Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03123-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-03123-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
26 de julio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: Elver Manuel Romero Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: ELVER MANUEL ROMERO TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Derecho al debido proceso, mora en resolver demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor Elver
Manuel Romero Torres, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo
1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Elver Manuel Romero Torres interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad, a la vida y al
debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…)
Primero: Que se declare que la Caja de Sueldos de la Policía Nacional- CASUR – y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA, han incurrido en una continua
vulneración en el tiempo de mis derechos constitucionales y fundamentales, al mínimo vital, a la
dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la seguridad social, debido proceso y los otros
derechos fundamentales que usted su señoría considere conculcados, por lo cual estos derechos
me deben ser amparados.
Segundo: Que, en consecuencia, con la declaración anterior, se emita por usted su señoría la
ORDEN, para que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA emita fallo de manera inmediata.
Tercero: Que se ordene a la Caja de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, me empiece hacer
el pago de la asignación de retiro de las mesadas correspondientes, tal cual se ordene en la
sentencia.
(…)».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:
El 5 de agosto de 2016, el señor Elver Manuel Romero Torres solicito a la Caja de
Sueldos de la Policía Nacional – CASUR- el reconocimiento de la asignación de
retiro y la entidad, mediante oficio E- 00003 – 2016000558 – CASUR- ID 175875
del 5 de octubre de 2016, negó la solicitud, por considerar que no cumplía con el
tiempo mínimo de servicio para ser beneficiario de la asignación de retiro.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: Elver Manuel Romero Torres
El señor Elver Manuel Romero Torres ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el oficio E- 00003 – 2016000558 – CASUR- ID
175875 del 5 de octubre de 2016, expedido por el Director General de la Caja de
Sueldos de la Policía Nacional – CASUR-.
El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativos del Circuito de Bogotá, en sentencia
del 23 de marzo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en cuanto, declaró probada la excepción de inexistencia del derecho formulada por
la apoderada de la entidad accionada; declaró la nulidad parcial del Oficio E –
00003-2016000558 – CASUR, ID: 175875 de 05 de octubre de 2016 y a título de
restablecimiento del derecho ordenó a CASUR reconocer y pagar la asignación
mensual de retiro, de conformidad con las partidas establecidas en el artículo 140
del Decreto 1212 de 1990 y en los porcentajes dispuestos en el artículo 144 ibidem,
con efectividad a partir del 30 de abril de 2016.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional interpuso recurso de apelación
y el expediente fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde a
la fecha, está a la espera del fallo.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada incurre en la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la omisión en emitir fallo de segunda
instancia y en pronunciarse sobre los escritos en que ha solicitado impulso
procesal.
Sostuvo que el expediente fue repartido al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, hace cinco años para resolver la
apelación presentada por la entidad demandada, lo que, califica como un plazo
injustificado, por lo que considera que la autoridad judicial demandada incurrió en
mora judicial.
Afirmó que la alegada mora judicial genera la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y que esta permanezca en el tiempo, en la medida en
que, señala, se encuentra en difícil condición económica, ha tenido que realizar
toda clase de oficios y no logra conseguir un empleo, porque es una persona mayor
de 50 años, sin embargo, argumenta que debe llevar el sustento a su casa y pagar
una EPS, en especial, porque su hijo menor Cristian Daniel Romero Gómez,
necesita tratamiento médico y un medicamento diario.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 15 de junio de 2023, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante y a los magistrados que conforman
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el
conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, informó que admitió el recurso de apelación y ordenó correr traslado para alegar
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: Elver Manuel Romero Torres
de conclusión. Sostuvo que el proyecto de fallo de segunda instancia se someterá
a consideración de la sala de la subsección en la próxima sesión.
6. Intervención de los terceros interesados
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se refirió a los hechos que
dieron origen a la presente acción, adujó la legitimación en la causa por pasiva y
solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no le ha vulnerado algún
derecho fundamental, en la medida en que la acción de tutela se dirige contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y está encaminada a que se resuelva el
recurso de apelación presentado por la entidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora invoca la protección de
los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad, a la vida y al debido
proceso y solicita que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B “(…) emita fallo de manera inmediata (…)”.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos:
(i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: Elver Manuel Romero Torres
Al efecto, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial demandada
vulneró los derechos fundamentales invocados por incurrir en mora judicial, o, por
el contrario, si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado.
De la mora judicial
Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la
inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación
judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii)
la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez 4.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una
decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales.
Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que
impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna
decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva
carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de
acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de
dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u
otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los
que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
De la carencia actual de objeto por hecho superado
Al respecto, se anota que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha
indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las
pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez
no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío” 5. Específicamente, en
relación con el hecho superado, señala que este escenario se presenta cuando
entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que,
como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
4
Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-
441 de 2020.
5 Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992, reiterada en sentencias T-533 de 2009 y T-253 de 2012, entre
otras.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: Elver Manuel Romero Torres
derechos fundamentales alegada por el accionante 6. Dicha superación se configura
cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la
afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras
de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado 7.
Caso concreto
Como se indicó, la parte actora aduce la vulneración de los derechos
fundamentales invocados porque, desde el año 2018 el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 11001334205420170009001
fue repartido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, para el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contra la sentencia del 23 de marzo de
2018, mediante la que el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
Sección Segunda accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
De la consulta del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 11001334205420170009001, en el Sistema de información Samai, se
observa que en actuación registrada el 25 de julio de 2023, en el índice 33 se
registró proyecto de fallo, como se observa de la siguiente captura de pantalla:
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que, con posterioridad a la interposición
de la acción de tutela de la referencia -13 de junio de 20238-, la autoridad judicial
demandada registró el proyecto de sentencia para ser discutido en Sala de
Decisión.
Con base en lo expuesto, la Sala concluye que, efectivamente, existió una mora
injustificada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
que vulnera los derechos fundamentales de la parte actora, a pesar de que el
informe del tribunal demandado se indicó que, con posterioridad a la acción de
tutela registró el proyecto de fallo, el término que ha transcurrido sin proveer sobre
el particular resultó desproporcionado, en especial, cuando en el informe que allegó
el Tribunal demandado no se pronunció sobre las posibles razones en la demora
del trámite procesal y de la expedición de la decisión 9.
Así las cosas, la Sala advierte que las razones por las que la parte demandante
ejerció la acción de tutela de la referencia y con base en las cuales sustentó la
presunta vulneración de derechos ya fueron superadas, por lo que, en el presente
caso, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
6 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de
2018, entre otras.
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
8 Tal como se observa en la consulta el sistema de información Samai, en el índice 1 del proceso de la acción
de tutela de la referencia.
9
Al respecto, ver sentencias del 22 de julio de 2021, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2021-02142-00 y
del 8 de junio de 2023, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2023-01946-00. Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P. Milton Chaves García.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03123-00
Demandante: Elver Manuel Romero Torres
Sin embargo, la Sala no pasa por alto que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue radicado ante la Corporación desde el 6 de junio
de 2018, por lo que, el tiempo que ha tardado el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en emitir decisión de fondo del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, resulta ser un lapso
desproporcionado, máxime, como cuando se vio, se prescindió la audiencia de
alegación y juzgamiento y no se abrió etapa probatoria de segunda instancia. Por
lo tanto, es necesario prevenir al magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B dentro del proceso con radicado
número 11001334205420170009000, para que, en adelante, evite incurrir en
acciones como las que motivaron la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
2. Prevenir al despacho del magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B dentro del proceso con radicado
número 11001334205420170009000, para que, en adelante, evite incurrir en
iguales conductas a las que motivaron la presentación de la acción de tutela.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.