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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02937-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02937-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos invocados por la parte actora, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P. César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ) 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00 TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02937-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de agosto de 2023

Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02937-00
Demandantes: MARÍA NOÉ BAHAMÓN MOLINA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – víctimas de delitos de lesa
humanidad como sujetos de especial protección constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por los
señores María Noé Bahamón Molina y otros contra la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C el 25 de
mayo del 2022, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución
Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 2 de junio de 2023 al buzón web
de la Secretaría de esta Corporación, los señores Alexander Peña Bahamón, Cecilia
Molina, María Noé Bahamón Molina, Eulalia Molina de Bahamón, María Emperatriz
Bahamón Molina y Jakeline Peña Bahamón, actuando a través de apoderado
judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado 38 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que sean amparados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de las providencias del 19 de abril de 2021 y del 25
de mayo de 2022, proferidas por las autoridades judiciales demandadas,
respectivamente, por medio de las cuales se rechazó la demanda por configurarse
la caducidad del medio de control de reparación directa, dentro del proceso con
radicado 11001-33-36-038-2020-00280-00/01. Tal demanda fue interpuesta contra

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Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional con el objeto
de que se les declarara administrativamente responsables por el homicidio del señor
Fernando Bahamón Molina, quien era periodista y miembro del partido político
Unión Patriótica. El homicidio tuvo lugar el 16 de julio de 1987.

1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

se deje sin efecto la decisión del 25 de mayo de 2022 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA -
SUBSECCION "C" de Bogotá, que confirmó la decisión del Juez 38
Administrativo del Circuito de Bogotá, quien rechazó de plano la demanda y
aplicó el fenómeno de la caducidad de la acción.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Fernando Bahamón Molina era concejal por el partido Unión
Patriótica en San Vicente del Caguán (Caquetá) y periodista en La Voz de la Selva.
El 16 de julio de 1987 fue víctima de homicidio en Florencia (Caquetá). Previo a su
deceso, recibió amenazas contra su vida e integridad, motivo por el cual formuló las
respectivas denuncias ante el extinto Departamento Administrativo de Seguridad
DAS, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

5. Mediante resolución del 5 de abril de 2016, el Fiscal 47 de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario declaró tal hecho como
delito de lesa humanidad y, en consecuencia, se reconoció que la acción penal por
el homicidio que se ejecutó contra el señor Bahamón Molina se tornó imprescriptible.

6. Con ocasión de tal delito, el 9 de diciembre de 2020, la señora María Noé
Bahamón Molina y algunos miembros de su núcleo familiar radicaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por los daños causados ante su presunta
omisión en el despliegue de acciones tendientes a salvaguardar la vida, honra y
bienes del señor Bahamón Molina.

7. A través de auto del 19 de abril de 2021, el Juzgado 38 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por haber operado el fenómeno
de la caducidad del medio de control. Consideró que, conforme con el criterio
unificado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en

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sentencia del 29 de enero de 20201, el término para la interposición del medio de
control inició el 16 de julio de 1987, fecha en la que se consumaron las amenazas
perpetradas contra el señor Bahamón Molina. En tal sentido, la autoridad judicial
concluyó que el término para interponer el mecanismo feneció el 17 de julio de 1989.

8. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra dicha providencia. Por medio de auto del 25 de mayo de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó la
decisión adoptada en primera instancia. Tal decisión estuvo motivada en las
consideraciones que se exponen a continuación.

9. El tribunal puso de presente que los accionantes tenían conocimiento del
daño ocasionado desde el 16 de julio de 1987, día en que se ejecutó el homicidio
contra el señor Bahamón Molina. Por tanto, señaló que, en principio, «el término de
caducidad debió computarse desde el 17 de julio de 1987».

10. No obstante, la autoridad accionada advirtió que tal delito tuvo como causa
la militancia de la víctima en el partido político Unión Patriótica y que, por tanto, el 5
de abril del 2016 el Fiscal 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario declaró tal suceso como crimen de lesa
humanidad. A su vez, consideró que

es un hecho notorio y de público conocimiento que en los asesinatos de que
fueron objeto varios integrantes de la Unión Patriótica, existió injerencia estatal
y que el Estado colombiano aceptó su responsabilidad internacional por el
incumplimiento del deber de protección a las personas pertenecientes y
militantes de la Unión Patriótica.

11. En este orden de ideas, la sala de decisión computó la caducidad del medio
de control de reparación directa desde el día siguiente a la declaratoria de delito de
lesa humanidad y, por tanto, consideró que dicho término venció el 6 de abril de
2018. Dado que la demanda fue radicada el 9 de diciembre de 2020, sostuvo que la
parte actora actuó sin atender al tiempo legal establecido con el que contaba.

12. La providencia cuestionada fue notificada por correo electrónico el 13 de
febrero de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

13. Los tutelantes alegaron que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente ante la indebida aplicación de la sentencia de

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia

del 29.01.20. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Rad: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033)

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unificación dictada el 29 de enero de 20202 por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

14. Señalaron que se aplicó «exegéticamente el precedente» sin tomar en
consideración las circunstancias específicas del caso en concreto, dado que, a su
juicio, no se valoró que los hechos del asunto en estudio estaban relacionados con
una víctima de un delito de lesa humanidad, que fue asesinado por ser militante del
partido político Unión Patriótica y por ser periodista.

15. Manifestaron que no contaban con garantías ni condiciones para acudir ante
la jurisdicción, pues la administración de justicia «estaba igualmente permeada,
contaminada y prevenida por algunos funcionarios estatales». Por tanto, agregaron
«que todos aquellos que acudieran a denunciar que mostraran esa misma
inclinación política igualmente correrían con la suerte de ser asesinados».

16. En este sentido, pusieron de presente que no se atendió a su condición de
«víctimas frente al Estado» quienes «deben seguir cargando con el señalamiento y
estigma de las comunidades frente a la militancia de su pariente el cual fue
exterminado por hacer parte de ese grupo político». Agregaron que dicha
particularidad debe ser el parámetro para no restringir el acceso a la administración
de justicia3.

17. Adujeron que en la sentencia del 27 de julio de 2022 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, al Estado colombiano se le atribuyó la
responsabilidad en el caso del genocidio de los miembros de la Unión Patriótica y,
por tanto, negar la posibilidad a sus víctimas de acceder a la administración de
justicia implica una vulneración de sus garantías fundamentales.

18. A su vez, alegaron una violación directa de la Constitución pues, a su
juicio, la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina
son criterios auxiliares de la actividad judicial y, por tanto, las normas
constitucionales debieron prevalecer en el asunto en cuestión. Al respecto, citaron
textualmente los artículos 2, 13, 93, 94, 228, 229 y 230.

1.5. Admisión de la demanda

19. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 16 de junio
del 2023: i) admitió la demanda de tutela en relación con la señora María Noé
Bahamón Molina; ii) inadmitió la acción constitucional con respecto a los señores

2 Ibídem.
3 La sala aclara que los actores no establecieron con exactitud si pretenden la aplicación de alguna

regla jurisprudencial en relación con la contabilización del término de caducidad. Simplemente,
aducen que su caso en particular no debería regirse bajo los parámetros de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

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Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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Cecilia Molina, Eulalia Molina de Bahamón, María Emperatriz Bahamón Molina,
Jakeline Peña Bahamón y Alexander Peña Bahamón, dado que no se adjuntaron
los respectivos poderes que facultara al profesional en derecho para representarlos
en este trámite; iii) requirió a dicho abogado para que allegara tales documentos en
el término de 3 días contados desde la notificación de la providencia; iv) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C y al Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá como autoridades judiciales accionadas y v) vinculó, en calidad de terceros
con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a la
Policía Nacional.

20. A través de providencia del 4 de julio de 2023, la magistrada ponente de este
fallo: i) admitió la demanda en relación con los señores Alexander Peña Bahamón,
Cecilia Molina, María Emperatriz Bahamón Molina y Jakeline Peña Bahamón, dado
que el apoderado judicial allegó los respectivos poderes que acreditaban su
representación en este trámite judicial; y ii) rechazó la acción de tutela con respecto
a la señora Eulalia Molina de Bahamón4.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Policía Nacional

21. Por medio de escrito enviado el 27 de junio de 2022 al correo electrónico del
Consejo de Estado, la entidad solicitó negar las pretensiones de la demanda pues,
a su juicio, no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales alegada.

22. Indicó que el medio de control de reparación directa se encuentra sometido
al fenómeno jurídico de caducidad, de conformidad con el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual fue aplicado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C al confirmar la
providencia de primera instancia que rechazó la demanda.

23. Precisó que pese a que los hechos de la presente demanda sean producto
de delitos de lesa humanidad, «los medios de control que avoquen conocimiento
sobre los mismos también serán objeto de estudio de procedencia y declaratoria de
este fenómeno jurídico de caducidad», tal como ha sido reconocido por el Consejo
de Estado. Por tal razón, agregó que «no se puede pretender que al transcurrir más

4 En el trámite de la primera instancia, el despacho ponente advirtió que la señora Molina de
Bahamón falleció de manera previa al proceso de reparación directa, objeto de la presente acción
de tutela.

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de 30 años de la ocurrencia de los hechos, la accionante acuda de manera tardía a
interponer el medio de control de reparación directa».

24. Adujo que lo pretendido por la parte actora es constituir la tutela como una
tercera instancia para que sean debatidos los hechos ocurridos desde el 16 de julio
de 1987 en Florencia (Caquetá). Añadió que no es posible «revivir los términos
precluidos del medio de control de reparación directa para buscar la prosperidad de
sus pretensiones».

25. Afirmó que lo formulado por los actores es improcedente para justificar la
interposición tardía del medio de control y, de tal forma, evitar la caducidad de la
demanda, pues el hecho originador del presunto daño fue notorio y de conocimiento
nacional.

26. Sostuvo que la acción constitucional es improcedente, pues no se acreditó
ningún perjuicio irremediable o amenaza inminente ocasionada a los tutelantes y
derivada de la decisión cuestionada.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C

27. A través de mensaje de datos remitido el 29 de junio de 2023, la autoridad
judicial argumentó que el mecanismo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues no se trata de un asunto que trascienda de una discusión legal
y, por tanto, no versa sobre la transgresión de derechos fundamentales.

28. Sostuvo que la parte actora pretende usar la tutela como una tercera
instancia ante su discrepancia con las decisiones judiciales que rechazaron en
primera y segunda instancia la demanda por caducidad del medio de control. Por
tanto, expuso que los accionantes simplemente manifestaron su inconformidad con
las providencias objeto de la demanda.

29. Advirtió que los demandantes sustentaron su inconformidad con la aplicación
de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En tal sentido, arguyó que el auto
censurado estuvo debidamente fundamentado y que lo formulado en el escrito inicial
plantea un debate de ámbito legal.

30. A pesar de ser debidamente notificados, el Juzgado 38 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora María Noé Bahamón Molina y otros, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 de 2021, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de
2015, también modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo
de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 de 12 de marzo de 2019.

32. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 de 2021, por ser esta Corporación el superior funcional de aquel.

2.2. Problema jurídico

33. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y las
intervenciones presentadas, corresponde a esta sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

34. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C los derechos fundamentales invocados por presuntamente
incurrir en los defectos formulados en el escrito de tutela, al proferir el auto
del 25 de mayo de 2022?

35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de
especial protección constitucional; ii) el criterio de la Sección sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) de los requisitos
generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iv) análisis del caso
en concreto.

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2.3. Las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial
protección constitucional

36. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

37. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección
se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia y, en general, las víctimas del conflicto armado, así
como aquellas que se encuentran en extrema pobreza y:

todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican
en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la
población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos
poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del
perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a
un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales
de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados5.

38. En jurisprudencia reiterada6 la Corte Constitucional ha construido un sólido
criterio relacionado con la protección de las personas que han sido víctimas de
violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco del
conflicto armado interno. La condición particular de vulnerabilidad de estas
personas demanda que el Estado tenga un rol activo para que las necesidades que
aquellos tengan sean satisfechas pronta y oportunamente, «lo que incluye el acceso
a la administración de justicia, para obtener la protección y/o el restablecimiento de
los derechos que les han sido vulnerados, precisamente, por causa del conflicto»7.

39. En tal sentido, al alto tribunal ha fijado las siguientes pautas constitucionales
mínimas en relación con las garantías que les asiste a tales sujetos, «las cuales se
erigen en presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico»8: i) acceso
efectivo a la tutela judicial; ii) protección frente a la revictimización; iii) aplicación y

5 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
6 Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-188 del 15.03.07., M.P.

Álvaro Tafur Galvis; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 del 21.06.12.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-364
del 12.06.15. M.P. Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión,
Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido; Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión,
Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
7 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido
8 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando

Reyes Cuartas.

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remisión a las reglas generales, siempre y cuando se ajusten a la protección
especial de las víctimas; iv) protección para que la ley sea interpretada
razonablemente de acuerdo con la Constitución y no de manera rígida; v) protección
frente a la demora o inacción de las autoridades competentes; vi) protección frente
a trámites adicionales; vii) protección del principio de adecuación; viii) protección
frente a la ausencia de procedimientos para ejercer un derecho.

2.3.1. El caso de las víctimas del exterminio Unión Patriótica

40. A su vez, en la sentencia del caso Integrantes y militantes de la Unión
Patriótica vs. Colombia del 27 de julio de 2022, notificada el 30 de enero de 2023,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos acreditó que existió una violencia
sistemática contra dichos sujetos que perduró durante más de 20 años y se extendió
en casi la totalidad del territorio colombiano.

41. Aquella violencia tuvo lugar a través de actos como desapariciones forzadas,
masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, torturas,
desplazamientos forzados, entre otros. Adujo el tribunal internacional que este
actuar constituyó parte de un plan de exterminio sistemático contra dicho partido
político, sus miembros y militantes, el cual contó con la participación de agentes
estatales y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades. Aunado a lo anterior,
afirmó que la investigación de estos hechos de violencia no fue efectiva y se
caracterizó por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia
por parte de las autoridades frente a ellos.

42. La corte concluyó que todo ello permitía caracterizar este conjunto de
sucesos de violencia sistemática como un delito de lesa humanidad. En tal sentido,
dicha providencia declaró que el Estado de Colombia es responsable por las
violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6000 víctimas
integrantes y militantes de la Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 2
décadas.

43. Ante tal realidad, es pertinente que el juez constitucional estudie los casos
relacionados con situaciones que involucren la presunta vulneración de derechos
fundamentales de víctimas del exterminio de esta organización política desde un
enfoque diferencial, con atención especial a las particularidades del caso analizado.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
9
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró su
procedencia.11

45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

2.4.1. Relevancia constitucional

48. De acuerdo con la sala, este requisito se encuentra cumplido en el caso en
concreto, por tratarse de una controversia que involucra derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia de sujetos de especial protección
constitucional, debido a su condición de víctimas de un delito de lesa humanidad,
como lo fue el homicidio del señor Fernando Bahamón Molina.

49. En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de
evidenciar suficientemente una tensión entre la providencia censurada y el núcleo

10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer los motivos
por los cuales considera que sus derechos se han vulnerado ante la indebida
aplicación de la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación.

50. En este orden de ideas, la controversia propuesta cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202212, como
pasa a exponerse.

51. Se encuentra que el asunto en cuestión no tiene por objeto la búsqueda de
una instancia adicional al proceso de reparación directa en el que se profirió el auto
cuestionado y, por tanto, no reemplaza los recursos ordinarios dispuestos para la
defensa de los derechos invocados. Esto, pues el interés de la parte actora no es
reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa, sino poner de presente
que la decisión censurada vulneró gravemente sus derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia pues, a su juicio, no se atendió a su condición
de víctimas de un delito de lesa humanidad.

52. De tal forma, el actor no pretende que esta sala de decisión se pronuncie
sobre aspectos propios del juez natural de la causa, pues los argumentos expuestos
fueron planteados con el objetivo de evidenciar, según su criterio, una decisión
arbitraria tomada con un fundamento jurisprudencial no aplicable al caso en
concreto, lo que derivaría en una clara vulneración a las garantías fundamentales
invocadas.

53. De acuerdo con lo anterior, se cumple con el requisito de formular los cargos
de la demanda desde una perspectiva de derechos fundamentales y garantías
constitucionales, dado que en el escrito inicial se hizo especial énfasis en la
condición de la parte actora como víctima del exterminio del partido político Unión
Patriótica. Al respecto, en asuntos relacionados con derechos de las víctimas al
interior de procesos de reparación directa -en especial, situaciones que involucren
graves violaciones a derechos humanos-, la Corte Constitucional13 ha considerado
que revisten una relevancia constitucional por la naturaleza misma de la
controversia y las garantías fundamentales involucradas.

54. En efecto, de acuerdo con el alto tribunal, con fundamento en los artículos 1,
2, 15, 21, 93, 229 y 250 constitucionales, la Convención Americana de los Derechos
humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las víctimas son titulares
de los derechos a la verdad sobre lo sucedido, a la justicia y determinación de las

12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19. M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21. M.P.
Alberto Rojas Ríos

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responsabilidades por tales hechos y a la reparación integral a los perjudicados14.

55. Por lo anterior, el presente litigio está revestido de relevancia constitucional
al relacionarse con el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios
ocasionados como consecuencia de un homicidio catalogado como delito de lesa
humanidad, lo que involucra directamente una tensión entre la providencia
censurada y el núcleo esencial de los derechos invocados. Esto pues, como ha
establecido la Corte Constitucional15, hace parte del núcleo esencial del derecho a
la reparación integral de las víctimas, el reconocimiento de una indemnización
económica o jurídica por el daño padecido.

2.4.2. Tutela contra tutela

56. La sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue
proferida en segunda instancia del proceso de reparación directa con radicado
11001-33-36-038-2020-00280-00/01.

2.4.3. Inmediatez

57. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C fue proferida el 25 de mayo de 2022
y notificada vía correo electrónico el 13 de febrero de 2023. Dado que el accionante
interpuso la tutela el 2 de junio de 2023, la sala considera que se presentó dentro
de un término razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.

58. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200517, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con

14 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 del 14.03.19. M.P.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 del 12.08.21. M.P. Alberto Rojas Ríos
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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ocasión de providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad

59. En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, se
acredita que el tutelante no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios
ni extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda instancia, por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, toda
vez que ninguna de las razones presentadas se puede adecuar a las causales de
procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

2.5. Caso concreto

60. Los accionantes afirmaron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, al proferir el auto del 25 de mayo de 2022, mediante
el cual se confirmó la providencia del 19 de abril de 2021 dictada por el Juzgado 38
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que rechazó la demanda de
reparación directa al advertirse la configuración del fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control.

61. Al respecto, advierte la sala que si bien los actores demandaron también la
decisión de primera instancia, se estudiará únicamente lo relacionado con el auto
proferido por el tribunal, al ser este el que dio fin a la controversia presentada ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

62. De conformidad con los argumentos expuestos en la tutela18, la parte actora
alegó que se incurrió en: i) desconocimiento del precedente, ante la indebida
aplicación de la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya que, a su juicio, no se
tomó en consideración que el hecho generador del daño alegado en el proceso de
reparación directa fue un delito de lesa humanidad perpetrado contra un militante
de la Unión Patriótica; y ii) violación directa de la Constitución, pues argumentó que
la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial y, al aplicar dicho fallo,
desconoció los artículos 2, 13, 93, 94, 228, 229 y 230 constitucionales.

63. En consonancia con lo anterior, se llevará a cabo un estudio conjunto de los
cargos formulados, pues la argumentación expuesta en los defectos está
intrínsecamente relacionada y se circunscribe a la indebida aplicación del criterio
unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la caducidad

18 Ver acápite de sustento de la vulneración: numerales 13 – 18.

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del medio de control de reparación directa en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad.

2.5.1. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

64. Para esta Sala19, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar
un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en
el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.

65. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

66. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

67. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales
que profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal20.

2.5.2. Generalidades del defecto por violación directa de la Constitución

68. Al respecto, la Corte Constitucional21 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

69. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición

19 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación

11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
20 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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fundamental a un caso concreto»22. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución23.

70. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»24, y se fundamenta
en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y,
por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con
aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad»25.

2.5.3. Estudio de los cargos formulados

71. Mediante la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó la decisión adoptada en
primera instancia que rechazó la demanda de reparación directa interpuesta por la
parte actora contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía
Nacional, al advertir la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad del
medio de control.

72. A diferencia de lo sostenido por la parte actora, la autoridad judicial accionada
no desconoció que el daño alegado fue ocasionado como consecuencia de un delito
de lesa humanidad, perpetrado en contra del señor Fernando Bahamón Molina, en
su calidad de concejal de San Vicente del Caguán (Caquetá) por el partido político
Unión Patriótica y de periodista de la Voz de la Selva.

73. En efecto, el tribunal puso de presente que era un hecho de público
conocimiento que los homicidios contra integrantes y militantes de la Unión
Patriótica fueron perpetrados con injerencia estatal y que el Estado de Colombia
aceptó su responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de
protección a dichas personas. De igual forma, tomó en consideración que la Fiscalía
47 de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, mediante Resolución del 5 de abril de 2016
declaró dicho homicidio como delito de lesa humanidad.

22 Ibidem
23 Ibidem
24 Ibidem
25 Ibidem

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74. En este orden de ideas, la accionada computó la caducidad del medio de
control de reparación directa desde el día siguiente a dicha declaratoria, lo que le
permitió concluir que el término venció el 6 de abril de 2018. De esta forma, sostuvo
que la parte actora actuó sin atender al término legal con el que contaba para
interponer la demanda de reparación directa, pues radicó el medio de control el 9
de diciembre de 2020.

75. Para fundamentar dicha decisión, el tribunal llevó a cabo un estudio de las
distintas posturas que han existido al interior del órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en relación con la caducidad del medio de control
de reparación directa en asuntos relacionados con daños ocasionados por delitos
de lesa humanidad.

76. De tal forma, expuso que existían dos criterios en las distintas subsecciones
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. El primero, tuvo como sustento el ius
cogens y señalaba que el paso del tiempo no impedía el acceso a la administración
de justicia para buscar la reparación de los daños derivados de este tipo de actos y,
por tanto, no debía aplicarse la regla de caducidad. Esta postura partía del principio
de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y consideraba que este
regía tanto en materia penal, como en asuntos de lo contencioso administrativo.

77. El segundo criterio avalaba la aplicación de las disposiciones generales sobre
caducidad en estos asuntos y se fundamentaba en la distinción entre la
imprescriptibilidad de la acción penal y la caducidad cuando se perseguía la
declaratoria de responsabilidad del Estado.

78. Puso de presente que, en este contexto, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado unificó su postura en relación con este asunto mediante la
sentencia del 29 de enero de 2020 en la que se precisó que en tales eventos
resultaba exigible el término para demandar establecido por el legislador en el literal
i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, con atención a las
siguientes premisas:

I. Dicho plazo, salvo en el caso de la desaparición forzada que cuenta con
regulación legal expresa, se debe computar desde el momento en que los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial.

II. Dicho término no puede ser aplicado cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del medio de control.

79. El tribunal expuso que, en dicho fallo, el Consejo de Estado aclaró que la
imprescriptibilidad de la acción penal frente a este tipo de delitos no da lugar a la

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inaplicación del plazo en controversias ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

80. A su vez, la autoridad judicial demandada resaltó que la Corte Constitucional,
mediante la sentencia SU-312 de 2020 «acompañó en sus conclusiones al órgano
de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa», pues encontró que dicho
entendimiento del término de caducidad del medio de control de reparación directa
era razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional.

81. Agregó que, conforme con el alto tribunal, las víctimas de este tipo de
vulneración de los derechos humanos cuentan con la oportunidad de acceder a la
administración de justicia, pues el término sólo empieza a contabilizarse cuando
exista claridad en torno a lo sucedido con independencia del tiempo que haya
transcurrido. Esto, pues, según la corte:

no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del
interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a
una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la
reclamación respectiva.

82. De igual forma, la accionada aclaró que la Corte Constitucional consideró que
dicha sentencia de unificación tenía una aplicación retrospectiva, esto es, que sus
efectos se surten desde el momento en que es proferida y con respecto a los casos
que se encontraban en curso y a los iniciados después del fallo, al ser esta la regla
general en la aplicación del precedente judicial. Por tanto, concluyó que dicha regla
de unificación jurisprudencial resultaba aplicable al asunto estudiado.

83. En este orden de ideas, la sala evidencia que existió una argumentación
suficiente y sistemática en el despliegue de los motivos que fundamentaron la
decisión cuestionada, pues el tribunal expuso de manera detallada la necesidad de
aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado al asunto en concreto.

84. Del mismo modo, a diferencia de lo sustentado por los tutelantes, la
demandada atendió a la particularidad del caso y, en tal sentido, computó el término
desde la declaratoria del hecho originador del daño como un delito de lesa
humanidad, esto es, desde la resolución del 5 de abril de 2016 expedida por la
Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario. Aunado a ello, se sustentó debidamente que, a tal fecha,
los interesados contaban con las condiciones suficientes para inferir que el daño era
imputable al Estado, tanto por acción como por omisión, dado el carácter notorio y
público de su responsabilidad en estos actos.

85. Adicional a ello, en la providencia cuestionada se puso de presente que, aun
cuando se tomara como fecha de cómputo de caducidad el 6 de septiembre de

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2017, momento en el que el Estado colombiano reconoció públicamente su
responsabilidad internacional por incumplimiento del deber de protección a las
personas pertenecientes y militantes de la Unión Patriótica26, la interposición del
medio de control debería declararse extemporánea, pues el término fenecía en
octubre de 2019.

86. Por su parte, los demandantes alegaron que la jurisprudencia es un criterio
auxiliar de la actividad judicial y, por tanto, debió darse una aplicación directa de los
artículos 2, 13, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constitución.

87. Al respecto, es necesario poner de presente que en sentencia del 30 de julio
de 2021, la Sección Tercera del Consejo de Estado27 indicó que el carácter
vinculante y obligatorio de la jurisprudencia de las altas Cortes tiene fundamento
normativo en el inciso primero del artículo 230 de la Constitución Política, que
consagra que «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de
la ley».

88. A su vez, el alto tribunal indicó en la providencia en referencia28 que, de
acuerdo con la Corte Constitucional29, el sentido de dicha disposición exige que los
jueces también están sometidos a la jurisprudencia de las altas corporaciones, las
cuales son las competentes para definir los criterios de interpretación de las normas.

89. Por su parte, la Sala Plena de dicha corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201830 estableció que de acuerdo con el artículo 237, ordinal 1 de la
Constitución, una de las atribuciones del Consejo de Estado es «desempeñar las
funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo». Por tal motivo, «la
jurisprudencia que profiere este órgano de cierre es vinculante para resolver los
conflictos cuya competencia está atribuida a esta jurisdicción, por la Constitución y
la Ley».

90. Agregó que en la sentencia C-816 de 201131, la Corte Constitucional señaló
que las decisiones proferidas por las altas cortes como autoridades de cierre de las
correspondientes jurisdicciones cuentan con características de permanencia e
identidad y con un carácter vinculante y obligatorio, «por emanar de órganos

26 Según Informe 170/17 (Caso 11.227) del 6 de diciembre de 2017 expedido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Sentencia del 30.07.21., M.P. Marta Nubia Velázquez Rico. Exp.: 05001-23-33-000-2018-01831-
01(66941)
28 Ibidem.
29 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-611 de 4.10.17, M.P: Luis Guillermo Guerrero

Pérez, exp: T-4867717.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P.

César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)
31 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-816 del 01.11.11. M.P. Mauricio González Cuervo.

Exp.: D-8473.

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diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política»32

91. En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, al momento de resolver el asunto en segunda instancia, se
encontraba en la obligación de aplicar el criterio unificado por el órgano de cierre en
la materia de estudio y no podía desconocer las reglas de derecho dictadas allí,
pues ello implicaría actuar en contravía de lo dispuesto por el artículo 230 superior.

92. Como consecuencia de lo anterior, la aplicación de dicha regla de caducidad
en el asunto en concreto no derivó en una vulneración de ninguna disposición de
orden superior, pues el reconocimiento del término conforme con lo estipulado en la
sentencia de unificación implica la garantía del acceso a la administración de justicia
y del debido proceso de las víctimas de delitos de lesa humanidad. En consonancia
con lo decidido por el tribunal, la sala advierte que en el asunto en concreto no se
configuró una transgresión de las garantías fundamentales de los tutelantes, pues
lo que existió fue un incumplimiento de la carga procesal exigida a los interesados,
aún bajo el reconocimiento de su condición de sujetos de especial protección
constitucional.

2.7. Conclusión

93. Con fundamento en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes,
se negarán los derechos fundamentales invocados por los señores María Noé
Bahamón Molina y otros, pues no se acreditó la configuración de los defectos
alegados.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos invocados por la parte actora, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28.08.18., M.P.

César Palomino Cortés. Exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ)

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Demandantes: María Noé Bahamón Molina y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02937-00

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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