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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02905-00

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02905-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de acción de tutela instaurada por el señor William García Ariza SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02905-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de agosto de 2023

Demandante: William García Ariza
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02905-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02905-00
Demandante: WILLIAM GARCÍA ARIZA
Demandados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA Y
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tema: Tutela contra acto administrativo – declara improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor William
García Ariza contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Tunja. Esto, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. El accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Tunja1. Con la interposición de este mecanismo de amparo pretende que se le protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a los principios de la
seguridad jurídica y de la buena fe.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de la Resolución 023 del 12 de mayo de 2023 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, por medio de la cual resolvió un recurso de
apelación2.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1 La tutela fue radicada el 31 de mayo de 2023.
2 El recurso de apelación fue interpuesto contra la Resolución 013 del 21 de julio de 2022.

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Demandante: William García Ariza
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02905-00

Que se amparen la tutela de mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA y PRINCIPIO DE
BUENA FE conculcados por la accionada al incurrir en (i) DEFECTO
ORGANICO y en (ii) DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO, con la
expedición de la Resolución No. 023 de 12 de mayo de 2023, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.

Suspender los efectos de la Resolución No. 023 de 12 de mayo de 2023,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, entre estos la orden de designación del señor HERMES
ARNULFO PINEDA SUAEZ, quien se actualmente se encuentra
nombrado en el Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial
de Tunja, Despacho que aceptó ya su traslado por salud para ante esta
misma ciudad, encontrándose salvaguardados sus derechos
fundamentales en virtud de la materialización del traslado del que fuera
objeto, resultado inane su designación y nombramiento para ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, cual lo dispone
la accionada Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja.

Declarar la nulidad de la actuación surtida ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, en virtud del trámite Improcedente del Recurso
de Apelación incoado contra la RESOLUCION No. 13 proferida el 21
JULIO 2022, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, la cual
como consecuencia goza de Ejecutoria. (SIC)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor William García Ariza solicitó traslado para el cargo de escribiente
nominado del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, el cual, fue ofertado como
vacante por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, y respecto del
cual obtuvo concepto favorable.

6. Mediante oficio CSJBOY22.2130 del 30 de junio de 2022 el Consejo Seccional de
la Judicatura de Boyacá y Casanare comunicó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Tunja la lista de elegibles3, conformada mediante el Acuerdo CSJBYA22-182 de 29 de
abril de 2022 destinada a la provisión del cargo de escribiente del circuito.

7. Así mismo, remitió al citado juzgado 8 conceptos favorables4 de traslado para el
mencionado cargo, dentro de los cuales, se encontraba el del accionante.

3 La lista de elegibles estaba conformada por: Pedro Alonso Martínez Rodríguez, Alexa Johanna Castañeda

Gayón, Nydia Yohana Silva Zambrano, Francy Edith Buitrago Ortegate, Nubia Astrid Pedraza Ochoa,
Martha Inés Miguez Barrera, Diego Eduardo Malagón Jiménez, Carlos Gustavo Gutiérrez Monroy, Rosa
Elena Guerrero Soler, Pedro Pascacio Martínez Reyes y Jeimmy Liliana Fajardo Pedraza.
4 Los conceptos favorables correspondían a las siguientes personas: Myriam Consuelo Najar Castro, Wilson

Andrés Santafé Rincón, Sandra Milena Vargas Cajicá, Gentih Wilches Ruiz, Jairo Augusto Hernández
Ramírez, Clara Cecilia Mojica Fuentes, Hermes Arnulfo Pineda Suárez y William García Ariza.
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8. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, a través de la Resolución N.º 13
del 21 de julio de 2022, aceptó la solicitud de traslado elevada por el señor García Ariza y
en consecuencia, lo nombró en propiedad y en carrera judicial en el cargo de escribiente
nominado de ese despacho judicial.

9. En el acto administrativo de nombramiento desestimó la petición de traslado del
señor Hermes Arnulfo Pineda Suárez que la había solicitado por motivos de salud y,
privilegió la mayor experiencia como escribiente del designado por traslado, frente a los
demás aspirantes al cargo y a los integrantes de la lista de elegibles para el mismo.

10. Inconforme con lo anterior, el señor Pineda Suárez interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación. Al respecto, mediante Resolución N.º 20 del 14 de octubre de
2022, el Juzgado Segundo Civil el Circuito de Tunja decidió no reponer la decisión.

11. La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja tramitó el recurso
de apelación. Así, en Resolución N.º 23 del 12 de mayo de 20235 revocó la Resolución
N.º 13 de 21 de julio de 2022 que aceptó el traslado del accionante, para en su lugar,
aceptar el traslado por motivos de salud del señor Hermes Arnulfo Pineda Suárez.

12. Como fundamento de su decisión, consideró que debía tenerse en cuenta la
situación especial del señor Hermes Arnulfo Pineda Suárez, por las siguientes razones:

• Contaba con concepto favorable fundamentado en una recomendación médica.
• Necesitaba estar cerca a su familia y así contar con una red de apoyo.
• Requería acceso a atención médica especializada de manera permanente, que no
se brindaba en el lugar donde laboraba.

1.4. Fundamento de la solicitud

13. El accionante consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos orgánico y procedimental absoluto.

Defecto orgánico:

14. Sostuvo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja desconoció la
inmunidad de nominador con que gozaba el Juez Segundo Civil del Circuito de Tunja, la
cual estaba atribuida por una norma especial, esto es, la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, luego carecía de competencia para proferir la decisión de
fondo adoptada.

15. Lo anterior, tenía sustento en lo señalado en el numeral 1 del artículo 175 de la Ley
270 de 1996 que establecía que una de las atribuciones de las corporaciones judiciales y
los jueces de la república, era designar a los funcionarios y empleados cuyos
nombramientos le correspondían.

5 ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR y en consecuencia DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 13 del 21

de julio de 2022, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, para que el funcionario
nominador acepte el traslado por razones de salud de HERMES ARNULFO PINEDA SUÁREZ, identificado
con cédula de ciudadanía número 6.776.729 y lo designe en propiedad en el cargo de ESCRIBIENTE
NOMINADO de ese despacho judicial, denegando a su vez la pretensión de traslado de los demás
solicitantes.
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16. Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que en lo que atañe a la provisión de cargos
vacantes, es jurídicamente viable que únicamente el nominador puede elegir entre el que
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles y el que incoe un traslado de servidor con
concepto favorable, y por tanto el tribunal no tenía la competencia para definir aquello.

Defecto procedimental absoluto:

17. Afirmó que el tribunal vulneró el debido proceso y se socavaba la seguridad jurídica
al emitir una decisión que por norma especial le era vedada, toda vez que debió aplicar la
inmunidad de jurisdicción y rechazar por improcedente el recurso de apelación incoado.

18. Por otra parte, manifestó que en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha
sostenido que es la acción de tutela en los casos de carrera administrativa, el mecanismo
excepcional para proteger los derechos fundamentales de los servidores y/o funcionarios
judiciales, pues pese a existir acciones contenciosas administrativas de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el tiempo en que estas se resolvían hacían nugatoria los
efectos de las providencias favorables.

19. Afirmó que para la Corte Constitucional el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho suponía unos trámites más dispendiosos y demorados que
los de la acción de tutela y por lo mismo, dilataban y mantenían en el tiempo la violación
del derecho fundamental que requería la protección inmediata. Al respecto citó las
sentencias SU-315 de 1998 y SU-133 de 1998.

20. Sostuvo que la Corte Constitucional en senda jurisprudencia ha reiterado que, para
salvaguardar los derechos fundamentales, se podría usar la acción de tutela como el
único medio idóneo y eficaz para garantizar su protección y así mismo brindar protección
a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legitima y con ello evitar un
perjuicio irremediable6.

21. Indicó que las corporaciones judiciales en la mayoría de sus decisiones proferidas
en el ejercicio de sus funciones administrativas son autónomas y, en consecuencia, no
tenían frente a ellas superior jerárquico que las revisara, salvo en el caso de las
actuaciones disciplinarias y la calificación de servicios de empleados judiciales en donde
si procedería la alzada7.

22. Añadió que el concepto favorable emitido por el Consejo Superior de la Judicatura
no era vinculante, pues la decisión final sobre quien ocupaba el cargo vacante competía
exclusivamente al ente nominador y, por tanto, solo al juez le asistía la facultad de
nominador y eso suponía que en el ejercicio de sus atribuciones podía negar el traslado
de empelados de otros despachos.

23. Finalmente, puso de presente que el señor Hermes Arnulfo Pineda Suárez se
encontraba nombrado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, despacho que

6 Refirió las sentencias T-606 de 2010, T-471 de 2017, T-160 de 2018 y SU-961 de 1999.
7 Relacionó el auto del 2 de octubre de 2014 del Consejo de Estado, rad 2014-00121-00; auto 9 de 2015 del

Consejo de Estado, rad 2015-0015-01; auto del 7 de octubre de 2022 del Consejo de Estado, rad. 2022-
01059-00; exp 2020-00102-00 del Consejo de Estado con ponencia del doctor Aroldo Wilson Quiroz, fallo
del 6 de diciembre de 2007 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, rad. 2007-00966-01.
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había acepado su traslado por salud, por tanto, se encontraban salvaguardados sus
derechos fundamentales.

1.5. Tramite de la acción de tutela

24. Mediante auto del 2 de junio de 2023, el magistrado sustanciador en esta instancia
admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar como entidades
accionadas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y al Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Tunja. Además, dispuso vincular como terceros con interés a:

• Pedro Alonso Martínez Rodríguez.
• Alexa Johanna Castañeda Gayón.
• Nydia Yohana Silva Zambrano.
• Francy Edith Buitrago Ortegate.
• Nubia Astrid Pedraza Ochoa.
• Martha Inés Miguez Barrera.
• Diego Eduardo Malagón Jiménez.
• Carlos Gustavo Gutiérrez Monroy.
• Rosa Elena Guerrero Soler.
• Pedro Pascacio Martínez Reyes.
• Jeimmy Liliana Fajardo Pedraza.
• Myriam Consuelo Najar Castro.
• Wilson Andrés Santafé Rincón.
• Sandra Milena Vargas Cajicá.
• Gentih Wilches Ruiz.
• Jairo Augusto Hernández Ramírez.
• Clara Cecilia Mojica Fuentes.
• Hermes Arnulfo Pineda Suárez.

25. Asimismo, se decretó como prueba oficiar al Juzgado Primero Penal del Circuito de
Tunja para que allegara con destino al proceso copia de la resolución de nombramiento y
acta de posesión del señor Hermes Arnulfo Pineda Suárez.

26. Finalmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante
consistente en que se ordenara la suspensión de los efectos de la Resolución N.º 023 del
12 de mayo de 2023 como quiera que los mismos afectaron su nombramiento y el acto de
posesión.

27. Lo anterior, por cuanto a criterio del despacho ponente no se acreditó hasta ese
momento procesal una situación de vulneración o indefensión que constituyera un
perjuicio irremediable que ameritara la protección inmediata a partir del decreto de una
medida cautelar.

28. Así, consideró que el tema objeto de debate debía resolverse en la sentencia de la
presenta acción de tutela, una vez se hubieren vinculado a la totalidad de sujetos
procesales que pudieran verse afectados con las resultas de este trámite constitucional.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja

29. Solicitó que se negara el amparo invocado por el accionante, pues la resolución
cuestionada no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama, teniendo en
cuenta que la decisión de traslado se ajustó a la normativa y precedentes
jurisprudenciales sobre la materia, privilegiando el derecho a la salud del señor Pineda
Suárez, frente a los demás aspirantes al traslado.

30. Lo anterior, teniendo en cuenta que de las pruebas recaudadas se demostraba de
manera incontrastable la afectación severa de la salud del señor Pineda Suarez y la
recomendación médica que sugirió el cambio.

31. Adicionalmente consideró que para efectos de la legalidad del acto administrativo
de traslado no procedía la acción constitucional, pues el accionante contaba con otros
mecanismos de defensa judicial, como lo era la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

32. Finalmente solicitó que se declarara la improcedencia y que, si de ser el caso se
examinara de fondo, se procediera a negar el amparo.

1.6.2. Pedro Alfonso Martínez Rodríguez

33. Al ser integrante de la lista de elegibles y ser quien ocupaba el primer lugar, solicitó
que se estudiara su ingreso.

34. Manifestó que el cargo de escribiente no contaba con funciones de sustanciación
por lo que resultaba improcedente exigir títulos de derecho y afines, luego a tratarse de un
cargo que cumple funciones meramente administrativas dentro del aparato judicial, se
requerían estudios afines al mismo, como en su caso, que contaba con conocimiento en
sistemas.

35. Afirmó que un profesional en derecho resultaba excelente para proyectar, ser
secretario, juez o magistrado, pero resultaba subutilizado para realizar cumplimientos,
oficios, subir estados o apoyar audiencias virtuales, actividades que realizaba un
escribiente, lo cual reafirmaba que para ese cargo no se requería ser abogado.

36. Alegó que desde hace dos años se le ha negado la posibilidad de posesionarse
como escribiente por argumentos como que otra persona era profesional en derecho,
siendo que eso no era necesario para ocupar el cargo.

37. Solicitó que se compulsara copias al juez correspondiente para que explicara
porque no estaban publicando las vacantes en la página web de la Rama Judicial para ser
ocupadas de manera provisional por el primero en la lista como lo ordenaba la Corte
Constitucional.

38. Sostuvo que podía pasar que no las publicaban para favorecer a las personas que
se encontraban trabajando en esos cargos de manera provisional.

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1.6.3. Hermes Arnulfo Pineda Suárez

39. Manifestó que el 15 de mayo de 2023 fue notificado de la Resolución N.º 23 del 12
de mayo de 2023 que dejó sin efectos la Resolución N.º 13 del 21 de julio de 2022 y, en
consecuencia, ordenó que se aceptara su traslado por motivos de salud al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Tunja y le designara como escribiente del mencionado
despacho.

40. Afirmó que, a la fecha de contestación de la presente acción de tutela, no había
sido notificado del respectivo nombramiento.

41. En vista de lo anterior, optó por otras opciones de traslado de acuerdo con las
vacantes que se habían presentado y publicado por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Boyacá y Casanare. Así, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja aceptó su
traslado y en efecto ante el término perentorio del que disponía para aceptar el mismo,
procedió a aceptar el nombramiento toda vez que el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Tunja no había obedecido la decisión del tribunal.

42. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, remitió el acta de posesión y la
resolución de nombramiento en donde se aceptó el traslado por motivos de salud y se
nombró en propiedad al señor Hermes Pineda Suarez.

43. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja se limitó en su memorial de
intervención en remitir las direcciones de los terceros con interés vinculados. Por su parte,
los terceros, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

44. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Wiliam García Ariza. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2 Legitimación en la causa

45. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a
quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

46. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el tutelante es el titular de los
derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue la persona respecto de
quien surtió efectos la Resolución N.º 23 del 12 de mayo de 2023 que revocó la
Resolución N.º 13 del 21 de julio de 2022.

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47. Por otro lado, se observa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja se encuentran legitimados en la causa por
pasiva por ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones que en esta
instancia se discuten.

2.3 Cuestión previa

48. Respecto de la intervención realizada por el señor Pedro Alonso Martínez
Rodríguez es menester indicar que la acción de tutela en curso recae de manera
particular en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el señor William
García Ariza, lo cual resulta ser de carácter particular.

49. En ese sentido, si el señor Martínez Rodríguez considera que los supuestos de
hecho y de derecho expuestos en el presente mecanismo afectan sus derechos
fundamentales, podrá acudir de manera directa a los mecanismos judiciales que tiene a
su disposición y que considere pertinentes, para controvertir y buscar la protección de sus
garantías fundamentales.

50. Por otra parte, la sala destaca que, si bien el accionante interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Tunja, el análisis en sede constitucional se realizaría a partir de la Resolución
N.º 23 del 12 de mayo de 2023 proferida por el tribunal, comoquiera que con dicha
decisión se puso fin a la controversia suscitada en torno al nombramiento realizado
mediante la Resolución N.º 13 de 21 de julio de 2022.

2.4 Problema jurídico

51. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, se procederá a determinar si en efecto
se consolidó una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a los principios de la seguridad jurídica y de la buena fe, que ameriten el
ejercicio de una acción constitucional en sacrificio del requisito de subsidiariedad. Se
establece para tales efectos el siguiente problema jurídico:

• ¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en virtud de la expedición de la
Resolución N.º 23 del 12 de mayo de 2023 incurrió en los defectos orgánico y
procedimental absoluto y en ese sentido, vulneró los derechos fundamentales del
accionante?

52. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de
tutela e improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces y (iii)
caso concreto.

2.5 Naturaleza de la acción de tutela

53. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las

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autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de
1991.

54. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.6 Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

55. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que
«Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.8.

56. La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio,
por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente ante
la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta acción
constitucional.

57. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico
para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con
diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la
improcedencia de este mecanismo9.

58. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda
convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional
encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los
derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela
como mecanismo transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»10.

8 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:1.

Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
9Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,

rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-
000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-
2021-04731-00.
10 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.

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Demandante: William García Ariza
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-02905-00

2.7 Caso concreto

59. El señor William García Ariza consideró vulnerados sus derechos fundamentales
con ocasión de la Resolución N.º 23 del 12 de mayo de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja dejó sin efectos la Resolución N.º 13 del 21
de julio de 2022 que lo nombró en el cargo de escribiente del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Tunja, y en su lugar, ordenó nombrar al señor Hermes Arnulfo Pineda Suárez
en el mencionado cargo.

60. Así las cosas, esta Sección considera que el señor William García Ariza cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto que cuestiona y
lograr la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados mediante la
presente acción.

61. Lo anterior, habida cuenta que sus inconformidades se centran en atacar lo
resuelto en el acto administrativo bajo reproche, pues a juicio del actor el mismo estaba
inmerso en defecto orgánico y procedimental absoluto, ambos argumentos que se
enmarcan en causales para alegar la nulidad de actos administrativos.

62. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de
decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de
201111, las cuales representan un medio idóneo y efectivo de protección de los derechos

11«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten

ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias
de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que
se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un
procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el
Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar
a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las
condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un
acto administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de
una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.5. Impartir órdenes o
imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. Parágrafo. Si la medida
cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o
Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión
correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en
atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos
para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento
del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los
mismos».
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fundamentales que puedan resultar afectados con el fin de evitar la consumación o
agravación del daño.

63. Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna improcedente
para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, de lo contrario, esta
herramienta sería utilizada como un instrumento de remplazo de las demás acciones
jurídicas contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción
que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

64. En los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal constitucional, al
indicar que «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir
a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el
legislador a cada jurisdicción[96] (…) »12.

65. Ahora bien, en el caso que nos ataña no se puede perder de vista la intervención
realizada por el señor Hermes Arnulfo Pineda Suarez en la cual manifestó que ya se
encontraba nombrado y posesionado como escribiente en el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Tunja, luego en efecto podríamos estar ante la ocurrencia del decaimiento del
acto administrativo, que supone que el acto no podrá surtir efectos hacía el futuro al
desaparecer sus fundamentos de derecho. Esta situación también podría ser alegada en
una instancia ordinaria en el curso del juicio de legalidad a que haya a lugar.

66. Finalmente, valga aclarar que si bien se ha admitido que la acción de tutela es
procedente en casos en los cuales se encuentra de por medio la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, lo cierto es que el actor no acreditó este hecho.

67. Para la Sala, en el caso concreto no procede de forma transitoria la acción de
tutela, pues no se observa que se esté ante la configuración de un perjuicio irremediable
que afecten de manera directa los derechos fundamentales del actor, pues el hecho que
el proceso ordinario sea más extenso y aunque en gracia de discusión se admitiera que
en efecto representa un mayor desgaste, esto no conlleva a concluir que la decisión
plasmada en la Resolución N.º 23 del 12 de mayo de 2023 es producto de una
arbitrariedad ni que afecta gravemente al actor, quien es funcionario de carrera de la
Rama por lo que cuenta con un salario y prestaciones sociales que le permiten garantizar
una vida digna.

2.8 Conclusión

68. De conformidad con lo reseñado, se considera que no se acreditó el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial distinto a la acción
de tutela al cual el actor puede acudir, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el
que podrá solicitar el decreto de las medidas cautelares en los términos de los artículos
229 y 230 de la Ley 1437 de 2011. Estas representan un medio idóneo para el fin que
persigue, por lo que la acción de tutela impetrada por el señor William García Ariza
deviene en improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

12 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.

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Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de acción de tutela instaurada por el
señor William García Ariza

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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