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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03165-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03165-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Bertilda García Córdoba, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03165-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

3 de agosto de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03165-00
Demandante: BERTILDA GARCÍA CÓRDOBA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03165-00
Demandante: BERTILDA GARCÍA CÓRDOBA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo en el que se
pretendía el pago de la indexación de la primera mesada pensional e
intereses moratorios. Requisito de relevancia constitucional cuando
se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Bertilda García Córdoba, a través de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Chocó, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y de
acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, con el auto de
24 de abril de 2023, mediante el cual la autoridad judicial accionada confirmó el
proveído de 14 de febrero de 2019, en que el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Quibdó aprobó la liquidación de la condena, en el marco del proceso
ejecutivo que promovió contra la Secretaría de Educación del Chocó, con el fin de
que se cancelaran las sumas adeudadas como consecuencia de la reliquidación
de su pensión de jubilación, obtenida mediante sentencia judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del expediente de tutela se pueden extraer los siguientes hechos relevantes:

La accionante afirmó que la Secretaría de Educación Departamental del Chocó
mediante Resolución No. 10055 de 18 de julio del 2005, le reconoció una pensión
de jubilación en cuantía de $1.306.413, efectiva a partir de 26 de noviembre del
2004, tomando como ingreso base de liquidación la asignación mensual básica -
$1.741.884-, la cual aplicó como tasa de reemplazo del 75%, esto es, $1.741.884
x 75% = $1.306.413.

Sostuvo que, dado lo anterior, el 9 de agosto de 2012 presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó declarar la nulidad parcial

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Demandante: BERTILDA GARCÍA CÓRDOBA

de la Resolución No. 1089 de 10 de octubre de 2005, mediante la cual se ordenó
reconocer y pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de
$1.306.413, y que a título de restablecimiento del derecho se ordenara pagar una
pensión teniendo un ingreso base de liquidación indexado de $2.049.974.

Indicó que la acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión del Circuito de Quibdó, que en sentencia de 27 de agosto de
2012, accedió a la totalidad de las pretensiones. Adujo que en virtud de lo anterior,
la Administración Temporal para el Sector Educativo del Chocó dictó la Resolución
No. 000558 de 6 de marzo del 2015, que le dio cumplimiento parcial a la
sentencia, en tanto, indicó, “determinó el valor de la prerrogativa pensional, en la
suma de $1.468.529, con status pensional el 25 de noviembre del 2004. El
retroactivo pensional ascendió a la suma de $33.983.135, cuyo valor fue
cancelado a la accionante, el día 31 de julio del 2015. LA RELIQUIDACIÓN NO
SE HIZO CON LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL NI SE
APLICÓ EL ARTÍCULO 177-5 DEL CCA, REFERENTE A LOS INTERESES
MORATORIOS”.

Refirió que, dado lo anterior, promovió demanda ejecutiva con el fin de que se
diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 27 de agosto de 2012,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de
Quibdó, la cual correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Quibdó, que mediante auto de sustanciación No. 993 de 4 de octubre de 2017,
puso a consideración de las partes la liquidación realizada por el despacho.

Añadió que el 9 de octubre del 2017 presentó solicitud de corrección de la referida
liquidación, por lo que el 6 de marzo del 2018 “la contadora de la Rama Judicial,
presentó ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó, con oficio No.
042/2018, la liquidación de la condena económica, por valor de $8.636.721”.

Sostuvo que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó mediante
auto de 14 de febrero del 2019, aprobó la liquidación realizada por el despacho
por la suma de $9.467.998, tasó como costas $94.679, y estableció el total en
$9.562.678 hasta el 18 de enero del 2019. Adujo que tanto la contadora como el
juzgado utilizaron el mismo procedimiento, es decir, “en concreto, NO HIZO LA
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL, NI CALCULÓ LOS
INTERESES MORATORIOS, DE ACUERDO CON EL MANDATO DEL
ARTÍCULO 177 DEL CCA”.

Por último, afirmó que contra el mencionado auto interpuso solicitud de corrección
de la liquidación y en subsidio recurso de apelación, el cual correspondió al
Tribunal Administrativo del Chocó, que por auto de 24 de abril del 2023 lo
confirmó, luego de señalar que “conforme los documentos obrantes en el
expediente, se establece que la demandante adquirió el status pensional el 25 de
noviembre de 2004 y que laboró hasta la misma fecha. De esta manera, resulta
imposible indexar el reconocimiento de la primera mesada ordenada en la
sentencia, dado que la fecha del último día de servicios del actor y la fecha de
adquisición del status pensional es la misma”.

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2. Fundamentos de la acción

La accionante promovió acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por el auto de 24 de abril
de 2023, mediante el cual la autoridad judicial accionada confirmó el proveído de
14 de febrero de 2019, a través del cual se aprobó la liquidación de la condena, en
el marco del proceso ejecutivo que promovió contra la Secretaría de Educación
Departamental del Chocó, con el fin de que se cancelaran las sumas adeudadas
como consecuencia de la reliquidación de su pensión de jubilación, obtenida
mediante sentencia judicial.

A su juicio, la providencia censurada incurre en i) defecto sustantivo, por cuanto
indicó, i) se abstuvo de indexar la mesada pensional a pesar de que “era
necesario y legal que la Sra. GARCÍA CÓRDOBA recuperara el valor depreciado
de su pensión por el transcurso del tiempo, entre el 25 de noviembre del 2004
(fecha del status pensional), y el 27 de agosto del 2012”, fecha en la que se
profirió la sentencia declarativa que reconoció la pensión de jubilación y ii) incurrió
en indebida aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en
tanto no calculó los intereses moratorios.

Indicó que la liquidación de la condena económica a su favor no ha sido realizada
conforme lo ordenó la decisión judicial que la reconoció, la cual se encuentra
debidamente ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada. Agregó que contra esa
providencia no es procedente ningún recurso ordinario ni extraordinario, y que el
auto objetado constituye una flagrante vía de hecho que requiere protección
constitucional, por cuanto la reliquidación pensional de la accionante se aprobó
con un significativo menor valor en perjuicio de sus intereses económicos.

Finalmente, señaló que la decisión objetada incurre en ii) desconocimiento del
precedente judicial, relacionado con la indexación de la primera mesada
pensional, contenida en diferentes sentencias de la Corte Constitucional1, el
Consejo de Estado2 y la Corte Suprema de Justicia3.

1
Sentencias C-387 de 1994, C-862 de 2006, C-891A de 2006, C-397 de 2011, T-663 de 2003, T-1169 de
2003, T-805 de 2004, T-815 de 2004, T-1244 de 2004, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 2007, T-224
de 2007, T-425 de 2007, T-696 de 2007, T-1059 de 2007, T-014 de 2008, T-046 de 2008, T-611 de 2008 y T-
447 de 2009.
2
Sentencias proferidas en los procesos con radicado 7600123310002002206301 de 24 de enero de 2008
Fabio Alberto Forero Torrado, 25000232500020050471501 de 2 de octubre de 2008,
50011233100020010328001 de 26 de febrero de 2009, 25000232500020050821701- de 23 de julio de 2009,
5 7600123310002004552702 – de 6 de mayo de 2010, 76001232500020030505402- de 22 de septiembre de
2010, 76001233100020020129401 de 25 de noviembre de 2010, 25000232500020070104401- de 3 de
febrero de 2011, 05001233100020030071001- de 6 de octubre de 2011, 05001123100020050499401 de 16
de febrero de 2012, 25000232500020070103701 de 16 de febrero de 2012, 25000232500020080080001- de
12 de abril de 2012, 76001233100020080078501 –de 7 de febrero de 2013, 27001233100020110014101- 10-
07-2014, 54001233100020100009101- de 9 de octubre de 2014, 11001031500020150346600 de 25 de abril
de 2016, 17 05001233300020130184101- de 16 de marzo de 2017, 11001031500020170156401 de 8 de
noviembre de 2017, 11001031500020170248200 de 27 de octubre de 2017.
3
31222 de 13 de diciembre de 2007, 32855 de 15 de julio de 2008, 32068 de 2 de julio de 2009, 37378 de 1
de septiembre de 2009, SL 736-2013 de 16 de octubre de 2013 y SL15882-2017 de 20 de septiembre de
2017.
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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: CONCEDER TUTELA COMO MECANISMO DEFINITIVO, PARA EVITAR
UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, a favor de mi poderdante Sra. BERTILDA GARCIA
CÓRDOBA, para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a
la seguridad social en pensiones, acceso a la administración de justicia y a mantener
el poder adquisitivo de su pensión, por cuanto, el Tribunal Administrativo del Chocó,
dictó el auto interlocutorio No. 204 del 24 de Abril del 2023, dentro de la acción
ejecutiva derivada de sentencia, radicado No. 27001-33-33-002-2014-00221-01,
instaurada por la suscrita, que confirmó en todas sus partes, el proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó No. 186 del 14 de febrero del 2019,
mediante el cual, aprobó la liquidación de la condena económica, desacatando la
sentencia No. 236 del 27 de agosto del 2012, del Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó, que ordenó la INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL Y LIQUIDAR LOS INTERESES MORATORIOS, CONFORME AL
ARTÍCULO 177 DEL CCA.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la decisión judicial, dictada por el Tribunal
Administrativo ya reseñado, por ser una verdadera arbitrariedad judicial y ORDENAR
a dicha autoridad judicial, que dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de la sentencia a dictar, por el Consejo de Estado, profiera nueva
providencias, teniendo en cuenta, las consideraciones jurídicas de la Alta Corporación
Judicial, RESPECTO DE LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Y LIQUIDAR LOS INTERESES MORATORIOS, conforme al artículo 177 del CCA”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de las actuaciones proferidas en el proceso ejecutivo con radicado
No. 2014-00221-01, actora: Bertilda García Córdoba.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de junio de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, a la Nación -Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), a Fiduprevisora S.A y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 60173 a 60178, todos
de 23 de junio de 2023, con el fin de notificar a las partes4.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Chocó

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el solicitó declarar
improcedente la acción de tutela en tanto, adujo, la acción incoada no procede
contra providencias judiciales salvo en los eventos en que se configuren “vías de
hecho (…) las cuales en parte alguna están presentes en el trámite que el Tribunal
4
La notificación se envió a los correos: nareiza@hotmail.com, sectribadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
notjudicial2@fiduprevisora.com.co, j02admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co
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ha dado a las actuaciones surtidas en esta Corporación dentro del trámite del
medio ejecutivo, promovido a través de apoderada, hoy impugnada en sede
constitucional, contra esta corporación”.

Agregó que en el caso bajo examen se quiere constituir una tercera instancia, lo
cual desnaturaliza la finalidad de la tutela.

6.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El apoderado de esa cartera rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, si bien en su argumentación el
accionante presenta la presunta vulneración del derecho al debido proceso y la
transgresión de algunos principios de naturaleza constitucional, no logra edificar
una fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la
necesidad de la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas
vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, ello atendiendo que no
basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que debe asumirse una
carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta amenaza o
vulneración a los derechos fundamentales, como lo establece la sentencia SUJ-
012-S2 de 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado.

Agregó que los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes,
“pues sólo así los casos puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de
manera imparcial, aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el
legislador, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión
constitucional de administrar justicia”.

Finalmente, sostuvo que en el caso concreto no se evidencia violación alguna a
los derechos del accionante, por lo que no se configura una evidente causal de
improcedencia de la acción constitucional.

6.3. Respuesta de Fiduprevisora S.A

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente
la acción de tutela y desvincularla del trámite constitucional, en su calidad de
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por no estar legitimada en la causa por
pasiva.

Afirmó que la presente tutela resulta improcedente, toda vez que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso ejecutivo actuaron conforme con la normativa
establecida, sin que se pueda aducir que los funcionarios judiciales accionados
hayan desconocido los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de
la demanda.

De otra parte, indicó que no es dable afirmar que se haya presentado transgresión
alguna en contra de las garantías fundamentales de la accionante, “pues se han
observado las normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las
actuaciones judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los
procedimientos legales, tanto así que los jueces hoy accionados, teniendo las
facultades para decretar algún tipo nulidad y/o revocar las decisión adoptada, no lo
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hizo, situación que de contera evidencia un control de legalidad a la actuación
desplegada en dicha instancia, razón por la cual se concluye que no existe una
supuesta vulneración de los derechos fundamentales”.

6.4. Las demás autoridades vinculadas al trámite constitucional guardaron silencio,
aun cuando fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la acción de
tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el auto de 24 de abril de 2023, mediante el
cual la autoridad judicial accionada confirmó el proveído de 14 de febrero de 2019,
a través del cual se aprobó la liquidación de la condena, en el marco del proceso
ejecutivo que la accionante promovió contra la Secretaría de Educación
Departamental del Chocó, incurre en i) defecto sustantivo, por cuanto se abstuvo
de indexar la mesada pensional a pesar de que, a su juicio, “era necesario y legal
que la Sra. GARCÍA CÓRDOBA recuperara el valor depreciado de su pensión por
el transcurso del tiempo, entre el 25 de noviembre del 2004 (fecha del status
pensional), y el 27 de agosto del 2012”, fecha en la que se profirió la sentencia
declarativa que reconoció la pensión de jubilación e incurrió en indebida aplicación
del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en tanto no calculó los
intereses moratorios, y en ii) desconocimiento del precedente judicial,
relacionado con la indexación de la primera mesada pensional, contenida en
diferentes sentencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional, establecido como requisito de
procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones5.

5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
7
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante promovió acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, con el auto de 24 de abril
de 2023, mediante el cual la autoridad judicial accionada confirmó el proveído de
14 de febrero de 2019, a través del cual se aprobó la liquidación de la condena, en
el marco del proceso ejecutivo que promovió contra la Secretaría de Educación
Departamental del Chocó, con el fin de que se cancelaran las sumas adeudadas
como consecuencia de la reliquidación de su pensión de jubilación, obtenida
mediante sentencia judicial.

A su juicio, la providencia censurada incurre en i) defecto sustantivo, por cuanto
se abstuvo de indexar la mesada pensional a pesar de que “era necesario y legal
que la Sra. GARCÍA CÓRDOBA recuperara el valor depreciado de su pensión por
el transcurso del tiempo, entre el 25 de noviembre del 2004 (fecha del status
pensional), y el 27 de agosto del 2012”, fecha en la que se profirió la sentencia
declarativa que reconoció la pensión de jubilación, e incurrió en indebida
aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en tanto no
calculó los intereses moratorios, y en ii) desconocimiento del precedente
judicial, relacionado con la indexación de la primera mesada pensional, contenida
en diferentes sentencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia, citadas en los fundamentos de la acción.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con el
propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.

4.2. Del expediente ejecutivo aportado como prueba a este trámite constitucional
se observa que la señora Bertilda García Córdoba formuló demanda ejecutiva
contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de
que se diera cumplimiento a la sentencia de 27 de agosto de 2012, dictada por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, en la
que ordenó efectuar la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante
y el pago de la indexación del ingreso base de liquidación, de la siguiente manera:

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Demandante: BERTILDA GARCÍA CÓRDOBA

“Primero: DECLÁRESE la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la
resolución número 10055 de julio de 2005 suscrita por el Secretario de Educación y
Cultura del departamento del Chocó (…).

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración ORDÉNASE al fondo de
prestaciones sociales del magisterio del chocó liquidar en debida forma reconocer
y pagar a la señora Bertilda García Córdoba de condiciones civiles ya conocidas el
valor de las reliquidación de la pensión de jubilación a partir del 2007 indexando la
primera mesada pensional en un monto del 75% de lo devengado en el último año
de servicios, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Al momento de hacer la
liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto se tendrán en
cuenta para descontarlo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente
reconocido. Igualmente se harán los descuentos que por aporte se deban realizar.
La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada en la forma indicada
en la parte motiva aplicando para tal fin la fórmula señalada.

Tercero: se niegan las demás pretensiones de la demanda”.

Por Auto Interlocutorio No. 670 de 8 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago a favor de la
ejecutante por la suma equivalente al mayor valor pensional resultante de la
reliquidación de la pensión con ocasión a la sentencia de 27 de agosto de 2012,
indexados cada uno de los mayores valores mensuales desde su causación hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia. El 1º de noviembre de 2016, el despacho
ordenó seguir adelante con la ejecución, en los términos del mandamiento de
pago.

La Secretaría de Educación Departamental del Chocó mediante Resolución No.
000558 de 6 de marzo de 2015, en cumplimiento de la sentencia de 27 de agosto
de 2012, reliquidó la pensión de jubilación de la demandante en cuantía de
$1.468.529. La ejecutante presentó liquidación del crédito, en la que reliquidó la
mesada pensional en cuantía de $2.045.147.

Mediante escrito de 3 de abril del 2018, la demandante remitió al juzgado de
ejecución la corrección de la liquidación.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó por medio de auto
interlocutorio de 14 de febrero de 2019, modificó de oficio la liquidación por valor
de $9’467.998 y tasó las costas. En la providencia, el juzgado indexó la primera
mesada pensional e indicó que sobre la suma resultante se calcularían los
intereses conforme lo ordena el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, incluyendo las diferencias que se irían generando posteriores a la
ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de inclusión en nómina. Sobre la fórmula
para la indexación indicó lo siguiente:

“R = Rh x índice final
Índice inicial

Lo anterior significa que el valor presente de la condena (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el
demandante durante el último año de servicios, por el valor que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor (IPC) vigente a la fecha a partir de la cual se
reconoció la pensión, entre el índice inicial, que es el IPC vigente al causarse cada
mesada pensional”.
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Demandante: BERTILDA GARCÍA CÓRDOBA

Reemplazando la anterior fórmula tenemos que:

R = $ 1.468.529 x 79.75 (ipc vigente al 26/11/2004 Status)
79,75 (ipc vigente al causarse la mesada)

R = $ 1.468.529”.

En tanto la objeción a la liquidación de la condena presentada por la parte
ejecutante no fue aceptada, mediante auto de 26 de febrero de 2019 el referido
despacho judicial le dio trámite de recurso de apelación, del que conoció el
Tribunal Administrativo del Chocó que en proveído de 24 de abril de 2023 -objeto
de tutela-, confirmó el auto impugnado.

Esta última autoridad judicial accionada sostuvo sobre la indexación de la primera
mesada pensional, lo siguiente:

“Indexación de la primera mesada pensional:

Señala el demandante que el despacho no hace la liquidación de la indexación de la
primera mesada pensional tomando como índice final, la fecha de la sentencia (agosto
27 de 2012) y el índice inicial (La de causación del status pensional - noviembre 26 de
2004), sino que extrañamente utiliza el mismo índice final que el índice inicial.

Es preciso anotar, que en la parte motiva de la sentencia 236 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, precisa:

‘Por lo expuesto en las anteriores consideraciones, el despacho accede a las súplicas
de la demanda, declarando la nulidad del acto acusado y ordenando reconocer la
pensión de jubilación solicitada teniendo en cuenta lo realmente devengado por la
actora en el último año de servicios a partir de octubre 10 de 2005, fecha de
adquisición del estatus pensional, ordenando indexar la primera mesada pensional,
pues sí bien se debe tener en cuenta el último salario devengado por el demandante,
debe indexar el reconocimiento de la primera mesada, cuando efectivamente adquirió
el status pensional, para evitar así la devaluación monetaria da la pensión de
jubilación’.

Conforme los documentos obrantes en el expediente, se establece que la
demandante adquirió el status pensional el 25 de noviembre de 2004 y que laboró
hasta la misma fecha.

De esta manera, resulta imposible indexar el reconocimiento de la primera
mesada ordenada en la sentencia, dado que la fecha del último día de servicios
del actor y la fecha de adquisición del status pensional es la misma.

En este sentido, se reconoce como mesada reliquidada la suma de $1’468.529.
efectiva a partir del 26 de noviembre de 2004, pagadera a partir de 2007 por
prescripción trienal.

No le asiste razón en este aspecto.” (Resaltado de la Sala).

En relación con la liquidación de los intereses moratorios, estableció:

“Liquidación de intereses moratorios:

Manifiesta el apoderado de la parte demandante que, el juzgado no aplicó el artículo
177-5º como lo ordenó la sentencia, sino que tomó los intereses moratorios
equivalentes al interés corriente, más el cincuenta por ciento de dicho porcentaje y
aplicó las tasas efectivas anuales, transformadas a su equivalente nominal capitalizable
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diariamente, aplicando la siguiente fórmula: t = (1 + i) POTENCIA (1/365) - 1) * 365),
según el artículo 2.8.6.6.2, del decreto N° 2469 del22 de diciembre de 2015.

En relación a este argumento, conviene precisar el concepto de la Superintendencia
Financiera de Colombia, que señala:

‘En este sentido y para mayor claridad al respecto conviene resaltar que una tasa
efectiva anual nunca se puede dividir por ningún denominador, por cuanto se trata de
una función exponencial, mientras que las tasas nominales, por tratarse de una función
lineal, si admiten ser divididas en (m) periodos a fin de obtener la tasa nominal
periódica’.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la conclusión planteada en su comunicación
se basa en los ejemplos y definiciones de la citada circular, debe precisarse que
tales tasas no son equivalentes, así:

Cuando la Circular define tipo nominal de interés menciona a manera de ejemplo el
24% nominal anual pagado por meses, esto significa que la tasa periódica nominal es
del 2% resultante de dividir la tasa (J) 24% en (m) 12 períodos; y corresponde a una
tasa del 26,82% efectiva anual.

Entre tanto, el ejemplo referido a tasa efectiva de interés es del 24% efectivo anual, que
corresponde a una tasa nominal anual pagada por meses del 21,7%, esto es una tasa
periódica nominal mensual del 1,8%, resultante de dividir la tasa (JJ 21,7% en (m) 12
períodos.

Nótese en este último ejemplo que cuando se tiene una tasa de interés efectiva anual
y se desea conocer la tasa nominal mensual primero que todo es necesario convertir la
tasa efectiva anual en tasa nominal mensual y así poder dividirla en el número de
periodo (m), sjtuación concordante con lo anotado en el concepto financiero referido
anteriormente.

Se observa en la liquidación que aprueba el juzgado, que liquida los intereses
moratorios como lo ordena el artículo 177 del CCA y acoge de manera acertada el
concepto de la Superintendencia Financiera, aplicando la fórmula indicada en la
resolución 0259 de 2009, para el pago de sentencias y conciliaciones, así:

(…)

No le asiste razón en este aspecto”.

Lo anterior, permite evidenciar que el Tribunal Administrativo del Chocó estudió de
manera suficiente lo relativo a la indexación de la primera mesada pensional y la
liquidación de intereses moratorios en el caso, de donde concluyó que no había
lugar a la primera en tanto la fecha del último día de servicios de la demandante
era la misma que la de adquisición del estatus pensional, y que el juzgado había
liquidado los intereses moratorios como lo ordena el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, lo cual fundamentó la confirmación del auto
impugnado.

4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela relativos a la presunta configuración del
defecto sustantivo, independientemente de que se quieran encuadrar en la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad
social y de acceso a la administración de justicia, lo que en realidad pretenden es
darle continuidad al debate relacionado con la indexación de la primera mesada
pensional y la liquidación de intereses moratorios en el caso y, en tal razón,
carecen de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiadas por el juez
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de tutela, pues son un aspecto que ya fue motivo de estudio en el curso del
proceso ejecutivo en sus dos instancias, en el que se concluyó que en el caso no
había lugar a la indexación de la primera mesada pensional reclamada y que los
intereses moratorios habían sido bien calculados.

Cuestión diferente es que la actora, al no estar de acuerdo con la apreciación que
se hizo sobre esos aspectos por parte de la autoridad judicial accionada,
presentara los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente para omitir
el hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una instancia
adicional, lo que desconoce el requisito de la relevancia constitucional.
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En la sentencia SU-215 de 2022 , la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”,
a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de
tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los
derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que, en lo relativo al defecto sustantivo, la
accionante acudió a la acción de tutela con el fin de solicitar el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y de
acceso a la administración de justicia a la manera de una instancia adicional, toda
vez que insiste en el mismo debate litigioso relacionado con la indexación de la
primera mesada pensional y la liquidación de intereses moratorios que fue
propuesta en el proceso ordinario -demanda y recurso de apelación-, y resuelta
con argumentos suficientes por el juez especializado de la causa.

Esta misma conclusión se extenderá respecto del defecto por desconocimiento del
precedente judicial alegado, porque aun cuando el actor listó una serie de
sentencias de las altas cortes supuestamente relacionadas con el tema de la
indexación de la primera mesada pensional, estás se allegan con el fin de
continuar con la misma discusión que fue zanjada por el juez de la ejecución
respecto de ese aspecto y no con el fin de evidenciar una regla jurisprudencial
específica que hubiese sido desconocida, lo que igualmente desconoce el
requisito de relevancia constitucional, necesario para el estudio de fondo de la
tutela contra providencias judiciales.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
se cumple el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: BERTILDA GARCÍA CÓRDOBA

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Bertilda García Córdoba, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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