Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02946-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02946-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02946-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02946-00
Demandante: Andrés Felipe Romero Rojas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-02946-00
Demandante ANDRÉS FELIPE ROMERO ROJAS
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Solicitud de autorización al juez de tutela para el
consumo, porte y comercialización de cannabis hasta 5 libras
mensuales.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Andrés Felipe Romero Rojas de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de junio de 20231, el señor Andrés Felipe Romero Rojas interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra el «GOBIERNO NACIONAL», la Policía Nacional de
Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la
salud y a la vida digna.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
«PERMITIR, AUTORIZAR Y APROBAR el portar, consumir, fabricar, vender y comprar
cannabis hasta 5 libras mensuales, esto, teniendo en cuenta mi acercamiento y conocimiento
hacia los cultivos cannábicos en los resguardos indígenas del Norte del Cauca apoyado en el
Decreto 2467 de 2015».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Sobre el estado de salud del actor
2.1. El accionante manifestó que en octubre de 2019 se le diagnosticó probabilidad
de malignidad en la tiroides. Asimismo, que el 14 de febrero de 2020 se le
practicó cirugía denominada tiroidectomía total y vaciamiento linfático radical
o radical modificado de cuello unilateral. Y que en junio de 2020 empezó
tratamiento de yodoterapia.
1 Índice 2 en Samai.
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2.2. Por otra parte, el accionante manifestó que en noviembre de 2021, y febrero y
julio de 2022 se lesionó su tobillo derecho, mientras caminaba por un andén.
Sostuvo que el 24 de mayo de 2022, tras resonancia magnética en su tobillo,
se indicó lo siguiente:
«PROBABLE FRACTURA NO CONSOLIDADA DEL MARGEN SUPERIOR DEL
CALCÁNEO. QUISTES INTRAÓSEOS DEL CALCÁNEO CON EDEMA MEDULAR
ÓSEO ASOCIADO. RUPTURA ANTIGUA DEL LIGAMENTO
PERONEOASTRAGALINO ANTERIOR».
En consecuencia, el actor aseguró que empezó a realizar fisioterapia para la
recuperación de su tobillo.
Asimismo, manifestó que en marzo de 2023 le solicitó a su médica tratante la
realización de resonancias magnéticas en el tobillo derecho y en la zona
lumbar, e indicó que los resultados de esos exámenes fueron los siguientes:
«Ruptura crónica de las fibras de ligamento peroneoastragalino anterior. Lesiones
quísticas en el cuerpo del calcáneo. Tendinopatía insercional de las fibras del tendón tibial
posterior».
«Rectificación de la lordosis lumbar. Leve actitud escoliótica lumbar derecha. Discopatía
degenerativa de L4-L5 y L5-S1. En L4-L5 pequeña protrusión discal central no
compresiva sobre la raíces. En L5-S1 protrusión discal central que hace leve contacto
con las raíces de S1 en los recesos laterales».
Aseguró que en mayo de 2023 retomó el tratamiento con fisioterapia.
Sobre el consumo y porte de marihuana
2.3. El actor narró que desde abril de 2020 decidió «emprender un viaje introspectivo,
había tenido contacto con el consumo de cannabis ocasionalmente, luego vino mi interés por
los cultivos y a través del Decreto 2467 de 2015, la definición de Autocultivo había
llamado mi atención, así fue y desde esa fecha (2015) realicé diferentes experimentos
cultivando de manera artesanal mis plántulas de cannabis» (Negrillas propias). Asimismo,
relató que en «Agosto 2020, trataba de estar en el exterior manteniendo mi mente y cuerpo
activos, (...) tras haber consumido cannabis en presentación de aceite mi mente logró una
estimulación que me llevó a una meditación profunda acerca de mi inteligencia emocional y
salud mental».
2.4. El accionante relató que en el año 2016 realizó sus prácticas profesionales
como arquitecto en Toribío (Cauca) y que en su cumpleaños en el año 2021
regresó, lo cual le permitió acercarse a los cultivos de cannabis. A su vez,
sostuvo que en septiembre de 2022 volvió a Toribío (Cauca). Así explicó las
razones por las cuales regresó y trabajó en dicho territorio: «al no ver resultados
laborales mi ansiedad por independizarme, conseguir dinero, específicamente para mi salud
encontrando una mejor aseguradora, mis tratamientos, comprar mi medicina sin necesidad de
realizar trámites desgastantes (…) Opté por aventurarme laboralmente en el resguardo
indígena, creía que al haber un auge en los cultivos de cannabis y estos generar ingresos
a sus propietarios, alguna persona querría solicitar servicios de Arquitectura, ya fuera
asesorías, remodelaciones, licencias, diseños, entre otros (...) trabajé la tierra voluntariamente
mientras conseguía algo, trabajé en cultivos de cannabis directamente, quería aprender sobre
ellos, así que, tuve la oportunidad de conocer diferentes especies, técnicas y calidades».
Narró que en el curso de su última estadía logró el siguiente negocio:
«surgió un encargo para realizar los planos de unas licencias de reconocimiento, se propuso
el pago, la contraparte insinúa que mi precio era alto, renegocié planteándole lo siguiente, si
le parecía muy alto el precio, pues, que me pagara con 1 Libra de cannabis exótica, ella
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accedió y su socia también, es decir, se acordaron 2 licencias de reconocimiento por un pago
de 2 Libras de cannabis exótica, siendo así, entregué mi parte y ellas la suya, me dispuse a
regresar a Bogotá con 3 Libras de cannabis, mi dosis personal más un par de flores; 2 Libras
como pago por mi trabajo y 1 que había cortado con mis propias manos (...) Me había hecho
el siguiente planteamiento, si legalmente se pueden cultivar hasta 20 plantas y una planta bien
cuidada puede dar 1 Libra (estimaciones por cultivadores del Norte del Cauca), se podrían
portar 20 Libras; (...) también sobre mi estado de salud y los recursos que requería para
realizarme los tratamientos por medicina Prepagada en vez de la EPS y debía buscar la mejor
opción para sanarme, al precio que fuese necesario sin necesidad de depender
económicamente ni de mis padres ni de terceros, que era ilógico que se permitiera
consumir, portar, cultivar pero no vender ni comprar".
2.5. El actor manifestó que tras su estancia en Toribío (Cauca), en septiembre de
2022, fue detenido en un retén de Policía vía Santander de Quilichao, en el
cual por poco es capturado luego de encontrar la marihuana que portaba
consigo. Relató que los policías pretendían un soborno para dejarlo libre y que
al no obtener dinero le permitieron seguir, pero hurtaron una parte de su
marihuana.
Relató que, posteriormente, optó por tomar un bus desde la terminal de
transporte de Cali hacía Bogotá y que en el trayecto fue capturado por la
marihuana que portaba. Sin embargo, sostuvo que tras ser llevado a la URI
fue dejado en libertad.
2.6. Sostuvo que días después, el 28 de octubre de 2022, ante la imposibilidad de
comprar un tiquete de avión para regresar a su hogar, decidió enviar a Bogotá
algunas de sus pertenencias incluyendo la marihuana; esta gestión la efectuó
mediante Servientrega, en una encomienda a nombre de su padre.
El actor aseguró que el 31 de octubre de 2022, Servientrega le informó que su
envío fue retenido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o
Policía Nacional y que debía esperar 72 horas a que le enviaran el acta de
incautación para acercarse a realizar las diligencias necesarias. Sin embargo,
manifestó que tras este incidente jamás fue contactado y que las pertenencias
enviadas nunca le llegaron.
3. Fundamentos de la acción
Además de referirse a su estado de salud y al consumo de marihuana, el accionante
relató diferentes situaciones que generaban en él presión psicológica e
insatisfacciones, como el hecho de que no consiguió trabajo para ejercer como
arquitecto; varias obras de la ciudad de Bogotá sin avanzar y las condiciones de
seguridad en esta última; hurtos de los cuales fue víctima; el proceso para reclamar
sus medicamentos, el cual calificó como «engorroso»; la muerte de familiares; viajes
a otras ciudades y países que le servían como referente para comparar cómo se da
el consumo de marihuana en esos otros territorios; la destrucción, en varias
oportunidades, de las plántulas de marihuana que mantenía en su hogar;
comparendos por consumo de marihuana en lugares públicos, entre otros.
El actor manifestó lo siguiente: «no sabía como lidiar con estas situaciones pretendiendo que
ello debia continuar de la misma manera, no había derecho, motivo ni explicación para esto,
sencillamente no había conciencia (…) no sabía cómo manejar estas situaciones, el desgaste
mental, emocional y físico me estaban convirtiendo en alguien irreflexivo, impetuoso e irrefrenable
consumo mi cannabis para asimilar la situación, reducir mi frustración y apaciguar mi mente» (sic
para toda la cita).
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Tras explicar sus motivos frente al consumo de marihuana, el accionante censuró
que la Policía Nacional de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales hayan incautado la marihuana que obtuvo de su última estancia en
Toribío (Cauca). Así lo expresó: «he sentido la carencia de los elementos que me fueron
retenidos en extrañas circunstancias por la DIAN o Policia en Octubre del 2022 habian no solo
objetos para fisioterapia de alto valor, la pérdida material de mis pertenencias estimo rondan los
$100.000.000, realmente siento que me robaron, sin posibilidad alguna de defenderme ni
expresarme abusando de manera total de su autoridad y cargo» (sic para toda la cita).
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto de 7 de junio de 2023, se requirió al actor para que precisara las
autoridades demandadas, en tanto que la acción de tutela se dirigió, entre
otras entidades, contra el «GOBIERNO NACIONAL» sin indicar contra qué
ministro o director de departamento administrativo se interponía; y para que
señalara las pretensiones respecto de cada una de las accionadas.
4.2. El actor presentó memorial en el cual precisó que dirigía la acción de tutela
contra la Presidencia de la República, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y la Policía Nacional de Colombia.
Frente al primero, manifestó que «desde el cambio de Gobierno las cosas no han
mejorado para los consumidores de cannabis, tampoco que se hayan brindado soluciones
definitivas que procuren no promover la caza hacia el consumidor, pero, no solo eso, mi Tutela
iba con un contenido que también considero es de vital importancia y relevancia hacia el Sr.
Presidente y su Gabinete, en un mensaje que deseo expresar de forma serena; no puede
haber paz en un pais donde se pagan impuestos y que dichos impuestos no se vean invertidos
en infraestructura, vías con huecos, carreteras descuidadas, andenes destruidos, basuras en
excesos, robos, parques sin intervenir, precios elevados, obras de concursos arquitectónicos
detenidos, tala indiscriminada de árboles, destrucción del medio ambiente...acciones de
personas carentes de probidad» (sic para toda la cita).
Con relación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reiteró que
el decomiso de sus pertenecías en octubre de 2022, sin siquiera permitirle
defenderse, constituye un robo por parte de miembros de dicha institución; a
lo cual agregó que este hecho afectó su recuperación de salud y la posibilidad
de crear un emprendimiento económico.
Frente a la Policía Nacional, el actor no formuló pretensiones. Así lo indicó:
«Sobre ustedes no creo tener en absoluto la sabiduría jurídica ni legal para exigirles algo de
manera directa, pero si puedo proponerles que antes de ocupar sus cargos recordar que en
algún momento pueden convertirse en un civil común y corriente, ponerse en los zapatos de
un ciudadano ordinario y sentir en carne propia el desgaste que se vive día a día en el sistema
de vida actual».
4.3. Finalmente, manifestó sus pretensiones son las siguientes:
«Solamente dos palabras: VENDER CANNABIS hasta 5 libras mensuales, reportar mis
ingresos a ustedes directamente y a partir de lo recolectado crear una propuesta de tributación
que sea acorde para todos aquellos que deseen emprender con el cannabis y contribuir en
nuestro futuro; de igual forma que el porte, venta, compra, consumo y fabricación sea visto de
una manera menos criminalizada, que los recursos recolectados a traves del comercio
cannábico sean exclusivamente destinados a mejorar, fortalecer, modernizar y ampliar la
cobertura del sistema de Salud, que sea el Estado quien administre Hospitales Públicos a
través de procesos rigurosos y sin amañamientos mejorando y compitiendo directamente con
los privados, por ejemplo, restaurando y rescatando el Hospital San Juan de Dios, nuestra
memoria está en nuestro pasado y es de él donde debemos aprender para que en nuestro
presente sea grato el camino» (sic para toda la cita).
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4.4. En auto de 27 de junio de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Andrés Felipe Romero Rojas contra la Presidencia de la República, la
Policía Nacional de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN); y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.5. La Presidencia de la República manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, por las siguientes razones i) el estado en el que se
encuentran determinadas obras y parques públicos es responsabilidad de los
entes territoriales, en el marco de la descentralización; ii) los problemas en la
prestación del servicio de salud corresponden a su aseguradora EPS y a que
la Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de supervisar,
inspeccionar y controlar a los actores de la salud; y iii) los procesos policivos
están dentro del ámbito de competencia de las autoridades policiales y
judiciales, mientras que su función principal sobre esa temática radica en la
dirección y gestión de las políticas públicas, la toma de decisiones estratégicas
y la representación del Estado en asuntos nacionales e internacionales.
En el mismo sentido, sostuvo que la Ley 1787 de 2016, que reguló el cultivo y
porte de cannabis para fines medicinales y científicos, designó al Ministerio de
Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) como autoridades competentes en la
materia. Agregó que el porte de dosis mínimas de drogas para consumo
personal ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional, la cual ha declarado la inconstitucionalidad de su penalización.
Por último, manifestó que de su parte no ha existido vulneración a los derechos
fundamentales del tutelante, pues no ha desplegado ninguna acción u omisión
relacionada con las situaciones fácticas que el actor narró en el escrito de
tutela.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite de
tutela, o subsidiariamente que se nieguen las pretensiones formuladas por el
actor relacionadas con la Presidencia.
4.6. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que realizó
validación en el Servicio Informático Electrónico (SIE) Muisca de la entidad del
documento de transporte identificado con guía No. 9154877998 referido en el
escrito de tutela por el accionante y que no encontró información alguna al
respecto.
Por lo anterior, solicitó información a Servientrega Internacional en relación
con el estado del envío, la cual en correo electrónico de 30 de junio de 2023
le comunicó lo siguiente: «De acuerdo con solicitud, me permito informar que el envío en
asunto corresponde a un servicio nacional origen El Placer – Valle del Cauca y destino Bogotá
D.C.; el paquete fue incautado en Bogotá D.C. por Policía Nacional el 31 octubre 2022.
Teniendo en cuenta lo anterior y al ser un servicio nacional, confirmamos que no fue objeto de
actuación por parte de la autoridad aduanera».
Conforme lo anterior, sostuvo que el envío realizado por el accionante no es
un asunto que le competa, debido a que este fue incautado por la Policía
Nacional; razón por la cual la concluyó que carecía de legitimación por pasiva
en la causa y que no ha vulnerado ningún derecho fundamental del actor. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite de la tutela, la declaratoria
de improcedencia de esta y la negación del amparo.
4.7. El actor presentó memorial en el cual solicitó proferir fallo.
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4.8. La Policía Nacional guardó silencio en el curso de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al libre desarrollo
de la personalidad, a la salud y a la vida digna del tutelante.
3. Análisis del caso
3.1. Desde su jurisprudencia temprana, la Corte Constitucional estableció que la
penalización del porte y consumo de estupefacientes contraría el derecho al
libre desarrollo de la personalidad. Así, en la Sentencia C-221 de 1994 la Corte
declaró inexequible, entre otras normas, el artículo 51 de la Ley 30 de 1986
(por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes), que penalizaba el
consumo y porte de una dosis mínima de estupefacientes. Tal norma
establecía lo siguiente:
«El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaína, marihuana o cualquier
otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal,
conforme a lo dispuesto en esta ley, incurrirá en las siguientes sanciones:
a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía de medio (1/2)
salario mínimo mensual;
b) Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año u multa en cuantía de medio
(1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de
los doce (12) meses siguientes a la comisión del primero, y
c) El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en
estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez, será internado en
establecimiento siquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario
para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto.
La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto el cuidado de la familia o remitirlo,
bajo la responsabilidad de ésta, a una clínica, hospital o casa de salud, para el tratamiento
que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario para la recuperación de aquél,
que deberá ser certificado por el médico tratante y por la respectiva seccional de medicina
legal. (…) Si la familia faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la
caución y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente».
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
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En la Sentencia C-221 de 1994, la Corte Constitucional sostuvo que el
reconocimiento de la persona como autónoma implica aceptar que aquella
cuenta con plena capacidad para decidir sobre sus propios actos y sobre su
destino, siempre que tal libertad no se traduzca en daño para terceros.
En esa medida, la Corte manifestó que «los asuntos que sólo a la persona atañen,
sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición
ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por
fuera de ella se eligen». Y añadió que «Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la
personalidad, pero fijándole como límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para
negar lo que se afirma. Equivale a esto: "Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo
bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado"».
Años después se profirió el Acto legislativo 02 de 2009, mediante el cual se
reformó el artículo 49 de la Constitución Política, relativo al derecho a la salud.
En virtud de tal reforma se introdujeron los siguientes incisos (6º y 7º):
«El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo
prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y
tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas
que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el
consentimiento informado del adicto.
Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia
para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que
afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad,
y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o
sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos».
Con relación a la modificación constitucional transcrita, en la Sentencia C-491
de 2012 la Corte Constitucional aseguró que dicho precepto no conduce a la
criminalización de la dosis personal, puesto que la norma no tiene una finalidad
represiva frente a quien tenga la condición de adicto, sino de protección a
través de medidas y tratamientos pedagógicos o terapéuticos. Así lo indicó la
Corte:
«(…) la prohibición del porte y consumo de estupefacientes establecida en los incisos
6º y 7º del artículo 49 de la Constitución, no conlleva a su penalización. Las medidas
administrativas de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, prescritas en el precepto
constitucional, para el tratamiento del enfermo o adicto a las sustancias estupefacientes, las
cuales deben contar con su consentimiento informado, lejos de ubicarse en el ámbito
represor y punitivo del derecho penal, son desarrollo del deber de procurar el cuidado
integral de la salud de la persona y de la comunidad, contenido en el inciso quinto de la
misma disposición (…) La introducción de los incisos 6 y 7 del artículo 49 de la C.P. por el
Acto Legislativo 02 de 2009, no establece un nuevo parámetro constitucional que permita la
penalización del porte y consumo de sustancia prohibida en cantidad considerada como dosis
personal, comoquiera que contempla una prohibición seguida de medidas y tratamientos de
orden pedagógico, profiláctico y terapéutico para el adicto, estrategias que lejos de amparar
una opción represiva para la persona narcodependiente, propenden por su atención,
acompañamiento y rehabilitación» (Negrillas propias).
Asimismo, al referirse al tipo penal sobre porte de estupefacientes, en la
Sentencia C-491 de 2012 la Corte Constitucional aseguró que el porte de la
dosis personal de estupefaciente es una conducta que no trasciende el ámbito
personal y que en consecuencia no reviste la idoneidad necesaria para afectar
el bien jurídico que se protege con el tipo penal. En esa medida, efectuó una
distinción entre el narcotráfico y el porte de dosis para consumo personal, pues
mientras que el primero persigue el lucro y afecta derechos ajenos, el último
no trasciende el ámbito personal del individuo.
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En la misma línea, en la Sentencia C-404 de 2022 la Corte Constitucional
explicó que, en virtud del derecho a la libre autodeterminación y a la dignidad
humana, el porte y consumo de la dosis personal de sustancias
estupefacientes no es sancionable bajo el marco actual constitucional, ya que
constituye una conducta elegida por el sujeto que no interviene en el ejercicio
libre de los derechos de los demás. Por ende, no tiene relevancia para el
derecho punitivo. A lo que agregó que al ordenamiento jurídico no le
corresponde imponer visiones de vida para luego sancionar coercitivamente
su incumplimiento.
También en la Sentencia C-404 de 2022, la Corte reiteró que la reforma
constitucional introducida por el Acto Legislativo 02 de 2009 tuvo un enfoque
de salud pública, bajo el cual se concibe la drogadicción como una enfermedad
que afecta el ejercicio de la propia autonomía. Tal reforma constitucional, en
términos de la Corte, buscó la adopción e implementación de una política
dirigida a la prevención y rehabilitación, por medio de estrategias pedagógicas
y terapéuticas, cuya implementación exige del consentimiento informado del
adicto. Por ende, concluyó que la prohibición establecida en el inciso 6º del
artículo 49 de la Constitución no abarca el porte y consumo de drogas para
uso personal.
3.2. Con fundamento en lo expuesto, debe decirse que el porte de la dosis personal
de marihuana no es una conducta penalizada o censurable por el
ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, de las pretensiones se
desprende que lo perseguido por el tutelante es portar hasta 5 libras
mensuales de cannabis; cantidad que excede con creces la prevista en el
artículo 2 de la Ley 30 de 1986 (por la cual se adopta el Estatuto Nacional de
Estupefacientes), según el cual «Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana
que no exceda de veinte (20) gramos» (Negrillas propias).
Asimismo, el actor solicitó que se le facultara la comercialización de cannabis
en un límite de 5 libras mensuales, para lo cual acudió a la figura del autocultivo
consagrada en el Decreto 2467 de 2015 (Por el cual se reglamentan los aspectos
de que tratan los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley 30 de 1986).
En efecto, tal compendio normativo consagra en su artículo 3 dicha figura, en
los siguientes términos:
«Autocultivo: actividad que da lugar a una pluralidad de Plantas de Cannabis en número no
superior a veinte (20) unidades, de las que pueden extraerse Estupefacientes o psicotrópicos
y que se destina exclusivamente al uso personal, para lo cual no se requerirá Licencia de
Cultivo» (Negrillas propias).
De la definición transcrita, se desprende que la figura del autocultivo no está
prevista para los fines perseguidos por el accionante, en tanto que el
autocultivo únicamente abarca el aprovisionamiento para uso personal, lo cual
excluye su comercialización.
De hecho, el artículo 17 del Decreto 2467 de 2015 consagra la «prohibición de
la destinación de autocultivo», en los siguientes términos: «Ni las Plantas de
Cannabis provenientes de Autocultivo, ni los Derivados o Semillas para Siembra
obtenidos a partir de ellos podrán comercializarse o transformase para su venta,
distribución o entrega a terceros, bajo ningún título» (Negrillas propias).
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Demandante: Andrés Felipe Romero Rojas
Con todo, el Decreto 2467 de 2015 consagra licencias de fabricación de
derivados de cannabis, de cultivo de cannabis psicoactivo, de cultivo de
cannabis no psicoactivo y de semillas y establece los requisitos para su
obtención por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes o del Ministerio
de Salud y Protección Social. De ahí que, para satisfacer su proyecto personal,
si a bien lo tiene, el actor puede solicitar alguna/s de las licencias
mencionadas, cuyo otorgamiento dependerá del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Decreto 2467 de 2015.
Así las cosas, lo pretendido contradice la regulación contenida en el Ley
30 de 1986 (por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes) y en el
Decreto 2467 de 2015; y sobrepasa la protección constitucional al
consumidor respecto a la dosis mínima de cannabis, en tanto que lo
pretendido no solo es el porte de una cantidad muy superior a la cantidad
mínima dispuesta por el ordenamiento jurídico, sino su comercialización por
fuera de los parámetros y requisitos dispuestos en el Decreto 2467 de 2015.
Adicionalmente, se advierte que el decomiso del cannabis que el actor envió
por Servientrega obedeció a que este contraría la regulación sobre la materia.
Y en lo que respecta a las demás situaciones relatadas por el actor, como la
ejecución de obras públicas, la imposición de comparendos, el proceso para
reclamar sus medicamentos, su búsqueda laboral, entre otros, se considera
que tales circunstancias no trascienden el ámbito puramente anecdótico, sin
realmente demostrar la amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
3.3. En suma, lo perseguido por el actor contraviene la ley, pues si bien invocó la
vulneración de derechos fundamentales, lo realmente pretendido es que se le
autorice para desconocer las normas que tipifican como delito el porte y
comercialización de sustancias alucinógenas que excedan la dosis personal
permitida. Por este motivo, se declarará la improcedencia de la acción de
tutela.
Por lo demás, si el actor a bien lo tiene, puede ejercer los mecanismos
judiciales previstos por el ordenamiento jurídico colombiano, para cuestionar
las leyes y reglamentos que imponen los límites para el porte y
comercialización de sustancias psicoactivas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Andrés
Felipe Romero Rojas, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
9
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02946-00
Demandante: Andrés Felipe Romero Rojas
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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