Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02945-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02945-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02945-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de julio de 2023
Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 2 94 5- 0 0
Ac c i o na nt e : D. E. G . O .
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02945-00
Accionante: D. E. G. O.1
Accionados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otros
Temas: Acción de tutela contra sentencias dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en las que se negaron las pretensiones de la
demanda tendientes al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora D. E. G. O.
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Primero
Administrativo de Pamplona, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.
ANTECEDENTES
La señora D. E. G. O. promovió acción de tutela para que se protejan sus
derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital y móvil, a
la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró
vulnerados por las autoridades precitadas.
1 Se aclara que el nombre de la accionante permanecerá en reserva, en atención a su condición de salud y en
aras de proteger su privacidad.
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HECHOS
La accionante afirmó que el señor Yermi David Martínez Cogollo respondía por su
hogar; sin embargo, debido a que tuvo que prestar su servicio militar en el 2013
adscrito al Batallón de Infantería núm. 13 García Rovira, se vio obligada a trabajar.
Así mismo, indicó que el 17 de julio de 2014 aquel falleció y, mediante Informativo
Administrativo por Muerte núm. 001 del 22 de agosto de 2014 efectuado por el
comandante del Batallón mencionado, se determinó que su muerte ocurrió en
simple actividad.
Igualmente, señaló que tuvo una relación con el señor Yermi David Martínez
Cogollo, caracterizada por una comunidad de vida, lazos de amor, ayuda mutua,
solidaridad, apoyo económico, asistencia solidaria, acompañamiento espiritual,
con vocación de consolidación de vida en pareja desde el 2010 y hasta el día del
deceso de este último.
Además, puso de presente que promovió demanda de declaración de unión
marital de hecho ante el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Círculo de
Cúcuta, con el radicado 2015-00238, el cual, mediante sentencia de 4 de octubre
de 2016, accedió a las pretensiones.
Así las cosas, expuso que el 30 de noviembre de 2016 solicitó el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente y la notificación del respectivo acto administrativo,
ante el director de Veteranos y Bienestar Sectorial, coordinador del Grupo de
Prestaciones Sociales – Ministerio de Defensa; sin embargo, a través de la
Resolución 0899 del 6 de marzo de 2017, la directora administrativa de la cartera
ministerial referida negó la petición, con el argumento de que el fallecimiento se
dio en simple actividad.
Aunado a ello, refirió que, después de adelantar la conciliación extrajudicial,
promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual el 22 de
agosto de 2018 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona
negó las pretensiones del medio de control.
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Igualmente, aseveró que recurrió la sentencia de primera instancia y el 5 de
noviembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó esa
providencia, con fundamento en el régimen general de pensiones, esto es, las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y en el hecho de que no cumplió con el requisito
de haber hecho vida marital con el causante hasta su muerte y una convivencia
por un lapso superior a 5 años con antelación al fallecimiento.
Adicionalmente, indicó que el 13 de agosto de 2021 el a quo dictó auto de
obedézcase y cúmplase; sin embargo, aclaró que solo tuvo conocimiento de la
anterior providencia hasta el 17 de mayo de 2023, cuando su apoderado le
entregó el paz y salvo y parte del expediente.
En esa medida, estimó que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Pamplona y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrieron en error
al no valorar las pruebas presentadas en la demanda y no tener en cuenta los
distintos pronunciamientos sobre las exigencias para el reconocimiento de pensión
de sobreviviente cuando se trata de un afiliado, pues en ese caso no es necesario
acreditar un requisito de tiempo mínimo de convivencia, para que el cónyuge o la
compañera permanente ostenten la condición de beneficiario de esa prestación,
pues ello solo fue instituido por el legislador cuando se trata de la muerte de quien
ya se encontraba pensionado.
Sobre este último aspecto, transcribió las siguientes sentencias: SL2833-2022,
SL5270-2021, SL820-2022 y SL1130-2022 de la Corte Suprema de Justicia;
C257/15, SU214/16, T292/16, T190/15, SU556/19, T562/10 de la Corte
Constitucional; y CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018 y CE-SUJ-SII-009-2018
del 1.° de marzo de 2018 del Consejo de Estado.
Además, manifestó que hizo vida marital con el señor Yermi David Martínez
Cogollo hasta el día de su fallecimiento, como quedó demostrado con la
declaración del 16 de julio de 2014 presentada por la madre del causante,
Segunda de Jesús Martínez Cogollo; de igual forma, aseveró que siempre
buscaron unidad familiar, protección, apoyo económico y asistencia solidaria, tanto
así que presentó una acción de tutela, con radicado 2014-0080, contra el Ejército
Nacional – Dirección de Sanidad Militar, con el fin de salvaguardar la vida y la
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salud de su compañero permanente, y fue quien recibió la información del médico
tratante al momento del fallecimiento.
Agregó que le fue detectada enfermedad contagiosa en octubre de 2015, lo que le
ha generado complicaciones de salud por diferentes patologías y le ha hecho más
gravosa su situación, pues no ha podido entrar al mercado laboral y ha tenido que
recurrir a familiares y trabajos informarles para sufragar sus gastos.
PRETENSIONES
La parte actora solicitó amparar sus derechos fundamentales a la vida, a la
dignidad humana, al mínimo vital y móvil, a la seguridad social, a la igualdad y al
debido proceso y, en consecuencia, revocar las sentencias de primera y segunda
instancia dictadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, en el
proceso 54-518-33-33-001-2016-00276, y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en el expediente 54-518-33-33-001-2017-00229-01, con base en los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en esta acción.
Así mismo, deprecó dejar sin efectos la Resolución 0899 del 6 de marzo de 2017
expedida por el director de Veteranos y Bienestar Sectorial; y ordenar al Ministerio
de Defensa, al Ejército Nacional y al director referido, primero, emitir un nuevo
acto administrativo, donde le reconozcan la pensión de sobreviviente, en calidad
de compañera permanente del soldado regular Yermi David Martínez Cogollo,
desde el día de su fallecimiento, es decir, el 17 de julio de 2017, y, segundo, el
pago de las mesadas pensionales desde esa fecha.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 6 de junio de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tutela de la
referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, para
que ejercieran su derecho de defensa, al Juzgado Primero Administrativo Oral de
Pamplona, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al Ministerio de
Defensa Nacional y al Ejército Nacional, como accionados.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y el Ejército Nacional no rindieron informe alguno.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI), dependencia del
Ministerio de Defensa Nacional, por conducto del coordinador del Grupo de
Prestaciones Sociales, aseguró que la accionante no acreditó el cumplimiento de
los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU627/15.
Además, sostuvo que, al consultar el sistema de información, se advirtió que,
mediante la Resolución 0899 del 6 de marzo de 2017, se resolvió de forma
desfavorable la solicitud de la prestación social reclamada por aquella, acto
administrativo que goza de presunción de legalidad y se encuentra en firme.
Añadió que los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela ya fueron debatidos
en sede contenciosa administrativa en el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Pamplona y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Por consiguiente,
solicitó negar por improcedente la acción de tutela promovida por la señora D. E.
G. O.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
La señora D. E. G. O. solicitó la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la
vida, a la dignidad humana, al mínimo vital y móvil, a la seguridad social, a la
igualdad y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Primero Administrativo de
Pamplona, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, con ocasión de las
sentencias del 22 de agosto de 2018 y el 5 de noviembre de 2020, dictadas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54518-33-33-
001-2017-00229-00 [01].
Al respecto, esta Subsección considera necesario aclarar que, si bien, en el
acápite de pretensiones, la accionante solicitó revocar la sentencia de primera
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instancia dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, en el
proceso 54-518-33-33-001-2016-00276, y la proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el expediente 54-518-33-33-
001-2017-00229-01, lo cierto es que el primer medio de control referenciado
corresponde a una reparación directa que se encuentra en trámite y frente a la
cual no se puso de presente ninguna inconformidad; por lo anterior, se entiende
que la discusión aquí planteada únicamente versa sobre las decisiones emitidas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual el estudio se
circunscribirá a esas providencias, concretamente a la dictada por el Tribunal
precitado, al ser el órgano de cierre en ese proceso.
Pues bien, aclarado ese aspecto, correspondería a esta Sala analizar si le asiste
razón a la accionante en cuanto a los argumentos de disenso manifestados en
esta sede; sin embargo, se avizora que en el presente asunto no se superan los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad (este último únicamente respecto al
desconocimiento del precedente judicial), como causales generales de
procedibilidad de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, como se
procede a explicar.
Al respecto, es importante resaltar, en primer lugar, que la exigencia de inmediatez
ha sido establecida jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, con el
objetivo de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones de las autoridades
judiciales. Lo anterior teniendo en cuenta que, primero, una eventual
determinación en sede de tutela podría dejar sin efectos un proveído, y, segundo,
está de por medio la protección de un derecho fundamental; situaciones que
exigen una actividad pronta por parte de quien considera que se le ha transgredido
o amenazado un derecho con ocasión de la emisión de cierta providencia.
En ese orden de ideas, se ha entendido que aun cuando la tutela no está sometida
a un término de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y
proporcionado, por lo cual esta corporación ha estimado como término prudencial
para instaurar la acción constitucional referida para controvertir decisiones
judiciales seis meses contados desde la notificación o ejecutoria, según el caso,
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del respectivo auto o sentencia4.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada asunto a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así las
cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio
tardío y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de
ocurrida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no
muy alejado de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6)
la carga de la presentación de la acción en un plazo razonable resulta
desproporcionada, dada la condición de debilidad manifiesta de la parte
accionante5.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha estimado que cuando el solicitante del
amparo tiene la condición de sujeto de especial protección constitucional, es
procedente flexibilizar ese requisito y, valga mencionar, también el de
subsidiariedad, en atención al artículo 13 superior6.
Esclarecidas las generalidades de la primera exigencia, la Subsección advierte
que en el caso bajo estudio la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander fue notificada al día siguiente y
adquirió ejecutoria el 13 de ese mes y anualidad, conforme a los artículos 302 del
Código General del Proceso y 8.° del Decreto 806 de 2020, por lo cual la señora
D. E. G. O. tenía hasta el 13 de mayo de 2021 para instaurar esta acción de tutela.
Sin embargo, se denota que aquella formuló este mecanismo hasta el 1.° de junio
de 2023, esto es, transcurridos más de dos años desde que quedó ejecutoriada la
decisión controvertida en esta sede.
Ahora bien, la Subsección advierte que la accionante para justificar la tardanza en
la presentación de la acción expuso que solo tuvo conocimiento del auto de
4 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ),
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
6 Ver, entre otras: T678/16, T518/17 y T375/18.
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obedézcase y cúmplase hasta el 17 de mayo de 2023, cuando su apoderado le
entregó el paz y salvo y parte del expediente; sin embargo, de ello no obra prueba
en el plenario y, en todo caso, no es a partir de esa decisión judicial que se
contabiliza el término de inmediatez, por lo que ese argumento no resulta de
recibo y, por contera, tampoco permite entender satisfecha esa exigencia, en los
términos de la jurisprudencia constitucional.
En segundo lugar, es importante resaltar que la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, por lo cual es improcedente cuando: 1) el accionante dejó de
interponer los recursos judiciales que estaban a su alcance para superar la
vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales y, por tanto, pretende
revivir etapas procesales; 2) aquel acude directamente a la acción de tutela, a
pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3) el
proceso se encuentra en trámite; salvo que no se pretenda evitar la probable
ocurrencia de un perjuicio irremediable o el medio existente no sea idóneo o eficaz
para lograr la protección ius fundamental procurada7.
En esa medida, en el presente asunto, se aprecia que la accionante, en el recurso
de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se limitó a exponer que
cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
con excepción de los cinco años de relación, lo que, a su juicio, hacía procedente
la revocatoria de la decisión de primera instancia y, en consecuencia, la concesión
de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese orden de ideas, para esta sala es claro que aquella no expuso que en su
caso no era aplicable el requisito de convivencia, pues ello solo fue previsto por el
legislador para el evento en que el titular de la pensión falleciera estando
pensionado y no únicamente afiliado, como ahora lo alega en esta sede para
fundamentar el desconocimiento del precedente judicial. Además, en el escrito de
tutela no explicó por qué no planteó ese argumento y de las pruebas obrantes en
el expediente no se denota la probable configuración de un perjuicio irremediable,
razón por la cual no está superado el requisito de subsidiariedad.
7 Ver, entre otras, sentencias: T396/14.
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Adicionalmente, la sala observa que aquella padece enfermedad por virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), de conformidad con lo consignado en su historia
clínica, por lo cual tiene la condición de sujeto de especial protección
constitucional, pues, como lo ha estimado el máximo tribunal constitucional, se
trata, de un lado, de una enfermedad grave que causa un deterioro progresivo en
el estado de salud y, de otro, de personas que se encuentran en un estado de
vulnerabilidad, debido a prejuicios sociales8, lo que permite flexibilizar el estudio
de las exigencias generales de inmediatez y subsidiariedad que se encuentran
incumplidas, sin que ello implique, de forma automática, entenderlas superadas,
por lo cual se procederá a examinar si existen circunstancias especiales que
habiliten el estudio de fondo.
Sobre el particular, no se advierte ninguna justificación para la tardanza de más de
dos años para acudir a esta acción, lo cual, por contera, desvirtúa la urgencia del
amparo; así como tampoco se encuentra alguna razón para la omisión en exponer
en el proceso ordinario, concretamente en el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, los argumentos que ahora esgrime en esta sede, a
pesar de que era el medio idóneo para que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander analizara sus desacuerdos, lo cual, además, hubiera sido más expedito
para lograr la protección de los derechos que estima conculcados.
Sumado a lo expuesto, se estima que analizar los desacuerdos planteados
implicaría invadir la órbita de competencia de la corporación judicial accionada, la
cual no tuvo la oportunidad de conocer los razonamientos de la señora D. E. G. O.
y, por tanto, pronunciarse sobre aquellos; así como conculcar el derecho de
defensa de la contraparte del medio de control, quien tampoco tuvo ocasión para
manifestar sus argumentos defensivos. En esa medida, ese estudio implicaría
suplantar a la autoridad judicial a la que le fue asignado legalmente el
conocimiento del asunto, lo cual no puede ser avalado por este juez constitucional.
En consecuencia, fuerza concluir que en el asunto sub examine no se cumplen los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, motivos por los cuales se declarará
la improcedencia de la acción de la referencia.
8
Ver, entre otras: T033/18.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela instaurada por la señora
D. E. G. O., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero ponente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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