Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03169-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03169-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03169-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Demandado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 3 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente el amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir las providencias de 26
de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
número único de radicación 08001-23-33-000-2020-00649-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3.Advirtió que, presentó demanda contra la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad de la Resolución núm. 0000659
del 26 de agosto de 2019, por medio de la cual se liquidaron intereses por giro
extemporáneo del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018, del
porcentaje ambiental y se decretó la existencia de una obligación legal a favor de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico; y de la ii) Resolución núm. 0001036
del 27 de diciembre de 2019, que resolvió el recurso de reposición presentado
contra la Resolución núm. 0000659 del 26 de agosto de 2019.
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 1° de junio de 2022,
resolviendo negar las pretensiones de la demanda.
5. El actor interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión de primera
instancia, el cual fue concedido por el Tribunal en auto del 23 de junio de 2022,
ordenando su remisión a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió la providencia de 26 de octubre
de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] 1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con la Ley 2080 de 2021, contra la sentencia del 1 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.
2. Por Secretaría informar si dentro del término de ejecutoria de este auto las partes
allegan memoriales.
3. De no presentarse memoriales, el expediente pasará al despacho para emitir
decisión de fondo […]”.
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
7. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió la providencia de 9 de diciembre
de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] 1. Negar el recurso de reposición interpuesto por el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, contra el auto del 26 de octubre de 2022, conforme a las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
2. Por Secretaría, continúese el trámite que corresponda para el recurso de súplica
[…]”.
8. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que:
“[…] Se precisa que, comoquiera que la reposición es un recurso ordinario, las
razones que lo sustentan deben ser verdaderos motivos de inconformidad frente a la
decisión judicial que se controvierte. De lo contrario, el recurso carecería de objeto
y, por lo tanto, no estaría llamado a prosperar.
Por su parte, el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, se
fundamenta en la falta de competencia funcional de esta Sección, en el sentido que
no es competente para conocer sobre las tasas o en su defecto, lo que derive de
estas. Señalando que de conformidad con el Acuerdo Nro. 080 del 12 de marzo de
2019, la distribución de los procesos que no se encuentran en cabeza de otras
secciones, corresponde entonces a la Sección Primera de la Corporación.
Debe recordarse que la finalidad del recurso de reposición es que la autoridad que
dictó la providencia pueda corregir los errores de juicio y, eventualmente, lo vicios en
que hubiese podido incurrir.
Ahora bien, esta Sección en providencia del 13 de diciembre de 2021, en proceso
adelantado por la misma parte demandante y demandada, con supuestos facticos y
jurídicos similares, dispuso “el asunto de referencia sí corresponde a la Sección
Cuarta, ya que se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos proferidos en el marco del procedimiento de cobro coactivo, de
conformidad con el artículo 13, numeral 6, de las reglas de reparto de asuntos de la
Sección Cuarta.” Por lo que no se está frente a una falta de competencia funcional.
Adicionalmente, dentro del mismo proceso, en providencia del 24 de marzo de 2022,
que resuelve recurso de súplica contra la anterior decisión, dispuso “al existir una
regla especial de competencia en cabeza de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado respecto a los procesos de nulidad y restablecimiento que se adelanten
contra actos administrativos proferidos en el marco del proceso administrativo de
cobro coactivo, no es procedente afirmar que el presente asunto tiene una naturaleza
residual y debía ser conocido por la Sección Primera de esta Corporación.”
A modo de conclusión, se señala que el recurso de reposición debe ser negado, toda
vez que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, cuenta con la competencia para
conocer del presente proceso, teniendo en cuenta que también ha conocido
procesos similares entre las partes […]”.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1ª Que se ampare el Derecho Fundamental al Debido Proceso (art. 29 C.P.) y al
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) del DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y se dejen sin efectos jurídicos
los autos de fecha 26 de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, proferidos por la
Magistrada, Dra. MYRIAM STELLA GUTIERREZ DE ARGÜELLO de la SECCION
CUARTA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del CONSEJO DE ESTADO
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 08-001-
23-33-000-2020-00649-01 (26842).
2ª Que consecuencialmente, se ordene a la accionada enviar el expediente a la
Sección Primera del Consejo de Estado por la competencia establecida en el
Reglamento Interno de esta Honorable Corporación […]”.
Actuación
10.El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto de 6 de julio de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los
magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; y iii) vinculó al Tribunal
Administrativo del Atlántico, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que:
“[…] La corroboración del requisito de relevancia constitucional exige que el juez
constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene
una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Por tal
motivo, debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en
relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural, decididos por
estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de
lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede
ser utilizada para adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa.
En el caso bajo examen, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional
porque el accionante trata de convertir la tutela en una instancia adicional al proceso
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
en la medida que los argumentos de la tutela ya fueron resueltos por el juez
ordinario. Esto es así porque la discusión planteada con relación a la falta de
competencia de esta Sección para conocer del proceso ordinario, fue objeto de
pronunciamiento expreso por el demandante en el recurso de reposición interpuesto
contra el auto que admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia
del 1 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico […]”.
12. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico solicitó que se le desvinculara
del presente trámite de tutela, al haberse configurado la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
13. El Tribunal Administrativo del Atlántico y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
14. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 3 de agosto de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la CRA.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla contra la Sección Cuarta del Consejo
de Estado […]”.
14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Como se expuso en precedencia, la vulneración alegada por la parte actora se
concretó con las providencias de 26 de octubre y 9 de diciembre de 2022. Se
recuerda que, en la primera de las decisiones reprochadas se admitió el recurso de
apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, mientras que en el
segundo, se rechazó un recurso de reposición presentado contra el anterior auto.
50. La parte actora insistió en que la Sección Cuarta no es competente para tramitar
el asunto que se ventila al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 2020-00649-01, por no ser de carácter tributario. Explicó
que se desconoció el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece los criterios de especialidad de las distintas Salas
y Secciones de la corporación, y que la autoridad judicial reprochada no justificó, de
conformidad con la norma aludida, por qué podía conocer el proceso. Asimismo,
indicó que la Sección Primera de este organismo colegiado era la competente y que
ello lo había desarrollado ampliamente en otro medio de control con similares
supuestos fácticos y jurídicos. 51. Para la Sala, el asunto que pretende someter a
debate del juez constitucional el ente territorial accionante carece de relevancia
constitucional por las razones que pasan a exponerse […]”.
[…]
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
“[…] 60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte
tutelante carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas
frente a la interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada sobre las
reglas de reparto, las cuales confunde con la competencia legalmente asignada a
este cuerpo colegiado.
61. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de garantías
de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con carga
constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada. Se itera,
el reproche de la parte actora recae en una confusión entre las figuras de reparto
interno y competencia legal, cuya función es exclusiva del legislador.
62. Lo anterior no obsta para aclarar que entre las Secciones del Consejo de Estado
se pueden proponer conflictos sobre el conocimiento de un asunto, de acuerdo con
las reglas de reparto y especialidad previstas en el Acuerdo 080 de 2019, pero estos
los proponen las Salas correspondientes y los resuelve el presidente de la
corporación.
63. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo judicial es
improcedente porque no reviste relevancia constitucional dado que no existe una
carga mínima argumentativa que controvierta la providencia de 9 de diciembre de
2022. Lo anterior, se reitera, porque los cargos de esta tutela se dirigen a cuestionar
por qué una Sección del Consejo de Estado está tramitando un asunto, cuya
competencia tiene legalmente asignada por confundir esta figura con las reglas de
reparto fijadas en el reglamento interno del cuerpo colegiado […]”.
La impugnación
15.El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con fundamento en lo siguiente:
“[…] Manifiesta la Honorable Sección Quinta que no accede a la solicitud de amparo
deprecada porque no existe relevancia constitucional en el escrito de tutela, así:
“60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte tutelante
carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas frente a la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada sobre las reglas de
reparto, las cuales confunde con la competencia legalmente asignada a este cuerpo
colegiado.
61. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de garantías
de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con carga
constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada. Se itera,
el reproche de la parte actora recae en una confusión entre las figuras de reparto
interno y competencia legal, cuya función es exclusiva del legislador.
62. Lo anterior no obsta para aclarar que entre las Secciones del Consejo de Estado
se pueden proponer conflictos sobre el conocimiento de un asunto, de acuerdo con
las reglas de reparto y especialidad previstas en el Acuerdo 080 de 2019, pero estos
los proponen las Salas correspondientes y los resuelve el presidente de la
corporación”
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
No estoy de acuerdo con la anterior postura de la Sección Quinta porque considera
el suscrito que sí se cumplieron los requisitos de la sentencia SU-215 de 2022 en el
sentido que se satisfizo a cabalidad las siguientes exigencias:
“(…), la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”
En el caso bajo estudio la Consejera Ponente MYRIAM STELLA GUTIERREZ
ARGÜELLO, ha violado arbitrariamente el derecho fundamental al Debido Proceso
del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, toda vez que esquiva el
principio de especialidad que gobierna las Altas Cortes, puesto que de forma
grosera, no explica con el Reglamento del Consejo de Estado en la mano (Acuerdo
No. 080 de 2019) cuáles son las razones de derecho para afirmar que sí es
competente para conocer del presente asunto, sino que simplemente invoca como
precedente que ya se conoció de un asunto similar entre las mismas partes, cual es
el proceso radicado 08001-23-33-000-2018-01048-01 (25280), proceso que fue
sometido a un incidente de nulidad contra su sentencia, la que fue negada y contra
el cual cursa actualmente un recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, “Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”
cuyo radicado es 11001-03-15-000-2022-03745-00 Sala Especial de Decisión No.
26 de lo Contencioso Administrativo.
Este caso es de relevancia constitucional porque desarrolla el alcance de un derecho
fundamental, pues existe una vulneración clara al debido proceso, habida
consideración que no es cierto como lo dice el fallo impugnado que cualquier sección
puede resolver cualquier asunto porque la norma legal prevalece sobre el acuerdo
de reparto de los asuntos que contienen las diferentes demandas que llegan al
Consejo de Estado.
Si así fuera, entonces, ¿para qué se expidió el Acuerdo No. 080 de 2019?, entonces,
mejor no se hubiera expedido y que suceda como sucede en la mayoría de los
tribunales administrativos del país con excepción del de Cundinamarca en los
cuales, cualquier Magistrado puede conocer de cualquier asunto y en ese caso nos
gobernaría el principio de la promiscuidad y no el principio de la especialidad […]”.
[…]
“[…] Como se puede apreciar, es la misma Constitución Política la que consagra que
el Consejo de Estado se divide en Salas y Secciones PARA SEPARAR LAS
FUNCIONES JUDICIALES DE LAS OTRAS QUE LE SEAN ATRIBUIDAS POR LA
CARTA POLÍTICA Y POR LA NORMA LEGAL, es decir, la especialidad de las salas
y secciones del Consejo de Estado es un asunto de raigambre constitucional y no
una confusión entre las figuras de reparto interno y competencia legal, como lo
pretende hacer ver la Sección Quinta quien actúa como A Quo en esta acción de
tutela. Si la especialidad es un asunto constitucional no puede decirse que es una
diferencia conceptual entre las instituciones de reparto interno y competencia
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
atribuida por la Ley, por lo que debe considerarse que este asunto sí tiene relevancia
constitucional.
Si la especialidad no fuera de relevancia constitucional, entonces, debe permitirse
que la Sección Quinta que conoce de asuntos electorales, conozca de procesos
laborales o que la sección tercera que conoce de asuntos contractuales y de
responsabilidad, conozca de asuntos como los que conoce la Sala de Consulta y
Servicio Civil, entonces, la especialidad no aplicaría y existiría caos en el Consejo
de Estado donde cualquier sala o sección conocería de cualquier tema jurídico.
Así las cosas, es clara la obligatoriedad de los funcionarios judiciales de actuar
conforme a la Ley, fundar sus actuaciones con principios hermenéuticos que se
apliquen en las características particulares de cada caso, puesto que la indebida
interpretación de la norma conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales
y la congestión de la justicia […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Problema jurídico
18.Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
19.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando,
se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
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acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
21.Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
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C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
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los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
23.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
24.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
26.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
27.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201410, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
10 Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
28.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Ibidem.
14
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Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
29.En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta
afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii)
cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31.Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
21 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
32.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
33.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
22
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
34. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir las providencias de 26
de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
22 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
16
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
número único de radicación 08001-23-33-000-2020-00649-01, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
35.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
37.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
37.1. Copia de las providencias de 26 de octubre de 2022 y 9 de diciembre de 2022
proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional
38.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente23:
“[…] Como se puede apreciar, NO ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN ASUNTO
TRIBUTARIO y no resulta procedente la expedición de actos administrativos
unilaterales que impongan la obligación de pago de los intereses o de las
transferencias ambientales, ya que éstos no son ejecutables y mucho menos lo son
sus frutos o accesorios y, en ausencia de pago voluntario, la utilización del
23 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
procedimiento coactivo porque en el caso de las citadas transferencias y obviamente
sus intereses no hay una preeminencia o subordinación de las corporaciones
autónomas regionales sobre los municipios, como para que proceda la expedición de
actos administrativos que impongan la obligación de pago y, en consecuencia, le sea
aplicable el cobro coactivo de las mismas.
10.Este proceso es de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado
porque en la jurisdicción contencioso administrativa (artículos 236 a 238 de la C.P.)
los jueces administrativos no pueden resolver de fondo temas que son de
conocimiento de los Magistrados de los Tribunales Administrativos, ni éstos últimos
pueden resolver de fondo temas que son del resorte de los Honorables Consejeros
de Estado, y mucho menos los Magistrados de una Sección Especializada del máximo
tribunal de lo contencioso administrativo pueden resolver de fondo temas que por Ley
o Reglamento sean de competencia de otra Sección, pues así como en la Corte
Suprema de Justicia, los Magistrados de la Sala Penal no puedan resolver asuntos
de la Sala Civil, tampoco en el Consejo de Estado se puede hacer lo mismo […]”.
[…]
“[…] 14.Estas secciones especializadas se rigen por un reglamento que en este caso
puntual fue el Acuerdo 080 de 2019, el cual reemplaza a la Ley en cuanto a que
distribuye los temas que debe estudiar cada Sección y no se puede entrar a
desconocer este Acuerdo bajo el pretexto de que no tiene fuerza material de Ley.
15.De tal suerte que, si el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia del presente proceso debe ser de conocimiento de la Sección
Primera, entonces, no podría la Sección Cuarta fallar de fondo, pues precisamente el
criterio de especialidad asegura los principios de seguridad jurídica y economía
procesal […]”.
[…]
“[…] 22.La respuesta al anterior recurso de reposición fue el auto del 9 de diciembre
de 2022 notificado el día 16 de diciembre de 2022 mediante el cual, la Magistrada
accionada simplemente consideró:
“A modo de conclusión, se señala que el recurso de reposición debe ser negado, toda
vez que la Sección Cuarta del Consejo de Estado cuenta con la competencia para
conocer del presente proceso, teniendo en cuenta que también ha conocido de
procesos similares entre las partes” (negrillas y subrayas impropias)
23.No es cierta la anterior afirmación de la Consejera Ponente señalada en negrillas
y subrayas porque ella habla en plural como si la Sección Cuarta antes de este
proceso hubiera conocido de dos (2) o más procesos entre las mismas partes y por
el mismo asunto, cuando realmente sólo ha conocido de uno, el cual es el radicado
08001-23-33-000-2018-01048-01 (25280), contra cuya sentencia de segunda
instancia del 24 de junio de 2021 se interpuso incidente de nulidad por falta de
competencia funcional, la que es insaneable, según la sentencia C-537 de 2016 de la
Corte Constitucional, sin embargo dicha nulidad fue negada mediante providencia del
24 septiembre de 2021 y confirmada mediante autos del 13 de diciembre de 2021 y
24 de marzo de 2022, por los cuales se negaron los recursos de reposición y súplica
respectivamente interpuestos contra el auto que negó la nulidad de la sentencia de
segundo grado, por lo que actualmente cursa ante la Sala Especial de Decisión No.
26 de lo Contencioso Administrativo, bajo el radicado 11001-03-15-000-2022- 03745-
00 recurso extraordinario de revisión contra dicha sentencia por la causal de nulidad
de dicha providencia. Entonces, el asunto no se ha terminado de decidir ni ha sido
pacífico para afirmar que ya existe un precedente sobre el tema.
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
24.Además, en su providencia del 9 de diciembre de 2022, notificada el día 16 del
mismo mes y año, la Ponente no explica las razones de derecho por las cuales, la
Sección Cuarta es la competente como sí lo hace el suscrito apoderado en los hechos
de esta acción de tutela para demostrar que la Sección Primera del Consejo de
Estado es la competente, tal como lo reconoce dicha Sección en la providencia del
28 de febrero de 2020 al admitir el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho entre las mismas
partes y por el mismo tema radicado 08001-23-33-000-2017-01047-01 y dentro del
cual, el apoderado de la CRA Atlántico presentó solicitud de cambio de Sección, la
cual le fue negada mediante providencia del 17 de febrero de 2023, así como le fue
negada la petición de remisión del proceso a la Sala Plena del Consejo de Estado
para que fuera tramitado el conflicto de competencia […]”.
[…]
“[…] 26.Como se puede observar, la Honorable Consejera Ponente no explica con el
Reglamento del Consejo de Estado en la mano (Acuerdo No. 080 de 2019) cuáles
son las razones de derecho para afirmar que sí es competente para conocer del
presente asunto, sino que simplemente invoca como precedente que ya se conoció
de un asunto similar entre las mismas partes, cual es el proceso radicado 08001-23-
33-000-2018- 01048-01 (25280), proceso que fue sometido a un incidente de nulidad
contra su sentencia y contra el cual cursa actualmente un recurso extraordinario de
revisión por la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, “Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”, la cual dicha Sección se negó obstinadamente a reconocer a
pesar de estar claramente evidenciada en el proceso […]”.
[…]
“[…] Al respecto se atribuye a la providencia atacada el defecto orgánico, defecto
procedimental y decisión sin motivación
La Consejera Ponente en el auto del 9 de diciembre de 2022 menciona en plural como
si la Sección Cuarta antes de este proceso hubiera conocido de dos (2) o más
procesos entre las mismas partes y por el mismo asunto, cuando realmente sólo ha
conocido de uno, el cual es el radicado 08001-23-33-000-2018-01048-01 (25280),
contra cuya sentencia de segunda instancia del 24 de junio de 2021 se interpuso
incidente de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable, según
la sentencia C-537 de 2016 de la Corte Constitucional, sin embargo dicha nulidad fue
negada mediante providencia del 24 septiembre de 2021 y confirmada mediante autos
del 13 de diciembre de 2021 y 24 de marzo de 2022, por los cuales se negaron los
recursos de reposición y súplica respectivamente interpuestos contra el auto que negó
la nulidad de la sentencia de segundo grado, por lo que actualmente cursa ante la
Sala Especial de Decisión No. 26 de lo Contencioso Administrativo, bajo el radicado
11001-03-15- 000-2022-03745-00 recurso extraordinario de revisión contra dicha
sentencia por la causal de nulidad de dicha providencia. Entonces, el asunto no se ha
terminado de decidir ni ha sido pacífico para afirmar que ya existe un precedente
sobre el tema.
Además, en su providencia del 9 de diciembre de 2022, notificada el día 16 del mismo
mes y año, la Ponente no explica las razones de derecho por las cuales, la Sección
Cuarta es la competente como sí lo hace el suscrito apoderado en los hechos de esta
acción de tutela para demostrar que la Sección Primera del Consejo de Estado es la
competente, tal como lo reconoce dicha Sección en la providencia del 28 de febrero
de 2020 al admitir el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho entre las mismas partes y por el
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
mismo tema radicado 08001-23-33-000- 2017-01047-01 y dentro del cual, el
apoderado de la CRA Atlántico presentó solicitud de cambio de Sección, la cual le fue
negada mediante providencia del 17 de febrero de 2023, así como le fue negada la
petición de remisión del proceso a la Sala Plena del Consejo de Estado para que fuera
tramitado el conflicto de competencia.
Así las cosas, es clara la obligatoriedad de los funcionarios judiciales de actuar
conforme a la Ley, fundar sus actuaciones con principios hermenéuticos que se
apliquen en las características particulares de cada caso, puesto que la indebida
interpretación de la norma conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales y
la congestión de la justicia […]”.
39. El actor de igual manera, en su escrito de impugnación señaló que:
“[…] Manifiesta la Honorable Sección Quinta que no accede a la solicitud de amparo
deprecada porque no existe relevancia constitucional en el escrito de tutela, así:
“60. De conformidad con lo anterior, para la Sala los reproches de la parte tutelante
carecen de relevancia constitucional, pues caen en simples conjeturas frente a la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada sobre las reglas de
reparto, las cuales confunde con la competencia legalmente asignada a este cuerpo
colegiado.
61. Así las cosas, la providencia objeto de estudio no es vulneradora de garantías
de raigambre ius fundamental, ni se encuentra razón o fundamento con carga
constitucional que implique que el juez estudie de fondo la decisión citada. Se itera,
el reproche de la parte actora recae en una confusión entre las figuras de reparto
interno y competencia legal, cuya función es exclusiva del legislador.
62. Lo anterior no obsta para aclarar que entre las Secciones del Consejo de Estado
se pueden proponer conflictos sobre el conocimiento de un asunto, de acuerdo con
las reglas de reparto y especialidad previstas en el Acuerdo 080 de 2019, pero estos
los proponen las Salas correspondientes y los resuelve el presidente de la
corporación”
No estoy de acuerdo con la anterior postura de la Sección Quinta porque considera
el suscrito que sí se cumplieron los requisitos de la sentencia SU-215 de 2022 en el
sentido que se satisfizo a cabalidad las siguientes exigencias:
“(…), la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”
En el caso bajo estudio la Consejera Ponente MYRIAM STELLA GUTIERREZ
ARGÜELLO, ha violado arbitrariamente el derecho fundamental al Debido Proceso
del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, toda vez que esquiva el
principio de especialidad que gobierna las Altas Cortes, puesto que de forma
grosera, no explica con el Reglamento del Consejo de Estado en la mano (Acuerdo
No. 080 de 2019) cuáles son las razones de derecho para afirmar que sí es
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
competente para conocer del presente asunto, sino que simplemente invoca como
precedente que ya se conoció de un asunto similar entre las mismas partes, cual es
el proceso radicado 08001-23-33-000-2018-01048-01 (25280), proceso que fue
sometido a un incidente de nulidad contra su sentencia, la que fue negada y contra
el cual cursa actualmente un recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, “Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”
cuyo radicado es 11001-03-15-000-2022-03745-00 Sala Especial de Decisión No.
26 de lo Contencioso Administrativo.
Este caso es de relevancia constitucional porque desarrolla el alcance de un derecho
fundamental, pues existe una vulneración clara al debido proceso, habida
consideración que no es cierto como lo dice el fallo impugnado que cualquier sección
puede resolver cualquier asunto porque la norma legal prevalece sobre el acuerdo
de reparto de los asuntos que contienen las diferentes demandas que llegan al
Consejo de Estado.
Si así fuera, entonces, ¿para qué se expidió el Acuerdo No. 080 de 2019?, entonces,
mejor no se hubiera expedido y que suceda como sucede en la mayoría de los
tribunales administrativos del país con excepción del de Cundinamarca en los
cuales, cualquier Magistrado puede conocer de cualquier asunto y en ese caso nos
gobernaría el principio de la promiscuidad y no el principio de la especialidad […]”.
[…]
“[…] Como se puede apreciar, es la misma Constitución Política la que consagra que
el Consejo de Estado se divide en Salas y Secciones PARA SEPARAR LAS
FUNCIONES JUDICIALES DE LAS OTRAS QUE LE SEAN ATRIBUIDAS POR LA
CARTA POLÍTICA Y POR LA NORMA LEGAL, es decir, la especialidad de las salas
y secciones del Consejo de Estado es un asunto de raigambre constitucional y no
una confusión entre las figuras de reparto interno y competencia legal, como lo
pretende hacer ver la Sección Quinta quien actúa como A Quo en esta acción de
tutela. Si la especialidad es un asunto constitucional no puede decirse que es una
diferencia conceptual entre las instituciones de reparto interno y competencia
atribuida por la Ley, por lo que debe considerarse que este asunto sí tiene relevancia
constitucional.
Si la especialidad no fuera de relevancia constitucional, entonces, debe permitirse
que la Sección Quinta que conoce de asuntos electorales, conozca de procesos
laborales o que la sección tercera que conoce de asuntos contractuales y de
responsabilidad, conozca de asuntos como los que conoce la Sala de Consulta y
Servicio Civil, entonces, la especialidad no aplicaría y existiría caos en el Consejo
de Estado donde cualquier sala o sección conocería de cualquier tema jurídico.
Así las cosas, es clara la obligatoriedad de los funcionarios judiciales de actuar
conforme a la Ley, fundar sus actuaciones con principios hermenéuticos que se
apliquen en las características particulares de cada caso, puesto que la indebida
interpretación de la norma conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales
y la congestión de la justicia […]”.
40.Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03169-01
Actor: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.
41. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente : 24
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”25, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”26. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
42.Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por el actor en
sus respectivos escritos de tutela e impugnación, en el caso sub examine, se
plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente probatorio, legal y económico, el cual ya fue expuesto
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y fue decidido por el
juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer
un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio
de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
43.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
24 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
25 Sentencia SU-050 de 2018.
26 Sentencia SU-354 de 2017.
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general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
44. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios, legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
45.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente probatorio, legal y económico, esto es así porque
la discusión y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar
la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda,
sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
46. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria, legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del
derecho fundamental indicado supra.
47. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación legal y probatoria de la autoridad judicial
accionada, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del
criterio jurídico del juez natural. Si bien es cierto, el actor alega la vulneración de sus
derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia constitucional,
no se determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y
razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos, lo cual no
aconteció en el caso sub examine.
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48. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter netamente
probatorio, legal y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.
49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente probatorio, legal y económico.
Conclusiones de la Sala
50.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 3 de
agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio
de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 3 de agosto de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ VALDÉS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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