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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03099-00

Fecha
26 de julio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03099-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Hernán Darío Salazar Páramo, conforme a lo expuesto en esta providencia. 2. Dejar sin efectos el auto del 16 de junio de 2023, dictado por el magistrado ponente del proceso No. 11001-03-15-000-2023-02481-00. 3. Ordenar al magistrado ponente del proceso No. 11001-03-15-000-2023-02481-00, que, en el término de 3 días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte un auto de reemplazo en el que ordene el envío del expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03099-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

26 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03099-00
Demandante: Hernán Darío Salazar Páramo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03099-00
Demandante: HERNÁN DARIO SALAZAR PÁRAMO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION B

Temas: Contra providencia que rechazó demanda de tutela. Violación del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
cuando tras rechazo de la acción de tutela no se envía el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Hernán Darío Salazar
Páramo contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de junio de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Hernán Darío Salazar
Páramo pidió la protección del derecho fundamental a la tutela efectiva.

A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 5 de
junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en
el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2023-02481-00.

2. Pretensiones

El demandante no formuló pretensiones concretas. Sin embargo, la Sala entiende que
el objeto de la acción de tutela es que se deje sin efectos el auto del 5 de junio de 2023,
dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que rechazó la
demanda de tutela.

3. Hechos

Del expediente y del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 12 de mayo de 2023, el señor Hernán Darío Salazar Páramo presentó acción de
tutela en la que relacionó como parte demandada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y al Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Cali.

La demanda fue radicada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que, por auto del 15 de mayo de 2023, la remitió por competencia al Consejo
de Estado, con fundamento en que “del farragoso escrito” era posible establecer que lo
pretendido por el actor era la protección de derechos fundamentales vulnerados al
interior del proceso de tutela No. 11001-33-34-006-2023-00070-01, así como en el

1 Índice 1 de Samai.

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Demandante: Hernán Darío Salazar Páramo

proceso penal adelantado en su contra No. 7600160067920151220. Por lo tanto,
consideró que debido a que la tutela involucraba a un Tribunal de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, esa corporación no era competente para conocer del
asunto.

En el Consejo de Estado, el conocimiento de la demanda correspondió al despacho
del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, integrante de la Sección Tercera, Subsección
B, que, por auto del 18 de mayo de 2023, la inadmitió y concedió el término de tres
días al actor para que la subsanara, en el sentido de esclarecer los hechos y las
razones en las que fundamenta la acción de tutela; las autoridades demandadas; el
objeto de la acción de tutela, esto es, si se trataba de acción de tutela contra
providencia judicial y, en caso afirmativo, que identificara las providencias
cuestionadas.

El anterior auto fue notificado el 19 de mayo de 2023 y, en esa misma fecha, el actor
presentó memorial de subsanación en el que, entre otras cosas, manifestó que
pretendía que se declarara la nulidad de la condena impuesta el 3 de mayo de 2019
en el proceso penal 7600160067920151220 y narró hechos de manera confusa.

Mediante memorial del 23 de mayo de 2023, el demandante impugnó el auto del 18 de
mayo de 2023 y solicitó “dar aplicación al recurso de súplica y derecho a la doble instancia”.

Por memoriales del 2 de junio de 2023, el actor presentó una “solicitud de información”
en los que narró hechos relacionados con un proceso penal en su contra. Junto con
esos memoriales, aportó documentos y videos.

Por auto del 5 de junio de 2023, el magistrado sustanciador rechazó la demanda de
tutela y rechazó por improcedente la impugnación que presentó el demandante. A juicio
del magistrado sustanciador, en el memorial de subsanación que presentó el
demandante: (i) no expuso de forma clara los hechos y las razones que motivaron la
acción de tutela; (ii) la narración no parecía seguir un sentido cronológico, por lo que
no se podía determinar con claridad el orden de los sucesos, y (iii) no se aclaró contra
qué autoridades se presentó la acción de tutela y si se controvertía una providencia
judicial.

Adicionalmente, frente a la impugnación, la autoridad judicial aclaró que el Decreto
2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó la acción de tutela, no contempla
ningún recurso contra las providencias proferidas dentro de este trámite, salvo la
impugnación contra la sentencia de primera instancia. Por lo anterior, consideró que el
recurso presentado por el actor era improcedente.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El señor Hernán Darío Salazar Páramo alegó que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, por auto del 5 de junio de 2023, vulneró el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva al rechazar la demanda de tutela por considerar que no se
subsanó en el plazo establecido, desconociendo así que el escrito de subsanación se
presentó por vía electrónica y dentro del término fijado para el efecto.

Por lo demás, el actor relacionó apartes del escrito de tutela que presentó ante la
autoridad judicial demandada.

5. Trámite procesal

Por auto del 14 de junio de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

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Demandante: Hernán Darío Salazar Páramo

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 22 de junio de
20232.

6. Intervención parte demandada

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de
la providencia acusada, manifestó que no participaría en la acción de tutela de la
referencia como parte ni como tercero y que acataría estrictamente las disposiciones
que aquí se adoptaran.

7. Intervención parte actora

El 22 de junio de 2023, el señor Hernán Darío Salazar Páramo aportó un confuso escrito
de tutela, que, según entiende la Sala, se relaciona con el que conoció la autoridad
judicial aquí demandada en el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2023-02481-00.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la solicitud de amparo presentada por el
señor Hernán Darío Salazar Páramo contra el auto del 5 de junio de 2023, dictado por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el proceso No. 11001-03-15-
000-2023-02481-00, que rechazó la demanda de tutela.

La Sala anticipa que amparará el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia del demandante, por cuanto si bien el rechazo de una acción de tutela por
no haberse subsanado no implica, per se, la vulneración de derechos fundamentales,
lo cierto es que la falta de envío del expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión sí vulnera el derecho a impugnar, al desconocer que todas las
providencias, incluidas las de rechazo, deben enviarse a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela; (ii) el derecho a
impugnar y el deber de remitir el expediente para eventual revisión en caso de rechazo
de la solicitud de amparo y, finalmente, iii) análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela

La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión
posterior.

En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es la de que no
procede la acción de tutela, la cual no admite excepción si la sentencia ha sido proferida
por esa corporación, sea por su Sala Plena o por sus Salas de Revisión de Tutela, caso
en el cual solo procederá el incidente de nulidad de dichas sentencias y deberá
promoverse ante esa Corte.

2 Índice No. 13 de Samai.

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Demandante: Hernán Darío Salazar Páramo

Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional “cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación” (Resaltado fuera
de texto) .

Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como es que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial3.

La Corte puntualizó que si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste, por ejemplo, en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

En sentencia T-313 de 2018, la Corte Constitucional precisó que, en observancia a los
lineamientos de la sentencia SU-627 de 2015, si la acción de tutela se dirige contra
ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo, sería procedente “frente a
actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela que se hubieran realizado antes o después de
proferir el fallo”.

3. Del derecho a impugnar las decisiones de tutela y el deber de remitir el
expediente para eventual revisión en caso de rechazo de la solicitud de amparo

En Auto 001 de 1993, la Corte Constitucional aclaró, con respecto al derecho a
impugnar el fallo de tutela proferido en primera instancia, que ni en la Constitución ni
en la Ley se preveían excepciones y, por consiguiente, no era procedente implantar
una distinción entre fallos de tutela que pueden ser impugnados y fallos que no admiten
impugnación, “así ellos asuman la modalidad de un rechazo in limine de la petición de
tutela” (negrilla fuera del texto original).

En esa misma línea de interpretación, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la
sentencia C-483 de 2008, al analizar la constitucionalidad del artículo 17 del Decreto
3 La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció los requisitos generales de procedibilidad de la

tutela contra providencias judiciales, y dijo: «b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última».

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2591 de 1991, señaló que la aplicación del rechazo excepcional de la acción de tutela
se encontraba sometida al control de legalidad de las decisiones judiciales y que, por
lo tanto, frente a una decisión en ese sentido, existía la posibilidad de que “sea
impugnada y eventualmente sometida a revisión por la Corte Constitucional”.

En sentencia SU-1219 de 2001, la Corte reiteró “el deber de remitir a la Corte
Constitucional la totalidad de los fallos de tutela adoptados por los jueces de la República para
su eventual revisión”. Resaltó, además, que el procedimiento de revisión es un
mecanismo expresamente regulado en la Constitución que tiene como propósito
brindar una protección óptima de los derechos fundamentales en atención a la
importancia de estos derechos para las personas y el sistema democrático
constitucional de derecho.

En otra ocasión, en sentencia T-518 de 2009, en un caso en el que se cuestionaba un
auto de rechazo de demanda de tutela, la Corte precisó que sin perjuicio de la
reglamentación legal sobre la forma y características de la impugnación, a la luz de la
Carta, siempre existirá la posibilidad de atacar el fallo de primera instancia en materia
de tutela, inclusive en los casos en los que la tutela en sí misma haya sido considerada
improcedente por el juez, debe ser posible la impugnación, pues estaba de por medio
la efectividad de los derechos fundamentales, objetivo prioritario del ordenamiento
Constitucional.

Por su parte, en sentencia T-313 de 2018, la Corte recordó que, conforme la
jurisprudencia constitucional, el derecho a impugnar se predica también frente a “las
providencias mediante las cuales se rechaza la acción de tutela” y que, en caso de
rechazarse, los jueces deben enviar el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

En esa oportunidad la Corte estudió un caso en el que se rechazó una acción de tutela
y ordenó archivar el expediente. A juicio de la Corte, esa actuación desconoció el
derecho de la demandante a impugnar el fallo de tutela y, por ende, lo dispuesto en los
artículos 31 inciso 1º y 86 inciso 2º de la Constitución y los artículos 314 y 325 del
Decreto 2591 de 1991.

Puntualizó que, incluso, si en gracia de discusión la autoridad judicial demandada
consideraba que contra el auto de rechazo no procedía recurso alguno, ha debido
enviar el expediente para su eventual revisión “y, como en su lugar ordenó archivar el
expediente, no cabe duda que también desconoció lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991”.

A partir del anterior recuento jurisprudencial, esta Sala6 ha concluido que la posición de
la Corte Constitucional se concreta en que: i) es procedente impugnar la decisión que
rechaza la acción de tutela; ii) todas las decisiones que pongan fin al proceso de tutela
deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión, entre ellas, la
de rechazo de la solicitud de amparo, de ahí que no se debe archivar el trámite de

4 Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado

por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.
5 Artículo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente

dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y
con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá
el fallo dentro de 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En
ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el
expediente a la Corte Constitucional, para su (eventual)* revisión.
6 Proceso de acción de tutela No. 11001-03-15-000-2023-02714-00. M.P. Milton Chaves García.

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tutela, pues esto derivaría en la vulneración del derecho de acceso a la administración
de justicia, y iii) el trámite de revisión garantiza el control de legalidad de las decisiones
judiciales proferidas en el trámite de tutela y, además, resguarda el principio de
seguridad jurídica, porque en dicho trámite la Corte estima si fueron garantizados o no
los derechos fundamentales de las partes.

4. Análisis del caso concreto

En el sub lite el señor Hernán Darío Salazar Páramo alega que el auto del 5 de junio de
2023, dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al rechazar la demanda de tutela por
considerar que no se subsanó en el plazo establecido, desconociendo así que el escrito
de subsanación se presentó por vía electrónica y dentro del término fijado para el efecto.

Al respecto, lo primero que conviene aclararse es que, contra lo manifestado por el
demandante, la acción de tutela que fue rechazada por auto del 5 de junio de 2023 no
tuvo como fundamento la falta de presentación el escrito de subsanación en el plazo
otorgado. Por el contrario, el auto acusado reconoce que el demandante presentó
subsanación de la demanda, pero consideró que no se cumplió con los requerimientos
solicitados por el auto inadmisorio, motivo por el cual rechazó la acción de tutela.

Siendo así, como el demandante no controvierte el fundamento en sí mismo del auto
del 5 de junio de 2023 y la Sala tampoco advierte que esa decisión de rechazo sea
caprichosa o irracional o constituya una violación flagrante de derechos fundamentales
del actor que amerite la intervención del juez de tutela, no hay lugar al amparo solicitado
en los términos de la presente acción de tutela.

No obstante, la Sala no puede pasar por alto que, pese a que la autoridad judicial
demandada rechazó la demanda de tutela, en esa misma providencia no ordenó el
envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Revisado el proceso en el sistema de gestión judicial Samai, la Sala advierte que, con
posterioridad al auto de rechazo, el magistrado sustanciador del proceso de tutela No.
11001-03-15-000-2023-02481-00 profirió el auto del 16 de junio de 2023 (sin paso
previo a despacho por parte de la Secretaría 7), por el cual ordenó a la Secretaría
General de esta Corporación que procediera al archivo definitivo del proceso de tutela
y que se abstuviera de desarchivar el proceso ante la presentación de nuevos escritos
por parte del actor.

En esa decisión, el magistrado consideró que no quedaban actuaciones pendientes de
solución por parte de esa Corporación, ni había lugar a pronunciarse frente a los
memoriales que el actor presentó el 2 de junio de 2023. Además, al hacer el recuento
de los antecedentes, señaló que el auto de rechazo se fundamentó en que no se
subsanó la demanda dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto
inadmisorio, argumento que, como se vio, no guarda correspondencia con el verdadero
sustento del rechazo (falta de cumplimiento de los requerimientos del auto inadmisorio).

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la decisión de archivo dictada por la
autoridad judicial vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia del señor
Hernán Darío Salazar Páramo, en la medida en que impidió que se adelantara el trámite
de revisión impuesto para efectos de que la Corte Constitucional verifique si el trámite
de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2023-02481-00 y las decisiones ahí
proferidas cumplieron los estándares constitucionales y si se garantizaron de manera
efectiva los derechos fundamentales del actor.

7 Las actuaciones previas al auto del 16 de junio de 2023 corresponden a la notificación del auto del 5 de junio de

2023, por parte de la Secretaría General de la Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03099-00
Demandante: Hernán Darío Salazar Páramo

La Sala no desconoce que, en los términos de la jurisprudencia citada en el acápite
anterior, el actor pudo impugnar la decisión de rechazo y no lo hizo. Esa circunstancia,
sin embargo, no exoneraba al magistrado sustanciador del proceso 11001-03-15-000-
2023-02481-00 de cumplir con el deber de enviar el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión y garantizar de esa manera el derecho de acceso a la
administración de justicia del señor Salazar Páramo.

Por lo expuesto, se amparará el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia del señor Hernán Darío Salazar Páramo y, en la parte resolutiva de esta
providencia, se adoptarán las órdenes correspondientes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor
Hernán Darío Salazar Páramo, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. Dejar sin efectos el auto del 16 de junio de 2023, dictado por el magistrado ponente
del proceso No. 11001-03-15-000-2023-02481-00.

3. Ordenar al magistrado ponente del proceso No. 11001-03-15-000-2023-02481-00,
que, en el término de 3 días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, dicte un auto de reemplazo en el que ordene el envío del expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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