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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02927-00

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02927-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Zamary Patricia Guerrero Contreras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02927-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

6 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02927-00
Demandante: Zamary Patricia Guerrero Contreras

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02927-00
Demandante: ZAMARY PATRICIA GUERRERO CONTRERAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Contra providencia judicial que declaró improcedencia de una acción
de cumplimiento. Defecto procedimental. Deniega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Zamary Patricia Guerrero Contreras
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 31 de mayo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Zamary
Patricia Guerrero Contreras pidió la protección de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

A juicio de la actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 21 de
abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que, en
segunda instancia, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida
por la señora Guerrero Contreras contra el municipio de San José de Cúcuta (expediente
54001-33-33-008-2023-00104-01).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se disponga a Tutelar mis Derechos Fundamentales y Constitucionales AL DEBIDO PROCESO y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

2. Ordenar dejar sin efectos la sentencia del 21 de abril de 2023 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NORTE DE SANTANDER.

3. Acceder la Acción de Cumplimiento y como consecuencia de ello se ordene al municipio de Cúcuta para
que proceda a ejecutar el acto ficto, producto del silencio administrativo positivo previsto en el artículo 6 de la
Ley 732 de 2002, en cuanto a la solicitud especial plasmada en el derecho de petición radicado el 15 de mayo
de 2022.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 15 de mayo de 2022, Oscar Javier Rojas Rojas solicitó al municipio de Cúcuta
información relacionada con la estratificación del Conjunto Cerrado Ventus y la
modificación de dicha estratificación, en el sentido de clasificarlo como estrato 3.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02927-00
Demandante: Zamary Patricia Guerrero Contreras

Mediante oficio del 21 de junio de 2022, el municipio de Cúcuta entregó la información
solicitada, pero nada dijo frente a la solicitud de modificación de la estratificación del
Conjunto Cerrado Ventus.

El señor Rojas Rojas interpuso demanda de tutela contra el municipio de Cúcuta, toda
vez que la respuesta a la petición no fue completa, por faltar el pronunciamiento frente a
la solicitud de modificación de estrato socioeconómico.

El 21 de julio de 2022, el Juzgado Primero Penal Municipal de Cúcuta admitió la demanda
de tutela.

El 29 de julio de 2022, con ocasión de la demanda de tutela, el municipio de Cúcuta
contestó la solicitud de reclasificación de estrato, en el sentido de denegarla.

El 30 de noviembre de 2022, mediante escritura pública, el señor Rojas Rojas protocolizó
acto administrativo de silencio administrativo positivo frente a la solicitud de modificación
de la estratificación del Conjunto Cerrado Ventus, de conformidad con el artículo 6 de la
Ley 732 de 2002.

El 9 de diciembre de 2022, la señora Zamary Patricia Guerrero Contreras solicitó al
municipio de Cúcuta el cumplimiento del acto ficto positivo. Sin embargo, no obtuvo
respuesta.

La señora Guerrero Contreras promovió acción de cumplimiento contra el municipio de
Cúcuta, para que «se ordene el cumplimiento del acto ficto presunto del acto
administrativo positivo por el incumplimiento a la ley 732/2002 #6 en relación al cambio
de estrato de 4 a 3».

Mediante sentencia del 15 de marzo de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo de
Cúcuta ordenó al municipio de Cúcuta que ejecutara el acto ficto positivo. En síntesis, el
juzgado consideró que ocurrió el silencio administrativo positivo, por cuanto el municipio
de Cúcuta no respondió en los 2 meses siguientes a la radicación de la solicitud de
modificación de estrato, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 732 de 2002.

El municipio de Cúcuta impugnó, pues, a su juicio, la acción de cumplimiento es
improcedente. Explicó que la solicitud del 15 de mayo de 2022 fue confusa y no fue
presentada por la señora Guerrero Contreras, sino por el señor Oscar Javier Rojas Rojas,
en nombre y representación del Conjunto Cerrado Ventus. Dijo que si bien la señora
Guerrero Contreras es integrante del consejo de administración de dicho conjunto, lo
cierto es que no tiene la calidad de representante o vocera.

Por sentencia del 21 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de
cumplimiento. En síntesis, el tribunal demandado consideró que no existe una obligación
clara, toda vez que existen actos administrativos contrapuestos: el ficto positivo
protocolizado mediante escritura pública del 30 de noviembre de 2022 y el que deniega
la modificación del estrato, expedido por el municipio de Cúcuta y fechado el 29 de julio
de 2022.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Preliminarmente, los demandantes adujeron que la tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por cuanto la
sentencia cuestionada desconoce el efecto del silencio administrativo positivo. Que
fueron agotados los recursos disponibles en el trámite de la acción de cumplimiento y
explicó que no tuvo que apelar porque la decisión de primera instancia fue favorable.
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Demandante: Zamary Patricia Guerrero Contreras

Que se evidencia una clara irregularidad, consistente en desconocer el efecto del
artículo 6 de la Ley 732 de 2002.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora manifestó que la sentencia del 21 de abril
de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, incurrió en
defecto procedimental, toda vez que desconoció el silencio administrativo positivo
previsto en el artículo 6 de la Ley 732 de 2002. Dijo que lo cierto es que el municipio de
Cúcuta no resolvió la solicitud de reclasificación de estrato en los dos meses previstos
en dicha norma y, por ende, ocurrió el silencio administrativo positivo.

5. Trámite procesal

Por auto del 6 de junio de 2023, el Despacho ponente admitió la demanda de tutela y
dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. Asimismo, en calidad de tercero con interés,
dispuso la notificación al juez octavo administrativo oral de Cúcuta y al alcalde de San
José Cúcuta.

La Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes, por
correos electrónicos del 9 de junio de 2023.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander adujo que la providencia
cuestionada no constituye una vía de hecho, toda vez que se evidencia que el silencio
administrativo positivo fue protocolizado con posterioridad a que el municipio de Cúcuta
denegara la solicitud de reclasificación de estrato socioeconómico. Explicó que, en ese
contexto, existe un conflicto de decisiones administrativas y queda desestimada la
existencia de una obligación clara y exigible mediante la acción de cumplimiento.

El municipio de Cúcuta alegó que la sentencia cuestionada no es caprichosa o
contraevidente, toda vez que está sustentada en que no existe una obligación clara. Dijo
que, en efecto, la discusión planteada por la parte actora amerita un pronunciamiento
sobre la legalidad del oficio del 29 de julio de 2022, que denegó la reclasificación de
estrato. Agregó que «tan impertinente resulta esta acción, que la misma demandante sustenta
la procedencia de la acción en que, la decisión de segunda instancia no admite recurso de
apelación, lo que deja en evidencia que su propósito es que revise con los mismos argumentos
expuestos en el libelo de la acción de cumplimiento la decisión ya tomada».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presenta por la señora
Zamary Patricia Guerrero Contreras para que se deje sin efectos la sentencia del 21 de
abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento que promovió la demandante
contra el municipio de San José de Cúcuta

La Sala anticipa que no se configuró el defecto procedimental alegado y, por lo tanto,
serán denegadas las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) el defecto procedimental y, finalmente, (iii) el
análisis del caso concreto.

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Demandante: Zamary Patricia Guerrero Contreras

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. El defecto procedimental

El defecto procedimental hace referencia a aquellos casos en que el funcionario judicial
actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En palabras
de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el funcionario
judicial: (i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde (desvío del cauce
del asunto)3; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento, circunstancia que
automáticamente conlleva al desconocimiento de las garantías de defensa y
contradicción, que hacen parte del derecho al debido proceso 4, o (iii) incurre en exceso
ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones afectan el derecho de
acceso a la administración de justicia5.

4. Análisis del caso concreto

Lo primero que conviene decir es que la sentencia del 21 de abril de 2023, dictada por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, inició con un estudio de procedibilidad
de la acción de cumplimiento. Con base en la Ley 393 de 1997, advirtió que deben
cumplirse los siguientes requisitos mínimos:

(i) Que el deber cuyo cumplimiento es reclamado esté previsto en normas con
fuerza de ley o actos administrativos vigentes, salvo que se trate del
cumplimiento de normas o actos que establezcan gastos.

(ii) Que el mandato resulte imperativo e inobjetable y esté en cabeza del
demandado.

(iii) Que el demandante acredite la renuencia del demandado, salvo que se
acredite la existencia de un perjuicio con el carácter de irremediable.

(iv) Que el afectado no cuente con otro medio para reclamar el cumplimiento del
deber jurídico o administrativo.

Seguidamente, el tribunal demandado puso de presente que había dos actos
contradictorios: (i) el acto ficto protocolizado mediante escritura pública del 30 de
noviembre de 2022, que sustenta la existencia de silencio administrativo positivo con
respecto a la solicitud de reclasificación del estrato del Conjunto Cerrado Ventus, y (ii)
el oficio del 29 de julio de 2022, proferido por el municipio de Cúcuta, que denegó la
reclasificación del estrato socioeconómico del Conjunto Cerrado Ventus. El tribunal

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 Sentencia T-1049 de 2012.
4 Ibidem.
5 T-386 de 2010.

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advirtió que ambos actos tienen origen en la solicitud del 15 de mayo de 2022, formulada
por el señor Oscar Javier Rojas Rojas.

En ese contexto, la autoridad judicial demandada concluyó que no había una obligación
clara, por cuanto había actos contradictorios. En palabras del tribunal:

[…] existe un conflicto de decisiones administrativas emanadas del ente territorial y bajo ese
escenario el acto administrativo que se cita como incumplido se considera no contiene una
obligación clara, dado que la mencionada controversia implica un pronunciamiento de fondo frente
a la legalidad del acto administrativo emanado por el ente territorial bajo el radicado No.
2022104400481601 del 29 de julio de 2022, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevista en el artículo 138 del CPACA para que determine si le asiste razón en las
afirmaciones de la actora y debe reconocerse: el acto ficto que protocolizó o, a la -administración
municipal quien se-pronunció posterior a la configuración del acto ficto presunto y . antes de la
protocolización del mismo, pues se trata de un asunto de fondo que no debe ser resuelto a través
de la acción de cumplimiento, ya que no depende solamente de la observancia de una norma con
fuerza material de ley o acto administrativo del que emana una obligación clara, expresa y exigible.

En consecuencia, el tribunal demandado declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

A juicio de la Sala, no se evidencia defecto procedimental, pues el tribunal demandado
sí reconoció el efecto de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 732 de 2022. No obstante,
para efecto de la acción de cumplimiento, consideró razonablemente que había
improcedencia, por cuanto el municipio de Cúcuta había proferido un acto que resultaba
contrario al silencio administrativo positivo reclamado por la señora Guerrero Contreras.

La Sala no advierte que la decisión adoptada por el tribunal demandado resulte
contraevidente o caprichosa. Al contrario, atiende a los hechos probados en el proceso
de cumplimiento y obedece a la interpretación razonable de las normas que regulan la
procedibilidad de la acción de cumplimiento, especialmente la Ley 393 de 1997. Incluso,
la decisión objeto de tutela está acorde con la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado6, que, en un caso similar, explicó lo siguiente:

[…] resulta evidente que la solicitud que se invoca en la demanda de cumplimiento ya fue decidida
por la administración, en el sentido de negarla, lo que implica que existe un acto administrativo que
resolvió lo relacionado con el silencio administrativo, respecto del cual la parte actora pudo acusar
su legalidad y con ello procurar por las pretensiones que invocó en esta acción constitucional. En
este orden de ideas, los argumentos anteriormente expuestos deben ser conocidos por el juez
natural, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 138
del CPACA, para que se determine si le asiste razón a la actora en sus afirmaciones o, a la entidad,
pues se trata de un asunto de fondo que no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento,
pues no depende solamente de la observancia de una ley o acto administrativo.

En definitiva, la Sala considera que el hecho de declarar la improcedencia de la acción
de cumplimiento no deriva en defecto procedimental, pues, se reitera, resulta razonable
concluir que no existe una obligación clara, por razón de la ya mencionada contradicción
de actos. La contradicción evidenciada por el tribunal resulta un elemento suficiente y
razonable para efecto de desestimar la procedencia de la acción de cumplimiento.

Siendo así, como fue anunciado en el planteamiento del problema jurídico, no se
evidencia defecto procedimental y serán denegadas las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

6 Sentencia del 8 de octubre de 2020, expediente: 25000-23-41-000-2020-00199-01.

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Demandante: Zamary Patricia Guerrero Contreras

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Zamary Patricia
Guerrero Contreras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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