Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03181-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Demandados: Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Girardot.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado2, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Girardot, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODERTUTELA1(.pdf) NroA ctua 8”. Archivo aportado
en forma digital.
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Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
proferir la sentencia de 30 de noviembre de 2022, y ii) el Juzgado, al proferir la
sentencia de 27 de septiembre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 253073333003201800246-01: vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. El actor presentó demanda contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de
que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, del que fuera
víctima Ramón de Jesús Tobón Tobón.
4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot profirió sentencia de
primera instancia el 27 de septiembre de 2021, negando las pretensiones de la
demanda.
5. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 30 de noviembre de 2022,
resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 3º
Administrativo de Girardot el 27 de septiembre de 2021, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Se
fijan como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de presente sentencia, a favor de la parte
demandada.
Las costas serán liquidadas de forma concentrada por la Secretaría del Juzgado 3o
Administrativo de Girardot en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso. […]”.
6. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
“[…] Bajo este orden de ideas, la medida privativa de la libertad se encuentra
ajustada a la legalidad. La calidad del delito imputado y las circunstancias en las que
se produjeron los hechos hacían que la medida fuera necesaria, razonable y
proporcional.
Advierte la Sala que, aunque el superior penal decretó la nulidad de la Resolución
de Acusación proferida el 7 de febrero de 2005, no obra en el expediente la
providencia en que se adoptó esa decisión, por lo que la Sala no obra con elementos
de juicio para determinar si existió algún elemento que permita derivar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
Por otro lado, si bien el señor Tobón estuvo recluido en 3 ocasiones diferentes, no
puede afirmarse que por el solo hecho de su duración la privación de la libertad sea
injusta. En ninguna de las oportunidades aludidas se prolongó la privación más allá
del plazo razonable al que ha aludido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y el Consejo de Estado. Asimismo, en cuanto se superaron los plazos establecido
por la ley penal se concedió al señor Tobón el beneficio de libertad provisional. […]”.
[…]
“[…] Respecto de cuál es el término que se entiende por plazo razonable,
jurisprudencialmente se ha propendido por el de un año. De igual manera se
consagró en las modificaciones efectuadas por la Ley 1760 de 2015 y 1786 de 2016
al artículo 307 de la Ley 906 de 2004.
En este caso, como se indicó anteriormente, cada uno de los periodos en los cuales
el señor Tobón estuvo privado de la libertad no sobrepasaron dicho término
razonable. […]”.
[…]
“[…] Reprocha el recurrente que la resolución que impuso la medida de
aseguramiento y aquellas que revocaron el beneficio de libertad condicional no
hayan transcrito el fin que perseguía la medida; no obstante, ni la norma, ni la
jurisprudencia determina éste como un requisito formal en el contenido de estas
providencias. […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, el hecho que en las providencias señaladas no se haya
transcrito el fin que perseguía la medida no tiñe la medida preventiva de privación de
la libertad en inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
En otro aspecto, el que el proceso penal hubiera iniciado en el año 2004 y terminado
en el 2016 no constituye per se un daño antijurídico. De conformidad con lo
establecido en el precedente jurisprudencial, la vinculación a un proceso penal es
una carga que todos los ciudadanos debemos asumir en cumplimiento del deber que
se tiene como sujeto procesal de colaborar con la administración de justicia.
Recordemos, que el señor Tobón solo estuvo privado de la libertad en los lapsos
referidos. […]”.
[…]
“[…] Entonces, no se configura un daño antijurídico en cabeza del señor Tobón por
el solo hecho de su vinculación a un proceso penal, dado que la Fiscalía General de
la Nación dio cumplimiento a su función constitucional y, a su vez, actuó de
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
conformidad con las disposiciones procedimentales penales vigentes para la época
de los hechos. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] 1.- TUTELENSE los derechos fundamentales del debido proceso (art. 29) y
acceso a un recta y cumplida administración de justicia (art. 229), consagrados en la
Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad y los demás tratados
internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales fueron vulnerados por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al emitir la sentencia de primera instancia de fecha 27 de
septiembre de 2021 y sentencia de segunda instancia de fecha 30 de noviembre de
2022 notificada el 13 de diciembre de 2022, respectivamente.
2.- Como consecuencia de lo anterior dígnese REVOCAR los fallos de primera y
segunda instancia proferidos por del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que al emitir las providencias
judiciales identificadas como Sentencia de Primera Instancia de fechas de fecha 27
de septiembre de 2021 y sentencia de segunda instancia de fecha 30 de noviembre
de 2022 por configurarse en ellas los defectos sustantivo, fáctico y violación directa
de la Constitución.
3.- Dígnese ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué –
Tolima y H. Tribunal Administrativo del Tolima, para que, dentro de un plazo razonable
subsiguiente a la notificación del fallo de tutela, adopte las medidas necesarias para
corregir los yerros denunciados, revocando en su totalidad las sentencias de primera
y segunda instancia que negaron las pretensiones de la demanda de reparación
directa por privación injusta de la libertad de RAMON DE JESUS TOBON TOBON.
[…]”.
8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un i) defecto fáctico, en un
ii) defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas; y en iii) la causal
de violación directa de la Constitución.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de julio de 2023; i) admitió la
acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez Tercero
Administrativo del Circuito de Girardot; y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial –
3
Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Nación – Fiscalía General de la
Nación, a Carmen Emilia Tobón de Tobón, a Edwin David Tobón Tobón, a Luz
Estella Tobón Tobón, a Diana Clemencia Hernández Velásquez y a CATL4 en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se le desvinculara
del presente trámite de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
11. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot consideró que:
“[…] Por lo brevemente expuesto, le solicito de manera respetuosa al H. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera niegue el amparo
solicitado por el accionante toda vez que, este Despacho Judicial dentro de las
actuaciones del expediente No. 2018-00246, no ha amenazado o conculcado los
derechos fundamentales aquí reclamados. […]”.
12. La Fiscalía General de la Nación expresó que:
“[…] Para empezar, es necesario señalar que en el caso sub examine, la presente
acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) el apoderado del accionante no
da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar
la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las
causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente
y (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales. […]”.
[…]
“[…] Por las anteriores consideraciones, solicito al Consejo de Estado, Sección
Primera, declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Ramon
de Jesús Tobón Tobón a través de apoderado, por cuanto no se cumple con las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente
jurisprudencial. […]”.
13. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Carmen Emilia Tobón de Tobón, Edwin David Tobón Tobón, Luz
4 Teniendo en cuenta que, este Despacho adopta como medida de protección a su intimidad, en caso de aún
ser menor de 18 años de edad, la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus
nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales CATL.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Estella Tobón Tobón y Diana Clemencia Hernández Velásquez guardaron silencio
en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
16.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
17.Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
18.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
19.La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su
desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
20. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque al proferir la sentencia de 30 de noviembre de 2022, vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra, en donde se evidencia que al interior del proceso
de reparación directa identificado con el núm. de radicación
253073333003201800246-01, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
fungía como parte demandada.
21.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.
22.En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegada.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
24. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, v) procediendo posteriormente
a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando,
se satisfagan los requisitos generales.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
25. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
7
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
26. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
9
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
27. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del requisito general
de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en
la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
32. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Núm. único de radicación: 110010315000202303181-00
Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
33. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
34. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta
afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal, económico o
probatorio, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una
carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se
demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal
adicional.
35. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
22 Ibidem.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
(Resaltado por la Sala).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
24
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
38. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
40. El actor, a través de apoderado26, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot, porque, a su juicio, i)
el Tribunal, al proferir la sentencia de 30 de noviembre de 2022, y ii) el Juzgado, al
proferir la sentencia de 27 de septiembre de 2021, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 253073333003201800246-01: vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
41. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
42. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
25 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
26 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODERTUTELA1(.pdf) NroA ctua 8”. Archivo aportado
en forma digital.
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Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
43. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
43.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 30 de
noviembre de 2022.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional
44. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente27:
“[…] El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot y el h. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, desconocieron la existencia de normas
convencionales, constitucionales y legales en punto de la necesidad de demostrar
que para la protección de los fines constitucionales establecidos en el artículo 355 de
La Ley 600 de 2000 era necesaria la medida de aseguramiento
En primer lugar las sentencias atacadas desconocieron que desde el punto de vista
convencional, el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Señala que la libertad de los procesados “podrá estar condicionada a garantías que
aseguren su comparecencia en el juicio, es decir no contempla privación de la libertad
por peligro para la comunidad o la víctima y obstrucción a la justicia.
Como se puede ver en el material probatorio ninguna de las medidas de
aseguramiento impuestos en el curso del proceso, se pronunció respecto de los fines
constitucionales, máxime cuando la misma Ley Nacional lo señala como un requisito
de procedencia
4.1.3.- Incidencia de la indebida interpretación y falta de aplicación de algunas normas
en la providencia
27
Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.
18
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Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Vulnera no solo las garantías fundamentales, (derecho a la igualdad real ante la ley,
debido proceso y acceso a una recta administración de justicia), sino también la
seguridad jurídica al interpretar equivocadamente que la medida de aseguramiento
fue emitida legalmente porque el hecho que en su contenido no se transcribiera el fin
que perseguía la medida no tiñe la medida preventiva de privación de la libertad en
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, lo ciual a todas luces riñe con
sentencias posteriores y específicas, inclusive a la citada por el Ad-Quem, como lo es
la Sentencia C-805-2002:
“4.- En cuanto a la medida de aseguramiento de detención preventiva[3] -única
medida de este tipo relativa a la libertad personal prevista en el nuevo Código de
Procedimiento Penal-, [4]ésta se encuentra regulada en los artículos 354 a 373 y, de
conformidad con lo que establece el artículo 355 de la Ley 600 de 2000, tiene como
finalidad “garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la
pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad
delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos
probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.”[5]
Al respecto, la Corte señaló en la sentencia C-774 de 2001,[6] que esta medida de
aseguramiento debía sujetarse a fines constitucionalmente admisibles, como son “los
de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,” (...)
“impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores
que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios
importantes para la instrucción,” o también “para proteger a las víctimas, testigos e
intervinientes en el proceso” y a “la comunidad en aras de impedir la continuación de
la actividad delictual”. Dijo entonces la Corte:
“(...) la detención preventiva dentro de un Estado social de derecho, no puede
convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado,
general y automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una
persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que
la Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los
derechos y libertades de los personas, garantizar la vigencia de los principios
constitucionales (la presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad
humana (preámbulo, artículos 1º y 2º).
(...)
“La procedencia constitucional de la detención preventiva se encuentra reglada en
Carta Fundamental y reconocida por las normas rectoras del nuevo Código de
Procedimiento Penal, según las cuales, los criterios legales de procedencia de la
detención preventiva deben concurrir con los mandatos constitucionales, de tal
manera que si la detención se ordena sin considerar los principios y valores que
inspiran la Constitución, y en particular, las finalidades constitucionalmente admisibles
para la misma, en su apreciación en el caso concreto, el presunto infractor de la ley
penal, su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de la
medida adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos para
la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que de ello, tal como se ha dejado
sentado en esta providencia, resultaría una violación de los derechos constitucionales
a la libertad personal y a la presunción de inocencia y se presentaría, además, una
violación del debido proceso, si se establece que la ley se ha aplicado en un sentido
excluido como inconstitucional por la Corte.”
Es claro que tanto el Juzgado como el Tribunal accionados, desconocieron la
existencia de este precedente constitucional […]”.
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45. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
46. Además de lo anterior, para la Sala, en el caso sub examine, se plantea una
afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
reparación directa, y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
47.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
48. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
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49.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal y probatorio, esto es así porque la discusión
y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la
necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda,
sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
50. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria y legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
51. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y legal concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los
mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
52. Los supuestos de vulneración al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia enunciados por el actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda
vez que el proceso de reparación directa se adelantó ante el juez competente, en
respeto de las formas propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y
controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza
o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional.
53. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter netamente
legal y probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia
de la tutela contra una providencia judicial.
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Actor: Ramón de Jesús Tobón Tobón
54. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
55. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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