Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03000-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03000-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03000-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de octubre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03000 01
Accionante: Municipio de Plato
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03000 01
Accionantes: MUNICIPIO DE PLATO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 4 de agosto de 2023, dictado por el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El municipio de Plato (Magdalena) solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que estima
vulnerados con ocasión del auto del 9 de noviembre de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que resolvió el recurso de
súplica y confirmó el auto del 22 de octubre de 2021, mediante el cual
esa misma corporación denegó la nulidad del proceso ejecutivo con
radicado 47-001-3331-003-2001-01271-00, promovido en contra del
referido municipio por la sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A.
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Accionante: Municipio de Plato
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el municipio de
Plato relató que la sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A., invocando la
calidad de contratista cesionaria, interpuso en su contra demanda
ejecutiva con el fin de obtener el pago de una suma superior a los
$1.188’000.000, que considera que se le adeudan como consecuencia del
supuesto incumplimiento del contrato de concesión Nº 001-2000 suscrito el
13 de octubre del año 2000 con el Consorcio Servicios Públicos de Plato,
integrado por las sociedades Interaguas S.A. E.S.P. y A.A. S.A. E.S.P., cuyo
objeto consistió en la prestación de los servicios públicos de acueducto,
aseo y alcantarillado por un plazo de 25 años.
1.2.1. Dijo que, mediante auto del 18 abril de 2002, el Tribunal
Administrativo del Magdalena libró mandamiento de pago contra el
municipio de Plato. Esa providencia le fue notificada al (entonces) alcalde
encargado y la entidad no presentó contestación ni excepciones. Y, por
tanto, mediante providencia del 2 de agosto de 2002, el tribunal ordenó
seguir adelante con la ejecución.
1.2.2. Informó que el 23 de agosto de 2017 la Personería Municipal de
Plato solicitó la nulidad del proceso ejecutivo con fundamento en que el
auto de mandamiento de pago no la había vinculado como representante
del Ministerio Público. A su vez, el día 24 del mismo mes y año, el
municipio pidió la nulidad de ese trámite con fundamento en que: (i) el
proceso debía tramitarse como un declarativo de controversias
contractuales, y no como ejecutivo, (ii) que era indebida la representación
de las partes, pues quien se notificó del mandamiento de pago no era el
alcalde ni tenía la delegación para representar a la entidad, y (iii) se
configuró la indebida notificación del mandamiento de pago a la entidad,
porque el alcalde titular no tuvo conocimiento de la providencia.
Advirtió que ambas solicitudes fueron denegadas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena mediante auto del 5 de julio de 2018,
providencia contra la cual interpuso el recurso de súplica y, por auto del
27 de noviembre del mismo año, la misma corporación la confirmó.
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Expuso que, contra las anteriores decisiones, interpuso acción de tutela,
pero ésta fue denegada en primera instancia por la Sección Segunda -
Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de agosto
de 2019, y en segunda instancia por la Sección Tercera - Subsección B de
esta corporación, a través del fallo del 27 de septiembre del mismo año.
1.2.3. Relató que el 5 de junio de 2020 solicitó nuevamente la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto de mandamiento de pago dictado el 18
de abril de 2002.
Enfatizó que los argumentos de la solicitud de nulidad presentada el 24
de agosto de 2017 difieren de los que fundamentaron la del 5 de junio de
2020, pues en esta última se alegó la inexistencia del título ejecutivo por
falta de certeza de la obligación y por la falta de legitimación en la causa
por activa de Aguas & Servicios de Plato S.A., porque no probó la relación
jurídico-sustancial con el municipio, ni el incumplimiento de las
obligaciones del contrato por parte de éste. Y, además, en la última se
pidió la “insubsistencia de lo actuado” por error evidente, solicitud que no
fue resuelta por el tribunal al desatar el recurso de súplica.
Expuso que por auto del 22 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo
del Magdalena denegó la solicitud. Relató que contra la anterior
providencia, el municipio interpuso el recurso de súplica, pero el tribunal
la confirmó a través de proveído del 9 de noviembre de 2022, notificado
el 5 de diciembre del mismo año.
1.3. Luego, alegó que la providencia del 9 de noviembre de 2022, que
resolvió la solicitud de nulidad presentada el 5 de junio de 2020, incurrió
en las siguientes causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales:
1.3.1. Defecto procedimental absoluto, porque no tuvo en cuenta que
la sociedad accionante debió buscar, mediante el proceso declarativo de
controversias contractuales y no mediante el ejecutivo, el reconocimiento
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judicial de su calidad de cesionario del contrato de concesión y de las
supuestas acreencias a su favor.
Alegó que el hecho de que el tribunal haya tramitado el proceso por la vía
ejecutiva configuró la causal de nulidad establecida en el numeral 4º del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “cuando la
demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”, la cual,
en el caso concreto, involucra la pretermisión de las etapas de pruebas y
de alegaciones, y que, destaca, es insaneable.
1.3.2. Defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta que la sociedad
ejecutante no allegó con la demanda los documentos necesarios para
constituir el título ejecutivo complejo, es decir: (i) la prueba de la supuesta
cesión del contrato de concesión, revisada y avalada por el interventor, la
cual, según alega, nunca se produjo, pues el municipio, en calidad de
contratante, nunca emitió un acto administrativo que la aprobara, (ii) los
documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos técnicos y
jurídicos por parte de la sociedad para asumir la ejecución del contrato,
tales como la escritura pública de constitución, el acto administrativo
mediante el cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(Superservicios) la autorizara para operar, ni los que demostraran que ella,
en efecto, lo ejecutó a satisfacción, ni (iii) la prueba del incumplimiento,
por parte del municipio, de la cláusula 5ª, literal f) del contrato de
concesión, relacionada con los aportes al proyecto y los subsidios para los
estratos 1, 2 y 3, durante los meses de enero a diciembre del año 2001,
ni por qué la entidad debía transferirle recursos públicos.
Agregó que el tribunal no tuvo en cuenta: (i) el contrato de concesión No.
001-2000, que en la cláusula 13 estableció la prohibición para el
concesionario operador de ceder el contrato sin la previa autorización del
municipio1; (ii) el oficio del 16 de agosto de 2001, mediante el cual la
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Al respecto agregó que, en el hecho primero de la demanda, la sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A.
vagamente manifestó que actuaba en calidad de cesionario, con base en que uno de los considerandos de la
Resolución 1421 del 20 de diciembre de 2000 (la cual no se aportó con la demanda ejecutiva), avaló la cesión
del contrato por parte del Consorcio a una sociedad por acciones conformada por todos sus miembros.
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Secretaría de Hacienda del municipio informó a Aguas & Servicios de Plato
S.A. que, para el pago de las facturas presentadas, era necesario que
anexara el contrato o acuerdo que la vinculaba con la entidad territorial y
el registro de operación expedido por la Superintendencia de Servicios
Públicos, y (iii) la comunicación G-130-01, mediante la cual la sociedad
ejecutante manifestó que aportaba la resolución 1421 del 20 de diciembre
de 2000, a través de la cual el municipio supuestamente autorizó la
cesión, pese a que la sociedad fue registrada en la Cámara de Comercio
el 16 de abril de 2001, es decir, cuatro meses después.
1.3.2.1. Sobre la cesión del contrato dijo que, según la ejecutante, ésta se
produjo el 20 de diciembre de 2000, pero lo cierto es que en esa fecha ni
siquiera se había constituido como sociedad, lo cual, según el certificado de
existencia y representación legal allegado con la demanda, se produjo el 16
de abril de 2001, esto es, tres meses después del inicio de la ejecución del
contrato. Además, en esa fecha tampoco contaba con el registro de
operación ante la Superservicios.
1.3.2.2. En cuanto al supuesto incumplimiento del contrato, explicó que
el municipio, legítimamente, se rehusó a transferir recursos públicos hacia
el encargo fiduciario constituido por Aguas & Servicios de Plato S.A.
porque el contrato no se había suscrito con ella sino con el Consorcio
Servicios Públicos de Plato, y porque, a pesar de que se requirió a esa
sociedad para que allegara la prueba de la relación contractual que
alegaba tener con la entidad, nunca lo hizo, sino que optó por iniciar el
proceso de ejecución, en el que tampoco probó su calidad de contratista
cesionario.
1.3.3. Desconocimiento de precedente, porque, al decidir la solicitud
de declaración de la “insubsistencia de lo actuado” en el proceso ejecutivo
por error evidente, no tuvo en cuenta que en anteriores pronunciamientos
el Consejo de Estado ha manifestado: (i) que el juez de lo contencioso
administrativo, antes de expedir el mandamiento de pago, debe hacer un
estudio de los requisitos formales y sustanciales del título, y abstenerse
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de librarlo en caso de que éstos no se cumplan; y que también debe
declarar de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo 2, (ii)
que, en caso de que el juez no declare de oficio la excepción de
inexistencia del título al momento de dictar la sentencia, puede hacerlo
en oportunidad posterior, pero declarando la insubsistencia de la
actuación, porque el auto que ordena proseguir con la ejecución no tiene
los efectos de cosa juzgada material3, (iii) que los procesos ejecutivos
contractuales requieren un título complejo4.
1.3.3.1. Enfatizó en que el tribunal incurrió en vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva porque no declaró de oficio la excepción de
inexistencia del título ejecutivo, como está obligado a hacerlo cuando la
encuentre demostrada, incluso después de la expedición del auto que
ordena seguir adelante la ejecución, pues éste no tiene los efectos de cosa
juzgada material.
Al respecto agregó que, según la postura del Consejo de Estado 5, en el
proceso ejecutivo que se surte ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con independencia de que se hayan propuesto o no
excepciones de mérito, el juez debe verificar oficiosamente si se cumple
con el estándar probatorio de certeza de la obligación clara, expresa y
exigible a favor del demandante y en contra del demandado.
1.4. Por otro lado, informó que, mediante correo del 23 de octubre de
2020, el municipio solicitó al Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa con sede en Bogotá D.C. que realizara la vigilancia especial
del proceso ejecutivo, a fin de garantizar la plena protección del
patrimonio público, la preservación del orden jurídico y la objetividad del
2
Al respecto invocó: “Sección Tercera–A, sentencia No. 40.254, febrero 1º de 2018, C.P. Dr. Carlos Alberto
Zambrano Barrera; sentencia del 12 de agosto de 2004, exp. 21.177, entre otras”, “Auto No. 22.235 de
septiembre 12 de 2002 de la Sección Tercera, C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar” y “Consejo de Estado.
Sección Tercera (Sub. A), Sentencia de 8 de junio de 2022, Exp. 25000-23-36-000-2015-01521-01 (N.I.
56907)”.
3
Al respecto invocó: “Auto No. 22.235 de septiembre 12 de 2002 de la Sección Tercera, C.P. Dr. Germán
Rodríguez Villamizar”.
4
Al respecto invocó: “Sección Tercera–A, providencia No. 53.819, marzo 23 de 2017, C.P. Dr. Carlos Alberto
Zambrano Barrera”.
5
Invocó: “Sección Tercera–A, sentencia No. 40.254, febrero 1º de 2018, C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano
Barrera”.
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proceso. No obstante, esa autoridad desatendió el llamado del ente
territorial.
1.5. Finalmente, señaló que la sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A.
radicó ante el municipio de Plato una cuenta de cobro con corte al mes de
mayo de 2023, por valor de $36.084’236.520, suma que, de acuerdo con
el análisis que efectuó la Secretaria de Hacienda Municipal, en caso de ser
pagada, generaría un impacto fiscal tan grande que le impediría a la
entidad territorial continuar funcionando y la obligaría a someterse al
trámite consagrado en la Ley 550 de 1999.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, que
dictó el auto del 22 de octubre de 2021, relató las actuaciones surtidas en
el proceso ejecutivo y destacó que, por auto de 2 de agosto de 2002, se
ordenó seguir adelante con la ejecución y practicar la liquidación del crédito,
de la cual se corrió traslado al municipio de Plato por tres días, sin que éste
se pronunciara.
Señaló que, en consecuencia, por auto de 6 de septiembre de 2002, se
aprobó la liquidación del crédito en la suma presentada por la ejecutante,
esto es, por $ 1.471’230.858 y se fijaron las agencias en derecho en la
suma de $ 73’561.542.
Luego, ante la aceptación de la solicitud de promoción de un acuerdo de
reestructuración de pasivos elevada por la entidad territorial, mediante
auto del 1º de agosto de 2003, se suspendió el proceso. Dicha decisión
fue apelada y, mediante proveído del 12 de diciembre de 2007, la Sección
Tercera del Consejo de Estado la revocó, y en su lugar, ordenó continuar
con el trámite de la ejecución.
Informó que, así mismo, mediante proveído de 27 de julio de 2015, se
declaró terminado el proceso ejecutivo, con motivo de un acuerdo de
reestructuración de pasivos suscrito entre la entidad territorial y sus
acreedores. No obstante, por auto de 16 de marzo de 2016, se dejó sin
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efectos la anterior providencia porque en la fecha en la que se profirió, la
entidad territorial ya no se encontraba bajo acuerdo de reestructuración.
Por último, expuso que el 1º de julio de 2020, el municipio solicitó la
nulidad del proceso, pero esta fue denegada porque la entidad, en
anterior oportunidad, ya había promovido incidente de nulidad que fue
resuelto negativamente, y porque la falta de acreditación de la calidad de
contratista cesionaria por parte de la sociedad Aguas & Servicios de Plato
S.A. debió ser alegada mediante la interposición de recursos contra el
mandamiento de pago o como excepción en la contestación de la
demanda, lo que no hizo.
De acuerdo con lo anterior, enfatizó que la entidad demandante ha tenido
a su alcance los mecanismos ordinarios propios de cada etapa procesal,
pero no hizo uso de éstos y pretende ahora, a través de una solicitud de
amparo, revivir los términos fenecidos.
2.2. El magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena,
ponente del auto del 9 de noviembre de 2022, alegó que la entidad
demandante pretende emplear la tutela como un instrumento alterno o
paralelo para resolver asuntos litigiosos que debieron ventilarse dentro del
proceso ejecutivo.
Sin embargo, adujo que el auto atacado concluyó que no se había
configurado la causal de nulidad consagrada en el numeral 4º del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil (CPC), pues la entidad en realidad
pretendía atacar el título ejecutivo, debate que debió proponer como
recurso de reposición contra el mandamiento de pago o como una
excepción de fondo. Es decir que, con la solicitud de nulidad, la entidad
buscó revivir términos judiciales que ya se encontraban fenecidos, lo cual
también pretende hacer en esta oportunidad, valiéndose de la acción de
tutela como una instancia adicional.
2.3. La abogada de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la
Nación, autoridad vinculada como tercero con interés, transcribió lo
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manifestado por el Procurador 43 Judicial II para la conciliación
administrativa de Santa Marta en el oficio del 13 de junio de 2023, esto
es, que: (i) el municipio no contestó la demanda, no formuló recurso de
reposición contra el mandamiento ejecutivo, ni presentó excepciones, es
decir, que no planteó en la oportunidad debida los supuestos defectos del
título ejecutivo, entre los que se encuentran los relacionados con la cesión
del contrato de concesión, (ii) no es cierto que la Procuraduría Delegada
para la Conciliación Administrativa no haya atendido la solicitud de
intervención que le elevó el municipio el 23 de octubre de 2020, pues en
realidad el Ministerio Público realizó visitas al Comité de Conciliación y
Defensa Judicial del municipio de Plato y, en el mes de junio de 2018, le
llamó la atención por la falta de adecuado seguimiento a la defensa
jurídica de la entidad, particularmente, porque en el proceso ejecutivo
que dio origen a la tutela no se ejerció ninguna defensa. Además, le
manifestó que la solicitud de nulidad procesal no era el medio idóneo para
cuestionar aspectos formales o de fondo del título, y (iii) no se observó
violación de las garantías procesales del ente territorial, ni se reunían los
criterios de intervención judicial delineados por la Procuraduría Delegada
para la Conciliación Administrativa, razón por la cual se optó por no
descorrer el traslado de la solicitud de nulidad.
Luego, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, con
fundamento en que los argumentos de la tutela se dirigen contra las
providencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Magdalena, frente
a las cuales el Ministerio Público carece de competencia.
2.4. La sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A., vinculada como
tercera interesada, guardó silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 4 de agosto de 2023, el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección B declaró la improcedencia de la tutela en lo
relacionado con los defectos procedimental absoluto y fáctico por falta del
requisito de subsidiariedad, porque las supuestas falencias procesales que
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el municipio de Plato alega como causales de nulidad debió plantearlas
dentro del proceso ejecutivo, bien mediante los recursos contra el
mandamiento de pago, o bien mediante la formulación de excepciones
previas o de fondo en la contestación de la demanda.
Por otra parte, declaró la improcedencia del amparo en lo relacionado con
el desconocimiento del precedente por falta de relevancia constitucional, al
considerar que los argumentos que al respecto expone la demanda son una
reproducción de lo alegado en la solicitud de nulidad, los cuales ya fueron
resueltos en los autos del 22 de octubre de 2021 y del 9 de noviembre de
2022. Es decir, porque el objeto de la demanda es reabrir el debate que ya
se agotó en el proceso ejecutivo.
IV. IMPUGNACIÓN
El municipio de Plato impugnó la decisión de primera instancia y alegó que
al a quo no le asistió la razón al declarar que la tutela no cumplía con el
requisito de subsidiariedad. Como fundamento de lo anterior, reiteró que la
primera solicitud de nulidad, que fue resuelta a través de los autos del 5 de
julio y del 27 de noviembre de 2018, se basaba en argumentos distintos de
los que sustentaron la que se pidió el 5 de junio de 2020, los cuales expuso
nuevamente.
Luego, reiteró la totalidad de los argumentos expuestos en la demanda de
tutela para fundamentar los alegados defectos procedimental absoluto,
fáctico y de desconocimiento del precedente.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
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5.2. HECHOS
5.2.1. El municipio de Plato y el Consorcio Servicios Públicos de Plato,
integrado por las sociedades Interaguas S.A. E.S.P. y A.A. S.A. E.S.P.,
suscribieron el contrato de concesión No. 001-2000 el 13 de octubre del
año 2000, cuyo objeto consistió en la prestación de los servicios públicos
de acueducto, aseo y alcantarillado por un plazo de 25 años.
5.2.2. La sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A., invocando la calidad
de contratista cesionaria, interpuso demanda ejecutiva contra el municipio
de Plato, con el fin de obtener el pago de las sumas de dinero que considera
que se le adeudan en virtud del incumplimiento de lo acordado en el
contrato de concesión.
5.2.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 18
abril de 2002, libró mandamiento de pago contra el municipio de Plato,
providencia que fue notificada a esa entidad territorial, ante la cual ésta
no presentó contestación ni excepciones. Luego, mediante providencia del
2 de agosto de 2002, el tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución.
5.2.4. El 23 de agosto de 2017, la Personería de Plato solicitó la nulidad
del proceso ejecutivo porque no se le notificó el mandamiento de pago. A
su vez, el día 24 del mismo mes y año, la entidad territorial pidió la nulidad
del trámite. Ambas peticiones fueron denegadas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, mediante auto del 5 de julio de 2018.
Contra esta providencia el municipio interpuso el recurso de súplica y el
tribunal la confirmó a través de auto del 27 de noviembre del mismo año.
5.2.5. Contra las anteriores providencias el municipio de Plato interpuso
acción de tutela, la cual fue denegada en primera instancia por la Sección
Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del
15 de agosto de 2019, y en segunda instancia por la Sección Tercera -
Subsección B de esta corporación, a través del fallo del 27 de septiembre
del mismo año.
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5.2.6. El 5 de junio de 2020, el municipio de Plato solicitó nuevamente al
tribunal decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de
mandamiento de pago, por haberse tramitado como ejecutivo cuando lo
procedente era un ordinario de controversias contractuales. De manera
subsidiaria, pidió que se declarara la “insubsistencia de lo actuado” a
partir del mismo auto.
5.2.7. Mediante auto del 22 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo
del Magdalena denegó la nulidad procesal y la insubsistencia de la
actuación, providencia contra la cual la entidad interpuso el recurso de
súplica, que fue resuelto por el tribunal a través del proveído del 9 de
noviembre de 2022, que la confirmó.
5.2.8. El municipio de Plato interpuso acción de tutela contra las
providencias que denegaron la nulidad pedida el 5 de junio de 2020.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional7 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, el municipio de Plato solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que estima
vulnerados con ocasión del auto del 9 de noviembre de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que resolvió el recurso de
súplica y confirmó el proveído del 22 de octubre de 2021, mediante el
cual la misma corporación denegó la nulidad del proceso ejecutivo con
radicado 47-001-3331-003-2001-01271-00, promovido en contra del
referido municipio por la sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.
5.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
En desarrollo de esa finalidad, en la sentencia SU-215 de 2022, y
reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de
esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no
9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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son de su competencia y se evita que el amparo sea usado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatoria
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
5.3.2.1. La Sala advierte que, en este caso, el municipio de Plato
controvierte en la acción de tutela el auto del 9 de noviembre de 2022,
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mediante el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la
providencia que denegó la nulidad del proceso ejecutivo promovido en su
contra por la sociedad Aguas & Servicios de Plato S.A. La discusión
planteada por la entidad gira en torno a: (i) el trámite que ha debido
darse a la demanda iniciada desde el año 2001, pues a su juicio no era el
ejecutivo sino el ordinario de controversias contractuales, (ii) la valoración
de las pruebas que allegó la ejecutante, pues no estaba constituido en
debida forma el título ejecutivo complejo, particularmente en cuanto no se
acreditó la debida cesión del contrato ni el incumplimiento de éste por parte
del municipio, y (iii) el desconocimiento del precedente de esta corporación
relacionado con la verificación del cumplimiento de los requisitos del título
ejecutivo y con la declaratoria oficiosa de la excepción de inexistencia del
mismo.
Sin embargo, la Sala advierte que la entidad demandante en la tutela
simplemente insiste y reitera el debate que ya se agotó en el proceso
ordinario en relación con la supuesta nulidad procesal por haber impartido
al proceso un trámite inadecuado, así como con la valoración de los
documentos que integran el título ejecutivo.
En tal sentido, si bien la actora alega que se configuraron varias causales
de procedibilidad específicas de la tutela contra providencia judicial, lo
cierto es que se limita a exponer sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el tribunal sobre el caso planteado, es decir,
no propone al respecto una discusión de índole propiamente
constitucional, razón por la cual es evidente que lo que pretende es que
el juez constitucional analice nuevamente el asunto y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular. Dicho de otro modo, solo busca
acceder a una instancia adicional.
De otra parte, se observa que los anteriores argumentos, aunque se
plantean en la tutela contra el auto que denegó la nulidad del proceso, en
realidad atacan el título ejecutivo, así como el derecho de la sociedad
Aguas & Servicios de Plato S.A. de reclamar por esa vía la obligación
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derivada del contrato de concesión y, en últimas, buscan rebatir el auto
de mandamiento de pago emitido hace más de dos décadas. Por lo tanto,
la Sala estima que el municipio de Plato debió plantearlos en la
contestación de la demanda ejecutiva y mediante la proposición de
excepciones contra el título ejecutivo. Empero, la entidad no lo hizo así,
sino que propuso esos argumentos mediante la solicitud de nulidad
procesal y, ahora, mediante la acción de tutela contra la providencia que
la decidió, lo que hace evidente que simplemente busca revivir la
oportunidad para ejercer el derecho a la defensa y proponer una discusión
que ya está agotada.
Dicho de otro modo, si bien la discusión planteada en la tutela se dirige
específicamente contra la providencia del 9 de noviembre de 2022, que
denegó la nulidad del proceso ejecutivo, lo cierto es que los argumentos
que en esa solicitud y en esta acción constitucional propone el municipio,
debió presentarlos en las oportunidades debidas dentro de ese trámite, el
cual se ha extendido por aproximadamente veintidós (22) años, pero no
lo hizo así, pues ni si quiera contestó la demanda.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
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En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora ni siquiera alega que el juez se haya
desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se
limita a argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según
su parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso, y que no
aplicó el precedente que a su juicio le resultaba más favorable.
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En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, se declarará
la improcedencia del amparo.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, particularmente al constatar la
ausencia del requisito de relevancia constitucional respecto de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia,
la sentencia del 4 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado -
Sección Tercera - Subsección B, que declaró la improcedencia del amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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