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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03000-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03000-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03000-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de agosto de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-03000-00
Demandante: MUNICIPIO DE PLATO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. SE ATACA EL AUTO QUE NEGÓ LA
SOLICITUD DE NULIDAD POR CUANTO LA
DEMANDA SE TRAMITÓ POR PROCESO DIFERENTE
AL QUE CORRESPONDÍA. FALTA DE LEGITIMACIÓN
POR ACTIVA DE LA SOCIEDAD EJECUTANTE.
INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO. DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD FRENTE A LOS DEFECTOS
PROCEDIMENTAL Y FÁCTICO Y, POR EL DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, FRENTE AL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada en
el marco del proceso ejecutivo vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con
ocasión de las providencias del 22 de octubre de 2021 y 9 de noviembre de 2022, por medio
de las cuales se negó la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado del municipio de
Plato, en consideración a que a la demanda se le dio un trámite de proceso ejecutivo cuando
en realidad se debió promover uno de controversias contractuales, pues no se encontraba
probada la relación contractual. Se declara improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el municipio
de Plato (Magdalena)1 en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena para la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 22 de octubre de

1 Mediante escrito del 5 de junio de 2023.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03000-00
Demandante: municipio de Plato
Acción de tutela
2021 y 9 de noviembre de 2022 proferidas por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 13 de octubre del año 2000, el municipio de Plato celebró el contrato de
concesión No. 001-2000 con el Consorcio Servicios Públicos de Plato (integrado por
las sociedades Interaguas SA ESP y AA SA ESP), cuyo objeto era la prestación de
los servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado en el ente territorial por el
plazo de 25 años.

2) La sociedad Aguas y Servicios de Plato SA ESP fue creada y registrada el 16 de
abril de 2001.

3) El 17 de diciembre de 2001, la sociedad Aguas y Servicios de Plato SA ESP,
invocando su condición de presunta contratista-cesionaria, instauró demanda
ejecutiva en contra del municipio de Plato, en la que solicitó librar mandamiento
ejecutivo por la suma de $ 1.188.521.751, por concepto de los aportes de la entidad
territorial provenientes de los ingresos corrientes de la Nación y los subsidios de los
estratos uno, dos y tres, correspondientes a los meses de enero a noviembre de
2001, más los intereses causados.

4) El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del
Magdalena quien mediante auto del 18 de abril de 2002 libró orden de pago por la
suma solicitada en favor de la sociedad ejecutante 2, decisión contra la cual no se
interpuso ningún recurso.

5) El 2 de agosto de la misma anualidad el tribunal ordenó seguir adelante con la
ejecución, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas a la demandada
y, el 15 de agosto de 2017, fijó la liquidación del crédito por un valor de $
5.719.810.793.

2 Proceso al que le correspondió el número de radicación 47001-3331-003-2001-01271-00.

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Demandante: municipio de Plato
Acción de tutela

6) EI 24 de agosto de 2017, el municipio de Plato presentó incidente de nulidad de
todo lo actuado, por cuanto i) el proceso se había tramitado por uno diferente al que
correspondía, ii) hubo una indebida representación de las partes, puesto que quien
se notificó del mandamiento de pago no tenía la calidad de Alcalde Municipal ni la
delegación para representar al ente territorial y iii) el mandamiento de pago no se
notificó en debida forma al alcalde encargado.

7) Mediante auto del 5 de julio de 2018, el tribunal negó la solicitud de nulidad3,
decisión que fue recurrida por el apoderado del ente territorial 4 y confirmada en
providencia del 27 de noviembre de 2018 por la misma Corporación , en la cual se
estableció que había lugar a negarla, por cuanto el alcalde encargado fue
debidamente notificado del mandamiento de pago, además, en consideración a que
los argumentos relacionados con el trámite del proceso ejecutivo y los documentos
aportados al mismo eran un asunto que debió ser controvertido en la oportunidad
correspondiente, sin que se haya hecho.

8) Contra las anteriores providencias el apoderado del municipio de Plato instauró
acción de tutela5, la cual fue denegada6 en las dos instancias por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección B 7 de la Sección
Tercera de la misma Corporación 8.

3 Por cuanto consideró que se había surtido en debida f orma el auto admisorio de la demanda y
mandamiento de pago al alcalde del municipio de Plato; de igual manera, consideró que no se podía
dar trámite a la pretensión de ilegalidad de las actuaciones que s e surtieron en el proceso ejecutivo,
pues esa no era la oportunidad para invocar aspectos que no f ueron propuestos por vía de recurso
y/o como excepción en la contestación de la demanda.
4 Insistió en que hubo una indebida notif icación del mandamiento de p ago y, además, sostuvo que

se violó el principio de congruencia, pues nada se dijo sobre la causal de nulidad contemplada en el
numeral 4 del artículo 140 del CPC, que establece: “cuando la demanda se tramite por proceso
diferente al que corresponde”.
5 En la demanda indicó que se incurrió en un def ecto procedimental, por cuanto se libró mandamiento

de pago sin que existiera un título ejecutivo ni una obligación clara, expresa y exigible; además, este
se notif icó indebidamente a quien no tenía la calidad de alcalde. Por otra parte, sostuvo que se
conf iguraba un def ecto sustantivo y f áctico, pues no era f actible iniciar un proceso de ejecución en
contra del municipio, antes de acudir a la acción de controversias contractuales, para discutir el
incumplimiento del Contrato de Concesión No. 1-2000 y para acreditar la legitimación en la causa
por activa de la sociedad para ejercer el proceso ejecutivo.
6 Se negó la tutela, en cuanto a la presunta indebida notif icación del mandamiento de pago, y se

declaró improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad f rente a los demás
reparos planteados, entre ellos, lo relacionado con la indebida aplicación de las normas sobre los
procesos ejecutivos contra el Estado , pues debieron ser alegados en su momento dentro del trámite
del proceso ejecutivo, ya sea a través de la presentación de recursos contra el mandamiento de pago
o mediante la f ormulación de excepciones de f ondo.
7 Consejero ponente Alberto Montaña Plata.

8 Proceso con radicación 11001-03-15-000-2019-03215-00/01.

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9) El municipio de Plato presentó una nueva solicitud de nulidad con el fin de que
se “declarara la insubsistencia de todas las actuaciones procesales por la
inexistencia del título ejecutivo derivado del contrato estatal”, además, porque a la
demanda promovida por la sociedad Aguas y Servicios de Plato SA ESP se le dio
el trámite de un proceso ejecutivo cuando, de acuerdo con los hechos y
pretensiones, se debió promover uno de controversias contractuales en el que se
probara la relación contractual con el ente territorial y se acreditara su calidad de
contratista o cesionario, pues el contrato de concesión se celebró con el Consorcio
Servicios Públicos de Plato, del cual no era integrante dicha empresa.

10) El 22 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la
nulidad propuesta, en tanto esa Corporación ya se había pronunciado sobre la
causal invocada a través del auto del 5 de julio del 2018; no obstante, indicó que si
el municipio consideraba que la sociedad ejecutante no había acreditado su
condición de cesionario del contrato de concesión ello debió alegarlo al momento
en el que se le notificó el mandamiento de pago y no en esa instancia procesal, con
el fin de revivir términos.

11) El municipio presentó recurso de súplica, el cual fue desatado por el tribunal en
auto de 9 de noviembre de 2022 9 en el que confirmó la decisión de primera instancia,
por cuanto la causal invocada ya había sido objeto de pronunciamiento en una
providencia anterior; sin embargo, en gracia de discusión, afirmó que la pretensión
relacionada con la falta de legitimación de la sociedad Aguas y Servicios de Plato
SA ESP para promover el proceso ejecutivo en contra del ente territorial por no
haber acreditado su calidad de contratista – cesionario, debió ser planteada cuando
se le notificó el mandamiento de pago, a través del recurso de reposición o como
una excepción de fondo con la contestación de la demanda y no en esa instancia
procesal cuando dicha oportunidad ya había fenecido.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de las providencias del 22 de
octubre de 2021 y 9 de noviembre de 2022, por medio de las cuales se negó la

9 Decisión que f ue notif icada por correo electrónico el 14 de diciembre de 2022.

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Demandante: municipio de Plato
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solicitud de nulidad, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos procedimental
absoluto, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto procedimental absoluto sostuvo que el tribunal omitió decretar
la nulidad de todo lo actuado en virtud de la indebida escogencia de la vía procesal,
pues la sociedad accionante debía, mediante un juicio de controversias
contractuales y no uno ejecutivo, obtener el reconocimiento judicial de su alegada
calidad de cesionario del contrato de concesión no. 001-2000 y de las supuestas
acreencias a su favor y discutir la hipotética relación contractual con el municipio.

Frente al defecto fáctico manifestó que el tribunal adoptó una decisión contraria a
las pruebas aportadas al proceso ejecutivo, tales como el contrato de concesión no.
001-2000 celebrado entre el municipio con el Consorcio Servicios Públicos de Plato;
el Oficio del 16 de agosto de 2001, mediante el cual se le informó a la sociedad
Aguas y Servicios de Plato SA ESP que para legalizar y cancelar las facturas
presentadas ante la administración era necesario que anexara el contrato o acuerdo
que la vinculaba con el ente territorial; la fotocopia de la solicitud de cesión del
contrato de concesión a la sociedad AYSSA y de la Resolución no. 1421 de
diciembre 20 de 2000, donde el municipio autorizaba la cesión contractual, pruebas
con las cuales era posible establecer que la ejecutante no estaba legitimada para
promover el proceso ejecutivo.

Finalmente, afirmó que se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial,
pues el tribunal ignoró las sentencias del Consejo de Estado10, en las cuales se
dispuso que el juez estaba en el deber de declarar de oficio la excepción de
inexistencia del título ejecutivo cuando encontrara demostrado que este no cumplía
con los requisitos formales y sustanciales y, por lo tanto, podía abstenerse de librar
la orden de ejecución.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las
siguientes súplicas:

10 Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia no. 40254 del 1 de f ebrero
de 2018; sentencia del 12 de agosto de 2004, exp. 21177 y providencia no. 53.819 del 23 de marzo
de 2017, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Acción de tutela
“1.- DEJAR SIN EFECTO el auto interlocutorio de fecha noviembre 09 de
2022 (notificado el 5 de diciembre de 2022), por cuyo medio el Tribunal
Administrativo del Magdalena, al desatar el recurso de súplica formulado
por el Municipio de Plato (Magd.), confirmó el auto interlocutorio de
octubre 22 de 2021, que negó la nulidad procesal y la insubsistencia de la
actuación por error judicial evidente, dentro del proceso Ejecutivo No. 47-
001-3331-003- 2001-01271-00, promovido por la sociedad AGUAS &
SERVICIOS DE PLATO S.A.

2.- ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en un
término máximo de cuarenta y ocho (48) horas a la notificación del fallo,
resuelva el recurso de súplica formulado por el Municipio de Plato (Magd.)
contra el auto interlocutorio de octubre 22 de 2021, con fundamento en el
deber de corrección a cargo de los errores judiciales, en los precedentes
vinculantes del Consejo de Estado sobre las declaraciones de oficio de
las nulidades y en la insubsistencia del proceso ejecutivo por inexistencia
del título valor, en las pruebas aducidas en la demanda que dio origen al
proceso ejecutivo y las que no fueron aportada para constituir el título de
recaudo; que al momento de resolver el recurso aplique el procedimiento
legalmente establecido, para ello debe valorar los requisitos sustanciales
del título ejecutivo complejo derivado de un contrato con la administración
pública, en especial la certeza de la relación jurídica sustancial entre
ejecutante y ejecutado, y las pruebas del incumplimiento contractual
invocado; que aplique las reglas fijadas por la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre la certeza exigida para que se constituya un título
complejo en materia contractual y aplique la figura de la insubsistencia de
la actuación por error judicial evidente y grave, de estar probada,
declarando la terminación del proceso ejecutivo y el levantamiento de las
medidas cautelares, de ser esa la conclusión probatoria.

3.- Las demás medidas necesarias para el efectivo restablecimiento de
los derechos fundamentales del ente territorial, del patrimonio público y
de los habitantes del Municipio de Plato (Magdalena).”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas y mayúsculas del
original).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 7 de junio de 2023 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Magdalena, al representante legal de la sociedad Aguas &
Servicios de Plato SA EPS - AYSA y a la Procuraduría Delegada para la Conciliación
Administrativa con sede en Bogotá, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

En los informes presentados por los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena se indicó que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
pues el municipio lo que pretendía era utilizar la acción constitucional para insistir
en argumentos que ya habían sido ampliamente dilucidados por el juez natural, y

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que, inclusive, también fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez
constitucional.

De igual manera, se resaltó que más que una nulidad lo realmente pretendido por
la demandante era atacar el título ejecutivo que sirvió de sustento para librarse el
mandamiento de pago que dio inicio al proceso ejecutivo, lo cual debió ser planteado
cuando se notificó dicha providencia a través del de reposición o como excepción
de fondo.

De igual manera, se manifestó que lo que pretendía la demandante con la acción
de tutela era revivir términos fenecidos que dejó vencer por negligencia o descuido,
a pesar de que en su momento contaba con los mecanismos propios de cada etapa
procesal.

La Procuraduría General de la Nación puso de presente que su intervención se
desarrolla de forma selectiva cuando se considera necesario, por lo que no es la
llamada a adoptar las medidas correspondientes para garantizar el respeto de los
derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar

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o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y tutela judicial
efectiva presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 22 de
octubre de 2021 y 9 de noviembre de 2022, por medio de las cuales se negó una
solicitud de nulidad, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos procedimental
absoluto, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad respecto de los defectos procedimental absoluto y fáctico, y de
relevancia constitucional respecto del desconocimiento del precedente judicial, por
las razones que procederán a exponerse:

1. Análisis del defecto procedimental absoluto y fáctico

1.1 La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir
ante el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una
herramienta jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales, como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta
Política.

1.2 En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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1.3 La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las
personas hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para
conjurar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo
que se restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional
como vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o
reemplazar a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la
protección de los derechos.

1.4 En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron
ante el juez ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el
carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

1.5 Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto
de la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en
los eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos
excepciones que justifican su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del
caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio.

1.6 En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización
de un perjuicio irremediable.

a) Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En el presente asunto se advierte que, frente al defecto procedimental, la parte
demandante sostuvo que el tribunal omitió decretar la nulidad de todo lo actuado en

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virtud de la indebida escogencia de la vía procesal, pues, la sociedad accionante
debía, mediante un juicio de controversias contractuales y no uno ejecutivo, obten er
el reconocimiento judicial de su alegada calidad de cesionario del contrato de
concesión no. 001-2000 y de las supuestas acreencias a su favor y discutir la
hipotética relación contractual con el municipio.

2) Por su parte, respecto al defecto fáctico, señaló que el tribunal adoptó una
decisión contraria a las pruebas aportadas al proceso ejecutivo, tales como el
contrato de concesión no. 001-2000 celebrado entre el municipio con el Consorcio
Servicios Públicos de Plato; el Oficio del 16 de agosto de 2001, mediante el cual se
le informó a la sociedad Aguas y Servicios de Plato SA ESP que para legalizar y
cancelar las facturas presentadas ante la administración era necesario que anexara
el contrato o acuerdo que la vinculaba con el ente territorial; la fotocopia de la
solicitud de cesión del contrato de concesión a la sociedad AYSSA y de la
Resolución no. 1421 de diciembre 20 de 2000, donde el municipio autorizaba la
cesión contractual, medios probatorios con las cuales era posible establecer que l a
ejecutante no estaba legitimada para promover el proceso ejecutivo.

3) No obstante, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, por cuanto con los cargos invocados lo que el demandante pretende
es que se declare que la ejecutante no estaba legitimada para promover el proceso
ejecutivo y que para obtener el reconocimiento judicial de su alegada calidad de
cesionario del contrato de concesión no. 001-2000 y de las supuestas acreencias a
su favor debía discutir dicha relación contractual con el municipio a través del medio
de control de controversias contractuales, argumentos que debieron plantearse
dentro del proceso ejecutivo, ya fuera a través de la presentación de los recursos
contra el mandamiento de pago o con la contestación de la demanda -bien sea a
través de la formulación de excepciones o como argumentos de fondo 11-, y no en
esta instancia procesal.

4) Por consiguiente, como el demandante no ejerció los medios de defensa idóneos
y eficaces para controvertir la presunta indebida escogencia del medio de control y
la falta de legitimación en la causa por activa, resulta procedente declarar

11 En caso de que se considerara que no podían debatirse los requisitos del título mediante el recurso

de reposición. Sin perjuicio de ello, en todo caso, por tratarse de un título valor –f acturas- de
conf ormidad con el numeral 4 del artículo 784 del Código de Comercio podían proponerse como
excepciones, como lo dispone la norma especial.

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improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, máxime si se considera que cuando el municipio reconoce que
conoció de la existencia del proceso ejecutivo nombró apoderado judicial, sin que
este haya alegado tales irregularidades oportunamente, razón de más para inferir
que no se cumplió con el presupuesto de la subsidiariedad y que el interés de la
parte actora es revivir una oportunidad que feneció.

5) Al respecto, es preciso aclarar que en similar sentido ya se había pronunciado
esta Subsección en oportunidad anterior cuando el mismo municipio atacó los autos
previos en los que se le negaron las solicitudes de nulidad que elevó, en los
siguientes términos12:

“25. Así las cosas, se procederá a realizar el estudio de los mencionados
defectos en el siguiente orden: procedimental, sustantivo y fáctico; toda
vez que, de encontrar debidamente notificada la providencia por la cual
se libró el mandamiento de pago en contra del Municipio de Plato, se logra
entrever que, los defectos sustantivo y fáctico, no cumplirían, en principio,
con el requisito de subsidiariedad, pues los reparos que ellos engloban
debieron haber sido cuestionados en la respectiva oportunidad procesal
en el trámite del proceso ejecutivo.

(…).

Ahora bien, tal como se estableció previamente (acápite 2.2.2.)
comoquiera que se consideró que el mandamiento de pago fue notificado
en debida forma, la Sala logra entrever que, respecto los reparos
relacionados con los defectos sustantivo y fáctico no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, pues aquellos debieron ser alegados en su
momento dentro del trámite del proceso ejecutivo, ya fuera a través de
presentación de recursos contra el mandamiento de pago mismo o la
formulación de excepciones de fondo.”.

6) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para
evitar la consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y
excepcional del juez de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela
resulta improcedente en el presente caso.

7) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en cuanto a
estos reparos, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de septiembre de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2019-03215-01 (AC).

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Demandante: municipio de Plato
Acción de tutela
8) En todo caso, en gracia de discusión, la Sala encuentra que los fundamentos
tendientes a que se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo
por el presunto trámite indebido que se le dio a la demanda y por la falta de
legitimación en la causa por activa de la ejecutante, fueron planteados
posteriormente en las solicitudes de nulidad (ver párr. 2.3) y analizados y resueltos
en las providencias del 22 de octubre de 2021 y 9 de noviembre de 2022 que
negaron la nulidad propuesta, en las que de manera expresa se indicó que di chos
argumentos debieron ser planteados en el recurso de reposición contra el auto que
libró mandamiento de pago o como excepción de fondo en la contestación de la
demanda (ver párr. 2.4), de modo que aun si se tuviera por superado el presupuesto
de la subsidiariedad en todo caso tampoco cumplen con el requisito de relevancia
constitucional, pues el interés de la parte actora es someter su conflicto a una
instancia adicional.

2. Análisis del desconocimiento del precedente judicial

2.1 La parte demandante indicó que el tribunal ignoró unas sentencias del Consejo
de Estado13, en las cuales se dispuso que el juez estaba en el deber de declarar de
oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo cuando encontrara demostrado
que este no cumplía con los requisitos formales y sustanciales y, por lo tanto, podía
abstenerse de librar la orden de ejecución.

2.2 No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso ordinario con miras a que se declarara de oficio la excepción de
inexistencia del título ejecutivo

2.3 En efecto, en la solicitud de nulidad la parte demandante sostuvo que el juez
debía declarar de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo, en tanto se
encontraba demostrado que no cumplía con los requisitos formales y sustanciales
para que se pudiera librar la orden de ejecución, como sustento de lo cual citó, a pie

13 Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia no. 40254 del 1 de f ebrero
de 2018; sentencia del 12 de agosto de 2004, exp. 21177 y providencia no. 53.819 del 23 de marzo
de 2017, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Demandante: municipio de Plato
Acción de tutela
de página, algunos apartes de unas providencias proferidas por el Consejo de
Estado14 sobre la materia. Al respecto indicó:

“En consideración al principio de legalidad de las actuaciones de las
autoridades del Estado y la función social de los recursos públicos, la
jurisprudencia reiterada del H. Consejo de Estado ha precisado que el
juez de lo contencioso administrativo está obligado a declarar -de
oficio- la excepción de inexistencia del título ejecutivo cuando
encuentre demostrado tal supuesto fáctico y que en caso de no
hacerlo al momento de dictar sentencia, puede hacerlo con
posterioridad declarando la insubsistencia de la actuación mientras no se
hubiere realizado el pago total de la presunta acreencia, por cuanto la
sentencia -o en este caso, el auto que ordena proseguir con la ejecución-
no tiene los efectos de cosa juzgada material.

Es más, de acuerdo con la postura del Consejo de Estado, en el
proceso ejecutivo que se surte ante la jurisdicción contencioso
administrativa, con independencia de haberse propuesto o no
excepciones de mérito, el juez está en el deber de verificar
oficiosamente si se cumple con el estándar probatorio de certeza de
la obligación clara, expresa y exigible a favor del demandante y en
contra del demandado: (…).

(…).

Por el simple hecho de omitirse el informe de la interventoría del contrato
y las pruebas que respaldaran el cumplimiento de las prestaciones a cargo
del contratista, el aparente título presentado por la sociedad
ejecutante no reúne los requisitos sustanciales previstos por el
artículo 488 del C. de P. civil, puesto que los documentos allegados
a la demanda no contenían una obligación clara, expresa y exigible
en contra del municipio y a favor de la recién creada empresa
demandante, por lo que no podía librarse el mandamiento de pago y, de
contera, al momento de evaluar las pruebas del proceso, debió declararse
de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas de la
Sala).

2.4 Por su parte, en el auto de 22 de octubre de 2022 el Tribunal Administrativo del
Magdalena negó la solicitud de nulidad, en tanto esa Corporación ya se había
pronunciado sobre la causal invocada a través del auto del 5 de julio del 2018; no
obstante, indicó que si el municipio consideraba que la sociedad Aguas y Servicios
de Plato SA ESP no había acreditado su calidad de cesionario del contrato de
concesión ello debió alegarlo al momento en el que se le notificó el mandamiento
de pago y no en esa instancia procesal, con el fin de revivir términos. De manera
expresa, señaló:

14 Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia no. 40254 del 1 de f ebrero
de 2018; sentencia del 12 de agosto de 2004, exp. 21177 y providencia no. 53.819 del 23 de marzo
de 2017, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Demandante: municipio de Plato
Acción de tutela
“Así las cosas, queda claro que la causal de nulidad ya había sido
propuesta por el Municipio de Plato y este Despacho Judicial a través
de auto del 5 de julio de 2018 ya había emitido un pronunciamiento.

Al margen de lo anterior se debe reiterar, que si el municipio de Plato
consideró que la sociedad AGUAS Y SERVICIOS DE PLATO S.A.
E.S.P., no acreditó su calidad de cesionario del contrato de
concesión No. 001-2000, debió alegarlo al momento en que se ordenó
librar el mandamiento de pago, bien sea a través de la interposición
de recursos o como excepción en la contestación de la demanda y
no con sendas solicitudes de nulidad que contienen argumentos de
defensa y no propiamente la configuración de la causal invocada.

Es pertinente acotar, que es improcedente que las partes pretendan
revivir términos ya agotados por negligencia, descuido o
distracción, ya que tienen a su alcance los mecanismos propios en
cada etapa judicial.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI-negrillas de la Sala).

2.5 Inconforme con la decisión, el municipio presentó recurso de súplica en el cual
señaló que lo que alegó en la anterior solicitud de nulidad fue un “trámite de
ilegalidad”, por la ausencia de condena previa contra el ente territorial y lo que
pretendía con el nuevo incidente era que se declarara que la sociedad no podía
promover el proceso ejecutivo sin antes probar su condición de contratista –
cesionario a través del medio de control de controversias contractuales, pretensión
frente a la cual no existía un pronunciamiento.

2.6 En providencia del 9 de noviembre de 2022 el tribunal confirmó la decisión de
primera instancia, por cuanto la causal invocada ya había sido objeto de
pronunciamiento en una providencia anterior; no obstante, en gracia de discusión,
afirmó que la pretensión relacionada con la falta de legitimación de la sociedad
Aguas y Servicios de Plato SA ESP para promover el proceso ejecutivo en contra
del ente territorial por no haber acreditado su calidad de contratista – cesionario,
debió ser planteada cuando se le notificó el mandamiento de pago, a través del
recurso de reposición o como una excepción de fondo con la contestación de la
demanda y no en esa instancia procesal, con el fin de revivir términos judiciales que
ya se encontraban fenecidos, así:

“Así pues, debe indicarse que el apoderado judicial de la parte
accionada fundamenta la solicitud de nulidad en el numeral 4 del
artículo 140 del CPC, bajo la consideración que en su entender el
presente asunto se ha tramitado bajo un procedimiento que no
corresponde, pues, sostiene que los documentos que sirvieron de
título ejecutivo y que dieron origen al proceso que aquí se estudia,
no tienen tal connotación, señalando que la sociedad ejecutante -
AGUAS Y SERVICIOS DE PLATO S.A. E.S.P.-, se encontraba
legitimada por activa para promover la presente acción ejecutiva,
dado que el contrato de concesión No. 001-2000, no fue suscrito con

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-03000-00
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Acción de tutela
dicha sociedad, de tal suerte, que lo procedente era presentar una acción
de controversias contractuales en la cual se declarar la existencia del
contrato entre esta y el Municipio de Plato.

Al respecto debe acotar la Sala que tal como se indicó en el auto objeto
de súplica el apoderado judicial del ente territorial ejecutado en calenda
del veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017) había
formulado incidente de nulidad planteando como causales las contenidas
en los numerales 4, 7 y 8 del artículo 140 del C. de P.C., de lo
anteriormente expuesto, es dable colegir sin esfuerzo alguno que en
aquella oportunidad el mandatario juridicial planteo la nulidad bajo las
mismas consideraciones e invoco entre otras la misma causal de nulidad
aquí pretendida (…).

En ese orden de ideas, debe acotarse que en efecto le asiste razón al
despacho N° 004 de este Tribunal en cuanto denegó la solicitud de nulidad
objeto de estudio, bajo la consideración que la misma ya había sido
propuesta por el Municipio de Plato, y desatada por esa dependencia
judicial a través de auto del cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)
11 y por esta Sala dual en sede de súplica mediante auto del veintisiete
(27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) 12 . A más de considerar
que en gracia de discusión los argumentos con los cuales el ente
municipal soporta la causal de nulidad no configuran el supuesto
plasmado en el numeral 4 del artículo 140 del CPC, pues, más que
una nulidad lo realmente pretendido por el mandatario judicial, no es
otra cosa que, atacar el titulo ejecutivo que sirvió de sustento para
librarse el mandamiento de pago que dio origen al presente proceso,
lo cual debió ser planteado cuando se notificó el mandamiento de
ejecutivo de pago, como recurso de reposición o como excepción de
fondo al presentar la contestación de la demanda, no como de forma
habilidosa lo pretende mediante la presentación de solicitud de
nulidad, pues, lo que se avizora con dicho actuar, es pretender revivir
términos judiciales que ya se encuentran fenecidos.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas de la
Sala).

2.7 En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos tendientes a que
se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo por la inexistencia
del título ejecutivo y por el presunto trámite indebido que se le dio a la demanda,
fueron debidamente analizados y resueltos en las providencias del 22 de octubre de
2021 y 9 de noviembre de 2022 que negaron la nulidad propuesta, por cuanto dichos
argumentos debieron ser planteados en el recurso de reposición contra el auto que
libró mandamiento de pago o como excepción de fondo en la contestación de la
demanda.

2.8 Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el
mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a
los analizados en el proceso ejecutivo dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión tendiente a que se declarara la nulidad de todo lo actuado ante la
inexistencia de título ejecutivo. Sobre el particular, indicó:

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“3.- Desconocimiento de precedente. El Tribunal accionado, al decidir
la solicitud de declaración oficiosa de la insubsistencia del proceso
ejecutivo por error evidente, radicada por el Municipio de Plato el 5 de
junio de 2020, ignoró las siguientes premisas jurídico-fácticas formuladas
por el H. Consejo de Estado como Tribunal de Cierre, cuyos precedentes
desconocidos por la autoridad accionada, los citamos en pie de página:

3.1.- El juez de lo contencioso administrativo está en el deber de
declarar –de oficio– la excepción de inexistencia del título ejecutivo,
cuando encuentre demostrado tal supuesto fáctico, ello sin perjuicio
de que antes de expedir el mandamiento de pago debe hacer un
estudio de los requisitos formales y sustanciales del título, y de no
cumplir uno de ellos debe abstenerse de librar la orden de ejecución,
puesto que la demanda ejecutiva no es susceptible de subsanación.
Al respecto, señala el Consejo de Estado: (…).”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas de la Sala).

2.9 Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de
la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados
en el incidente de nulidad, los cuales fueron resueltos en del 22 de octubre de 2021
y 9 de noviembre de 2022 y se dirigieron de manera exclusiva a que se declarara la
nulidad de todo lo actuado ante la inexistencia de título ejecutivo.

2.10 En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ejecutivo y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

2.11 En gracia de discusión, lo cierto es que la jurisprudencia que el ente territorial
cita como desconocida lo que dispone es que el juez puede de declarar “de oficio”
las excepciones que enerven el título siempre que “no encuentre demostrado” el
cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales, facultad que desde luego
esta Sala comparte pues así lo ha ratificado la jurisprudencia en la materia15; sin
embargo, precisamente en este caso no hay lugar a inferir que el juez del ejecutivo
haya encontrado incumplidos tales requisitos y, por el contrario, de manera reiterada
se despacharon desfavorablemente los argumentos de la ejecutada sin que la parte
actora haya aportado prueba siquiera sumaria del incumplimiento de los mismos,

15 Además de la sentencia citada al respecto véase, entre otras: Corte Constitucional, sentencia T-
747 de 2013.

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Acción de tutela
pues, se insiste, se limitó a reproducir los argumentos que elevó en el proceso
ejecutivo sin cumplir con su carga probatoria.

2.12 En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de los defectos
procedimental absoluto y fáctico, y de relevancia constitucional respecto del
desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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