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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03164-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03164-00

Fecha
24 de julio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03164-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Rubén Darío Higuera Márquez en contra del Tribunal Administrativo de Casanare y el Consejo de Estado – Sección Primera, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en SAMAI. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03164-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03164-00
Accionante: RUBÉN DARÍO HIGUERA MÁRQUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / principio constitucional de
seguridad jurídica / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / decisión sin motivación
/ violación directa de la Constitución / responsabilidad
fiscal del representante legal de entidad pública en
virtud de un contrato de obra

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Rubén Darío Higuera Márquez, quien actúa en nombre propio, en contra
del Tribunal Administrativo de Casanare y del Consejo de Estado –
Sección Primera por la presunta vulneración de derechos
fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de las
providencias del 28 de noviembre de 2019 y 9 de febrero de 2023,
respectivamente, proferidas dentro del medio de control de nulidad y

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ACCIÓN DE TUTELA
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restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 85001-
23-33-000-2018-00128-01.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y del principio
constitucional de seguridad jurídica se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Rubén Darío Higuera Márquez presentó medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría
General de la República con el fin que se declarara la nulidad de los
autos núm. 2180 de 18 de diciembre de 2017, 0120 de 06 de febrero
de 2017 y ORD-80112-0050 de 07 de marzo de 2018 que lo declararon
fiscalmente responsable por hechos ocurridos en el marco del proceso
de licitación para adjudicar y contratar la construcción del acueducto
San Rafael del municipio de Yopal, Casanare.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Casanare que,
por medio de sentencia del 28 de noviembre de 2019, negó las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección
Primera que, a través de providencia del 9 de febrero de 2023, confirmó
lo fallado en primera instancia.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del
Casanare y el Consejo de Estado – Sección Primera, con la expedición
de las providencias del 28 de noviembre de 2019 y 9 de febrero de

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2023, respectivamente, incurrieron en la causal específica de
procedibilidad de decisión sin motivación porque se realizó una
imputación subjetiva, no objetiva como dicta el mandato legal, pese a
que no existía culpa grave ni responsabilidad respecto de la declaratoria
del siniestro, toda vez que no avaló, ni permitió el desembolso de
sumas de dinero luego del 31 de diciembre de 2007 a la empresa
contratista que hayan desencadenado en un daño patrimonial a la
entidad y al Estado, pues ya no se desempeñaba como gerente de la
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo Yopal - EAAAY.

Asimismo, alegó una violación directa de la Constitución en tanto
las decisiones proferidas en el proceso de responsabilidad fiscal no
validaron la existencia de responsabilidad de otros sujetos durante el
período comprendido entre el 1.° de enero de 2008 y el 2010 cuando
se declaró el siniestro, situación que debió ser objeto de nulidad dentro
del medio de control por tratarse de un hecho que afectó el patrimonio
público, teniendo en cuenta que en dicho período existió el detrimento
se endilga en su contra.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«PRIMERA: DECLARAR que el CONSEJO DE ESTADO y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, vulneraron mis derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y debido proceso, con
ocasión a la expedición de la sentencia de primera de fecha 28 de noviembre de 2019
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE y de
segunda instancia de fecha 9 de febrero de 2013 proferida por el CONSEJO DE
ESTADO y notificada el día 17 de febrero de 2023, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado No. 2018-128.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS las
sentencia mencionadas en precedencia y proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo radicado 2018-128.

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TERCERA: ORDENAR a los accionados, especialmente al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CASANARE que como consecuencia de lo anterior
REVISE Y PROFIERA NUEVAMENTE su sentencia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento radicado No. 2018-128 y profiera decisión aplicando el
debida forma el precedente jurisprudencial aplicable al caso». (sic en toda la cita).

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 22 de junio de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Casanare y al Consejo de Estado – Sección Primera
como accionados y a la Contraloría General de la República como
tercero interesado en las resultas del proceso, para que ejerciera su
derecho de defensa. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado, para que interviniera en el presente proceso.

4.1. El Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de su
secretaria general, allegó el link de acceso al expediente contentivo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2. El Consejo de Estado – Sección Primera, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se rechace
por improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional y porque no se configura una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

Sostuvo que el accionante pretende prolongar el debate judicial que se
dio al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el cual fue declarado responsable fiscal con fundamento en que su
calidad de gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Yopal suscribió un contrato de obra para la construcción del acueducto

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del sector San Rafael del municipio de Yopal e incurrió en culpa grave
al omitir su deber de vigilancia y control de la obra con problemas
iniciales de diseño.

Indicó que el juez de lo contencioso administrativo en el trámite del
proceso ordinario ya concluyó que su papel fue determinante para que
se materializara la afectación del patrimonio público, pues su omisión
permitió que los recursos públicos pagados al contratista no cumplieran
con la finalidad para el cual fue contratada, toda vez que el acueducto
y la planta de tratamiento no operó, pues se trata de una obra
inconclusa que no ha sido puesta en funcionamiento.

4.3. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 333 de 2021.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo de Estado
– Sección Primera1, al expedir la sentencia del 9 de febrero de 2023
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 85001-23-33-000-2018-

1 Pese a que la acción de tutela también se dirige contra el Tribunal Administrativo de Casanare por la expedición de la

sentencia de 28 de noviembre de 2019, esta Sala de Subsección centrará su estudio en la decisión de segunda instancia
por ser esta la que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 85001-23-33-000-2018-00128-01.

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00128-01, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y debido proceso, y del principio
constitucional de seguridad jurídica de la parte accionante.

Previamente a lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente2, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se
desbordan los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela». (Resalta la
Sala).

La causal de improcedencia de la acción relacionada con la existencia
de otros medios de defensa responde al carácter subsidiario de la acción
de tutela, con el propósito respetar la división de competencias que la
misma carta política ha delineado y el principio de especialidad de la
jurisdicción; por tanto, desconocer tales atribuciones implicaría invadir
a los jueces que recibieron el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron
revestidos de autonomía e independencia.

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De igual forma, se refiere a aquellos eventos en los que la petición
presentada en la acción de tutela puede ser resuelta, no sólo a través
de las acciones ordinarias u otros mecanismos de defensa judicial, sino
además cuando las partes dentro de un proceso han contado
con los mecanismos de defensa y no han hecho uso de ellos,
buscando ante tal omisión acudir a esta vía para que se reviva la
oportunidad procesal ya precluida.

El argumento de improcedencia en comento tiene sustento en los
deberes jurídicos que tienen las partes en el trámite de los
procesos judiciales para impugnar o controvertir las decisiones
con las que están en desacuerdo y cuya oportunidad se establece
en cada uno de los estatutos que rigen el proceso de que se trate.

Así las cosas, dependiendo del caso que se estudie, el establecimiento
de los recursos y demás oportunidades procesales tienen por objeto
que el mismo funcionario judicial o su superior funcional reexaminen la
actuación censurada y la modifiquen o revoquen. En ese sentido, el juez
constitucional no podrá declarar procedente una solicitud de amparo
cuando la parte interesada en controvertir la decisión judicial no ejerció
su derecho en tiempo o simplemente dejó de cumplir con los
formalismos establecidos en la legislación procesal, por
desconocimiento o falta de diligencia.

Frente a ello ha señalado la Corte Constitucional:

«Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’ (negrillas del original). Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un

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derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle»4.

3.1.1. Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, se advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados, y que la interposición se dio
en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se profirió el 9 de febrero de 2023 y la acción de tutela se
presentó el 14 de junio de 2023.

Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; y el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de una decisión sin
motivación en la que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

3.2. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN

La jurisprudencia constitucional5 ha señalado que la falta de motivación
de una providencia como causal de procedencia de una tutela contra
providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto atacado carece
de legitimación, debido a que el funcionario judicial encargado de

4 Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2017.
5 Sentencia C-590 de 2005

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adoptar determinada decisión, incumplió su obligación de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo cual deriva
en una decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 6 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de
autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad7».

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional8 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez
constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia.

3.3. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en

6 Sentencia T-233 de 2007
7 Sentencia T-709 de 2010
8 Sentencia T-041 de 2018

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el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»9.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»10.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la solicitud de tutela instaurada por el
señor Rubén Darío Higuera Márquez en contra del Consejo de Estado –

9 Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
10 Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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Sección Primera por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, y del principio constitucional de seguridad jurídica, ocurrida
con ocasión de la expedición de la sentencia del 9 de febrero de 2023,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 85001-23-33-000-2018-
00128-01.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. En primer lugar, la parte accionante alega la causal específica de
procedibilidad de decisión sin motivación porque se realizó una
imputación subjetiva, no objetiva como dicta el mandato legal, pese a
que no existía culpa grave ni responsabilidad respecto de la declaratoria
del siniestro, toda vez que no avaló, ni permitió el desembolso de
sumas de dinero luego del 31 de diciembre de 2007 a la empresa
contratista que hayan desencadenado en un daño patrimonial a la
entidad y al Estado, pues ya no se desempeñaba como gerente de la
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo Yopal.

Al respecto, de conformidad con los fundamentos de la sentencia del 9
de febrero de 2023, se encuentra lo siguiente:

El Consejo de Estado – Sección Primera revisó la decisión de la
Contraloría General de la Nación de declarar responsable fiscal al señor
Rubén Higuera Márquez quien, en su calidad de gerente de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.I.C.E.-E.S.P., suscribió el
contrato de obra núm. 124 de 8 de octubre de 2007 para la construcción
del acueducto del sector San Rafael del municipio de Yopal, Casanare.

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La parte accionada en el proceso ordinario consideró que el sancionado
incurrió en culpa grave al (i) omitir su deber de vigilancia y control de
la obra con problemas iniciales de diseño, lo que fue determinante para
que se materializara la afectación del patrimonio público; (ii) permitir
que los recursos públicos pagados al contratista no cumplieran con la
finalidad para el cual fue contratada; y (iii) verificar que el acueducto y
la planta de tratamiento no operó, siendo una obra inconclusa que no
ha sido puesta en funcionamiento y nunca ha prestado un servicio a la
comunidad.

Al respecto, en la providencia acusada se tuvo como sustento
normativo y legal lo siguiente:

«131. En otras palabras, la parte demandante no hizo seguimiento a las pautas
técnicas establecidas que se debían ejecutar con el contrato, omitió los deberes
funcionales de velar y promover las acciones dirigidas a cumplir y hacer cumplir
las acciones administrativas concernientes a garantizar la ejecución y
consolidación de todas las etapas que configuraban el desarrollo del contrato y de
forma negligente, no estableció los procedimientos necesarios que garantizaran, la
construcción de la obra y no adelantó seguimiento que permitiera llegar al avance
en la obra contratada, así:

“[…] RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, identificado con cedula de
ciudadanía No.9.659.258 de Yopal, en calidad de Gerente de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.I.C.E.-E.S.P., en el periodo que
comprende desde el 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, posesionado
mediante Acta No. 013 del 01 de enero de 2004, fue quien suscribió EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.124 del 8 de octubre 2007 con la Unión
Temporal Caribabare, por la suma de $2.732'247.702 para ejecutar el contrato de
obra que consistía en "la Construcción del Acueducto del Sector San Rafael del
Municipio de Yopal, Departamento de Casanare" con un plazo de ejecución de
tres (3) meses.

En el auto N0.0408 del 16 de marzo de 2017 mediante el cual se imputó
responsabilidad fiscal a RUBEN DARIO HIGUERA MARQUEZ, se indicó:

[…] fungió como Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal
E.I.C.E. E:S.P. en el periodo que comprende desde el 01 de enero de 2004 al 31
de diciembre de 2007, posesionado mediante Acta No.013 del 01 de enero de
2004, de acuerdo a información consignada en hoja de vida de la función pública
(folios 133-135) y en la certificación expedida por la oficina de recursos humanos
de la EAAAY E.I.C.E E.S.P. (Folio 695 a 608). Como Gerente de la Empresa de

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Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.I.C.E - E.S.P, fue quien suscribió EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.124 del 8 de octubre 2007 con la Unión
Temporal Caribabare, por la suma de $2.732.247.702 para ejecutar el contrato de
obra que consistía en la Construcción del Acueducto del Sector San Rafael del
Municipio de Yopal, Departamento de Casanare" con un plazo de ejecución de
tres (3) meses.

La Empresa de Acueducto, representada por el Gerente, se comprometió a invertir
los recursos en el objeto señalado en el contrato de obra pública No.124 del 8 de
octubre de 2007, lo anterior: conforme los "ítems, unidades, cantidades, precios
establecidos en el presupuesto elaborado por el Departamento, y las
especificaciones técnicas establecidas en el anexo No.1 "Especificaciones
Técnicas", el cual hace parte integral del presente contrato y en tal virtud actuará
como ordenador del gasto y ejecutor de los recursos. (Cláusula sexta)". El contrato
debió ejecutarse en un término de tres. (3) meses.

La empresa de Acueducto declaró el incumplimiento de las obligaciones pactadas
en el Contrato No.124 de 2007, en "Que el contratista inició las actividades
contratadas el día 30 de octubre de 2007 (Acta de inicio) por lo cual el plazo de
ejecución y el de sus prórrogas venció el día 31 de mayo de 2010, sin que este
haya dado cumplimiento total de las obligaciones pactadas en el contrato, de
acuerdo al informe final de la obra presentado por la Sociedad de Ingenieros de
Casanare, firma interventora, radicado en la EAAAY E.I.C.E ESP el día 16 de
septiembre de 2010. en el cual se informa que la obra fue ejecutada en un 69.6%
quedando pendiente por ejecutare el 30.4%, es decir que el contratista incumplió
la cláusula primera del contrato 124 de 2007" folios 102 a 118.

Por lo anterior, es claro que de acuerdo al informe final de obra presentado por la
Sociedad de Ingenieros de Casanare, firma que ejerció la interventoría, que la obra
no fue ejecutada al 100%, dejando algunos ítems establecidos en el contrato sin
ejecutar.

En primer lugar, las obligaciones legales y funcionales que el señor RUBEN
DARIO HIGUERA MARQUEZ, en su condición de Gerente de Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Yopal, tenía como funciones tal y como lo describe
el manual de funciones de la EEAAY las siguientes:

1. Representar legalmente a la Empresa para todos los efectos y en todos los casos
2. Celebrar los contratos y/o convenios necesarios para el desarrollo del objeto
social y el funcionamiento de la empresa.
3. Organizar coordinar y dirigir los servicios que presta la empresa, bajo los
principios de equidad, economía y eficiencia.
4. Atender las disposiciones emanadas del orden Nacional, Departamental o
Municipal.
5. Como Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, al
celebrar el contrato de obra pública No.124 del 8 de octubre de 2007, debía atender
los principios de la contratación pública para que los recursos de regalías
cumplieran el fin de asegurar una debida prestación del servicio de acueducto,
entre otras.

Ley 80 de 1993: "Artículo 30.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la

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efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecución de dichos fines.

[…] Artículo 23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las
Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación,
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
Artículo 25 Del Principio de Economía. En virtud de este principio: 70. La
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del
proceso dé selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la
firma del contrato, según el caso. deberán elaborarse los estudios, diseños y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia."

Así mismo tal y como se explicó en el acápite de daño, el Gerente realizó una
gestión, en calidad de ordenador del gasto que no tuvo en cuenta los principios de
la Gestión fiscal ni los principios de la función administrativa.
Así mismo, Téngase en cuenta, la importancia de los fines en la contratación
estatal frente a lo cual la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-713/09
preciso:

"El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente
asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es
uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir
sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su
cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a
nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de
guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de
contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de
los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al
cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende
supeditados al cumplimiento de los fines del Estado".

[…]».

Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada advirtió
la existencia de un daño patrimonial del departamento del Casanare
que se configuró al no cumplir el objeto del contrato de obra núm. 124
de 2007, obra que fue recibida y liquidada con un faltante de obra,
«concretado en la no ejecución de ítems contractuales y una inversión
ejecutada pero que no presta un servicio a la comunidad, concretada
en la inversión que se realizó para la construcción del acueducto que

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no presta ningún servicio al público», por lo tanto existe un daño
patrimonial por valor de $ 3.201'433.449,32.

Así las cosas, al momento de acreditar el nexo causal entre la
ocurrencia del daño y la responsabilidad del accionante, en la decisión
bajo estudio se indicó:

«157. En el presente caso, se encuentra probado en el expediente que la parte
demandante fue nombrado46 gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Yopal E.I.C.E.- E.S.P. y en tal calidad de representante legal de la
entidad suscribió del contrato núm. 124 de 2007 y dentro de sus funciones
señaladas en el manual de funciones se encontraban las siguientes:

“[…] 1. Representar legalmente a la Empresa para todos los efectos y en todos
los casos
2. Celebrar los contratos y/o convenios necesarios para el desarrollo del objeto
social y el funcionamiento de la empresa.
3. Organizar coordinar y dirigir los servicios que presta la empresa, bajo los
principios de equidad, economía y eficiencia.
4. Atender las disposiciones emanadas del orden Nacional, Departamental o
Municipal […]”.

158. De este modo, el gerente de la entidad tiene la posición de gestor fiscal
directo, de conformidad con sus funciones como director de la contratación. En
efecto en tal calidad el gerente suscribió el Contrato de obra pública núm. 24 de 8
de octubre de 2007. En ese orden, el gerente tenía la disposición material y jurídica
de los recursos, razón por la cual le correspondía la administración e inversión
debida de los mismos y aplicar los principios de eficiencia, eficacia y economía,
propios de la gestión fiscal».

De igual modo, respecto a que el representante legal dentro del marco
de sus funciones, debe verificar el cumplimiento de las condiciones del
contrato utilizando los medios eficaces y exigiendo al contratista la
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, la Sección Primera
de esta corporación se basó en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que
en lo concerniente a la vigilancia de la correcta ejecución del contrato
y la protección de los derechos de la entidad dispone:

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«[…] 1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato.

2°. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

[…]

5°. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de
los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien
no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de
control y vigilancia de la misma. […]

En ese sentido, en la providencia de 9 de febrero de 2023 se dejó claro
que la parte demandante cuando se desempeñó como gerente de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P. y
suscribió el contrato de obra pública fue gestor fiscal de los recursos
públicos, por cuanto era el director del proceso contractual, tenía
disposición jurídica y material de los mismos, le correspondía su
seguimiento, control y administración e inversión debida y debía tomar
las medidas pertinentes para salvaguardar el patrimonio público
velando por su adecuada inversión.

En efecto, concluyó:

«167. Para la Sala la actuación del gerente (representante legal) de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.- E.S.P. contribuyó de manera
eficiente al detrimento de los recursos del Departamento de Casanare, toda vez que
con su actuación y omisión de control y vigilancia se generó un gasto de recursos
públicos, dado que la obra prevista para la construcción del acueducto y la planta
de tratamiento del sector de San Rafael no fue terminada y las misma continua sin
prestar ningún servicio a la comunidad, es decir, la entidad territorial no recibió
como contraprestación ningún beneficio generándose con ello un daño a su
patrimonio al recibir una obra inconclusa a pesar de los cuantiosos recursos que
fueron cancelados.

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[…]

169. La Sala considera que que es posible atribuir a título de culpa grave la
conducta del gerente, puesto que se demostró que no desplegó actuar para evitar
la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado y
ocasionar con esto un daño patrimonial, por el contrario, con sus acciones se
incumplieron varias normas y principios fundamentales para la administración
pública, lo que fue determinante en virtud a que sin ella no se hubiese generado
daño alguno al patrimonio público».

De esta manera, la Sección Primera expuso que el señor Higuera
Márquez no podía excusarse en que únicamente suscribió el contrato y
sólo estuvo dos meses en el cargo contados desde la suscripción del
acta de inicio de 31 de octubre de 2007, por cuanto si hubiese
desplegado diligentemente su gestión, habría dejado consignado en
documentos la necesidad de requerir al contratista para que cumpliera
a cabalidad el objeto del mismo oportunamente y demostrara el avance
de obra, más aún si el término de ejecución del contrato inicialmente
pactado fue muy corto (3 meses) en dos de los cuales se desempeñó
como gerente.

De acuerdo con lo anterior, se encontró que la Contraloría sí logró
acreditar los tres elementos de la responsabilidad fiscal en el presente
caso, debido a que:

i. Existió una conducta gravemente culposa en cabeza de quien,
como representante legal, omitió el cumplimiento de sus
funciones.
ii. Hubo daño patrimonial al estado consiste en la no construcción
del acueducto según los ítems contratados.
iii. Se probó el nexo causal, toda vez que se pudo demostrar que el
daño al patrimonio público fue producto de la omisión de la parte
demandante, debido a que si hubiese verificado cabalmente los
diseños de las obras (habría determinado que estaban

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incompletos) y la ejecución del objeto contractual, se habría
percatado que no se había desarrollado oportunamente;
evidenciándose así que fue una causa idónea y eficiente para la
producción del daño.

4.2. Por otro lado, de conformidad con los fundamentos de la acción,
se tiene que la parte accionante alega la configuración de una violación
directa de la Constitución en tanto las decisiones proferidas en el
proceso de responsabilidad fiscal no validaron la existencia de
responsabilidad de otros sujetos durante el período comprendido entre
el 1.° de enero de 2008 y el 2010 cuando se declaró el siniestro,
situación que debió ser objeto de nulidad dentro del medio de control
por tratarse de un hecho que afectó el patrimonio público, teniendo en
cuenta que en dicho período existió el detrimento se endilga en su
contra.

Sin embargo, este cargo no tiene vocación de prosperidad por cuanto
el argumento alegado ya fue objeto de análisis por parte del juez de lo
contencioso administrativo, quien concluyó la falta de vinculación de
quienes se desempeñaron como gerentes durante la ejecución del
contrato no genera la nulidad de los actos administrativos acusados
dentro del medio de control.

En relación a ello, expuso:

«Sobre la falta de vinculación de todos los involucrados en el desarrollo del
contrato.

45. Manifestó que le asiste la razón a la parte demandante cuando señaló que no
se vincularon a todos los responsables del desarrollo del contrato, dado que al
revisar el proceso de responsabilidad fiscal se establece que no fueron llamados al
proceso las personas que fungieron como gerentes de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal en el periodo comprendido entre el 1.° de enero
de 2008 al mes de enero de 2011, que es la fecha en que se declaró el siniestro de

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incumplimiento. La parte demandada no presentó argumentos con relación a la
omisión de vincular a los gerentes, sin embargo, esa falencia, aunque está
acreditada no genera la nulidad de los actos acusados».

Dicho esto, no encuentra esta Sala de Subsección que en el presente
asunto se hubiese podido configurar la causal específica de
procedibilidad alegada porque las conclusiones a las que llegaron los
funcionarios judiciales para resolver el caso y negar las solicitudes de
la parte demandante no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni
se fundaron en su simple voluntad, sino que por el contrario, se basaron
en el estudio de los argumentos que sustentaron el recurso de
apelación.

Frente a esto, es menester recordar que las discusiones adelantadas en
el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la
acción de tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede
constitucional en una instancia adicional no consagrada para estudiar
los argumentos ya analizados por el juez natural de la causa,
dictaminados en razón a lo probado dentro de ese proceso.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor por el
señor Rubén Darío Higuera Márquez en contra del Tribunal
Administrativo de Casanare y el Consejo de Estado – Sección Primera.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Rubén Darío Higuera Márquez en
contra del Tribunal Administrativo de Casanare y el
Consejo de Estado – Sección Primera, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en SAMAI.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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