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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02808-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02808-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela interpuesta por el señor Cristian Javier Ardila Duarte, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02808-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

29 de junio de 2023

Demandante: Cristian Javier Ardila Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02808-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02808-00
Demandante: CRISTIAN JAVIER ARDILA DUARTE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Tema: Mora judicial – carencia actual de objeto

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por el
señor Cristian Javier Ardila Duarte contra el Tribunal Administrativo de Santander,
en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo
86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 29 de mayo de 2023 al buzón
web de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Cristián Javier Ardila
Duarte, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que le sean
amparados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la presunta mora judicial derivada de la falta de trámite para
realizar el sorteo del conjuez que resolverá el asunto en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que se identifica con el radicado 68081-33-
33-002-2020-00128-00, dada la manifestación de impedimento de la ponente.
3. Afirmó, que presentó varios memoriales de impulso procesal y, sin embargo,
no han sido resueltos. También puso de presente que ha interpuesto diversas
acciones de tutela con la finalidad de continuar con el proceso judicial.

1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

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Demandante: Cristian Javier Ardila Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02808-00

PRIMERO: DECLARAR, que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, ha incurrido (i) en un claro desconocimiento del principio de
celeridad contenido en el artículo 228 de la Constitución Política, en el artículo
4 de la Ley 270 de 1996, y en el numeral 13 del artículo 3 del C.P.A.C.A., (ii) en
una omisión de sus deberes contenidos en el los numerales 1 y 8 del artículo 42
del C.G.P., y por consiguiente, (iii) en una mora desproporcional e injustificada
en el trámite de designación de conjuez.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mi
poderdante CRISTIÁN JAVIER ARDILA DUARTE.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que
dentro del término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de la
sentencia, proceda sin más demora a designar el conjuez dentro del MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en contra
de la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, radicado bajo
el n úmero 68081333300220200012800 y, una vez designado, proceda a su
remisión inmediata al juzgado que considere deberá colaborar con su trámite1.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 29 de septiembre de 2020, el señor Ardila Duarte interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de obtener el reconocimiento como
factor salarial de la bonificación judicial creada con el Decreto 383 de 2013 y, por
consiguiente, la reliquidación y pago de las diferencias existentes en los
emolumentos salariales y prestacionales afectados. Este proceso ordinario se
identificó con el radicado No. 68081-33-33-002-2020-00128-00/01 y correspondió
por reparto al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja.

6. Debido al asunto que se debate, los jueces administrativos del referido
circuito judicial manifestaron su impedimento para conocer de la demanda iniciada
por el señor Ardila Duarte. En virtud de ello, el 20 de noviembre de 2020, el
expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Santander.

7. El 24 de febrero de 2021, el magistrado Rafael Gutiérrez Solano aceptó el
impedimento manifestado y ordenó remitir el proceso a la presidencia del Tribunal
Administrativo de Santander para efectuar el sorteo de un juez ad-hoc.

8. Con auto del 24 de agosto de 2022, se fijó el día siguiente como fecha para
realizar la diligencia de sorteo de juez ad-hoc. Sin embargo, en la fecha de la
diligencia no se realizó el sorteo y se dejó constancia de que era necesario, debido
a que la profesional del derecho Beatriz Elena Raigoza Roldan fue designada
como juez ad-hoc para los juzgados administrativos de los municipios San Gil y
Barrancabermeja. Esto, mediante Resoluciones 066 del 3 de marzo de 2022 y 079

1 Se transcribe textualmente con posibles errores.

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Demandante: Cristian Javier Ardila Duarte
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02808-00

del 7 de abril del mismo año, proferidas por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander.

9. No obstante, la señora Raigoza Roldan presentó renuncia al cargo, la cual
fue aceptada a través de la Resolución 225 del 19 de octubre de 2022. Razón por
la que se extendió la invitación a los abogados que desearan inscribirse como
jueces ad hoc o conjueces para la jurisdicción. Una Vez finalizado el proceso de
selección, se designó como juez administrativa Ad Hoc del Circuito Judicial de
Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, a la señora Silvia Geraldine Balaguera
Prada, quien tomó posesión del cargo el 1.° de febrero de 2023.

10. A través de auto del 13 de junio de 2023 proferido por el presidente del
Tribunal Administrativo de Santander se fijó fecha y hora para el sorteo de juez ad
hoc, quedando programado para el día siguiente. En esta diligencia se dejó
constancia que el proceso con radicado 68081-33-33-002-2020-00128-00 se
asignaría a la doctora Silvia Geraldine Balaguera Prada, quien es la juez ad hoc
única para los procesos de los juzgados administrativos de San Gil y
Barrancabermeja.

1.4. Sustento de la vulneración

11. El accionante expuso que

La demanda fue presentada a inicios del año 2020, el trámite de impedimento
entre los dos juzgados de Barrancabermeja duró aproximadamente 06
meses, mientras que en el Tribunal lleva 30 meses aproximadamente, término
que en verdad es desproporcionado e injustificado, afectando así, los
derechos fundamentales de mi defendido.

12. Concluyó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión a la mora injustificada que se presenta en el trámite de designación de
conjuez.

1.5. Admisión de la demanda

13. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 5 de junio
del 2023: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar a la parte actora, así
como al Tribunal Administrativo de Santander; iii) ofició a la demandada y a la
Secretaría General de esa Corporación para que rindieran un informe detallado
en el que indicaran: el trámite surtido al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se identifica con el radicado 68081-33-33-002-
2020-00128-00; y la razón por la cual, a la fecha de presentación de este
mecanismo de amparo, no se han llevado a cabo las actuaciones que
corresponden al sorteo de conjuez, que se ordenó en auto del 24 de agosto de
2022.

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1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander – Secretaria General2

14. Mediante escrito remitido el 16 de junio de 2023, un sustanciador de la
autoridad judicial accionada contestó la demanda y refirió las actuaciones surtidas.
Posteriormente, indicó que en el trámite de los procesos adelantados por jueces
o jueces ad hoc se procura el respeto de los derechos de cada una de las partes.
Resaltó que en la actualidad se tiene una alta carga laboral, pues están asignados
más de 900 procesos como conjuez y otro gran número como juez ad hoc, lo que
no permite que los tiempos de respuesta sean más breves.

15. Sumado a lo anterior, destacó que el tutelante pretende un impulso
procesal, por lo que al revisar el derecho de acceso a la administración de justicia
y de la mora judicial ha de tenerse en consideración para analizar: i) si se presenta
un incumplimiento de los términos señalados en la ley; ii) si no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora; y, iii) si la tardanza es imputable a la
dilación en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

16. En tal virtud, afirmó que no se estructuran los elementos para considerar
que existe mora judicial injustificada y afirmó que no es posible desconocer el
turno en el que ingresan las solicitudes al despacho, y que no es la acción de
tutela el mecanismo idóneo para pretender un impulso dentro de un proceso
judicial o pretender alterar el orden en que ingresan los procesos al despacho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

17. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por el señor Cristian Javier Ardila Duarte, a través de apoderado
judicial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el
artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12 de
marzo de 2019.

18. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Santander y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 de 2021, por ser esta Corporación el superior funcional de aquel.

2 El correo del que se remite la contestación corresponde al de un oficial mayor de la Secretaria General del

Tribunal Administrativo de Santander.

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2.2. Problema jurídico

19. Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones
elevadas por el demandante, el material probatorio recaudado y los informes
allegados por la entidad accionada, corresponde a esta Sala resolver el siguiente
problema jurídico:

• ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos invocados
por el señor Cristian Javier Ardila Duarte por presuntamente incurrir en
mora judicial injustificada al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68081-33-33-002-2020-00128-
00?

20. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) presupuestos de
procedencia de la carencia actual por hecho superado; y iii) del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

21. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares.

22. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

23. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional
no puede decidir sobre la controversia propuesta. Esto busca evitar que esta
acción constitucional se use inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su
valor especial dentro del ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra
el fin superior que le dio el constituyente.

2.4. De la carencia actual de objeto

24. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados
o amenazados de una manera actual e inminente.

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25. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso. Esto conlleva a
que el instrumento pierda su efectividad y, a su vez, hace que la intervención del
juez constitucional sea vacía, en relación con las órdenes que puedan impartirse
para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

26. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-481 del 20163, señaló
que la tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
derechos fundamentales actualmente afectados o amenazados. Por tanto, señaló
la Corte que ante una alteración o desaparecimiento del contexto que dio origen
a la vulneración de los derechos invocados por la accionante, la solicitud de
amparo pierde eficacia y sustento. Esto, pues al desaparecer la situación sobre la
cual recaería una posible decisión del juez de tutela, cualquier determinación que
pueda tomar para salvaguardar las garantías violadas o que se encontraban en
peligro, resultaría vacía4.

27. En tal sentido, dicho tribunal5 destacó que el concepto de “carencia actual
de objeto”, se desarrolló con el fin de identificar este tipo de eventos en los que el
juez se encuentra materialmente imposibilitado para dictar una orden que permita
proteger los intereses jurídicos invocados en la acción de tutela. Así, dicho
Tribunal ha indicado que tal fenómeno puede tener lugar a través de las siguientes
figuras:

I. Hecho superado
II. Daño Consumado
III. Situación sobreviniente

2.4.1. Hecho superado

28. Este evento ocurre cuando en el trámite de una acción de tutela se
demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales, previo a que el juez
constitucional profiera alguna orden6. Por tanto, se logra superar la afectación
alegada y resulta inútil cualquier intervención del operador judicial.

29. En tal sentido, resalta esta Sección que, para la aplicación del hecho
superado, es irrelevante determinar si la cesación de la vulneración de las
garantías fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia.
Ello indica que, también en ciertos casos, el juez podría optar por estudiar de fondo

3 Corte Constitucional, Sentencia T-481 del 01.09.16, Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido.
4 La misma referencia a pie de página anterior.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-200 del 10.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger; Corte

Constitucional. Sentencia SU-225 del 18.04.13. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.

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la conducta de la autoridad demandada y así determinar si se vulneraron o no los
derechos invocados a través de la tutela.

30. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado la figura del hecho superado
incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los
derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de
segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal7. En estas
situaciones, los jueces de primera o segunda instancia no están obligados a
pronunciarse sobre la conducta de la autoridad demandada. Por tanto, dichos
jueces no deben formular un juicio de reproche o advertir sobre la no repetición
de la conducta lesiva de los derechos afectados.

31. No obstante, la Corte Constitucional8 ha afirmado que los jueces de instancia
pueden hacer lo mencionado anteriormente. Esto, sobre todo si se considera que
la decisión debe incluir alguna observación de los hechos del caso estudiado,
incluso para que llame la atención sobre la vulneración de derechos en la situación
analizada, o para condenar lo ocurrido y advertir la inconveniencia de su repetición
bajo el riesgo de las sanciones a que haya lugar9. Lo que sí es obligatorio para el
juez de primera o de segunda instancia, es que en la providencia incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir,
que se acredite el hecho superado10.

2.5. Caso en concreto

32. Por medio de la presente acción constitucional, el señor Ardila Duarte
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, los que consideró vulnerados por parte del Tribunal
Administrativo de Santander, con ocasión de la presunta mora judicial injustificada
que se presenta en el trámite de designación del juez ad hoc que resolverá en
primera instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 68081-33-33-002-2020-00128-00.

33. Ahora bien, el 14 de junio de 2023, el presidente de la entidad judicial
accionada asignó el conocimiento del asunto a la doctora Silvia Geraldine
Balaguera Prada, quien es la juez ad hoc única para los procesos que se
adelantan ante los Juzgados Administrativos de San Gil y Barrancabermeja, como
se observa a continuación:

7 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortíz Delgado.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-112 del 16.02.10. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo; Corte

Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-612 del 02.09.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-170 del 18.03.09. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.

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34. En este orden de ideas, la Sala encuentra que en el presente asunto se
configura el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, en razón
a que lo pretendido mediante la acción de tutela fue resuelto durante el trámite de
este mecanismo constitucional como se expuso en antelación.

35. Conforme con las actuaciones registradas en SAMAI, que se llevaron a
cabo ante el Tribunal Administrativo de Santander, luego de la designación de la
juez ad hoc que tramitará en primera instancia la demanda presentada por el actor
se remitió el asunto para lo de su cargo y se dejó la correspondiente actuación en
el sistema de información judicial Siglo XIX, información que es de público
conocimiento y de fácil acceso para el actor al encontrarse contenida en la página
web de la Rama Judicial11.

36. Por tanto, y bajo el entendido que lo pretendido en la demanda fue resuelto
en el transcurso del presente trámite constitucional, se declarará la carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia que
podía originar algún quebranto de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia del señor Ardila Duarte. Por tanto,
cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala carecería de sentido, pues

11 Respecto de la designación de la juez ad hoc se libraron las comunicaciones pertinentes, sin embargo, no

obra alguna dirigida al actor, situación que no invalida la actuación en la medida que esta registrada la
providencia para consulta del público.

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la posible vulneración cesó debido a la actuación del Tribunal Administrativo de
Santander que designó como juez ad hoc a la doctora Balaguera Prada.

2.6. Conclusión

37. En este proceso de tutela se configuró el fenómeno de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ya que lo pretendido por el demandante fue resuelto
a cabalidad en el curso del presente mecanismo constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por el señor Cristian Javier Ardila Duarte, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(Con salvamento de voto)
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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