el inciso quinto
del artículo 262 de la Constitución.

En tal sentido estima la Sala que el accionante no acreditó los elementos tendientes a
demostrar que la interpretación realizada por la Sección Quinta de esta corporación
haya sido arbitraria, irracional o caprichosa; por el contrario, dicha autoridad judicial,
atendió las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
referenciada, y de forma argumentada llegó a la conclusión de que no prosperaban las
pretensiones del medio de control de nulidad electoral.

Finalmente, se considera que la sentencia acusada cuenta con una sólida
fundamentación que descarta la estructuración de las objeciones alegadas, actuación
que, por lo demás, corresponde al ejercicio funcional de los atributos de autonomía e
independencia judicial de los que está investido el juez de la causa.

3. Conclusión

La Sala concluye que la providencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral contra el Formulario E-26 CAM del 22 de marzo de 2022, por medio del cual
se declaró la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de
Santander, no incurrió en los defectos alegados por el accionante.

En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual negó el amparo que solicitó
el señor José Manuel Abuchaibe Escolar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 02796 01
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 8 de agosto de 2023, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual negó el amparo que solicitó
el señor José Manuel Abuchaibe Escolar, conforme a la parte considerativa que
antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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