Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02926-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02926-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02926-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de noviembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02926-00
y 11001-03-15-000-2023-03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02926-00 y 11001-03-15-000-2023-
03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR, PAULA ROSA MORA DE
ROZO, FAUSTO RENGIFO MEDINA, NORAYA RENGIFO
LARGACHA, CARINA RENGIFO LARGACHA, OLMEDO
RENGIFO LARGACHA, DIEGA VALENTINA LARGACHA
GAMBOA, WILLIAM OROBIO ESPINOSA, MAIRY YULISSA
RIASCOS ANGULO, MARTINA DÁVILA CAICEDO, NELSON
HERNÁNDEZ CAICEDO, MARÍA NASLIN MURILLO CAICEDO,
JASMITH MURILLO DÁVILA, ELVIA INÉS MURILLO DÁVILA,
MARIA GEDMA ROMERO SANDOVAL Y MONICA ANDREA
PIÑEROS ROMERO, QUIEN OBRA EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE MIGUEL ANDRES PIÑEROS
ROMERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL Y MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
Temas: Tutela contra autoridades administrativas y judicial. Medio de control
de reparación directa por muerte de familiares en combate entre
fuerzas militares y grupo insurgente. Defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Manuel María Rozo Tovar, Paula Rosa Mora de Rozo,
Fausto Rengifo Medina, Noraya Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha,
Olmedo Rengifo Largacha, Diega Valentina Largacha Gamboa, William Orobio
Espinosa, Mairy Yulissa Riascos Angulo, Martina Dávila Caicedo, Nelson
Hernández Caicedo, María Naslin Murillo Caicedo, Jasmith Murillo Dávila y Elvia
Inés Murillo Dávila, quienes actúan por conducto de apoderada judicial, y María
Gedma Romero Sandoval1, quien aduce obrar en nombre propio y en
representación de su hijo fallecido Miguel Andrés Piñeros Romero, y Mónica
Andrea Piñeros Romero2, contra el Tribunal Administrativo del Meta, y los
Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, en la que piden
el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente,
por las acciones y omisiones de las demandadas que no les ha permitido obtener
el pago de la condena por perjuicios que obtuvieron en el proceso de reparación
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Indica que es cónyuge del abogado fallecido Miguel Piñeros Rey y madre del también fallecido Miguel
Andrés Piñeros Romero.
2
Expresa que obra en nombre propio, como hija del abogado fallecido Miguel Piñeros Rey.
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Radicación:11001-03-15-000-2023-02926-00 y
11001-03-15-000-2023-03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
directa con radicado No. 50001232100019990039500, el cual promovieron contra
el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con
ocasión de la muerte de sus familiares en desarrollo de un combate de las fuerzas
militares durante un ataque insurgente.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. Expediente 2023-02926-003
Los accionantes manifestaron que desde el año 1999 iniciaron procesos de
reparación directa, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios
causados con ocasión de la muerte de sus familiares Jahidit Prías Cediel, Juan
José Rozo Prías, José Alberto Vergara Moreno, Alba María Largacha Gamboa y
Wilker Murillo Dávila, y las lesiones padecidas por Angélica Ladino Ceballos, en
hechos ocurridos entre el 9 y el 11 de julio de 1999, en el municipio de Puerto
Lleras (Meta), como consecuencia del enfrentamiento sostenido entre la Fuerza
Pública y las FARC-EP, los cuales eran imputables al Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Afirmaron que los procesos iniciados entre los años 1999 y 2001, fueron
acumulados en la causa con radicado No. 1999-00395-00, y que obtuvieron
sentencia favorable para las víctimas el 29 de abril de 2015, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que condenó al
Ministerio de Defensa Nacional al pago de los perjuicios solicitados para cada uno
de los demandantes. El fallo quedó ejecutoriado el 22 de mayo de 2015.
Sostuvieron que el 16 de junio de 2015 radicaron cuenta de cobro ante el
Ministerio de Defensa Nacional, para el pago de las indemnizaciones ordenadas
en la sentencia, a la cual le correspondió el turno No. 5105-2015.
Indicaron que con el objetivo de pagar lo ordenado, el 24 de febrero de 2022, la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional profirió la
Resolución Nº 0794, en cumplimiento del fallo de segunda instancia proferido por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Señalaron que el citado ministerio “no obstante que mis representados allegaron
certificaciones bancarias de sus cuentas de ahorros para el depósito o
consignación de las indemnizaciones ordenadas en la citada sentencia; la oficina
responsable de la cancelación de las providencias ignoró la existencia de las
certificaciones y en lugar de eso, dispuso el depósito judicial de los dineros de la
indemnización del Proceso No. 50001233100019990039500, en (32) títulos
judiciales en el Banco Agrario de Colombia S.A, por la suma total de SEIS MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE.
($6.168.279.919,26), a nombre del Tribunal Administrativo del Meta”.
Refirieron que una vez tuvieron conocimiento del pago de la sentencia en títulos
judiciales, procedieron a radicar la solicitud de entrega de títulos ante el Tribunal
Administrativo del Meta, quien declaró que por tratarse de un trámite
administrativo relacionado con el pago de sentencias carecía de competencia, y le
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Demandantes: Manuel María Rozo Tovar, Paula Rosa Mora de Rozo, Fausto Rengifo Medina, Noraya
Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha, Olmedo Rengifo Largacha, Diega Valentina Largacha Gamboa,
William Orobio Espinosa, Mairy Yulissa Riascos Angulo, Martina Dávila Caicedo, Nelson Hernández Caicedo,
María Naslin Murillo Caicedo, Jasmith Murillo Dávila y Elvia Inés Murillo Dávila.
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Radicación:11001-03-15-000-2023-02926-00 y
11001-03-15-000-2023-03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
correspondía directamente a la entidad condenada, en este caso al Ministerio de
Defensa Nacional. Por lo anterior, ordenó la devolución de los 32 títulos de
depósito judicial al Ministerio de Defensa Nacional, impartiendo órdenes al efecto
a la secretaría del tribunal, orden que a la fecha de presentación de la tutela no se
había cumplido.
Finalmente, adujeron que llevan más de dos décadas esperando la indemnización
de los perjuicios soportados, sin que a la fecha sus pretensiones hayan sido
cumplidas, a pesar de que existe una condena ordenada hace más de siete años
por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
1.2. Expediente 2023-03103-004
María Gedma Romero Sandoval, quien aduce obrar en nombre propio y en
representación de su hijo fallecido, Miguel Andrés Piñeros Romero, y Mónica
Andrea Piñeros Romero, accionantes en ese expediente, presentaron como
fundamento fáctico de la solicitud, hechos que coinciden con los descritos en el
expediente de tutela 2023-2926-00, con la clarificación de que su legitimación en
el caso proviene no por el hecho de ser familiares de las víctimas de los eventos
que originaron el proceso de reparación directa, sino por ser cónyuge y heredera
del abogado Miguel Piñeros Rey (QEPD), respectivamente, con quien los
accionantes del proceso de reparación directa con radicado No. 1999-00395-00
suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales en el que se
pactó un porcentaje de cuota litis del 35%.
Indicaron que cada uno de los poderdantes suscribió con el señor Piñeros Rey un
contrato con cuota litis del 35%, sobre el capital e intereses que girara la entidad
condenada en caso de conciliación o sentencia favorable, por lo que, una vez se
obtuvo el fallo de segunda instancia de 29 de abril de 2015, el 16 de junio de 2015,
el abogado radicó cuenta de cobro ante el Ministerio de Defensa Nacional para el
pago de las indemnizaciones ordenadas en la providencia. No obstante, el señor
Piñeros falleció el 18 de noviembre de 2020, previo a que se verificara el pago.
Sostuvieron que iniciaron sucesión ante la Notaría Tercera del Círculo de
Villavicencio, la cual finalizó el 1° de junio de junio de 2022. con la expedición de la
Escritura Pública N° 3579, en la que les fueron adjudicados los derechos litigiosos
del abogado Miguel Piñeros Rey, concernientes a los porcentajes pactados en
cada contrato de honorarios “inciso tercero de cada partida, desde la partida
décima A hasta la partida décima F”. Agregaron que el 8 de junio de 2022, por
medio de correo electrónico, allegaron al despacho del Tribunal Administrativo del
Meta la escritura de sucesión del causante.
Refirieron que el 27 de julio de 2022, la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Meta certificó que a esa fecha se encontraban constituidos 32 títulos de depósito
judicial bajo el radicado No. 50001233100019990039501, por valor de
$6.043.274.394,26, en la cuenta judicial No. (…) de la Presidencia del Tribunal
Administrativo del Meta. Sin embargo, por auto de 14 de septiembre de 2022, el
tribunal se abstuvo de efectuar el pago de los títulos judiciales y, en su lugar,
resolvió devolverlos al Ministerio de Defensa Nacional, tras declarar su falta de
competencia “por corresponder a un trámite administrativo que debe efectuar
directamente la entidad condenada”.
Agregaron que, por auto de 2 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Meta, frente a la solicitud de pago de la sentencia en favor de los beneficiarios de
la condena, incluidos los honorarios del abogado Miguel Piñeros Rey, dispuso
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Demandante: María Gedma Romero Sandoval y Mónica Andrea Piñeros Romero, quienes actúan en nombre
propio y en representación de Miguel Andrés Piñeros Romero.
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
estarse a lo resuelto en auto del 14 de septiembre de 2022, por lo que el 9 de
mayo de 2023 radicaron memorial solicitando la fracción de título judicial sin que a
la fecha se haya realizado.
2. Fundamentos de las acciones de tutela
2.1. Expediente 2023-02926-00
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados, supuestamente, por las
acciones y omisiones de las autoridades demandadas, que no les han permitido
obtener el pago de la condena por perjuicios originados en el proceso de
reparación directa con radicado No. 50001232100019990039500, el cual
promovieron contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y el
Ejército Nacional, con ocasión de la muerte de sus familiares por un combate entre
la Fuerza Pública y un grupo insurgente.
En primer lugar, hicieron referencia al desarrollo jurisprudencial sobre el acceso a
la administración de justicia, de donde resaltaron que el cumplimiento de las
decisiones judiciales es un elemento constitutivo de ese derecho y de la tutela
judicial efectiva, el cual no se agota en la posibilidad que tienen los ciudadanos de
acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, sino que su
materialización implica que el mismo sea resuelto y que, si hay lugar a ello, se
cumpla de manera efectiva lo ordenado en sede judicial.
De otra parte, indicaron que antes que ver respondidas y atendidas materialmente
sus súplicas, ven burlado su derecho de acceso a la administración de justicia a la
que acudieron desde 1999, “pues transcurrido todo ese periodo, al día de hoy, con
sentencia ejecutoriada, orden de pago y depósitos judiciales para el pago de la
condena que en buena hora el Consejo de Estado profirió, la Magistrada Claudia
Alonso, dejó de lado que las sentencias, en este caso la proferida en el radicado
50001-23-31-000-1999-00395-01, deben cumplirse, que las órdenes judiciales
ejecutoriadas deben ser acatadas por los obligados a su cumplimiento,
indistintamente de si se acude a la ejecución por vía de demanda ejecutiva o no, y
que debe remover los obstáculos acudiendo a aquel que privilegie la eficacia de la
sentencia, su cumplimiento, para lo cual le es suficiente admitir que los títulos de
depósitos judiciales es cumplimiento de la sentencia ejecutoriada del radicado
50001- 23-31-000-1999-00395-01”.
Sostuvieron que, el tribunal accionado desatendió que las sentencias pueden
cumplirse coactivamente (ejecución judicial) o voluntariamente (cumplimiento
administrativo) y, en su lugar, no obstante conocer que se adelantó un proceso
ordinario que terminó en sentencia ejecutoriada y que no existe proceso de
ejecución, declaró que carecía de competencia para entregar el dinero o los
depósitos representativos de los dineros de la condena a los beneficiarios de la
indemnización o a sus herederos, lo que “afecta el derecho de acceso a la
administración de justicia porque dilata la efectividad de la condena con las
decisiones de devolución de los dineros al fisco nacional, en el que habrá de
incorporar el recurso en el presupuesto de la actual vigencia, con el consabido
trámite demorado de dicha actuación, impactando con ello la eficacia en el
cumplimiento de la orden judicial impartida en la sentencia del radicado 50001-23-
31-000-1999-00395-01”.
Afirmaron que resulta inentendible que, conocido por el Tribunal Administrativo del
Meta que la sentencia se encuentra ejecutoriada, en firme y con efecto de fuerza
juzgada, no proceda a entregar los títulos con los que se cumple la orden judicial,
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
aduciendo que los depósitos judiciales no responden a un proceso ejecutivo u otro
que sea de conocimiento de esa corporación, máxime cuando el artículo 305 de la
Ley 1564 de 2012 establece que “podrá exigirse la ejecución de las providencias
una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de
obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso”.
Finalmente, expresaron que, si bien los títulos de depósitos judiciales no se
predican como adscritos a proceso ejecutivo alguno, no es menos cierto que
tienen origen en el cumplimiento de la condena a cargo del Ministerio de Defensa
Nacional proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” el Consejo de Estado
en el radicado 1999-00395-01, el cual se tramitó ante el Tribunal Administrativo del
Meta, por lo que la manifestación de falta de competencia de la magistrada de
conocimiento desatiende el carácter obligatorio de la sentencia afectando el
derecho de acceso a la administración de justicia que, “no se agota en la
posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las
autoridades judiciales, sino que su materialización implica que el mismo sea
resuelto y que, si hay lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por
el operador jurídico”.
Manifestaron que la decisión de devolver el dinero al Ministerio de Defensa
Nacional, directamente o a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “y
la decisión de estos de recibir o aceptar la devolución de los dineros afrenta el
derecho de igualdad a obtener el pago de las condenas que tiene todos los
beneficiados con decisiones judiciales ejecutoriadas”.
2.2. Expediente 2023-03103-00
Las accionantes en ese expediente consideran que, los autos de 14 de septiembre
de 2022 y 2 de febrero de 2023, mediante los cuales el Tribunal Administrativo del
Meta decidió no dar trámite a la solicitud de fraccionamiento y entrega del título de
depósito judicial constituido a favor de los herederos del abogado Miguel Piñeros
Rey, incurren en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al no
considerar lo ordenado en la Resolución No. 0794 del 24 de febrero de 2022, “la
cual determinó en su parte resolutiva la forma de pago de la condena, con la
liquidación y el respectivo porcentaje para cada beneficiario”, y agregaron que
dicha determinación no tiene en cuenta las implicaciones administrativas de la
orden de devolución, la cual puede extender el pago en el tiempo indefinidamente.
Adujeron que la solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedencia, por
cuanto, i) el asunto es de relevancia constitucional en tanto se evidencia la
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, pues en el caso
no se ha obtenido una resolución pronta y eficaz por un excesivo apego a las
normas, ii) se agotaron los recursos en el proceso de reparación directa 1999-
00395-01, y la resolución expedida por el Ministerio de Defensa Nacional no es
susceptible de recursos, iii) la última providencia emanada del tribunal accionado
sobre el tema es el auto de 2 de febrero de 2023, en el que frente a la solicitud de
pago de la sentencia se dispuso estarse a lo resuelto en el auto de 14 de
septiembre de 2022, y iv) se identificaron claramente los hechos que sustentan la
acción de tutela.
Sostuvieron que el tribunal omitió analizar si era necesaria la devolución de los
títulos judiciales y así evitar la vulneración de derechos fundamentales, y que el no
cumplimiento efectivo de la Resolución No. 0794 de 24 de febrero de 2022,
mediante la cual el Ministerio de Defensa Nacional acata la sentencia
condenatoria proferida hace más de 7 años, evidencia que se trata de una
decisión no ajustada a la realidad sustancial, “ya que resulta contrario que sea el
mismo juez de lo contencioso administrativo el que ahora imponga cargas
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
adicionales y se abstenga de pronunciarse frente a derechos ya reconocidos, de lo
cual insisto que incluso la Resolución ya contenía la liquidación de los conceptos
reconocidos, el porcentaje para cada beneficiario y el reconocimiento de la labor
realizada por el abogado Miguel Piñeros”.
Refirieron que, a la fecha los títulos valores continúan en la cuenta del Tribunal
Administrativo del Meta, afectando tanto los derechos de las víctimas como los
que les corresponden en calidad de herederas del abogado Miguel Piñeros Rey.
3. Pretensiones
En los escritos de tutela se formulan las siguientes:
3.1. Expediente 2023-02926-00
“Que se tutelen los derecho[s] de acceso a la administración de justicia, debido proceso
y derecho de igualdad que mis representado[s] estiman violentado[s] por las
autoridades públicas mencionadas, ordenando a las accionadas abstenerse de
devolver los dineros al tesoro nacional y en su lugar, entregar los títulos de depósito
judicial que corresponde a cada uno de mis prohijados en su calidad de beneficiario
directo de la condena o indirecto en calidad de heredero de beneficiario de la condena
fallecido previa acreditación de la calidad de heredero, y que responden a los
números 445010000592088, 445010000592094, 445010000592095, 45010000592096,
445010000592097, 445010000592099, 445010000592100, 445010000592101,
445010000592104, 445010000592105, 445010000592107, 445010000592109,
445010000592110, 445010000592111, 445010000592112, 445010000592113,
445010000592114 y 445010000592115, a fin de que éstos obtenga[n] el pago de los
dineros correspondientes a la condena por perjuicios, que con ocasión a la muerte de
sus familiares, fue condenado el Estado, hace aproximadamente 8 años en el radicado
50001232100019990039500 que se siguió contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional – Ejército Nacional -Fuerza Aérea Nacional, y fueron
ordenadas pagar en el acto administrativo de liquidación de la sentencia, Resolución
No. 0794 de 24 de febrero de 2022 expedido por el Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección de Asuntos Legal”.
3.2. Expediente 2023-03103-00
PRIMERO: TUTELAR, el derecho fundamental al debido proceso artículo 29 de la
Constitución Política, de acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Despacho del H.
Magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez del Tribunal Administrativo del Meta, que
conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 0794 del 24 de febrero de 2022, y
conforme a los 32 títulos de depósito judicial bajo radicado
50001233100019990039500, por valor de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE. ($6.168’279.919,26), consignados por
el Ministerio de Defensa Nacional en la cuenta judicial (…) de la Presidencia del
Tribunal Administrativo del Meta, se proceda a su FRACCIÓN y ENTREGA con el fin
de asignar el monto correspondiente a los suscritos accionantes en calidad de cónyuge
y herederos de Miguel Piñeros Rey (Q.P.D).
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se proceda a que por Secretaría del
Tribunal Administrativo del Meta, se realice la entrega a los aquí accionante y/o
apoderado judicial a efectos de que se adelante el cobro del respectivo del título judicial
ante el Banco Agrario de Colombia S.A.
CUARTO: Como pretensión subsidiaria, y en el evento de que a la fecha los títulos
judiciales se encuentren a Disposición del Ministerio de Defensa Nacional, se le ordene
a esa cartera ministerial que proceda directamente a realizar la entrega directamente a
los aquí accionantes.
QUINTO: De igual forma solicito al Juez de Tutela ordenar todo lo que el despacho
considere pertinente para garantizar el restablecimiento de los derechos al debido
proceso, en procura de una pronta y eficaz administración de justicia de los aquí
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
accionantes MARIA GEDMA ROMERO SANDOVAL, MIGUEL ANDRES PIÑEROS
ROMERO, y MONICA ANDREA PÍÑEROS ROMERO”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del medio de control de reparación directa con radicado Nº
1999-00395-01, actor: Manuel María Rozo y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de junio de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda presentada en el marco del expediente de tutela 2023-02926-
00, y ordenó notificar a los accionantes y a las autoridades accionadas.
Igualmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercera
interesada en el resultado del proceso.
En dicha providencia no se accedió a la solicitud de medida provisional
consistente en ordenar al Tribunal Administrativo del Meta detener el proceso de
envío de los títulos de depósito judicial proferidos en el caso al Ministerio de
Defensa Nacional, en tanto no encontró acreditada la necesidad, gravedad y
urgencia de la adopción de la cautela solicitada, ya que no se observó de manera
preliminar un riesgo inminente de afectación a los derechos fundamentales
invocados por la parte demandante que ameritara la intervención necesaria y
urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 55613 a 55618,
todos de 13 de junio de 2023, con el fin de notificar a las partes5.
De otra parte, en el expediente de tutela 2023-03103-00, mediante auto de 15 de
junio de 2023 el despacho del consejero Luis Alberto Álvarez Parra admitió la
demanda y ordenó notificar a los accionantes y al tribunal accionado. Igualmente,
al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, como autoridad que
conoció en segunda instancia el proceso de reparación directa, y a los demás
demandantes en dicho proceso y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesada en el resultado del proceso.
Estando el proceso para proferir sentencia de primera instancia, se puso en
conocimiento de ese despacho, la providencia de 31 de julio de 2023 proferida por
la magistrada sustanciadora del expediente N° 2023-02926-00, en la cual solicitó
el expediente con el fin de estudiar si procedía la acumulación de los procesos,
Por auto de 4 de agosto de 2023, el mencionado despacho ordenó la remisión del
expediente para tal efecto.
Mediante auto de 24 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora, luego de evidenciar que los procesos cumplían los presupuestos
para la acumulación, en tanto que i) corresponden a acciones de tutela
susceptibles de ser tramitadas en primera instancia, ii) las pretensiones son
conexas ya que solicitan la entrega de los 32 títulos de depósito judicial bajo
radicado 50001-23-31-000-1999-00395-00, por valor de $6.168’279.919,26,
consignados por el Ministerio de Defensa Nacional en la cuenta judicial No. (…) de
la Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta y, iii) las solicitudes de amparo
5
La notificación se envió a los correos: tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
monik241547@hotmail.com; inesmuri26@hotmail.com; maryijohana.novoa123@gmail.com;
wiliam14474@gmail.com; olmedo763@hotmail.com; diegavlargachag@gmail.com
faustorengifo1@hotmail.com, karela777@hotmail.com tadmin04met@notificacionesrj.gov.co;
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminmet@notificacionesrj.gov.coNotificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co,
tutelasmhcp@minhacienda.gov.co
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Radicación:11001-03-15-000-2023-02926-00 y
11001-03-15-000-2023-03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
constitucional se dirigen contra la misma autoridad judicial, esto es, el Tribunal
Administrativo del Meta, ordenó su acumulación para que se resolvieran en una
sola decisión6.
Esta decisión se notificó a las partes y a los interesados mediante oficios 89026 a
89033 de 29 de agosto de 2023.
El expediente ingresó al despacho para fallo el 5 de septiembre de 2023 y, con
posterioridad, i) el 19 de septiembre de 2023, la apoderada de los accionantes en
el expediente 2023-02926-00 allegó memorial solicitando la revisión de la
acumulación de los expedientes, ii) el 25 de septiembre la apoderada de los
accionantes en el expediente 2023-03103-00 allegó memorial en el que se opuso
a la revisión solicitada, y iii) el 20 de octubre de 2023 el despacho 005 del Tribunal
Administrativo del Meta allegó memorial en el que informó que la Directora de
Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional indicó el número de cuenta bancaria
para el reintegro de recursos a favor de esa cartera ministerial.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta
La titular del despacho que profirió los autos de 14 de septiembre de 2022 y 2 de
febrero de 2023, rindió informe en ambos expedientes, y solicitó denegar las
pretensiones de las demandas, por cuanto en la primera decisión se tuvieron en
cuenta los artículos 65 de la Ley 179 de 1994 y 45 del Decreto 111 de 1996, los
cuales son claros en señalar que, únicamente se podrá realizar la constitución de
depósitos judiciales para el pago de condenas a órdenes del despacho judicial
respectivo, si transcurridos 20 días siguientes a la notificación del acto
administrativo que ordena el pago de los créditos judicialmente reconocidos, el
interesado no efectuó el cobro, lo que se formaliza mediante la solicitud de pago o
lo que también se conoce como cuenta de cobro.
Afirmó que en el proceso objeto de debate, esas disposiciones no fueron tenidas
en cuenta por el Ministerio de Defensa Nacional, pues en las diferentes solicitudes
presentadas por los beneficiarios para la entrega de los depósitos judiciales se
señaló que la cuenta de cobro fue radicada desde el 16 de junio de 2015, es decir,
con antelación al acto administrativo que daba cumplimiento a la sentencia, el cual
data de 24 de febrero de 2022, por lo que la entidad condenada no estaba
habilitada para consignar la condena a órdenes de esa corporación judicial, sino
que le correspondía directamente realizar el trámite administrativo propio del pago
de condena.
Indicó que es evidente que la competencia para que el juez se encargue de la
entrega de los dineros producto de la condena, solo la permite el ordenamiento
jurídico cuando transcurridos 20 días siguientes a la notificación del acto que le da
cumplimiento al fallo, el beneficiario no presenta la cuenta de cobro, como en
aquellos casos en que surge la competencia propia dentro del proceso ejecutivo.
Agregó que ante la situación que afrontan los distintos despachos judiciales de
esta jurisdicción debido a comportamientos similares de entidades condenadas,
quienes en lugar de asumir su competencia administrativa para el pago de las
condenas vienen constituyendo de manera indiscriminada depósitos judiciales
6
mprjuridico2021@gmail.com; accionesjudiciales@gmail.com, sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co;
faustorengifo1@hotmail.com; olmedo763@hotmail.com; kalela777@hotmail.com,
karinarengifo77@gmail.com, arnobisladino2@gmail.com; miyareth2020@gmail.com,
antoniojimenez.2008@ghotmail.com, jimenezg7737@gmail.com, ceoju@buzonejercito.mil.co;
notificacionesjuridi@ejercito.mil.co,
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
pretendiendo que sea la jurisdicción la que, sin tener competencia para ello,
concluya el trámite administrativo del pago, la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta también analizó las normas que consagran la posibilidad
de constitución de depósitos judiciales para el pago de condenas, llegando a la
misma conclusión que en la providencia aquí reprochada, “por lo tanto, se decidió
enviar un oficio a todas las entidades del orden nacional y territorial recordando el
contenido normativo atrás aludido, documento adjunto a la presente respuesta”.
Adujo que, así las cosas, en el caso de los accionantes, habiéndose decidido
desde el 14 de septiembre de 2022 devolver los dineros a la entidad condenada,
quien tiene la competencia administrativa para tramitar el pago efectivo de la
condena, es allí donde se deben tomar las medidas necesarias para subsanar la
situación que según afirman los demandantes los está afectando, “toda vez que la
competencia hace parte del núcleo esencial del debido proceso, y no puede este
despacho abrogarse una competencia que no le ha sido otorgada por el
ordenamiento jurídico, toda vez que en el caso particular los depósitos judiciales
se constituyeron ante este tribunal de manera irregular por la entidad condenada,
que en lugar de depositar los dineros en la cuenta de los beneficiarios quienes ya
habían presentado cuenta de cobro, arbitrariamente decidió enviarla a órdenes de
esta corporación”.
Sostuvo que, contrario a lo expuesto por los accionantes, con la decisión judicial
cuestionada no se desatendió que las sentencias pueden cumplirse
voluntariamente a través de un cumplimiento administrativo, pues tal actuación
está radicada en cabeza de la entidad condenada y no resulta jurídicamente válido
considerar que en ello interviene el juez, salvo en la hipótesis autorizada que
depende de la no radicación de la solicitud de cobro por el beneficiario, por lo que
no puede surgir esa competencia del juez del mero comportamiento irregular de la
entidad condenada.
Frente a los reparos manifestados por los sucesores del abogado Miguel Piñeros
Rey, expresó que su fallecimiento no habilitaba a la entidad condenada a realizar
la consignación de la condena a órdenes de esa corporación judicial, pues pudo
establecer comunicación directamente con los beneficiarios a efectos de realizar el
pago.
Adujo que, en ese sentido, no puede surgir esa competencia del juez del mero
comportamiento irregular de la entidad condenada, máxime cuando en el acto
administrativo a través del cual se reconoció y autorizó el pago de la condena, no
se señala concepto a favor del apoderado judicial.
Refirió que incluso las aquí accionantes como heredera y cónyuge sobreviviente
del apoderado, ante la terminación del poder por su fallecimiento, contaban con el
incidente de regulación de honorarios dentro del término de 30 días siguientes a la
terminación del poder, vencido el cual “la regulación de los honorarios podrá
demandarse ante el juez laboral”, conforme se desprende del artículo 76 del
Código General del Proceso, y en similares términos en el artículo 69 del Código
de Procedimiento Civil, aplicable en el proceso que dio origen a la acción de tutela
por ser de trámite escritural, cuya demanda fue presentada con antelación a la
promulgación de la Ley 1437 de 2011.
Expresó que tales medios de defensa judicial pretenden ser sustituidos con una
reclamación de honorarios dentro del proceso a través de un memorial, valiéndose
de la actuación irregular generada por el Ministerio de Defensa Nacional.
Manifestó que, en el evento de considerarse vulnerados los derechos
fundamentales de los accionantes, “como la acción vulneratoria provino de la
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propia entidad condenada”, se le ordene informar de manera inmediata a ese
despacho la cuenta bancaria de aquella a la que se deba hacer la transferencia de
los dineros, para que así proceda dicha entidad a culminar el trámite administrativo
que le fue asignado por el ordenamiento jurídico.
Asimismo, solicitó que se le exhorte para que se abstenga de continuar
depositando los dineros de las condenas a órdenes de los despachos judiciales,
salvo cuando el interesado no haya radicado la solicitud de cobro dentro de los 20
días siguientes a la notificación del acto administrativo que le da cumplimiento a la
sentencia condenatoria.
6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada de la cartera ministerial rindió informe en el expediente 2023-
02926-00, en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, por
cuanto, la solicitud no cumple con los requisitos para habilitar el estudio de fondo,
pues los actores no realizaron un estudio de los requisitos específicos de
procedencia, ni tampoco acreditaron la presunta vulneración de derechos
fundamentales.
Respecto del fondo del asunto, expresó que el Director de Asuntos Legales del
Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimiento a la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, el 29 de abril de 2015, en la
que se le declaró patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a María
Elena Cediel de Prias y otros, como consecuencia de la masacre perpetrada entre 9
y 11 de julio de 1999 en el municipio de Puerto Lleras, Meta, mediante la Resolución
No. 0794 de 24 de febrero de 2022, en la que se consideró entre otros, que:
“(…) que falleció el Doctor MIGUEL PIÑEROS REY (Q.E.P.D.), identificado con cédula de
ciudadanía No.17.310.642, y tarjeta profesional de abogado No. 31.683, quien fungía
como apoderado de MARIA ELENA CEDIEL DE PRIAS Y OTROS, razón por la cual los
reconocimientos se pondrán a disposición del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
META en la cuenta de depósito judicial que disponga el respectivo despacho (…)
Que las sumas reconocidas en este Acto Administrativo se encuentran respaldadas por el
Acuerdo Marco de Retribución suscrito entre la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el 30 de marzo de
2021”.
Adujo que el sustento jurídico mencionado en el último acápite transcrito del acto
administrativo que dispuso el pago de la sentencia condenatoria a favor de los aquí
accionantes, surge del inciso primero del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, el cual
estableció que “Durante la vigencia de la presente Ley, la Nación podrá reconocer
como deuda pública las obligaciones de pago originadas en sentencias o
conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas,
que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición de la presente Ley.
Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que hagan parte del
Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, dichas
obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de
deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de
Tesorería TES Clase B".
Indicó que la acción de tutela no puede ser una instancia en la que se controvierta
de manera extemporánea una decisión adversa, sino que el fundamento de esa
acción contra providencias judiciales “debe configurar una violación al derecho al
debido proceso por causales específicas. En este caso, dado que el reproche versa
sobre la interpretación de la norma, para que se configure la violación alegada es
necesario que la hermenéutica que se considera violatoria de derechos
fundamentales sea completamente arbitraria, y por lo tanto violatoria de la
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Constitución. La determinación del Ministerio de Defensa Nacional contenida en el
acto administrativo que dio cumplimiento a la orden judicial contenida en la
sentencia del Consejo de Estado, se encuentra en firme, goza del principio de
legalidad y no fue cuestionada judicialmente”.
De otra parte, en el informe rendido en el expediente 2023-03103-00, la apoderada
sostuvo que el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución No. 0794 de
2022, canceló los valores correspondientes a la cuenta de cobro con turno de
pago No. 5105 de 2015.
Señaló que a la fecha el Tribunal Administrativo del Meta no le ha notificado que
efectivamente haya realizado la devolución de los títulos de depósito judicial, por
lo cual no se cuenta con los recursos para proceder a efectuar el pago requerido.
Agregó que una vez el despacho haga efectivo la devolución de los títulos se
procederá a efectuar el respectivo análisis y se tomaran las acciones que en
derecho correspondan.
Por último, sostuvo que, teniendo claros los valores reconocidos a cada
beneficiario en la sentencia y los contratos suscritos por el abogado Miguel
Piñeros Rey (QEPD) por concepto de honorarios, el juez de tutela puede solicitar
al tribunal proferir un auto de mejor proveer donde se ordene el pago de los títulos
judiciales por parte del Banco Agrario a cada uno de los beneficiarios y herederos.
6.3. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El apoderado de la cartera rindió informe en el que solicito se declare la falta de
legitimación por pasiva a su favor y, consecuentemente, se ordene su
desvinculación del presente trámite, en tanto, que “no es esta cartera, la entidad
que se encuentre vulnerando o amenazando derecho alguno, pues no es el
receptor de los trámites descritos por la parte accionante y, por tanto, no es el
competente para dar trámite a las pretensiones de la actual acción de tutela”.
6.4. Respuesta de la Policía Nacional
La institución, vinculada como tercero con interés en el expediente 2023-03103-
00, rindió informe en el que solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva a su favor y se ordene su desvinculación del presente trámite
constitucional, ya que los reproches que fundamentan la solicitud se dirigen al
Tribunal Administrativo del Meta, aunado al hecho de que entre sus funciones
constitucionales no se encuentra ninguna relacionada con funciones
jurisdiccionales como las que fundamentan los hechos de la demanda.
6.5. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
La ponente de la decisión de segunda instancia proferida en el proceso de
reparación directa que originó la controversia, vinculada como tercero con interés
en el proceso 2023-03103-00, rindió informe en el que solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, no se cuestiona
en modo alguno la providencia proferida por ese despacho judicial, ni se señala
vulneración alguna de derechos fundamentales de su parte.
6.6. Intervención de los beneficiarios de la condena ordenada en el proceso
de reparación directa con radicado No. 1999-00395-00
Los señores Jhon Anderson Ladino Vergara, Carlos Uriel Prías Cediel, Angélica
Ladino Ceballos, Amparo Ceballos, Arnobis Ladino, Carolina Prías, Gabriel
Ladino, María Helena Cediel y Saúl Prías, en calidad de beneficiarios de la
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
condena ordenada en el proceso de reparación directa con radicado No. 1999-
00395-00, presentaron memoriales en los que solicitaron que se amparen los
derechos fundamentales invocados y, que como consecuencia, “se ordene al
Despacho del H. Magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez del Tribunal
Administrativo del Meta, que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 0794
del 24 de febrero de 2022, y conforme al título de depósito judicial bajo radicado
No. 445010000592098, se proceda a su FRACCIÓN y ENTREGA a los
beneficiarios el SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) y el restante TREINTA Y
CINCO POR CIENTO (35%) a la cónyuge y herederos del fallecido Miguel Piñeros
Rey”.
Luego de hacer referencia a los hechos que motivaron la presente solicitud de
amparo, indicaron que la decisión negativa del Tribunal Administrativo del Meta,
de 14 de septiembre de 2022, ha conllevado “que a la fecha no se les ha
cancelado lo ordenado en la citada Resolución y de acuerdo a averiguaciones
efectuadas, no se ha indicado con precisión a que dependencia deben ser
remitidos los títulos de depósito judicial, por lo que les están vulnerando los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso manifiesto, derecho de igualdad y con exceso ritual manifiesto”.
Refirieron que el Tribunal Administrativo del Meta en el auto de 14 de septiembre
de 2022, declaró la falta de competencia judicial y que por tratarse de un trámite
administrativo relacionado con el pago de sentencias, y que dicha actuación le
corresponde directamente a la entidad condenada -Ministerio de Defensa
Nacional-, y “de igual manera ordenó la devolución de los 32 títulos de depósito
judicial al Ministerio de Defensa Nacional”.
Para concluir, solicitaron que se ordene que por Secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta se realice la entrega de los dineros a los beneficiarios de
la condena y a la cónyuge y herederos del abogado Miguel Piñeros Rey, a efectos
de que se adelante el cobro del respectivo del título judicial ante el Banco Agrario
de Colombia S.A.
6.7. Intervención de la apoderada de los demandantes en el expediente de
tutela 2023-02926-00
La apoderada de los señores Manuel María Rozo Tovar, Paula Rosa Mora de
Rozo, Fausto Rengifo Medina, Noraya Rengifo Largacha Identificada, Carina
Rengifo Largacha, Olmedo Rengifo Largacha, Diego Largacha Gamboa, Willian
Orobio Espinosa, Mairy Riascos Angulo, Martina Dávila Caicedo y Nelson
Hernández Caicedo, remitió memorial en el que solicitó que se revisara la
acumulación efectuada en los procesos de la referencia, toda vez que sus
poderdantes “no están de acuerdo con que se gestione como amparo
constitucional el pago de honorarios frente a los que precisamente tiene
inconvenientes, no para efectos de pago, sino del porcentaje en razón a la
ejecución de las actividades que por causa no imputable al abogado, pero
tampoco a mis representados, la muerte del togado, no les ha permitió lograr, de
forma definitiva, el cometido judicial que se encargó al finado abogado, el pago de
la indemnización”.
Expresó que si bien el abogado Miguel Piñeros Rey actuó como apoderado de los
hoy accionantes dentro del proceso de reparación directa con radicado N° 1999-
00395-00, el ejercicio del togado quedó sin culminar para efectos de pago “y esa
falta los tiene hoy requiriendo abogados de confianza que sigan y terminen lo que
la muerte del togado no permitió, recibir de forma eficaz el pago de la condena,
para ello se comprometen a pagar honorarios”.
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
Sostuvo que, en ese sentido, frente a los herederos del abogado Piñeros Rey no
existe una transgresión de derechos fundamentales, sino un conflicto de
honorarios “ya que éstos pretenden que se les pague de forma completa un
ejercicio profesional que no terminó completo”, por lo que solicita “que no se haga
uso de la acción de tutela para ordenar el pago de unos honorarios al cien por
ciento por un trabajo que resultó inconcluso, tema que no es del resorte de la
acción constitucional, pero que no obstante que les ha sido elevado a su
conocimiento, de aplicarse decisión en el amparo para el pago de honorarios, se
tenga en cuenta que mis representados no se han negado a pagar, sino que
reclaman la disminución correspondiente que sirva para el pago de los honorarios
adicionales, que las gestiones judiciales posteriores a la muerte del finado, han
causado, de otra forma, los demandantes terminaran recibiendo menos dinero de
lo que deben pagar a los abogados”.
6.8. Intervención de la señora María Gedma Romero Sandoval
La demandante en el expediente de tutela 2023-03103-00, allegó respuesta a la
intervención de la apoderada de los accionantes en el radicado 2023-02926-00, en
la que se opuso a las consideraciones allí esbozadas, relativas a la revisión de la
acumulación de los procesos, en la que expresó que no es ajustado pretender
desconocer que el objeto del contrato celebrado entre el abogado Miguel Piñeros
Rey y los demandantes se cumplió a cabalidad, para ahora justificar los honorarios
como profesional del derecho, según lo expresa la memorialista.
Indicó que la abogada pretende desconocer en su escrito que la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta no solo vulnera el derecho que
tienen las victimas a la reparación luego de 24 años de haberse instaurado la
demanda de reparación directa, así como aquellos derechos que por la labor
realizada le correspondieron al abogado Miguel Piñeros Rey, “y que la decisión del
Despacho del Tribunal Administrativo del Meta, en verdad representa un obstáculo
para LA PRONTA Y EFICAZ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, así como el
desconocimiento del DEBIDO PROCESO, con las implicaciones administrativas
que conllevó ordenar la devolución de los títulos que a la fecha continua siendo
incierta para el pago efectivo de la condena cuando lo [que] se verifica es que los
valores reconocidos por la Entidad condenada ya se consignaron a la cuenta del
Tribunal Administrativo del Meta, y por lo tanto, era a esta última a la que le
correspondía darle cumplimiento con la fracción de los títulos para cada
beneficiario de la sentencia así como de los honorarios de abogado”.
6.9. Memorial del Despacho 005 del Tribunal Administrativo del Meta
Por medio de memorial de 20 de octubre de 2023, la titular del despacho
accionado informó que mediante memorando M 20231017011430 de 17 de
octubre de 2023, la Directora de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional
informó el número de cuenta bancaria para reintegro de recursos a favor de esa
cartera ministerial y aclaró que, por tratarse de recursos del Presupuesto General
de la Nación asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su
consignación debía hacerse a través del Portal WEB Transaccional del Banco
Agrario, a una cuenta cuyo beneficiario es la Dirección del Tesoro Nacional.
6.10. Las demás autoridades vinculadas al trámite constitucional, aun cuando
fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la acción de tutela,
guardaron silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1 De la lectura de los escritos de tutela, la Sala evidencia dos debates
principales a ser resueltos. El primero, propuesto por los accionantes en el
expediente 2023-02926-00, en su calidad de beneficiarios de la condena impuesta
en el proceso de reparación directa que originó la controversia, relativo a la
vulneración de sus derechos fundamentales, en la que habría incurrido el Tribunal
Administrativo del Meta con la expedición de los autos de 14 de septiembre de
2022 y 2 de febrero de 2023, en los que negó entrega de los títulos de depósito
judicial constituidos por el Ministerio de Defensa para el cumplimiento de la orden
judicial emanada de la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación
directa 19990039500, de 29 de abril de 2015.
El segundo, formulado por los accionantes en el expediente 2023-03103-00, en su
calidad de sucesores del abogado Miguel Piñeros Rey, quienes alegan que el
tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia con la decisión de no hacer entrega de los
mencionados títulos judiciales, en tanto no les ha permitido recibir el porcentaje
correspondiente de los honorarios pactados en el proceso de reparación directa.
2.2. Precisado lo anterior, respecto del primer debate, de superarse los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, le
corresponde a la Sala determinar si los autos de 14 de septiembre de 2022 y 2 de
febrero de 2023, mediante los cuales el tribunal accionado negó el pago de los
depósitos judiciales constituidos por el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin
de dar cumplimiento a la condena ordenada en la sentencia de segunda instancia
de 29 de abril de 2015, proferida dentro del proceso de reparación directa con
radicado No. 1999-00395-00, incurren en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en tanto no tuvieron en cuenta el contenido de la Resolución No. 0794
de 24 de febrero de 2022, mediante la cual la precitada cartera ministerial
reconoció y ordenó el pago de la condena, en la que se había determinado la
liquidación de las sumas y el porcentaje para cada beneficiario.
En relación con la segunda discusión, la Sala debe establecer si la decisión del
tribunal accionado de no hacer entrega de los títulos judiciales vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en tanto no les ha permitido a los accionantes recibir el porcentaje
correspondiente de los honorarios pactados por el abogado Miguel Piñeros Rey
con los demandantes en el proceso de reparación directa 1999-00395-01.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
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obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20129, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico12; (ii) Defecto procedimental absoluto13; (iii)
Defecto fáctico14; (iv) Defecto material o sustantivo15; (v) Error inducido16; (vi)
Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
7
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
8
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
9
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
10
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
13
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
14
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
15
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
16
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
17
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
18
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
15
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte
Constitucional20.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Análisis de la acción de tutela 2023-02926-00
Los señores Manuel María Rozo Tovar, Paula Rosa Mora de Rozo, Fausto
Rengifo Medina, Noraya Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha, Olmedo
Rengifo Largacha, Diega Valentina Largacha Gamboa, William Orobio Espinosa,
Mairy Yulissa Riascos Angulo, Martina Dávila Caicedo, Nelson Hernández
Caicedo, María Naslin Murillo Caicedo, Jasmith Murillo Dávila y Elvia Inés Murillo
Dávila, consideran que los autos de 14 de septiembre de 2022 y 2 de febrero de
2023, mediante los cuales el Tribunal Administrativo del Meta negó la entrega de
los títulos de depósito judicial en los que el Ministerio de Defensa Nacional dio
cumplimiento al pago de la condena ordenada en el proceso de reparación directa
con radicado No. 1999-00395-01, vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
A su juicio, las providencias objetadas incurren en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en tanto, señalan, desatendieron que las sentencias
pueden cumplirse coactivamente (ejecución judicial) o voluntariamente
(cumplimiento administrativo) y, en su lugar, no obstante conocer que se adelantó
un proceso ordinario que terminó en sentencia ejecutoriada y que no existe
proceso de ejecución, consideraron que el tribunal carecía de competencia para
entregar el dinero o los depósitos representativos de los dineros de la condena a
los beneficiarios de la indemnización o sus herederos, lo que “afecta el derecho de
acceso a la administración de justicia porque dilata la efectividad de la condena
con las decisiones de devolución de los dineros al fisco nacional, en el que habrá
de incorporar el recurso en el presupuesto de la actual vigencia, con el consabido
trámite demorado de dicha actuación, impactando con ello la eficacia en el
cumplimiento de la orden judicial impartida en la sentencia del radicado 50001-23-
31-000-1999-00395-01”.
4.2. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple con el requisito de
inmediatez, en tanto la última de las providencias proferidas en relación con la
solicitud de pago de los títulos es el auto de 2 de febrero de 2023, notificado el 6
19
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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de febrero de 2023, y la acción de tutela se presentó el 1º de junio de 2023, esto
es tres (3) meses y veintitrés (23) días después, dentro del término prudencial
precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional
En lo relativo al requisito de la subsidiariedad, (ii) la Sala observa que si bien
contra el auto del 14 de septiembre de 2022 procedía el recurso de reposición, el
cual no se interpuso, por lo que la decisión quedó en firme, dadas las
particularidades del caso, en el que las pretensiones versan sobre una condena
impuesta con ocasión de una masacre, con ocasión de lo decidido en un proceso
que inició hace más de 23 años en el que los demandantes no han podido recibir
el pago ordenado a pesar de que la sentencia data del año 2015, dicho requisito
se considerará superado para este caso concreto, en aplicación del derecho de
acceso a la administración de justicia y dadas estas connotaciones especiales.
De otra parte, la solicitud tiene relevancia constitucional, (iii) porque debe definirse
si se vulneraron a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con los autos de 14
septiembre de 2022 y 2 de febrero de 2023, mediante los cuales el Tribunal
Administrativo del Meta negó el pago de los títulos judiciales constituidos a su
favor con el fin de pagar la condena que obtuvieron en el marco del proceso de
reparación directa radicado con el Nº 1999-00395-01. De igual forma, (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración iusfundamental y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
4.3. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto procedimental
alegado
4.3.1. En el presente caso, la parte actora considera que los autos de 14 de
septiembre de 2022 y 2 de febrero de 2023, mediante los cuales el tribunal
accionado negó el pago de los depósitos judiciales constituidos por el Ministerio de
Defensa con el fin de dar cumplimiento a la condena ordenada en la sentencia de
segunda instancia de 29 de abril de 2015, proferida en el marco del proceso de
reparación directa con radicado No. 19990039500, incurren en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto no tuvieron en cuenta el
contenido de la Resolución No. 0794 de 24 de febrero de 2022, mediante la cual la
referida cartera ministerial reconoció y ordenó el pago de la condena, en sede
administrativa, en la que se había determinado la liquidación de las sumas y el
porcentaje para cada beneficiario.
Indicaron que la falta de entrega de las sumas obtenidas por concepto de la
condena favorable en el mencionado proceso de reparación directa afecta el
derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto “dilata la efectividad de
la condena con las decisiones de devolución de los dineros al fisco nacional, en el
que habrá de incorporar el recurso en el presupuesto de la actual vigencia, con el
consabido trámite demorado de dicha actuación, impactando con ello la eficacia
en el cumplimiento de la orden judicial impartida en la sentencia del radicado
50001-23-31-000-1999-00395-01”.
4.3.2. Del expediente ordinario aportado, la Sala observa que, en el marco del
proceso de reparación directa con radicado No. 1999-00395-01, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, revocó el fallo desfavorable de primera
instancia y, en su lugar, declaró patrimonialmente responsable al Ministerio de
Defensa Nacional por los perjuicios soportados por la muerte y lesiones sufridas
por los familiares de los demandantes, en desarrollo del ataque guerrillero
perpetrado en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras, entre los días 10
y 12 de julio de 1999.
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Con ocasión de dicha condena, el Ministerio de Defensa Nacional mediante
Resolución No. 0794 de 24 de febrero de 2022, reconoció, ordenó y autorizó el
pago de $6.168’279.919, suma que fue liquidada individualmente para cada uno
de los demandantes. En las consideraciones de la mencionada resolución se
aclaró que, dado que el apoderado de los accionantes había fallecido, para su
pago los reconocimientos de pondrían a disposición del Tribunal Administrativo del
Meta, en una cuenta de depósito judicial. Allí indicó textualmente lo siguiente:
“Que falleció el Doctor MIGUEL PIÑEROS REY (Q.E.P.D.), identificado con cédula de
ciudadanía No.17.310.642, y tarjeta profesional de abogado No. 31.683, quien fungía
como apoderado de MARIA ELENA CEDIEL DE PRIAS YOTROS, razón por la cual
los reconocimientos se pondrán a disposición del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
META en la cuenta de depósito judicial que disponga el respectivo despacho (…)
Que las sumas reconocidas en este Acto Administrativo se encuentran respaldadas
por el Acuerdo Marco de Retribución suscrito entre la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el 30
de marzo de 2021”.
Luego de que los demandantes elevaran solicitudes de pago al tribunal, esa
autoridad mediante auto de 14 de julio de 2022, requirió a la secretaría de la
Corporación para que certificara la existencia de los títulos. Posteriormente, por
auto de 14 de septiembre de 2022, objeto de tutela, declaró que no era
competente para efectuar el pago solicitado, tras considerar que, de acuerdo a las
normas aplicables, le correspondía directamente al Ministerio de Defensa Nacional
efectuar el trámite administrativo, por lo que ordenó la devolución de los 32 títulos
de depósito judicial al ministerio, orden que a la fecha de presentación de la tutela
no se había cumplido.
Finalmente, dado que la devolución de los depósitos ordenada en el auto de 14 de
septiembre de 2022 no se llevó a cabo, los accionantes, a través de petición
enviada al tribunal, solicitaron nuevamente el pago, por lo que el tribunal
accionado, mediante auto de 2 de febrero de 2023, respondió aclarándoles que
conforme con el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil las peticiones
relativas al trámite del proceso judicial debían hacerse a través de apoderado
judicial, y les indicó que se estaría a lo resuelto en el auto de 14 de septiembre de
2022, en lo relativo al pago solicitado.
4.3.3. La Corte Constitucional21 ha precisado que el defecto procedimental tiene
lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina
produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se
ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a
un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la
efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un
trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del
asunto ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. También
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye
razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una
denegación de justicia.
21
Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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4.3.4. Del análisis de las consideraciones expuestas en los autos de 14 de
septiembre de 2022 y 2 de febrero de 2023, objeto de tutela, la Sala considera que
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado no se configura, en
tanto que en la decisión de la autoridad judicial accionada no se observa basada
en exigencias de tipo formal en detrimento del derecho de acceso a la
administración de justicia, sino que la misma tuvo como sustento las normas que
regulan la constitución de los depósitos judiciales, por lo que la anomalía alegada
no se configura.
En efecto, en el auto de 14 de septiembre de 2022, el tribunal accionado indicó
que, de acuerdo con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA21-11731 del 29 de enero
de 2021, la constitución de depósitos judiciales se hará únicamente en virtud de
orden proferida por un juez, salvo los depósitos constituidos para pago de
acreencias laborales extraproceso, y que conforme con el artículo 65 de la Ley
179 de 199422 “si transcurridos 20 días el interesado no efectuó el cobro, las sumas
a pagar se depositarán en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes del
respectivo juez o tribunal y a favor de él o los beneficiarios”, circunstancia que no
acaeció en el caso, por lo que le correspondía a la entidad condenada efectuar el
trámite de pago, y tal actuación no podía trasladarse al juez.
En este indicó textualmente:
“(…) sería el caso entrar a estudiar los requisitos correspondientes a efectos de
ordenar o no el pago de los depósitos judiciales a los solicitantes, no obstante, advierte
el despacho que esta corporación no es competente para emitir tal decisión,
pues, corresponde a un trámite administrativo que debe efectuar directamente la
entidad condenada.
Así pues, el inciso 1° del artículo 10 del Acuerdo PCSJA21-11731 del 29 de enero de
2021 señala que:
“Artículo 10. Constitución de depósitos judiciales. En cumplimiento de las
disposiciones legales, el juez ordenará la constitución de un depósito judicial,
aún por motivo de embargo, decisión que se comunicará al interesado por
escrito, para lo cual se privilegiará el uso de medios electrónicos institucionales y
deberá contener firma completa y denominación del cargo del magistrado o juez y
del secretario, salvo que se trate de depósitos constituidos para pago de acreencias
laborales extraproceso. (…)
Cuando no medie orden judicial, como sucede con los depósitos constituidos
para pago de acreencias laborales extraproceso, la constitución se realizará
con el mismo formato de consignación de depósitos judiciales, en el que
diligenciará la identificación del despacho o dependencia judicial, del proceso al cual
está dirigido, el concepto del depósito y las partes”.
Por lo tanto, se deduce que la constitución de depósitos judiciales únicamente
será en virtud de la orden proferida por un juez, salvo los depósitos constituidos
para pago de acreencias laborales extraproceso, lo cual está autorizado por el
ordenamiento jurídico de manera expresa, como lo prevé el artículo 65, numeral
2, del C.S.T.
(…)
El artículo 65 de la Ley 179 de 1994, “Por la cual se introducen algunas modificaciones
a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto”, establece que:
“Artículo 65. Nuevo. Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y
las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que
corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las
obligaciones que se deriven de éstos. (…)
22
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto
19
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Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de
que trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario
o apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20
días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la
cuenta de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o tribunal y a
favor de él o los beneficiarios”. (Subraya y negrilla intencional).
A su vez, el artículo 45 del Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto”, reitera lo establecido en la normatividad anteriormente mencionada:
“Articulo 45. Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las
conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que
corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las
obligaciones que se deriven de éstos. (…)
Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de
que trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario
o apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20
días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la
cuenta depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o el tribunal o a
favor de él o los beneficiarios. (Ley 179/94, artículo 65)”. (Subraya y negrilla
intencional).
Por otro lado, el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, señala que:
“Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago
de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una
conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de
Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá
al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago. (...)
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al
beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los
recursos. (…)
La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios,
radica exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique
responsabilidad alguna para las demás entidades que participan en el proceso
de pago de las sentencias o conciliaciones, ni para el Fondo de
Contingencias. En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con
ocasión de los pagos que se realicen con cargo al Fondo de Contingencias, deberán
ser adelantadas por la entidad condenada.
Asimismo, los artículos 2.8.6.4.2. y 2.8.6.5.1. del Decreto 1068 de 2015, “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”,
disponen que:
“Artículo 2.8.6.4.2. Resolución de pago. Vencido el término anterior y en un
término máximo de dos meses, contados a partir de la fecha en que el apoderado
radique la comunicación con destino al ordenador del gasto, la entidad obligada
procederá a expedir una resolución mediante la cual se liquiden las sumas
adeudadas, se ordene su pago y se adopten las medidas para el
cumplimiento de la resolución de pago según lo establecido en el artículo 65
de la Ley 179 de 1994, salvo los casos en los que exista la posibilidad de
compensación. Dicha resolución deberá señalar expresamente en su parte
resolutiva que se trata de un acto de ejecución no susceptible de recursos y será
notificada al beneficiario de conformidad con lo previsto en los artículos 67 a 71
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(…)
Artículo 2.8.6.5.1. Solicitud de pago. Sin perjuicio del pago de oficio por parte de la
entidad pública, quien fuere beneficiario de una obligación dineraria a cargo
de la Nación establecida en una sentencia, laudo arbitral o conciliación, o su
apoderado, podrá presentar la solicitud de pago ante la entidad condenada
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para que los dineros adeudados le sean consignados en su cuenta bancaria.
Esta solicitud deberá ser presentada mediante escrito donde se afirme bajo
la gravedad de juramento que no se ha presentado otra solicitud de pago por
el mismo concepto, ni se ha intentado el cobro ejecutivo. Para tales efectos se
anexará a la solicitud, la siguiente información: (…)
d. Certificación bancaria, expedida por entidad financiera, donde se indique
el número y tipo de cuenta del apoderado y la de aquellos beneficiarios
mayores de edad que soliciten que el pago se les efectúe directamente.
De la normatividad citada anteriormente, advierte el despacho que le corresponde
directamente a la entidad condenada, en este caso, al Ministerio de Defensa
Nacional, realizar el pago a los beneficiarios de las sumas reconocidas a su favor
en la sentencia emitida el 29 de abril de 2015 por el Consejo de Estado, pues, la
constitución de depósitos judiciales únicamente será en virtud de la orden
proferida por un juez, salvo los depósitos constituidos para pago de acreencias
laborales extraproceso, pero con el fundamento legal atrás indicado que no
aplica a esta jurisdicción, o, cuando se ha puesto a disposición del beneficiario o
apoderado los dineros correspondientes, y no se efectuó el cobro, sin que se
haya acreditado que esta fue la situación ocurrida en el presente asunto.
Nótese que solo cuando hayan transcurrido 20 días hábiles luego de haber sido
notificado del acto administrativo que ordena el pago y de estar los dineros a su
disposición, sin que el interesado haya efectuado el cobro, es que se faculta la
consignación o transferencia de los dineros (i) en la cuenta de depósitos judiciales a
órdenes de la autoridad que haya tramitado el proceso, (ii) pero incluso en esta
hipótesis la norma es clara en señalar que se debe consignar a órdenes de el o los
beneficiarios, es decir, cuando la entidad encargada del pago conozca la cuenta en la
que se pueden consignar los dineros a órdenes de el o los beneficiarios, deberá
proceder con esta opción.
De tal manera que, el juez o tribunal carece de competencia para adelantar la
etapa administrativa de pago de las sentencias, y menos aún para verificar el
cumplimiento de requisitos de quienes se presenten como beneficiarios, salvo
que transcurrido el aludido término el interesado no haga el cobro y la entidad
encargada de dicho pago desconozca la cuenta del o los beneficiarios para poder
hacer la consignación que corresponda, lo que resulta razonable pues de esta
forma se permite el cumplimiento de la sentencia hasta que aparezca el
interesado, quien de no hacerlo en el término previsto podría generar con su
omisión la prescripción del título judicial. Fuera de estas excepcionales
circunstancias, el juez cuya función misional es la resolución de las
controversias que le han sido asignadas por el legislador, no puede ser ocupado
para adelantar trámites administrativos propios de la etapa de cumplimiento de
las sentencias que legalmente está atribuida a la autoridad administrativa, salvo
que se active de nuevo el aparato judicial a través de un proceso ejecutivo a
continuación del proceso declarativo, caso este en el cual de nuevo inicia la
competencia judicial.
En consecuencia, se ordenará la devolución de los 32 títulos de depósito judicial por un
valor total de SEIS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISÉIS
CENTAVOS ($6.043.274.394,26), que obran en la Cuenta Judicial No (…) de la
Presidencia del Tribunal Administrativo del Meta, al Ministerio de Defensa Nacional,
para lo cual secretaría hará las averiguaciones correspondientes ante esta cartera
ministerial, a fin de determinar el procedimiento pertinente para tal devolución, y lo
informará a la presidencia de este Tribunal en cuya cuenta se encuentran depositados
los dineros, para materializar la presente orden judicial”.
Conforme con lo anterior, para la Sala las normas citadas por el tribunal accionado
en el auto objeto de tutela son claras en establecer que i) la constitución de
depósitos judiciales únicamente será en virtud de la orden proferida por un juez, y
ii) que solo cuando hayan transcurrido 20 días hábiles, luego de haber sido
notificado el acto administrativo que ordena el pago y de estar los dineros a su
disposición, sin que el interesado haya efectuado el cobro, es que se faculta la
consignación o transferencia de dineros, por lo que la decisión censurada no se
observa en exceso formal en detrimento del derecho sustancial, sino que la misma
se basó en las normas aplicables al pago de condenas a cargo del Estado y a la
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constitución de títulos de depósito judiciales. Por lo tanto, el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto no se configura.
En efecto, en el expediente ordinario allegado como prueba no se observa
ninguna actuación mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta hubiese
autorizado la constitución de algún depósito en el trámite del proceso de
reparación directa, ni se entrevé que el Ministerio de Defensa Nacional hubiese
consultado la viabilidad de esa opción con el juez de conocimiento, por lo que el
pago de la condena impuesta mediante sentencia de 29 de abril de 2015
correspondía efectuarlo, de acuerdo al artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, de
manera directa a esa autoridad administrativa.
De lo anterior, para la Sala es claro que el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto alegado no se configura, en tanto la constitución de los 32 depósitos
judiciales por parte del Ministerio de Defensa Nacional con el fin de dar pago a la
condena ordenada en el proceso de reparación directa con radicado No. 1999-
00395-00, contrarió las normas relativas a la constitución de ese tipo de depósitos
judiciales. Así las cosas, se considera que la decisión del tribunal de declararse no
competente para efectuar el pago no es caprichosa ni arbitraria, por el contrario
obedece a la aplicación de las normas pertinentes a dicho trámite y no constituyen
exigencias meramente formales que vulneren los derechos fundamentales
invocados.
Si bien el Ministerio de Defensa Nacional en el escrito de contestación de la acción
de tutela, sugirió que se ordenara al tribunal accionado proferir un auto de mejor
proveer en el que se ordene el pago de los títulos, lo cierto es que, como se
observó, conforme con las normas aplicables dicho trámite corresponde a esa
cartera ministerial, por lo que no puede trasladarse esa carga al Tribunal
Administrativo del Meta, quien tiene unas funciones delimitadas en el marco del
proceso en el que se causó la condena, por lo que se negarán las pretensiones de
la acción de tutela.
Ahora bien, durante el trámite de la primera instancia, el Tribunal Administrativo
del Meta allegó el memorando M 20231017011430 de 17 de octubre de 2023,
suscrito por la directora de finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, en el que
informó lo siguiente:
“Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por parte los apoderados de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional ante la jurisdicción Contencioso
Administrativo, en lo concerniente al número de cuenta bancaria del Ministerio de
Defensa para el reintegro de recursos, que mediante sentencias y/o autos
ordena la devolución de recursos, ya sea por remanente judicial, dineros que
fueron consignados a favor de despachos judiciales a favor de un tercero, para
dar cumplimiento a la aprobación de una conciliación judicial o devolución de
dineros por conciliaciones o sentencias condenatorias a favor de terceros por
demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Esta Dirección se permite informar, que en coordinación con la Dirección del
Tesoro Nacional y por tratarse de recursos del Presupuesto General de la Nación
asignados a esta cartera por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
consignación de estos recursos pueden ser transferidos a través del Portal WEB
Transaccional del Banco Agrario, teniendo en cuenta la siguiente información:
(…)
Para ello se debe allegar copia de la confirmación de la transferencia y/o
documento soporte del abono que compruebe el ingreso del dinero, sentencia y/o
auto por medio de cual el despacho judicial ordena el valor a reintegrar y la forma
de liquidar el proceso a fin de proceder con los registros financieros a que haya
lugar”.
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Radicación:11001-03-15-000-2023-02926-00 y
11001-03-15-000-2023-03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
Con fundamento en lo anterior, y dada la importancia de garantizar el
cumplimiento efectivo de la sentencia condenatoria de reparación directa proferida
el 29 de abril de 2015, en la que se declaró patrimonialmente responsable al
Ministerio de Defensa Nacional, por los perjuicios soportados por la muerte y
lesiones sufridas por los familiares de los demandantes, en desarrollo del ataque
guerrillero perpetrado en contra de la Estación de Policía de Puerto Lleras, Meta,
entre los días 10 y 12 de julio de 1999, la Sala instará a la magistrada Claudia
Patricia Alonso Pérez del Tribunal Administrativo del Meta, para que efectúe la
devolución de las sumas constitutivas de los 32 títulos de depósito judicial
consignadas por el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de dar cumplimiento
al pago de la condena ordenada en el proceso de reparación directa con radicado
No. 1999-00395-01, en el que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“A”, profirió sentencia el 29 de abril de 2015, conforme con el procedimiento
indicado para ese efecto por la Directora de Finanzas de esa cartera Ministerial,
mediante memorando M 20231017011430 de 17 de octubre de 2023.
En igual forma, dado que el Ministerio de Defensa Nacional no ha dado
cumplimiento efectivo a la mencionada sentencia, a pesar de que fue proferida
desde el año 2015, pues procedió de manera unilateral a constituir los títulos
judiciales sin que mediara autorización de la autoridad judicial, se le instará con el
fin de que materialice, a la mayor brevedad, el pago de la condena ordenada por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el marco del
proceso de reparación directa con radicado No. 1999-00395-01.
4.4. Análisis de la acción de tutela 2023-03103-00
4.4.1. María Gedma Romero Sandoval (cónyuge del abogado Miguel Piñeros
Rey), quien aduce obrar en nombre propio y en representación de su hijo fallecido,
Miguel Andrés Piñeros Romero, y Mónica Andrea Piñeros Romero, heredera del
citado abogado, consideran que las acciones y omisiones del Tribunal
Administrativo del Meta y el Ministerio de Defensa, que han determinado que a la
fecha no se haya efectuado el pago de la condena ordenada en el marco del
proceso de reparación directa 1999-00395-01, vulneran sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia pues, aducen, el no
cumplimiento efectivo de la Resolución No. 0794 de 24 de febrero de 2022,
mediante la cual ese ministerio da cumplimiento a una sentencia de condena
proferida hace más de 7 años, lo que evidencia es una decisión no ajustada a la
realidad sustancial, “ya que resulta contrario que sea el mismo juez de lo
contencioso administrativo el que ahora imponga cargas adicionales y se abstenga
de pronunciarse frente a derechos ya reconocidos, de lo cual insisto que incluso la
Resolución ya contenía la liquidación de los conceptos reconocidos, el porcentaje
para cada beneficiario y el reconocimiento de la labor realizada por el abogado
Miguel Piñeros”.
Indicaron que la decisión del tribunal accionado de no hacer entrega de los títulos
judiciales, no les ha permitido recibir el porcentaje correspondiente de los
honorarios pactados por el abogado Miguel Piñeros Rey con los demandantes en
el proceso de reparación directa con radicado No. 1999-00395-01.
4.4.2. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa
disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
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Radicación:11001-03-15-000-2023-02926-00 y
11001-03-15-000-2023-03103-00 (acumulados)
Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
202223, la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de
órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento
se activa a partir de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que
buscan garantizar la corrección de las providencias judiciales”24.
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
el ordenamiento jurídico25.
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
26
amparo de dichas garantías dentro del proceso .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
23
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
25
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P Carlos Bernal
Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
26
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
24
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
27
aquellos diseñados por el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más
dentro del trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás
diseñados por el legislador o, como un instrumento para solucionar errores u
omisiones de las partes en los procesos ordinarios”28.
4.4.3. Para la Sala, en el asunto bajo examen el requisito de la subsidiariedad se
encuentra incumplido, pues dadas las pretensiones de la acción de tutela
correspondiente al expediente 2023-03103-00, dirigidas a obtener el pago de los
honorarios a los que las accionantes tienen derecho como sucesoras del abogado
Miguel Piñeros Rey, quien fungió como apoderado de los demandantes en el
proceso de reparación directa con radicado No. 1999-00395-01, se advierte que
tienen otro medio de defensa judicial, el cual no puede ser desplazado por la
acción de tutela.
En efecto, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, los
herederos y la cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido, cuentan con el
incidente de regulación de honorarios, mediante el cual pueden pedir al juez
labora que estos se regulen, a través de un tramite independiente del proceso en
el que se causaron. Esta disposición establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 76. TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación
en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado,
a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones
determinadas dentro del proceso.
El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien
se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus
honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del
proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los
honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados
en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término
indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez
laboral.
Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado
fallecido.
La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el
memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al
poderdante en tal sentido.
27
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
28
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
25
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al
mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser
revocado por los herederos o sucesores.”
Esta norma también prevé que, en caso de que se haya vencido el término allí
señalado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral,
lo cual encuentra respaldo en el numeral 6º del articulo 2º del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, norma que establece que “la Jurisdicción
Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (…) 6.
Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios
o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que
sea la relación que los motive.
En este sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, dada la naturaleza subsidiaria y residual de este mecanismo
constitucional, la regulación de honorarios no es un asunto que le corresponda al
juez de tutela, por lo que el requisito de subsidiariedad se encuentra incumplido en
el caso, en tanto las accionantes cuentan con otro medio judicial para obtener lo
que reclaman por vía de tutela, este es, el incidente de regulación de perjuicios
contemplado en el artículo 76 del Código General del Proceso, en su calidad de
sucesores del abogado Miguel Piñeros Rey.
Como argumento adicional, para la Sala la petición de amparo se refiere a
cuestiones estrictamente económicas, circunstancia que refuerza la decisión de
improcedencia, pues al tenor de la jurisprudencia constitucional la acción de
amparo no puede ser utilizada para gestionar intereses netamente patrimoniales
que no involucren el reclamo por la vulneración de derecho fundamental alguno29.
En esa línea, esta Sección ha indicado que las reclamaciones de este tipo
desvirtúan el carácter constitucional de la acción de tutela, así como la urgencia e
inminencia en la intervención del juez constitucional en el asunto objeto de
estudio30.
Conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la acción de
tutela solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos los
mecanismos judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección
de los derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello
con el fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal31”.
No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional 32, “si bien por
regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales
cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado
todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en
aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de
defensa no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos
fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción
de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto
puesto a su consideración”.
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política se ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de que existan
29 Corte Constitucional. Sentencia T-099 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 20 de
junio de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-02324-00. C.P. Milton Chaves García.
31
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
32
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019.
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mecanismos judiciales, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Cabe resaltar
que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201533, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Al respecto, se observa que un perjuicio de esa naturaleza no fue alegado en la
solicitud de tutela por las accionantes, ni las solicitudes fueron interpuestas como
mecanismo transitorio, lo que reafirma su improcedencia. Para la Sala, en el
presente caso los alegatos presentados no demuestran que el incidente de
regulación de honorarios no sea eficaz para precaver la eventual vulneración de
derechos fundamentales que alegan con ocasión de las providencias que atacan
por vía de tutela, por lo que declarará su improcedencia.
Lo anterior, conforme con lo establecido en la sentencia T-127 de 201434 de la
Corte Constitucional respecto de la prueba del perjuicio irremediable, en donde se
indicó que “quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con
estas características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.
En definitiva, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito
de subsidiariedad, en tanto las accionantes cuentan con el incidente de regulación
de honorarios contemplado en el artículo 76 del Código General del Proceso,
medio judicial idóneo y eficaz, y no se probó que estuvieran frente a un perjuicio
irremediable que la hiciera procedente como mecanismo transitorio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los
señores Manuel María Rozo Tovar, Paula Rosa Mora de Rozo, Fausto Rengifo
Medina, Noraya Rengifo Largacha, Carina Rengifo Largacha, Olmedo Rengifo
Largacha, Diega Valentina Largacha Gamboa, William Orobio Espinosa, Mairy
Yulissa Riascos Angulo, Martina Dávila Caicedo, Nelson Hernández Caicedo,
María Naslin Murillo Caicedo, Jasmith Murillo Dávila y Elvia Inés Murillo Dávila,
quienes actúan mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del
Meta (expediente 2023-02926-00), por las razones aquí expuestas.
33
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
34
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandantes: MANUEL MARÍA ROZO TOVAR Y OTROS
Segundo.- ÍNSTASE a la magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez del Tribunal
Administrativo del Meta, para que efectúe la devolución de las sumas constitutivas
de los 32 títulos de depósito judicial consignadas por el Ministerio de Defensa
Nacional, conforme con el procedimiento indicado para ese efecto por la Directora
de Finanzas de esa cartera Ministerial, mediante memorando M 20231017011430
de 17 de octubre de 2023.
Tercero.- ÍNSTASE al Ministerio de Defensa Nacional para que adelante las
gestiones que sean del caso con el fin de que se materialice, a la mayor brevedad,
el pago de la condena ordenada en la sentencia de 29 de abril de 2015, proferida
por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el marco del
proceso de reparación directa con radicado No. 1999-00395-01.
Cuarto.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por las
señoras María Gedma Romero Sandoval (cónyuge del abogado Miguel Piñeros
Rey), quien aduce obrar en nombre propio y en representación de su hijo fallecido,
Miguel Andrés Piñeros Romero, y Mónica Andrea Piñeros Romero, heredera del
citado abogado, contra el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones
expuestas (expediente 2023-03103-00).
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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