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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02937-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02937-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02937-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejera Ponente (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02937-01
Accionantes: MARÍA NOÉ BAHAMÓN MOLINA Y OTROS.
Accionados: SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICAL – Se
confirma el fallo impugnado – Caducidad del medio de control de
reparación directa por actos de lesa humanidad - No se configura el
defecto invocado.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de 3
de agosto de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores María Noé Bahamón Molina, Cecilia Molina, Jackeline Peña
Bahamón, Alexander Peña Bahamón y María Emperatriz Bahamón Molina, a
través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyeron a las providencias de 19 de abril de 2021 y de 25 de mayo de 2022
proferidas por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá1 y la
Sección Tercera -Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2,
respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con el número de
radicado 110013336038202000280-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante y lo que reposa en el
expediente de tutela, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se
contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que el señor Fernando Bahamón Molina era hermano de las
señoras María Noé Bahamón Molina, Cecilia Molina y María Emperatriz Bahamón
Molina, y tío de los señores Jackeline Peña Bahamón y Alexander Peña Bahamón.

1
De ahora en adelante el Juzgado.
2
De ahora en adelante el Tribunal.

2

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

2.2. Indicaron que el señor Fernando Bahamón Molina era periodista en el medio de
comunicación La Voz de la Selva (filial de Caracol Radio) y miembro activo del partido
político La Unión Patriótica, en cuya militancia fue escogido concejal del municipio de
San Vicente del Caguán – Caquetá.

2.3. Relataron que el 16 de julio de 1987, mientras el señor Fernando Bahamón Molina
se encontraba en el perímetro urbano de la ciudad de Florencia – Caquetá, fue
interceptado por un sujeto quien le disparó con un arma de fuego ocasionándole la
muerte.

2.4. Aseguraron que la Fiscalía 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, a través de la Resolución de 5 de abril de 2016,
calificó los hechos mencionados en el acápite anterior como un delito de lesa
humanidad.

2.5. Señalaron que el 9 de diciembre de 2020, con base en lo anterior, promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que
se repararan los daños causados con ocasión de la muerte del señor Fernando
Bahamón Molina.

2.6. Adujeron que el anterior proceso fue identificado con el número de radicación
11001-33-36-038-2020-00280-00/01 y atribuido para su trámite al Juzgado Treinta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante providencia de 19 de abril
de 2021, rechazó la demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno
de la caducidad, en tanto que la demanda había sido radicada treinta y tres años
después del fallecimiento del señor Fernando Bahamón Molina.

2.7. Sostuvieronque la decisión de primera instancia fue apelada ante la Sección
Tercera -Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante
providencia de 25 de mayo de 2022 -notificada el 13 de febrero de 2023-, confirmó la
decisión del a quo, pero precisó que el término de caducidad del medio de control
debía contabilizarse a partir del 6 de abril de 2016, cuando la Fiscalía General de la
Nación declaró el crimen del señor Fernando Bahamón Molina como un delito de lesa
humanidad.

2.8. Manifestaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente al aplicar indebidamente la sentencia de unificación
de 29 de enero de 20203 del Consejo de Estado, sin tener en cuenta las circunstancias
específicas del caso, toda vez que si bien han transcurrido más de 33 años, la justicia
penal no ha identificado al responsable de la muerte de su ser querido, quien fue
asesinado por ser un militante del partido político Unión Patriótica.

2.9. Igualmente,
alegaron que existió una violación directa de la Constitución, al
desconocer la sentencia de 27 de julio de 2022 de la Corte Interamericana de

3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de 2020.
Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.

3

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

Derechos Humano, en la que se le atribuyó al Estado de Colombia la responsabilidad
por el genocidio de los miembros de la Unión Patriótica.

2.10. Finalmente, adujeron que la administración de justicia no los atendió en calidad de
víctimas del conflicto armado del Estado y, por el contrario, el acceso estuvo
obstaculizado por algunos funcionarios estatales. En ese sentido, agregaron «que
todos aquellos que acudieran a denunciar que mostraran esa misma inclinación
política igualmente correrían con la suerte de ser asesinados».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

«[…] Se tutele el derecho fundamental al debido proceso y otros, del señor
Cecilia Molina, Eulalia Molina de Bahamón, María Noé Bahamón Molina, María
Emperatriz Bahamón Molina, Jakeline Peña Bahamón y el señor Alexander
Peña Bahamón, y en consecuencia se deje sin efecto la decisión del 25 de Mayo
de 2022 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
(sic) TERCERA -SUBSECCIÓN (sic) “C” de Bogotá, que confirmo (sic) la
decisión del Juez 38 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien rechazo (sic)
de plano la demanda y aplico (sic) el fenómeno de la Caducidad (sic) de la
acción. […]». (Sic en toda la cita).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de junio de 2023, la magistrada a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela
respecto de la señora María Noé Bahamón Molina, y la inadmitió frente a los
señores los señores Cecilia Molina, Eulalia Molina de Bahamón, María Emperatriz
Bahamón Molina, Jackeline Peña Bahamón y Alexander Peña Bahamón, hasta
tanto el apoderado judicial allegara los poderes para actuar. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso a la Nación
• Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional.

4.1. Seguidamente, mediante auto de 7 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela
de la referencia presentada por los señores Cecilia Molina, María Emperatriz
Bahamón Molina, Jackeline Peña Bahamón y Alexander Peña Bahamón y se
rechazó respecto de la señora Eulalia Molina Bahamón.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, se
advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Policía Nacional, a través del jefe del área jurídica, indicó que no existió
vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores, por cuanto
el medio de control de reparación directa debía ser interpuesto antes del término
previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, so
pena de que operara el fenómeno de la caducidad.

4

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

5.2. Por lo anterior, precisó que la parte actora no podía acudir a la administración
de justicia 30 años después de la ocurrencia de los hechos constitutivos del daño.

5.3. Finalmente, concluyó que lo perseguido por los accionantes era convertir la
presente acción de tutela en una tercera instancia del proceso contencioso, por lo
que solicitó declarar su improcedencia.

5.4. LaSección Tercera -Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la magistrada ponente, señaló que si bien la parte
actora adujo que le fueron violados sus derechos fundamentales, lo cierto era que
no se expusieron los argumentos que evidenciaran dicha vulneración y que,
además, lo pretendido en esta ocasión era que el juez constitucional actuara como
una tercera instancia del proceso contencioso.

5.5. Igualmente, resaltó que en la providencia de segunda instancia sí se estudiaron
y tuvieron en cuenta las circunstancias que rodearon el caso.

5.6. Finalmente, solicitó declarar improcedente el amparo constitucional deprecado.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 3 de agosto de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado denegó el amparo de tutela, con sustento en las siguientes razones:

6.1. Precisó que contrario a lo sostenido por la parte actora, la autoridad judicial
accionada no desconoció el daño alegado con ocasión de un delito de lesa
humanidad y, por el contrario, el Tribunal accionado puso de presente que era un
hecho de público conocimiento que los homicidios contra integrantes y militantes
del partido político Unión Patriótica fueron perpetrados con injerencia estatal y, de
igual forma, tuvo en consideración que la Fiscalía Nacional Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante Resolución de
5 de abril de 2016, declaró dicho homicidio como delito de lesa humanidad.

6.2. En ese sentido, puso de relieve que el Tribunal accionado computó el término de
caducidad del medio de control a partir del día siguiente a la expedición de la
decisión que declaró como delito de lesa humanidad el crimen del señor Fernando
Bahamón Molina y por ello los accionantes tuvieron hasta el 6 de abril de 2018 para
presentar la demanda. De manera que la parte actora actuó desconociendo los
términos legales, en tanto que presentó la demanda el 9 de diciembre de 2020, sin
alegar las razones y el sustento probatorio por los cuales lo realizó hasta esa fecha.

6.3. El a quo señaló que el Tribunal expuso de manera detallada la necesidad de
aplicar la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado,
ya que era evidente el momento en que el hecho fue de conocimiento público y
catalogado como delito de lesa humanidad.

6.4. En ese sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado destacó que el Tribunal
también estudió que de haberse contado la caducidad a partir de septiembre de
2017, momento en que el Estado colombiano asumió la responsabilidad por la

5

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

muerte de los miembros activos del partido Unión Patriótica, igualmente, hubiera
operado el fenómeno jurídico mencionado, ya que los actores tuvieron hasta el 1o.
de octubre de 2019 para radicar el medio de control, pero lo hicieron el 9 de
diciembre de 2020.

6.5. Finalmente, señaló que lo que existió no fue una transgresión a derechos
fundamentales sino el desconocimiento de la carga procesal con la que debía
cumplir la parte actora.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. Los
accionantes María Noé Bahamón Molina, Cecilia Molina, Jackeline Peña
Bahamón, Alexander Peña Bahamón y María Emperatriz Bahamón Molina
impugnaron el fallo de primera instancia, con fundamento en las siguientes razones:

7.1. Afirmaron que el inconformismo radicaba en que se aplicó de manera
«exegética» la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta
las circunstancias fácticas del caso en concreto y la responsabilidad del Estado
frente al daño causado a las víctimas, por lo que no sería posible afirmar que se
configuró el fenómeno jurídico de la caducidad.

7.2. Consideraron que la respuesta de la justicia fue precipitada, puesto que solo tuvo
en cuenta lo preceptuado por las normas, desconociendo lo dispuesto sobre la
vulneración de derechos humanos por parte del Estado, es decir, a su parecer no
se analizaron otras alternativas para proteger las garantías de las víctimas.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo
de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216.

VIII.2. Problemas jurídicos

9. La Sala de Decisión considera necesario precisar que, aunque el extremo
accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la
providencia proferida en primera instancia como a aquella dictada en segunda
instancia, dentro del proceso de reparación directa con radicado número
110013336038202000280-01, el presente análisis se centrará en determinar si en
esta última providencia se incurrió en las causales de procedibilidad invocadas,
dado que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis7.

4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
5
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

6

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello es así,
determinar:

b) Si la providencia de 25 de mayo de 2022, proferida por la Sección Tercera -
Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del medio de control de reparación directa número
110013336038202000280-01, vulneró los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, por haberse incurrido, presuntamente, en
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con el defecto alegado, siempre y cuando
se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9
12. En sentencia de 31 de julio de 2012 , la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución11.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión12” que se encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El Caso concreto

19. Los señores María Noé Bahamón Molina, Cecilia Molina, Jackeline Peña
Bahamón, Alexander Peña Bahamón y María Emperatriz Bahamón Molina, a
través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le
atribuyeron a las providencias de 19 de abril de 2021 y de 25 de mayo de 2022,
proferidas por el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá13 y
la Sección Tercera -Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca14,

10
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
11
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
12
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
13
De ahora en adelante el Juzgado.
14
De ahora en adelante el Tribunal.

8

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con el número de
radicado 110013336038202000280-01.

VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

20. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen,
en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como
lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, y se encuentra
satisfecha la carga argumentativa mínima; (ii) la parte accionante no tiene otro
medio de defensa judicial para la salvaguarda de los derechos fundamentales que
aduce vulnerados con ocasión de la providencia aquí enjuiciada; (iii) la acción de
amparo fue promovida dentro un término razonable15; (iv) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; (v) no se alega la existencia de una irregularidad
procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto, y (vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica
naturaleza o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

21. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, abordará los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el
accionante. En tal sentido, se pone de presente que en el caso sub examine, se
alega la configuración de una violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente. Sin embargo, en criterio de la Sala los
argumentos que sustentan los citados defectos también encajan dentro de la órbita
del defecto fáctico.

VI.4.2.1. Solución a los defectos en el caso concreto

22. En el sub judice, la parte accionante, en síntesis, plantea que en la decisión de
25 de mayo de 2022, dictada por la Sección Tercera -Subsección “C”- del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se incurrió en una violación directa
de la Constitución, en un desconocimiento del precedente y en un defecto
fáctico, de conformidad con los siguientes argumentos:

22.1. En primer lugar, señalaron que la autoridad judicial accionada, amparándose en
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, desconoció la sentencia de 27
de julio de 2022, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humano, en la
cual al Estado colombiano se le atribuyó la responsabilidad por el genocidio de los
miembros de la Unión Patriótica. Al respeto señalaron lo siguiente:

[…] No desconozco la obligatoriedad del precedente, pero si (sic) critico que sin
mediar otra alternativa para la solución al caso puesto a consideración de los

15
Se precisa que la providencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 13 de febrero de 2023, mientras que la
presente acción tutela fue radicada el 1 de junio de 2023.

9

Radicación: 25000-23-15-000-2023-02937-01
Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

jueces, sea esta (sentencia su), la que prima, sin tener en cuenta nada más,
olvidando que se esta (sic) tratando es de administrar justicia para seres
humanos, desconocidos por el Estado, por tantos años, pero igual de esta
manera se rechazada la demanda, considero que vulnera el derecho al acceso
a la justicia de los ciudadanos.
(…)
[L]a decisión de segunda instancia es la aceptación a plenitud de la primera
instancia, y una negativa explicativa de un criterio jurisprudencia (sic) frio (sic),
alejado de una realidad social histórica que dejan desdén y desconcierto en los
asociados que acudimos a la administración de justicia, este evento a todas
luces si es vulnerador de acceso a la administración de justicia, a la protección
de las víctimas, al derecho a ser oídas reparadas he (sic) indemnizadas […].

22.2. En segundo lugar, sostuvieron que la decisión objeto de esta acción
constitucional no tuvo en cuenta los hechos específicos en lo que falleció el señor
Fernando Bahamón Molina, quien tenía la calidad de miembro activo del partido
político Unión Patriótica.

23. Teniendo en cuenta lo anterior, por otro lado, se advierte que en la providencia
de 25 de mayo de 2022, el Tribunal al analizar la configuración de la caducidad en
el sub examine sostuvo lo siguiente:

[…] En criterio de esta Sala y basado en las imputaciones realizadas por la
propia parte actora se tiene que, en efecto, desde el mismo fallecimiento del
señor Bahamón Molina, la parte conocía de la causación del daño y debía
debatirse ante el juez contencioso su antijuridicidad, es decir, si el mismo se
había presentado con ocasión a una acción u omisión por parte del Estado, por
lo que, el término de caducidad debió computarse desde el 17 de julio de 1987.

No obstante, lo expuesto, no puede obviar esta Agencia Judicial, que el extremo
accionante, igualmente señaló que el homicidio del señor “FERNANDO
BAHAMÓN MOLINA, se dio como consecuencia de pertenecer a un partido
político como lo era la Unión Patriótica (UP)” y en virtud de ello, ese hecho
punible fue catalogado como delito de lesa humanidad, y con ello se reconoció
su imprescriptibilidad penal.

Al respecto, advierte la Sala que, mediante resolución del 05 de abril del 2016,
el Fiscal 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario declaró el homicidio de Fernando Bahamón Molina,
como delito de lesa humanidad (…)
(…)

Desde el punto de mira en cuestión y tal y como lo acotó el recurrente se debe
tener en cuenta que fue un hecho “de conocimiento público muchos años
después de ocurridos los hechos objeto de la demanda, cuando se estableció
la relación directa entre los ideales de los militantes del partido político Unión
Patriótica, y la respuesta violenta de organizaciones de extrema derecha,
delincuencia organizada, grupos paramilitares, narcotráfico y en algunos casos
agentes del Estado, que vieron menoscabados sus intereses políticos y
económicos con el fortalecimiento de la UP.”
(…)

Así las cosas, en el sub-judice la Sala tendrá como fecha para computar la
caducidad del medio de control de reparación directa, desde el día siguiente a
la declaración como delito de lesa humanidad “la conducta penal de homicidio
que se ejecutó en contra de la humanidad de FERNANDO BAHAMÓN
MOLINA”, lo que ocurrió el 05 de abril del 2016, fecha que evidencia el
conocimiento de los accionantes de la connotación del homicidio de su familiar,

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Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

por lo cual contaban hasta el 6 de abril de 2018, para presentar la respectiva
demanda de reparación directa; sin embargo, como la demanda fue radicada el
9 de diciembre del 2020, lo hizo por fuera del término legal establecido y en ese
sentido, resulta factible concluir que operó el fenómeno jurídico de la caducidad
de la acción.

Considera esta Agencia Judicial, que aun tomando como término de caducidad
a fecha en la cual, el Estado Colombiano aceptó su responsabilidad “por el
incumplimiento del deber de protección a las personas pertenecientes y
militantes de la Unión Patriótica”, esto es septiembre de 2017, igualmente,
resulta incuestionable que ha operado la caducidad de la acción, puesto que los
actores contaban hasta el 1 de octubre de 2019, para interponer la acción
contencioso administrativa, situación que como se anotó, ocurrió hasta el 9 de
diciembre de 2020. […] (Negrillas del texto y subrayas fuera del texto).

24. Como se puede evidenciar, en la decisión objeto de la presente acción
constitucional se concluyó que había operado el fenómeno de la caducidad en el
caso concreto porque: (i) desde el 5 de abril de 2016 los accionantes tuvieron
conocimiento del daño y de la participación de agentes del Estado en la muerte del
señor Fernando Bahamón Molina, esto es, cuando la Fiscalía 47 de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario declaró el
homicidio como un delito de lesa humanidad y, (ii) conforme con la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, resulta aplicable el cómputo del término de
caducidad al caso objeto de estudio porque los demandantes no acreditaron
haberse encontrado imposibilitados para promover el medio de control respectivo.

25. Resumidos los elementos probatorios y jurídicos que fundamentan la decisión de
25 de mayo de 2022, la Sala encuentra que el raciocinio efectuado por la autoridad
accionada resulta razonable y, en virtud de ello, no aprecia la configuración de los
defectos denunciados en el caso objeto de estudio, tal y como se explica a
continuación:

25.1. Se advierte que no es cierto que se hubiese incurrido en una violación directa
de la Constitución, con ocasión de la declaratoria de caducidad del medio de control
de reparación directa en el caso de autos.

25.2. Sobre este aspecto, es de destacar que esta Sección ha venido analizando
asuntos similares al presente16 y ha concluido que, conforme con la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, en materia de reparación directa por la comisión
de delitos de lesa humanidad es aplicable la figura de la caducidad y la aplicación
de dicha figura no es contradictoria con la Convención Americana de Derechos
Humanos.

25.3. Lo anterior se acompasa con lo dicho por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de la sentencia de 29 de enero de 202017, en la que se decidió
unificar la jurisprudencia en torno al cómputo del término de caducidad del medio
de control de reparación directa derivado de graves violaciones de derechos

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2023. Exp. 11001-
03-15-000-2023-02050-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de
2020. Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.

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Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

humanos. La providencia en cuestión señala las siguientes reglas como
precedentes vinculantes para la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

[…] [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará
en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas
con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista
material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia […].

25.4. Claramente, la regla jurisprudencial fijada por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación prevé que en
aquellos casos en los que se persigue el resarcimiento económico por los daños
causados con ocasión de la comisión de crímenes de guerra o delitos de lesa
humanidad, sí es exigible el presupuesto procesal de la caducidad previsto en
el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.

25.5. La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-312 de 2020, respaldó la
posición de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en tanto que
resultaba razonable aplicar la figura de la caducidad al medio de control de
reparación directa por daños derivados de la comisión de delitos de lesa humanidad,
siempre y cuando el cómputo de este estuviese asociado con el conocimiento
de la víctima sobre la participación de agentes del Estado en el hecho
generador. En la aludida decisión se dijo lo siguiente:

[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta
Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del
medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño
que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un
crimen de guerra o genocidio.

6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para
que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad
de acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración
de responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los
menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a
contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin
han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el

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delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el
perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de
ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar
la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad
pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.

6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la
optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos
como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una
parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños
causados por las mismas.
(…)
6.37. Ahora bien, esta Corporación evidencia que la inclusión del
conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a
contabilizar el término de extinción de una acción judicial, es una forma
de ponderar el principio de seguridad jurídica y el mandato de justicia en
escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento
interno en materia contenciosa administrativa, sino también en la especialidad
penal […]. (Negrillas fuera de texto)

25.6. En las citadas sentencias de unificación se determinó que la aplicación de la figura
de la caducidad, bajo las condiciones dispuestas, no constituía un desconocimiento
del estándar normativo convencional, y de la sentencia 29 de noviembre de 2018
[Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile], porque «[…] el ordenamiento jurídico chileno
contiene preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto
no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la
participación del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene los
mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal […]».

25.7. Tampoco se puede alegar que existió un desconocimiento de la sentencia de 27
de julio de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto la
decisión del Tribunal no desconoció la responsabilidad que eventualmente pueda
tener el Estado por el genocidio de los miembros de la Unión Patriótica; sino que, de
acuerdo con la normativa interna, los aquí accionantes debieron acudir en término a
la administración de justicia.

25.8. Finalmente, los accionantes no lograron probar dentro del proceso contencioso,
que la demora para presentar la acción de reparación directa se debió a condiciones
objetivas y concretas que impidieron el acceso pronto a la administración de justicia,
por lo que tampoco quedó probada una de las excepciones que trae la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020.

26. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la providencia de 25 de mayo de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no incurrió en los
defectos denunciados, en tanto que la aplicación de la caducidad en el presente
caso se hizo conforme a los parámetros jurisprudenciales previamente fijados

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Accionante: María Noé Bahamón Molina y otros.

por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto
es, contabilizando el término desde que los accionantes tuvieron conocimiento
de la participación de agentes del Estado en la producción del daño.

27. Ante este panorama, la Sala considera que la decisión del Tribunal accionado se
encuentra debidamente soportada y respaldada en una interpretación sistemática
y razonada de las normas aplicables para la resolución de la causa, sin que se logre
apreciar que se hayan vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte
actora.

28. Consecuente con lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia que denegó
el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado (E)
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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