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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02891-00

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02891-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Islena Arias Barreto en contra del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02891-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

6 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02891-00
Accionante: ISLENA ARIAS BARRETO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías docentes

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Islena Arias Barreto, quien actúa por intermedio de apoderado1,
en contra del Tribunal Administrativo del Huila, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la sentencia del 16 de mayo de 2023 proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 41001-33-33-002-2022-00154-01.

1
Yobany Alberto López Quintero

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02891-00
Accionante: Islena Arias Barreto

I. ANTECEDENTES

La accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente judicial
con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. La señora Islena Arias Barreto fue vinculada como docente en el
departamento del Huila después del 1.º de enero de 1990 hasta la
fecha, por lo que su régimen de cesantías es anualizado.

1.2. El 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el auxilio de cesantías
por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

1.3. Por lo anterior, el 23 de julio de 2021 la accionante formuló
petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción
por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que
no fue resuelta por dicha entidad.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho la accionante demandó el acto administrativo ficto o
presunto con ocasión del silencio negativo, proceso que por reparto
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Neiva, dependencia judicial que, mediante sentencia del 16 de
diciembre de 2022, resolvió negar las súplicas de la demanda.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02891-00
Accionante: Islena Arias Barreto

1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal
Administrativo del Huila a través de la sentencia del 16 de mayo de
2023, al considerar que la demandante no era acreedora de la sanción
moratoria porque los docentes tienen un régimen especial dispuesto
por la Ley 91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo,
porque no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 relacionada con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo
fondo.

Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que estableció que la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.

Además, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 22
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las
súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por
mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

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Accionante: Islena Arias Barreto

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA en la sentencia proferida el día 16 DE MAYO DE 2023, en el expediente rad.
No.41001-33-33-410013333002202200154-01, transgredió los derechos fundamentales:
AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones
de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por
lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de
2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)».
(Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 5 de junio de 2023 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Huila
como accionado y al FOMAG y al Ministerio de Educación Nacional como
terceros interesados en las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

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4.1. La Secretaría de Educación Departamental del Huila, por
intermedio de apoderada judicial, solicitó ser desvinculada del presente
proceso, por no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados
por la demandante en el escrito de tutela.

Por otra parte, señaló que las decisiones aquí cuestionadas tienen
efecto de cosa juzgada, en la medida que fueron alegadas en el proceso
ordinario en las oportunidades procesales correspondientes; no
obstante, se despacharon desfavorablemente.

4.2. La Fiduprevisora S.A. requirió ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

4.3. El Tribunal Administrativo del Huila, por conducto del
ponente de la decisión, requirió se niegue la acción de tutela porque no
observa en la providencia cuestionada vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por la demandante, pues se
encuentra soportada con normatividad vigente aplicable al asunto y
material probatorio allegado al proceso.

4.4. El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la
oficina jurídica de la entidad, manifestó que el mecanismo
constitucional es improcedente, porque no acreditó el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que la accionante debió agotar
todos los medios ordinarios y extraordinarios que existen en el
ordenamiento jurídico; asimismo, porque no se demostró que existió
un perjuicio irremediable.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo del Huila, al proferir la sentencia del 16 de mayo de 2023
que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías de la accionante, incurrió en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y
por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica.

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Accionante: Islena Arias Barreto

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Accionante: Islena Arias Barreto

que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

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Accionante: Islena Arias Barreto

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 16 de mayo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 30
de mayo de 2023.

3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento
del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

Por otra parte, es necesario señalar que, de conformidad con lo
anteriormente expuesto la Sala de Subsección estima pertinente
conocer de fondo, a pesar de que en providencias4 que guardaron
similitud fáctica y jurídica con el caso aquí estudiado se rechazó por
improcedente la solicitud de amparo.

4
Ver entre otras providencias: 11001-03-15-000-2023-00786-00 y 11001-03-15-000-2023-01044-00.

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3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional5, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales6, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»7.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando

5
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015,
entre otras.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»8.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente9.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma10. En ese sentido, el
precedente judicial11 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues

8
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
10
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
11
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado,
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

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no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho12.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido13. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”14.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras

12
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
13
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y
que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.

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de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial16.

3. El caso concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por la
señora Islena Aria Barreto en contra del Tribunal Administrativo del
Huila, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica con ocasión de la providencia del 16 de
mayo de 2023 pues, en su entender, considera que incurrió en un
defecto sustantivo y en un desconocimiento de precedente judicial.

Sostiene, en síntesis que el tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo, dado que, no aplicó la disposición normativa contemplada
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, relacionada con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías al respectivo fondo.

Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50
de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.

16
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo del Huila, en providencia del 16 de mayo de
2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías al demandante, bajo las siguientes consideraciones:

« b.- Es menester indicar, que las sentencias que fundamentan el escrito introductorio y el
recurso de alzada, en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del C.P.A.C.A., no
constituyen precedente unificador que vincule la posición y el criterio del operador judicial.

Incluso, así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, cuando
manifestó que “no existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral 3º del artículo 99
del a Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es posible afirmar que se
desconoció el precedente de la jurisdicción contencioso administrativo”.

Tampoco se puede afirmar que el a quo desconoció el precedente de unificación
contemplado en la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, comoquiera
que el Consejo de Estado en esa providencia determinó “el momento a partir del cual se
contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990, por la no consignación de cesantías anualizadas”; sin hacer referencia a fundamentos
fácticos o jurídicos similares a los del sub lite.

c.- Como ya se indicó, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente estimó
“viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia
de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de
manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año
por concepto de la aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del
año siguiente a su causación”17

No obstante, la Sala disiente y se aparta de esa posición por las razones que pasan a
exponerse:

i.- Actualmente es indiscutible la disparidad de criterios que existe al interior del
Consejo de Estado sobre la aplicación del artículo 99-3º de la Ley 50 de 1990 al
sector docente oficial. Esa situación por sí misma, releva al juez de obedecer un
precedente que no está unificado y que resulta contradictorio frente a otras
decisiones de la misma Corporación.

Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez.
17

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de 2023. Radicación 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021).
Demandante: Abiel Fernández Alvarado. Demandada: Municipio de Santiago de Cali y otro.

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ii.- El principio de favorabilidad es la herramienta hermenéutica disponible para
disipar las dudas sobre aplicación de determinada disposición jurídica; la existencia
de este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran
vigentes al momento de causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su
solución.
(…)
La Sala considera que para resolver el sub examine, no es necesario recurrir al
principio de favorabilidad, en la medida en que no se está frente a dos disposiciones
que ofrezcan un trato diferenciado y/o antinomias legales; a contrario sensu, lo que
se aprecia es que la Ley 91 de 1989 –régimen especial de los docentes– no
contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que
introdujo la Ley 50 de 1990, y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a
los servidores públicos territoriales, con excepción del sector educativo.
(…)
Para esta Colegiatura, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990, en
lo que atañe a la forma de liquidar y el trámite de pago de las cesantías, desconocería
la especialidad del régimen que la Ley 91 de 1989 consagró para los docentes y
modificaría la forma que dispuso para de (Sic) administrar, liquidar y de cancelar
las cesantías.

Esto quiere decir, que, en lo relacionado con las cesantías y sus intereses, no es
procedente que los docentes apelen a un régimen diferente cuando el que los ampara,
ya lo regula; o, que el vacío normativo (sanción moratoria por la consignación tardía
de las cesantías) se satisfaga con la aplicación parcial de un marco normativo general
(creándose un lex tertia).
(…)
vi.- En la sentencia SU-98 de 2018, que sustenta las súplicas no puede tenerse como
precedente de unificación vinculante, pues en ese caso, la Corte Constitucional se
refirió a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de
la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Fue precisamente por esa diferencia fáctica, que la Corte Constitucional no se refirió
a la naturaleza y a la especialidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; el cual, funciona como una cuenta especial de la Nación encargada de
la administración de las prestaciones sociales de los docentes, cuyos recursos son
manejados a través de una fiducia, y que, a diferencia de las Sociedades
Administradoras de Fondos Privados de Cesantías, no tiene dispuesta una cuenta
individual en la que el afiliado recibe la consignación de sus cesantías.
(…).
Así entonces, por las razones señaladas la Sala considera que la demandante no es
acreedora de la sanción moratoria y/o la indemnización procurada. En tal virtud, es
inocuo hacer referencia a la responsabilidad que prevé el artículo 57 de la Ley 1955
de 2019.

Finalmente, es apropiado concluir que el pago de los intereses a las cesantías de los
docentes se encuentra regulado en los artículos 15-3º de la Ley 91 de 1989 y 4º del

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Acuerdo 39 de 1998 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y,
que de acuerdo con esta reglamentación y con las pruebas arrimadas, estos fueron
cancelados oportunamente (en el mes de marzo de 2021)»

Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo del
Huila, al desatar el asunto bajo examen, realizó un estudio detallado
de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo que lo llevó a
concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098 de 2018 no
era aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, no constituye un
precedente de unificación vinculante, teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional se refirió a un docente que no fue afiliado a ningún
Fondo, y no al reconocimiento de la sanción moratoria establecida en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En esa medida, concluyó que la sanción solicitada no era compatible
con la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989, prevé la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar
el desembolso, sin que contemple sanción alguna.

Lo anteriormente expuesto permite a la Sala concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas
al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque estos tenían un
régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989; asimismo, que no
era dable procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU098
de 2018, por cuanto no constituye un precedente de unificación
vinculante, teniendo en cuenta que allí la Corte Constitucional se refirió

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a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento
de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 para los afiliados al Fomag.

En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU573 de 2019, en la que
precisó:

«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela18, pues la intervención del juez constitucional se
justifica para “proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los
excesos del juez ordinario” 19,ante “desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”20. Para la Sala, el presente asunto carece de relevancia
constitucional, por esta segunda razón, ya que no se advierte un escenario de
afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los accionantes, por
dos razones.

59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó
adecuadamente por qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación”.

60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones
contradictorias en casos idénticos”21, dado que el sub iudice no comparte identidad
fáctica y jurídica con las decisiones judiciales que sustentan el supuesto
desconocimiento del precedente y, por tanto, no es posible evidenciar prima facie
un precedente que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede comprobar a partir de

18
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y controvertir pruebas,
(iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv) el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación de las reglas procesales o, en otros términos,
el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un
proceso. Conforme a tal interpretación, en principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales
que se aparten de los elementos del debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven
anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el
equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
19
Sentencia T-685 de 2003.
20
Ibid.
21
Sentencia SU-053 de 2015.

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la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes presuntamente
desconocidos:

Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU-336 Sentencia T-008
Consejo de de 2017 de 2015
Estado22
Tipo de Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria
sanción por la no por el pago tardío por el pago tardío por la omisión
moratoria consignación de de sus cesantías de sus cesantías injustificada en
solicitada cesantías en el definitivas. definitivas. la afiliación al
fondo FOMAG.
correspondiente.
Fundamento Artículos 99, 102 y Leyes 244 de 1995 y Leyes 244 de 1995 y Decretos 3752 de
jurídico el 104 de la Ley 50 de 1071 de 2006. 1071 de 2006. 2003 y Decreto
reconocimiento 1990 y la Ley 344 1582 de 1998, por
de la sanción de 1996, el cual se
reglamentada por reglamentan
el Decreto 1582 de parcialmente los
1998. artículos 13 de la
Ley 344 de 1996 y
5 de la Ley 432 de
1998.
(…)
66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”23. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes24 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga25-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los
cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199826, pero no
cancelada.

22
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
23
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
24
Ibid.
25
Sentencia T-425 de 2019.
26
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.

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68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201827, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”28. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”29, como pasa a explicarse. (…)».

Es claro entonces que lo planteado en esta sede constitucional se limita
a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación de una
norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia como
arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.

De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del

27
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
28
Sentencia SU-098 de 2018.
29
Sentencia SU-354 de 2017.

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juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.

Así las cosas, lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un
estudio lógico y plausible conforme al criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, por lo que la divergencia de criterios en cuanto a la
aplicación e interpretación de la ley y la resolución al caso concreto no
puede considerarse per se como violatoria de derechos fundamentales,
pues dicha manifestación corresponde únicamente al ejercicio de la
función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la intervención
del juez de tutela procede únicamente en los casos específicos en que
se evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente,
o inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección procederá a negar el amparo solicitado mediante la acción
de tutela presentada por la parte accionante en contra del Tribunal
Administrativo del Huila.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

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Accionante: Islena Arias Barreto

FALLA

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Islena
Arias Barreto en contra del Tribunal Administrativo del
Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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