Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03150-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03150-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03150-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 5 de febrero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03150-01
Demandante: Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia de única instancia que negó
las pretensiones de la demanda consistentes en declarar la nulidad de la elección de un
Representante a la Cámara por el departamento de Arauca.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara
contra la Sentencia de 31 de agosto de 2023, por medio de la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 13 de junio de 2023, Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de la Sentencia de 2 de marzo
de 2023, proferida en el proceso de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-
2022-00035-00, el cual fue acumulado con el asunto No. 11001-03-28-000-
2022-00064-00.
2. A título de amparo constitucional, la demandante solicitó (se
trascribe):
“Que se ampare el derecho fundamental al Debido Proceso el cual está siendo
vulnerado mediante la sentencia de la referencia emanada de la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. - NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Wilmer José Valencia Ladrón
de Guevara contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03150-01
Demandante: Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y declara improcedencia
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Para garantizar ese derecho, que se revoque la sentencia demandada, la cual
se profirió por vías de hecho y con los defectos insalvables expuestos en esta
acción de tutela.
Que, como consecuencia de la revocatoria de la sentencia demandada y
para garantizar plenamente la protección del derecho fundamental vulnerado
y el orden constitucional vigente, que se declare la nulidad de la elección del
Representante a la Cámara GERMÁN ROGELIO ROZO ANIS, dado que se
encuentra inhabilitado para ejercer el cargo por tener doble nacionalidad y
por no acreditar, más allá de toda duda, la condición de Colombiano por
Nacimiento para ser beneficiario de la excepción consagrada en la
constitución Política, artículo 179-7.
En subsidio de la petición contenida en el punto anterior, que una vez se
revoque la sentencia demandada, se ordene a la Sección Quinta del Consejo
de Estado rehacer la sentencia con base en las pruebas aportadas
válidamente al proceso, de las que se desprende que no está probada, más
allá de toda duda, la calidad de Colombiano por Nacimiento y, por ende, no
le es aplicable esta excepción a la inhabilidad contemplada en el artículo 179-
7 de la Constitución Política, lo que conduce a declarar la nulidad de su
elección como Representante a la Cámara por el Departamento de Arauca,
2022-2026.
Ordenar a la Sección Quinta emitir un fallo en derecho que no permita que un
ciudadano nacido en Venezuela, que también pretende demostrar su
nacimiento físico en Colombia, permanezca en el Congreso de la República
como representante de los ciudadanos colombianos, sin que se sepa a ciencia
cierta si nació en Colombia o en Venezuela, pues su identidad no está clara,
ante dos pruebas de igual valor procesal, pero contradictorias entre sí sobre el
hecho del nacimiento, tanto en cuanto al lugar como en lo concerniente a la
fecha”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) Germán Rogelio Rozo Anís fue inscrito por el partido Liberal
Colombiano, en la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por
el departamento de Arauca para el periodo 2022 -2026.
5. 2) El 13 de marzo de 2022, el señor Rozo Anís fue electo como
representante a la Cámara por el departamento de Arauca, en una lista
abierta.
6. 3) El 7 de abril de 2022, David Alfonso Tafur Salcedo presentó
demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró la elección
de Germán Rogelio Rozo Anís como representante a la Cámara por el
departamento de Arauca, con fundamento en el numeral 7 del artículo 179
de la Constitución y los artículos 28 y 29 de la Ley 43 de 1993, que establecen
la limitación para ser elegido como congresista respecto de quienes tengan
doble nacionalidad, con excepción de los colombianos por nacimiento. Esa
demanda se radicó con el No. 11001-03-28-000-2022-00035-00
7. Por lo anterior, precisó que el señor Rozo Anís se encontraba incurso
en la mencionada limitante pues las pruebas que se anexaron a la
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Decisión: Revoca y declara improcedencia
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demanda permitían evidenciar que nació en Venezuela y, en
consecuencia, se debía declarar la nulidad de su elección.
8. 4) El 3 de mayo de 2022, Wilmer José Valencia Ladrón de Guevara
presentó demanda de nulidad electoral contra del acto de elección de
Germán Rogelio Rozo Anís, con similares fundamentos a los propuestos en la
demanda presentada por el señor Tafur Salcedo. A la demanda se le asignó
el radicado No. 11001-03-28-000-2022-00064-00.
9. 5) El conocimiento de los asuntos le correspondió a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que, a través de Auto de 5 de agosto de 2022, ordenó
la acumulación de los 2 asuntos en la medida en que se dirigían contra un
mismo demandado y tenían similares fundamentos.
10. 6) Mediante Sentencia de única instancia de 2 de marzo de 2023, la
autoridad judicial a cargo del asunto negó las pretensiones tras considerar
que, a través de pruebas tales como la cédula de ciudadanía de Rogelio
Rozo (padre del representante a la Cámara demandado) y el registro civil
de nacimiento de Germán Rogelio Rozo Anís, era posible concluir que al
demandado le era aplicable la excepción de la causal 7 del artículo 179 de
la Constitución, en la medida en que se trataba de un colombiano por
nacimiento, como lo establecía el artículo 96 de la Constitución. Adicional
a ello, puso de presente que las referidas pruebas no habían sido tachadas
de falsas dentro del proceso judicial.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante alegó la
configuración de los defectos: (1) procedimental absoluto en la medida en
que la autoridad judicial no se apegó a lo dispuesto en el artículo 251 del
Código General del Proceso para la valoración de documentos públicos
otorgados en país extranjero, puntualmente respecto de un fallo de
anulación de un acta de nacimiento de Venezuela; (2) fáctico por la
aceptación de esa prueba proveniente de un país extranjero, sin el
cumplimiento de requisitos legales y por la valoración del registro civil de
nacimiento del demandado en Colombia, la cual, a juicio del demandante,
tampoco cumplía requisitos legales; (3) error inducido toda vez que el
apoderado de la parte demandada aportó el fallo de anulación del acta
de nacimiento de país extranjero, como un documento apostillado, cuando
realmente no lo estaba.
12. 4) Decisión sin motivación en atención a que la autoridad judicial no
sustentó las razones por las cuales aceptó un documento proveniente del
extranjero que no contaba con la apostilla; (5) sustantivo por omitir la
aplicación del artículo 251 del Código General del Proceso, respecto de los
requisitos para los documentos provenientes del exterior, aportados al
proceso; y (6) desconocimiento de los precedentes relacionados con (se
trascribe) “que los documentos procedentes del exterior que pretendan ser
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utilizados como prueba en un proceso de cualquier naturaleza, deben estar
apostillados bajo los protocolos del Ministerio de Relaciones Exteriores
basados en tratados internacionales” (defecto que no se sustentó en
ninguna sentencia en particular).
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 31 de agosto de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela. Para ello,
en primer lugar, señaló que los reparos planteados por el demandante a
través de diferentes defectos coincidían en cuestionar el hecho de otorgar
valor probatorio a un documento que provenía del extranjero sin estar
apostillado y aceptar un registro civil de nacimiento de Colombia, el cual no
cumplía con los requisitos legales para ser tenido en cuenta, argumentos
que podían estudiarse a través del defecto fáctico.
14. En segundo lugar, al realizar el análisis del mencionado defecto
concluyó que no se encontraba configurado pues la autoridad judicial
accionada encontró acreditado que el señor Germán Rogelio Rozo Anís
tenía nacionalidad colombiana por nacimiento, como lo demostraba el
registro civil de nacimiento aportado al proceso. Además, indicó que dicha
prueba no fue tachada de falsa dentro del proceso y, en todo caso, no
correspondía al juez de la nulidad electoral declarar las anomalías o errores
que pudieran afectar la legitimidad y/o autenticidad de ese documento.
15. Además, puso de presente que la decisión del medio de control de
nulidad electoral no se basó en pruebas documentales provenientes del
extranjero sin apostillar, sino en el registro civil colombiano del demandado,
motivo por el que no era de recibo el argumento referente al
desconocimiento del artículo 251 del Código General del Proceso.
16. La parte demandante impugnó la sentencia con fundamento en que
(1) en la decisión cuestionada no se superaron los estándares probatorios en
la medida en que el juez de la nulidad electoral no despejó la duda respecto
de la existencia de 2 actas de nacimiento del señor Rozo Anís de diferentes
países; (2) lo pretendido no era atacar la validez formal del registro civil de
nacimiento colombiano, sino poner de presente que existía un acta de
nacimiento de otro país que tenía la misma validez y que demostraba la
configuración de la limitante alegada; (3) la autoridad judicial no tuvo en
cuenta que el acta de nacimiento de Venezuela tenía plena validez con el
fin de poner en duda el hecho de que el representante a la Cámara electo
era colombiano por nacimiento; (4) lo que se cuestionaba no era que el
señor Rozo Anís tenía doble nacionalidad, sino que en el registro civil
colombiano y en el acta de nacimiento de Venezuela daban cuenta que
nació en los 2 países, lo que no permitía otorgar credibilidad a ningún
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registro; e (5) insistió en que las pruebas aportadas por el demandado no
acreditaban su nacionalidad colombiana.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial3
17. La Sala revocará la sentencia de primer grado que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la misma por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional, pues se advierte que la parte demandante pretendió
someter su pleito a una instancia adicional al proceso ordinario.
18. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”4.
19. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20145, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad8.
20. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.
21. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional con el siguiente
fundamento (se trascribe): “la elección de un representante a la Cámara
de Representantes del Congreso de la República, está regulada en nuestra
Constitución Política, tanto en lo atinente a los requisitos como en las
inhabilidades; pues hace parte de la vida política y democrática de nuestro
país, lo que reviste el tema de una relevancia constitucional incuestionable.
Además, el derecho afectado es de carácter constitucional pues el fallo
vulnera el Debido Proceso, derecho fundamental plasmado en la carta
política, artículo 29; el cual se ve afectado en la forma señalada más
adelante”, lo cierto es que tal afirmación no resulta suficiente para explicar
por qué era necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a la
decisión adoptada por el juez de la nulidad electoral, pues se presentó, junto
con los reparos a la decisión enjuiciada, como simples diferencias o
discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez natural de la
causa.
22. Además, aunque la parte accionante indicó la aparente
configuración de unos defectos, la Sala considera que la intención del
demandante era poner de presente una aparente indebida valoración
probatoria en lo relacionado con el país en que nació el representante
electo y, en esa medida reabrir el debate sobre la procedencia de decretar
también la nulidad sobre esa elección.
23. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Sección Quinta del
Consejo de Estado a través de la Sentencia de 2 de marzo de 2023, en la
cual hizo referencia a que, de conformidad con el artículo 9610 de la
Constitución, entre otros casos, eran colombianos por nacimiento aquellos
que nacieron en Colombia y alguno de sus padres tuviera nacionalidad
colombiana, o hubieran nacido en el extranjero, pero alguno de sus padres
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
10 ” ARTICULO 96. Son nacionales colombianos:
1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o
nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la
República en el momento del nacimiento y;
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en
territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.
2. Por adopción:
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los
casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;
b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del
Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la
municipalidad donde se establecieren, y;
c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de
reciprocidad según tratados públicos.
Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no
se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a
renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.
Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.”
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es de Colombia y se registran en una oficina consular de Colombia o ubican
su domicilio en Colombia.
24. En ese sentido, la autoridad judicial evidenció que el señor Rozo Anís
era colombiano por nacimiento pues así lo certificaba el registro civil No.
1620636 del 2 de enero de 1976 el cual fue inscrito en la Notaria 2 de Cúcuta
y no fue tachado de falsedad por la parte demandante, adicional a ello
logró determinar que su padre Rogerio Rozo estaba identificado con una
cédula de ciudadanía colombiana expedida en Cúcuta y nació en Chiscas
• Boyacá.
25. Además, señaló que las pruebas a las que hacía referencia el
demandante, relacionadas con una aparente “doble identidad” de
Germán Rogelio Rozo Anís, lo que realmente probaban era una doble
nacionalidad, aspecto que no permitía la configuración de la causal
alegada en atención a que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
22 de la Ley 43 de 199311, la nacionalidad colombiana no se perdía por el
hecho de adquirir otra nacionalidad.
26. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no existían fundamentos para tener por configurada la causal
de inhabilidad alegada y, en consecuencia, declarar la nulidad de la
elección de Germán Rogelio Rozo Anís, como representante a la Cámara
por el departamento de Arauca.
27. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional.
2.2. Conclusiones
28. Para la Sala existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, revocará el fallo
impugnado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de
tutela.
11 ”Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de
la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.”
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por falta de relevancia
constitucional, de acuerdo con los argumentos expuestos.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.
TERCERO: por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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