Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03117-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03117-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante FLOR CLAUDIA HERNÁNDEZ MOJICA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y
especiales de procedibilidad. El defecto procedimental absoluto y el
principio de congruencia. Auto que niega el decreto de la prueba
pericial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por la señora Flor Claudia Hernández Mojica, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de junio de 20231, Flor Claudia Hernández Mojica, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Argumentó
que el auto del 18 de mayo de 2023, proferido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 20001-33-33-002-2020-00105-01, adolece de
defecto procedimental absoluto y afectó sus derechos de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
(sic para toda la cita) «Señor Consejero, bajo el principio de equidad y en el marco del estado
social de derecho, respetuosamente pido el amparo constitucional de los derechos: Acceso a
la justicia, debido proceso, a la defensa, entre otros, porque me encuentro ad-portas de
padecer o sufrir un daño inminente e irreparable, contra el cual NO existe otro mecanismo de
defensa, ya que sin ese dictamen se torna casi imposible probar que fui mal evaluada.
En consecuencia, con el respeto de costumbre, solicito que se deje sin efectos el auto datado
dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), proferido RAD: 20001-3-33-002-2020-
00105-01.
Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar que revoque el auto datado dieciocho (18)
de mayo de dos mil veintitrés (2023) y en su lugar expida una decisión de remplazo en la cual
ordene el derecho y práctica de dictamen pericial ara que con base en los documentos y el
video que obran en el expediente, el perito o experto califique en escala de (1 a 100) el
CRITERIO: “2.- Reflexión y Planeación de la Práctica Educativa y Pedagógica” del video» (sic
para toda la cita)
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Expediente digitalizado. Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI
(índice 1).
2 Páginas 6 y 7de la acción de tutela. Samai, índice 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
2.1. La señora Flor Claudia Hernández Mojica presentó pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación- Ministerio de Educación-
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y el Municipio
de Valledupar- Secretaría de Educación Municipal, para ser reclasificada en el
grado 3° nivel C del escalafón docente. Para ello requirió que se evalúe, con
fundamento en el principio de equidad, el criterio «2.- Reflexión y Planeación
de la Práctica Educativa y Pedagógica» del video y se le otorgue un porcentaje
del 58.33% o del 55.55%, en lugar del 0.0% que le asignó el Icfes el 26 de
agosto de 2019.
Lo anterior porque, la calificación del criterio nro. 2 Reflexión y Planeación de
la práctica educativa y pedagógica del instrumento video en un porcentaje de
cero (0) afectó su calificación global que quedó en 78.79, siendo que requería
un puntaje superior a 80 para adquirir el derecho al ascenso.
En la demanda solicitó el decreto de una pericia para que el experto califique
en una escala de 1 a 100 el criterio antes enunciado, para lo que deberá
considerar los documentos relacionados con los planes de estudio de la
asignatura de informática y tecnología y el video que hace parte del expediente
administrativo que debe aportar la entidad demandada.
De manera subsidiaria, en caso de no ser posible la evaluación anterior, pidió
que el perito observe personalmente una clase de la actora en el Colegio José
Eugenio Martínez de Valledupar, y a partir de esa experiencia califique el
criterio en discusión conforme a los términos antes señalados
2.2. En audiencia inicial celebrada el 4 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Valledupar negó la prueba pericial solicitada por la parte
demandante debido a que no fue pedida en la forma debida. Esto, porque no
informó el objeto de la prueba ni la especialidad del experto que requería.
Además, porque el medio de prueba no se estima pertinente ni conducente de
acuerdo con la finalidad del litigio.
La parte demandante interpuso y sustentó en audiencia el recurso de
apelación. En concreto, reiteró el propósito de la experticia expuesto en la
demanda relativo a que el perito designado realizara la calificación del criterio
nro. 2 del instrumento video para acceder a la reclasificación en el escalafón
docente.
2.3. El conocimiento del recurso de apelación contra el auto que negó el decreto
de dictamen pericial solicitado correspondió al conocimiento del magistrado
José Antonio Aponte del Tribunal Administrativo del Cesar, quien, en auto del
18 de mayo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia.
Como fundamento de su determinación manifestó que el objeto de la prueba
pericial sí fue sustentado en la demanda y que la indicación del experto que
se requiere no es requisito para concederla; no obstante, encontró que la
petición probatoria no supera otros requisitos legales y por ello debía
mantenerse la determinación de primera instancia.
Al respecto dijo que, a la luz del artículo 226 del Código General del Proceso,
no es procedente el decreto de la prueba pericial que verse sobre puntos de
derecho, como lo es la que se solicita. Precisó que, para lo pretendido en la
demanda, el juez puede analizar la reglamentación del proceso y los
documentos aportados relacionados con los planes de estudio de la asignatura
de informática, tecnología y programación, así como el video que hace parte
del expediente administrativo del Icfes. Lo anterior, en su consideración,
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
permite al fallador determinar si la calificación otorgada al criterio acusado se
ajustó a lo reglamentado en el proceso.
3. Fundamentos de la acción
La accionante se refirió en primer lugar a la acreditación de los requisitos generales
de procedibilidad de inmediatez, relevancia constitucional y subsidiaridad. Sobre la
relevancia constitucional, destacó que no era su propósito el de tomar la acción de
tutela como una tercera instancia, sino el de exponer la vulneración de su derecho
al debido proceso dado que la motivación del auto del 18 de mayo de 2023 desbordó
los límites propios del recurso de apelación establecidos por los precisos
argumentos en que se sustentó.
En cuanto al fondo del asunto, manifestó que el Tribunal Administrativo del Cesar
desconoció las formas propias de cada juicio y vulneró su derecho fundamental al
debido proceso en la decisión del recurso de apelación. En esa línea, advirtió que
los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso limitan la competencia del
juez de la apelación a los estrictos cargos del recurso cuando haya un recurrente
único, como lo es su caso.
Así pues, como las razones por las que se negó la prueba y en las que se sustentó
el disenso fueron la omisión en indicar la finalidad de la pericia y la especialidad del
experto, ese límite temático debía ser considerado por el ad quem, quien lo rebasó
al confirmar el auto apelado con fundamento en que la prueba pericial no podía
versar sobre puntos de derecho.
En sus palabras: «El debido proceso es un derecho fundamental que ha sido afectado por el juez
ad quem al desbordar los fines de la apelación y resolver con argumentos ajenos a los reparos del
apelante único. En este caso particular el juez ad quem se apartó de las formas propias del recurso
de apelación.»3
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 16 de junio de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por la señora Flor Claudia Hernández Mojica, quien actúa
en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Asimismo, se
vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
al Municipio de Valledupar y a la Secretaría de Educación municipal, quienes
actúan como demandados en el proceso de reparación directa y al Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Valledupar, autoridad que conoce en primera
instancia el proceso Nro. 20001-33-33-002-2020-00105-00/01.
4.2. La doctora Doris Pinzón Amado, en calidad de presidenta del Tribunal
Administrativo del Cesar, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela, porque el auto del 18 de mayo de 2023 no incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Además, porque
la decisión estuvo debidamente sustentada en el marco procesal que regula la
solicitud, decreto y práctica de pruebas.
Como fundamento de la anterior declaración, la magistrada retomó los
argumentos expuestos en el auto acusado.
4.3. El Ministerio de Educación Nacional, por conducto del jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Esto,
comoquiera que la demanda de tutela carece de una carga argumentativa
suficiente que explique la trascendencia constitucional del amparo y justifique
3 Página 5 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
la intervención del juez de tutela. Destaca que no se advierte vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante y que su
petición se sustenta en un interés apenas particular y económico que no
interesa a la jurisdicción constitucional.
4.4. En auto del 4 de agosto de 2023, el despacho sustanciador vinculó al Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES al proceso, en
razón al interés que le puede asistir en las resultas de este proceso judicial.
La entidad expuso que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad
porque, como lo indicó el Tribunal accionado, la prueba pericial versa sobre un
punto de derecho y no es procedente según el artículo 226 del CGP. Enfatizó
que el juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar el
control de legalidad del procedimiento administrativo, en el caso particular,
para «establecer sí el Icfes aplicó correctamente las reglas de la EDCF Cohorte III, y estudiar
si en el asunto objeto de la litis, se configuran las causales de nulidad y restablecimiento del
derecho previstas en el artículo 138 del CPACA.»
Agregó que, en un caso similar al que en esta ocasión se estudia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Ramiro Ignacio
Dueñas Rugnon4, expuso: «en el examen que debe realizarse al momento de decidir de
fondo este asunto particular, el juzgador debe confrontar los parámetros normativos
contenidos en las resoluciones enunciadas en precedencia con el caso particular de la
accionante para establecer si el puntaje realmente se acompasa con su desempeño en la
Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa- CEDF, se concluye que en efecto, el dictamen
solicitado versa sobre un punto de derecho».
De otra parte, advirtió que la acción de tutela no cumple con los requisitos
generales y especiales de procedibilidad exigidos cuando se interpone contra
providencias judiciales. Frente al examen adjetivo, expuso que la controversia
no tiene relevancia constitucional en tanto el auto no afecta los derechos
fundamentales de la accionante, pues se fundamentó en el marco normativo
pertinente y aplicable. En esa vía, destacó que se toma la acción de tutela
como una tercera instancia para reabrir un debate probatorio ya concluido.
Finalmente, solicitó que se le desvincule del proceso de tutela debido a que
los hechos en los que se fundamenta la vulneración ius fundamental guardan
relación con decisiones procesales adoptadas por el Tribunal Administrativo
del Cesar en el proceso nro. 2022-00105-00, que no le son atribuibles.
Además, informó que, en auto del 20 de febrero de 2022, el juez de la primera
instancia declaró terminado el proceso frente al Icfes. Aportó copia digitalizada
de la providencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
4 Sentencia del 31 de enero de 2022 (Radicación número: 110013342052202000202-00)
5 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Determinación del problema jurídico
Establecido lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencia
judicial, corresponde a la Sala corroborar que ésta supere el examen general de
procedibilidad.
En caso afirmativo, pasará la Sala a establecer si el Tribunal Administrativo del
Cesar incurrió en defecto procedimental absoluto al emitir el auto del 18 de mayo
de 2023, por medio del cual confirmó la decisión de negar el decreto del medio de
prueba pericial solicitado por la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 20001-33-33-002-2020-00105-00/01.
4. De la acreditación de los requisitos adjetivos de procedibilidad en el caso
particular
4.1. La acción de tutela supera el examen general de procedibilidad dado que se
interpuso en un plazo razonable, pues el auto acusado se emitió el 18 de mayo
de 2023 y se notificó en estado electrónico del 19 de ese mes y año, esto
implica que la acción de tutela radicada el 9 de junio de 2023, respetó la pauta
de 6 meses establecida por la jurisprudencia de esta Corporación.
4.2. Además, está acreditado que Flor Claudia Hernández Mojica agotó los
mecanismos judiciales a su disposición para controvertir la decisión que negó
el decreto de la prueba pericial solicitada en la demanda de nulidad y
6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
restablecimiento del derecho. Como se vio, la actora interpuso recurso de
apelación contra el auto que negó el decreto de la prueba, pero la decisión fue
confirmada por el ad quem. De modo que la acción de tutela no se toma como
mecanismo alternativo o supletorio de los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela
contra providencia judicial, pueden darse dos escenarios: (i) que el proceso
judicial haya concluido o (ii) que se encuentre en curso, como ocurre en este
caso. En principio, si el proceso se encuentra en curso, la intervención del juez
de tutela es más restrictiva.
No obstante, la jurisprudencia constitucional9 acepta la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra autos interlocutorios, aunque el
proceso judicial esté en curso, cuando: (i) la protección de los derechos
presuntamente conculcados no se pueda procurar a través de otros medios
de defensa y se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes contra
la decisión que se ataca; (ii) cuando a pesar de existir otros mecanismos de
defensa judicial estos no son idóneos; y/o (iii) cuando la protección
constitucional es urgente para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
En esa vía, el Tribunal Constitucional ha manifestado que: «uno de los
escenarios en los cuales podría resultar procedente la acción de tutela interpuesta contra
autos interlocutorios de procesos en curso, se da cuando la decisión cuestionada es de
una manifiesta importancia de cara al trámite judicial en curso y, por tanto, tiene una
naturaleza determinante dentro del mismo, con la potencialidad de transgredir derechos
fundamentales de las personas involucradas.»10
Dicho esto, se considera que la acción de tutela de la referencia supera el
requisito de subsidiariedad, aunque el proceso judicial aún esté en trámite11,
porque la decisión que se adoptó en el auto acusado resuelve de manera
definitiva lo relativo a los medios de prueba a partir de los cuales el juez
decidirá la litis puesta en su consideración12. Es decir que, se trata de un auto
en virtud del cual se excluyó del acervo probatorio un medio de convicción que,
en consideración de la parte demandante, aportaría información relevante a
efectos de formar la convicción del juez frente a la verdad de los hechos que
fundamentan sus pretensiones.
En este punto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha
aceptado que el juez puede incurrir en un defecto cuando niega el decreto,
práctica o valoración de una prueba de la que puede derivar un apoyo
importante para formar un juicio sobre la realidad de los enunciados fácticos
en litigio.13
9 Corte Constitucional. Sentencia T-126 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y sentencia T-511 de
2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU388 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
11 En el mismo sentido ya se había pronunciado esta Sala en sentencia de tutela del 20 de abril de 2023, dentro
del proceso nro. 11001-03-15-000-2023-00361-00. Actor: IC Constructora S.A.S e Industrial de
Construcciones S.A.S. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 En similar sentido se han pronunciado otras Salas de decisión de esta Corporación. Veamos: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27 de octubre de 2021.
Proceso nro. 11001-03-15-000-2021-04518-01. M.P. Rocío Araujo Oñate; sentencia de tutela del 19 de
marzo de 2020. Proceso nro. 11001-03-15-000-2019-04735-01. M.P. Gabriel Valbuena.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU062 de 2018. «Como se sostuvo en la sentencia SU-636 de 2015, la
jurisprudencia ha determinado que existen algunas causales en las que se configura un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa. Ello ocurre cuando el juez “(i) omite valorar prueba
documental que ha sido aportada en copia simple, pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes; también
cuando (ii) omite emplear su facultad probatoria de oficio para ordenar que se alleguen los originales de documentos
aportados en copia simple o, en general, [(iii) cuando omite] practicar pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas
en el proceso y se requieren para establecer la verdad material de los hechos” (énfasis añadido. En definitiva, se configura
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
Ahora bien, como se explicó, la demandante cuestiona la determinación de
negar el decreto de una prueba pericial que estima indispensable a efectos de
evidenciar la ilegalidad de los actos administrativos demandados en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y procurar la satisfacción de sus
pretensiones litigiosas. En esa medida, advierte que la decisión afecta su
derecho al debido proceso en tanto, a través de un auto que, acusa, desconoce
el principio de congruencia, se impide la incorporación de una prueba relevante
al proceso.
Así las cosas, aunque esta Sala defiende una tesis de improcedencia frente a
la acción de tutela cuando el proceso judicial ordinario está en curso, es claro
que tal postura no es absoluta, pues, por ejemplo, encuentra excepción en
casos, como el presente, en los que las providencias acusadas deciden
definitivamente asuntos relevantes del proceso en sus etapas iniciales.
4.3. De otra parte, se tiene que la acción de tutela también supera el requisito de
relevancia constitucional porque la actora hizo una relación clara y coherente
de los hechos y pretensiones de la demanda. Asimismo, el escrito de tutela
estuvo revestido de una carga argumentativa suficiente que explica la
trascendencia constitucional del caso particular y que evidencia que no se
toma la acción como una instancia adicional.
En concreto, los cargos de la acción refieren a que el Tribunal accionado
desbordó los límites de su competencia al confirmar la decisión impugnada
con fundamento en argumentos que no fueron expuestos por la apelante única
ni por el a quo. Explicó que en la primera instancia se negó el decreto de la
prueba pericial porque no se indicó su objeto ni el experto que debía emitir el
dictamen, mientras que en la segunda se confirmó la decisión pero porque
versaba sobre un asunto de derecho.
4.4. Finalmente, a través de la acción de amparo no se discute una sentencia o
auto de tutela.
5. El auto del 18 de mayo de 2023 no está afectado de defecto procedimental
por violación al principio de congruencia en relación con los cargos de
la apelación
5.1. El defecto procedimental guarda relación directa con el derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, consagrados en los
artículos 29 y 228 de la Constitución Política. Una providencia incurre en este
yerro por dos vías: (i) cuando desconoce las formas propias de cada juicio,
dado que el juzgador actúa al margen del procedimiento que el marco jurídico
pertinente establece -defecto procedimental absoluto-; o (ii) cuando
desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal
y convierte al proceso en un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial
y la consecución de la justicia material- defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto-14.
En relación con el defecto procedimental absoluto, la Corte Constitucional
precisó que para que se configure el yerro debe ser manifiesto o trascendente,
debe tener incidencia en el sentido de la decisión final y no puede ser atribuible
al afectado.
Hecha esta precisión, el alto Tribunal ha distinguido, a través de su
jurisprudencia, algunas acciones u omisiones de los jueces de la República
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa cuando el juez omite
practicar o valorar pruebas que han sido solicitadas o que en el curso del proceso se advierten como relevantes para que
la verdad judicial se aproxime en la mayor medida posible a la verdad material.»
14 Información tomada de la sentencia T-401 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
que pueden llevar a su materialización, esto es, cuando: «el funcionario judicial
pretermite una etapa propia del juicio, da un cauce que no corresponde al asunto sometido a
su competencia, ignora completamente el procedimiento establecido, escoge arbitrariamente
las normas procesales aplicables al caso concreto, incumple términos procesales, por ejemplo
cuando la autoridad judicial restringe el término conferido por la ley a las partes para
pronunciarse en ejercicio de su derecho de defensa o desconoce el derecho de defensa de
un sindicado en materia penal, omite cumplir los principios mínimos del debido proceso
señalados en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y 228”» 15
5.2. De acuerdo con lo anterior, el desconocimiento del principio de congruencia y
de la no reforma en perjuicio puede conllevar un defecto procedimental
absoluto, porque se trata de la posible vulneración de las garantías del debido
proceso relacionadas con el respeto por las formas propias de cada juicio y los
límites de la competencia de los jueces16.
Así pues, la prohibición constitucional de la reforma en peor (artículo 31 de la
Constitución Política) se tiene como una primera restricción a la competencia
del juez de la segunda instancia, según la cual el ad quem sólo podrá
pronunciarse frente a lo desfavorable a quien ejerció el derecho a la doble
instancia.
El otro límite a la competencia del juez de apelación es el respeto al principio
de congruencia17, según el cual la decisión del recurso deberá centrarse en
los cargos de disenso. Es decir que la providencia que resuelve debe
responder a lo que las partes pidieron, debatieron y probaron.
Dicho esto, es pertinente precisar que el desconocimiento del principio de
congruencia solo tiene la aptitud de materializar un defecto en la providencia
cuando «subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del
proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra
irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante”, esto es, “carente de
justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto del proceso”.» 18
5.3. Establecido lo anterior, esta Sala estima que la providencia del 18 de mayo de
2023 no comporta defecto procedimental absoluto debido a que su motivación
no desconoció el principio de congruencia ni el Tribunal desbordó los límites
de su competencia, conforme a los argumentos que pasan a exponerse.
Sea lo primero recordar algunas de las actuaciones relevantes relacionadas
con el decreto del dictamen pericial en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sub examine.
5.3.1. En el apartado 5.3. del escrito de la demanda19, se solicitó la
designación de un experto para que calificara en una escala del 1 al 100
el criterio nro. 2 de evaluación denominado reflexión y planeación de la
práctica educativa y pedagógica y que ese nuevo puntaje fuera sumado
a los demás criterios de calificación.
5.3.2. En la contestación de la demanda20 la apoderada judicial del Icfes se
opuso al decreto del dictamen porque lo estimó impertinente, superfluo
e inútil, con fundamento en tres argumentos: (i) la pericia es
15 Cfr. Sentencia T-719 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
16 Al respecto ver la sentencia de la Corte Constitucional SU-150 de 2021 y T-455 de 2016.
17 Al respecto ver la sentencia de la Corte Constitucional T-455 de 2016
18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-450 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Páginas 40 y 41 del archivo denominado «01 NYR DEMANDA RAD 2020-0105» que hace parte del
expediente digitalizado del medio de control de nulidad y restablecimiento nro. 20001-33-33-002-2020-
00105-01. Samai, índice 8.
20 Página 24 del archivo denominado «19 contestación» que hace parte del expediente digitalizado del medio
de control de nulidad y restablecimiento nro. 20001-33-33-002-2020-00105-01. Samai, índice 8.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
impertinente porque no tiene relación directa con los enunciados
fácticos de la demanda; (ii) la determinación de si la calificación de la
Evaluación de Carácter Diagnóstico y Formativo, se hayan o no acordes
con la normatividad prevista para el ascenso de grado y reubicación de
nivel salarial en el escalafón de educadores refiere a una cuestión de
derecho en relación con la cual no procede el dictamen pericial; y (iii) la
parte demandante solicitó que se designe un experto, pero no precisó
su profesión o especialidad.
5.3.3. En audiencia inicial del 4 de mayo de 202221, el juez de la primera
instancia negó el decreto de la prueba pericial.
Como fundamento de su determinación expuso que en la demanda no
se explicó la finalidad del medio de prueba ni el experto que requería,
por lo que no se acreditaron los elementos de pertinencia, conducencia
y utilidad del medio de prueba.
5.3.4. En el recurso de apelación22, la demandante hizo énfasis en la
importancia de este medio de prueba para determinar la indebida
calificación de uno de los criterios de evaluación y advirtió que en la
demanda sí se explicó su finalidad. Además, reiteró los hechos,
argumentos y pretensiones de la demanda
5.3.5. En auto del 18 de mayo de 202323, el Tribunal Administrativo del Cesar
manifestó que le asistió razón al a quo al negar el decreto del medio de
prueba por su falta de pertinencia y conducencia. Pero precisó que la
decisión se confirmaría con fundamento en argumentos diferentes a los
defendidos por el juez de la primera instancia.
En esa línea, dijo que en la demanda sí se explicó la finalidad del medio
de prueba y que la indicación de la especialidad del perito no era
requisito de su decreto; no obstante, indicó que ese medio de prueba
no era pertinente ni conducente para desatar el litigio. Esto dado que
para determinar si la demandante cumplió con el puntaje que requería
en la evaluación del criterio dos de la ECDF 2018-2019, bastaba con
analizar el marco normativo del proceso emitido y comprobar si merecía
o no el puntaje solicitado en la demanda. Luego la finalidad de la prueba
era desatar un punto de derecho respecto del cual no procede la pericia,
conforme el artículo 226 del CGP.
En palabras del ad quem en el proceso ordinario:
«Se recalca, que de conformidad con el Código General del Proceso, no serán
admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, lo que
equivaldría al asunto de autos, pues para lo pretendido por la actora, se puede revisar
la reglamentación del proceso como se indicó, y, los documentos aportados con la
demanda relacionados con planes de estudio de la asignatura de informática,
tecnología y programación, así como el video aportado que hace parte del expediente
administrativo del Icfes, lo que permitirá hacer un juicio de valoración sobre si la
calificación otorgada en el CRITERIO: “2.- Reflexión y Planeación de la Práctica
Educativa y Pedagógica, se ajustó o no a lo reglamentado en el proceso.»
5.4. De lo expuesto deriva que el juez ad quem en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de análisis no desbordó los límites de su
competencia que estaban determinados por la motivación de la decisión que
se recurrió y por los argumentos mismos de la apelación.
21 Páginas 5 y 6 del archivo denominado «30 acta de audiencia inicial 2020-00105» y min. 16:00 en adelante
del archivo en video denominado que hace parte del expediente digitalizado del medio de control de nulidad
y restablecimiento nro. 20001-33-33-002-2020-00105-01. Samai, índice 8.
22 Ibidem
23 Samai para Tribunales Administrativos. Proceso nro. 20001-33-33-002-2020-00105-01 (índice 5)
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
Se observa que la etapa procesal en la que se emitió el auto que se cuestiona
fue la del decreto de las pruebas surtido dentro de la audiencia inicial del
artículo 180 del CPACA. En particular, el debate giró en torno a determinar si
la prueba pericial pedida por la parte demandante cumplía con los requisitos
para ser decretada, esto es: si era pertinente, conducente y útil.
Así, en el auto del 18 de mayo de 2023, la autoridad judicial accionada se
pronunció sobre las razones que soportaron la decisión del a quo de declarar
la inconducencia de la pericia. Dijo que el demandante sí expuso la finalidad
del medio de prueba y que la indicación del experto que requería no era
condición necesaria para decretarla. A pesar de lo anterior, manifestó que el
medio de prueba, en todo caso, era inconducente, porque versaba sobre un
punto de derecho; por lo que su decreto no estaba permitido al amparo de lo
dispuesto en el artículo 226 del CGP24.
No se observa entonces una ruptura de la congruencia en la providencia, pues
la motivación de la decisión cuestionada guarda una clara relación con asunto
en discusión que era si la petición del medio de prueba cumplía con los
requisitos para ser decretado, en particular, los de conducencia y pertinencia.
Recuérdese que el requisito de conducencia refiere a que el medio de prueba
sea el adecuado o idóneo para demostrar el hecho25. Esa idoneidad está
determinada por la legislación que puede imponer límites a la manera como
se prueban ciertos enunciados fácticos.
Así las cosas, la indicación de que la pericia versaba sobre un punto de
derecho que corresponde decidir a la autoridad judicial a partir de la valoración
de los demás medios de prueba del expediente, refiere al incumplimiento del
presupuesto de conducencia que constituyó la razón por la que en primera
instancia se negó la introducción del medio de prueba al proceso.
Es más, como se mostró en el acápite 5.3. de esta providencia, el asunto
relativo a la inconducencia del medio de prueba debido a que versaba sobre
un punto de derecho fue expuesto desde la contestación de la demanda por
parte de la apoderada del Icfes. Así que no se trata de una discusión nueva ni
extraña. En esa medida la motivación de la providencia se ajusta a los límites
de competencia impuestos al ad quem en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso y no se evidencia que quebrante el principio de
congruencia.
Menos aún, el cargo tiene la potestad de materializar un defecto procedimental
absoluto en los términos establecidos en la jurisprudencia (supra 5.1.), según
los cuales se requiere que el yerro sea manifiesto y flagrante.
En concreto, cuando se acusa el desconocimiento del principio de
congruencia, se exige que «subvierta completamente» los argumentos que
fundamentan la alzada generando una disparidad grosera entre lo pedido y lo
debatido, tal escenario, como se vio, no se materializó en el caso particular.
24 Artículo 226. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto
procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.
No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las
partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como
alegaciones de ellas. El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del
dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen
deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la
idoneidad y la experiencia del perito. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él
se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 19 de octubre de 2017.
Proceso nro. 25000-23-27-000-2011-00054-02. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03117-00
Demandante: Flor Claudia Hernández Mojica
5.5. Descartada la concreción del defecto procedimental absoluto y dado que no
se expuso ningún argumento tendiente a discutir la determinación de la
autoridad acusada de que la pericia versaba sobre un punto de derecho, sino
que se limitó la acción de tutela a cuestionar la vulneración del principio de
congruencia, esta Sala negará las pretensiones de la acción de tutela.
5.6. Finalmente, la Sala accederá a la petición de desvinculación del proceso
constitucional que presentó el Icfes, pues conforme a la copia digitalizada del
auto que aportó, el juez Segundo Administrativo de Valledupar declaró su falta
de legitimación en la causa por pasiva y terminó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a esa entidad. En esa medida, también
cesó el interés eventual que podría tener en esta acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela propuesta por la señora Flor
Claudia Hernández Mojica, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
2. Desvincular del proceso constitucional al Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación- Icfes, por las razones expuestas en este fallo.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.