Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02989-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02989-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-02989-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02989-00
Accionante: Pastor Rendón Pava
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Falta de carga argumentativa
– Subsidiariedad.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Pastor Rendón Pava
contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, el Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones sociales del magisterio -
FOMAG-, Colpensiones y la Secretaría de Educación de Girardot.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1.- El señor Pastor Rendón Pava presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección B, el Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag-, Colpensiones y la
Secretaría de Educación de Girardot, con el fin de que se dejara sin efectos la
sentencia de 30 de marzo de 20232, proferida por la autoridad judicial dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que adelantó contra el Fomag.
2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución 621 de 15 de octubre de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Educación de Girardot, en representación del Fomag, le negó su pensión de
jubilación. Según el accionante era beneficiario de la Ley 33 de 1985.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 19 de abril de 2023.
3 25000-23-42-000-2020-01132-01 (4442-2022)
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02989-00
Accionante: Pastor Rendón Pava
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección A
dictó sentencia de primera instancia el 17 de febrero de 2022, en la que negó las
pretensiones de la demanda. Estimó que el demandante se vinculó como docente
oficial el 5 de marzo de 2007, por lo que se encuentra en el presupuesto de hecho
contemplado en el inciso 2° del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y su régimen
pensional es el de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
sin que resulte posible acudir del régimen pensional establecido para el Magisterio
en las disposiciones anteriores a la Ley 812 de 2003, por cuanto éste solo es
aplicable para aquéllos que se hayan vinculado como docentes oficiales antes del 27
de junio de 2003 y, que si bien el actor se vinculó desde el 24 de noviembre de 1980
hasta el 30 de diciembre de 1989 al ICT-INUBRE4, no lo hizo como docente sino
como servidor público.
4.- El Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B, a través del fallo de
30 de marzo de 2023 confirmó la decisión de negar las súplicas de la demanda.
Consideró que la situación pensional del accionante se rige por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, dado que su ingreso al servicio educativo oficial ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. No obstante, encontró que
el actor no satisfacía los requisitos previstos en las mencionadas leyes para acceder
a la pensión de jubilación, toda vez que, a pesar de que cumplió 62 años el 7 de
octubre de 2021, para el 6 de noviembre de 2019, última fecha de la que se tiene
conocimiento que se encontraba activo en el servicio, solo tenía 1.119,38 de las
1.300 semanas de cotización que exige el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para
obtener la pensión de vejez.
5.- En su escrito de tutela la parte actora sostuvo que la autoridad accionada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, y vida
digna, así como el principio de favorabilidad, por cuanto sí cumple con los requisitos
para acceder a la pensión de vejez solicitada.
6.- Manifestó que teniendo en cuenta que fue vinculado como docente después de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tiene derecho a pensionarse con el
régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal
como lo dijo el Ad quem, no obstante, el Consejo de Estado, no dio aplicación al
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues debió indicar en el fallo que “cumplía con el
requisito de la edad, toda vez que al estar vinculado en vigencia de la ley 812 de
2003, gozaba con la excepción de la edad de pensión de vejez que es de 57 años y
además a noviembre de 2017 contaba con 1300 semanas”.
7.- Por otro lado, adujo que la accionada tampoco dio aplicación al principio de
favorabilidad laboral e in dubio pro operario, con el fin de establecer que el artículo
81 de la Ley 812 de 2003 era la norma más favorable a su caso, por cuanto se
4 Extintos Instituto de Crédito Territorial -ICT- e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
-INURBE-.
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Accionante: Pastor Rendón Pava
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
encuentra vinculado como docente nacional en propiedad en la Secretaría de
Educación Municipal de Girardot, desde el 5 de marzo de 2007.
8.- Por último, citó in extenso las sentencias proferidas por el Consejo de Estado –
Sección Segunda de: i) 6 de abril de 2011, radicado 11001-03-25-000-2004-00220-
01(4582-04) y 11001-03-25- 000-2005-00234-00(9906-05) acumulados y, ii) 25 de
abril de 2019, relacionadas con el régimen pensional de los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
9.- Aunado a ello, indicó que es un adulto mayor catalogado como paciente crónico
con alto riesgo cardiovascular, con diabetes tipo 2 insulinorequiriente, con secuelas
de ECV (isquemia cerebral) y con obesidad, por lo que es un sujeto de especial
protección constitucional.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.- Por auto de 7 de junio de 20235, se dispuso admitir la acción de tutela y notificar
a las autoridades judiciales demandadas, así como vincular a la fiduciaria La
Previsora S.A. como tercero interesado. Igualmente se negó una solicitud probatoria
y se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su cargo.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B6
11.- El Consejero Carmelo Darío Perdomo Cuéter indicó respecto a la presente
acción de lo siguiente: “me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en
cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 30 de
marzo del año en curso proferida dentro del referido asunto, somos del criterio que
las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones,
las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas”.
(ii) Nación – Ministerio de Educación Nacional7
12.- Manifestó que si bien en su argumentación el accionante presenta la
vulneración de algunos derechos fundamentales, no logra edificar una
fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de
la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones que
alega, ello atendiendo que no basta con mencionar que se viola el derecho, sino que
debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta
amenaza o vulneración, situación que su juicio en el presente asunto no se da.
(iii) Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-8
5 Notificada el 20 de junio de 2023.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico el 21 de junio de 2023, consta de 1 folio.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico el 23 de junio de 2023, consta de 11 folios.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico el 26 de junio de 2023, consta de 10 folios.
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Accionante: Pastor Rendón Pava
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.- Indicó que en el presente caso ya existe cosa juzgada, y que decidir de fondo
las pretensiones del accionante y acceder a las mismas invade la órbita del juez
ordinario y su autodominio, máxime cuando no se probó la vulneración a los
derechos fundamentales alegados, ni la existencia de un perjuicio irremediable que
haga viable proteger derecho alguno. Además, que la entidad no ha realizado
ninguna actuación vulneradora de derechos, en la medida en que “no tiene petición
o trámite pendiente por resolver a favor del ciudadano”.
(iv) Fiduprevisora S.A.9
14.- A través de tres escritos solicitó ser desvinculada del presente asunto, toda vez
que el accionante dirige la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y del libelo de tutela y sus anexos no se encuentra prueba alguna a
través de la cual se pueda establecer que la Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera
y administradora del Fomag se encuentre vulnerando derechos fundamentales; por
lo que está demostrado que la entidad no ha incurrido en conductas concretas,
activas u omisivas que afecten los derechos invocados por la parte actora.
15.- Por otra parte, indicó que el ejercicio de la acción de tutela por vía de hecho
exige para el accionante la fundamentación de causales genéricas y específicas de
procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y
por eso deben ser expuestas de manera nítida por el accionante; por lo anterior, a
su juicio, la argumentación plasmada en la demanda es exigua en relación con la
configuración de dichas causales, por lo que el mecanismo tutelar se está utilizando
con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
16.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 10 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que
hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
9 Contestación enviada a través de correo electrónico el 22 de junio y 6 de julio de 2023.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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17.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional11.
18.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
19.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos 12 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.
D. Análisis del caso concreto
20.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el escrito de
tutela, esta Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya transgredido
los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Una revisión de los
planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir su falta de
suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, de manera que no se acredita el
requisito de la relevancia constitucional.
21.- Como se indicó previamente, en el caso bajo examen, el accionante alegó, en
resumen, que el Consejo de Estado: i) no dio aplicación al artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y, ii) no dio aplicación al principio de favorabilidad laboral e in dubio pro
operario, con el fin de establecer que el artículo 81 de la ley 812 de 2003 era la norma
más favorable a su caso. Además, citó dos sentencias relacionadas con el régimen
pensional de los docentes afiliados al Fomag.
22.- Sin embargo, como se anticipó, se advierte una falta de relevancia
constitucional ante la carencia de carga argumentativa, toda vez que la parte actora
11 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
12 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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omitió construir una argumentación clara, congruente y específica frente a cada uno
de los cargos endilgados a la decisión acusada, en la medida en que:
23.- Ninguno de sus argumentos los enmarcó en algún defecto o causal específica
que haga procedente la acción de tutela contra providencia judicial. Así, se tiene que
frente al primer argumento, el actor no explicó sus afirmaciones, pues más allá de
indicar que “a noviembre de 2017” contaba con la edad y las 1300 semanas exigidas,
no construyó ningún argumento para explicar lo anterior y por qué en el fallo acusado
no se había dado aplicación al artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Por ende, ante la
exigua explicación realizada por el actor, no es posible que la Sala realice un estudio
de fondo sobre el asunto. Máxime si se tiene en cuenta que la mencionada
disposición indicó que el régimen aplicable a los docentes que para esa fecha se
encontraran vinculados al servicio público educativo sería el definido para el
magisterio por las leyes anteriores, y aquellos que se vincularan a partir de la
vigencia de esa ley tendrían los derechos pensionales del régimen de prima media.
En la sentencia censurada se realizó ese estudio y se estableció que el accionante
estaba en este segundo grupo. En ese sentido no es claro el reproche que se hace
en la demanda con respecto a este punto.
24.- Aunado a ello, frente a la primera parte del mismo argumento, se advierte que,
contrario a lo afirmado por la parte accionante, el Consejo de Estado – Sección
Segunda sí indicó que el actor cumplía con el requisito de edad, sin embargo sólo
sumaba 1.119,38 de las 1300 semanas de cotización exigidas por el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993 para obtener la pensión de vejez.
25.- Aquello se puede comprobar con la trascripción del aparte específico del fallo
cuestionado -30 de marzo de 2023-, en el que la autoridad judicial accionada indicó
frente al tema lo siguiente:
<<(…) Al respecto, se tiene que el régimen general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, en cuanto a los requisitos para
obtener la pensión de vejez, prevé (…)
Luego, para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993 se debe
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 55 años de edad si es mujer
o 60 si es hombre y a partir del 1°. de enero de 2014 serán 57 para la mujer y 62 para
el hombre. b) 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, las cuales aumentan a
partir de 2005, así (…)
Corolario de lo anterior, se tiene que el demandante cumplió 62 años el 7 de octubre
de 2021, no obstante, para el 6 de noviembre de 2019, última fecha de la que se tiene
conocimiento que se encontraba activo en el servicio, no colmaba el requisito de las
1300 semanas de cotización, exigido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para
obtener la pensión de vejez (tenía 1.119,38); por consiguiente, a pesar de satisfacer
la edad, no alcanzó el tiempo de servicio, razón por la que en el caso sub judice no
resulta procedente conceder derecho pensional alguno, sin perjuicio de que en la
actualidad lo tenga consolidado, evento en el cual deberá deprecarlo en sede
administrativa (…)>>(negrilla fuera del texto original).
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26.- En razón a lo anterior, no tiene ningún sustento la afirmación de la parte actora,
relacionada con que no dio aplicación al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, porque
en el fallo se debía indicar que “cumplía con el requisito de la edad”, pues repite,
aquello fue lo único que se encontró probado dentro del asunto en cuestión, solo que
por una razón diferente a la esgrimida en sede de tutela por el actor.
27.- Ahora, respecto al argumento relativo a que no se dio aplicación al principio de
favorabilidad laboral e in dubio pro operario, con el fin de establecer que el artículo
81 de la ley 812 de 2003 es la norma más favorable a su caso. La Sala advierte que
corre la misma suerte de la anterior afirmación, en la medida en que la parte actora
aparte de afirmar que no se aplicaron los mencionados principios, no esbozó ningún
argumento adicional con el fin de explicar su afirmación y construir una tesis concreta
frente al tema.
28.- Frente al mismo argumento, la Sala también advierte falta de subsidiariedad en
el presente asunto, en la medida en que la parte actora no hizo uso de los recursos
legales ordinarios con los que contaba, por cuanto no puso de presente dentro de la
demanda o el recurso de apelación, los argumentos que ahora expone, por lo que
en el debido momento procesal el juez de instancia no tuvo la oportunidad de
pronunciarse al respecto, en el sentido de estudiar si era procedente o no aplicar los
mencionados principios para solucionar el caso.
29.- Por último, frente a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado –
Sección Segunda las cuales citó in extenso; se advierte que el actor se limitó a
transcribirlas, sin realizar alguna explicación frente a las misma, es decir, no indicó
por qué los casos son idénticos en hechos, partes y pretensiones, así como tampoco
identificó y expuso la similitud de los problemas jurídicos, ni la ratio decidendi
desconocida, es decir, no sustentó debidamente las razones por las cuales dichas
sentencias constituyen precedente aplicable al caso concreto, ni esbozó argumento
adicional, con el fin de determinar si las mismas fueron dejadas de aplicar o si lo
fueron de forma errónea por parte el operador judicial, con el fin de que se realizara
un estudio de fondo del asunto.
30.- En ese contexto, no basta con que el accionante enuncie los derechos
presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir, incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos
fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha
adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y, se
debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.
31.- Así las cosas, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.
32.- De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o accede
a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos fundamentales
de la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los fundamentos del
pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado, y con éste, el
establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo las diferentes
manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales y los derechos
de los asociados.
33.- De ahí que la tutela contra las providencias judiciales, que encarnan la
expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la
seguridad de las relaciones y los derechos de los asociados, entre otros, sólo puede
ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre
establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de parte
de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es manifiestamente
contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Exigencia
adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la acción de tutela
formalidades que la desnaturalicen, se requiere que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos, asunto que va más allá de
su íntima convicción de que su causa judicial estaba llamada a ser escuchada.
34.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos alegados contra el fallo de 30 de marzo
de 2023 proferido por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, el
juez de tutela no puede proceder a ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo
la oportunidad de señalarse, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae
en quien invoca el amparo constitucional y no en quien la decide, en razón a que
están de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la
seguridad jurídica y la garantía de la independencia y autonomía de los jueces, que
son elementos que hacen parte de los cimientos del Estado y como tal legitiman el
obrar de sus autoridades.
35.- Aunado a lo anterior, de manera pacífica, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando la providencia cuestionada fue
proferida por una alta corte, el examen de procedencia que debe adelantar el juez
de tutela debe ser más estricto, pues el papel de órganos de cierre que la
Constitución asignó a estas corporaciones en sus respectivas jurisdicciones, les dota
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de competencias hermenéuticas de mayor alcance y exige “aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias, aun cuando el juez de tutela pudiera
tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión” 13. En
ese sentido, para este tipo de situaciones la procedencia del amparo está supeditada
no sólo al cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial, sino también a que el accionante
acredite “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional” 14 , esto es, que “la decisión riña de manera
abierta con la Constitución y se torne definitivamente incompatible con el alcance y
límites de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la
jurisprudencia constitucional” 15 . Presupuesto que, en el caso bajo estudio no fue
acreditado.
36.- Visto lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo afirmado por la parte actora,
no se deduce que la autoridad judicial accionada hubiere incurrido en una indebida
motivación, en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido
de efectuar un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya
otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la
tutela formulada16. Por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro sustento
en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación
subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del
material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas
legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto, así como la
jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la conclusión de que en el
caso bajo estudio el actor no ha cumplido con el tiempo de cotización requerido para
hacerse beneficiario de la pensión de jubilación solicitada.
37.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 17.
38.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, ante la falta de carga argumentativa y
subsidiariedad. De esta suerte, habrá de declararse improcedente el amparo
13 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
14 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
15 Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional.
16 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de
2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
17 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02989-00
Accionante: Pastor Rendón Pava
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
impetrado por el señor Pastor Rendón Pava, por la ausencia de los antedichos
presupuestos formales.
39.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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