RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02830-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02830-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02830-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Ibagué. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos, contra el Tribunal Administrativo del Tolima. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02830-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

22 de junio de 2023

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02830-00
Demandantes: SAMUEL JOSÉ OLIVEROS GAMBOA
Y ÁLVARO OLIVEROS CASTELLANOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción por
falta del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por los señores Samuel
José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos contra el Tribunal
Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

2. Con escrito enviado el 29 de mayo de 2023 al aplicativo Samai del Consejo de
Estado1, los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos,
instauraron una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, con
el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
Proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad procesal ante la ley, a la buena fe, a la confianza legítima, a la prevalencia
de las garantías procesales de la población de estratos socioeconómicos bajos, a la
vivienda digna y ‘cualquier otro derecho que se establezca como amenazado o
vulnerado’.

3. La parte actora consideró violadas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 10 de junio de 20212, proferida por la autoridad judicial

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto el expediente de la referencia el 29

de mayo de 2023. En la misma fecha, el expediente pasó al despacho para proveer sobre la admisión
de la demanda de tutela.
2 Corregida mediante providencia del 1 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo

del Tolima.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

accionada, que modificó la decisión de primera instancia del Juzgado Séptimo
Administrativo de Ibagué que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
acción de grupo ejercida por la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, en
representación de los tutelantes y otros, en contra del municipio de Ibagué y la
Gestora Urbana de Ibagué, radicado 73001-33-31-007-2011-00196-01.

4. En síntesis, se controvierten las órdenes del ad quem que modificaron los
valores a pagar por concepto de la indemnización de perjuicios materiales causados
al grupo y, en concreto, a los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro
Oliveros Castellanos, por la mora en la entrega de las viviendas del proyecto
urbanización Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué.

1.2. Pretensiones

5. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron lo siguiente:

2. Que como consecuencia de lo anterior, se Deje sin Valor y Sin Efectos Jurídicos los
numerales Primero, y Segundo del resuelve de la Sentencia del 10 de junio de 2021, proferida
por el Tribunal accionado, que modifico los numerales segundo y cuarto de la sentencia del 14
de diciembre de 2016, proferida por el juzgado séptimo administrativo oral del circuito judicial de
Ibagué, mediante los cuales Revoco y/o Negó los Perjuicios Morales, y los cambio por
Perjuicios materiales, Declaro la conformación del Subgrupo 4.24,en el que ubico al hogar de
los accionantes, y dispuso No condenar en costas de segunda instancia; así mismo se Deje sin
Valor y Sin Efectos Jurídicos los numerales Quinto y Sexto de la Sentencia del 14 de diciembre
de 2016, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué,
mediante los cuales se Resolvió condenar al pago de las costas, no obstante lo anterior, no se
tuvo en cuenta al actor hoy accionante y en segunda instancia no se condenó pese a que las
demandadas fueron vencidas en juicio, lo que conlleva a evidenciar una desigualdad
injustificada toda vez que los accionantes desde el inicio del proceso, durante el desarrollo del
mismo y hasta el 06 de octubre de 2022, tuvimos apoderado de confianza quien nos representó
hasta la fecha de la renuncia del mismo, por lo que tenemos legítimo derecho a que se nos
renazcan las mismas de manera equitativa; Resolvió Negar las demás pretensiones de la
demanda.

3. Por lo tanto, Disponer y Ordenar, corregir y/o modificar, el numeral segundo de la sentencia
de segunda instancia de fecha 10 de junio de 2021, mediante el cual erradamente se Declaró
Administrativamente Responsables al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué, por
los perjuicios materiales ocasionados a las personas integrantes del grupo conformado por los
demandantes, por cuanto los mismos, se advierte el error, en cuanto ya habían sido resueltos
en primera instancia, en el sentido de mantener el numeral Tercero de la Sentencia de Primera
Instancia que acertadamente Resolvió Condenar al Municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana
de Ibagué, a reconocer y pagar los perjuicios materiales, corrigiendo y/o modificando el error en
que si se incurrió en el caso individual del subgrupo 4.24, en el cual se ubicó al hogar
accionante en aras de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales invocados.

4. Como consecuencia de lo anterior, Disponer y Ordenar corregir y/o modificar la errada
actuación del Tribunal accionado, que confundió los numerales Segundo y Tercero del
Resuelve de la Sentencia de Primera Instancia, que declaran y condenan perjuicios morales y
materiales, en el sentido de mantener con valor y efectos jurídicos el numeral Segundo de la
Sentencia de Primera Instancia que Declaro Administrativamente Responsables al Municipio de
Ibagué y, a la Gestora Urbana de Ibagué, por los Perjuicios Morales ocasionados, subjetivados
y objetivados al menos en el caso individual del hogar de Samuel José Oliveros Gamboa, y que
los mismos sean tasados, reconocidos y pagados en el menor tiempo posible.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

5. Como consecuencia, Disponer y Ordenar, corregir y/o modificar el Subgrupo 4.24, en el que
ubico al hogar accionante y le cuantifico la indemnización correspondiente a los perjuicios
materiales por concepto de cánones e arrendamiento, en el sentido de que se modifique la
supuesta fecha limite 31 de marzo de 2015, y reconozca el inmueble hasta la fecha no ha sido
entregado y como en derecho corresponde, que por tanto, la fecha límite para efectos de
reconocer la indemnización sea hasta la fecha en que se haga la entrega física, real y efectiva
de la vivienda, que los valores a reconocer por concepto de cánones de arrendamientos, sean
reconocidos, liquidados y pagados conforme a las pruebas aportadas el proceso, contrato de
arrendamiento y/o recibos de pago de los mismos, garantizándole en los términos de la
sentencia de tutela que se profiera, los derechos fundamentales al hogar accionante.

6. Disponer y Ordenar, que en el evento de que las entidades condenadas al momento de
proferirse la decisión judicial que resuelva la presente acción de tutela, continúen incumpliendo
la providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada del 01 de diciembre de 2022, que
corrigió la sentencia del 10 de junio de 2021, mediante la cual se adiciono un numeral,
Ordenando a las entidades condenadas que procedan de manera Inmediata procedan a realizar
la restitución y entrega física, real y efectiva del inmueble, se Ordene en el caso individual, la
Devolución en el menor tiempo posible el 100% del valor de la vivienda, debidamente indexado
a la fecha en que efectivamente sea devuelto.

7. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del numeral Segundo de la Sentencia se
segunda instancia, mediante el cual, se resolvió No condenar en costas de segunda instancia, y
en su lugar se ordene la respectiva condena a las entidades condenadas al pago de las
mismas, como en derecho corresponde.

8. Disponer y Ordenar la corrección y/o modificación del Numeral Quinto de la Sentencia de
primera Instancia, mediante el cual se resolvió condenar a las entidades demandas a pagar las
costas procesales, en el sentido de que se tenga en cuenta al hogar de los accionantes, en el
entendido que tienen derecho a beneficiarse de la condena en costas y agencias en derecho,
asunto que los juzgadores de primera y segunda instancia, no los tuvieron en cuenta, dado que
lo anterior conlleva a evidenciar una desigualdad injustificada toda vez que los accionantes
desde el inicio del proceso, durante el desarrollo del mismo y hasta el 06 de octubre de 2022,
tuvimos apoderado de confianza, quien nos representó hasta la fecha de la renuncia del poder
conferido, por lo que tenemos legítimo derecho a que se ordene que se nos reconozcan las
mismas de manera equitativa.

9. Disponer y Ordenar, la corrección y/o modificación del numeral Sexto de la sentencia de
primera instancia, mediante el cual, se niegan las demás pretensiones de la demanda, y en su
lugar se Ordene lo pertinente, como en derecho corresponde. 10°. Disponer y Ordenar las
demás correcciones y/o modificaciones que el Señor Juez de Tutela, considere conducente
decretar para un mejor proveer (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de
tutela, puede contener errores).

1.3. Hechos

6. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes
para la decisión que se adoptará en la sentencia:

7. El municipio de Ibagué y la Gestora Urbana fueron designados como oferentes
del proyecto inmobiliario de vivienda de interés social denominado Nueva Castilla en
esa localidad, donde el valor de cada vivienda era de $17.417.595.

8. Tanto los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros
Castellanos. como los que conforman el grupo, fueron beneficiarios del subsidio de

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

vivienda de interés social y debían pagar una suma de dinero como ahorro
programado para adquirir la vivienda correspondiente.

9. Los beneficiarios realizaron los pagos y la Gestora Urbana efectuó el
correspondiente sorteo de adjudicación, asignándole a cada uno una vivienda y,
posteriormente, suscribió con ellos un contrato de promesa de compraventa, dentro
del cual se acordó que la escritura pública de la compraventa sería otorgada el 31 de
enero de 2010, momento en el cual se les haría la entrega material de los inmuebles.

10. En concreto, frente al señor Samuel José Oliveros, la Gestora Urbana, en la
cláusula sexta se obligó a:

“(1) entregar el inmueble libre de embargos, pleitos pendientes, demandas civiles, gravámenes,
censos, anticresis, contratos de arrendamiento por escritura pública, desmembraciones,
condiciones resolutorias, (2) en paz y a salvo por concepto de servicios públicos del inmueble y
en paz y a salvo por todo concepto de impuestos, tasas, contribuciones de todo orden, y (3)
salir al saneamiento de la venta del inmueble, en los casos de ley y especialmente a responder
por cualquier gravamen o acción real que resulte en contra del derecho de dominio que
transfiera al promitente comprador, así como a responder por los perjuicios que tales acciones
llegaren a causar al promitente comprador”.

11. La Gestora Urbana incumplió con el plazo pactado para llevar a cabo la
entrega de las viviendas, por lo que a 21 de enero de 2011, aquellos predios habían
sido invadidos de forma ilegal por familias que no eran las beneficiarias del subsidio y
del proyecto Nueva castilla.

12. A través de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, las víctimas de la
situación descrita, ejercieron la acción de grupo contra el municipio de Ibagué y la
Gestora Urbana, con el objeto de obtener ya sea la entrega de una vivienda digna,
en condiciones habitables de higiene y construcción; o la devolución del 100% de los
de los valores pagados para que pudieran adquirir un nuevo predio. Además,
reclamaron el pago de los perjuicios causados con la tardanza en la entrega de los
bienes, aquella reparación debía ser equivalente al valor de los cánones de
arrendamiento que pagaron los demandantes.

13. En primera instancia, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2016, el
Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, dividió el grupo en subgrupos según los
periodos durante los cuales tuvieron que asumir los pagos del arrendamiento de
otras viviendas por la tardanza en la entrega de Nueva Castilla y accedió
parcialmente a las pretensiones, así:

(i) Declaró no probadas las excepciones denominadas “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “Indebida formulación de pretensión”,
“Inexistencia de perjuicios”, “Inexistencia de respecto del hecho generador del
daño (sic)”, “Carga de la prueba”, “Inexistencia de falla en el servicio”, “Hecho
exclusivo de un tercero” y “Excepción genérica”, propuestas por el municipio de

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

Ibagué.

(ii) Declaró administrativamente responsables al municipio de Ibagué y a la
Gestora Urbana de Ibagué, por los perjuicios morales ocasionados a los
integrantes del grupo, en consecuencia, los condenó a pagarles la tasación que
se efectuó a cada subgrupo. Esto tomando como base, la fecha pactada para la
entrega de los bienes y el lapso que transcurrió mientras se superaba la
ocupación ilegal.

(iii) En el caso puntual del señor Samuel José Oliveros Gamboa, se
estableció una indemnización equivalente al monto de los cánones de
arrendamiento que tuvo que soportar. Además, se señaló que aquel ha sido
renuente a recibir la vivienda porque considera que aquella no cuenta con las
condiciones de habitabilidad prometidas, por lo que el valor de la reparación no
incluyó el tiempo que transcurrió con la negativa del beneficiario a tomar el bien.
Agregaron que respecto de la entrega de la vivienda y del perjuicio por daño al
proyecto de vida del señor Oliveros Gamboa no se pronunció el juez.

(iv) El a quo negó la pretensión consistente en la devolución del valor de las
viviendas porque consideró que este resultaría irrisorio para que estas familias
afectadas pudieran adquirir vivienda, por lo que procedía era la entrega material
de dichos bienes.

14. La anterior decisión fue apelada por las partes, en concreto, el señor Samuel
Oliveros Gamboa, reclamó el reajuste del reconocimiento económico efectuado por
concepto de indemnización porque lo consideró inferior al monto que había pagado
por los cánones de arrendamiento. Además, solicitaba que se ampliara el periodo a
contabilizar para efectos de tasar la reparación porque él se había negado a recibirla
y que tampoco estaba demostrado que aquella se hubiere entregado. De ahí que
insistiera en que se le devolviera el 100% de lo pagado por el predio más los
intereses corrientes y moratorios.

15. En sentencia del 10 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y modificó los lineamientos
para efectuar el reconocimiento de los perjuicios a título de daño emergente, por lo
que varió la fecha de estructuración del daño, el cual abarcaría hasta que se
comprobara la entrega real, efectiva y material de las viviendas a los accionantes.
Además, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida porque ya lo había
hecho el a quo.

16. El señor Samuel Oliveros Gamboa solicitó la corrección del fallo del Tribunal
accionado porque omitió incluirlo en las órdenes sobre la entrega real, material y
efectiva del bien y no actualizó las sumas reconocidas como perjuicios.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

17. En auto del 1.º de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima,
decidió adicionó la providencia del 10 de junio de 2021, en el sentido de ordenarle al
municipio de Ibagué y a la Gestora Urbana:

que procedan en forma inmediata, si aún no lo han hecho, a realizar la entrega física, real y
efectiva de la vivienda adjudicada al señor Samuel José Oliveros Gamboa en la Urbanización
“Nueva Castilla”, en las mismas condiciones entregadas a los demás adjudicatarios, mediante
los actos administrativos de su competencia y/o las acciones policivas a que hubiera lugar, en
orden a obtener la restitución y el desalojo de las personas que se encuentran ocupando la
unidad de vivienda, si aún persiste la invasión, deberán proceder respetando las reglas
establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional T-740 de 2012, en caso que sus
ocupantes, constituyan población vulnerable o se encuentren en estado de debilidad manifiesta
o constituyan sujetos de especial protección constitucional

18. Además, la autoridad judicial negó “la solicitud de corrección respecto de la
actualización de las sumas de dinero, al estar plenamente incluida en el resuelve de
la providencia objeto de la petición”.

19. La parte actora afirmó que las entidades no han dado cumplimiento a la
restitución y entrega física del inmueble y tampoco han pagado la indemnización.

20. En este punto, se refirió que el señor Samuel José Oliveros Gamboa, de 37
años de edad, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y ha recibido atención
médica (por ejemplo, en los años 2018 y 2020, fue necesario que lo hospitalizaran en
el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué). Afirmaron que este padecimiento le ha
causado “desorientación y retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o
mínimo, tal como lo acreditamos con los anexos de pruebas, no tiene ingresos ni
rentas, no es pensionado ni tiene expectativas de pensionarse”. En cuanto al señor
Álvaro oliveros Castellanos, de 62 años de edad, se señaló que aquel “no tiene
ingresos ni rentas, no es pensionado ni tampoco tiene expectativas de pensionarse,
pagamos arriendo”.

21. Con base en lo anterior, advirtieron que se encuentran en condiciones
económicas precarias y frente a un perjuicio irremediable, toda vez que “hemos
venido siendo relevados de statu quo de indefinición, no tendríamos ningún medio
para recuperar los derechos fundamentales violados y/o amenazados, por cuanto los
recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de los
accionantes se encuentran agotados tal como lo demostraremos con los anexos de
pruebas, razones por las cuales solicitamos protección constitucional”.

1.4. Fundamentos de la vulneración

22. La parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo del Tolima debió acceder
a lo pedido por el señor Samuel Oliveros Gamboa, en el sentido de ampliar el
reconocimiento de los perjuicios morales en cuanto al valor de los cánones de
arrendamiento y la devolución del 100% del valor de los predios. Consideró que
debió accederse a la condena en costas a la parte vencida en segunda instancia.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

23. A partir de la anterior premisa los demandantes le endilgaron a la providencia
censurada los defectos procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial. A su juicio:

“El Tribunal accionado en el caso individual de los accionantes, actuó completamente al margen
del procedimiento establecido configurándose el Defecto Procedimental Absoluto, que por su
gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser incompatible con los preceptos
constitucionales. Con lo cual se incurrió en defecto sustantivo porque la decisión judicial tiene
como fundamento, una norma que no es aplicable, porque no es pertinente, no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador, pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la
norma al caso individual y concreto, no se encuentra prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente, claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes, se aplicó una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de
la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable, no tomo en cuenta sentencias que han
definido su alcance con efectos erga omnes, la disposición aplicada se muestra,
injustificadamente regresiva y contraria a la constitución, el poder concedido al juez por el
ordenamiento se utilizó para un fin no previsto en la disposición, decisión se fundó en una
interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables
al caso, se desconoció la norma del ordenamiento jurídico constitucional aplicable al caso, y
porque la actuación no está justificada en forma suficiente de manera que se vulneraron
derechos fundamentales”.

24. Para los demandantes, la segunda instancia les vulneró el debido proceso y
contraría la jurisprudencia reiterada la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
sobre la forma en que se deben liquidar los perjuicios. Para ello, citó las sentencias
de la Sección Tercera del 29 de octubre de 2015, exp.2002-0035; de 26 de enero de
2006, exp. 2002-00614-01; y de 26 de febrero de 2006, exp. 2001- 00213.

25. Según los accionantes, el Tribunal “negó injustificadamente los daños y
perjuicios materiales e inmateriales a los demandantes e individualmente al actor
Samuel Oliveros” y, con esa decisión, desconoció la presunción de daño moral y los
topes con los que se indemniza3.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Mediante auto del 30 de mayo de 2023, la magistrada ponente admitió el
mecanismo de amparo y ordenó notificar a la parte actora y, como parte accionada, a
los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima. También vinculó como

3 Citó las sentencias del 28 de agosto de 2014, exp.26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio. 27709

M.P. Carlos Alberto Zambrano y 32988. M.P. Ramiro Pazos Guerreo. Consejo de Estado. Sección
Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp.31172. M.P. Olga Melida Valle de De La Hoz.
Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2006, exp. 2001-00213. M.P.
Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, sentencia de 15 de agosto de 2007, exp.2003-00385.
M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de
2014, exp. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

terceros con interés al Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, a los
demandantes del proceso n.° 73001-33-31-007-2011-00196-01, al municipio de
Ibagué y a la Gestora Urbana de Ibagué.

27. Además, se requirió a la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, que
representó al grupo en el trámite del proceso n.° 73001-33-31-007-2011-00196-01,
para que, le informara a esta corporación sobre las personas que hacen parte del
referido grupo, así como la dirección electrónica de contacto de aquellos. Esto con el
fin de que la Secretaría General de esta corporación realizara la notificación de
aquellos.

28. Igualmente, se ordenó publicar en la página web de esta corporación la copia
digital de la demanda de tutela junto con los anexos y de la providencia de la
admisión del amparo, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés,
conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite
constitucional de la referencia.

29. En cumplimiento de lo anterior, la parte actora informó “que en la Urbanización
Nueva Castilla, el grupo demandante tienen un veedor designado para el proceso de
acción de grupo y es el señor José Jhon Deiver Ortiz Henao, por intermedio de quien
puede resultar adecuado y eficaz obtener mayor información relacionada con las
direcciones de los integrantes del grupo y/o surtir las correspondientes
notificaciones”.

30. Con base en lo indicado por los demandantes, la Secretaría General del
Consejo de Estado notificó de las actuaciones al veedor del proceso de la acción de
grupo, el señor José Jhon Deiver Ortiz Henao.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente contestación:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
31. El magistrado ponente de las decisiones acusadas, en primer lugar, se opuso
al amparo. Consideró que pretende utilizarse esta acción como si se tratara de una
instancia judicial adicional al reiterar los argumentos de la apelación, lo cual significa
que se pretende reabrir el debate jurídico que culminó con las providencias que
pusieron fin a la acción de grupo.

32. En segundo lugar, señaló que la providencia censurada no configuró ninguno
de los defectos endilgados porque está sustentada en las normas y jurisprudencia
aplicables, así como en el material probatorio aportado al expediente.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

33. En tercer lugar, se refirió en concreto a lo pedido por el señor Samuel Oliveros
Gamboa y señaló que nunca se elevaron las pretensiones de reconocimiento de
daño moral, por lo que la exigencia de aquel sobre ese punto en la apelación de la
sentencia de primera instancia era improcedente:

“En ese orden, al no contemplar como pretensiones los perjuicios morales dentro de la
demanda, no puede ahora, alegarse algún defecto sobre este particular, muchos menos el
desconocimiento del precedente expuesto, pues la conclusión fue una pretensión extemporánea
del daño alegado, es más, se encontraba en desarrollo el periodo probatorio de la acción de
grupo cuando se elevó la petición del perjuicio moral por parte del apoderado del aquí
demandante, haciéndose totalmente inviable alegar o pretender una indemnización diferente a
la del conjunto de individuos que interpuso Informe de tutela la demanda, máxime cuando la
acción de grupo es esencialmente indemnizatoria, en tanto que su ejercicio persigue el
resarcimiento de los perjuicios individualmente sufridos por los actores; de ahí que, para evaluar
si la acción era procedente, fue necesario analizar si las pretensiones de la acción persiguen
efectivamente el resarcimiento de perjuicios, los cuales el Defensor del Pueblo lo planteó
únicamente respecto de la devolución del inmueble por su valor en un 100% o el pago de los
cánones de arrendamiento, es decir, se solicitó perjuicios de índole material y no morales como
lo pretendía el apoderado del actor Samuel Oliveros”.

1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué

34. La autoridad judicial rindió un informe en el que resumió las actuaciones que
se adelantaron dentro de la acción de grupo promovida por la Defensoría del Pueblo,
en representación de las víctimas, en contra del municipio de Ibagué y la Gestora
Urbana.

1.6.3. Alcaldía de Ibagué

35. Solicitó la desvinculación de este trámite por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales advertidos en
esta acción, pues las pretensiones se dirigen contra el Tribunal Administrativo del
Tolima.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

36. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

2.2. Cuestión previa

37. En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado del municipio de
Ibagué solicitó la desvinculación de este trámite por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no es la autoridad acusada de haber vulnerado los
derechos fundamentales cuyo amparo se persigue, porque las pretensiones se
dirigen contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

38. La Sala negará la anterior solicitud, en razón a que esa autoridad fue llamada
a esta actuación judicial porque fungió como parte demandada dentro de la acción de
grupo y fue condenada en la decisión que se recurre en esta tutela, de ahí que el
ente territorial tenga un interés jurídico en las resultas de este proceso.

2.3. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

40. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales al
al debido Proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad procesal ante la ley, a la buena fe, a la confianza legítima, a
la prevalencia de las garantías procesales de la población de estratos
socioeconómicos bajos, a la vivienda digna, al proferir las providencias del 10 de
junio de 2021 y del 1.º de diciembre de 2022, que confirmaron parcialmente la
decisión del a quo y corrigieron la decisión de segunda instancia?

41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii)
estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
4
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su
procedencia6.

43. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

44. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

45. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional7

46. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
amparo, dado que carece de relevancia constitucional puesto que no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20228.

5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

47. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

48. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI
S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto
sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.

49. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión del a quo.

50. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta
se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra
una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección
Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los
encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos,
sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.

51. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

52. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

53. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
54. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal9 (Énfasis de la Sala).

55. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional11”.

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo

9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal15. (Resaltado de la Sala)

56. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con
la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

57. En lo referente al requisito de relevancia constitucional la Sala advierte que si
bien en casos similares a este se superó este presupuesto, lo cierto es que en
providencia de 3 de noviembre de 202216 se replanteó la postura en atención al
criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 16 de junio de
2022.

58. En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye “su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

59. Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021. En
esa oportunidad, se estableció que el mecanismo de amparo no puede ser utilizado
como una instancia adicional para discutir los asuntos “de índole probatorio o de

13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de 2022, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-04753-00.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. Por el contrario,
es necesario que se advierta su contenido y trascendencia constitucional, pues de no
ser así, la discusión deberá ser resuelta mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para tal fin, so pena de que el juez de tutela se inmiscuya en cuestiones
que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

2.5. Caso en concreto

60. Los reparos de esta acción están dirigidos a cuestionar el fallo del 10 de junio
de 2021 y la sentencia aditiva del 1.º de diciembre de 2022, ambas proferidas por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmaron parcialmente la decisión de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de grupo
que promovió la Defensoría del Pueblo Regional Tolima en rrepresentación de las
víctimas, en contra del municipio de Ibagué y la Gestora Urbana.

61. Según los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial,
esto, porque consideró que: (i) debió reconocerles los perjuicios morales que fueron
pedidos en la apelación; (ii) la liquidación de los perjuicios materiales debió incluir
valores de los cánones superiores al fijado por el perito ($150.000) y que debió
ordenarse el reintegro del 100% del valor de los inmuebles; y (iii) el tribunal debió
condenar nuevamente en costas a las entonces demandadas.

62. Además, en el escrito de tutela se expuso la situación particular de los
demandantes, aduciendo que se encuentran frente a un inminente perjuicio
irremediable, de no concederles lo pretendido en esta acción de tutela.

63. Revisado el escrito de la demanda y las providencias impugnadas, la Sala
entiende que, en síntesis, la parte actora está inconforme con los valores de los
montos de la inmdenización que deben pagarles por los perjuicios sufridos con
ocasión de la tardanza en la entrega de las viviendas de interés social del proyecto
nueva Castilla en Ibagué y la ocupación ilegal que ocurrió. Además, de reclamar la
condena en costas a la parte vencida en la segunda instancia.

64. Frente a lo anterior, la Sala observa, en primer lugar, que la cuestión
planteada por los accionantes fue debatida en el proceso ordinario, tanto en la
demanda como en la apelación y en la solicitud de corrección de la sentencia del 10
de junio de 2021 del Tribunal Administrativo del Tolima. Esto significa que pretende
utilizarse la acción de tutela para reabrir el debate procesal, como si se tratara de
una tercera instancia.

65. En segundo lugar, el señor Oliveros Gamboa propone que su caso se liquide
teniendo en cuenta un valor superior al reconocido por concepto de los cánones de

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

arrendamiento que las víctimas pagaron durante el tiempo que el municipio y la
gestora se tardaron en entregar las viviendas, así como la devolución del total de los
valores pagados. Tales propósitos, lejos de proponer una aplicación directa de la
Constitución, en realidad plantean la simple inconformidad con las decisiones
acusadas, es decir, se trata de un debate meramente legal que no tiene relación
directa con los principios invocados, asunto que escapa al ámbito de protección del
amparo.

66. En tercer lugar, esta corporación no pasa por alto que lo pretendido por los
demandantes tiene un impacto en el monto del dinero que recibiría a título de
reparación por perjuicios materiales. Esto significa que la discusión propuesta tiene
como objetivo lograr una pretensión económica. Es decir, no se plantea una cuestión
de índole constitucional.

67. Para la Sala no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron los derechos fundamentales, sino que es
necesario cumplir con la carga de argumentar el concepto de la violación que se
deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de los postulados
constitucionales, que implique por parte de este juez un estudio de la interpretación
de contenidos ius fundamentales, lo cual no ocurre en el presente caso.

68. En ese orden, se concluye que la solicitud de amparo debe proponer un
desarrollo argumentativo mínimo para justificar la relevancia del caso a partir de la
exposición del concepto de la violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico
y lógico que le permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de
sus prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de las providencias
dictadas por la autoridad censurada y no una simple inconformidad con el criterio del
fallador.

69. En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) pretende agotarse una instancia adicional del proceso
ordinario; (ii) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal; y
en últimas, (iii) el provecho que se persigue es de índole pecuniario. Todo lo anterior,
da lugar a que esta Sala de Decisión declare la improcedencia de la acción.

2.6. Conclusiones
70. Por las razones expuestas, en primer lugar, se negará la solicitud de
desvinculación formulada por el municipio de Ibagué.

71. En segundo lugar, se declarará la improcedencia de acción de tutela porque
no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional, toda
vez que la parte actora pretende que el juez del amparo realice nuevamente el

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección. Además, plantea un
debate de carácter eminentemente económico.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de
Ibagué.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por los señores Samuel José Oliveros Gamboa y Álvaro Oliveros Castellanos, contra
el Tribunal Administrativo del Tolima.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Samuel José Oliveros Gamboa y otro
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02830-00

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.