Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02890-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02890-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02890-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02890-00
Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1
Tema: Carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación
sobreviniente dentro del marco de la acción de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a
cargos públicos y iv) trabajo
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02890-00
Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
ANTECEDENTES
La solicitud
1. Juan Camilo Hoyos Arango, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra
la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución
núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 20232, en la cual se le resolvió “[…] rechazado
por la causa 3.5., esto es, “No presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades” […]”: vulneró sus derechos fundamentales al
“[…] acceso a cargos públicos […]”, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,
el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló la convocatoria núm. 027 para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial, “[…] en la cual me
encuentro debidamente inscrito como aspirante a los cargos de Juez Civil Municipal
• Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de
ejecución de sentencias […]”.
4. Expresó que, “[…] presenté la prueba de aptitudes y conocimientos, cuyos
resultados fueron publicados por medio de la Resolución CJR22-0351 del 01 de
septiembre de 2022, en la que obtuve un puntaje de 855,99, es decir, aprobé la
prueba de aptitudes y conocimientos tal como se observa en la página 488 del anexo
de la resolución CJR22-0351 […]”.
5. Manifestó que, “[…] mediante la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de
2023, fueron publicados los listados de admitidos y rechazados; siendo rechazado
2 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
por la causa 3.5., esto es, “No presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades”, tal como se observa en la página 6 del anexo 2
de la Resolución CJR23-0061 […]”.
6. Indicó que, “[…] el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial, mediante oficio CJO23-1460 del 17 de marzo de 2023, se
pronunció frente a la solicitud de revisión, indicando que “se verificó que no aportó
documento en formato PDF contentivo de la declaración juramentada de ausencia
de inhabilidades e incompatibilidades”, por lo que se mantenía el estado de
rechazado […]”.
7. Adujo que, “[…] Resulta desproporcionado y excesivo el rechazo de los
aspirantes en esta fase del proceso, por no incluir la declaración de inhabilidades e
incompatibilidades en formato PDF, cuando ya se realizó en el formulario dispuesto
por la misma entidad, pues ello no es un criterio para determinar el mérito para
acceder a los cargos de funcionarios, como lo son los exámenes de conocimientos
y aptitudes o el curso de formación judicial, sino que se trata de un requisito para
ejercer el cargo o continuar ejerciéndolo, por lo que tal circunstancia puede ser
probada hasta antes de posesionarse en un cargo de público. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al acceso a los cargos
públicos, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, los cuales fueron vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
SEGUNDA: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, tener
por cumplido el requisito de presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades dentro de la convocatoria 27 para la vinculación
a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
TECERO: Como consecuencia de lo anterior y siendo la única causal por la que fui
rechazado del proceso de selección, se ORDENE al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
Nacional de Colombia, admitirme en el concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018. […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de mayo de 2023: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la
Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; iv) vinculó a los participantes de
la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de
agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles un término tres (3) días para rendir
informe.
Intervención de las demandadas y de los terceros con interés legítimo
10. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo. Al respecto manifestó
lo siguiente:
“[…] Dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela es la inconformidad
del actor frente a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 “Por medio de
la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018”, al haberse incluido en el listado de aspirantes
rechazados por la causal de inadmisión prevista en el punto 3.5, por tratarse de un
acto administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente es
iniciar el medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el
escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser
expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias, ni mucho menos
puede el administrado valerse de la misma para reemplazar los medios de control
que se encuentran dispuestos para controvertir tales actos.
Por lo tanto, si el accionante considera que dicha decisión no se ajusta a derecho,
debe acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no puede ser
utilizada como mecanismo paralelo de protección cuando la legislación tiene
establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí
se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial
previsto en el CPACA […]”.
11. La Universidad Nacional de Colombia manifestó lo siguiente:
“[…] es preciso señalar ante su Honorable Despacho que la acción de tutela no resulta
ser el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, en especial, por
inconformidades que no devienen de una vulneración directa a los derechos
fundamentales del accionante, en este caso se trata del acto administrativo que
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
dispuso rechazar al aspirante del concurso de méritos al haber incurrido en la causal
3.5 de rechazo de conformidad con el acuerdo regulador de la Convocatoria 27. Aquí
se hace necesario señalar que los actos administrativos se encuentran cobijados por
el principio de legalidad, pues es el instrumento de manifestación por parte de la
Administración, que debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que
ya se encuentra subordinado.
Sobre esta línea, es preciso resaltar lo que dispone la Constitución Política de
Colombia, en su artículo 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en
todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas” (Subrayas añadidas). Bajo
este punto de partida, los actos expedidos por parte de las autoridades
administrativas, en ejercicio de sus funciones, nacen a la vida jurídica amparados bajo
el principio de legalidad, y con ella se entienden garantizados los derechos al debido
proceso e igualdad para todos los aspirantes.
Dicho lo anterior, se precisa que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el
aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin. Dentro
de la normatividad vigente, existe la posibilidad de elevar solicitudes a la accionadas
destinadas a modificar la decisión de exclusión (como es el caso que nos atañe), pero
el accionante también cuenta con medios de control jurisdiccional por agotar como el
de la Simple Nulidad y el de la Nulidad y Restablecimiento del Derecho, y dentro del
caso en concreto, los cuestionamientos que pudieran surgir en torno a la decisión de
rechazo del aspirante y sobre la que resolvió su solicitud de verificación de requisitos
mínimos son pasibles de los controles mencionados.
Así las cosas, también debe advertirse que la acción de tutela tampoco resulta
procedente de manera excepcional dentro del presente asunto, ya que no se advierte
un perjuicio irremediable para el aspirante que lo habilite a desplazar los mecanismos
ordinarios, pues la normatividad vigente cuenta con un mecanismo ordinario en el que
se pueden adoptar medidas de carácter inmediato, como serían las medidas
cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 […]”.
12. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y los participantes de la
convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
De la coadyuvancia
15. La Sala encuentra que el señor José Luis Avella Chaparro presentó escrito de
coadyuvancia.
16. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º del artículo 13 del Decreto
núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte
Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de
tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”7
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
17. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente8:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar
la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el
concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los
resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados
para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de
los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le
da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que
una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que
promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo
de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no
puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias
situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en
los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos
generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como
límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa
juzgada.
Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca
el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros
defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían
ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los
aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias
propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios
derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el
accionante, desnaturalizaría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
18. Teniendo en cuenta la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de 24 de
febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la
figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos
bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado,
la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los
efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta
cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han
presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
8 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los
demandantes.
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo
del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga
«un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para
respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia constitucional ha
definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En
este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para
intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las
pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de
tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha
advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden
conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que
quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de
una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l
coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son
permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de
la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al
Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a
cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De
lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas
a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que
permite su intervención en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica
de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte
acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su
participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las
reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se
atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta»
[énfasis fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los
expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se recibió un número ingente de
escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran
mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron
la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018.
Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en
los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la
Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento
de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los
efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho
propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene
vedado «realizar planteamientos distintos […] que por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión
de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como
consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio
cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Resaltado por la Sala).
19. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la
facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de
las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas, más no para hacer valer sus propias demandas.
20. Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el
estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las
partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no
hagan parte de sus argumentaciones.
21. Precisado lo anterior, la Sala advierte que el señor José Luis Avella Chaparro
en su intervención presentó pretensiones nuevas y derechos fundamentales nuevos
que no fueron abordados en el escrito de tutela del actor, en ese orden de ideas, la
Sala negará la solicitud de coadyuvancia en virtud de que no se pueden realizar
planteamientos distintos ni reclamaciones propias que difieran de las expuestas por
la parte actora, en tanto que, como se señaló supra, corresponde a pretensiones
propias, con lo que desvirtúan la naturaleza de la coadyuvancia.
10
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
Problema jurídico
22. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si la acción
de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a cargos públicos y al trabajo invocados por el actor, los
cuales consideró vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y por la Universidad
Nacional de Colombia, como consecuencia de la expedición de la Resolución núm.
CJR23-0061 de 8 de febrero de 20239, en la cual se le resolvió “[…] rechazado por
la causa 3.5., esto es, “No presentar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades” […]”.
23. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de la acción
de tutela; ii) análisis del caso concreto; y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.
La carencia actual de objeto por hecho sobreviniente dentro del marco de la
acción de tutela
24. La Corte Constitucional frente a la figura de la carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente ha dicho lo siguiente10:
“[…] la Corte ha manifestado que son los “eventos en los que la protección pretendida
del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos
en que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no
tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no
tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la Litis […]”.
25. Sobre el mismo punto, la Corte Constitucional, en relación con la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente, mediante sentencia SU-522 de 201911, consideró
lo siguiente:
9 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
10
Corte Constitucional, sentencia T- 052 de 18 de febrero de 2022, M.P. Alberto Rojos Ríos.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU- 522 de 5 de noviembre de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
11
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02890-00
Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
“[…] 44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las categorías
originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio, el cual fue propuesto
por primera vez con la Sentencia T-585 de 201012, en un caso originado por las trabas
administrativas impuestas por una EPS para impedir la interrupción voluntaria del
embarazo. En sede de revisión, la Sala fue avisada que la accionante “no había
continuado con el embarazo”. No se trataba entonces de un hecho superado, pues la
pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en
condiciones de calidad fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista
de que el nacimiento tampoco se produjo. La Sala Octava de Revisión explicó
entonces que existen “otras circunstancias” en las que la orden del juez resultaría
inocua dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción de la pretensión
solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”13.
45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena14 como por
las distintas Salas de Revisión15. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío”16. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho
sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora17; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se
satisfaga en lo fundamental18; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que
no son atribuibles a la entidad demandada19; o (iv) el actor simplemente pierde interés
en el objeto original de la litis20.
12 M.P. Humberto Sierra Porto.
13 Sentencia T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto. En la misma dirección, la Sentencia T-841 de 2011
M.P. Humberto Sierra Porto, señala que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia
de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto”.
14 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
15 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-
319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de
2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
17 Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en el suministro del medicamento
que solicitó vía tutela, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios. Sentencia T-481 de
2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes, ante las trabas y demoras
injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria al embarazo, en establecimientos particulares (Ver
T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
18 En Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, un inmigrante venezolano, portador de VIH, solicitó
a la Secretaría de Salud de Santa Marta entrega de unos medicamentos indispensables para el tratamiento de
su enfermedad. En el trascurso del proceso de tutela, el accionante logró regularizar su situación en el país y
acceder al régimen contributivo en salud. Fue entonces EPS Sanitas la que hizo entrega de los medicamentos
solicitados inicialmente en la tutela. Ver también T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
19 Son casos relacionados, por lo general, con el fallecimiento del accionante. En Sentencia T-401 de 2018.
M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo, la Sala conoció una demanda para que se reconociera la pensión de
invalidez. Sin embargo, en sede de revisión se constató el fallecimiento del demandante, “circunstancia que
no necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades demandadas, y que
imposibilita conceder el amparo solicitado”. Ver también T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 En Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala evidenció que “como consecuencia del
trámite de su pensión de invalidez, desaparece el interés en lo pretendido mediante la tutela relativo a que se
ordene nuevamente su traslado como docente al municipio de Arjona o a uno cercano a la ciudad de Cartagena,
y por ende cualquier orden emitida en este sentido por la Corte caería al vacío”. Ver también T-319 de 2017.
M.P. Luis Guillermo Guerrero.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
46. En resumen, la carencia actual de objeto es un concepto desarrollado
jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que, por circunstancias acaecidas
durante el trámite de la tutela, esta ha perdido su sustento, así como su razón de
ser como mecanismo de protección inmediata y actual21. Ante tales escenarios, no se
justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o destinadas a caer al vacío.
Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado tres categorías en las que estos
casos podrían enmarcarse: hecho superado, daño consumado y hecho sobreviniente
[…]”.
Análisis del caso concreto
26. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
27. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
28. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
28.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
28.2. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.
28.3. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia.
Solución del caso concreto
21 Entre otras, sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-170 de 2009. M.P. Humberto Sierra
Porto; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
29. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud presentada por el actor ha sido
tramitada.
30. En efecto, el actor pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela se
le protejan los derechos fundamentales al“[…] acceso a cargos públicos […]”, al
debido proceso, a la igualdad y al trabajo, presuntamente vulnerados por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061
de 8 de febrero de 202322, en la cual se le resolvió “[…] rechazado por la causa 3.5.,
esto es, “No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades” […]”.
31. La Sala advierte que, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, a través de Oficio num. CJ023-3800 del 23 de
junio de 2023, señaló lo siguiente:
“[…] Respecto de la tutela tramitada bajo el radicado 11001023000020230033500,
puesta en conocimiento del despacho y en la cual la Sala de Casación Penal de Corte
Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa,
mediante providencia del 31 de mayo de 2023, con fecha de notificación de 07 de
junio de 2023, resolvió dejar sin efecto parcialmente la Resolución CJR23-0061 del
08 de febrero de 2023 respecto de la exclusión de aspirantes del concurso
Convocatoria 27 por la configuración de la causal de rechazo 3.5. del artículo 3° del
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y en su lugar, ordenó a la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de dicho fallo, emitiera un nuevo acto administrativo
encaminado a decidir acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles; de manera atenta,
me permito informar que la Unidad, en cumplimiento de dicha orden, expidió la
Resolución CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, en la que se admitió al tutelante en la
convocatoria, acto administrativo que fue notificado en las condiciones establecidas
en el Acuerdo de Convocatoria23 y del cual se anexa copia […]”.
32. La Resolución CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, fue notificada al actor
mediante fijación por el término cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la
22 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
23 5.2. Notificaciones La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se realizarán mediante su
fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se
informará a través de la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
Judicatura. De igual manera se informó a través de la página web de la Rama
Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la Judicatura24.
33. En ese sentido, la Sala considera que se ha configurado la carencia actual de
objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente, teniendo en cuenta que,
mediante providencia del 31 de mayo de 2023, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resolvió “[…] dejar sin efecto parcialmente la Resolución
CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 respecto de la exclusión de aspirantes del
concurso Convocatoria 27 por la configuración de la causal de rechazo 3.5. del
artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 […]” y en su
lugar, “[…] ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que, […]
emitiera un nuevo acto administrativo encaminado a decidir acerca de la admisión
de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro
Nacional de Elegibles […]”. En ese orden de ideas y, en cumplimiento de dicha
orden, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial expidió la Resolución
CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, en la que se admitió al actor Juan Camilo Hoyos
Arango.
34.Por lo anterior, la Sala advierte que no hay lugar a emitir pronunciamiento
respecto de la solicitud de amparo elevada por el actor, dado que, teniendo en
cuenta la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y
el acervo probatorio obrante en el expediente, la Unidad de Carrera Judicial admitió
dentro de la Convocatoria núm 27 a todos los aspirantes, entre los cuales está
incluido el actor Juan Camilo Hoyos, motivo por el cual los argumentos expuestos
que motivaron la interposición de la presente acción de tutela desaparecieron.
35.Como fundamento en la anterior premisa, debe tenerse en cuenta que el artículo
86 de la Carta Política prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del
cual se busca la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales,
amenazados o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o
24 Cfr. Índice 19 de Samai.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
de determinados particulares. Como consecuencia de ello, resulta claro que, al
desaparecer las causas o motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial25.
36.Al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia
actual de objeto como “[…] la imposibilidad material en la que se encuentra el juez
de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados […]”26. La carencia actual de objeto puede
materializarse a través de las siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado (…)
(ii) Hecho superado (…). Y,
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, que se presenta en casos en
que como producto del acaecimiento de una situación sobreviniente cuyo
origen no está en el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada
ya no tiene lugar, ya sea porque el actor asumió la carga que no le
correspondía, porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”27. (Resaltado por la Sala).
37.En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente, en la medida que, los hechos que originaron la presente acción
de tutela han sido superados y, por consiguiente, no habría lugar a efectuar
pronunciamiento alguno en el asunto sometido a consideración de la Sala.
Conclusiones de la Sala
38. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
25 Ver sentencia T-472 de 2017.
26 Ver sentencia T-653 de 2017.
27 Ibidem.
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Actor: Juan Camilo Hoyos Arango
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor José Luis
Avella Chaparro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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