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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03079-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
17 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03079-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03079-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03079-01
Demandante: MARÍA CRISTINA GRANADOS VELÁSQUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplieron los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional /
INMEDIATEZ – No se cumple en este caso, dado que se instauró la acción de tutela más de
seis después de la notificación de la providencia censurada / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 13 de julio de 20231, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, que rechazó la acción de tutela por improcedente.

I. AN T ECE DE NT ES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de junio de la presente anualidad, la señora María Cistina Granados Velásquez
presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y acceso a la
administración de justicia. Formuló la siguiente pretensión:

De conformidad con los anteriores fundamentos de hecho y de derecho,
respetuosamente, Solicito al Señor Juez Constitucional amparar mis invocados,
referidos, inicialmente descritos mis Derechos Fundamentales pertinentes, mi
derecho al de Acceso a la Justicia, al debido proceso, al mínimo vital y a la salud,
entre otros, invocados, ** y Ordenar a la referida PARTE DEMANDADA
ACCIONADA CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”,
MAGISTRADO PONENTE, DR. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Y A LOS DOS
RESPECTIVOS Y REFERIDOS MAGISTRADOS CONSEJEROS QUE

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Se advierte que, el 11 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

CONFORMARON SALA, RESPECTIVA, ** Reconocer y Ordenar Pagar la
Pensión que me corresponde.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la señora María Cistina Granados
Velásquez narró que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra COLPENSIONES para que le fuera reconocida la pensión de vejez bajo el
amparo del Decreto 546 de 1971, de la cual conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, quien negó las pretensiones en
sentencia del 1º de noviembre de 2018.

Contra la decisión interpuso el recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del 20 de octubre
de 2022, en la que se confirmó la negativa.

La accionante adujo que no comparte los argumentos esgrimidos por la autoridad
judicial de segunda instancia, por cuanto, en su sentir, trabajó por más de 20 años al
servicio del Estado Colombiano, 10 de ellos en el Ministerio Público, y por ende, tiene
derecho a que se le reconozca la pensión con el régimen que reclama.

Recalcó que es una adulta de 68 años, vulnerable, extremadamente necesitada, que
no cuenta con recursos para su manutención, se encuentra desprotegida y no tiene
posibilidades laborales, por lo que requiere, con apremio, que se resuelva su situación
favorablemente.

1.3. Argumentos de la tutela

Señaló que la tutela cumple con los requisitos generales para su procedencia contra
providencia judicial.

En cuanto al tiempo para presentar la acción de la referencia, explicó que, con
anterioridad, interpuso tutela por mora judicial, para obtener pronta resolución de su
caso en segunda instancia, en cuyo fallo calendado el 28 de octubre de 2022, dicho
de paso, negatorio de las pretensiones, se consignó que, en los meses de octubre y
noviembre de 2022, el expediente ordinario se encontraba al despacho del
magistrado ponente para proferir la sentencia.

Afirmó que, en los meses siguientes, esto es noviembre y diciembre de 2022 y enero
de 2023 consultó la página web de la Rama Judicial, pero no encontró que se hubiera
registrado fallo alguno. Sin embargo, con posterioridad y de manera sorpresiva

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Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

encontró una anotación de sentencia con fecha de 20 de octubre de 2022, razón por
la cual, en la segunda quincena de 2023, vía correo electrónico solicitó que le
remitieran el fallo de segunda instancia.

La accionante señaló que la providencia cuestionada incurre en las siguientes
causales específicas de procedencia:

Defectos fáctico y sustantivo. Porque en su sentir, en el proceso ordinario se
probaron todas las condiciones exigidas por el Decreto 546 de 1971 para acceder a
la pensión allí regulada, máxime si se tiene en cuenta que acreditó ser beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Insistió en que, se presenta una vía de hecho, como quiera que la autoridad
demandada no reconoce que la accionante acredita más de 20 años de servicio al
Estado, 10 de ellos, laborando para el Ministerio Público.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de junio de 2023, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, quienes
conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
tramitó con el radicado 25000 23 42 000 2015 05791 01, y los requirió para que se
pronunciara al respecto. Asimismo, vinculó como tercero con interés a la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES -, quien fungió como
demanda en el referido proceso ordinario, y comisionó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, para que, de acuerdo con la
información que reposa en el expediente, notificara del trámite constitucional a todas
las personas que intervinieron en el proceso ordinario.

2.2. La apoderada de COLPENSIONES manifestó que la tutela no cumple los
requisitos para su procedencia contra una providencia judicial, y por lo tanto, no puede
revocarse la sentencia de segunda instancia como lo pretende la actora, máxime si se
tiene en cuenta que, en estos casos, priman los principios de cosa juzgada y
autonomía judicial.

2.3. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- señaló que la tutela es
improcedente porque pretende convertir este mecanismo constitucional en tercera
instancia, pasando por encima de la autonomía judicial y de la decisión acogida por el

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Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

juez natural de la causa en primera y segunda instancia. Agregó que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, y por ende, solicitó que se le excluya de la litis.

2.4. El apoderado del Fondo Nacional del Ahorro solicitó que se declare improcedente
la tutela, toda vez que, no se advierte vulneración de derecho fundamental alguno y
además, existen otros mecanismos ordinarios a los que la accionante puede acudir
para reclamar el pago de su prestación. Asimismo, deprecó que se le excluya del
extremo pasivo.

2.5. La Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera del P.A.R. CAPRECOM
LIQUIDADO, intervino para señalar que no existe nexo de causalidad entre la presunta
violación de los derechos fundamentales invocados por la accionante y su accionar o
el de la extinta CAPRECOM EICE, por lo que solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

2.6. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación adujo que
no fue parte del proceso ordinario en el que se discutió el derecho pensional de la
accionada, y por lo tanto, solicitó ser desvinculada e estas diligencias.

2.7. La Personería de Bogotá adujo que no tiene competencia para satisfacer las
pretensiones de la accionante. En todo caso, realizó un corto recuento de los servicios
que la actora prestó a esa entidad.

2.8. La apoderada de la Agencia Nacional de Tierras solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a la inexistencia de vulneración de los
derechos reclamados y la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.9. La apoderada de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP –
manifestó que no le constan los hechos de la demanda y que se deben negar las
pretensiones, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la
actora. Solicitó que se le desvincule del proceso, porque no tiene legitimación en la
causa por pasiva.

2.10. La Dirección Nacional de Inteligencia afirmó que la actora no tuvo vinculación
laboral de ningún tipo con esa entidad y que revisados los archivos encontró que tuvo
relación con el extinto DAS, sin embargo, aclaró que no es sucesora procesal de esa
entidad y por lo tanto, no se le puede endilgar responsabilidad alguna en la violación
de los derechos invocados.

2.11. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

(FAO), por medio de la coordinadora del grupo de trabajo de Privilegios e
Inmunidades, señaló que cuenta con inmunidad diplomática e informó que la
accionada no trabajó para la FAO.

2.12. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, no intervino en esta
oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia proferida
el 13 de julio de 2023, rechazó la solicitud de amparo por improcedente, habida
consideración a que no encontró cumplida la exigencia de la inmediatez.

Argumentó que, pese a lo manifestado por la accionante, quien aseguró que el 19 de
enero de 2023 solicitó a la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación
copia auténtica de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario -hoy
cuestionada-, lo cierto es que, en el sistema de gestión judicial SAMAI se encuentra
que la providencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 10 de noviembre
de 2023.

Así las cosas, la providencia cuestionada cobró ejecutoria el día 18 de noviembre de
2023, y a partir de ese momento, debe contarse el término de 6 meses para interponer
la acción, conforme a la jurisprudencia vigente en la materia, plazo que se extendió
hasta el 19 de mayo de 2023, sin que la señora Granados Velásquez interpusiera la
tutela.

Ahora bien, examinadas las circunstancias particulares, el a quo no encontró
justificación para la tardanza en presentar la acción, y tampoco una situación de
extrema urgencia que amerite flexibilizar el requisito de inmediatez, más aún,
teniendo en cuenta que, una vez verificado el aplicativo ADRES, evidenció que la
demandante está afiliada a la EPS Sanitas S.A.S. en el régimen contributivo desde el
30 de octubre de 2020.

4. Impugnación

La accionante sostuvo que interpuso la tutela dentro del término exigido y cumplió los
demás requisitos señalados por la jurisprudencia para la procedencia de la tutela
contra providencia judicial.

Señaló que a la sentencia cuestionada le pusieron fecha del 20 de octubre de 2022,
cuando lo cierto es que, para los meses de octubre y noviembre de ese año, al proceso
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Demandante: María Cristina Granados Velásquez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

estaba al despacho para fallo, y revisada la página web no aparecía registro alguno
sobre el particular.

Adujo que el correo que envió a la Secretaría de la Sección Segunda de esta
Corporación en enero de 2023, solicitando la copia de la providencia, es prueba
suficiente para concluir que a esa fecha no conocía la sentencia, ya que sólo le fue
notificada en la «segunda quincena de enero de 2023».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo proferido el 13 de julio de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual se negó el amparo por
improcedente.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento de
los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se
reúna estas exigencias y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró
los derechos fundamentales invocados por la accionante.

2. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no
cumple con el requisito de inmediatez, tal y como lo analizó el a quo.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es la inmediatez
con que se interponga la acción de tutela. Con base en este requisito, se debe
acreditar que la tutela contra una providencia judicial se interpuso en un plazo
razonable.

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del
accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutela
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

contra providencias judiciales es razonable, pues «de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación, el requisito de la inmediatez protege
los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un
plazo irrazonable»; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el
amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene el abuso del
derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos».

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir
de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».

Para esta Subsección 2, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación
de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión
que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la
configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela
contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede contabilizar
el término de 6 meses desde la ejecutoria de la decisión 3 en los casos que se hubiese
realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de
aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad,
siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes, pues los pronunciamientos
que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión
que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser
objeto de cuestionamiento.

De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos denominados

2
En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
3
El artículo 331 del C.P.C. (norma aplicable) establecía: «Las providencias quedan ejecutoriadas y son
firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia
que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de
una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias
sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta».
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Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del accionante 4.

En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del
actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo represente
una seria afectación a la seguridad jurídica 5.

Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que se
demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la originó es
«muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la especial situación
del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de acudir al juez 6.

En el caso bajo estudio, se advierte que la providencia contra la cual se dirige la tutela
fue proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el
20 de octubre de 2022, y se notificó el 10 de noviembre de la misma anualidad 7. Así
lo refleja el aplicativo SAMAI y también la página web de la Rama Judicial, que en la
consulta del proceso arroja lo siguiente:

4
Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
5
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
6
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
7
Expediente digitalizado consultado en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

No es de recibo el argumento esgrimido por la accionante, según el cual revisó la
página web en noviembre y diciembre de 2022, y enero de 2023, y no aparecía el
registro de la sentencia ni de su notificación, toda vez que, como se evidencia en la
anterior consulta, la «Sentencia» aparece con fecha de actuación del 20 de octubre
de 2022 y con fecha de registro el 24 del mismo mes y año; igualmente, el «Envío de
notificación», aparece con fecha de actuación y registro el 10 de noviembre de 2022.
En ambos casos, la fecha de registro indica que la actuación fue ingresada en el
sistema en ese día y no otro, puesto que no es una plataforma susceptible de
modificación.

Con claridad sobre lo anterior, la Sala estima razonable contar el término de 6 meses
a partir del 10 de noviembre de 2022, fecha de notificación de la providencia contra la
cual no procedía recurso alguno. En ese sentido, como la solicitud de amparo se
radicó el 9 de junio de 2023, esto es, 6 meses y 29 días después de la notificación de
la referida providencia, se advierte que fue extemporánea.

Es evidente, entonces, que siendo el registro en la plataforma SAMAI y en la página
de consulta de procesos fuente de información fidedigna, la actora tuvo conocimiento
de la providencia el 10 de noviembre de 2022 y, por ende, debió instaurar la demanda
de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales que ahora invoca
como vulnerados, dentro de los seis meses siguientes.

Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, aunque la señora Granados
Velásquez señala insistentemente que tiene 69 años, que se encuentra en total estado
de abandono y desprotección, sin ingresos que le aseguren su sustento, lo cierto es
que no se encontró acreditado que alguna de esas condiciones haya incidido en la
presentación tardía de la solicitud de amparo. Por el contrario, si la situación descrita
requería protección urgente, con mayor razón debió acudir prontamente al juez de
tutela con ese propósito, y no dejar pasar más de 6 meses para hacerlo. La Sala
tampoco advierte que existan otras circunstancias especiales que le hubieran
impedido a la señora Granados Velásquez ejercer oportunamente la acción de tutela.

Además, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, si bien el
análisis de la inmediatez debe hacerse en cada caso concreto ponderando las
circunstancias particulares de los sucesos, este requisito debe valorarse de manera
rigurosa tratándose de embates contra providencias judiciales, por lo que le
corresponde a la parte actora erigir una carga argumentativa superior que justifique la
tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional. Esto dijo la Corte en la
sentencia SU-037 de 2019:

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Demandante: María Cristina Granados Velásquez
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Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

8.10. En relación con el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Corte ha señalado que, por un lado, (i) el examen de este requisito
debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de amparo se
estarían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la garantía de la cosa
juzgada, así como la presunción de acierto con la que están revestidas las
providencias judiciales ; y por otro lado, (ii) la carga de argumentación en cabeza
del demandante para justificar su inactividad aumenta de manera proporcional a
la distancia temporal que existe, entre la presentación del amparo y el momento
en que se consideró que se vulneró su derecho, ya que “el paso tiempo reafirma
la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las
sentencias” .

Se observa, entonces, que la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no
resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte
accionante se encontrara en una situación especial, máxime si se tiene en cuenta que
la accionante señaló ser abogada y, además, la solicitud de amparo no requiere de
formalidades para su presentación.

En esas condiciones, como se anticipó, la Sala, al igual que el a quo, considera que
la acción de tutela deviene improcedente porque no cumple el requisito de inmediatez.

Sumado a lo anterior, la Sala encuentra que la solicitud de amparo tampoco cumple
con el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que carece de
la carga argumentativa mínima requerida para cuestionar providencias judiciales a
través de la acción de tutela, toda vez que, si bien la parte actora manifestó su
desacuerdo con la decisión proferida por la autoridad accionada, por considerar que
acredita más de 20 años de servicio público, 10 de los cuales fueron en el Ministerio
Público, lo cierto es que no se preocupó por explicar con suficiencia las causales
específicas de procedibilidad que, según ella, vician la providencia atacada.

Aunque en el escrito se cita como causal específica de procedencia el defecto fáctico,
no se encuentra con claridad la expresión de cuáles son los medios de prueba que,
en su sentir, no fueron analizados o lo fueron defectuosamente.

Lo mismo ocurre con el defecto sustantivo invocado, toda vez que ni de la solicitud de
amparo, ni de la alzada, se establece cuál o cuáles son los preceptos legales que, en
su entender, se inaplicaron o interpretaron en forma caprichosa o irracional y menos
aún sustenta por qué considera que el operador judicial incurrió en la arbitrariedad
alegada.

Al respecto, es pertinente recordar que el defecto sustantivo se configura cuando el
juez en ejercicio de su autonomía e independencia desborda la Constitución o la ley
en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores, pero, no
cualquier divergencia frente al criterio interpretativo en una decisión judicial configura
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Demandante: María Cristina Granados Velásquez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

un defecto sustantivo, sólo aquellas que resultan irrazonables, desproporcionadas,
arbitrarias y caprichosas pueden ser objeto de la acción de tutela. En este caso, el
defecto sustantivo alegado por la accionante refleja únicamente su inconformidad con
la decisión acogida por el ad quem en el proceso ordinario, sin que de lo expuesto por
la libelista se establezca la existencia de arbitrariedad alguna que fundamente el
amparo solicitado.

En suma, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se cumpla
con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que resulta
necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional
ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los
parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.

De otra parte, la Sala advierte que la accionante pretende convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de la autoridad
accionada, porque considera que presentó argumentos y pruebas suficientes para que
se ordenara el reconocimiento de su pensión bajo el amparo del Decreto 546 de 1971,
lo cierto es que no esgrime un argumento contundente que desvirtúe la decisión
adoptada por el Consejo de Estado, y se limita a reiterar lo dicho en el curso del
proceso ordinario sobre su estado de desprotección y la necesidad de acceder a la
pensión porque, en su entender, trabajó más de 20 años al servicio del Estado, 10 de
los cuales sirvió al Ministerio Público.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el proceso ordinario y
los propuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos alegados
en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido
por la autoridad judicial, consistente en que, desde la óptica particular de la parte
accionante, se debe ordenar a COLPENSIONES que reconozca a su favor la pensión
de jubilación consagrada en el Decreto 546 de 1971, por haber laborado, se reitera,
20 años al servicio del Estado, 10 de ellos en el Ministerio Público .

La Sala observa con claridad que tanto en el proceso ordinario como en la acción de
la referencia, la parte actora insiste en que los diferentes periodos en que prestó sus
servicios a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios deben ser
contabilizados como tiempo laborado en calidad de servidora pública, así como

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Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

también deben tenerse en cuenta los periodos trabajados y no cotizados, para
acreditar el requisito exigido por la ley para acceder a la prestación.

Sin embargo, del razonamiento efectuado por el juez natural de la causa de segunda
instancia, se encuentra con claridad el análisis de los tiempos de servicios prestados
por la accionante, en contraste con la norma que consagra la pensión de jubilación a
la que aspira (D. 546/71). Así lo explicó el juzgador en el proceso ordinario:

Visto lo anterior, la Sala resalta que en el sub judice no está en discusión que la
accionante es beneficiaria del régimen de transición; dado que, se encuentra
acreditado que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994),
contaba con 39 años de edad, y cumple con el requisito de las 750 semanas de
cotización al 25 de julio de 2005 establecidas en el parágrafo transitorio 4 del
Acto Legislativo 01 de 2005; por tanto, le es aplicable lo preceptuado en el
régimen anterior al cual se encontraba vinculada.

No obstante, la interesada solo acreditó en calidad de servidora pública 17 años,
10 meses y 8 días (6521 días), toda vez que no cumple con el requisito de 20
años de tiempos públicos para acceder a la aplicación del régimen especial de
la Rama Judicial, regulado en el Decreto Ley 546 de 1971, como pasa a
explicarse:

En efecto, el Decreto 546 de 1971 creó “un régimen de seguridad social y
protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares”, establecido en favor de aquellas
personas que hayan prestado sus servicios a la Rama Judicial o al Ministerio
Público, el cual prevé en el artículo 6 unas condiciones especiales para acceder
al reconocimiento de la pensión: i) 20 años de servicio de los cuales 10 son
exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Público; y, ii) 55 años de edad, si
son hombres y 50 si son mujeres.

Frente a la interpretación de los tiempos de servicios exigidos en el Decreto 546
de 1971, para tener derecho al reconocimiento de la pensión especial, esta Sala
en sentencia del 15 de mayo de 20198 al hacer una lectura integral de los
artículos 6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971, se apartó del criterio fijado en la
sentencia de 24 de septiembre de 20159. Se consideró que el tiempo de
servicios de 20 años requerido como condición necesaria para el reconocimiento
de la pensión especial de jubilación es solo el que se haya prestado en el
sector público u oficial, sin que haya lugar a computar tiempos privados.

Se explicó entonces que solo a partir de la Ley 71 de 1988, expedida con
posterioridad al régimen especial para empleados de la Rama Judicial, el
legislador estableció la pensión de jubilación por aportes, en los términos
señalados en el artículo 7 ídem, así: (…)

En este orden de ideas, el citado fallo de 15 de mayo de 2019 concluyó que los
20 años de servicio a los que se refiere el artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
deben ser solo en el sector público, tesis contraria a la que sostuvo la Sección
Segunda a partir de la sentencia de 24 de septiembre de 2015, donde se dijo,
con fundamento en la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia
T-430/11, que “teniendo en consideración que el texto literal del artículo 6º del
Decreto 546 de 1971 no exige que necesariamente los 20 años de servicio
hayan sido prestados exclusivamente en el sector público”, se pueden tener
“como válidos para acceder a la prestación allí ordenada, los tiempos de servicio
tanto públicos como privados, siempre y cuando se acrediten los 20 años y que

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente: César Palomino Cortés, sentencia de 16 de mayo
de 2019, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00479-01 (2089-2012)
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), Radicación Número: 25000 -23-42-000-2012-00752-
01(2245-13), Actor: José Ferney Paz Quintero, demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS.
12

Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

10 de ellos, continuos o discontinuos, lo hayan sido al servicio de la Rama
Judicial y/o el Ministerio Público”.

Sin embargo, para esta Sala los 20 años de servicio, continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto 546 de 1971, se refieren a los
prestados al sector público, aun cuando la literalidad del artículo 6 ídem no lo
diga. Así, la interpretación adecuada del régimen especial de pensiones de la
Rama Judicial no permite hacer extensivos los beneficios que el legislador ha
previsto para un grupo de servidores públicos a quienes solo hayan prestado
sus servicios por 10 años a la Rama Judicial y el tiempo restante lo
complementen con vinculaciones al sector privado, pues esta interpretación
daría lugar a la creación de un régimen pensional no previsto ni autorizado por
la ley10.

Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es
que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de una pensión especial
de jubilación de acuerdo con el Decreto 546 de 1971 porque no cumplió 20
años de servicio al sector público.

Adicionalmente que los tiempos servidos por la accionante en la Defensoría del
Pueblo mediante vinculación por contrato de prestación de servicios son
considerados como independientes; dado que, el régimen de cotización para
contratistas del estado se rige diferente a las relaciones de trabajo; motivo por
el cual no es viable computarlos como tiempos públicos.

Hay que mencionar, además que, de las pruebas obrantes en el plenario, y de
la misma contestación del recurso vertical; se demuestra con certeza que María
Cristina Granados Velázquez respecto de las vinculaciones laborales en la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ejecutó en el Incora y en
la Personería Distrital de Bogotá (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Proyecto Col/98/013), no hizo aportes y/o cotizaciones para pensión.

Puestas, así las cosas, y respecto de tales tiempos, la Sala precisa que no se
pueden tener en cuenta para efectos pensionales; pues se infiere, en principio,
que debió realizar los respectivos aportes para efectos de la pensión; sin
embargo, como se dijo el líneas atrás, en el plenario no obra prueba de ello.

En este punto, es menester precisar que el legislador ha impuesto la
obligatoriedad de realizar aportes parafiscales a pensión, a fin de que la entidad
de previsión obligada pueda pagar sin detrimento patrimonial las prestaciones
que por ley debe reconocer, entre ellas, las pensiones, en consonancia con el
principio de sostenibilidad financiera del sistema y solidaridad, en razón de los
aportes a los que aquellos están obligados 11.

De acuerdo con lo anterior, la Subsección advierte que la señora Granados
Velázquez para la fecha en que solicitó el reconocimiento de su pensión de
jubilación, no logró acreditar haber realizado cotizaciones durante el tiempo en
que laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios 12; y, en ese
sentido, se reitera que los contratistas están obligados a realizar los aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones en virtud de lo dispuesto en la Leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas complementarias.

Así las cosas, como quiera que la actora no realizó cotizaciones durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicios, los tiempos laborados bajo
dicha modalidad no pueden tenerse en cuenta para efectos pensionales. Mas
aún, que no logró acreditar 20 años de servicio de conformidad con lo normado
en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 y la sentencia del 15 de mayo de 2019,

10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 85001-23-33-000-2015-00043-01(4915-15). M P. César
Palomino Cortés.

11
Sobre el particular, ver la sentencia del 18 de febrero de 2021 con Radicado núm. 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-
2014).
12
Radicado 25000-23-25-000-2007-00242-01, de 4 de marzo de 2021 CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

13

Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

que establece su aplicación cuando (se haya prestado en el sector público u
oficial).

De esta forma, la autoridad judicial accionada explica, apoyada en jurisprudencia
sobre la materia, que para acceder a la pensión bajo el imperio del Decreto 546 de
1971, es necesario acreditar 20 años de servicio al sector público, de los cuales, al
menos 10, continuos o discontinuos, lo hayan sido al servicio de la Rama Judicial y/o
el Ministerio Público, requisito que no demostró la accionante, porque solamente
acredita haber laborado en calidad de servidora pública 17 años, 10 meses y 8 días
(6521 días), Además, existen algunos periodos laborados, a través de la suscripción
de contratos de prestación de servicios, en los que no se probó la cotización al sistema
pensional y, por ende, tampoco pueden ser tenidos en cuenta.

Zanjada la discusión anterior, la corporación accionada va más allá de lo solicitado, y
analiza si a la actora le asiste el derecho pensional, bajo el amparo de un régimen no
invocado, como lo es la Ley 71 de 1988, pero del mismo modo, encontró no acreditado
el tiempo de servicio exigido para acceder a la prestación.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ordinario, en
torno a si hay lugar a reconocer la pensión de jubilación de la actora bajo el régimen
previsto en el Decreto 546 de 1971.

Lo anterior fue analizado y decidido razonablemente en la providencia cuestionada,
en la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de cara al material
probatorio aportado al expediente, en contraste con la normatividad invocada y la
jurisprudencia sobre la materia, concluyó que la actora no tiene el derecho pretendido
porque no acredita el requisito de tiempo de servicio exigido en la norma para acceder
a la prestación reclamada.

En suma, para la Sala, la solicitud de amparo deviene en improcedente, no sólo
porque no cumple el requisito de inmediatez, como lo señaló el a quo, sino también
porque no acredita la exigencia de relevancia constitucional, toda vez que no cumplió
con la carga argumentativa mínima y, en todo caso, busca revivir la discusión
planteada, que fue razonablemente decidida en la sentencia proferida el 20 de octubre
de 2022 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión impugnada.

14

Radicación: 11001-03-05-000-2023-03079-01
Demandante: María Cristina Granados Velásquez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

15

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