Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02924-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02924-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02924-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02924-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIANA MARCELA VILLOTA NARVAEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS
PLANTEADOS EN LA ACCION DE TUTELA FUERON DEBATIDOS EN EL
PROCESO JUDICIAL EN EL QUE SE PROFIRIERON LAS
PROVIDENCIAS CUESTIONADAS. SE PRETENDE UTILIZAR LA
ACCIÓN CONSTITUCIONAL COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
PASTO1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02924-00
Actora: DIANA MARCELA VILLOTA NARVAEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora DIANA MARCELA VILLOTA NARVAEZ, actuando en
nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el
TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 25 de septiembre
de 2020 y 1o. de junio de 2022, respectivamente, dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2018-00097-01.
I.2.- Hechos
Indicó que el 30 de marzo de 2005 le otorgaron poder para ejercer
representación judicial de una persona en un proceso penal, quien
inconforme con sus gestiones como profesional del derecho presentó
una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura de Nariño, con
fundamento en la cual se dio apertura a un proceso disciplinario en
su contra.
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Actora: DIANA MARCELA VILLOTA NARVAEZ
Señaló que mediante fallo de 23 de agosto de 2013, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño – Sala Jurisdiccional Disciplinaria
la declaró responsable de la comisión de la falta disciplinaria
establecida en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 20073
y le impuso una sanción de suspensión del ejercicio de la profesión
por dos (2) meses, la cual fue registrada en su hoja de vida.
Mencionó que recurrió la anterior decisión ante la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura que, mediante fallo de 23 de
abril de 2014, confirmó lo decidido por el a quo.
Sostuvo que contra las referidas providencias judiciales proferidas
dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, el 20 de
junio de 2014 instauró una acción de tutela, la cual le correspondió
en primera instancia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura de Nariño que en sentencia4 proferida por
conjueces declaró la improcedencia del mencionado mecanismo de
protección constitucional.
Adujo que luego de impugnar el citado fallo, en segunda instancia, la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, revocó la
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“Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.
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En los hechos no especifica la fecha de la sentencia.
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decisión del a quo y, en su lugar, dejó sin efecto las dos sentencias
proferidas dentro del proceso disciplinario, pues reconoció la
configuración de la prescripción de la acción.
Manifestó que, en sentencia de reemplazo de 22 de abril de 2015, el
Consejo Superior de la Judicatura acató el fallo de tutela y, en
consecuencia, declaró la extinción de la acción disciplinaria por
prescripción, decisión que posteriormente fue modificada mediante
providencia de 20 de abril de 2016, en el sentido de ordenar “la
terminación y archivo de la acción disciplinaria”.
Sostuvo que “a pesar de la revocación y expulsión de las sentencias
disciplinarias de la vida jurídica”, la sanción que le impusieron ya se
había materializado, razón por la cual promovió una demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación
• Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
los perjuicios causados durante la suspensión del ejercicio de la
profesión que tuvo que padecer, proceso radicado bajo el número
único de radicación 2018-00097.
Indicó que el proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Pasto que, mediante sentencia
de 25 de septiembre de 2020, denegó las súplicas de la demanda al
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estimar que “[…] no se logró demostrar la existencia de un daño
antijurídico sufrido por la demandante, ni la falla en el servicio de la
administración de justicia […]”.
Adujo que inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de
1o. de junio de 2022, confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que las decisiones proferidas por el JUZGADO y el
TRIBUNAL en el proceso de reparación directa objeto de
controversia, incurrieron en “violación directa de la Constitución”,
pues, a su juicio:
“[...] En el caso en concreto se evidencia que, tanto el Juzgado
Noveno Administrativo de Pasto, como el Tribunal de Nariño le dan
a su postura tal alcance, con base en el principio de autonomía e
independencia de los jueces, que se dejó de considerar principios
iusfundamentales como lo son la cosa Juzgada, la seguridad
jurídica y el Estado de Derecho, siendo estos pilares fundamentales
del ordenamiento jurídico (Art. 29 C. Pol.).
Cabe destacar que en el proceso administrativo no se puso a
consideración de los jueces, como tema de decisión, la prescripción
de la sanción disciplinaria, sino que ellos mismos adoptaron una
postura sobre el tema, existiendo decisión ejecutoriada sobre el
asunto y cambiando por completo la realidad que ya se había
adoptado, afectando la seguridad jurídica del mismo y cercenando
por completo mis derechos. Por tanto, las autoridades judiciales,
en sus fallos vulneraron mis derechos fundamentales y no tuvieron
en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución […]”
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y los principios de la seguridad jurídica, cosa
juzgada, el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Pasto, del día 25 de
septiembre de 2020, Así como también, dejar sin efectos la
sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO proferida
el día 1 de junio de 2022.
3. ORDENAR al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
de Pasto, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contados a partir de la notificación de la respectiva sentencia,
profiera sentencia de fondo con base en las pruebas obrantes en
el expediente y de manera especial se tenga en cuenta el fallo
de tutela que decide revocar la sanción, como prueba de la
antijuricidad del daño, sin transgredir la competencia funcional
que legalmente le ha sido asignada, es decir, enfocándose en el
tema de la responsabilidad y no la prescripción de la sanción.
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la sentencia de 1o. de junio de
2022, se profirió respetando las garantías procesales de las partes y
salvaguardando la seguridad y orden jurídico.
Adujo que jurídicamente no es posible que, por vía de tutela, la
accionante pretenda deducir consecuencias favorables de las
falencias que adolecía su demanda y de la imposibilidad de demostrar
en el proceso contencioso administrativo la existencia de una falla
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del servicio de la administración judicial.
Sostuvo que de la lectura de las providencias controvertidas y
especialmente de los documentos que conforman el expediente
contencioso administrativo se concluye con claridad la inexistencia
de vulneración alguna del ordenamiento jurídico.
I.5.4.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente contentivo del
medio de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2018-00097-00 objeto de tutela, sin realizar
pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.6.- Intervenciones
I.6.1.- La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL advirtió que no es la competente
para atender las pretensiones de la parte que promueve la presente
acción constitucional, ya que por jurisdicción y competencia
territorial le corresponde a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO, razón por la cual
solicita que se le desvincule del presente trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
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I.6.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO señaló que la actora
contaba con otros medios legales para ejercer su derecho de defensa,
los cuales no usó en su momento por inobservancia o incuria, por lo
que sus pretensiones en esta acción constitucional no están llamadas
a prosperar.
Adujo que la actora pretende promover una nueva instancia judicial
en un proceso debidamente decidido.
Agregó que no se evidencia que las decisiones judiciales objeto de
tutela hayan contrariado los derechos fundamentales invocados por
la actora; todo lo contrario, las sentencias proferidas por el
JUZGADO y el TRIBUNAL son legales y jurisprudencialmente
correctas.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
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regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL solicitó su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Comoquiera que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL fue parte
demandada dentro del medio de reparación directa identificado con
el número único de radicación 2018-00097-00, objeto de
cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas del
proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
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tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto
las providencias de 25 de septiembre de 2020 y 1o. de junio
de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2018-00097-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, habida cuenta que, a juicio de la actora, las autoridades
judiciales accionadas adoptaron una postura sobre la prescripción de
la sanción disciplinaria sin tener en cuenta el fallo ejecutoriado
proferido en sede tutela sobre el asunto, cambiando por completo lo
que allí se había decidido.
Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 25 de septiembre de 2020,
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proferida por el JUZGADO, como la dictada por el TRIBUNAL el 1o.
de junio de 2022, la Sala realizará únicamente el análisis de este
último fallo, toda vez que fue el que puso fin al proceso.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
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constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, revisado el expediente contentivo del proceso
contencioso administrativo en el que se profirieron las decisiones
objeto de controversia, la Sala advierte que el argumento que
sustenta la solicitud de amparo constitucional fue debidamente
debatido en aquel, por lo que es evidente la carencia del requisito
general de relevancia constitucional, pues lo que se pretende es
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promover una tercera instancia ordinaria.
En efecto, como se indicó en los antecedentes expuestos en
precedencia, la actora sustenta la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales en los siguientes apartes:
“[…] En el caso en concreto se evidencia que, tanto el Juzgado
Noveno Administrativo de Pasto, como el Tribunal de Nariño le
dan a su postura tal alcance, con base en el principio de
autonomía e independencia de los jueces, que se dejó de
considerar principios iusfundamentales como lo son la cosa
Juzgada, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, siendo
estos pilares fundamentales del ordenamiento jurídico (Art. 29 C.
Pol.).
Cabe destacar que en el proceso administrativo no se puso a
consideración de los jueces, como tema de decisión, la
prescripción de la sanción disciplinaria, sino que ellos mismos
adoptaron una postura sobre el tema, existiendo decisión
ejecutoriada sobre el asunto y cambiando por completo la realidad
que ya se había adoptado, afectando la seguridad jurídica del
mismo y cercenando por completo mis derechos. Por tanto, las
autoridades judiciales, en sus fallos vulneraron mis derechos
fundamentales y no tuvieron en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución […]”.
Si bien se advierte una insuficiencia argumentativa en los párrafos
transcritos en precedencia, de los mismos se puede inferir un
desacuerdo de la actora con el manejo o interpretación que hicieron
los despachos judiciales accionados frente al tema de la prescripción
de la sanción disciplinaria y de lo decidido sobre el mismo en sede de
tutela, debate que ya se había surtido en el propio proceso
contencioso, como se evidencia del recurso de apelación que ésta
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interpuso en su momento contra la sentencia de primera instancia
proferida por el JUZGADO, en el que manifestó lo siguiente:
“[…] Como puede observarse en el expediente, los fallos de
primera y segunda instancia fueron proferidos respectivamente
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y el Consejo
Superior de la Judicatura, y finalmente fueron revocados en sede
de Tutela por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura -Sala de Conjueces. En ese contexto,
las decisiones adoptadas en el proceso disciplinario que se
adelantó en contra de mi mandante fueron examinadas por los
jueces competentes en materia disciplinaria, pues uno de los
sentidos que enmarca la competencia asignada a los falladores
judiciales, es que, de acuerdo a los conocimientos específicos en
el área, se examinen los asuntos; mal se haría si se acepta que
un juez laboral conozca de fondo asuntos penales o que uno de
administrativo analice de fondo asuntos de índole disciplinaria,
como ocurre en el sub lite.
Aunado a lo anterior, se está desconociendo que existe el fallo
de tutela emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura - Sala de Conjueces que
revocó sentencias judiciales, porque encontró que las
actuaciones de hecho eran imputables a los funcionarios caso en
el cual se considera que no se está en presencia de un acto
judicial sino de un acto de poder. Ahora bien, el mencionado fallo
se encuentra en firme y debidamente ejecutoriado; razón por la
cual, con sano criterio considero que el análisis sobre la
culpabilidad y la prescripción se encuentran más que superados
a la luz del principio de cosa juzgada y seguridad jurídica. […]”.
Frente a este particular, en la sentencia cuestionada el TRIBUNAL
hizo énfasis en cuanto a que la prescripción no se alegó en sede
disciplinaria, así:
“[…] En este punto se hace necesario indicar que, si bien
mediante sentencia de tutela se dejó sin efectos la sanción que
se impuso contra la demandante, que se fundamentó en una
interpretación contraria a aquella que definió el criterio del
juzgador del proceso disciplinario respecto de la aplicación del
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fenómeno de la prescripción, ello no implica, per se, que exista
una falla en el servicio o un error judicial, pues en atención al
principio de libre interpretación, autonomía e independencia de
los jueces, las normas vigentes y las circunstancias que dieron
lugar al proceso disciplinario, no necesariamente debían generar
una interpretación unívoca en todas las Corporaciones, pues se
podían interpretar de forma diferente, siempre que en la decisión
no se vislumbrara la existencia de una arbitrariedad ostensible
y relevante.
Esa facultad interpretativa tiene origen en nuestro sistema
constitucional, pues los artículos 228 y 230 de la Carta
consagran la autonomía e independencia judicial como una
garantía institucional que se debe preservar para articular
correctamente el principio de separación de poderes, máxime si
se tiene en cuenta que, tratándose de circunstancias fácticas que
dan lugar a presupuestos jurídicos discutibles, como se observa
del análisis precedente en relación con la aplicación del
fenómeno de la prescripción, orientan la existencia de un
margen de apreciación del juzgador, que no puede calificarse
como arbitrario e injustificado.
Al respecto cabe recordar que, tal como lo ha indicado el H.
Consejo de Estado en diversos pronunciamientos “el proceso
judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso
administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación de
constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del
cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error
jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la
acción de reparación directa tiene como presupuesto la
intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia
judicial a la cual se le endilga la producción del daño
antijurídico.”15
A la luz de estos discernimientos, concluye la Sala que la entidad
accionada, a través de sus agentes investidos de la jurisdicción
disciplinaria, en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial, aplicaron criterios que consideraron
adecuados para emitir sentencia sancionatoria en relación con la
actuación disciplinaria, sobre todo porque en el decurso procesal
no se alegó la existencia de una prescripción de la acción
disciplinaria, figura que sólo se puso de presente en sede de
tutela y con base en un salvamento de voto, lo cual no implica
que se pueda predicar que la autoridad que tramitó y decidió el
proceso al que se refiere esta sentencia incurriera en un evidente
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P: José
Roberto Sáchica Méndez. Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00135-01(48423).
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error de hecho o de derecho y, por ende, en una decisión
abiertamente arbitraria.
Es decir, tal y como se argumentó en la sentencia objeto del
recurso que originó el presente pronunciamiento, si bien el daño
resultó cierto para la demandante, eso no implica que el mismo
sea antijurídico, puesto que sin perjuicio de que la sanción se
revocara, ella se fundamentó en la competencia del juzgador
disciplinario para conocer de una conducta que, en su criterio,
se hacía merecedora de la sanción por sus características y por
su extensión temporal, sobre todo, se reitera, porque el
fenómeno de la prescripción nunca se alegó en sede disciplinaria.
Como consecuencia de ello, resalta la Sala con fundamento en
la jurisprudencia, el yerro que tiene la virtualidad de
comprometer la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional debe ser de tal magnitud, que no se justifique su
existencia, lo que exime de tal la existencia de criterios disímiles
que, ante la ausencia de posiciones unificadas y por las
características del Derecho, puedan derivar en una
interpretación diferente de fenómenos como, para este caso, el
de la prescripción de la acción disciplinaria.
Por estas razones, la Sala encuentra que los argumentos que
propuso el apoderado de la parte demandante en su recurso de
apelación, no poseen vocación de prosperidad. […]”
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala reitera que la acción de tutela
de la referencia es improcedente por falta del requisito general
de la relevancia constitucional, porque a través de ésta la actora
lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso
ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la autoridad
accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o
desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.
Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes
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acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de
verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en
reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de
la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
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fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carecer del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la NACIÓN -
RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CEDE CENTRAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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