Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02859-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02859-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-02859-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02859-00 (REV)
Recurrente: Serviola S.A.
Tema: Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Serviola S.A.1, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, contra la sentencia de 19 de mayo de 2022
proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación2.
I. ANTECEDENTES
1. Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
De la lectura del recurso extraordinario de revisión y del expediente ordinario, se
observan como relevantes los siguientes:
La sociedad recurrente es una empresa de servicios temporales que declaró y pagó
el impuesto de industria y comercio -ICA- de los bimestres 1 a 6 de los años 2006,
2007 y 2008, anual de 2009 y 2010, en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
El 31 de agosto de 2012, Serviola S.A. solicitó a la administración distrital la
devolución y/o compensación por pago de lo no debido originado en las
declaraciones y por los períodos mencionados, dado que la base gravable se liquidó
tomando la totalidad de los ingresos brutos, cuando correspondía únicamente el
AIU3.
El 6 de noviembre de 2012, la Secretaría de Hacienda del Atlántico mediante
Resolución No. GGI-RE-RS-00353-12 negó la solicitud, por considerar que la
sociedad estaba obligada a cumplir con sus obligaciones formales y sustanciales,
además que las declaraciones debían corregirse y la oportunidad ya había
precluido. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reconsideración, el cual
1 Demanda radicada el 29 de mayo de 2023.
2 Expediente 08001-23-33-000-2014-00642-01, M.P. Milton Chaves García.
3 Administración, Improvisto y Utilidad.
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Recurrente: Serviola S.A.
fue resuelto mediante Resolución No. GGI-DT-RS-00078 de 12 de febrero de 2014,
en la que se confirmó la resolución recurrida.
El 14 de julio de 2014, Serviola S.A. en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, con la pretensión de que se declarara la
nulidad de las Resoluciones Nos. GGI-RE-RS-00353-12 de 6 de noviembre de 2012
y GGI-DT-RS-00078 de 12 de febrero de 2014, en las que se negó la solicitud de
devolución por pago de lo no debido del impuesto de industria y comercio -ICA-, de
los bimestres 1 a 6 correspondiente a los periodos gravables 2006, 2007, 2008,
anual de 2009 y 2010. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se
ordenara la devolución del ICA por los citados periodos, en la suma de $99.360.339.
El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 1 de agosto de 2019,
declaró parcialmente probada la excepción de prescripción formulada por la
demandada, específicamente respecto al periodo 2006 (ordinal primero), anuló
parcialmente las Resoluciones Nos. GGI-RE-RS- 00353-12 de 6 de noviembre de
2012 y GGI-RE-RS-00078 de 12 de febrero de 2014 (ordinal segundo), y a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la Secretaría de Hacienda Distrital de
Barranquilla devolver los dineros que Serviola S.A. pagó en exceso por concepto
del ICA de los periodos 2007 (1 a 6), 2008 (1 a 6), anual de 2009 y 2010 (ordinal
tercero) y al pago de los intereses corrientes y moratorios a que hubiera lugar
conforme lo ordena el artículo 863 del Estatuto Tributario (ordinal cuarto).
Contra la anterior decisión, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
interpuso recurso de apelación. La Sección Cuarta del Consejo de Estado en fallo
de 19 de mayo de 2022, revocó los precitados ordinales segundo, tercero y cuarto
de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda. De igual modo, confirmó el ordinal primero relativo a la declaratoria
parcial de la excepción de prescripción.
Lo anterior, con sustento en que Serviola S.A. estaba obligada a declarar y pagar el
ICA en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, razón por la cual
no procedía la devolución solicitada porque se trata de un pago en exceso, el cual
requería para su procedencia de la corrección de las declaraciones en las que se
reflejara el menor valor a pagar a su cargo. Además, que la falta de corrección de
las declaraciones dentro de la oportunidad legal conllevó su firmeza, lo cual impidió
la configuración de un título para obtener la devolución de lo pagado en exceso,
independientemente de que esa petición se efectúe dentro del término legal.
Finalmente, señaló que la sociedad sustentó el pago en exceso en que liquidó el
tributo con una base gravable superior a la que le correspondía, sin embargo, para
poder llegar a esa conclusión no bastaba con la revisión de las declaraciones
tributarias, sino que se requería su corrección, y es mediante ese trámite que el
contribuyente podía subsanar el yerro cometido y no a través del procedimiento de
devolución. Por lo tanto, concluyó el ad quem que la sociedad demandante no
acreditó el monto pagado en exceso y, por ende, no era procedente la devolución.
2. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
La sociedad Serviola S.A., quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 19 de mayo de
2022 emanada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con fundamento en la
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causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, por “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
alguno”, la cual sustenta en los siguientes argumentos:
En primer lugar, destacó como fundamento de la decisión objeto de recurso
extraordinario de revisión que la Sección Cuarta del Consejo de Estado dio un
alcance diferente al “concepto de ausencia total de causa para el pago”, al que se
había indicado previamente en su jurisprudencia, como sustento para el pago de lo
no debido, “y sostiene que siempre que el contribuyente solicitante de la devolución
sea sujeto pasivo del tributo, estamos no frente a la ausencia de una causa legal,
sino a un pago en exceso de lo debido, por lo que la lleva a sostener que es
improcedente acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto ha debido
previamente corregirse la declaración”.
Al respecto, indicó que ese análisis realizado en la sentencia objetada atenta contra
el derecho a la igualdad porque pasó por alto la valoración de los hechos, a lo que
agregó que de conformidad con el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 existe una base
gravable, disposición en la que se sustentó la sentencia de 2 de mayo de 2013 de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado4, a partir de la cual, a juicio de la
recurrente, las empresas de servicios temporales pueden reclamar sus derechos, lo
que ejemplificó en los siguientes términos:
“No es una ‘base gravable superior’, se trata, en definitiva que al expedir una factura
cobrando a una empresa usuaria el valor de la seguridad social que pagó en beneficio de
dicha empresa y como empleador (por mandato), es tanto como reconocer que si los
impuestos pagados por una IPS por concepto de los recursos de salud son objeto de
devolución, porque están desgravados, estos mismos recursos cuando son materia de
aportes resulten gravados para quien los paga en beneficio de un tercero, siendo que se
trata sencillamente de un mero reembolso. (…).
El artículo 71 de la Ley 50 de 1990 estableció una modalidad de intermediación laboral
que permite a una empresa garantizar que al cumplir los requisitos previstos en el artículo
77 de dicha disposición se torna verdadera empleadora en beneficio de la empresa cliente
(empresa usuaria). Esta disposición, en consecuencia, consagró que al intermediario de
pagos que reciben derivados del salario, prestaciones sociales, aportes a seguridad social,
SENA, ICBF o Cajas no son ingreso propio, es un ingreso de un tercero no gravado, todo
lo cual lo pueden observar en la sentencia 18830 (…)”.
De otra parte, expresó que la sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión
vulneró el debido proceso por (i) “defecto fáctico”, motivado en el error de
encuadramiento porque después de haber reconocido el carácter de intermediario
laboral pasó por alto el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley 14 de 1983 en
el que se establece cuál es la base para los intermediarios; (ii) “defecto jurídico” por
violación del precedente jurisprudencial y (iii) “no atender las causas del negocio”,
al realizar un indebido encuadramiento del proceso, “sin efectuar una sola
justificación del por qué cambia la jurisprudencia del Consejo de Estado”.
Indicó que en la decisión objetada no tuvo en consideración las pruebas de los
procesos administrativos de fiscalización, los cuales tenían un efecto disuasivo pero
que no fueron analizados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, lo que llevó
a concluir “erráticamente” que al haberse incluido los pagos por concepto del costo
laboral del personal en misión contratado en razón de la intermediación laboral, se
trataba de un pago en exceso y no de un pago de lo no debido.
4 Radicación interna 18830.
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Recurrente: Serviola S.A.
Adujo que también adolece de motivación porque no se tuvo en cuenta que de
conformidad con el artículo 21 del Decreto 1000 de 1997, es procedente la
devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la DIAN cuando no
exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, argumento que respaldó con
la sentencia de 27 de agosto de 2009 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado5.
Se refirió a la sentencia de 2 de mayo de 20136, en la que, a su juicio, se indicó que
la base gravable del impuesto de industria y comercio para las empresas de
servicios temporales son los ingresos que recibe por la prestación del servicio de
intermediación, a partir de lo cual sustentó la supuesta falta de motivación porque
“no dice por qué, a pesar de ser claro que no hay disposición legal alguna que
extienda la base gravable a los ingresos para terceros, lo cual es constitutivo de
ausencia de causa legal, opta por señalar que, el hecho de ser contribuyente es
suficiente razón para tener causa legal para pagar”. Agregó que “una cosa es ser
sujeto pasivo del impuesto. Otra muy distinta, es que un pago facturado por dicho
sujeto pasivo, sea o no parte de la base gravable del tributo. El pago en exceso o
de lo no debido, se sustenta en el análisis del pago, no del sujeto pasivo del tributo”.
Respecto de la violación del precedente jurisprudencial hizo alusión a algunas
sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado7, para insistir en que la falta
de causa legal genera la obligación de acceder a la devolución por pago de lo no
debido, por lo que no hay lugar a corregir la declaración tributaria porque no es un
error del contribuyente en la liquidación del tributo y no tiene incidencia el término
de firmeza, sino el de prescripción de la acción ejecutiva de conformidad con el
artículo 21 del Decreto 1000 de 1997. Asimismo, hizo referencia al salvamento de
voto presentado por una integrante de la Sala en la decisión objeto de recurso
extraordinario de revisión e indicó “ni siquiera se trató de una modificación a la
jurisprudencia anterior, sino a una verdadera omisión de la carga argumentativa del
Consejo de Estado (…), y no puede de la noche a la mañana cambiar sin
fundamento alguno y sin una consistencia lógica como la que aquí se comenta”.
Por último, reprochó que el fallo objetado hubiera entendido que el ingreso percibido
para terceros es un ingreso gravado, lo que en sentir de la recurrente evidencia “la
ausencia de análisis fáctico y jurídico”, a lo que agregó que no existe norma legal
que permita que el impuesto de industria y comercio grave el ingreso que no
incrementa el patrimonio del contribuyente, representado en un ingreso para
terceros.
En definitiva, la sociedad recurrente señaló que, en esos términos, sustenta la
violación del derecho al debido proceso por “error de encuadramiento”, por falta de
motivación y violación del precedente jurisprudencial.
3. Trámite procesal
Por auto de 6 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso
extraordinario de revisión, dispuso que se notificara personalmente a la Sección
5 Radicado interno 16881, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6 Expediente 25000-23-27-000-2009-00232-01, radicado interno 18830, M.P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez.
7 Sentencias de 13 de agosto de 2009 (exp. 16569), de 27 de agosto de 2009 (exp. 16881), de 11
de noviembre de 2009 (exp 16567) de 16 de julio de 2009 (exp. 16655), de 27 de agosto de 2009
(exp. 16881), de 23 de septiembre de 2010 (exp. 17669) y de 24 de septiembre de 2008 (exp. 16163).
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Recurrente: Serviola S.A.
Cuarta del Consejo de Estado, al distrito de Barranquilla, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Mediante oficios No. 95709 a 95713 de 8 de septiembre de 2023 y 109704 de 6 de
octubre de 2023, la Secretaría General de esta Corporación efectuó la notificación
de la providencia.
Luego, en auto de 27 de noviembre de 2023, i) se tuvieron como pruebas los
documentos aportados por la parte actora, ii) se ofició al Tribunal Administrativo del
Atlántico, para que allegara la copia digitalizada del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-23-33-000-2014-00642-01
(actor: Serviola S.A.) y iii) requirió al abogado que manifestó actuar en
representación del distrito de Barranquilla para que allegara el poder que lo
acreditara como tal.
4. Intervenciones
4.1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
La entidad territorial solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión, toda vez que en la sentencia de 23 de octubre de 2020 no se incurrió en la
causal 5 del artículo 250 del CPACA «nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación», pues lo que pretende la
demandante es reabrir el debate jurídico concluido.
Señaló que, la accionante no cumplió con la carga argumentativa relacionada con
la valoración probatoria, pues se limita a referenciar que su actividad es de
intermediación laboral y que, en consecuencia, los pagos recibidos por concepto de
reembolso de gastos no son ingresos propios y por ende no hacen parte de la base
del ICA, circunstancia que fue explicada en la sentencia recurrida. Así que no se
configura el defecto factico alegado.
Indicó que no se configura el desconocimiento del precedente jurisprudencial,
porque no se cumple con la identidad fáctica frente a la jurisprudencia, de igual
modo no se evidencia la configuración del defecto sustantivo8.
Posteriormente, se refirió a la naturaleza mercantil de Serviola y la devolución del
pago de lo no debido, para concluir que la sociedad es sujeto pasivo del ICA, por su
actividad de intermediación, por consiguiente, al ejercer actividades gravadas con
el tributo, estaba en la obligación de presentar el denuncio fiscal y pagar el mismo,
tal como lo hizo, es decir, presentó y pago el impuesto en el distrito de Barranquilla
por las vigencias 2006 a 2010, las que gozan de presunción de veracidad.
Resaltó que las mencionadas declaraciones privadas no constituyen pago de lo no
debido y el solicitante tampoco lo demuestra plenamente, y si consideraba que
había obligaciones que no hacían parte del ICA debió corregirlas a fin de poder
reconocer los saldos a cargo.
8 Explicó que esta casual se configura cuando la norma no es aplicable al caso concreto,
interpretación irrazonable de la norma, la disposición es regresiva, el juez utiliza los poderes que se
le otorga para fines no previstos en el ordenamiento jurídico, la providencia se sustenta en una
interpretación que no es sistemática y porque el juez no justificó su actuación.
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Recurrente: Serviola S.A.
Por último, manifestó que no es cierto que no se deba exigir presentar una
declaración de corrección por menor valor, cuando se tiene presuntos saldos a favor
del contribuyente por pagos en exceso de la obligación tributaria, caso que sólo
ocurre en las liquidaciones privadas presentadas por los no obligados o que se
tengan por no presentada.
4.2. Procuraduría General de la Nación
El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declare
infundado el recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, la sentencia
recurrida permanezca incólume.
Expuso que no se advierte la vulneración al debido proceso, ni se configura el
defecto fáctico alegado, toda vez que fue debidamente valorado el material
probatorio y no se configura los eventos en los cuales la jurisprudencia de la Corte
Constitucional considera procedente el mencionado defecto.
Aseguró que en los pagos en exceso se debe adelantar el procedimiento de
corrección a que alude el artículo 589 del ET, dentro del término de firmeza de las
declaraciones artículo 714 de la misma norma.
Consideró que no procede la devolución solicitada por Serviola porque estaba
obligada a declarar y pagar el ICA en esa jurisdicción, tratándose de un pago en
exceso debía presentar la declaración de corrección reflejando el menor valor a
pagar y como no lo hizo, no le asiste razón a la recurrente.
Sostuvo que, en lo relacionado con el alegato que se desconoció el parágrafo 2 del
artículo 33 de la Ley 14 de 1983 y la condición de intermediaria, este aspecto fue
analizado en las distintas instancias, sin que el recurso de revisión sea la
oportunidad para examinar tal aspecto.
Indicó que no se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda
vez que la contribuyente si era sujeto del ICA, para los periodos discutidos, y si
debía presentar las declaraciones de corrección.
4.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio, a pesar
de que se notificó en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente para
decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Serviola S.A.
contra la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado9, conforme con lo dispuesto en los artículos 24910 y 107 inciso
9 CPACA. Art. 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
10 De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección
que profirió la decisión.
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cuarto11 de la Ley 1437 de 2011 y 2912 del Acuerdo N° 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado (reglamento interno).
2. Oportunidad en la interposición del recurso
El artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- dispone que el recurso
extraordinario de revisión podrá interponerse, por regla general, dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, con el lleno de los requisitos
consagrados por el artículo 252 ejusdem.
En el presente caso, el 29 de mayo de 2023 la sociedad Serviola S.A. presentó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 19 de mayo de 2022 de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual se notificó por correo electrónico el
27 de mayo de 2022, por lo que quedó ejecutoriada el 6 de junio de ese año. Así las
cosas, fue presentado dentro del término de ejecutoria del fallo recurrido.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión13
Este medio de defensa judicial que surgió con el Decreto 01 de 1984 (CCA)14,
actualmente se encuentra regulado en los artículos 248 a 255 del CPACA, el cual
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
En relación con su alcance, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que
en razón a su excepcionalidad «permite volver a estudiar determinadas sentencias
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad
11 Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
12 Artículo 29. Competencia de las Salas Especiales de Decisión. Las Salas Especiales de Decisión
decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado (…).
13 En sentencias de 3 de junio de 2021, exp. 2019-00049-00 (REV) C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, y de 14 de mayo de 2025, exp. 2019-02422-00 (REV) C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño,
la Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, con base en jurisprudencia de la
Corporación, hizo referencia a los rasgos generales de este medio extraordinario de impugnación.
14 En sentencia de 25 de abril de 1986, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado señaló: «Es evidente que el recurso extraordinario de revisión no existía en la ley 167 de
1941. Los capítulos XVII (Revisión de las Cartas de naturaleza y XVIII (De la revisión de los
reconocimientos), no son recursos y se limitan, como indican con toda claridad, a los asuntos y
procedimientos que allí mismo se mencionan. En cambio el nuevo C.C.A, creó la figura especial del
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de
Estado y los Tribunales Administrativos».
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de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración irrefutable de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley»15.
Para su formulación debe hacerse mediante escrito que deberá contener (i) la
designación de las partes y sus representantes; (ii) nombre y domicilio del
recurrente; (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento; (iv) la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y (v) se deberá acompañar
poder y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará
las que pretenda hacer valer.
De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que para su
procedencia no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de
revisión que, de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los
resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las
circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión
y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez16.
Dicho en otros términos, debe existir correspondencia entre los argumentos y la
causal invocada, sin que ello implique acudir a valoraciones subjetivas para
cuestionar la motivación de la decisión ni para corregir omisiones probatorias, como
si se tratara de una nueva oportunidad para reabrir una discusión jurídica que goza
del atributo de la cosa juzgada, a la manera de una instancia adicional, a lo que se
debe agregar que no pretende corregir errores in judicando.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha
precisado que el recurso extraordinario de revisión es una actuación independiente
del proceso de origen, razón por la cual lo ha caracterizado como una acción o
medio de control autónomo que debe iniciar con una demanda con el cumplimiento
de los requisitos precisados en el artículo 252 del CPACA, los cuales deben ser
observados para su admisibilidad y procedencia17.
5. Alcance jurisprudencial de la nulidad originada en la sentencia
De conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, el recurso extraordinario de revisión es procedente para invalidar una
sentencia por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”. La jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que la referida causal no determina los supuestos precisos
en los que se configura, razón por la cual se han ido identificando algunos a partir
de un criterio de interpretación restrictivo.
En primer término, ha indicado que se requiere acreditar (i) que la revisión se
formule contra una sentencia; (ii) que la sentencia ponga fin al proceso y que no
proceda recurso de apelación y (iii) que el vicio alegado se haya presentado en la
decisión objetada “o que se haya materializado en el momento en que se profirió la
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2015, exp. 2003-
01589-01.
16 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2019, exp. 2019-
00450-00 (REV).
17 Exp. 11001-03-15-000-2017-02078-01, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, 14 de agosto de
2014.
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providencia y no es una etapa previa al proceso”18. También ha precisado que la
irregularidad que configure la causal invocada debe ser de suma gravedad, de tal
manera que tenga una incidencia directa en el sentido de la decisión, es decir, que
habría sido sustancialmente distinta.
Por otra parte, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado ha
señalado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se
originan en la sentencia19. Las primeras se refieren a los supuestos taxativos
previstos en el artículo 133 del Código General del Proceso, mientras que las
segundas, “al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse restrictivamente
bajo unos presupuestos fácticos y específicos que la jurisprudencia de esta
corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden nulidades
procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia”20.
A partir de lo anterior, la jurisprudencia contencioso administrativo ha identificado
algunos de los supuestos en los que se puede configurar la causal quinta de
revisión, a saber: (i) que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de
jurisdicción o de competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo
en proceso que terminó normalmente con sentencia en firma; (iii) que sin más
actuación, el juez profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el
desistimiento, aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el
juez dicte el fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es
condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa
diferente a la invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha
sido parte en el proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia
después de ocurrida la interrupción o suspensión del proceso o antes de la
oportunidad debida; (viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor
o menor de los magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia
fue adoptada con un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la
sentencia carece completamente de motivación; (xi) cuando la sentencia carece de
congruencia interna o externa21 o (xii) que transgreda el principio de la non
reformatio in pejus.
En tercer término, esta Corporación ha señalado que se pueden presentar otras
situaciones que dan lugar a nulidad originada en la sentencia, concretamente
cuando se produce una vulneración del derecho al debido proceso 22, “siempre y
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-
03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana Polidura Castillo.
19 Sentencia de 26 de febrero de 2013, exp. 11001-23-15-000-2008-01289-00, M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
20 Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
21 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencias de 20 de octubre de 2009 y de
26 de febrero de 2013, exps. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-2008-01289-00,
respectivamente; y Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 20001-23-31-000-2001-01278-02. Estos
criterios jurisprudenciales se reiteraron recientemente en la sentencia de 16 de junio de 2025, exp.
11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana Polidura Castillo.
22 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia
de 28 de junio de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-03697-00 y Sala Veintiséis Especial de
Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. La Corte
Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 advirtió que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del
Proceso –antes Código de Procedimiento Civil– pues, adicionalmente, puede derivar de la violación
al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
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cuando su motivación revele la inobservancia de aspectos procesales
trascendentales y no cualquier falencia relacionada con la fundamentación o con la
valoración probatoria de la providencia”, o cuando se dicta una sentencia inhibitoria
sin fundamento válido, “caso en el cual debe estudiarse si la decisión se encuentra
justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso concreto”23.
Por último, la jurisprudencia del Consejo de Estado, como se indicó en precedencia,
ha considerado que el desconocimiento del principio de congruencia24 es un
supuesto que habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión por existir
nulidad originada en la sentencia. Al respecto, ha precisado que tiene dos
dimensiones, a saber: (i) interna, cuando existe armonía entre los considerandos y
la parte resolutiva de la decisión25 y (ii) externa, cuando existe concordancia entre
la decisión contenida en la parte resolutiva de la sentencia y lo pretendido por las
partes en la demanda y en el escrito de contestación. Adicionalmente, ha precisado
que no cualquier reparo sobre incongruencia “estructura una nulidad de la
sentencia, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
sea protuberante, a tal punto que no exista justificación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso”26.
6. Estudio y solución del caso concreto
La sociedad Serviola S.A. alega que la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación”.
Del contenido del recurso extraordinario de revisión se observa que la parte
recurrente sustentó la procedencia de la causal invocada porque en el fallo recurrido
se incurrió en: (i) defecto fáctico debido a un error de “encuadramiento”, toda vez
que después de haber reconocido que la sociedad tiene el carácter de intermediaria,
desconoció el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 14 de 1983 que prevé que la
base gravable del ICA para los intermediarios es el ingreso bruto; (ii) defecto jurídico
por abstenerse de aplicar el precedente judicial y cambiarlo sin justificación y (iii) por
23 Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2023-00095-00 (69975), M.P. Adriana
Polidura Castillo.
24 Código General del Proceso. “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido
por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se
tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse
el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio (…)”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 6 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2022-03234-00, M.P.: Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
26 Sentencia de 16 de junio de 2025, exp. 11001-03-26-000-2020-00101-00 (66168), M.P. Adriana
Polidura Castillo. Que a su turno se apoyó en: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencias de 7 de abril de 2015 y de 2 de febrero de 2016,
exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00 y 11001-03-15-000-2015-02342-00; Consejo de Estado, Sala
Contencioso Administrativa, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020,
exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00; y Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002, exp. No. 76001-23-24-000-1997-43-45-01.
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carecer de motivación porque a pesar de que no hay disposición legal alguna que
extienda la base gravable a los ingresos para terceros, opta por señalar que el hecho
de ser contribuyente es razón suficiente para pagar, además que una cosa es ser
sujeto pasivo del ICA y otra muy distinta es que se incluya en la base gravable una
suma mayor, por lo cual el pago en exceso o de lo no debido, se sustenta en el
análisis del pago y no del sujeto.
Previo a resolver, se advierte que en la sentencia recurrida se revocó los numerales
segundo, tercero y cuarto de la decisión de 1 de agosto de 2019 del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se declaró la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados, por considerar que no procedía la devolución
solicitada por la sociedad Serviola S.A. respecto a los pagos efectuados en las
declaraciones del ICA correspondiente a los periodos de 2007 a 2010, por
encontrarse demostrado que estaba obligada a declarar y pagar ICA en el distrito
de Barranquilla, y que se trataba de un pago en exceso que para su procedencia
requería de su corrección, en la que se reflejara el menor valor a pagar a cargo de
la sociedad.
6.1. Sobre los presuntos defectos fácticos y jurídicos
En relación con la supuesta existencia de un defecto fáctico debido a un error de
“encuadramiento”, toda vez que después de haber reconocido que la sociedad tiene
el carácter de intermediaria desconoció el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 14
de 1983, que prevé que la base gravable del ICA para los intermediarios es el
ingreso bruto, es preciso indicar que los defectos sustantivo o fáctico no se
enmarcan en la causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión
relacionada con la existencia de una nulidad originada en la sentencia, pues este
mecanismo no se previó para juzgar la valoración o interpretación de los jueces y
no constituye una tercera instancia del proceso ordinario. Así lo ha señalado la
corporación27:
“Este cargo, contrario a lo que acaecía con el que se abordó en precedencia, no encuadra
en la causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, toda vez
que no constituye una circunstancia que dé lugar a la nulidad de lo actuado y este recurso
no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, como es el caso
de la valoración probatoria efectuada por el juez ordinario.
En efecto, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in judicando, de tal manera que,
en materia probatoria, quedó limitado al caso de los documentos falsos o adulterados, o
que no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –
como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor
derecho -, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón
de ser – como en el caso de la causal cuarta -, o deben poder ser objeto de examen
judicial–, pero sin que, bajo ninguna circunstancia pueda ser utilizado para que se revise
la apreciación que en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica haya
realizado el juez ordinario.
No corresponde, en consecuencia, al juez del recurso extraordinario de revisión resolver
un cargo por inadecuada valoración de las pruebas, como fue alegado por el recurrente
y menos aun cuando el mismo no cumple con la carga argumentativa mínima que implica
el señalamiento de los medios de convicción que considera fueron dejados de valorar o
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
sentencia de 3 de noviembre de 2017, exp. 11001 - 03-15-000-2017-00859-00 (REV), CP: Rocío
Araujo Oñate, y sentencia de 22 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2013-00866-00, C.P.:
Gabriel Valbuena Hernández.
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inadecuadamente valorados, motivo por el cual este cargo no puede ser abordado en
esta sede judicial –se reitera, por no corresponder a la causal de nulidad originada en la
sentencia ni a ninguna otra prevista taxativamente en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011”.
De acuerdo con lo expuesto, los argumentos planteados sobre el presunto defecto
fáctico, no se enmarcan en ninguna de las previsiones señaladas para la
procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia por violación del
debido proceso.
En cuanto al defecto jurídico por abstenerse de aplicar el precedente judicial y
cambiarlo sin justificación, es preciso señalar que esta Corporación28 ha señalado
reiteradamente que el desconocimiento del precedente judicial no constituye una
causal de revisión, porque este recurso no le permite al juzgador analizar los
argumentos de las instancias, tal como se expone a continuación:
“(…) el defecto que se predica de la sentencia objeto de revisión violación del derecho a
la igualdad por el desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
no corresponde a alguno de los presupuestos que podrían viciarla de nulidad.
Lo cierto es que la violación al precedente alegada, aun si fuera cierta, no constituye vicio
formal de la sentencia, ni violación del debido proceso, ni, mucho menos, alguna de las
causales taxativas previstas por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o 133
del Código General del Proceso, por lo que no es competencia del juez revisor analizar,
por esta vía judicial, los argumentos expuestos (…) 29.
El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia por el
desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal prevista por el
legislador para el efecto.
Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial –esto
es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva sentencia o sentencias que tengan la
entidad de precedente-, la legislación prevé el denominado recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda
instancia proferidas por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se opongan
a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, en los términos de los artículos
256 a 268 del CPACA.
De no proceder el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, tendría cabida
la acción de tutela contra providencia judicial para garantizar la aplicación de una
sentencia de unificación o de un precedente judicial, en los términos expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de proteger el derecho
fundamental de igualdad.
Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de tutela
contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del precedente y, por
ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar que el recurso
extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo para atacar dicho vicio o
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia de 7 de abril de 2015, exp. 2013-02724-00(REV), C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Reiterada en las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, exp. 2021-00204-00 (REV), C.P: Marta Nubia
Velásquez Rico; Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia del 4 de agosto de 2020, exp. 2016-
0355300(REV), C.P: César Palomino Cortés; Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, exp. 2018-03604-00(REV), C.P: Alberto Montaña Plata, y Sala Especial de
Decisión No. 3, sentencia del 30 de septiembre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-00406-00, CP:
Wilson Ramos Girón.
29 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 19 de julio de 2012, exp: 2007-00173-01(REV) C.P: Mauricio Torres Cuervo.
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defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador como una causal de
dicho recurso30”.
Por ende, la Sala se releva de examinar este argumento por ser un aspecto ajeno
al objeto y finalidad del recurso extraordinario de revisión, pues el fundamento no
encaja en ninguno de los supuestos por los cuales se configura la causal de revisión
invocada, por cuanto no significa un vicio formal de la sentencia, no constituye
alguna de las nulidades señaladas taxativamente en la ley procesal civil ni el alcance
que ha precisado esta Corporación.
Además, a través de este mecanismo de defensa judicial extraordinario no es
posible hacer un estudio de las decisiones judiciales que versaron sobre hechos
similares a los discutidos en el litigio primigenio, pues, se reitera, ello no
corresponde a la finalidad del recurso extraordinario de revisión.
6.2. Sobre la presunta falta de motivación de la sentencia
Respecto a la falta de motivación de la decisión se tiene que la sentencia censurada
está debidamente motivada, contiene las razones de hecho y de derecho que le
sirvieron de fundamento, para concluir que se trató de un pago en exceso realizado
en las declaraciones del ICA de los años 2006 a 2010, y que para la procedencia
de la devolución solicitada se requería que se corrigieran las declaraciones
presentadas.
De ahí que, contrario a lo afirmado por la recurrente, no es posible alegar la falta
absoluta de motivación que conduzca a la anulación de la providencia censurada
con fundamento en la causal 5 de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
-CPACA-, toda vez que se cuenta con la exposición realizada por el juez de segunda
instancia de las razones que sustentaron su decisión, la cual consistió en que
Serviola S.A. estaba obligada a declarar y pagar el ICA en el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla. Por consiguiente, no procedía la devolución
porque no era un escenario de un pago de lo no debido sino de un pago en exceso,
el cual requería para su procedencia la corrección de las declaraciones en las que
se reflejara el menor valor a pagar a su cargo.
Cuestión diferente es que el recurrente no esté de acuerdo con lo resuelto en la
sentencia objetada y a través del recurso extraordinario de revisión se pretenda
reabrir el debate, el cual ya fue objeto de pronunciamiento por el órgano de cierre,
discusión que goza de los atributos de presunción de acierto y legalidad, lo que
permite materializar el principio constitucional de seguridad jurídica y cosa juzgada.
En vista de lo anterior, se concluye que lo pretendido por la parte actora en este
asunto es que se revise la cuestión decidida en el proceso ordinario, como si el
recurso extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se declarará
infundado, toda vez que no se probó que se configuró la causal de revisión prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Finalmente, la Sala reconocerá personería al abogado Luis Carlos Quiñones
Quevedo, como apoderado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, en los términos del poder allegado al trámite judicial.
30 Corte Constitucional, sentencias T-100 de 2010, T-918 de 2010 y T-830 de 2012, entre otras.
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7. Condena en costas
Según el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la
demanda-, se condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare
infundado el recurso extraordinario de revisión que formuló.
En ese sentido, el artículo 361 del Código General del Proceso señala que las costas
están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho, y de
acuerdo con el artículo 365-8 de la misma codificación, “[s]olo habrá lugar a su
imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso no
procede su imposición al no estar demostrados en el expediente conforme al
referido artículo 365-8 del Código General del Proceso. Por otra parte, se condenará
en costas a la parte recurrente en el componente de agencias en derecho en favor
de la entidad territorial.
Por consiguiente, en atención a lo previsto en el artículo 366-4 del Código General
del Proceso, para su fijación se atenderá lo establecido en el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la
tarifa de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, se
tasan entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, la Sala considera razonable y proporcional tasar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual a favor del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Once Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Reconocer personería al abogado Luis Carlos Quiñones Quevedo, como
apoderado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en los
términos y para los efectos del poder conferido.
Segundo.- Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la sociedad Serviola S.A., quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra
la sentencia de 19 de mayo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado (exp. 08001-23-33-000-2014-00642-01).
Tercero.- Condenar a la sociedad Serviola S.A. al pago de costas por concepto de
agencias en derecho a favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
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Recurrente: Serviola S.A.
Esta sentencia se discutió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN LUIS EDUARDO MESA NIEVES
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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