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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02979-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02979-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, que declaró la improcedencia del amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02979-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de octubre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 02979 01
Accionante: Evelin Salen Ordóñez Mejía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02979 01
Accionantes: EVELIN SALEN ORDÓÑEZ MEJÍA Y OTROS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia del
requisito de subsidiariedad cuando existe otro medio de
defensa judicial y no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 22 de agosto de 2023, dictado por el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La señora Evelin Salen Ordóñez Mejía solicitó el amparo de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al
mínimo vital, a la igualdad, al buen nombre, a la “confianza legítima” y
del “principio de solidaridad”, que estima vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la doctora Clara Inés López Dávila, magistrada de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

1.2. Como hechos antecedentes a la acción de tutela, la actora manifestó
que el 6 de diciembre de 2016 fue nombrada en el cargo de profesional

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Accionante: Evelin Salen Ordóñez Mejía

especializado, grado 33, en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en el despacho del magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán.

Dice que, ante la falta absoluta del doctor Quiroz Alemán, la Corte Suprema
eligió en su reemplazo a la magistrada Clara Inés López Dávila, quien el 8
de mayo de 2023, antes de tomar posesión del cargo, se reunió con los
empleados del despacho, mostrándose muy empática sobre la situación
personal y laboral de cada uno.

La actora señala que ese mismo día le solicitó a la doctora López Dávila
considerar su permanencia en el despacho, teniendo en cuenta que para
esa fecha tenía más de 55 años de edad y le faltaban un poco más de 50
semanas de cotización al Sistema General de Pensiones, aproximadamente
el mismo tiempo para cumplir el requisito de edad, ante lo cual la recién
nombrada magistrada, aparentemente muy comprensiva, le manifestó que
“no dejaba sin trabajo a nadie”, pero que les iba a pedir la renuncia a todos.

Informa que, en efecto, el 24 de mayo de 2023, fecha en la que tomó
posesión del cargo, la doctora López Dávila les pidió la renuncia a partir del
día siguiente, requerimiento que tomó por sorpresa a la actora, pues la
magistrada era conocedora de su condición de mujer prepensionada. No
obstante, ese día presentó la carta, en la que reiteró la solicitud de tener
en cuenta la situación particular que ya le había informado verbalmente.

La actora sostiene que el 25 de mayo de 2023 se dirigió personalmente a
la doctora López Dávila para informarle sobre la presentación de la renuncia
y lo que había consignado en ésta, a lo que la magistrada le respondió que
se trataba de una renuncia condicionada.

Manifiesta que, el 26 de mayo de 2023, recibió un correo electrónico de la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en el que se le
informaba que, mediante Decreto 070 expedido el mismo día, la magistrada
Clara Inés López Dávila la había declarado insubsistente a partir de esa
misma fecha. La actora solicitó que le remitieran copia del acto, pero la
Secretaría le respondió que éste se encontraba en trámite de firmas.

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Informa que el mismo día 26 de mayo de 2023 envió un correo electrónico
a la magistrada, en el que le manifestó que la decisión de declararla
insubsistente desconocía todas las garantías constitucionales, laborales y
procesales, lo que era reprochable, pues se trata de una jueza del trabajo.

La actora relata que la magistrada no le aceptó la renuncia a ningún otro
de los colaboradores y, a pesar de que en el despacho había seis cargos
vacantes, sólo la declaró insubsistente a ella, que fue la única que le
manifestó la condición de prepensionada.

1.3. Aduce que, con tal decisión, la magistrada actúa en franca rebeldía
frente a la jurisprudencia de los órganos de cierre, incluida la de la Sala
de la que hoy hace parte, máxime cuando ella le había informado con
antelación sobre su calidad de prepensionada.

Argumenta que la facultad discrecional del nominador para declarar la
insubsistencia de un servidor nombrado como provisional en un cargo de
libre nombramiento y remoción no es absoluta, pues debe estar en
armonía con las disposiciones del artículo 44 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1, lo cual no se
cumple en este caso pues no hay “hechos que le sirven de causa”, salvo
la voluntad de la magistrada López Dávila.

Argumenta que en la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional
fijó los requisitos para que a una persona nombrada en un cargo de libre
nombramiento y remoción sea protegida mediante el reconocimiento del
estatus de prepensionada ante una eventual pérdida intempestiva del
empleo, y no vea frustrada su expectativa de acceder a la pensión de
vejez. Ese estatus, insiste, otorga estabilidad en el cargo y garantiza la
continuidad en la cotización al Sistema General de Pensiones, hasta que
se consoliden los requisitos para acceder a la prestación.

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Ley 1437 de 2011.

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La actora aduce cumplir con tales presupuestos pues —como se lo
manifestó a la magistrada Clara Inés López Dávila—, para la fecha en que
presentó la tutela tenía 55 años y 7 meses de edad, y según su historia
laboral, a 30 de abril de 2023 contaba con 1.246,57 semanas cotizadas.
Por tanto, perder el empleo de forma intempestiva le frustra la posibilidad
de continuar cotizando y de obtener el reconocimiento de la pensión.

1.4. Por otra parte, alegó que la declaratoria de insubsistencia les vulnera
el derecho al mínimo vital a ella y a sus dos hijos, quienes dependen del
salario que ella devengaba en el cargo. En especial, señaló que su hijo
mayor, Luis Francisco Sánchez Ordóñez, cursa actualmente 8° semestre
de medicina en la Universidad de Antioquia, y que su segundo hijo, Juan
Felipe Sánchez Ordóñez, terminó el grado 11 el año anterior y espera
viajar en enero de 2024 a Inglaterra para estudiar idiomas en un
programa de la escuela de EF Education First Ltd., programa que tiene un
valor de USD $15.340, que ella está pagando en cuotas. Advierte que,
además, tiene obligaciones financieras, que se ven reflejadas en los
desprendibles de nómina.

En suma, dice que la pérdida del empleo en esta etapa de la vida pone en
riesgo su subsistencia y la de su familia, pues conlleva a que se les
suspendan los servicios de salud, lo que le impide hacerse el control de
oftalmología para un procedimiento por iridotomía en ambos ojos, que le
practicaron el 26 de abril de 2023.

1.5. Finalmente, dijo que la tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, particularmente el de subsidiariedad, pues si bien tiene al
alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que puede pedir la suspensión provisional del acto de insubsistencia,
en su caso ese no es el medio idóneo, pues entre el agotamiento de la
conciliación extrajudicial, la interposición de la demanda y el decreto de
la medida cautelar transcurriría más de un año, que es justamente el
tiempo que le falta para completar los requisitos de semanas de cotización
al sistema pensional y de edad.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La magistrada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, Clara Inés López Dávila, sostuvo que esta acción de tutela
es improcedente porque la actora cuenta con un mecanismo ordinario
para plantear la controversia, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, en la
cual se pueden pedir las medidas cautelares pertinentes para prevenir la
configuración de los perjuicios que la actora aduce. Y, en todo caso, la
accionante no acreditó estar expuesta a un perjuicio irremediable que
imponga la protección como mecanismo transitorio.

Considera que tampoco se ha presentado vulneración de los derechos
fundamentales invocados en la tutela porque, de acuerdo con lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de 2018, por regla
general, las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y
remoción, como es el de profesional especializado, grado 33, de las altas
cortes, no gozan de estabilidad laboral reforzada, pues exigen el máximo
grado de confianza para los nominadores, dado el nivel de
responsabilidades y la naturaleza de sus funciones, por lo que respecto
de éstos opera la discrecionalidad en cuanto al nombramiento y remoción.

2.2. El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial arguye
que, de conformidad con el numeral 4º del artículo 131 de la Ley 270 de
1996, el nominador de los cargos del despacho es el respectivo
magistrado, en este caso, la doctora Clara Inés López Dávila, que es quien
debe responder ante los hechos y pretensiones de la demanda.

Agregó que, de acuerdo con los artículos 98 y 99 de la misma ley, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solo ha actuado como
pagadora de los salarios, prestaciones y demás emolumentos de orden
salarial que devengó la accionante durante el tiempo que estuvo vinculada
al cargo. Por lo tanto, no tiene ninguna injerencia en la controversia

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planteada en la tutela y, en tal sentido, carece de legitimación en la causa
por pasiva.

2.3. La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura señaló que la acción de tutela
es improcedente porque la demandante tiene a disposición los
mecanismos ordinarios establecidos en la ley para atacar el acto que la
declaró insubsistente.

2.4. La señora Ana Marelvi Arenas, que fue vinculada como tercera
interesada a través del auto del 25 de julio de 2023, teniendo en cuenta
que es quien actualmente ocupa el cargo del que fue declarada
insubsistente la actora, guardó silencio.

2.5. Luego de que las accionadas rindieran los informes, la demandante,
mediante memorial2 radicado el 26 de junio de 2023, reiteró los
argumentos de la solicitud de amparo, enfatizando que, de conformidad
con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de
2018, la tutela es procedente porque a ella sólo le faltan 54 semanas de
cotización para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima
media. Así mismo, insistió en que la insubsistencia obedeció a razones
ajenas a la confianza alegada por la magistrada nominadora, y en que,
como consecuencia de la desvinculación, actualmente ella y su núcleo
familiar se encuentran excluidos de los servicios de salud, además de que
las entidades financieras con las que tiene obligaciones amenazan con
reportarla a las centrales de riesgo.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 22 de agosto de 2023, el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección A declaró la improcedencia del amparo por falta de
subsidiariedad, al considerar que la actora puede interponer el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Decreto 070 del

2
Visible en el índice 15 del proceso en el sistema SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202302979001
100103

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26 de mayo de 2023 que la declaró insubsistente, mecanismo judicial que
resulta idóneo y eficaz, pues en este la actora puede solicitar la suspensión
provisional de los efectos de dicho acto administrativo.

En tal sentido, dijo que el análisis de la calidad de prepensionada de la
señora Ordóñez Mejía, a la luz de la sentencia SU-003 de 2018 y de las
leyes que regulan el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, debe
ser analizada por el juez natural, que es el autorizado para determinar si la
actora es beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada que invoca.

Luego, analizó la procedibilidad de la tutela como mecanismo transitorio y
señaló que la accionante no acreditó encontrarse expuesta a un perjuicio
irremediable que amerite la intervención excepcional del juez de tutela. Por
el contrario, anotó que (i) de acuerdo con el Registro Único de Afiliados
(RUAF) no ha dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) como consecuencia
del despido debió recibir el pago de una liquidación, la cual le provee
recursos mientras accede a otra alternativa económica, y (iii) puede
acceder a los mecanismos de protección al cesante que ha dispuesto la
legislación.

IV. IMPUGNACIÓN

La actora apeló el fallo de primera instancia y alegó que, si bien el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el recurso judicial
adecuado para controvertir los actos administrativos, lo cierto es que ese
mecanismo no es idóneo en el caso en particular, por las razones que fueron
expresadas en la demanda y que fueron ignoradas por el a quo, esto es,
que entre el agotamiento de la conciliación extrajudicial, la interposición
de la demanda y el decreto de la medida cautelar transcurriría más de un
año, que es el tiempo que le falta para completar los requisitos de
semanas de cotización y de edad para acceder a la pensión.

Al respecto, advirtió que la presente tutela tardó tres meses para ser
resuelta en primera instancia, por lo que sería de esperarse que el trámite
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tardara mucho más.

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En este orden, insistió en que cumple con los requisitos fijados en la
sentencia SU-003 de 2018 y reiterados en la T-053 de 2023, para acceder
a la estabilidad laboral reforzada como prepensionada, fundamentos
jurídicos que, según afirma, tampoco fueron analizados por el a quo.

Por otro lado, señaló que carece de soporte probatorio la afirmación del a
quo, que dijo que, de acuerdo con la consulta en el RUAF, ella no ha
suspendido las cotizaciones al sistema pensional. A su juicio, la sentencia
apelada confunde la afiliación al Sistema General de Pensiones con la
cotización efectiva, pues, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 692
de 1994, la afiliación al sistema es permanente y no se pierde cuando se
dejan de hacer las cotizaciones durante uno o varios períodos, razón por la
cual ella aún aparecería en la base de datos. Empero, en su caso, las
cotizaciones sí se dejaron de hacer después del mes de junio de 2023, dado
que la desvinculación se produjo en el mes inmediatamente anterior.

Advirtió que, para recibir la liquidación posterior al retiro, a la que aludió el
fallo impugnado, es necesario que se surtan una serie de trámites
administrativos que a la fecha no se han agotado en su totalidad.

Finalmente, señaló que la Sección Quinta de esta corporación, en sentencia
de septiembre 8 de 2022 (C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio), rad. 11001-
03-15-000-2022-03727-01, y la Sección Segunda en fallo del 19 de mayo
de 2023 (C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar), rad. 25000-23-15-000-2023-
00183-01, accedieron a las pretensiones de acciones de tutela similares.
Por tanto, no entiende por qué en su caso se decidió en un sentido distinto.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Evelin Salen Ordóñez Mejía ocupaba desde el 6 de
diciembre de 2016 el cargo de profesional especializado, grado 33, empleo
de libre nombramiento y remoción, ubicado en uno de los despachos de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

5.2.2. El 24 de mayo de 2023, la recién designada magistrada Clara Inés
López Dávila les pidió a todos los colaboradores del despacho que
presentaran la renuncia a partir del día siguiente. La señora Ordóñez Mejía
presentó la carta, pero en ésta manifestó que era prepensionada pues tenía
más de 55 años de edad y que le faltaban un poco más de 50 semanas de
cotización y aproximadamente el mismo tiempo para cumplir el requisito de
edad para acceder a la pensión.

5.2.3. Mediante Decreto 070 del 26 de mayo de 2023, la magistrada Clara
Inés López Dávila declaró insubsistente a la señora Evelin Salen Ordóñez
Mejía a partir de la misma fecha. El acto le fue notificado a la actora
mediante correo electrónico ese mismo día.

5.2.4. La señora Evelin Salen Ordóñez Mejía interpuso acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales por el acto
administrativo que la retiró del servicio.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el sub lite, la señora Evelin Salen Ordóñez Mejía alegó que el Decreto
070 del 26 de mayo de 2023, mediante el cual la doctora Clara Inés López
Dávila, magistrada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, declaró insubsistente su nombramiento en el empleo de
profesional especializado grado 33, le vulnera los derechos fundamentales,
porque la retira de manera intempestiva del servicio, pese a que goza de
estabilidad laboral reforzada en virtud de la calidad de prepensionada,

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toda vez que, a la fecha de interposición de la tutela sólo le faltaban
alrededor de 50 semanas de cotización al Sistema General de Pensiones y
aproximadamente el mismo tiempo para cumplir el requisito de edad, razón
por la cual la pérdida del empleo le frustra la posibilidad de continuar
cotizando y de obtener el reconocimiento de esa prestación3.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 86 de la Constitución
Política4 establece que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En tal caso, de conformidad con el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional debe (i) apreciar la
existencia del medio de defensa judicial, (ii) analizar su eficiencia en
relación con las circunstancias concretas del solicitante y (iii) establecer
si se acredita el perjuicio irremediable5.

En este orden, la Sala advierte que la acción de tutela, por regla general,
no procede para cuestionar actos administrativos que declaran la
insubsistencia de empleados públicos, debido a que para ello puede
ejercerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 6. En este, además,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 230 del
CPACA, es posible solicitar la medida cautelar de suspensión provisional
de los efectos del acto, con la finalidad de proteger y garantizar el objeto
del proceso. Esa medida puede pedirse incluso con carácter de urgencia,
para que se decrete previa notificación de la parte contraria (artículo 234
ibídem). Así mismo, es posible pedir al juez que imponga a la entidad
demandada, a manera de medidas cautelares, obligaciones de hacer,
como nombrar al empleado en provisionalidad en otro cargo, mientras se
resuelve el asunto de fondo7.

3
La actora alega que tiene 55 años y 7 meses de edad y, de acuerdo con su historia laboral, a 30 de abril de
2023 contaba con 1.246,57 semanas cotizadas.
4
“Artículo 86. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
6
Corte Constitucional. Sentencia T-595 del 31 de octubre de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
7
Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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Siendo así, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los
derechos fundamentales de los servidores públicos desvinculados, toda
vez que cuenta con herramientas propicias para, entre otras cosas,
suspender los efectos de actos administrativos que generen perjuicios
irremediables a los demandantes, en cualquier etapa del proceso.

Sin embargo, como se dijo, cuando el mecanismo ordinario no
proporcione en el caso concreto una protección eficaz y adecuada a los
derechos amenazados o vulnerados, esto es, cuando se evidencie la
existencia de un perjuicio irremediable, el amparo constitucional procede
de forma excepcional.

La Corte Constitucional ha señalado que para que se configure el perjuicio
irremediable deben estar reunidos los siguientes elementos: (i) la
inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por
suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad
de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de
forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad;
(iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas
para conjurar la amenaza; (iv) la impostergabilidad de la tutela, que
implica acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo
expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales 8.

Igualmente, en la sentencia SU-691 de 2017, la Corte Constitucional
indicó que “para la comprobación de la inminencia de un perjuicio
irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben
observar criterios como (i) la edad de la persona, por ser sujeto de
especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; (ii) el
estado de salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones
económicas del peticionario del amparo o de las personas obligadas a

8
Sentencia T-005 del 13 de enero de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).

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acudir a su auxilio. En estos eventos, debe mencionarse que la Corte ha
exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa
mínima por parte del interesado. // Por lo general, en el caso de
desvinculaciones de servidores públicos, la posibilidad de configuración
de un perjuicio irremediable gira en torno del derecho al mínimo vital”.

Ahora, el perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio no debe verse solamente desde el punto de
vista de las consecuencias adversas que pueda producir una decisión de
la administración. Es posible que los particulares sufran algún daño por
causa de las actuaciones de las autoridades. Por ejemplo, la sanción
disciplinaria de inhabilidad conlleva a que el funcionario no pueda ejercer
cargos públicos por cierto tiempo, la declaratoria de caducidad del
contrato estatal obliga a que se siga el procedimiento para la liquidación,
y la multa por infracción a las normas de tránsito obliga al infractor a
realizar una erogación patrimonial.

Entonces, no por resultar perjudicial la decisión tomada por la
administración debe asumirse que existe un perjuicio irremediable
evitable mediante la acción de tutela. Si así fuera, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los
destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela. Éstos
pueden estar revestidos de legalidad, más aun, existe una clara
presunción en tal sentido, y por tanto, las consecuencias perjudiciales de
quienes las sufren no resultan necesariamente ilícitas.

En el sub judice, la señora Ordóñez Mejía alega que ostenta la categoría
de prepensionada y que por tal razón el acto de retiro le frustra la
posibilidad de acceder al derecho a la prestación económica de vejez.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU-003 de 2018,
la Corte Constitucional9 definió a los ‘prepensionables’, como “las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están

9
Magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido.

12
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Accionante: Evelin Salen Ordóñez Mejía

próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos
necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de
semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión”.

Con la demanda de tutela se allegó el certificado de semanas cotizadas
expedido por Colpensiones el 14 de mayo de 2023, que indica que la
señora Ordóñez Mejía nació el 11 de octubre de 1967 y que a la fecha
cuenta con 1.246,57 semanas cotizadas. En todo caso, como lo indicó la
Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de 201810, el escenario
judicial para que se determine si la actora goza del estatus de
prepensionada, esto es, si le faltan menos de tres años para cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 797 de 2003, es el
proceso contencioso administrativo, en el que se puede cuestionar, de
acuerdo con tal condición, la constitucionalidad y la legalidad del acto
administrativo que declaró la insubsistencia de su nombramiento.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la sentencia
T-460 de 2017 la Corte Constitucional11 precisó que, en cuanto a las
declaratorias de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y
remoción en las que no media proceso de reestructuración, “la
desvinculación obedece al ejercicio de la facultad discrecional que tiene la
administración para dar por terminada la relación laboral, teniendo en
cuenta que en [éstos] el nominador se encuentra facultado para
determinar la idoneidad de sus funcionarios en ese tipo de empleos”. En
esos casos, “hay una manifestación clara e inequívoca de poner fin a la
relación legal y reglamentaria, (…) porque la relación entre nominador y
empleado, en ese tipo de cargos, están fundadas en la discrecionalidad
para nombrar funcionarios que a su juicio sean idóneos para desarrollar
funciones de dirección, manejo y confianza”.

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Párrafo No. 38.
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Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.

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Tal postura fue luego acogida por el pleno de la Corte Constitucional en
la sentencia SU-003 de 2018, en la que unificó la jurisprudencia en el
sentido de señalar que los servidores públicos que ocupan cargos de libre
nombramiento y remoción, que relaciona el numeral 2º del artículo 5 de
la Ley 909 de 2004, no gozan de estabilidad laboral reforzada, debido a
que ejercen funciones de dirección, conducción u orientación institucional,
o al alto grado de confianza que exigen por parte de sus nominadores,
condiciones que ameritan “un tratamiento distinto en la aplicación de los
distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de ‘prepensión’”.

Entonces, la Sala concluye que, aunque la señora Evelin Salen Ordóñez
Mejía tuviera la calidad de prepensionada, ese hecho no permitiría
otorgarle en sede de tutela la estabilidad reforzada por ella pretendida en
el empleo que ocupaba en la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.

En esa línea, no se observa prima facie que el acto administrativo que la
declaró insubsistente haya constituido una actuación abiertamente
ilegítima que amerite la intervención del juez constitucional. Como ya se
expuso, no por el hecho de que un acto de la administración genere
consecuencias adversas a los particulares puede considerarse ilegítimo o
ilícito, ni que constituya per se un perjuicio irremediable que haga
procedente este mecanismo excepcional de protección.

En todo caso, conviene señalar que, contra los argumentos de la
impugnación, el hecho de que la presentación de la demanda ordinaria y
el decreto de la medida cautelar puedan tardar el mismo tiempo que le
falta a la actora para cumplir los requisitos para acceder a la pensión no
configura un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional. En efecto, en el medio de control la actora puede solicitar,
como se expuso, la suspensión del acto de retiro o la imposición de otras
obligaciones de hacer, como que sea nombrada en otro empleo. Así
mismo, como restablecimiento del derecho puede solicitar que le sean

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realizadas las cotizaciones por el tiempo que haya estado desvinculada,
de manera que complete los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

De otra parte, en cuanto a la alegada vulneración del derecho al mínimo
vital, así como a la desvinculación de la demandante y sus hijos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a la falta de pago de sus
obligaciones financieras y educativas, la Sala considera necesario
destacar que, como se explicó en líneas precedentes, la verificación de la
inminencia como elemento del perjuicio irremediable que hace procedente
la tutela debe atender algunos criterios tales como (i) la edad de la
persona, (ii) el estado de salud del solicitante y su familia y (iii) las
condiciones económicas del accionante.

Bajo esas premisas, la Sala advierte que la actora no es una persona de
la tercera edad, pues a la fecha tiene 56 años cumplidos, por lo que,
además de encontrarse en buenas condiciones de salud —únicamente
hizo alusión a un procedimiento de iridotomía en ambos ojos que ya se le
practicó el 26 de abril de 2023—, y de contar con un importante grado de
educación —pues es profesional del derecho con mínimo una
especialización, lo cual se infiere del cargo que ocupaba—, es previsible
que se pueda vincular a otro empleo del cual podrá obtener los recursos
para continuar cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral y para
el sustento propio y de su núcleo familiar.

Conforme con lo expuesto, la tutela no cumple el presupuesto de
subsidiariedad, ante la clara procedencia del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, el cual resulta suficientemente eficaz en
el caso concreto. Además, no se observa prima facie que el acto que se
cuestiona constituya una infracción abierta del ordenamiento jurídico,
pues si bien la actora alega que goza del estatus de prepensionada, esa
calidad no permitiría reconocerle por vía de tutela la estabilidad en el
empleo de libre nombramiento y remoción que ocupaba. Por último,
tampoco aparece probada la afectación del mínimo vital y, por
consiguiente, la configuración de un perjuicio irremediable.

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5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, al constatar la ausencia del requisito
de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2023, dictada
por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A, que declaró
la improcedencia del amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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