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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02944-00

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02944-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Yina Paola Polanía Collazos, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Auditoría, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, los Juzgados Primero y Tercero Laborales del Circuito de Neiva, los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de Familia del Circuito de Garzón, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02944-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02944-00
Actora: Yina Paola Polanía Collazos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02944-00
Demandante: YINA PAOLA POLANÍA COLLAZOS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -UNIDAD DE
AUDITORIA, CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DEL HUILA, JUZGADOS PRIMERO Y TERCERO LABORALES
DEL CIRCUITO DE NEIVA, JUZGADOS PRIMERO Y
SEGUNDO PROMISCUOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE
GARZÓN (HUILA)

Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Principio del mérito
en el sistema especial de carrera judicial para proveer vacantes
definitivas, no temporales, con el registro de elegibles cuando se
concede licencia no remunerada de dos años

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Yina Paola Polanía Collazos, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Auditoría, el
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, los Juzgados Primero y Tercero
Laborales del Circuito de Neiva, los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de
Familia del Circuito de Garzón, en la que pretende que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a cargos públicos, los
cuales considera vulnerados porque las autoridades accionadas no tuvieron el
cuenta el registro de elegibles conformado en el marco de la convocatoria No. 4 de
la Rama Judicial, para proveer las vacantes temporales en el cargo de escribiente.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que participó en el concurso público de méritos correspondiente a
la convocatoria No. 4, para la provisión de cargos de empleados de carrera de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Neiva. Afirmó
que tras haber superado las etapas del concurso fue incluida en el registro de
elegibles para aspirar al cargo de escribiente de juzgado del circuito conformado
por medio de la Resolución No. CSJHUR-21-297 de 21 de mayo de 2021, en el
que fue ubicada en la posición 18 con 521.51 puntos.

Adujo que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, el cargo de
escribiente en los Juzgados Primero y Tercero Laborales del Circuito de Neiva,
Primero y Segundo Promiscuos de Familia del Circuito de Garzón, está vacante
porque a quienes ocupan el cargo en carrera se les concedieron licencias no
remuneradas para ocupar otros cargos en la Rama Judicial, no obstante, dicho
cargo fue proveído por funcionarios en provisionalidad que no hacen parte de las

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listas de elegibles como lo dispone la Circular PCSJC17-36 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura.

2. Fundamentos de la acción

La actora presenta acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y de acceso a los cargos públicos, los cuales considera
vulnerados porque los Juzgados Primero y Tercero Laborales del Circuito de
Neiva, Primero y Segundo Promiscuos de Familia del Circuito de Garzón,
efectuaron nombramientos en el cargo de escribiente sin hacer uso del registro de
elegibles conformado por medio de la Resolución No. CSJHUR-21-297 de 21 de
mayo de 2021 para dicho empleo, en el marco de la convocatoria No. 4 de la
Rama Judicial, en el que se presentó vacancia provisional porque a los empleados
que ocupan esos cargos en carrera se les concedió licencia no remunerada para
ocupar otros cargos en la Rama Judicial.

Para argumentar lo anterior, se refirió al artículo 156 de la Ley Estatutaria 270 de
1996 que establece el mérito como fundamento principal de la carrera judicial. De
igual forma, indicó que en el artículo 132 de la misma normativa se establece que
en caso de vacancia temporal de un cargo de la Rama Judicial se realizará el
nombramiento en provisionalidad.

También indicó que conforme con lo establecido en el artículo 142 de la precitada
ley, los funcionarios y empleados en carrera pueden pedir una licencia no
remunerada por dos años para ocupar otro cargo vacante en la Rama Judicial, y
que durante ese periodo el cargo deberá ser provisto de manera provisional bajo
los parámetros establecidos en la Circular PCSJC17-36 de 25 de septiembre de
2017, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, según la cual “tratándose
de empleos que corresponden al régimen de carrera judicial, las vacancias
definitivas se deben proveer por el sistema de méritos y en caso de vacancia
transitoria, según los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional, sentencias
C-713 de 2008, C-333 de 2012 y 532 de 2013, deben tenerse en cuenta los
integrantes de los registros de elegibles vigentes, como lo precisó en los
mencionados fallos que por tratar una situación semejante, pueden ser aplicables”.

En ese orden, se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela, tales como: (i) legitimación en la causa por
activa, toda vez que le asiste un interés directo porque se encuentra en el registro
de elegibles para el cargo de escribiente de juzgado del circuito, (ii) inmediatez, en
tanto conoció los hechos que alega como causa de la vulneración ius fundamental
el 31 de mayo de 2023 cuando el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila dio
respuesta a la solicitud que radicó para conocer los juzgados del circuito que
presentaban una vacante provisional en el cargo de escribiente, (iii)
subsidiariedad, porque no existe otro mecanismo idóneo para exigir a las
autoridades accionadas “efectuar convocatoria pública para proveer en
provisionalidad los cargos vacantes temporalmente a efecto de que los que
estamos en la lista de elegibles podamos optar por dichas oportunidades”.

3. Pretensiones

La accionante formuló en el escrito de tutela las siguientes:

“PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental a acceder a un cargo público de
carrera por mérito, igualdad, trabajo y al debido proceso vulnerados por las entidades
convocadas al presente asunto.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordene a los nominadores de los
Juzgados 1 Laboral del Circuito de Neiva, 3 Laboral del Circuito de Neiva, 1 Promiscuo
de Familia de Garzón y Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Garzón, efectúen una

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convocatoria pública para proveer los cargos de Escribiente de Juzgado de Circuito en
provisionalidad, en los términos establecidos en la CIRCULAR PCSJC17-36.

TERCERO: Se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL
HUILA, generar un protocolo de obligatorio cumplimiento dirigido a los nominadores
con el objeto de publicar las vacantes temporales para proveer los cargos en
provisionalidad y con el objeto de dar cumplimiento a la CIRCULAR PCSJC17-36.

CUARTO: Se ordene a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de la Rama Judicial,
adelante un proceso especial de auditoría a los Juzgados accionados, para la
verificación y control del cumplimiento de los acuerdos y demás normas reguladoras
del sistema de carrera.

QUINTO: Se ordene a todos los nominadores judiciales que en adelante previo a
proveer en provisionalidad una vacante temporal, se sirvan efectuar una convocatoria
pública en la página web de la Rama Judicial del Poder Público, con el objeto de que
los integrantes de la lista de elegibles podamos postularnos”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. CSJHUR21-297 de 21 de mayo de 2021, “por
medio de la cual se conforma el Registro Seccional de Elegibles para proveer el
cargo de escribiente de juzgado de circuito nominado como resultado del
concurso de méritos, convocado mediante Acuerdo CSJHA17-491 del 6 de
octubre de 2017”.

• Copia de la petición formulada por la actora el 9 de mayo de 2023.

• Copia del oficio CSJHUOP23-613 de 31 de mayo de 2023, expedido por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

• Copia de la Circular PCSJC17-36 de 25 de septiembre de 2017, proferida
por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

5. Trámite procesal

5.1. La acción de tutela correspondió inicialmente a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, que por auto de 1 de junio de 2023 remitió
el expediente al Consejo de Estado atendiendo las reglas administrativas de
reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021, en tanto la autoridad demandada
es el Consejo Superior de la Judicatura.

5.2. Por auto de 7 de junio de 2023, la magistrada sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la parte demandante y a las autoridades administrativa y judiciales demandadas.

5.3. Posteriormente, por medio de auto de 29 de agosto de 2023, se ordenó la
vinculación de los señores Luis Felipe Celis Fierro, Paola Andrea Montes Vargas,
Daniel Calle Hernández, Edna Piedad Urriago Trujillo, Doris Hernández González
y Mónica Parra González, teniendo en cuenta que son los empleados que
actualmente ocupan el cargo de escribiente en los juzgados accionados.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 55574 a 55581 de
13 de junio de 2023 y 96092, 96098, 96099, 96100 y 96101 de 11 de septiembre
de 2023, con el fin de notificar a las partes1.

1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las
siguientes direcciones de correo electrónico: abogadayinapaola@gmail.com,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, lcto03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila

El presidente de la Corporación rindió informe sobre los hechos y pretensiones de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

Consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
actora porque de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996, las autoridades nominadoras para los cargos vacantes en
los despachos judiciales, son los mismos jueces y no el Consejo Seccional de la
Judicatura.

Adujo que ha cumplido las funciones que le competen en el marco del concurso
público de méritos de la convocatoria No. 4, desde la realización hasta la remisión
de las listas de elegibles a los nominadores.

Sobre la provisión transitoria de los cargos de carrera informó que mediante
Circular PCSJC17-36 de 25 de septiembre de 2017, el Consejo Superior de la
Judicatura exhortó a todos los nominadores de la Rama Judicial a cumplir las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la provisión
de los empleos de carrera en la Rama Judicial por vacancia definitiva o transitoria,
orientados siempre por el mérito como criterio de selección.

Adujo que en el marco de lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-532 de 2013, expidió las circulares CSJHUC18-123 de 10 de octubre
de 2018 y CSJHUC22-31 de 11 de marzo de 2022, dirigida a los nominadores del
Distrito Judicial de Neiva, para reiterar dicho exhorto.

Finalmente pidió que se “rechace” la acción de tutela en lo pertinente a esa
corporación, teniendo en cuenta que el nombramiento que pretende la
demandante no es del resorte de sus competencias, por lo que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados. En ese sentido, se refirió a la sentencia de
14 de julio de 2022 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia2.

6.2. Respuesta del Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de
Garzón

La titular de ese despacho judicial rindió informe sobre la acción de tutela y señaló
que el cargo de escribiente se encuentra ocupado en propiedad por la señora
Edna Piedad Urriago Trujillo, quien fue nombrada del registro de elegibles que fue
remitido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila mediante Acuerdo No.
CSJHUA21-39 de 25 de agosto de 2021.

Afirmó que a la empleada judicial se le otorgó una licencia no remunerada para
ejercer otro cargo en la Rama Judicial, la cual se encuentra disfrutando. Adujo
que, para efectos de efectuar el nombramiento provisional en el cargo que quedó
vacante temporalmente, se publicó en la página web de la Rama Judicial la
vacante provisional y se postularon las señoras Karen Lizeth Yunda Perdomo y
Katherin Torres Sáenz integrantes de la lista de elegibles vigente para el cargo de

tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, consechui@cendoj.ramajudicial.gov.co,
cssa02hui@cendoj.ramajudicial.gov.co, lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j01profctogarzon@cendoj.ramajudicial.gov.co, j02profctogarzon@cendoj.ramajudicial.gov.co,
dcalleh@cendoj.ramajudicial.gov.co, pmontesv@cendoj.ramajudicial.gov.co,
mparrago@cendoj.ramajudicial.gov.co, eurriagot@cendoj.ramajudicial.gov.co,
dhernangon@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2
Expediente 2022-02146-00.

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escribiente del Circuito Seccional del Huila conformada por medio de la
Resolución No. CSJHUR21-297 de 21 de mayo de 2021.

Al respecto, señaló que la señora Yunda Perdomo ocupó el cargo entre el 2 de
mayo y el 31 de julio de 2022 y la señora Torres Sáenz entre el 1 de agosto y 31
de octubre de 2022, a lo que agregó que ambas presentaron renuncia al cargo.
Explicó que teniendo en cuenta que no hubo otras postulaciones, por necesidades
del servicio efectuó el nombramiento de una persona que cumple los requisitos
para el cargo.

En ese marco, señaló que el despacho realizó la publicación de la vacante
provisional, sin embargo, la actora no se postuló, por lo que no existe vulneración
de los derechos fundamentales invocados y, en ese marco, pidió que se nieguen
las pretensiones de la demanda.

6.3. Respuesta del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
Garzón

La secretaria del despacho se pronunció sobre la acción de tutela e informó que
en el cargo de escribiente se nombró, a partir del 24 de febrero de 2020, en
propiedad, a la señora Doris Hernández González conforme al registro de
elegibles (convocatoria No. 3), remitido por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Huila por oficio No. CSJHUOP19-531.

Informó que la señora Hernández González se posesionó en el cargo el 18 de
agosto de 2020 y al día siguiente solicitó una licencia no remunerada que le fue
concedida por medio de la Resolución No. 010 de 19 de agosto de 2020, y en su
reemplazo fue nombrada la señora Mónica Parra González, quien venía ocupando
ese cargo en provisionalidad.

Explicó que para ese momento las listas de elegibles conformadas en el marco de
la convocatoria No. 3 había vencido desde el 2 de junio de 2020 y la lista de la
convocatoria No. 4 fue publicada el 21 de mayo de 2021, razón por la cual no se
efectuó la publicación de la vacante provisional.

Finalmente, pidió que se desvincule del trámite constitucional al no haber
vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante.

6.4. Respuesta del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva

El titular del despacho judicial presentó informe sobre los hechos y las
pretensiones de la demanda y señaló que por oficio No. CSJHUOP22-1802 de 28
de diciembre de 2022, proveniente del Consejo Seccional de la Judicatura del
Huila, se remitió el Acuerdo No. CSJHUA22-115 de 22 de diciembre de 2022, por
medio del cual se formula ante este despacho judicial el listado de candidatos
tomado del registro seccional de elegibles para proveer el cargo de escribiente
nominado de Juzgado del Circuito y, conforme al mismo, se nombró en propiedad
a la señora Paola Andrea Montes Vargas.

Afirmó que desde el 31 de enero de 2023 a la señora Montes Vargas se le otorgó
licencia no remunerada para ocupar otro cargo de mayor jerarquía en la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Neiva, a lo que agregó que para proveer
el cargo se nombró al señor Luis Felipe Celis Fierro que ocupa el cargo de citador
grado III en propiedad en ese mismo despacho judicial.

Por último, solicitó “desvincular de la presente acción de tutela al Juzgado Primero
Laboral de Neiva, en el entendido de que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental a la accionante”.

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6.5. Respuesta del señor Luis Felipe Celis Fierro

El señor Celis Fierro relató que desde el 31 de enero de 2023 ocupa el cargo de
escribiente, en provisionalidad, en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Neiva en reemplazo de la señora Paola Andrea Montes Vanegas quien fue
nombrada en propiedad, pero goza de una licencia no remunerada para ejercer
otro cargo en la Rama Judicial.

Adujo que en el mismo despacho judicial ocupa en propiedad el cargo de citador
de juzgado de circuito grado III desde el 1 de febrero de 2022, en virtud del
concurso público de méritos. Al respecto, resaltó que el nominador generalmente
promueve a los empleados del despacho a cargos superiores cuando se
presentan vacantes teniendo en cuenta la evaluación y desempeño que, en su
caso, es 98.5.

6.6. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva y demás vinculados al
trámite constitucional como terceros interesados, guardaron silencio aun cuando
fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si las autoridades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a los cargos
públicos, al no efectuar el nombramiento en provisionalidad en el cargo de
escribiente de las personas que conforman el registro de elegibles conformado por
medio de la Resolución No. CSJHUR-21-297 de 21 de mayo de 2021, en el marco
de la convocatoria No. 4 de la Rama Judicial, en el que la actora ocupa la posición
No. 18.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer
la acción de tutela (…)”.

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En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. El principio del mérito en la Rama Judicial y su concreción cuando se
presentan vacancias definitivas

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política el ejercicio de la
función pública se encuentra gobernado por el principio del mérito, y en
cumplimiento de dicho mandato se encuentra previsto el sistema de carrera
administrativa como mecanismo general y preferente para la provisión de cargos
públicos, exceptuando los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción y los trabajadores oficiales.

También, dicho precepto consagra el concurso público como un instrumento que
permite medir el mérito y garantizar una “selección fundada en la evaluación y la
determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las
funciones y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impide que
prevalezca la arbitrariedad del nominador y que, en lugar del mérito, favorezca
criterios “subjetivos e irrazonables, tales como la filiación política del aspirante, su
lugar de origen, motivos ocultos, preferencias personales, animadversión o
criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la
religión, o la opinión pública o filosófica, para descalificar al aspirante”3.

En esa línea, la Corte Constitucional ha considerado que ese mandato
constitucional se relaciona estrechamente con la realización de los fines del
Estado, especialmente, la transparencia, eficiencia y eficacia de la función
administrativa, en tanto permite al “Estado contar con servidores cuya experiencia,
conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de
resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades
confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social
de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración
pública” 4.

De igual modo, esa corporación judicial ha establecido que el sistema de carrera
materializa el principio de igualdad de quienes aspiran al acceso a cargos
públicos, en tanto permite que los procesos de selección no tengan un criterio que
no sea el mérito, es decir, a las calidades profesionales que se exigen para un
cargo específico.

En armonía con lo anterior, el numeral 1 del artículo 256 de la Constitución Política
prevé que la carrera judicial constituye un sistema especial de carrera
administrativa el cual respeta el mandato superior del artículo 125, por lo que
establece el concurso público como mecanismo principal para proveer cargos de
carrera en la Rama Judicial conforme con las reglas fijadas en la Ley Estatutaria
270 de 1996.

Al respecto, el artículo 132 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 establece que la
provisión de cargos en la Rama Judicial puede hacerse de tres formas: (i) en
propiedad, cuando se trata de un cargo de carrera y éste se encuentra en
vacancia definitiva y se han superado todas las etapas del proceso de selección
respectivo; (ii) en provisionalidad, en eventos en que se presenta vacancia
definitiva, pero se hace la designación transitoria mientras se lleva a cabo el
respectivo concurso de méritos o cuando se presenta una vacancia transitoria por

3
Sentencia SU-539 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
4
Sentencia C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

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alguna situación administrativa, como es el caso de las licencias no remuneradas,
y (iii) en encargo, modalidad que consiste en el nombramiento de un empleado
que se desempeña en propiedad, hasta por un mes prorrogable por otro periodo
igual, una vez vencido deberá efectuarse el nombramiento en propiedad o en
provisionalidad. El texto del precitado artículo es el siguiente:

“ARTICULO 132. FORMAS DE PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA JUDICLAL.
La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se
trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de
vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema
legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia
temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a
un mes.

Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el
nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos,
quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.

En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la
designación se hará directamente por la respectiva Corporación.”

5
La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996 , al efectuar el estudio
previo y automático de constitucionalidad de esta disposición, concluyó:

“Esta disposición, al establecer una clasificación en la forma de proveer los empleos
dentro de la rama judicial, respeta el mandato del artículo 122 constitucional, el sistema
de carrera de que trata el artículo 125 de la Carta y la autonomía de las corporaciones
judiciales consagradas en la Constitución Política para señalar la manera de habilitar
sus cargos. Por lo demás, la definición de los términos “en propiedad”, “en
provisionalidad” y “en encargo” que plantea la norma bajo examen, no sólo no atenta
contra el texto fundamental, sino que, por el contrario, se torna en herramienta
indispensable para determinar la situación laboral de todos los trabajadores vinculados
a la administración de justicia. La norma será declarada exequible.”

Entonces, de lo anterior se desprende que los empleos de carrera que en virtud de
lo establecido en el artículo 158 de la citada ley estatutaria, son los cargos de
magistrados de tribunales y de las Salas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de
libre nombramiento y remoción, son provistos por el sistema de carrera. De allí
que, por regla general, conforme lo prescribe el artículo 125 de la Constitución
Política, el concurso público es el instrumento para verificar el mérito de quien
aspira a ocupar un cargo con vacancia definitiva de la carrera judicial.

Ahora bien, para la Sala esto aplica para los cargos de carrera que presentan
vacancia definitiva, pero no en aquellos eventos en se presentan vacancias
temporales que se concretan en las situaciones administrativas previstas en el
artículo 135 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 tales como: “1. En servicio activo,
que comprende el desempeño de sus funciones, la comisión de servicios y la
comisión especial. 2. Separados temporalmente del servicio de sus funciones,
esto es: en licencia remunerada que comprende las que se derivan de la
incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la
maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones;
suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar”.

5
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Actora: Yina Paola Polanía Collazos

La Sección Segunda del Consejo de Estado por medio de sentencia de 20 de
mayo de 20216, precisó que corresponde al juez al momento de definir el alcance
del normatividad que regula un sistema específico de carrera, “tener en cuenta dos
premisas esenciales, por una parte “la singularidad y especificidad de las
funciones que corresponde cumplir a las distintas entidades estatales” y, de la
otra, “los principios básicos que orientan la carrera administrativa general
contenidos en la ley general que rige la materia7”.

En ese sentido, indicó que “[l]o que se impone en estos casos, es una
interpretación conforme, armónica, sistemática y coherente, que impida
la distorsión de aquella disposición cuyo sentido se trata de precisar. De esa
forma, se le permite al intérprete tener en cuenta, para efectos de fijar el
sentido de la ley en su conjunto y de cada uno de sus artículos en particular,
la finalidad que la misma persigue”8.

En ese marco, descendiendo al caso que correspondía examinar en esa
oportunidad, esto es, la autorización ante la Comisión Nacional del Servicio Civil
para la provisión de empleos de carrera administrativa con vacancia
definitiva en las modalidades de encargo y provisionalidad, aseveró que “se
debe tener en cuenta al momento de definir la provisión de empleos en los
sistemas especiales de carrera, pues como se indicó anteriormente, las pautas de
las normas específicas deben ser complementarias con los presupuestos
esenciales de la carrera general fijados en la Constitución y desarrollados en la ley
general”.

En definitiva, conforme con lo expuesto, resulta claro que la provisión de cargos de
carrera de la Rama Judicial debe realizarse a partir de los registros de elegibles
que se conformen con ocasión de los concursos de méritos que se adelanten,
atribución que para el caso de la Rama Judicial se le entregó al Consejo Superior
de la Judicatura. No obstante, ello aplica para vacantes definitivas y no para las
temporales, pues en este último caso, por razones del buen servicio y como
expresión de los principios de eficiencia y para garantizar continuidad en la
prestación de la función pública de administración de justicia, el nominador podrá
realizar el nombramiento con personas idóneas para el cargo y que cumplan los
requisitos para el mismo, aun cuando no hagan parte del registro de elegibles.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La actora presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Auditoría, el Consejo Seccional de la Judicatura de Huila,
los Juzgados Primero y Tercero Laborales del Circuito de Neiva, los Juzgados
Primero y Segundo Promiscuos de Familia del Circuito de Garzón, al considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a
los cargos públicos. A su juicio, la vulneración se concreta en que en los
precitados despachos judiciales el cargo de escribiente que se encontraba en
vacancia temporal por cuanto a los empleados nombrados en propiedad se les
otorgó licencia no remunerada, fue provisto sin tener en cuenta las personas que
conforman el registro de elegibles conformado por medio de la Resolución No.
CSJHUR-21-297 de 21 de mayo de 2021 para dicho empleo, en el marco de la
convocatoria No. 4 de la Rama Judicial, en el que ocupa la posición No. 18.

5.2. El presente caso cumple el presupuesto de subsidiariedad, en razón a que la
actora no dispone de otro mecanismo de defensa judicial para pedir que las
6
M.P. César Palomino Cortés, expediente 11001-03-25-000-2012-00795-00.
7
Ibídem.
8
Según el criterio de la Corte Constitucional, una interpretación armónica y sistemática, “rescata la unidad
lógica-jurídica de la ley y, de manera simultánea, facilita la interpretación teleológica de las normas legales
Corte Constitucional, Sentencia C-476 de 2005”.

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Actora: Yina Paola Polanía Collazos

autoridades demandadas realicen la respectiva convocatoria que, considera se
debe adelantar, para proveer la vacante provisional del cargo de escribiente
teniendo en cuenta el registro de elegibles conformado en el marco de
convocatoria No. 4 de la Rama Judicial.

5.3. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que, de acuerdo con la
información suministrada en las contestaciones de la demanda de tutela, en los
Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de Familia de Garzón, y el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva, el cargo de escribiente presentó una
vacante temporal teniendo en cuenta una situación administrativa prevista en la
Ley Estatutaria 270 de 1996, esto es, la licencia no remunerada para ocupar otro
cargo de la Rama Judicial otorgada a quien ocupa el cargo en propiedad. Esa
vacante temporal está siendo ocupada por personas que no hacen parte del
registro de elegibles.

Esa circunstancia, en contraste con lo sostenido por la actora, no desconoce el
principio del mérito ni vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y de
acceso a los cargos públicos, en tanto, como se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, la provisión de las vacancias temporales no exige como
imperativo que se acuda al registro de elegibles, pues se reitera, en el artículo 132
de la Ley Estatutaria 270 de 1996 el legislador previó ese deber únicamente para
nombramientos en cargos que presentan vacantes definitivas y no lo extendió a
los cargos vacantes temporalmente.

En esa línea, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 27 de
junio de 20189, confirmó un fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo
de Caldas que negó las pretensiones de la demanda dirigidas a que se ordenara
al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales realizar el
nombramiento en provisionalidad en el cargo de profesional universitario grado
16 teniendo en cuenta que se encontraba en el registro de elegibles para la
provisión de los cargos de empleados de carrera de Tribunales Juzgados y
Centros de Servicios en los Distritos Judiciales de Manizales y Administrativo de
Caldas.

En esa decisión se estableció que el artículo 132 numeral 2 de la Ley Estatutaria
270 de 1996, en lo pertinente al deber de proveer cargos de carrera con base en
el registro o lista de elegibles, solo es aplicable cuando se trata de una vacante
definitiva y no temporal. Por lo tanto, la Sala sostuvo en esa oportunidad que
existe “un margen de discrecionalidad para el nominador, que le permite, por
tratarse de la provisión de una vacante temporal, nombrar a una persona que
cumpla con los requisitos legales para el ejercicio del cargo, sin acudir para este
efecto a la lista o registro de elegibles, como ocurriría, se reitera, en el caso de los
nombramientos en propiedad de acuerdo al precitado artículo 132 de la Ley 270
de 1996”.

De igual forma, la Sala considera conveniente reiterar lo dicho en aquella ocasión
en torno a que el precitado argumento se fortalece con lo establecido en la
sentencia de 18 de septiembre de 199710, proferida por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la expresión
“como en provisionalidad” contenida en el artículo 41 del Acuerdo 034 de 199411,

9
M.P. Stella Jeannette Carvajal Baso. Expediente 17001-23-33-000-2017-00685-01. Debe señalarse que la
Corte Constitucional, a través de la Sala de Selección Número Ocho, excluyó de selección este asunto
(expediente T-6900784) por medio del auto de 16 de agosto de 2018.
10
M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Radicado No 10224,
11
De conformidad con el Sistema de Información de la Relatoría del Consejo Superior de la Judicatura el
Acuerdo está vigente con modificaciones. En:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=3230

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Actora: Yina Paola Polanía Collazos

por el cual se regula el sistema de méritos para el ingreso, permanencia y ascenso
en los cargos de carrera de la Rama Judicial, que establece lo siguiente:

“Las Salas Administrativas de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura elaborarán las listas de candidatos para los cargos de cuya
provisión se trate, tanto en propiedad como en provisionalidad, tomándolos
necesariamente de los listados de opción del Registro Nacional de Elegibles,
para el cargo que corresponda. La lista será enviada a la Corporación o
despacho nominador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha en que haya sido solicitada. Cuando el número de inscritos disponibles,
incluidos los funcionarios o empleados judiciales en carrera, se (sic) inferior a
tres, se procederá al nombramiento en provisionalidad hasta el siguiente
concurso”. (La expresión en negrilla y tachada se declaró nula)

En esa oportunidad, el órgano de cierre especializado en asuntos laborales de la
jurisdicción contencioso administrativa encontró que el Consejo Superior de la
Judicatura, aun cuando tiene conferidas unas atribuciones constitucionales y
legales para reglamentar la carrera judicial, las mismas no podían llegar al
extremo de modificar la ley porque ello escapaba o desbordaba su facultad
reglamentaria. Dicho en otros términos, no le correspondía hacer extensivo el uso
de los registros de elegibles para proveer las vacancias en provisionalidad, pues
todo el diseño del sistema de ingreso al servicio a los cargos de carrera está
previsto cuando la provisión se hace en propiedad.

Finalmente, en el precitado fallo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dejó
claro que, a diferencia de los nombramientos en propiedad, en el caso de los
nombramientos provisionales por vacantes temporales, el nominador no se
encuentra sujeto a la obligación de acudir a la lista o registro de elegibles del
concurso, lo cual no desconoce el derecho a la igualdad en el ingreso a cargos
públicos, ni el principio del mérito.

Adicional a lo anterior, resulta importante precisar que la Circular PCSJC17-36 de
25 de septiembre de 2017, proferida por la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura, a la que hizo referencia la parte actora en la demanda de tutela, en la
que se indica “(…) de manera respetuosa, me permito exhortar a todos los
nominadores de la Rama Judicial a cumplir las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias, así como a observar los precedentes jurisprudenciales
que regulan la provisión de los empleos de carrera en la Rama Judicial por
vacancia definitiva o transitoria, orientados siempre por el mérito como criterio de
selección”, no se constituye en un mandato u orden imperativa para los
nominadores.

De conformidad con la definición del Diccionario de la lengua española, el vocablo
exhortar significa “incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo”12,
es decir, que no es vinculante ni tiene carácter obligatorio.

A partir de dicho alcance, la Corte Constitucional se ha referido a los exhortos
legislativos como una figura que “no constituye una orden judicial”, en tanto la
misma “consiste en un llamamiento o apremio para que el legislador ejecute un
mandato constitucional, a través de la expedición de una ley, sin que exista un
instrumento que lo haga exigible coercitivamente13”, es decir, no tiene un alcance
coactivo, así como tampoco “puede considerarse como una orden judicial
susceptible de ser evaluada en su cumplimiento14”.

12
En similar sentido el Diccionario de uso del español de María Moliner, cuarta edición, 2016, lo define como
“inducir a alguien con palabras, razones o ruegos a que haga o deje de hacer una cosa, alguien que tiene
autoridad moral o cierto derecho para hacerlo”.
13
Auto A-516 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14
Sentencia A-078 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Actora: Yina Paola Polanía Collazos

Finalmente, en relación con el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, la
Sala precisa que ese despacho judicial no allegó contestación de la demanda. Sin
embargo, se estableció comunicación telefónica con el fin de indagar el nombre de
quien actualmente regenta ese cargo en provisionalidad y, al respecto, se informó
que está ocupado por la persona que fue nombrada en propiedad. Así mismo,
respecto del memorial presentado por la demandante el 4 de octubre de 2023,
denominado “escrito ampliación de tutela”, en el que pone de presente que en el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Neiva se presentó una vacante definitiva
para el cargo de escribiente nominado en la que, por lo pronto, fue designada otra
persona en provisionalidad por el titular del despacho mientras se surte el trámite
para el nombramiento en propiedad, basta reiterar que al nominador no le
correspondía realizar esa designación del registro de elegibles, pues ello no se
deriva de lo previsto en el artículo 125 de la Constitución Política y el artículo 132
de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

Así las cosas, la Sala encuentra que no se vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a los cargos públicos invocados por
la actora, por lo que negarán las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Yina Paola Polanía Collazos, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Auditoría, el Consejo Seccional de
la Judicatura del Huila, los Juzgados Primero y Tercero Laborales del Circuito de
Neiva, los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de Familia del Circuito de
Garzón, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
SALVA EL VOTO

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02944-00
Actora: Yina Paola Polanía Collazos

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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