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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03060-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03060-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Nelson Orlando García Úsuga contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03060-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de agosto de 2023

Demandante: Nelson Orlando García Úsuga
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03060-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03060-00
Demandante: NELSON ORLANDO GARCÍA ÚSUGA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente por
no superar los requisitos de relevancia constitucional y
agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Nelson
Orlando García Úsuga contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Nelson Orlando García Úsuga, quien acude «como agente especial
interventor actuando en calidad de representante legal de la NUEVA ESE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE QUIBDÓ
CHOCO» presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Chocó y
el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales al «debido proceso, justicia material
igualdad, dignidad humana».

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la providencia de 18 de mayo de 2023, a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Chocó confirmó el auto de 5 de mayo del mismo año, dictado
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, que en el
marco de un incidente de desacato lo sancionó por el incumplimiento de la orden
de tutela impartida en el proceso identificado con el radicado 27001-33-33-004-
2023-00012.

1 El actor inicialmente radicó la acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Chocó, autoridad

judicial que, mediante auto de 7 de junio de 2023, ordenó la remisión del expediente al Consejo de
Estado. El envío se surtió el 13 de junio de 2023. No obstante, el 7 de junio de 2023, el actor
remitió por su cuenta el escrito de tutela, junto con sus anexos, a la Secretaría General de esta
corporación, dependencia que hizo el reparto y el ingreso del expediente al despacho el 9 de junio
de 2023. Por lo tanto, los documentos enviados por el Tribunal Administrativo del Chocó fueron
allegados a este proceso el 13 de junio de 2023.
1
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Demandante: Nelson Orlando García Úsuga
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03060-00

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1. TUTELAR los derechos fundamentales del señor NELSON ORLANDO GARCÍA
USUGA identificado con cédula de ciudadanía número 98.540.478 al debido
proceso, dignidad humana, justicia material con ocasión del auto interlocutorio
número 615 fechado el día cinco (5) de mayo de 2023 emitido por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ que preside la jueza
DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO y confirmada la sanción en grado de
consulta el día dieciocho (18) de mayo de 2023 mediante auto interlocutorio 292
emitido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ en el incidente de
desacato a la tutela con radicado 27001 33 33 004 2023 00012 00.

2. En consecuencia, dejar sin efecto la multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, por resultar contraria a los derechos constitucionales del
señor NELSON ORLANDO GARCÍA USUGA identificado con cédula de
ciudadanía número 98.540.478 con ocasión del auto interlocutorio número 615
fechado el día cinco (5) de mayo de 2023 emitido por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ que preside la jueza DUNNIA
MADYURI ZAPATA MACHADO y confirmada la sanción en grado de consulta el
día dieciocho (18) de mayo de 2023 mediante auto interlocutorio 292 emitido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ en el incidente de desacato a la tutela
con radicado 27001 33 33 004 2023 00012 002.

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que todos los trabajadores de planta del Hospital Departamental San
Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), en calidad de médicos especialistas
vinculados mediante contrato de prestación de servicios, interpusieron una acción
de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana.

Explicó que el conocimiento de la acción de amparo correspondió al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, autoridad judicial que
mediante sentencia de 6 de marzo de 2023, amparó los derechos de los actores y
le ordenó «a la Agente Interventora de la NUEVA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS para que en el plazo de un (1)
mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones y
operaciones administrativas, financieras y/o presupuestales pertinentes y proceda
a cancelar los salarios y honorarios dejados de pagar a los accionantes».

Manifestó que el 27 de abril de 2023, los accionantes interpusieron un incidente de
desacato por el presunto incumplimiento de la citada orden de tutela, razón por la
cual fue vinculado como parte incidentada en ese trámite, en calidad de nuevo
agente interventor del Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó
(Chocó)3.

2 Transcrito del texto original con posibles errores.
3 El actor informó que fue «designado por la superintendencia de salud mediante resolución No.

2023420000002541-6 del veintiuno (21) de abril de 2023 y el acta de posesión DPSS-A- 019 del
veinticuatro (24) de abril 2023»
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Comentó que en el escrito de contestación que radicó en el trámite incidental,
informó que para el momento en que se emitió el fallo de 6 de marzo 2023, la
agente especial interventora de la entidad era la señora Inés Bernarda Loaiza
Guerra, quien ratificó su renuncia a partir del 18 de abril de 2023, por lo que ella
era la llamada a responder por el incumplimiento de la orden de tutela. Es decir
que sustentó su defensa en que solo llevaba 2 días en el cargo y, además, agregó
lo siguiente:

15. Que cómo se manifestó desde la contestación al incidente de desacato, el
actual agente interventor quien para ese momento llevaba dos (2) días en el cargo
procuraría las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo de tutela emitido
por el juzgado, y con ese fin realizó movimientos presupuestales que le permitieron
no sólo pagar a aquellos que presentaron la acción de tutela sino a la totalidad del
personal que presta su servicio de forma personal a la NUEVA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE QUIBDO CHOCO la nómina
cancelada y el pago de las obligaciones surgidas del contrato de prestación de
servicios se realizó para el periodo de noviembre de 2022 se efectuó el día
diecinueve (19) de mayo de 2023 cómo se adjunta en el presente documento4.

Puso de presente que a través de auto de 5 de mayo de 2023, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó lo sancionó con multa equivalente a
1 salario mínimo legal mensual vigente, por considerar que actuó de manera
negligente y omisiva, al eludir injustificadamente el pago de las obligaciones
salariales y demás acreencias emanadas de los contratos de prestación de
servicios suscritos con los trabajadores del Hospital Departamental San Francisco
de Asís de Quibdó (Chocó).

Comentó que la sanción fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante providencia del 18 de mayo de 2023.

Advirtió que el 1.° de junio de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó lo requirió para que acreditara el pago de la sanción que le fue
impuesta.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, toda vez que con las providencias de 5 y 18 de mayo de
2023, incurrieron en el defecto procedimental absoluto.

En primer lugar, el actor aclaró que el Hospital Departamental San Francisco de
Asís de Quibdó (Chocó) se encuentra intervenido administrativamente por la
Superintendencia de Salud, lo que implica una estabilidad financiera de la entidad
que ha conllevado a que no se hayan podido pagar todas las obligaciones
contenidas en la sentencia de 6 de marzo de 2023. No obstante, explicó que sí se
han realizado gestiones en procura de dicho fin.

Informó que en ejercicio de sus funciones, desde el primer día le correspondió
conjurar una crisis en la prestación del servicio de salud ocasionada por la
renuncia masiva de los médicos especialistas y al tener que responder al incidente
de desacato presentado por los trabajadores.

4 Transcrito del texto original con posibles errores.

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Explicó que en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia general
y específicos de la acción de tutela contra providencia judicial, en primer lugar,
porque el asunto es relevante constitucionalmente, dado que al juez le
corresponde dilucidar si las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al sancionarlo por desacato cuando no tenía la totalidad de los
recursos para pagar las obligaciones al momento en que se profirió el auto.

Además, consideró que se agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial que tenía a su alcance, pues el auto que establece la sanción
en el incidente de desacato no tiene recurso alguno.

De igual manera, puso de presente que se encuentra satisfecho el requisito de
inmediatez, teniendo en cuenta que la decisión del 5 de mayo de 2023, que
finalizó el trámite del incidente de desacato se encuentra en firme, mientras que la
solicitud de amparo constitucional fue presentada el 6 de junio de 2023.
Igualmente, adujo que la acción de tutela no está dirigida contra una sentencia la
misma naturaleza, sino contra el auto que resolvió un incidente de desacato.

Alegó que la «discusión ventilada en esta oportunidad no fue posible plantearla en
el curso del incidente de desacato, por cuanto al haber concluido el funcionario
judicial JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ que se había
configurado incumplimiento, dicha decisión no era susceptible de ningún tipo de
recurso, circunstancia que claramente imposibilitó que al actor plantear en el
mismo trámite incidental, la discusión que ahora ocupa al juez de tutela»5.

Reprochó que la titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Quibdó le impuso la sanción por desacato, sin tener en cuenta si verdaderamente
existió una responsabilidad subjetiva del agente interventor ni que en el trámite se
acreditó que la institución no contaba con los recursos necesarios para cumplir
con lo demandado, pero que se realizaron algunas gestiones para efectuar el pago
de lo ordenado en el fallo de 5 de mayo de 2023.

Sobre el defecto procedimental absoluto invocado, consideró que este se originó
porque el juzgado no ponderó la situación del Hospital Departamental San
Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), que se asemeja a un estado de cosas
inconstitucional, pues cuenta con un déficit presupuestal que conllevó a que, para
en el momento del desacato, fuera más importante velar por restablecer la
prestación del servicio de salud a la población chocoana y realizar el pago a
alguno de los proveedores que lo realizan.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 13 de junio de 2023, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Chocó, así como al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó, como autoridades accionadas.

5 Transcripción literal del original con posibles errores.

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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros interesados a los trabajadores de la Nueva E.S.E.
Hospital Departamental San Francisco de Asís [dado que son la parte incidentante].

De igual manera, se requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó
y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó que remitieran
de manera inmediata copia digitalizada del expediente identificado con el radicado
27001-33-33-004-2023-00012-02 y se ordenó a la Oficina de Sistemas de esta
corporación, que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la
referencia en la página web del Consejo de Estado.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes6, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó

La magistrada ponente de la providencia enjuiciada solicitó rechazar por
improcedente el amparo deprecado, dado que no ha existido vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante.

Luego de hacer un recuento sobre las providencias proferidas al interior de la
acción de tutela y su respectivo incidente de desacato, explicó que el tribunal
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, por cuanto pese a que el actor ejerció su derecho a la defensa
y aportó pruebas, no logró acreditar que se había dado cumplimiento a la
sentencia de 6 de marzo de 2023, sino que por el contrario demostró que la
entidad dio prioridad al pago de acreencias adquiridas con terceros, antes que el
pago de salarios de los trabajadores, con lo cual persistía la vulneración de sus
derechos.

Alegó que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos establecidos
por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias que resuelven incidentes de desacato, pues no se explicó cuáles
fueron los defectos en que incurrieron los autos atacados.

6 Mediante constancia de 18 de julio de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado certificó

lo siguiente:

«[…] con el fin de dar cumplimiento a la providencia de trece (13) de junio de dos mil veintitrés
(2023), en la cual se ordeno (sic) notificar a los trabajadores de la Nueva E.S.E. Hospital
Departamental San Francisco de Asís [parte incidentante], se requirió en tres (3) oportunidades al
Hospital Departamental San Francisco de Asís con el fin de aportar direcciones o en su defecto
notificar a dichas personas, sin optener (sic) respuesta aguna (sic).

En virtud de lo anterior, se informa al despacho que no ha sido posible notificar el auto admisorio a
los trabajadores de la Nueva E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís, por lo tanto se
procede a fijar aviso en la pagina (sic) web de la Corporacion (sic)».

Posteriormente, el 19 de julio de 2023, la Secretaría General de la corporación registró en Samai el
aviso a través del cual notificó de la presenta acción de tutela a los trabajadores de la Nueva
E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís.
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Por último, agregó:

Honorable Consejero, la acción de tutela debe ser denegada por improcedente,
pues no cumple con los requisitos de procedencia contra providencias judiciales,
como tampoco se advierte que se le hayan vulnerado los derechos fundamentales
que reclama el actor, pues no ha demostrado aún el cumplimiento de la sentencia
de tutela y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “aun cuando
se haya proferido la decisión de sancionar, el responsable podrá evitar la
imposición de la multa o arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los
derechos fundamentales del actor”7. Lo que quiere decir que el modo de evadir la
sanción que se le impuso, no es la acción de tutela sino el cumplimiento de lo
ordenado en el la sentencia de tutela.

1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó

La autoridad judicial aportó copia del expediente digital que contiene la acción de
tutela identificada con el radicado 27001-33-33-004-2023-00012, así como su
respectivo incidente de desacato. Sin embargo, no se pronunció sobre los hechos
de la presente demanda.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Nelson Orlando García Úsuga contra el Tribunal Administrativo del Chocó y
el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de
las providencias proferidas el 5 y 18 de mayo de 2023, por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó y el Tribunal Administrativo del
Chocó, respectivamente, en el trámite del incidente de desacato identificado con el
radicado 27001-33-33-004-2023-00012-02. Lo anterior, comoquiera que, a juicio
de la parte actora, incurrieron en el defecto procedimental absoluto.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades del defecto
invocado; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de

7 Sentencia T-074 de 2012.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de
tutela de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, dado que
la solicitud de amparo elevada por el señor Nelson Orlando García Úsuga no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 2022.

9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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En el referido fallo la Alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate
que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado
por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es la reiteración de lo contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.12

12 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.

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Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó
que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».14

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general”15. En este orden, el examen de la
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la
simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental».16

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra
decisiones proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe
ser más riguroso17, es decir, se debe constatar la existencia de una
actuación u omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive
en la violación de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas
actúan como tribunales de cierre.

2.4.2. Ahora, es pertinente establecer si los argumentos del tutelante apuntan o no
a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, si trasciende
de una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales18» y si cuentan con la carga argumentativa mínima para ser estudiados.

13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibídem.
16 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.

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Demandante: Nelson Orlando García Úsuga
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03060-00

En el presente caso, el señor Nelson Orlando García Úsuga adujo que se cumple
con el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que le corresponde al
juez constitucional dilucidar si las autoridades accionadas violaron sus derechos
fundamentales al sancionarlo en el trámite del incidente de desacato cuando no se
tenía la totalidad de los recursos para pagar las obligaciones adeudadas con
ocasión al fallo de tutela.

En este punto, es importante señalar que no es suficiente que el tutelante haya
referido que con las decisiones cuestionadas se transgredieron sus derechos
fundamentales al «debido al debido proceso, justicia material igualdad, dignidad
humana».

Lo anterior, comoquiera que es menester que el interesado cumpla con el deber
de argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia
judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique
por parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la
autoridad judicial accionada.

En este caso, el actor para sustentar el defecto procedimental absoluto que
invoca, explicó lo siguiente:

Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento el juez
no ponder[ó] la situación actual de la institución NUEVA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE QUIBDO CHOCO que se
asemeja a un estado de cosas inconstitucional que a la fecha quiere remediar la
superintendencia de salud con la intervención. Al momento de presentar el
desacato la institución cuenta con un déficit presupuestal, que para ese momento
especifico a juicio de un nuevo agente especial interventor sin recursos en las
cuentas de la institución era más importante velar por restablecer la prestación del
servicio de salud a la población chocoana y eso incluía vincular nuevamente a
médicos que pudieran prestar el servicio asistencial reacomodar el presupuesto
para poder pagar como así se hizo no solo a los que presentaron la acción de tutela
y el desacato sino a la población vinculada laboralmente a la institución médica por
contrato laboral y prestación de servicios, de igual manera realizar el pago a alguno
de los proveedores para así prestar el servicio médico.

De igual manera, el accionante se limitó a reprochar que para el momento en que
se inició el incidente de desacato solo llevaba 2 días en el cargo agente interventor
del Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), por lo que
consideró que la llamada a responder era la persona que ejerció dicho puesto con
antelación.

Además, alegó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Quibdó le impuso la sanción por desacato, sin tener en cuenta si verdaderamente
existió una responsabilidad subjetiva ni que en el trámite se acreditó que la
institución no contaba con los recursos para cumplir con lo demandado, pero que
se realizaron las gestiones necesarias para efectuar el pago de lo ordenado en el
fallo de 6 de mayo de 2023.

Sin embargo, estas alegaciones se limitan a atacar las decisiones del Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó y del Tribunal Administrativo
del Chocó y el análisis que estos efectuaron de cara al incumplimiento del fallo de
tutela, lo que de ninguna manera cumple con la carga argumentativa desde la
perspectiva de la vulneración de las garantías fundamentales invocadas.

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Máxime cuando no se explicó cuál fue el trámite ajeno al pertinente que las
accionadas aplicaron, o cuáles fueron las etapas del procedimiento que se
omitieron ni cuál fue el debate probatorio que se pasó por alto, que son las
posibilidades que se pueden dar para la configuración del defecto procedimental.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por el
actor dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos relacionados con la
postura asumida por el juez natural de la causa atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría este mecanismo en una tercera
instancia.

Además, se tiene que el tutelante no justificó por qué el análisis efectuado por el
tribunal fue errado ni controvirtió de manera suficiente el hecho de haber sido
sancionado. Por el contrario, en las manifestaciones hechas en el escrito de tutela
el accionante señaló que «no se ha podido realizar el pago de la totalidad de las
obligaciones contenidas en la sentencia No. 031 del seis (6) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) proferido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
QUIBDÓ».

En consecuencia, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 2022 para
encontrar superado el requisito de relevancia constitucional.

2.4.3. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, las providencias que se cuestionan son las
proferidas el 5 y 18 de mayo de 2023, por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó,
respectivamente, en el trámite del incidente de desacato identificado con el
radicado 27001- 33-33-004-2023-00012-02.

Pues bien, al respecto la Sala advierte que en este caso la solicitud de amparo
tampoco cumple con el requisito de procedibilidad de agotamiento de los
mecanismos de defensa judicial, teniendo en cuenta que el actor tiene a su
alcance dentro del incidente de desacato otro medio para controvertir las
decisiones adoptadas por las autoridades accionadas en el trámite de un incidente
de desacato, como lo es la solicitud de inaplicación de la sanción.

Lo anterior, comoquiera que en su escrito de tutela el actor mencionó que «realizó
movimientos presupuestales que le permitieron no sólo pagar a aquellos que
presentaron la acción de tutela sino a la totalidad del personal que presta su
servicio de forma personal a la NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
FRANCISCO DE ASÍS DE QUIBDO CHOCO la nómina cancelada y el pago de las
obligaciones surgidas del contrato de prestación de servicios se realizó para el
periodo de noviembre de 2022 se efectuó el día diecinueve (19) de mayo de 2023
cómo se adjunta en el presente documento».

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Al respecto, se tiene que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-034 de 2018,
reiteró la posibilidad con la que cuenta el incidentado de evitar la sanción, inclusive
luego de que se haya adelantado todo el trámite de desacato, una vez se acredite
el cumplimiento del fallo:

Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja
data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien
una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de
sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada19;
de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma20, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de
reconvención cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados21.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción:

“[L]a imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar
la sentencia.

“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando.”22

En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el asunto
analizado no es factible la mediación del juez constitucional, por tanto, habrá de
declararse la improcedencia del trámite de la referencia por no cumplirse con los
requisitos de relevancia constitucional y de agotamiento de los mecanismos
judiciales, por los argumentos expuestos en este proveído.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

19 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González

Cuervo
20 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés

Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
21 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la

sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
22 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-171 de 2009, M.P.: Humberto

Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-463 de 2011, M.P.: Nilson
Pinilla Pinilla, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, T-482 de 2013, M.P.:
Alberto Rojas Ríos, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-509 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla,
C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Demandante: Nelson Orlando García Úsuga
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03060-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Nelson Orlando García Úsuga contra el Tribunal Administrativo del Chocó y
el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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