Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03059-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03059-01
Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y
otro1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela/ incumplimiento del requisito general
de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a
cargos públicos; y iv) libre desarrollo de la personalidad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 26 de julio de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8
de febrero de 20232, en la cual “[…] se rechaza mi aspiración, por la presunta
configuración de inadmisión contemplada en el numeral 3.4. del Acuerdo, esto es,
por cuanto no se cumple con el requisito de experiencia […]”: vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos y al
libre desarrollo de la personalidad.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] me postulé al concurso de méritos para la provisión de empleos
de funcionarios de la Rama Judicial convocado mediante acuerdo No. PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018 (convocatoria 27) […]”.
4. Expresó que, “[…] acredito 8 años 14 días de experiencia profesional, esto es,
experiencia adquirida con posterioridad a la obtención de mi titulo (sic) profesional
de abogado el 16 de julio de 2010, fecha desde la cual inicié mi periplo profesional
en distintas entidades públicas y privadas […]”.
5. Manifestó que, “[…] Toda la documentación referida relacionada con la
experiencia profesional, fue radicada en el sistema KACTUS habilitado para el
concurso de méritos Convocatoria 27 (Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto
de 2018), cumpliendo con los requisitos necesarios para presentar la prueba de
conocimientos y aptitudes, la cual aprobé en un primer momento con un puntaje de
802.02, según se puede constatar en el anexo de la Resolución CJR 18-599 del 29
de diciembre de 2018 por medio de la cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos […]”.
6. Indicó que, “[…] Son de tal magnitud las inconsistencias en la plataforma
KACTUS, que no solo reporta de manera errónea los tiempos de experiencia, sino,
2 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
que deja de registrar la totalidad de certificaciones subidas al sistema en su debida
oportunidad, con las que se acreditó la experiencia requerida para el cargo […]”.
7. Adujo que, “[…] Se reitera, en el presente caso, cargué toda la documentación
referida en líneas precedentes, la cual acredita el cumplimiento del requisito de
experiencia profesional, motivo por el cual, no se me podría atribuir responsabilidad
por eventuales inconsistencias del sistema que fue habilitado para el efecto, mucho
menos cuando se denota que hay serios errores en la revisión de certificaciones y
contabilización de términos por parte de la administración. […]”.
8. Expresó que, “[…] la exclusión sin fundamento constitucional y legal para
continuar en la tercera fase del concurso (Convocatoria 27 de la Rama Judicial),
vulnera mis derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, merito e igualdad
en el acceso a cargos públicos […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] La protección inmediata de mis derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a cargos públicos, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la
confianza legítima (art. 83 de la Carta Política), y en consecuencia, ordenar a la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
revocar la Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y Oficio CJO 23- 1104
del 9 de marzo de 2023, y en su lugar, determinar mi continuidad en el concurso
de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial - Magistrado de Comisión
Seccional de Disciplina Judicial o Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria de
Consejo Seccional de la Judicatura o quien haga sus veces-, esto es, incluirme en
la lista de aspirantes admitidos, reconocida mediante Resolución CJR23-0061 de
8 de febrero de 2023 […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 14 de junio de 2023: i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó
notificar a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la
Rectora de la Universidad de Colombia; concediéndoles un término de dos (2) días
para rendir informe.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
Intervención de las demandadas
11. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en la medida que, “[…] no
se ha vulnerado ni afectado los derechos fundamentales invocados […]”. Al respecto
manifestó lo siguiente:
“[…] Mediante Resolución CJR23-0061 de 08 de febrero de 2023 “Por medio de la
cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado
a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de
16 de agosto de 2018” y su anexo 2, se rechazó al accionante por la causal 3.4 del
Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, y dentro del término de solicitud
de verificación de requisitos mínimos, solicitó la revisión de las certificaciones
laborales allegadas y aportó nueva documentación con el fin de soportar la
experiencia exigida.
Con Oficio CJO23-1104 de 09 de marzo de 2023, se informó al accionante que la
Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura procedió a
consultar el módulo de selección “Kactus” de los documentos allegados, durante el
término establecido para ello, y pudo constatar que no se acreditó el requisito mínimo
de experiencia exigido para el cargo de aspiración y que el acto administrativo fue
expedido de forma regular. Así mismo, se informó que al realizar la sumatoria de los
tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la
convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo requerido para el cargo
de aspiración equivalente a 2880 días.
Respecto de las manifestaciones señaladas por el accionante sobre el presunto error
en la contabilización del tiempo de experiencia adquirido en la Fiduprevisora y
acreditado mediante la certificación emitida por la Jefe de la División de Recursos
Humanos el 7 de septiembre de 2018, se hace necesario aclarar que en la misma
certificación se indica que desde el día 08 de abril de 2018 desempeña las funciones
en el cargo de Coordinador de Asuntos Jurídicos; de modo que, si bien la
certificación señala que labora en esa entidad, mediante contrato individual de
trabajo, a término indefinido, suscrito el 22 de febrero de 2016, no se indica de
manera expresa y exacta, cuáles fueron el cargo y las funciones desempeñadas
durante el lapso de tiempo que el accionante reprocha no haber valorado en debida
forma.
Así las cosas, dentro del presente asunto, se evidencia que la certificación expedida
por la Fiduprevisora no señala el cargo, ni funciones que desempeñó desde el 22 de
febrero de 2016 hasta el 08 de abril de 2018; fecha en la que se posesionó en el
cargo Coordinador de Asuntos Jurídicos. Ahora bien, si en gracia de discusión se
hubiera contabilizado este periodo de tiempo, se observa que el accionante tampoco
cumple el requisito mínimo de experiencia profesional requerido para el cargo de
aspiración.
En ese orden de ideas, no es viable valorar los documentos aportados con la solicitud
de verificación de requisitos, por haber sido presentados de manera extemporánea,
es decir, con posterioridad al término de inscripción previsto en la convocatoria, que
transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre
de 2018 a las veinticuatro horas (24:00)1 , tiempo en que se llevaron a cabo las
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
inscripciones al presente concurso, vía WEB, a través del Portal de la Rama Judicial
www.ramajudicial.gov.co.
No obstante, se reitera que, en la etapa de verificación de documentos, en efecto se
valoran aquellos documentos que el aspirante efectivamente anexó en el término de
inscripción, por lo cual no es viable validar documentos aportados posterior a la etapa
de inscripción […]”.
[…]
“[…] En este caso, el aspirante tenía la carga de presentar, de manera clara,
oportuna y con los parámetros exigidos en la convocatoria, los documentos para
acreditar el requisito de experiencia para el cargo de aspiración, por lo cual no puede
considerarse que la actuación de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
haya sido arbitraria y lesiva de los derechos fundamentales del accionante […]”.
[…]
“[…] En atención a que la pretensión del accionante está encaminada a que se
ordene a la accionada admitirlo para ejercer el cargo de Magistrado de Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o
quien haga sus veces, al afirmar haber cumplido con el requisito de experiencia para
el ejercicio del mismo; es pertinente precisar que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de
que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar
las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.
[…]
“[…] Dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela, es la inconformidad
del accionante con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018,
que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el
medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el escenario para
controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en
desarrollo de funciones legales y reglamentarias, ni mucho menos puede el
administrado valerse de la misma para reemplazar los medios de control que se
encuentran dispuestos para controvertir tales actos.
Por lo tanto, si el tutelante considera que dicha decisión no se ajusta a derecho, debe
acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no puede ser
utilizada como mecanismo paralelo de protección, cuando la legislación tiene
establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí
se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial
previsto en el CPACA […]”.
12. La Universidad Nacional de Colombia manifestó lo siguiente:
“[…] la acción de tutela no resulta ser el mecanismo idóneo para atacar actos
administrativos, en especial, por inconformidades que no devienen de una vulneración
directa a los derechos fundamentales del accionante, en este caso se trata del acto
administrativo que dispuso rechazar al aspirante del concurso de méritos al haber
incurrido en la causal 3.4 de rechazo de conformidad con el acuerdo regulador de la
Convocatoria 27. Aquí es importante recordar que los actos administrativos se
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
encuentran cobijados por el principio de legalidad, pues es el instrumento de
manifestación por parte de la Administración, que debe acatar las prerrogativas
constitucionales y legales a las que ya se encuentra subordinado […]”.
[…]
“[…] Dicho lo anterior, se precisa que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que
el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin.
Dentro de la normatividad vigente, existe la posibilidad de elevar solicitudes a la
accionadas destinadas a modificar la decisión de exclusión (como es el caso que nos
atañe), pero el accionante también cuenta con medios de control jurisdiccional por
agotar como el de la Simple Nulidad y el de la Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, y dentro del caso en concreto, los cuestionamientos que pudieran surgir en
torno a la decisión de rechazo del aspirante y sobre la que resolvió su solicitud de
verificación de requisitos mínimos son pasibles de los controles mencionados.
Así las cosas, también debe advertirse que la acción de tutela tampoco resulta
procedente de manera excepcional dentro del presente asunto, ya que no se advierte
un perjuicio irremediable para el aspirante que lo habilite a desplazar los mecanismos
ordinarios, pues la normatividad vigente cuenta con un mecanismo ordinario en el que
se pueden adoptar medidas de carácter inmediato, como serían las medidas
cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 […]”.
La sentencia impugnada
13.La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 26 de julio de
2023, resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel
Alberto Realpe Mejía, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
decisión […]”.
13.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado como fundamento de su decisión,
manifestó lo siguiente:
“[…] la Sala observa que lo que en realidad se persigue con la presente acción es
cuestionar los argumentos de fondo de la Resolución CJR23-0061 del 08 de febrero
de 2023 y del Oficio CJO23-1104 del 9 de marzo de 2023, en lo que respecta al
cálculo y convalidación de la experiencia para el cargo al que postuló el accionante.
Sería del caso analizar los argumentos propuestos, sin embargo, la Sala advierte que
el referido acto administrativo tiene naturaleza definitiva, pues resolvió la situación
particular del actor al excluirlo del concurso con fundamento en la causal de rechazo
3.4. del Acuerdo PCSJA18-11077.
En esa medida, la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad debido
a que el demandante cuenta con otro medio de defensa judicial a través del cual
puede controvertir los actos administrativos objeto de inconformidad. Y este no es otro
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03059-01
Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
4.2. No obstante, no desconoce esta Sala que existen casos excepcionales en los
que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible que la tutela
proceda como mecanismo transitorio. Pues, la existencia de un medio judicial
ordinario no significa automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso del actor no se configuran los eventos excepcionales, que
habiliten la intervención del juez de tutela, debido a que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz para controvertir actos de carácter
particular. Y es así porque el legislador, justamente, creó esa vía procesal para
cuestionar la legalidad de esa clase de actos administrativos.
4.3. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además, posibilita
el empleo de medidas cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley
1437 de 2011, garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez
contencioso administrativo […]”.
[…]
“[…] De modo que el actor, en el proceso ordinario, podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo de exclusión. Medida
cautelar que resulta ser un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite
proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de
la sentencia.
En este punto, debe decirse que las medidas cautelares deben ser resueltas, a más
tardar, dentro de los 15 días hábiles8 siguientes a la admisión de la demanda, de
conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.
4.4. Así, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo en el cual se pueden
solicitar medidas cautelares, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los
términos dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afectación
grave, inminente y que requiera medidas impostergables. Y esto obedece a que la
decisión de la autoridad demandada, consistente en excluir al accionante del
concurso de méritos, no constituye una actuación que ocasione un riesgo cierto y real
que amenace o afecte un derecho fundamental y que amerite la intervención urgente
e inmediata del juez de tutela.
El perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las
consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que pueden producir las decisiones
de la administración. En esa medida, no porque una decisión resulte desfavorable a
los intereses de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable
que deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían
que ser suspendidos por vía de tutela […]”.
La impugnación
14.El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, al considerar lo siguiente:
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
“[…] En Sentencia T-091 de 2018 “La Corte ha advertido que el juez constitucional
debe determinar si los medios de defensa judicial disponibles le otorgan una
protección eficaz y completa a quien acude a la acción tutela. Si no es así, puede
otorgar el amparo de dos maneras distintas: (i) como mecanismo transitorio, mientras
se resuelve el caso a través de la vía ordinaria, y (ii) como mecanismo eficaz de
protección de los derechos fundamentales. La primera posibilidad implica que, si bien
las acciones ordinarias pueden proveer un remedio integral, no son lo suficientemente
expeditas para evitar un perjuicio irremediable. La segunda, que el medio de defensa
ordinario no ofrece una solución integral para la protección de los derechos
fundamentales comprometidos”. (Negrillas propias)
Como se explicó en el escrito de tutela, mi asunto, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional se enmarca dentro de la segunda hipótesis, es decir, cuando el medio
de defensa ordinario no es eficaz para amparar oportunamente los derechos
fundamentales vulnerados, considerando lo siguiente:
Según el cronograma establecido para la fase III de la convocatoria 27, el próximo 11
de septiembre de 2023 inicia el proceso de inscripción al IX Concurso de formación
judicial inicial, y con ello, se da apertura a las actividades académicas desde el 17 de
octubre de la presente anualidad, siendo requisito fundamental para continuar en el
concurso, participar de dicha formación judicial. En ese sentido, el medio de control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el cual, puede durar más de 5 años en
resolverse en sus dos instancias, no es eficaz para amparar oportunamente mis
derechos fundamentales vulnerados […]”.
[…]
“[…] De allí que la postura del Juez Ad quo requiriéndome para acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa, a fin de solicitar medidas cautelares resulte
desproporcionada. Se reitera, la exclusión de la procedencia del amparo
constitucional, llevaría a que, al momento de proferirse una decisión parcial o
definitiva en sede de lo contencioso administrativo, el proceso de formación judicial y
las demás etapas del concurso ya se hayan surtido, siendo inviable mi participación
en el mismo […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, el notorio yerro de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia
en la evaluación de mi hoja de vida (aspecto que no se evaluó de fondo por el juez
constitucional de primera instancia, por considerar la improcedencia de la acción
constitucional), puede provocar mi exclusión definitiva del concurso de méritos, y de
contera, la consumación de la vulneración de mis derechos fundamentales al debido
proceso, mérito e igualdad.
Se reitera, el riesgo cierto y real que amenaza mis derechos fundamentales, es que
el concurso continúa con un cronograma inalterable, y en caso de no tomarse
decisiones expeditas de protección, mi posibilidad de continuar en el mismo sería
nugatoria, configurándose una notoria amenaza a mis derechos fundamentales […]”.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
17. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a cargos públicos y al libre desarrollo de la personalidad,
los cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, porque, a su juicio, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 20237, en la
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
cual “[…] se rechaza mi aspiración, por la presunta configuración de inadmisión
contemplada en el numeral 3.4. del Acuerdo, esto es, por cuanto no se cumple con
el requisito de experiencia […]”.
18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
particular; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso
a cargos públicos; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii)
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
particular
19. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiaridad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, excepcionalmente,
el medio de control de nulidad.
20. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:
“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal
para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto,
ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa
administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos
mecanismos de defensa.
De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se
puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el
artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la
8 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03059-01
Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo demandado.
De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda
persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando
quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profirió. […]
Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos por
un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento
del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término
legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso en el cual la
pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en abstracto de dicho
acto. […]”.
21. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender
la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar
que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte
el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”.
22. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía
de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de tutela
puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo. Sobre este
punto, en Sentencia T-912 de 200610, señaló:
“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá concederse
9 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló sobre este
punto lo siguiente:
(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo
siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho.” (Negrillas fuera de texto original).
23. En suma, en principio la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
la legalidad de actos administrativos, a menos de que esté en juego la vulneración
de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin
embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
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25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
26. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
27. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
11 Corte Constitucional, Sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza.Martelo.
12 Corte Constitucional, Sentencia C - 178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
28. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo14, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos15, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos16, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14 Sentencia T-309 de 1993.
15 Sentencia T-313 de 2006.
16 Sentencia T-451 de 2001.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad
30.Visto el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
[…]”.
31. Atendiendo a que la Corte Constitucional17 ha entendido que el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad “[…] implica que los individuos
puedan tomar decisiones acerca de su identidad y de su cuerpo sin que aquello
tenga repercusiones en el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la igualdad
y al acceso a cargos públicos. […]”.
Análisis del caso concreto
32. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
17 Corte Constitucional, Sentencia T-413 de 28 de junio de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
34.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
34.2. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
administración de carrera judicial, junto con sus anexos.
34.3. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia.
Solución del caso concreto
35. Una vez aclarados los conceptos antes planteados, le corresponde a la Sala
establecer si, en el caso bajo examen, se presentan las condiciones establecidas
por la jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra actos administrativos de carácter particular.
36. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8
de febrero de 202318, en la cual “[…] se rechaza mi aspiración, por la presunta
configuración de inadmisión contemplada en el numeral 3.4. del Acuerdo, esto es,
por cuanto no se cumple con el requisito de experiencia […]”: vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos y al
libre desarrollo de la personalidad.
37. A través de la referida decisión la Unidad de Administración de Carrera Judicial
rechazó del concurso aludido al actor, bajo el argumento de que no presentó de “[…]
manera clara, oportuna y con los parámetros exigidos en la convocatoria, los
documentos para acreditar el requisito de experiencia para el cargo de aspiración
[…]”.
18 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018”.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
38. La controversia deviene del hecho de que el actor señala que, subió los
documentos al aplicativo Kactus relativos a su experiencia profesional, “[…] en la
cual se puede verificar que cumple con el requisito mínimo de 8 años de experiencia
profesional. Agrega que, con las certificaciones aportadas se acreditan 8 años 14
días de experiencia profesional, esto es, experiencia adquirida con posterioridad a
la obtención del título profesional de abogado el 16 de julio de 2010 […]”.
39. Asimismo, el actor manifestó que existe una irregularidad en el conteo realizado
por parte de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, “[…] porque acreditó
una experiencia que no tuvo en cuenta la totalidad de los días, sino que además
agrega que la plataforma dejó de registrar la totalidad de las certificaciones
aportadas, como lo fueron las expedidas por la Fundación Renovar y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar […]”.
40. Al respecto, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, “[...] Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política [...]”, prevé como causal de improcedencia que “[...] existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante [...]”.
41. Cabe destacar que, este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional
y subsidiario, pues sólo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros
medios judiciales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras
de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
42. Significa lo anterior que el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos
fundamentales no sería examinada por su juez natural idóneo para resolver las
controversias jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
43. No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la
protección de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o
vulnerados, de lo contrario “[…] deberá declarar la improcedencia de la acción
de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante
el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del asunto […]”19
(Subrayado por la Sala).
44. De conformidad con lo expuesto, en relación con la Convocatoria núm. 27 y la
procedencia de la acción de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la
sentencia SU-067 de 24 de febrero de 202220, la Corte Constitucional precisó:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el
medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando
estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo. Dicha postura
ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su fundamento se
encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los medios de control de la
Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales para demandar el control
judicial de los actos administrativos.
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la reivindicación de los
derechos fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden
reclamar no solo el control de legalidad correspondiente, sino, además, el
restablecimiento de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir
la consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos
de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez de lo
contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los
derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones administrativas.
Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es improcedente la acción
de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues para
ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de
la Ley 1437 de 2011». La posibilidad de emplear las medidas cautelares, «que
pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión»,
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos mecanismos de protección,
ante los efectos adversos de los actos administrativos».
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a
la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de
los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se
19 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-067 del 24 de febrero de 2022, Magistrada Ponente Paola Andrea
Meneses Mosquera.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii)
configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo. A
continuación, se explican estas hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el reconocimiento
de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la
solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona afectada no tiene
mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los
vulneran». Habida cuenta de esta circunstancia, la acción de tutela actúa «como
mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que
vulneren derechos fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son
susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo».
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda
excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra estos
actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la consolidación de un
perjuicio irremediable. Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las
circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no
producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción».
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad reconocida
por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan
ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las
sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la
convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la
aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].
100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el supuesto de ausencia
de medios de control. Las acciones de tutela interpuestas por los demandantes se
enmarcan en el primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el cual no puede ser
sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo
confirma la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la
cual reconoce que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo caso, según se
explica a continuación, el hecho de que no sea posible demandar por esta vía tales
actos administrativos en modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse
en todos los casos para demandar tales determinaciones de la Administración. Así
pues, a continuación, se expone la aludida postura de estos tribunales al respecto,
y se analizan los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.
[…]
20
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de trámite expedidos en el marco de los concursos de méritos. Con
fundamento en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena de esta
corporación ha propuesto los siguientes requisitos, que permiten evaluar la
procedibilidad específica de la acción de tutela contra estos actos en particular: «i)
que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; ii)
que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en
la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar la
procedibilidad de las acciones interpuestas en los procesos bajo revisión, a la luz de
estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-8.252.659, T-8.258.202,
T-8.374.927 satisfacen los requisitos específicos de procedibilidad para el caso de
actos de trámite. La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval y Jorge Hernán
Pulido Cardona satisfacen los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional sobre este asunto específico. En primer lugar, la actuación
administrativa que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la Resolución CJR20-0202,
aquella fue retrotraída a la citación para la práctica de la prueba de conocimientos y
aptitudes. Por consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en el acto de
convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e] una situación
especial y sustancial que se proyect[a] en la decisión final»[77]. Si bien el acto
administrativo que da a conocer los resultados de la prueba de conocimientos y
aptitudes es un acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de ahondar en
este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer hincapié en la naturaleza
jurídica de la Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la finalización o la
obstaculización del avance de la actuación administrativa que se encuentra en
curso. Por el contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de conocimientos y
aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho acto administrativo sea de trámite, y
no un acto administrativo definitivo […]”.
45. Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela es
improcedente para reclamar la protección de derechos fundamentales, cuando la
vulneración se atribuye a un acto administrativo, excepto si no existe otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía fundamental
infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable o se trate de un
asunto cuyo problema constitucional desborde el marco de competencias del juez
administrativo.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
46. Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por la existencia de otro medio de defensa judicial,
comoquiera que las inconformidades planteadas en este trámite constitucional
recaen en la Resolución núm. CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023 y del Oficio
CJO23-1104 del 9 de marzo de 2023, por medio de las cuales se le excluyó de la
Convocatoria núm. 27, al no acreditar el requisito de experiencia mínima para el
cargo de Magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, acto
administrativo cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir dicho acto administrativo.
47. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay
lugar a amparar los derechos fundamentales invocados por el actor, toda vez que
no advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los
elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible establecer dicha
circunstancia.
Conclusiones de la Sala
48.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 26
de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio
de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de julio de 2023 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Actor: Daniel Alberto Realpe Mejía
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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