Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02801-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02801-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02801-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
14 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02801-00
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-Regional Caldas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA- Regional Caldas contra el Tribunal Administrativo de Caldas.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1.- El 25 de mayo de 2023, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Regional
Caldas presentó acción de tutela en procura de obtener la salvaguarda de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima y seguridad
jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Caldas, al proferir el fallo de 7 de octubre de 2022 2, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió el señor Carlos
Alfredo Espinosa González en su contra.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a que se ordene a la autoridad accionada4:
<<(…) emitir nueva sentencia en el procesos en la cual se estudie nuevamente la
prescripción del tercer periodo contractual reconocido y con el fin de establecer que la
reclamación se efectuó por fuera del término de los 3 años, por lo que deberá
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 12 de octubre de 2022. Corregido mediante auto de 27 de enero de 2023, notificado el 31 de enero
de 2023.
3 17001-33-33-002-2016-00314-00.
4 Expediente digital, folio 6 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02801-00
Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Regional Caldas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
aplicársele el fenómeno de la prescripción a los derechos reclamados con anterioridad
al 12 de diciembre de 2012>>
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene que5:
4.- El señor Carlos Alfredo Espinosa González presentó demanda contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje –SENA, con el fin de que se declarara la nulidad de los
Oficios 2-2016-001340 del 19 de abril de 2016 y 2-2016-001615 del 12 de mayo de
2016, mediante los cuales dicha entidad le negó la solicitud de reconocimiento de
derechos laborales. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago indexado
de las prestaciones dejadas de percibir, y la seguridad social que tuvo que asumir.
5.- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, por fallo de 28 de
junio de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Dicha
autoridad judicial consideró que se encontraban demostrados los 3 elementos de
una verdadera relación laboral, por lo que declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenó el reconocimiento y pago del equivalente a las
prestaciones sociales, así como la devolución de los aportes que hubiese consignado
el actor al sistema de seguridad social en pensión. Así mismo, declaró que los
derechos prestacionales derivados de los períodos de vinculación entre el 13 de
febrero de 2008 y el 14 de diciembre de 2009, se encontraban prescritos.
6.- Inconforme con la anterior decisión, las partes presentaron sendos recursos de
apelación, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Caldas, quien
por fallo de 7 de octubre de 2022 confirmó parcialmente la decisión del A quo, al
estimar que se encontraban plenamente acreditados los elementos esenciales de
una relación laboral entre el demandante y la entidad demandada. Además, frente a
la prescripción trienal de los contratos, estableció que, dado que la petición de
reconocimiento y pago de las acreencias laborales fue presentada ante la entidad
demandada el 29 de marzo de 2016, la prescripción trienal abarcaba únicamente los
períodos laborados con anterioridad al 14 de diciembre de 2009. Por otra parte,
modificó el párrafo final del ordinal quinto de la sentencia del A quo, relacionado con
los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones y la forma de
reconocerlos.
7.- El anterior fallo fue objeto de corrección frente al término de prescripción, por
solicitud del SENA. Así, por auto de 27 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo
de Caldas indicó que incurrió en un error aritmético en el cálculo efectuado respecto
a la prescripción, e indicó que la fecha de dicho fenómeno es desde el 14 de febrero
de 2011 y no 14 de diciembre de 2009.
5 Expediente digital, folios 1 a 5 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02801-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela, la parte actora
advirtió que la autoridad accionada incurrió en cuatro defectos, al no contabilizar el
sábado para efectos de realizar el cálculo de la interrupción contractual y la
consecuente prescripción. Indicó que este día se encuentra incluido dentro de la
jornada laboral del trabajador demandante, pues los sábados se presta formación
profesional y son dedicados a actividades directas de formación. Agregó que eso fue
igualmente establecido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia
del 29 de abril de 1983 proferida dentro del proceso con número 10.174.
9.- Manifestó que en la sentencia cuestionada no se aplicó en debida forma la
prescripción, pues entre el contrato 185 que finalizó el 12 de diciembre de 2012 y el
362 que inició el 23 de enero de 2013 transcurrieron 32 días hábiles (contando los
días sábados) y no 27, como lo indicó el tribunal accionado, existiendo con ello un
tercer periodo contractual, debiéndose así declarar la prescripción desde la
finalización del contrato 185, es decir, desde el 12 de diciembre de 2012 hacía a
atrás.
10.- Así, expuso concretamente, que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió
en los siguientes defectos:
11.- Defecto fáctico al no existir material probatorio que indicara que entre las
interrupciones contractuales del accionante existiera prestación de servicio para
reconocer el pago de prestaciones por dichos períodos y, al no haberse tenido el día
sábado como hábil.
12.- Defecto material o sustantivo “al no apoyarse en la sentencia en la norma
que indica que cuando hay interrupción contractual debía necesariamente en el caso
estudiar y aplicar la interrupción contractual para determinar la procedencia o no de
la prescripción, siendo así el resultado desproporcionado para la entidad que
represento, más cuando el día sábado es un día hábil”.
13.- Desconocimiento del precedente judicial por la forma en que se negó aplicar
la prescripción siendo evidente las interrupciones contractuales de cada uno de los
contratos, ello teniendo en cuenta que el día sábado se determinó como hábil por el
Consejo de Estado desde su jurisprudencia en 1983.
14.- Decisión sin motivación al no haber analizado contrato por contrato para
determinar si existió o no interrupción, y por no reconocer el día sábado para
determinar si operó o no la prescripción.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.- Por auto del 1 de junio de 20236, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada, y se vinculó al señor Carlos Alfredo
Espinosa González, como tercero interesado. Así mismo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Caldas7
16.- Sostuvo que el fundamento fáctico del escrito de tutela tiene relación directa
con la forma de contabilizar la prescripción, aspecto que fue objeto de análisis en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tanto en
primera como en segunda instancia; por ende, consideró que la parte actora
pretende a través de este mecanismo constitucional reabrir nuevamente el debate
judicial, pretendiendo con ello una instancia adicional.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
17.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales8. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
18.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales9: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
6 Notificada el 9 de junio de 2023.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de junio de 2023, consta de 8 folios.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
9 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
19.- Los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas
metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el
escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial.
Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”10.
D. Análisis del caso concreto
20.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el escrito de
tutela, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya transgredido
los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Una revisión de los
planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir su falta de
suficiencia en cuanto a la carga argumentativa, de manera que no se acredita el
requisito de la relevancia constitucional.
21.- Como se indicó previamente, en el caso bajo examen, el accionante alegó que
el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en los defectos fáctico, material,
desconocimiento del precedente judicial y de decisión sin motivación. Si bien la parte
actora hace alusión a los mencionados yerros de manera separada, se advierte que
todos sus argumentos van encaminados a censurar que al momento de establecer
las interrupciones contractuales, con el fin de determinar la prescripción, el Tribunal
omitió contabilizar el día sábado como hábil. Su insistencia en esta tesis tiene como
único propósito que se considere la configuración del mencionado fenómeno jurídico
desde el 12 de diciembre de 2012 hacia a atrás.
22.- Sin embargo, se advierte una falta de relevancia constitucional ante la carencia
de carga argumentativa, toda vez que la parte actora omitió construir una
argumentación clara, congruente y específica frente a cada uno de los defectos
endilgados a la decisión acusada, como se expone a continuación.
10 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
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23.- Respecto del defecto fáctico, se advierte que no expuso cuáles pruebas
fueron dejadas de valorar o apreciadas de forma errónea o contraevidente, tampoco
precisó qué documentos demostraban que el día sábado era día hábil incluido dentro
de la jornada laboral del trabajador demandante del proceso ordinario, y fueron
omitidos por la accionada.
24.- En cuanto al defecto material o sustantivo, no expuso qué norma indica que
cuando hay interrupción entre los contratos se debe tomar el día sábado como hábil
para establecer la extensión de la misma, y conforme a ello determinar la
prescripción. Tampoco manifestó si las normas con las cuales fue resuelto su asunto
son inexistentes o inconstitucionales, si el juez le reconoció efectos distintos a los
otorgados por el Legislador o hizo una grave e inexacta interpretación de las mismas
o, en su defecto, si se presentó una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
25.- En lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial, si bien
indicó que la accionada ignoró que en la sentencia del 29 de abril de 1983 la Sección
Cuarta del Consejo de Estado consideró el sábado como día hábil; no explicó por
qué aquel caso y este que nos ocupa son idénticos en hechos, partes y pretensiones.
Tampoco identificó y expuso la similitud de los problemas jurídicos, ni la ratio
decidendi desconocida, es decir, no sustentó debidamente las razones por las cuales
dicha sentencia, en efecto, constituye precedente aplicable al caso concreto o, si
existe por lo menos una línea jurisprudencial decantada sobre el asunto; pues
simplemente se limitó a citar la misma y manifestar su supuesto desconocimiento,
sin esbozar un argumento adicional, con el fin de que se realizara un estudio de
fondo del asunto.
26.- Finalmente, frente al reproche referido a que se adoptó una decisión sin
motivación, la parte accionante sólo indicó que en el caso no se analizó contrato
por contrato para determinar si existió o no interrupción, y no se reconoció el día
sábado como hábil para determinar si operó o no la prescripción. La Sala advierte
que en la tutela no se esgrimió ningún argumento para explicar el mencionado
defecto. De hecho, una lectura de la providencia acusada permite evidenciar que en
la misma se hace una relación de los contratos y de sus interrupciones, a partir de la
cual se arriban a las conclusiones que cuestiona el actor. En ese sentido, un
cuestionamiento orientado a desacreditar ese análisis demandaba una carga
argumentativa suficiente que evidenciara las falencias en la construcción del mismo.
27.- En ese contexto, no basta con que el accionante enuncie los derechos
presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir, incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos
fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha
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adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y, se
debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.
28.- Así las cosas, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.
29.- De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede
a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales
de la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los fundamentos del
pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con éste, el
establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes
manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales y los derechos
de los asociados.
30.- De ahí que la tutela contra las providencias judiciales, que encarnan la
expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la
seguridad de las relaciones y los derechos de los asociados, entre otros, sólo puede
ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre
establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte
de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente
contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Exigencia
adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela
formalidades que la desnaturalicen, se requiere que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos, asunto que va más allá de
su íntima convicción de que su causa judicial estaba llamada a ser escuchada.
31.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos relacionados con los cuatro defectos
alegados contra el fallo del 7 de octubre de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo de Caldas, el juez de tutela no puede proceder a ello de forma
supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad de señalarse, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar con una
argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo
constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de por medio el respeto
por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la garantía de
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la independencia y autonomía de los jueces, que son elementos que hacen parte de
los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar de sus autoridades.
32.- Aunado a lo anterior, la Sala también advierte falta de subsidiariedad en el
presente asunto, en la medida en que la parte actora no hizo uso de los recursos
legales ordinarios con los que contaba, toda vez que no puso en conocimiento del
juez ordinario los argumentos que ahora expone en la presente acción. La Sala
destaca que atendiendo a una solicitud del SENA, el Tribunal accionado por auto
del 27 de enero de 2027 corrigió la sentencia de segunda instancia, en tanto incurrió
en un error respecto al conteo de la prescripción, así precisó que dicho fenómeno
es operó desde el 14 de febrero de 2011 y no desde el 14 de diciembre de 2009. En
esa oportunidad, la parte accionante no planteó ninguna objeción en cuanto a la
consideración del sábado como día hábil para realizar dicho conteo.
33.- En línea con lo anterior, se observa que la parte accionante tampoco acreditó
la configuración de un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a
intervenir como mecanismo transitorio en asuntos que no son de su competencia.
34.- Si bien la entidad actora indicó que con la decisión objeto de estudio se
lesionaron sus derechos fundamentales, en tanto se afectó su presupuesto y el
patrimonio público de todos los colombianos al tener que cancelar una sentencia
altamente cuantiosa; la Sala advierte que aquel argumento no puede ser tenido en
cuenta para habilitar al juez constitucional a intervenir en asuntos que no son de su
competencia, en la medida en que la acción de tutela no puede ser utilizada en
ninguna forma para tratar de soslayar los derechos reconocidos por las autoridades
judiciales en el marco de un proceso ordinario, en el cual fueron garantizados todos
los derechos de los sujetos procesales.
35.- Visto lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo afirmado por la parte actora,
no se deduce que la autoridad judicial accionada hubiere incurrido en una indebida
motivación, en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido
de efectuar un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya
otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la
tutela formulada11. Por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro sustento
en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación
subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del
material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas
legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto, así como la
jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la conclusión de que en el
caso bajo estudio la prescripción trienal abarcaba únicamente los períodos laborados
con anterioridad al 14 de febrero de 2011.
11 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de
2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
36.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal12.
37.- En ese sentido, al no cumplirse uno de los requisitos generales de procedencia,
habrá de declararse improcedente la presente acción de tutela.
38.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema SAMAI.
12 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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