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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03122-00

Acción de tutela: petición judicial

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03122-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, en lo concerniente al derecho al debido proceso, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Giraldo Mejía, en lo que atañe al derecho a la propiedad, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03122-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03122-00
Demandante: DANIEL GIRALDO MEJÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – Petición judicial / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – Se configuró
porque durante el trámite del proceso de tutela se superó el hecho que dio lugar a la
solicitud de amparo / SUBSIDIARIEDAD – La decisión judicial sobre el derecho a la
propiedad del demandante no se encuentra en firme y ejecutoriada, puesto que las partes
del proceso interpusieron un recurso de reposición que no ha sido resuelto.

La Sala1 decide la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Giraldo Mejía
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

El 13 de junio de 2023, el señor Daniel Giraldo Mejía interpuso acción de tutela
contra la Sección Cuarta – Despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a
la propiedad2.
.
Indicó que radicó una petición el 24 de marzo de la presente anualidad, en el
proceso con radicado 25000-23-37-000-2019-00520-01, «en el cual actúa como
tercero víctima, en un proceso entre la Secretaría de Hacienda Distrital y la Empresa
de Acueducto de Bogotá».

1 Se advierte que, el 6 de julio de 2023, el expediente ingresó al Despacho de la magistrada ponente

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También considero vulnerado el derecho a la «protección especial de la vejez».

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03122-00
Demandante: Daniel Giraldo Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La solicitud consistió en lo siguiente:

Me permito pedir a su despacho dar trámite en los términos constitucionales
del derecho de petición al trámite de respuesta de la Empresa de Acueducto
de Bogotá, sobre la solicitud de oferta de revocatoria directa parcial radicada
por la Secretaría de Hacienda el pasado 1 de febrero de 2023 dentro del
proceso, para el predio identificado con CHIP AAA0137OWYN.

(…)

Ruego a ustedes entonces proceder con las decisiones pertinentes, para poder
finalmente liberar a mi predio de la mora en el impuesto predial año 2015, como
se ha solicitado por parte de las partes del proceso y mi parte como tercero.

Sostuvo que el proceso ordinario es sobre el impuesto predial que la Secretaría de
Hacienda Distrital le está cobrando a la Empresa de Acueducto de Bogotá por el
año 2015, y, en un error entre ambas entidades, su predio identificado con el chip
AAA0137WYN terminó en ese expediente.

Manifestó que, al intentar realizar actos de comercio con su predio, apareció una
supuesta mora en el boletín de obligaciones fiscales consultado en el VUR, para el
año 2015.

Precisó que el trámite que instauró ante la Sección Cuarta necesita premura con el
fin de sacar el chip de su predio del conflicto que se surte ante la autoridad
demandada.

En memorial del 15 de junio de la presente anualidad, el accionante informó que si
bien su petición ya fue resuelta, el derecho a la propiedad sigue siendo vulnerado
por las siguientes razones:

• La Empresa de Acueducto de Bogotá manifiesta que el predio nunca ha sido de
ellos y que hay un error que afecta al demandante, pero no hacen lo
correspondiente.
• La Secretaría de Hacienda conoce que el predio nunca ha sido de la Empresa
de Acueducto, pero que está a la espera de una orden del Consejo de Estado
para proceder a borrar la mora que aparece «equivocadamente reportada».
• El Consejo de Estado «se lava las manos, como el Acueducto no presenta lo
que debía presentar lo conmina a que cumpla su deber, y sencillamente hace
parte del desorden procesal».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03122-00
Demandante: Daniel Giraldo Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Finalmente, expresó que solicitaba encarecidamente la tutela del derecho a la
propiedad y que se ordene a quien lo considere para que sea borrado el predio del
reporte VUR de morosos del impuesto predial del 2015.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 16 de junio de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que aquel se notificara a la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, integrante
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en calidad de terceros con interés,
a la representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ESP, a la alcaldesa mayor y al secretario de hacienda de Bogotá, con el propósito
de que rindieran informe. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La Secretaría Distrital de Hacienda indicó que de los hechos de la tutela se
advierte que esa autoridad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues la
finalidad de este mecanismo constitucional consiste en obtener una respuesta por
parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo que, en esas condiciones,
pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá manifestó que en el
proceso que se está surtiendo ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado funge
como demandante y recibió la propuesta de revocatoria parcial de la Secretaría de
Hacienda, en la que se solicitó «revocar parcialmente del proceso, el predio con
Chip AAA0137OWYN VIGENCIA 2015», al evidenciar que la demandante no era el
obligado tributario, por no ser la propietaria del predio, pues la titularidad recaía en
el señor Daniel Giraldo Mejía.

Indicó que el señor Giraldo Mejía presentó varias solicitudes ante la autoridad
tributaria distrital para que se realizaran las valoraciones y ajustes necesarios con
el fin de estabilizar la información de deuda de su predio, al causársele un perjuicio
injustificado.

Expresó que la oferta de revocatoria directa se encontraba en trámite para el
respectivo estudio y análisis, pero el Despacho sustanciador emitió el auto del 13
de junio de 2023, en el que no continuó con el trámite de la oferta de revocatoria
directa por cuanto la demandante no la aceptó.

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Demandante: Daniel Giraldo Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Inconforme con esa decisión, interpusieron recurso de reposición, puesto que tenían
programado comité de conciliación el 29 de junio de 2023, con el fin de evaluar la
solicitud presentada por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y, posterior a
ello, expuso, se remitiría la decisión tomada por el comité.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Hacienda también interpuso recurso contra
la decisión del 13 de junio de 2023.

Por todo lo anterior, solicitó que «se fallara la tutela en el sentido que se debe
esperar la decisión del despacho, y en consecuencia es improcedente la tutela en
este momento del proceso y no acceder a las pretensiones de la misma».

2.3. La magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello realizó un recuento de las
actuaciones que se han surtido al interior del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En relación con la vulneración al derecho fundamental de petición del señor Giraldo
Mejía expuso que este no era parte ni tercero vinculado al proceso, pero que, no
obstante, presentó una petición el 22 de marzo de 2023, en la que pretendía la
resolución de la oferta de revocatoria directa parcial presentada por la Secretaría
Distrital de Hacienda de Bogotá.

Señaló que el 13 de junio de la presente anualidad, se expidió el auto en el que se
resolvió no continuar con la oferta de revocatoria, al no existir aceptación por parte
de la entidad demandante, la cual fue notificada el 15 de junio siguiente.

Sostuvo que el demandante conoce la providencia del 13 de junio de 2023, puesto
que en la acción de tutela, reconoció la existencia de ese pronunciamiento y
manifestó que ya había sido resuelta la petición, por lo que no se le vulneró su
derecho fundamental, y puso en consideración que según la jurisprudencia, las
reglas del derecho de petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor
judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, pero que, no obstante, debe
declararse la carencia de objeto al extinguirse la presunta omisión alegada por el
accionante.

Respecto de la vulneración al derecho de propiedad, manifestó que, si bien el señor
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Giraldo Mejía no comparte la decisión adoptada mediante auto del 13 de junio de
2023, este no es sujeto procesal en el trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Expresó que actualmente el proceso ordinario se encuentra en la Secretaría de la
Sección Cuarta surtiéndose el traslado del recurso de reposición presentado por la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra la decisión del 13 de junio
de 2023, por lo que, en esas condiciones, «tal decisión no se encuentra en firma y
está sujeta a lo que se resuelva», por lo que no se está vulnerando el derecho a la
propiedad del señor Giraldo Mejía.

2.4. En memorial del 11 de julio de 2023, el accionante se pronunció sobre el informe
de tutela rendido por la autoridad judicial accionada. Al respecto, expresó que ante
la falta de solución de su caso, no ha podido vender el lote, vulnerándose así su
derecho a la propiedad, para tal efecto, aportó la promesa de compraventa del año
2022, que no se pudo llevar a cabo por la situación que tiene el predio de su
propiedad, por lo que suscribió un otrosí en el que se otorgaría la Escritura Pública
el 19 de julio de 2023, pero, no obstante, «el proceso sigue al Despacho».

Expresó que «no hay noticia alguna del comité de conciliación del 29 de junio», por
lo que, sostuvo que «si el juzgado de tutela no da órdenes perentorias, así de 48
horas, va a llegar el 19 de julio y por culpa de una magistrada, y dos entidades
distritales, no podré hacer mi venta de predio. Por lo que me tocaría pagar una
sanción pecuniaria al promitente comprador».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Previo a formular el problema jurídico, conviene señalar que la parte actora
considera que la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró su derecho de
petición y a la propiedad, por no contestar la solicitud para que agilizara el trámite
de la oferta de revocatoria directa presentada por la Secretaría Distrital de Hacienda
de Bogotá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-37-000-2019-00520-01.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima que las circunstancias descritas en
la tutela se relacionan más con el debido proceso que con el derecho fundamental
de petición.

Como se sabe, el derecho de petición no está previsto para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla las funciones
jurisdiccionales que tiene a cargo, pues, para el efecto, el legislador ha establecido
procedimientos y herramientas determinadas.

Las actividades jurisdiccionales del juez están regidas por normas específicas y, por
tanto, las solicitudes de las partes y los intervinientes dentro del proceso judicial
tienen un trámite especial en el que prevalecen las reglas del proceso. Por ejemplo,
los memoriales de impulso del proceso, las solicitudes de pruebas, de acumulación
de procesos y de denuncia del pleito, las solicitudes de copias y certificaciones de
ejecutoria, etcétera, deben tramitarse según las reglas señaladas por los
respectivos ordenamientos procesales, mas no por las normas que regulan el
derecho de petición que se ejerce ante la administración pública. Es decir, los
trámites ante los despachos judiciales tienen regulación propia y, por ende, el
derecho de petición no es un medio legal para cumplir ese cometido.

La anterior distinción es importante, en la medida en que, si un funcionario judicial
omite pronunciarse sobre una solicitud o trámite judicial, no es procedente ejercer
la acción de tutela para que se proteja el derecho de petición. En ese caso, la
solicitud de amparo podrá presentarse, pero para que se protejan derechos
fundamentales como el debido proceso o de acceso a la administración de justicia.

La propia Corte Constitucional, en sentencia T-192 de 2007, precisó que «la omisión
del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus
apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la
administración de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los
términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al
interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional
(C.P., Arts. 29 y 229)».

En ese contexto, el problema jurídico queda planteado de la siguiente manera:

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

¿El Despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, integrante de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, vulneró o no el derecho fundamental al
debido proceso del señor Daniel Giraldo Mejía, en relación con el trámite impartido
a la solicitud presentada el 23 de marzo de 2023, en el proceso con radicado 2019-
00520-01?

Asimismo, corresponde a la Sala determinar si se vulneró o no el derecho a la
propiedad del señor Daniel Giraldo Mejía. Para tal efecto, se deberá establecer si la
tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, el de
subsidiariedad. De ser así, se realizará un estudio de fondo del asunto.

3. Análisis de la Sala

En el presente asunto, la parte actora solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición y a la propiedad, que consideró vulnerado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado -Despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Argüello-, pues, a la fecha de interposición de la acción de tutela, esa autoridad
judicial no le había dado respuesta a la solicitud del 23 de marzo de 2023, en la que
pidió que se resolviera la oferta de revocatoria directa presentada por la Secretaría
Distrital de Hacienda de Bogotá a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, en la que se proponía revocar parcialmente el acto administrativo
demandado, por cuanto uno de los predios era de propiedad del señor Giraldo Mejía
y no de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Bajo ese contexto, si bien la solicitud presentada por el señor Giraldo Mejía se
realizó bajo la denominación del derecho de petición, no era otra cosa que una
solicitud propia del proceso judicial ordinario, que resulta ajena al derecho
fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución Política. En esos casos no
es predicable la vulneración del derecho de petición, pues este no reemplaza los
trámites específicos establecidos por el legislador al interior de los procesos
judiciales.

En esas condiciones, sería del caso determinar si la autoridad accionada vulneró o
no el derecho fundamental al debido proceso del accionante; no obstante, tal como
lo manifestó el señor Daniel Giraldo Mejía en el memorial del 15 de junio de la
presente anualidad, la petición «ya fue resuelta», por cuanto el Despacho de la
magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello profirió el auto del 13 de junio de 2023,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

mediante el cual dispuso «no continuar con el trámite de la oferta de revocatoria
directa parcial de los actos demandados, presentada por la Secretaría Distrital de
Hacienda de Bogotá», de ahí que la Sala concluya que la tutela carece de objeto
por hecho superado.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado3. Empero, la
Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto no se
derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de
alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a
(sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto»4.

El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el caso concreto, se encuentra superado el hecho que dio origen
a la interposición de la acción de tutela, pues la Sección Cuarta del Consejo de
Estado ya atendió la solicitud presentada por el demandante y profirió el auto del 13
de junio de 2023, en el que dispuso no continuar con el trámite de la revocatoria
directa. Por tanto, no tiene objeto que la Sala examine si la accionada vulneró o no
el derecho fundamental de petición a de la parte actora. Es por ello que se impone
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Ahora bien, la Sala advierte que el accionante manifestó que, a pesar de que su
petición fue resuelta, se mantiene la vulneración de su derecho fundamental a la
propiedad, por cuanto no se ha dado la solución pretendida, esto es, que el predio
identificado con el chip AAA0137OWY sea excluido del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, dado que no es de propiedad de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sino del aquí accionante, y se pueda

3
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
4
Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

solucionar ese inconveniente consistente en la eliminación de la anotación del
mismo en el reporte VUR de morosos del impuesto predial del 2015.

En ese aspecto puntual, la Sala anticipa que la tutela será declarada improcedente,
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las
siguientes razones:

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, presentó oferta de revocatoria parcial de los
actos administrativos demandados, con fundamento en lo siguiente:

Formular oferta de revocatoria parcial de los actos administrativos demandados
en el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 25000-
23-37-000-2019-00520-00, impetrado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ “EAAB”, en el sentido de excluir de
las Resoluciones N°. DDI005434 del 07 de marzo de 2018 y N°. DDI005909 del
07 de marzo de 2019, el predio identificado con Chip Catastral
AAA0137OWYN, por la vigencia fiscal 2015, al ser de propiedad del señor
DANIEL GIRALDO MEJÍA identificado con la C.C. 2.316.085.

De la anterior solicitud se le corrió traslado a la parte demandante, esto es, la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien manifestó que «no existe
aún autorización de aceptación o negativa expresa de la oferta de revocatoria por
parte del Comité de Conciliación (…) por lo que solicito respetuosamente se prosiga
con el trámite procesal y se decida de fondo la controversia».

Como se expuso previamente, la autoridad judicial accionada, el 13 de junio de
2023, profirió el auto a través del cual dispuso no continuar con el trámite de la oferta
de revocatoria directa, dado que la parte demandante «no aceptó la misma y solicitó
proseguir con el proceso».

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
reposición, y manifestó que el comité de conciliación se reuniría el 29 de junio de
2023 para tomar una decisión sobre la oferta de revocatoria directa. De igual modo,
la parte demandada la recurrió, y manifestó que en el trámite del proceso, el señor
Daniel Giraldo Mejía «surgió como tercero», pues es titular del predio identificado
con el chip AA0137OWYN vigencia 2015, por lo que resulta justificado continuar con
el trámite tendiente a aprobar la oferta de revocatoria parcial solicitada «con el fin
de evitar que los derechos del tercero, o su situación jurídica puedan resultar

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afectados; ya que es evidente que tal decisión podría eventualmente ocasionarles
perjuicios».

En esas condiciones, se observa que la providencia del 13 de junio de 2023 aún no
se encuentra en firme y ejecutoriada, por cuanto se encuentran pendientes de
resolverse los recursos de reposición interpuestos por la parte demandante y
demandada, de ahí que no sea posible advertir la vulneración al derecho
fundamental a la propiedad del señor Giraldo Mejía, pues el proceso aún no ha
concluido, por lo que, en principio, el juez de tutela no podría inmiscuirse en este
asunto5.

Adicionalmente, no se advierte que en el presente caso exista un perjuicio
irremediable de naturaleza iusfundamental que haga procedente el amparo de
manera transitoria, puesto que, al valorar las situaciones fácticas de la acción de
tutela, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la
doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son
la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción.

En efecto, no se aprecia una amenaza inminente sobre el derecho fundamental a la
propiedad del señor Giraldo Mejía, pues contra la providencia del 13 de junio de
2023, las parte demandante y demandada hicieron uso de los mecanismos de
defensa ordinarios, que resultan ser idóneos para la protección de su derecho, como
se pudo observar en los argumentos de reproche contra la providencia impugnada.

De suerte que, como la providencia del 13 de junio de 2023 fue recurrida por los
sujetos procesales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, es posible
advertir que la situación jurídica del accionante respecto al predio de su propiedad
no ha sido definida aún, pues se encuentra pendiente de que la autoridad judicial
demandada emita el pronunciamiento definitivo. Por lo anterior, se declarará
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

5 Sentencia T-113 de 2013: «De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del

juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

F A L L A:

PRIMERO. Declarar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado,
en lo concerniente al derecho al debido proceso, por lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Giraldo
Mejía, en lo que atañe al derecho a la propiedad, por lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
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