Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03051-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
21 de septiembre de 2023
Demandante: Luis Alberto Delgadillo Calderón
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03051-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03051-01
Demandante: LUIS ALBERTO DELGADILLO CALDERÓN
Demandados: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el 28 de julio de 2023. En ese fallo se
declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito general de
procedibilidad de la inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Luis Alberto Delgadillo Calderón, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional (en adelante UGPP), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado1. Con su solicitud
de amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales a la vida, de
petición, al debido proceso, a la doble instancia, a la seguridad social y de acceso
a la administración de justicia.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las
1
El escrito de tutela fue radicado ante la Corte Constitucional, mediante correo electrónico
enviado el 25 de agosto de 2022. Mediante proveído del 23 de noviembre de 2022, dicha
corporación resolvió remitir la solicitud de amparo constitucional a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
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Demandante: Luis Alberto Delgadillo Calderón
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03051-01
Resoluciones 05430-042, 43930/063, 045045/154, 000515/165 y 01859/166
proferidas por la extinta Caja Nacional de Previsión Social (en adelante
CAJANAL), en las cuales se le reconoció su pensión de vejez, se le reliquidó y
se decidieron solicitudes de reajuste con los recursos correspondientes en la vía
gubernativa.
3. También atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a la
sentencia de primera instancia proferida por la Subsección E, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de marzo de 2019 y la de
segundo grado proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 30 de julio de 2020, mediante las cuales; se accedió parcialmente a
las pretensiones y posteriormente se revocó la decisión, para en su lugar, negar
la reliquidación de su mesada pensional.
4. Lo anterior al interior del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2016-
03525-00/01.
1.2. Pretensiones
5. La parte actora solicitó lo siguiente:
SE ORDENE a la UGPP., el DEBIDO RECONOCIMIENTO RELIQUIDACION Y
PAGO PENSIONAL en el REGIMEN LABORAL ESPECIAL DE AEROCIVIL QUE
ME PERTENECE; Se Reliquide el valor Pensional, tal lo ordena el inc. 2° del
Art.36 de L.100/93, con todos los factores salariales devengados y cotizados,
desde la primera mesada y en adelante, se actualice en el valor que legalmente
pertenece, pague las diferencias en reajustes anuales, se Protejan todos mis
Derechos Fundamentales violentados y se conceda Acceso efectivo a la
Administración de Justicia. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
6. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
7. El señor Luis Alberto Delgadillo Calderón laboró por más de 35 años para
2
Mediante la cual Cajanal le reconoció la pensión de jubilación al actor, con efectividad fiscal a
partir del 1° de marzo de 2004. Para la liquidación tuvo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado en 9 años, 9 meses, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
3
En la cual Cajanal resuelve reliquidar la pensión de jubilación del actor; con el 75% del promedio
devengado entre el 1° de octubre de 1994 y el 30 de septiembre de 2004.
4
En ella se resuelven negativamente las solicitudes de reliquidación de la mesada pensional
instauradas por el actor. Igualmente, se conceden los recursos de reposición y en subsidio
apelación.
5
En dicho acto administrativo se decidió no reponer la decisión adoptada en Resolución
045045/15.
6
En la cual se confirma en sede de apelación la decisión adoptada en Resolución 00515/165.
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entidades como el Banco Popular, el Ministerio de Hacienda y la Aeronáutica Civil
desde el 22 de junio de 1964, hasta el 28 de febrero de 2003.
8. Refirió que, la extinta CAJANAL profirió la Resolución 05430 de 2004 por
medio de la cual reconoció y ordenó el pago de su pensión de jubilación. Ello en
atención a que cumplió los requisitos de ley para acceder a dicha prestación
social.
9. Inconforme con la mesada pensional reconocida en el acto administrativo
referido, presentó sendas solicitudes de reliquidación pensional, agotando la vía
gubernativa. No obstante, siempre las decisiones de la administración fueron
negativas7.
10. Por lo anterior, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. En este solicitó la nulidad de las Resoluciones aludidas y a título de
restablecimiento pidió que se condenara a la entidad pública a reliquidar la
prestación periódica sobre el 75% del IBL, con la inclusión de todos los factores
salariales percibidos durante el último año de prestación de servicios, conforme
a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. Adicionalmente, requirió
el reconocimiento y pago del retroactivo por la diferencia entre lo pagado y lo
reconocido, así como, la indexación correspondiente.
11. El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-42-000-2016-03525-01. Esta
autoridad judicial, en sentencia del 15 de marzo de 2019, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
12. Para el efecto, consideró que el señor Delgadillo Calderón se encontraba
cobijado por el régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo1 de
la Ley 33 de 1985. Por lo tanto, su derecho pensional estaba regulado por los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1696 y 1054 de 1978, según los cuales, se debe
reliquidar la pensión con el 75% de los factores salariales devengados en el
último año de servicios.
13. Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación. La
alzada correspondió a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, quien mediante sentencia del 30 de julio de 2020 decidió revocar la
providencia de primer grado.
14. Como fundamento de su decisión, expuso que el demandante adquirió su
status pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, por esa razón, su pensión
debía liquidarse de conformidad con las pautas señaladas en sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2019, esto es «[s]i faltare
menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
7
Véase: párrafo 2 del presente proveído.
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de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera
falta para ello, o (ii) el cotizado durante el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE».
15. Por lo anterior, concluyó que los actos demandados se ajustaban a
derecho y a las pautas jurisprudenciales señaladas por esta corporación.
1.4. Sustento de la vulneración
16. El accionante arguye que tanto la UGPP, como las autoridades judiciales,
desconocieron el régimen aplicable y por lo tanto incurrieron en un defecto
sustantivo. A su juicio, le fue aplicada la Ley 100 de 1993 para reconocer y
reliquidar el pago de su mesada pensional con la asignación básica y dos factores
adicionales; bonificación por servicios y prima de antigüedad, cuando no era lo
correspondiente.
17. Arguyó que le era aplicable el régimen laboral especial de Aerocivil
dispuesto en la Ley 33 de 1985 y el Decreto Ley 1045 de 1978 de los cuales era
viable inferir que la mesada pensional debía obtenerse del salario promedio que
sirvió de base para el pago de aportes y no los últimos 10 años cotizados.
18. Refirió que le fue desconocido el tiempo que laboró en el Banco Popular y
el Ministerio de Hacienda. Agregó que presentó recurso extraordinario de revisión
en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 30 de julio de
2020. Sin embargo, mediante proveído del 5 de enero de 2022 se inadmitió la
demanda y se le otorgó el termino de 5 días para subsanar, no obstante, como
«ningún renglón lo amparó» no presentó ningún escrito.
1.5. Trámite de primera instancia
19. Por auto de 9 de junio de 2023, el ponente de la decisión de primera
instancia admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionados a la UGPP, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
20. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Unidad
Administrativa Especial Aeronáutica Civil y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
21. Solicitó su desvinculación del presenta trámite por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Refirió que la presunta vulneración de los derechos
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fundamentales del actor era atribuida a otras autoridades.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
22. Explicó que, la decisión obedeció a que el tutelante adquirió su status
pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, de ahí que, su pensión se debía
liquidar de conformidad con las pautas señaladas por la corporación en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
23. Expuso que no se acredita el requisito de inmediatez, comoquiera que el
fallo se notificó el 5 de octubre de 2020, por lo que el plazo razonable para
cuestionar la decisión no se acredita.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
24. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión, refirió que el asunto
no supera los requisitos de procedibilidad de la tutela. Al efecto, señaló que el
asunto no goza de relevancia constitucional, comoquiera que el actor pretende
reabrir el debate surtido al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho, tras estar en desacuerdo con las decisiones allí
adoptadas.
25. Adicionalmente, refirió que el actor no cumplió con la carga procesal que
le correspondía al interior del recurso extraordinario de revisión, en el entendido
que no subsanó la demanda en los términos que le fue referido. Por ello, tampoco
habría lugar a configurarse el requisito de subsidiariedad.
26. Finalmente, expuso que no vulneró ni amenazó ningún derecho
fundamental de actor.
1.6.4. Aeronáutica Civil
27. Refirió que no es la competente para reconocer o reliquidar la pensión
solicitada por el tutelante, por lo tanto, no ha vulnerado derecho fundamental
alguno.
28. En todo caso, refirió que no se acredita el requisito general de inmediatez
en contra de la sentencia del 30 de julio de 2020, e incluso, si en gracia de
discusión se admitiera, contra el auto que rechazó la demanda de revisión del 16
de diciembre de 2021.
1.6.5. UGPP
29. Señaló que no se cumplen los requisitos generales de la tutela.
Específicamente, se refirió a la subsidiariedad, en razón a que cuenta con el
recurso extraordinario de revisión y el inmediatez, por cuando la sentencia de
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segunda instancia que le negó la reliquidación pensional fue proferida más allá
del plazo de 6 meses para el ejercicio de la acción.
30. Finalmente, hizo un recuento de todas las actuaciones adelantadas con
respecto a la prestación social del accionante y señaló que había cosa juzgada
respecto a sus resoluciones y la solicitud de reliquidación.
1.7. Sentencia de primera instancia
31. En sentencia del 28 de julio de 20238, la Sección Tercera, Subsección C
de esta corporación declaró improcedente la acción de tutela porque no encontró
acreditado el requisito general de procedibilidad de inmediatez. Esto por lo
siguiente:
32. La Sala consideró que la providencia objeto de reproche constitucional fue
proferida el 30 de julio de 2020 y notificada el 5 de octubre del mismo año. Por
su parte, la tutela se presentó el 7 de junio de 2023, es decir, más de 06 meses
después. Si bien se incoó recurso extraordinario de revisión, este fue rechazado
por medio de auto del 27 de enero de 2022, notificado el primero de febrero de
2022, hecho que tampoco afecta lo antes señalado.
1.8. Impugnación
33. La parte accionante reiteró los argumentos presentados en el escrito de
tutela. Aunado a ello, solicitó que se ordenara el debido reconocimiento,
devolución y pago de las sumas que le siguen sustrayendo mensualmente, con
ocasión a «la injusta e indigna transgresión de sus derechos laborales, otorgados
legalmente y vulnerados desde hace más de 20 años».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 28 de julio de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
35. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó su
desvinculación del presente trámite. Sustentó su solicitud en la falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que los hechos expuestos por el
8
Esta decisión fue notificada el 22 de febrero de 2023. Cfr. Índice SAMAI N.º 22. Exp. 11001-03-
15-000-2022-06703-00.
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accionante son atribuibles a otras entidades.
36. Al respecto, no se accederá a la mentada petición comoquiera que su
vinculación se efectuó por expreso mandato del artículo 610 del Código General
del Proceso.
2.3. Legitimación en la causa
37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
38. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Luis Alberto
Delgadillo Calderón fungió como demandante en el medio de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2016-
03525-01. Por tanto, está legitimado en la causa por activa para interponer la
presente acción de tutela.
39. Por otro lado, la Sala evidencia que la UGPP, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se
encuentran legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las
autoridades que dictaron los actos administrativos y las providencias
cuestionadas en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Tercera, Subsección C de
esta Corporación el 28 de julio de 2023.
41. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad, en especial el de inmediatez.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
7
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contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales11.
43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia13 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial14.
44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
11
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
14
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en
el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de inmediatez
48. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable15, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo16.
49. De acuerdo con lo anterior, esta Sección17 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
50. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.
15
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
17
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
9
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Demandante: Luis Alberto Delgadillo Calderón
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03051-01
51. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional
indicó que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual18.
52. Ahora bien, en el caso concreto, la Sala encuentra que aunque el actor
también cuestiona las Resoluciones 05430-04, 43930/06, 045045/15, 000515/16
y 01859/16 proferidas por CAJANAL, el estudio de legalidad de las mismas fue
efectuado al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2016-03525-00/01, en el
cual se profirieron las providencias aquí objeto de tutela.
53. En ese orden de ideas, le asiste razón al a quo, al efectuar el análisis de
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial respecto a la última
decisión adoptada en el proceso ordinario. Esto es, la sentencia del 30 de julio
de 2020 de la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación, comoquiera
que corresponde a la que puso fin a la controversia suscitada por el actor. Aunado
a ello, al revisar los reproches aducidos por la parte actora se advierte que su
inconformidad versa a la decisión desfavorable adoptada en el trámite del
proceso ordinario.
54. Ahora bien, en cuanto al objeto de estudio, una vez constatados los
elementos de convicción que obran al interior del presente trámite, se tiene que
en efecto, como fue señalado por el juez de la primera instancia, la decisión antes
anotada fue notificada el 5 de octubre de 202019.
55. Sin embargo, la solicitud de amparo no fue radicada el 7 de junio de 2023,
como lo afirmó el a quo, sino el 25 de agosto de 2022. Ello si se tiene en cuenta
que el actor radicó directamente el escrito ante de la Corte Constitucional y dicha
autoridad, en proveído del 23 de noviembre de 2022 ordenó su remisión a esta
18
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
19
Cfr. Índice 25 SAMAI - proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000234200020160352501. Ver también: Índice 10 exp 11001-03-15-000-2023-03051-00.
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corporación, por encontrarla como la competente para pronunciarse sobre el
asunto.
56. Con todo, al revisar los términos antes descritos, es viable arribar a la
conclusión según la cual, la solicitud de amparo no fue radicada dentro del
término que la jurisprudencia ha establecido como el prudencial para el efecto
pues entre la interposición de la solicitud de amparo y la sentencia ordinaria de
segunda instancia transcurrieron más de 2 años
57. Por otro lado, la Sala resalta que el accionante interpuso el recurso
extraordinario de revisión contra la providencia del 30 de julio de 2020 proferida
por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación20. Sin embargo, no
hay lugar a estudiar el cumplimiento del requisito de inmediatez desde la
ejecutoria del auto del 27 de enero de 2022 de ponente proferido por la Sala
Especial de Decisión 3 de esta colegiatura, que rechazó la demanda; sino desde
la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso ordinario. Esto, porque
constituyen dos causas diferentes.
58. Tampoco encuentra la Sección que en el caso bajo estudio se acreditara
un motivo válido para la inactividad de la accionante, pues ha transcurrido un
lapso superior al de 2 años desde que se puso fin a la controversia y no se
acreditan supuestos de hecho que permitan flexibilizar este requisito. Si bien es
cierto que el accionante puso de presente en el escrito de tutela que es mayor de
75 años, tiene un estado de salud delicado y familiares a su cargo, lo cierto es
que no obra prueba que permita inferir que el accionante es un sujeto de especial
protección y por lo tanto, se deba flexibilizar el mentado requisito.
59. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la declaratoria de
improcedencia del amparo constitucional presentada en contra de la providencia
del 30 de julio de 2020 por haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo.
Esto, porque no se encuentra superado el requisito general de procedibilidad de
la inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación efectuada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2023 dictada
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró
20
El cual se identificó con el radicado 11001031500020210702500.
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improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito general de
la inmediatez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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