RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03079-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03079-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03079-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la señora María Cristina Granados Velásquez en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03079-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

13 de julio de 2023

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, dictada en
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la
cual se confirmó la decisión de negar las pretensiones tendientes
al reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Incumplimiento
del requisito general de inmediatez y ausencia de una justificación
razonable para la inactividad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora María Cristina Granados
Velásquez en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora María Cristina Granados Velásquez promovió demanda en orden a
que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital,
salud, debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad
social. En consecuencia, solicitó ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

Subsección B, reconocer y ordenar el pago de la pensión de vejez que le
corresponde en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2015-05791-01.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) Instauró demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones), con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos, producto
del silencio administrativo negativo, por la falta de respuesta de las solicitudes que
presentó el 27 y 28 de agosto de 2014 y el 30 de abril de 2015, para el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez. Adicionalmente, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada al
reconocimiento y pago de la prestación referida, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971.

ii) El 1.° de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda y la condenó en
costas. Por lo anterior, interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión.

iii) El 20 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de revocar la
condena en costas.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
al expedir la sentencia del 20 de octubre de 2022, vulneró sus derechos
fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital, salud, debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad social e incurrió en las
siguientes causales específicas de procedibilidad:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

1. Defecto fáctico, al valorar de manera defectuosa el material probatorio aportado,
pues el legislador no dispuso, más allá de la comprobación de la existencia de 20
años de servicio, alguna categoría o condición especial que dicho servicio debiera
tener, de manera que solo debe probarse el tiempo de servicio sin tenerse en cuenta
el tipo de vinculación, por lo que resultaría valida tanto la vinculación legal y
reglamentaria como la de los contratos de prestación de servicios con entidades
públicas.

2. Defecto sustantivo, debido a que la Subsección accionada, al afirmar que las
«vinculaciones de la accionante mediante la modalidad de contratos de prestación de
servicios, no pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales, puesto que no
probó que durante esos periodos hubiera realizado cotizaciones para pensiones»,
incluye una condición que no estaba establecida en el régimen especial aplicable a la
accionante.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 15 de junio de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, (ii) vinculó a Colpensiones, como tercero interesado en los resultados
del proceso, y (iii) comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, para que notificara a todos los sujetos que intervinieron en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-
23-42-000-2015-05791-00/01, a excepción de la señora María Cristina Granados
Velásquez y de la entidad precitada, y, adicionalmente, remitiera copia digital del
expediente referido.

1.2.2. El 22 de igual mes y año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, en cumplimiento del anterior requerimiento, notificó del auto
admisorio de la acción de la referencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, a la Personería Distrital de Bogotá, a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
– Caprecom, hoy administrada por la FIDUPREVISORA S.A., a la Agencia Nacional
de Tierras, a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, a la Dirección Nacional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

de Inteligencia, a la Fiscalía General de la Nación, al Fondo Nacional del Ahorro, a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), a la Organización de las Naciones Unidas ONU y a
la procuradora 4 judicial para asuntos administrativos.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Defensoría del Pueblo

La secretaria ejecutiva de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo Nacional,
Elizabeth Alfonso Garzón, informó que remitió a la Regional de Bogotá la constancia
de notificación del auto admisorio de la presente acción junto con todos sus anexos,
por ser la entidad competente.

1.3.2. Dirección Nacional de Inteligencia

La jefe de la Oficina Jurídica, Lady Gisela García Colorado, afirmó que la Dirección
Nacional de Inteligencia no tiene ningún tipo de relación jurídica con la accionante,
por lo que carece de todo fundamento jurídico pretender que esa entidad responda
por actuaciones que no son de su resorte funcional, máxime cuando del escrito de
tutela no se desprende ninguna actuación por parte de esa entidad. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

1.3.3. Colpensiones

La directora de Acciones Constitucionales, Maryluz Ávila Gómez, aseguró que la
acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad que permita revocar la
providencia cuestionada, puesto que no se materializó ningún vicio o defecto que
diera lugar a la vulneración de los derechos fundamentales reclamados. Además,
sostuvo que el legislador implementó en el proceso ordinario medios judiciales
idóneos para debatir lo allí resuelto, sin que pueda utilizarse el mecanismo de
amparo como una tercera instancia, por lo que requirió declarar improcedente la
acción de la referencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

1.3.4. Fondo Nacional del Ahorro

La representante judicial Carmen María Romero Rodríguez se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, comoquiera que la entidad no vulneró ninguno de
los derechos fundamentales invocados por la accionante, de manera que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Adicionalmente, advirtió que no se cumple
el requisito de subsidiariedad, puesto que existen otras actuaciones que permitirían
satisfacer el derecho pretendido.

1.3.5. Ministerio de Relaciones Exteriores

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Privilegios e Inmunidades, en cumplimiento
de la función de ser el canal diplomático, remitió la nota LEG 23/00964 del 23 de
junio de 2023, mediante la cual la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) se refieren al asunto de la referencia.

1.3.6. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)

La Organización manifestó que goza de inmunidad frente a toda la jurisdicción
nacional, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por
Colombia en las Leyes 13 de 1945, 181 de 1948 y 62 de 1973, lo que implica que los
jueces de la República no pueden impartirle órdenes, pues de hacerlo no solo
estarían afectado la autonomía de aquella, sino también desconociendo el principio
de horizontalidad que debe existir en la relación de los sujetos de derecho
internacional.

1.3.7. Personería de Bogotá

La abogada Kely Johana Fernández Varón indicó que no es la competente para
resolver de fondo la solicitud de la accionante, pues si, eventualmente, se prueba
que la providencia cuestionada incurrió en alguna de las causales previstas por la
jurisprudencia para la procedencia excepcional de la tutela, la decisión que ponga fin
a la acción de amparo debe obligar únicamente a la autoridad que tiene a cargo el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

proceso ordinario. Por lo anterior, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la entidad que representa y, en consecuencia, desvincularla del
presente trámite.

1.3.8. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

El subdirector de Defensa Judicial Pensional, Javier Andrés Sosa Pérez, sostuvo que
la acción de tutela es improcedente, debido a que (i) el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ya se
pronunciaron sobre el litigio, de tal forma que sus decisiones hicieron tránsito a cosa
juzgada; (ii) la accionante no demostró cómo la sentencia cuestionada vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, entre otros, y (iii) la acción de
tutela no cumple con el requisito general de inmediatez, puesto que la providencia
que pretende controvertirse fue proferida hace más de ocho meses y no existe una
razón válida que justifique de manera razonable la interposición tardía de este
mecanismo. En esos términos, solicitó negar el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, ordenar el archivo del
presente expediente constitucional.

1.3.9. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
La jefe de la Oficina Jurídica, Viviana Marcela Beltrán Bustos, afirmó que la AUNAP
no tiene injerencia en los hechos que supuestamente alega la parte accionante como
violatorios de sus derechos fundamentales y sobre los cuales se solicita el amparo,
por lo que consideró que no era procedente realizar un pronunciamiento sobre lo
expuesto en el escrito de tutela.

1.3.10. Agencia Nacional de Tierras

La profesional del derecho Luisa Manuela Giraldo Pamplona indicó que la entidad a
la que representa no es la responsable de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la señora María Cristina Granados Velásquez, por lo que requirió
declarar improcedente la acción de la referencia, al haberse configurado la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

1.3.11. Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos Pilar Amparo
Romero Guarnizo consideró que la acción de amparo en relación con la Fiscalía
General de la Nación debe negarse, debido a que esta no hizo parte del proceso con
radicado 2015-05791-00, de ahí que carece de legitimidad para actuar dentro de la
presente acción constitucional, ya que no existe una relación de causalidad entre sus
actuaciones u omisiones y la presunta vulneración los derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, salud, vida, dignidad humana e igualdad invocados por
la tutelante.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo
previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y
se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del
20 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicado 25000-23-42-000-2015-05791-01. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si con la adopción de esta providencia, se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-05791-
00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. La señora María Cristina Granados Velásquez instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones, con el fin de obtener la
nulidad de los actos administrativos producto del silencio administrativo negativo, por
la falta de respuesta de las solicitudes que presentó el 27 y 28 de agosto de 2014 y
el 30 de abril de 2015. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó (i) el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971; (ii) los retroactivos, reajustes e
indemnizaciones a que haya lugar; (iii) condenar en costas a la parte demandada, y
(iv) el pago un día de salario por cada día de mora en la cancelación de las deudas
laborales.

2.4.2. El 1.° de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante. Por lo anterior, el 11 de diciembre de igual
anualidad, la parte mencionada interpuso recurso de apelación en contra de esa
decisión.

2.4.3. El 20 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido
de que revocó la condena en costas, al considerar que, en primer lugar, la
demandante no logró acreditar el cumplimiento de los 20 años de servicios exigidos
en ninguno de los regímenes estudiados, esto es, el Decreto 546 de 1971 y la Ley 71

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

de 1988 y, en segundo lugar, que en el trámite no se observaba que se hubiesen
causado costas procesales o un actuar temerario de las partes.

2.5. Análisis del caso en concreto

La señora María Cristina Granados Velásquez presentó acción de tutela, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana,
mínimo vital, salud, debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad
y seguridad social, los cuales consideró vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, al expedir la sentencia del 20 de octubre de 2022
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número 25000-23-42-
000-2015-05791-00/01, comoquiera que incurrió en defecto fáctico y sustantivo, al
no atender a lo probado en el expediente y a las condiciones expresamente
señaladas en el Decreto 546 de 1971.

Pues bien, examinado el expediente digital del proceso referido, se observa que la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fue
notificada por correo electrónico a las partes el 10 de noviembre de 2022, por lo que
adquirió ejecutoria el 18 de igual mes y anualidad, puesto que, de conformidad con
lo previsto en el ordinal 2.° del artículo 205 del CPACA,3 la notificación se entenderá
realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, es
decir, que en este caso, la notificación se materializó el 15 de noviembre de 2022.
De manera que el término de ejecutoria empezó a correr a partir del día siguiente, es
decir, el 16 de igual mes y año y finalizó el 18 de igual mensualidad y anualidad4.

Ahora, si bien es cierto que el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud
del carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo,
esta debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del
evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos

3 Modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021
4 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de
audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o
han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

fundamentales, con el fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo
se convierta en un factor de inseguridad jurídica y evitar su uso como herramienta
supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la
finalidad de la acción.5

En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de
agosto de 2014,6 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia
cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez
que se encuentran en juego los principios de la cosa juzgada y de la seguridad
jurídica, razones por las cuales acogió, como regla general, un plazo de seis meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia que se discute.

En esa medida, la Subsección considera que la presente solicitud de amparo no
satisface los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el
término para su ejercicio, pues dicho plazo se cumplió el 19 de mayo de 2023; sin
embargo, la acción solo fue instaurada hasta el 9 de junio del mismo año, tal y como
se observa a continuación:

Por tanto, se colige que la accionante superó ampliamente el término prudencial de
seis meses establecido por la jurisprudencia para la presentación del mecanismo de
amparo contra providencias judiciales.

5 Sentencia T-187 de 2012, entre otras.
6 Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 11001 03 15 000 2012 02201-01 (IJ), Demandante: Alpina

Productos Alimenticios S. A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

No obstante, como el solo paso del tiempo, no habilita al juez constitucional para
considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse si la
tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una causa
válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable.

Así, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte
Constitucional evaluó dicho período a partir de las siguientes reglas:

«[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad
o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […]».

Con fundamento en lo expuesto, al revisar el material probatorio aportado por la
parte accionante, se tiene que el 19 de enero de 2023 aquella solicitó a la Secretaría
de la Sección Segunda de esta corporación expedir copia auténtica de la sentencia
hoy cuestionada, debido a que solo hasta el día anterior pudo consultar en la página
web de la Rama Judicial el referido proceso. Sin embargo, se aclara que, de acuerdo
con la información que reposa en el sistema de gestión judicial SAMAI al consultar el
proceso 25000-23-42-000-2015-05791-00/01, la sentencia fue notificada por correo
electrónico a la accionante el 10 de noviembre de 2023, por lo que es a partir de la
ejecutoria de aquella que debe contabilizarse el término de inmediatez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

Ahora, si bien es cierto que la accionante manifestó que es una adulta mayor, que no
cuenta con los recursos y medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas y
que no se encuentra afiliada a alguna EPS, también lo es que estas circunstancias
no permiten flexibilizar la exigencia aquí estudiada, en la medida en que la demora
en la presentación de la solicitud de amparo da cuenta que la accionante no se
encuentra en una circunstancia de extrema urgencia que amerite la intervención
constitucional, más aún si al revisar la página web de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se evidencia
que, contrario a lo afirmado por la señora Granados Velásquez, aquella se encuentra
afiliada a la EPS Sanitas S.A.S., en estado activo, desde el 30 de octubre de 2020.

Por tanto, se colige que la presente solicitud de amparo no superó la exigencia
general de procedibilidad aquí estudiada, pues además de que la accionante excedió
el término previsto como prudencial para la interposición de este mecanismo, no
acreditó siquiera sumariamente la ocurrencia de alguna circunstancia que justificara
su inactividad.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la acción de tutela instaurada por la señora María Cristina Granados
Velásquez no superó el requisito general de inmediatez, comoquiera que se
presentó por fuera del término prudencial establecido por la jurisprudencia, sin que
se hubiese justificado su tardanza; por tanto, se rechazará por improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03079-00
Accionante: María Cristina Granados Velásquez

F A L L A:

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
María Cristina Granados Velásquez en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.