Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03019-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03019-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03019-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
3 de agosto de 2023
Demandante: Enilfa Porto Meléndez
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-03019-00
Demandante: ENILFA PORTO MELÉNDEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
Desconocimiento del precedente. Defecto procedimental
absoluto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 5 de junio de 2023 en el Sistema de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, la señora Enilfa Porto
Meléndez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y
“a la verdad, justicia y reparación integral”.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las
sentencias del 29 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022, a través de
las cuales las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda por
encontrar probado el fenómeno jurídico de la caducidad, dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2018-00111-01,
promovido por la accionante y otros en contra de la Nación, Ministerios del Interior
y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de
Sucre.
1
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Demandante: Enilfa Porto Meléndez
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00
En concreto, solicitó a esta corporación:
a. Tutelar mis derechos fundamentales Constitucionales al debido proceso,
Acceso a la Administración de Justicia, a la Derechos a la Verdad, Justicia, y
Reparación Integral., los cuales han sido vulnerados por las entidades
accionadas, al desconocer el precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional, el Honorables Consejo de Estado, La Corte Interamericana en
materia de graves violaciones a los derechos humanos, incumplir con los
tratados Internacionales, e incurrir un vía de hecho absteniéndose de tramitar
el Medio de Control Reparación Directa radicado Bajo el Numero
70001333300420180011100 decretando la caducidad de la acción por el
desplazamiento del que fuimos víctimas.
b. Dejar sin efecto el sentencia de fecha NO. 086 DE 2021 DEL mediante el
Juzgado Cuarto Oral Administrativo de Sucre y el Tribunal Administrativo de
Sucre, decretaron la Caducidad del Medio de Control Reparación directa por
los hechos de (desplazamiento), radicado bajo el número,
70001333300420180011100, cuya demanda inicial fue presentada en el año
2018.
c. Como consecuencia de la anterior declaración, Ordenar, a la entidad
demandada, Juzgado Cuarto Oral Administrativo José David Díaz Vergara y
Tribunal Administrativo, de Sincelejo Sucre, sala cuarta de decisión, que
continúe con el tramite el trámite y estudio de la demanda por los hechos
relacionados al desplazamiento forzado del que fueron víctimas los señores
ENILFA PORTO MELENDEZ C.C. N° 23.126.830; FRANCISCO TORRES
PADILLA C.C. N° 3.971.997 (Compañero) y sus hijos YARLYS REYES
PORTO C.C. N° 45.538.080; DEIVIS REYES PORTO C.C. N° 92.450.7777;
NORELYS ZUÑIGA PORTO C.C. N° 1.101.873.332, ENRIQUE JULIO
ESTREMOR C.C. N°3.971.847, ANA ESTHER GÓNZALEZ JULIO C.C. N°
64.524.919; quien actúa en nombre y representación de EAYDIS CORREA
GONZALEZ (Hija Menor) y JAIRO ALCAZAR JULIO C.C. N° 92.448.419,
EUFEMIA CONTRERAS PEREZ C.C. N°23.126.878; JORGE LUIS RUIZ
TORRES C.C. N° 92.400.220 (Compañero); JOSE ANDRES RUIZ
CONTRERAS C.C. N° 1.101.457.469 (Hijo); YEISSON RUIZ; CONTRERAS
C.C. N° 1.101.453.588 (Hijo); YANDRY RUIZ CONTRERAS T.I. N°
1.101.442.068 (Hija), DEIVIS PEREZ TORRES C.C. N° 92.448.804 quien
actúa en su propio nombre y en representación de los menores DEIVI PEREZ
PEREZ; y BISLEDEDYS PEREZ BERRIO C.C. N° 64.526.171 (Compañera),
ROBERTO RUIZ MEDRANO C.C. N° 92.449.480 y en representación de los
menores, ROBER RUIZ TORRES, YULIANA RUIZ CASTRO(Hija menor),
JULIA ROSA RUIZ CASTRO (Hija menor), y su compañera MARGARITA
CASTRO PEREZ C.C. N° 1.148.947.188 declarados como caducos por los
operadores judiciales.
d. Exhortar a las entidades demandas para que, en futuros proceso, hagan el
estudio pormenorizado de los hechos y pruebas de la demanda, la reforma.1
2. Hechos
La accionante narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
1
Transcripción textual del texto original que puede contener errores.
2
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Demandante: Enilfa Porto Meléndez
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relevantes para la decisión que se va a adoptar dentro del presente asunto.
Mencionó que el 9 de julio de 2015, junto con otras personas, presentó demanda
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional, con el fin de que se declarara
responsable administrativa y patrimonialmente al Estado por el daño causado con
ocasión del desplazamiento forzado del que habían sido víctimas en el municipio
de San Onofre en el año 2003.
Indicó que al proceso le correspondió el número de radicado 70001-33-33-001-
2015-00139-00, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
Refirió que a través de auto del 2 de enero de 2016 se ordenó la corrección de la
demanda, pero el 2 de noviembre siguiente se dispuso la remisión del expediente
al Tribunal Administrativo de Sucre por ser el competente para conocer del asunto.
Señaló que la magistrada ponente, mediante proveído del 8 de junio de 2017,
ordenó desagregar del expediente los poderes para que las demandas se
presentaran por separado a través de la oficina judicial, para lo cual tenían un
plazo máximo de 10 días so pena de operar la caducidad del medio de control.
Afirmó que la anterior providencia fue recurrida y a través de auto del 25 de abril
de 2018 se resolvió no reponer tal decisión.
Destacó que, en cumplimiento de la orden impartida por el tribunal, el 9 de mayo
de 2018 radicó una nueva demanda a la cual le correspondió el radicado 70001-
33-33-004-2018-00111-00, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
Expuso que el medio de control fue admitido a través de auto del 10 de agosto de
2018, pero en sentencia anticipada del 29 de septiembre de 2021 negó las
pretensiones de la demanda al encontrar probado el fenómeno de la caducidad,
comoquiera que el desplazamiento forzado del cual fue víctima la parte actora
ocurrió en el año 2003.
Advirtió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, bajo el
argumento de que la demanda había sido radicada con ocasión de la sentencia
SU-254 de 2013, en la que la Corte Constitucional dio un plazo de 2 años a partir
de su ejecutoria para que los afectados radicaran el medio de control de
reparación directa.
Precisó que el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante fallo del 7 de diciembre
de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que el
hecho dañoso había ocurrido en el año 2003, fecha para la cual el núcleo familiar
de la demandante contaba con elementos de juicio suficientes para demandar al
Estado, ya que en el mismo líbelo introductorio se había reconocido como hecho
notorio la inactividad de las autoridades para proteger a la población víctima del
conflicto armado.
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3. Sustento de la vulneración
Según la accionante, el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”.
Al respecto, aseguró que se configuró un defecto procedimental absoluto porque
se dictó sentencia anticipada sin efectuarse la etapa probatoria dentro del proceso.
Igualmente, sostuvo que se incurrió en defecto fáctico porque no se valoraron las
pruebas que demostraban la dispersión del núcleo familiar y el no retorno al
territorio, lo cual impidió que los jueces de primera y segunda instancia contaran
con el grado de certeza suficiente para efectuar el cómputo de la caducidad de
una forma objetiva.
Adujo que no se tuvo en cuenta que, a pesar de la desmovilización de las
Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2005, inmediatamente surgieron
nuevos grupos ilícitos que sembraron el miedo en la población, hecho que limitó el
derecho de acción y postulación de los demandantes.
También consideró que se desconoció el precedente plasmado en las siguientes
providencias, de las cuales se limitó a citar algunos de sus apartes:
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de tutela del 30
de agosto de 2021. Expediente 11001-03-15-000-2021-00097-01. M.P. Alberto
Montaña Plata.
• Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de tutela del 29 de septiembre
de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01814-01. M.P. Oswaldo Giraldo
López.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela del 7
de julio de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01694-01. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
• Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 10 de noviembre
de 2022. Expediente 11001-03-15-000-2022-01347-01. M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
• Tribunal Administrativo de Bolívar. Sentencia del 10 de diciembre de 2021.
Expediente de reparación directa 13001-33-33-008-2015-00445-01. M.P. Luis
Miguel Villalobos Álvarez.
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela del
30 de marzo de 2023. Expediente 11001-03-15-000-2022-06423-01. M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de tutela del 3
de abril de 2020. Expediente 11001-03-15-000-2020-00715-00. M.P. Jaime
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Enrique Rodríguez Navas.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo
de 2021- Expediente de reparación directa 44001-23-33-000-2015-00086-01
(64563). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
• Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de tutela del 14 de marzo de
2019. Expediente 11001-03-15-000-2018-04413-00. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
De igual manera, alegó que se desconoció lo dispuesto en la sentencia SU-254 de
2013, en la que la Corte Constitucional determinó que el término de caducidad
para la población desplazada solo podía computarse a partir de la ejecutoria de
ese fallo, sin tener en cuenta tiempos anteriores.
Refirió que no debió aplicarse la sentencia de unificación proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, sino la línea
jurisprudencial vigente para el año 2015 en que se radicó la demanda, puesto que
en ese entonces se garantizaba el acceso a la administración de justicia por
tratarse de un delito de lesa humanidad.
Sostuvo que esa decisión no podía usarse para decidir su caso porque fue
proferida con posterioridad a la presentación de la demanda, máxime si se tiene
en cuenta que las pretensiones de la demanda se edificaron con base en el criterio
jurisprudencial que imperaba para esa época.
Añadió que, en todo caso, los postulados de esta providencia fueron aplicados
indebidamente, ya que allí se estableció que el plazo de caducidad no era exigible
si los demandantes no contaban con elementos de juicio suficientes para inferir
que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño, lo cual
solo ocurrió en su caso en el año 2014 con una declaración del ex comandante de
las AUC Uber Bánquez Martínez.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto del 13 de junio de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Sucre y al
juez cuarto administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
a los ministros de Interior y de Defensa Nacional, al comandante de la Armada
Nacional, al director general de la Policía Nacional, al gobernador de Sucre y a los
señores Francisco Torres Padilla, Yarlis Reyes Porto, Deivis Reyes Porto, Norelys
Zúñiga Porto, Enrique Julio Estremor, Ana Esther González Julio, Eaydis Correa
González, Jairo Alcázar Julio, Eufemia Contreras Pérez, Jorge Luis Ruiz Torres,
José Andrés Ruiz Contreras, Yeisson Ruiz Contreras, Yandri Ruiz Contreras,
Deivis Pérez Torres, Deivis Pérez Pérez, Bislededys Pérez Berrío, Roberto Ruiz
Medrano, Yuliana Ruiz Castro, Julia Rosa Ruiz Castro y Margarita Castro Pérez
(quienes también conformaron la parte demandante en el proceso de reparación
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directa objeto de controversia).
Así mismo, se ordenó fijar un aviso en el sitio web del Consejo de Estado con el fin
de que se informara sobre la existencia de esta acción a los eventuales
interesados y se ofició al Tribunal Administrativo de Sucre para que procediera de
igual manera.
5. Argumentos de defensa
Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:
5.1. Tribunal Administrativo de Sucre
La magistrada ponente de la decisión cuestionada pidió negar el amparo solicitado
por la accionante.
En su criterio, la sentencia de segunda instancia se fundamentó en fallos del
Consejo de Estado que rigen el tema de la caducidad del medio de control de
reparación directa respecto de daños derivados de delitos de lesa humanidad.
Citó apartes de la providencia censurada en los que se explicó por qué la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 debía ser tenida en cuenta para
resolver la controversia.
Recalcó que se tuvieron en cuenta las pruebas allegadas al expediente, de las
cuales se encontraba acreditado que el desplazamiento forzado del que fue
víctima la accionante ocurrió durante distintos meses del año 2003, por lo que
para la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 8 de julio de 2015, ya
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Aseveró que no se pretermitió ninguna etapa procesal, puesto que la decisión de
proferir sentencia anticipada en primera instancia estaba justificada según lo
previsto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
5.2. Policía Nacional
La jefe encargada del Área Jurídica de la entidad solicitó declarar la
improcedencia de la acción o, en su defecto negar las súplicas de la parte actora.
Señaló que no es posible endilgarle responsabilidad alguna a la Policía Nacional,
ya que en la sentencia cuestionada se explicó claramente que la demanda
ordinaria fue presentada más de doce años después de la configuración del hecho
dañoso.
Resaltó que la actora no demostró de forma clara el motivo por el cual no acudió
de forma oportuna a interponer el medio de control de reparación directa.
Adujo que la acción de tutela no puede usarse como medio excepcional para
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revivir los términos que ya precluyeron, con el fin de lograr la prosperidad de las
pretensiones.
Destacó que no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la solicitud de amparo como mecanismo transitorio, por lo cual
no es posible proceder al estudio de fondo de las pretensiones de la accionante.
5.3. Ministerio de Defensa Nacional
La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad se opuso al
amparo solicitado.
Aseveró que en el proceso no se allegó prueba alguna que permitiera dar por
acreditado que el daño causado fuera imputable a las Fuerzas Militares y que los
jueces de conocimiento justificaron en debida forma la razón para expedir
sentencia anticipada.
Precisó que las providencias de primera y segunda instancia tuvieron en cuenta la
postura planteada en el fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a partir del cual se pudo concluir que la demanda
ordinaria había sido presentada fuera de la oportunidad legal.
Expresó que los jueces y tribunales administrativos del país están vinculados por
dicho precedente, el cual fue incluso avalado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-312 de 2020.
Manifestó que no se evidencian irregularidades procesales o sustanciales que
ameriten la intervención del juez de tutela en el caso concreto.
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre analizó los hechos junto con las
pruebas aportadas al expediente, de las cuales no se encontró demostrada alguna
circunstancia que impidiera a los accionantes presentar la demanda dentro del
término de caducidad.
5.4. Ministerio del Interior
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica alegó que lo pretendido por la parte actora
es reabrir el debate a través de un mecanismo residual como lo es la acción de
tutela, por lo que debe declararse su improcedencia.
Sostuvo que la solicitud de amparo no es una tercera instancia que pueda
utilizarse para discutir asuntos probatorios que ya fueron analizados y que
pudieron ser controvertidos por la parte actora oportunamente.
Adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva al no existir un nexo de
causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y alguna
acción u omisión por parte de esa cartera, por lo que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.
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5.5. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
Se limitó a enviar copia digital del expediente objeto de controversia.
5.6. Demás vinculados
No contestaron la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio
les fue notificado en debida forma mediante Oficios 57117 y 57118 del 16 de junio
de 2023 y por avisos publicados en las páginas web del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo de Sucre el 26 de junio del presente año.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”, con ocasión de las
sentencias del 29 de septiembre de 2021 y 7 de diciembre de 2022, a través de
las cuales las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda por
encontrar probado el fenómeno jurídico de la caducidad, dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 70001-33-33-004-2018-00111-01,
promovido por la accionante y otros en contra de la Nación, Ministerios del Interior
y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de
Sucre.
Para el efecto, se deberá establecer si la providencia cuestionada vulneró las
garantías constitucionales de la parte accionante por incurrir en los defectos
fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente, al declarar la
caducidad del medio de control sin analizar las pruebas allegadas al expediente y
con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 29 de enero de 2020 y no en la SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
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De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)2, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3,
conforme al cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.
La corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia5 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
2
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Idem.
5
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
censurada se dictó en el trámite del proceso de reparación directa promovido por
la parte actora contra la Nación, Ministerios del Interior y Defensa Nacional, la
Armada Nacional, la Policía Nacional y el departamento de Sucre.
De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez6,
toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada fue dictada el 7 de
diciembre de 2022 y la acción de tutela fue presentada el 5 de junio del presente
año, por lo que sin necesidad de precisar la fecha de ejecutoria de tal providencia,
se evidencia un ejercicio oportuno de la solicitud de amparo.
Frente al requisito de subsidiariedad, la Sala considera que la parte actora no
cuenta con medio de impugnación ordinario ni extraordinario que resulte ser el
mecanismo idóneo para controvertir la sentencia controvertida, pues la situación
descrita no se ajusta a las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para
ello.
6
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo
menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado
del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección
deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido
principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que
subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección
oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad
jurídica.
10
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Ahora bien, en relación con la posible configuración de los defectos fáctico y
parcialmente el desconocimiento del precedente, la Sala considera que no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, debido a que la parte actora no
cumplió con una carga argumentativa suficiente que permita estudiarlos de fondo
y, así, establecer una verdadera vulneración de unas garantías superiores como lo
son los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”.
Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto
del precitado presupuesto.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal7» (Énfasis de la Sala).
Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
7
Sentencia SU 573 de 2019.
11
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iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
En el caso objeto de estudio, la accionante alegó que se incurrió en defecto fáctico
porque no se valoraron las pruebas que daban cuenta que su situación de
desplazados así como la situación de violencia en la región les impidió radicar la
demanda oportunamente.
No obstante, no indicó de forma clara cuáles fueron las pruebas cuya valoración
fue omitida por la autoridad judicial, hecho que impide realizar un pronunciamiento
de fondo sobre el particular.
Lo mismo ocurre parcialmente en cuanto al defecto por desconocimiento del
precedente, ya que la parte actora enunció una serie de pronunciamientos del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero se limitó a citar
algunos de sus apartes sin precisar cuál era la regla de derecho contenida en esas
decisiones que se desconoció en su caso concreto y que no fue aplicada en la
sentencia cuestionada, o su incidencia clara en la providencia de segunda
instancia.
En este caso, únicamente sustentó en debida forma los reparos relativos a una
posible aplicación indebida del fallo de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, así como la omisión de los
postulados planteados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de
2013, argumentos que sí podrán ser estudiados en el fondo del asunto.
Por lo tanto, es evidente que la accionante no cumplió con una carga
argumentativa suficiente para demostrar la grave violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”, pues no sustentó
adecuadamente los cargos de defecto fáctico y parcialmente el de
desconocimiento del precedente, ya que se limitó a indicar que su condición de
desplazados le impidió a su núcleo familiar radicar la demanda con mayor
antelación.
Al margen de la razonabilidad de su argumento, lo cierto es que el debate
planteado por la parte actora no tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.
La Sala precisa que, si bien se permite a los solicitantes de la tutela un cierto
margen de informalidad tanto en su ejercicio como en el desarrollo argumentativo
que deben realizar en el escrito introductorio, lo cierto es que no se puede dejar de
12
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lado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2591 de
19918.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales se exige la observancia de
una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica
específica, pues lo pretendido es que se expliquen los motivos por los cuales el
auto o la sentencia vulneran los derechos fundamentales invocados y cómo este
debate trasciende a un estudio de índole constitucional.
La razón de ser de esta exigencia radica, principalmente, en que si prospera el
amparo deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia cuyo
análisis se pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que el actor realice se deduzca con claridad que la decisión es
arbitraria e irrazonable y que con ella se quebrantan derechos fundamentales.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye una
tercera instancia en la que la intervención del juez constitucional implique la
realización de un nuevo estudio de los elementos probatorios y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la decisión que se pretende
controvertir.
Por ende, comoquiera que la parte actora se limitó a plantear la posible
configuración de los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente sin
sustentarlos adecuadamente, la Sala no puede emitir un pronunciamiento de
fondo sobre el particular, pues, como se explicó en precedencia, la carga
argumentativa mínima se erige como un presupuesto de inescindible cumplimiento
para la intervención del juez constitucional y, de esta manera, determinar la
eventual configuración de yerros sustanciales en las providencias cuestionadas,
que de suyo puedan vulnerar los derechos fundamentales invocados.
Se reitera, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de los
mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó la
autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo
contrario, sería invadir la facultad o potestad del competente natural.
Por tal razón, la Sala declarará la improcedencia de la acción respecto del defecto
fáctico y parcialmente del desconocimiento del precedente, por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
8
Artículo 14: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)
identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber
interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
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Respecto del defecto procedimental absoluto, se advierte que el caso objeto de
estudio sí es relevante desde el punto de vista constitucional, ya que la parte
actora pretende poner de presente las presuntas irregularidades en las que
incurrió la autoridad judicial cuestionada al dictar sentencia anticipada sin efectuar
la etapa probatoria dentro del proceso, pues si se hubieran practicado las pruebas
solicitadas se habría advertido que su condición de desplazados les impedía
radicar la demanda en una oportunidad anterior.
En ese sentido, los reparos de la accionante involucran la posible vulneración de
unas garantías superiores, más allá del debate legal surtido ante el juez natural de
la especialidad.
En este caso, no se trata de una simple discrepancia con la interpretación del
Tribunal al confirmar el fallo de primera instancia y declarar probada la caducidad
del medio de control, sino que la actora tiene la intención de demostrar que el ad
quem desconoció sus garantías al adoptar una decisión que no tuvo en cuenta su
específica condición personal de desplazados al decidir que había lugar a dictar
sentencia anticipada.
Así, la parte actora plantea principalmente la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”, que en su concepto
debían materializarse a través de una providencia que resolviera de fondo la
controversia y no se limitara al cómputo del término de caducidad, sin tomar en
consideración que el caso involucraba la responsabilidad del Estado en la
comisión de un delito de lesa humanidad como lo es el desplazamiento forzado.
Por ende, la Sala encuentra que con la tutela no se busca una revisión de la
interpretación efectuada por la autoridad judicial, sino que se evalúe la validez
constitucional de una decisión que, presuntamente, incurrió en defecto
procedimental absoluto.
En tales condiciones, se advierte que la solicitud de amparo cumple con los
requisitos previstos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
para considerar que es relevante desde el punto de vista constitucional,
comoquiera que (i) el asunto tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) la
controversia no se limita a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico; y (iii) está justificada razonablemente una afectación
desproporcionada a los derechos fundamentales.
Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará el fondo del reclamo
deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial9, la protección de derechos de terceros de buena fe, la
seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales10.
9
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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5. Estudio de fondo
La señora Enilfa Porto Meléndez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y “a la verdad, justicia y reparación integral”, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre con ocasión de la sentencia del
29 de septiembre de 2021, que confirmó el fallo del 7 de diciembre de 2022, a
través del cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
negó las pretensiones de la demanda por encontrar probado el fenómeno jurídico
de la caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 70001-33-
33-004-2018-00111-01, promovido por la accionante y otros en contra de la
Nación, Ministerios del Interior y Defensa Nacional, la Armada Nacional, la Policía
Nacional y el departamento de Sucre.
Concretamente, alegó el desconocimiento del precedente plasmado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013 y la aplicación indebida del fallo de
unificación proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero
de 2020.
Así mismo, planteó la configuración de un defecto procedimental absoluto al
dictarse sentencia anticipada sin adelantar la etapa probatoria dentro del proceso
ordinario.
Para resolver, la Sala estima necesario revisar cada uno de dichos defectos de
forma independiente para adoptar la decisión que en derecho corresponda:
5.1. Desconocimiento del precedente
Para esta Sala11 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
a la luz de los preceptos constitucionales.
Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia bajo la primacía de la Constitución.
Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del
11
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y
iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
En el caso concreto, la señora Porto Meléndez alegó que se desconoció lo
dispuesto en la sentencia SU-254 de 2013, en la que la Corte Constitucional
determinó que el término de caducidad para la población desplazada solo podía
computarse a partir de la ejecutoria de ese fallo, sin tener en cuenta tiempos
anteriores.
Refirió que no debió aplicarse la sentencia de unificación proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, sino la línea
jurisprudencial vigente para el año 2015 en que se radicó la demanda, puesto que
en ese entonces se garantizaba el acceso a la administración de justicia por
tratarse de un delito de lesa humanidad.
Sostuvo que esa decisión no podía usarse para decidir su caso porque fue
proferida con posterioridad a la presentación de la demanda, máxime si se tiene
en cuenta que las pretensiones de la demanda se edificaron con base en el criterio
jurisprudencial que imperaba para esa época.
Añadió que, en todo caso, los postulados de esta providencia fueron aplicados
indebidamente, ya que allí se estableció que el plazo de caducidad no era exigible
si los demandantes no contaban con elementos de juicio suficientes para inferir
que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño, lo cual
solo ocurrió en su caso en el año 2014 con una declaración del ex comandante de
las AUC Uber Bánquez Martínez.
De la lectura de la providencia de segunda instancia cuestionada, la Sala
encuentra que el Tribunal Administrativo de Sucre estudió el fenómeno jurídico de
la caducidad a partir de lo dispuesto en el numeral 2, literal i) del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según
el cual la demanda de reparación directa debe presentarse dentro del término de
dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Así mismo, tuvo en cuenta la sentencia del 29 de enero de 2020, mediante la cual
la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación12 unificó su criterio en
torno a la procedencia de tal figura procesal, en los siguientes términos:
“... Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
12
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01.
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regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material,
el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda
demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no
resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular
de quien acude a la administración de justicia”.13
Específicamente, en el fallo controvertido se estableció que, de acuerdo con la
postura unificada del Consejo de Estado sobre la materia, el término para acudir a
la jurisdicción contenciosa administrativa resulta exigible en todos los casos desde
que los afectados tuvieron conocimiento de que los hechos eran imputables al
Estado y siempre que no hubiera un obstáculo material para acceder a la justicia,
independientemente de que los hechos fundamento de la demanda configuraran o
no un delito de lesa humanidad.
Al respecto, señaló:
Así las cosas el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo destaca la
importancia del momento de la ocurrencia y del conocimiento del hecho dañoso
como punto de partida para computar el término de caducidad, aclarando que no
basta con el solo acontecer de la acción u omisión causante del daño, pues, se
debe determinar en qué momento el interesado advirtió o pudo inferir que el
Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño ocasionado.
E indica, sobre la inaplicación de las normas de caducidad, en aquellos eventos
en los que los que el juez advierta que el o los afectados no estaban en la
posibilidad material de ejercer la acción, esto es, no resulta exigible cuando se
afecta de manera ostensible los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, por la configuración de variadas circunstancias que
impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la demanda,
haciendo énfasis en que esto no se equipara a la imposibilidad de conocer la
relación del Estado con el hecho dañoso, lo cual no da lugar a la inaplicación de
las reglas de caducidad, sino a la contabilización de la misma desde el momento
en que se conoció tal relación.
En todo caso, es deber del juez estudiar cada caso concreto y de acuerdo a lo
probado y excepcionalmente, podrá decidir inaplicar el termino de caducidad de
la pretensión cuando se percate que la no comparecencia a los entes judiciales
se encuentra justificada por razones materiales.
Se recuerda que las anteriores reglas, al surgir de una sentencia de unificación
del órgano de cierre en lo contencioso administrativo, se constituyen para efectos
de resolver el presente caso, en precedente vinculante y obligatorio.
13
Destacado por la Sala.
17
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Así mismo, resaltó que de acuerdo con la sentencia T-044 de 2022 de la Corte
Constitucional, aunque la parte resolutiva del fallo de unificación guardó silencio
sobre sus efectos en el tiempo, esta seguía las reglas generales y, por ende, tenía
efectos retrospectivos, lo que significaba que debía aplicarse incluso a los casos
que estaban en trámite.
Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Sucre analizó el material
probatorio que obraba en el expediente y estableció que el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas la accionante y su núcleo familiar sucedió durante
el año 2003 como consecuencia del conflicto armado en la región de los Montes
de María en el municipio de San Onofre.
Además, concluyó que los demandantes tuvieron conocimiento de la posible
responsabilidad estatal desde esa misma época, pues en la demanda
reconocieron que en múltiples ocasiones habían solicitado la intervención de las
autoridades para la protección civil sin que recibieran protección alguna, omisión
de la cual se desprendía la pretensión de reparación directa.
Por ende, determinó que el cómputo del término de caducidad debía efectuarse
desde ese entonces, en la medida en que estaba acreditado que estaban al tanto
de la presunta participación del Estado en los hechos que conllevaron a su
desplazamiento.
Por lo mismo, tampoco aceptó el argumento según el cual solo tuvieron
conocimiento de la posible responsabilidad estatal en el año 2014 con ocasión de
la declaración del ex comandante de las AUC Uber Bánquez Martínez, ya que
desde el 2003 la parte actora sabía de las conductas omisivas de las autoridades
que, en su sentir, incidieron en su desplazamiento.
Por tal razón, la autoridad judicial precisó:
Ahora, la jurisprudencia de unificación citada en precedencia establece como
punto de partida para contabilizar el término para el ejercicio válido del medio de
control en asuntos de Lesa Humanidad, aquel en el cual las víctimas tuvieron
serias posibilidades materiales de ejercer el derecho de acción; supuesto que no
comporta conocer a ciencia cierta los autores del hecho generador del daño para
poder acceder a la justicia.
Así, no era requisito para ello, esperar sentencia judicial alguna o la condena a
personas determinadas para ello, sino comprender que existe un posible
responsable a quien puede reclamarse cualquier tipo de interés que se tenga y tal
conocimiento, lo tenían los accionantes desde el mismo momento en que se
vieron obligados a desplazarse de sus terruños.
En tal sentido, no es de recibo el argumento según el cual, los actores, sólo
hasta el año 2014, con algunas declaraciones de miembros del proceso de
Justicia y Paz, pudieron conocer de la participación del Estado en las
atrocidades cometidas en la zona de origen, de la cual tuvieron que
desplazarse.
Ello como fundamento para que a partir de dicha fecha se contabilizará el término
de caducidad, más aún cuando los escritos presentados por ellos mismos –los
actores- ante distintas autoridades dejaron constancia del conocimiento de los
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hechos violentos.
(…)[T]al como lo enseña la unificación jurisprudencial ya descrita, para efectos de
caducidad puede discutirse si se tenía o no conocimiento del posible responsable
de la acción o la omisión, para concluir que en casos como el tratado, se pueden
considerar factores objetivos que indicaban que el Estado Colombiano, debía
responder por los hechos ocurridos en su territorio en circunstancias como las
narradas en la demanda, como fuente de tal conocimiento.
Esto en tanto, para todos los pobladores del territorio nacional no les era
desconocida la situación de violencia del país y para los habitantes de los
Montes de María, la sola situación de zozobra que vivieron, dada la evidente
desprotección estatal, aunado al hecho de que el Estado hacía presencia
con su fuerza pública y aun así sucedían hechos violentos, ya era un
indicador de a quién podía responsabilizarse, si su vida o su integridad
resultaban afectadas.
Debe tenerse en cuenta, que la responsabilidad que se menciona no es de
aquellas consideradas a título personal, sino que su objeto corresponde a
una posible acción y omisión del Estado, resultando en este caso, conforme
lo pretendido en la misma demanda, que se invoca el actuar omisivo del
Estado que permitió el lamentable hecho del desplazamiento forzado,
prácticamente sin control alguno, pese incluso a la presencia militar y de
policía existente en la zona.
Luego, el conocimiento que se exige del hecho dañoso no es definido a
partir de que los legitimados para demandar conozcan concretamente, qué
personas en particular fueron los autores de la muerte ó cuáles son los
mecanismos judiciales que proceden, sino de entender que existe un
posible responsable a quien puede reclamarse cualquier tipo de interés que
se tenga y tal conocimiento, lo tenían los accionantes desde el mismo
momento en que se vieron obligados a desplazarse de sus terruños.
Tan es cierto es lo anunciado, que los propios demandantes en el libelo genitor
así lo dan a entender, cuando relatan la situación contextual de lo ocurrido y dan
a conocer que acudieron a las autoridades administrativas para solicitar el
reconocimiento y pago de los beneficios destinados a las personas desplazadas.
En tal sentido, entiende la Sala que la caducidad comprendida como la
vivencia del derecho, no es más que aceptar que existen situaciones
específicas que dan lugar a un daño, el cual, a su vez, es causado por
omisión o por acción y detrás de todo eso existe una persona (para el caso
el Estado) a quien se le puede atribuir, considerando que cuando se trata de
pretender indemnización por acción u omisión del Estado en actividades
propias de la protección a la vida, la integridad personal o a los bienes, su
sola ausencia en el mismo sitio de ocurrencia del hecho, implica un indicio
muy serio de su posible responsabilidad, por ende, el reclamante tiene la
obligación de adelantar lo más pronto posible (plazo razonable, que el
ordenamiento interno ha fijado en dos años, el ejercicio de los mecanismos
judiciales respectivos.
Si tal posibilidad es truncada, a su vez, el interesado debe informar tales
circunstancias, especificando y probado las razones por las cuales le fue
imposible hacerlo, como criterio de valoración para el servidor público que
debe estudiar la correspondiente admisión del mecanismo administrativo o
judicial. Y en este caso, en la demanda, nada se dice frente a tal
imposibilidad, por ende, entiende la Sala, que desde el siguiente día a la
causación del desplazamiento, podían los accionantes demandar al Estado
Colombiano.14 (Se destaca)
14
Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
19
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Demandante: Enilfa Porto Meléndez
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-03019-00
En tal sentido, en la providencia cuestionada se estableció que el término de dos
años para demandar comenzó a correr desde el 2003 mientras que la demanda
solo fue presentada hasta el 2015, es decir, fuera del término de caducidad.
De lo expuesto, contrario a lo alegado por la actora en sede de tutela, la Sala no
considera que se haya incurrido en desconocimiento del precedente por aplicar la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, pues justamente en esa
providencia se habían fijado las reglas relativas al cómputo de caducidad para
casos en los que se estudia la responsabilidad del Estado en la comisión de
delitos de lesa humanidad, así que sus postulados se ajustaban plenamente al
caso concreto.
En efecto, el criterio expuesto por la Sección Tercera de esta Corporación era el
aplicable a la controversia por estar contenido en un fallo de unificación, de modo
que debía observarse con preferencia respecto de los demás pronunciamientos
dictados sobre ese particular, máxime si se tiene en cuenta que era el vigente para
la fecha en que se dictó la providencia cuestionada. 15
Además, la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que, por regla general, el
precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o subreglas de
derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto en vía
administrativa como judicial “salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”.16
A su vez, la Sección Tercera de esta Corporación aludió que las sentencias de
unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces “… deben
aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus providencias, pues,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda en una mayor coherencia del
sistema jurídico y garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la
ley de los ciudadanos”. 17
Entonces, si bien la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se profirió
después que los actores presentaron la demanda de reparación directa (8 de julio
de 2018), lo cierto es que el carácter retrospectivo de esta decisión vincula a los
jueces que conocen del proceso que aún no ha hecho tránsito a cosa juzgada, por
lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria para el Tribunal Administrativo de
Sucre.
Por esto, la Sala considera que no le asiste razón a la accionante al afirmar que
este fallo no podía aplicarse para resolver la controversia, ya que sus postulados
eran imperativos para la autoridad judicial al ser los vigentes para el momento que
15
En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de marzo
de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de
2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-02074-01 y 30 de marzo de
2023, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 30 de julio de 2021, M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-2018-
01831-01(66941).
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se dictó la providencia censurada.
Por lo mismo, la Sala tampoco considera que exista irregularidad alguna frente al
hecho de que se haya aplicado el fallo de unificación sobre lo previsto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013, precisamente porque fue proferido
por el órgano de cierre en materia contenciosa administrativa, así que estaba
obligado a acatar sus postulados en cuanto al análisis del cómputo de los términos
de caducidad en casos que se discute la responsabilidad del Estado en delitos de
lesa humanidad, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de la postura vigente
al momento de resolver el caso concreto.
Ahora bien, la parte actora sostuvo que, en todo caso, las reglas de esa
providencia fueron empleadas de forma incorrecta, ya que la Sección Tercera
estableció que el término de caducidad de 2 años solo era exigible si los
demandantes contaban con elementos de juicio para inferir que el Estado había
ocasionado el daño, lo cual solo sucedió en el 2014 con ocasión de la declaración
del ex comandante de las AUC Uber Bánquez Martínez.
Sin embargo, tal y como quedó plasmado en precedencia, la autoridad judicial
determinó que ese argumento no era de recibo en atención a que existían pruebas
suficientes de que los actores sí conocían de la posible responsabilidad estatal en
los hechos que conllevaron a su desplazamiento forzado, lo cual los habilitaba
desde ese entonces a acudir al medio de control de reparación directa.
Por lo anterior, en la sentencia se estableció que los demandantes no acreditaron
una causa justificada que les impidiera materialmente ejercer el derecho de acción
de manera oportuna, por lo que no era posible aplicar la excepción al cómputo de
caducidad consagrada en las reglas de unificación del Consejo de Estado
previstas en la sentencia del 29 de enero de 2020.
Así las cosas, la Sala advierte que no hubo una aplicación irregular de los
postulados del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
puesto que el Tribunal Administrativo de Sucre sí analizó las circunstancias
particulares de los demandantes para determinar si había lugar a dar por superado
el presupuesto procesal de la caducidad.
Diferente es que se encontrara demostrado con grado de certeza que los
demandantes tuvieron conocimiento del daño desde el momento en que se
originó, que éste era atribuible a las autoridades demandadas y que no existía
alguna circunstancia que objetivamente les hubiese impedido interponer la
demanda de forma oportuna.
Por tal razón, la Sala no encuentra acreditado el desconocimiento del precedente
invocado por la parte actora.
5.2. Defecto procedimental absoluto
Es de anotar que la Corte Constitucional precisó que este yerro se presenta
cuando la autoridad judicial demandada “se aparta por completo del procedimiento
21
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establecido legalmente para el trámite de un asunto específico” y que se ocasiona
porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente u ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso18.
Además, la Corte indicó que “…este defecto requiere, además, que se trate de un error
de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa
en la decisión de fondo, y que esta deficiencia no pueda imputarse ni directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso.19”
En el caso objeto de controversia, la parte actora alegó la configuración de este
defecto porque, en su concepto, se dictó sentencia anticipada sin efectuar la
práctica de las pruebas solicitadas, de las cuales se hubiera establecido la
imposibilidad de los demandantes de acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa con mayor antelación, dada su condición de desplazados.
Sobre el punto, se precisa que esa situación fue analizada por el Tribunal
Administrativo de Sucre al resolver el recurso de apelación contra la providencia
emitida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, en el sentido de advertir que el a quo contaba con plenas
facultades para emitir el fallo de forma anticipada.
Concretamente, en la decisión censurada se estableció:
Sostiene el extremo recurrente que la Sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo “es violatoria del debido proceso, en cuanto desconoció
la ritualidad procesal establecida en el artículo 180 del CPACA, dando
aplicación por indebida interpretación a la norma contenida en el
artículo182A, literal b, del decreto ley 2028 de 2021 (...). Así mismo, sostuvo
que el Juez “pretermitió todas las etapas procesales después de la
contestación de la demanda procediendo a fijar fecha para alegatos de
conclusión y dictar sentencia anticipada sin que se decretaran y practicaran
las pruebas oportunamente allegadas al proceso”.
Argumentos que no son de recibo por la Sala, toda vez, que el mismo
Legislador en el Artículo 182 A del CPACA –adicionado por el Art. 42 de la
Ley 2080 de 2021-, autorizó al Funcionario Judicial para proferir sentencia
anticipada, en los eventos que la misma norma prevé, así:
“ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. podrá dictar sentencia
anticipada:
(...)
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la
cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta
de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176
de este código.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-367 de 2018.
19
Ibidem.
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PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la
razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del
numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones
se pronunciará.
Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se
considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la
decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite
del proceso. (Resaltado propio)
Nótese que en los apartes resaltados, la norma claramente permite proferir
sentencia anticipada en cualquier estado del proceso cuando el juez
encuentre probada, entre otras, la excepción de caducidad del medio de
control, sin necesidad de que se surta la etapa probatoria del proceso, como
en efecto sucedió en el asunto bajo examen, siendo, la única etapa procesal
de obligatorio cumplimiento, la de alegatos de conclusión que, dicho sea de
paso, se cumplió a cabalidad en el sub judice, donde el Juez de Primera
Instancia, además, indicó las razones de por qué se profería Sentencia
anticipada.
En tal sentido, la NO práctica de las pruebas solicitadas en la demanda y su
reforma, obedeció a la prerrogativa de Sentencia Anticipada que el mismo
legislador le otorgó al Juez Contencioso Administrativo, por lo que no se
observa la vulneración de los derechos fundamentales alegada por el extremo
recurrente. (Resaltado del texto original)
Sobre este punto, la Sala no evidencia la configuración de alguna irregularidad al
emitirse sentencia de forma anticipada, ya que tal y como lo estableció el tribunal
en la decisión cuestionada, se trata de una facultad prevista expresamente por el
legislador en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en aquellos eventos que, como el presente, se
encuentre configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Por lo mismo, el hecho de que no se hayan decretado ni practicado pruebas en el
proceso ordinario no desconoce los derechos fundamentales invocados por la
accionante, debido a que esa era la consecuencia establecida en dicha norma
para los casos en que se demostrara, en cualquier estado del proceso, que la
oportunidad para presentar la demanda había caducado.
En tal sentido, tampoco se encuentra acreditada la configuración del defecto
procedimental absoluto, por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la
acción.
Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en relación
con el defecto fáctico y parcialmente frente al desconocimiento del precedente, y
negará el amparo solicitado respecto de los demás cargos planteados en el escrito
de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Enilfa Porto Meléndez, únicamente en relación con los defectos fáctico y
parcialmente el de desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: Deniégase el amparo solicitado respecto de los demás cargos
planteados en el escrito de tutela, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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