Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03181-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03181-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03181-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de octubre de 2023
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 3 18 1- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03181-01
Accionante: Ramón de Jesús Tobón Tobón
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro
Temas: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de reparación directa,
por privación injusta de la libertad, en la cual se confirmó la providencia recurrida en
la que se negaron las pretensiones de la demanda.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 25 de agosto de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
ANTECEDENTES
El señor Ramón de Jesús Tobón Tobón promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
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HECHOS
La parte accionante afirmó que mediante resolución del 1.° de agosto de 2004, la
Fiscalía URI de Girardot decidió dar apertura a la investigación previa 267 con
ocasión de la muerte del señor Manuel Enrique González Mora y vincularlo a aquella
y privarlo de su libertad, a partir de esa fecha, en la inspección permanente de
Policía de Girardot.
Indicó que la investigación fue avocada el 3 del mes y año precitados por la fiscal
seccional 02 de Girardot y radicada con el número 23114-02, quien, el 23 de agosto
de 2004, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva;
decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
Señaló que el 23 de septiembre de 2004 la Fiscalía 02 Seccional de Girardot
confirmó en su integridad la medida impuesta y el 28 de diciembre de esa anualidad
le concedió la libertad provisional por vencimiento del término de 4 meses sin
haberse realizado la calificación del mérito del sumario, lo cual ocurrió el 7 de febrero
de 2005 en el sentido de proferir resolución de acusación en su contra;
determinación que fue objeto de apelación el 17 de febrero de 2005.
Manifestó que el comandante de la Central de Contrainteligencia lo suspendió de
las funciones como servidor público y el 17 de febrero de 2005 la fiscal libró boleta
de encarcelamiento en su contra con destino al Batallón de Policía Militar núm. 13,
en tanto revocó la libertad que le había sido concedida, por lo cual interpuso recurso
de apelación.
Refirió que el 21 de abril de 2005 fue dejado en libertad provisional y el 29 de agosto
de 2013 la Fiscalía Primera de Descongestión calificó nuevamente el mérito del
sumario con resolución de acusación en su contra y le impuso de nuevo medida de
aseguramiento, por lo cual el 24 de septiembre de ese año fue privado de la libertad,
luego de presentarse voluntariamente en las instalaciones del CTI.
Aseveró que recurrió la anterior decisión, la cual fue confirmada, y, adicionalmente,
solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento en centro carcelario por
detención domiciliaria, sin que esto último fuera objeto de pronunciamiento. Añadió
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que instauró control de legalidad contra la medida de aseguramiento, pero fue
denegado por el juez segundo penal del circuito de Girardot.
Sostuvo que el 15 de mayo de 2014 y el 9 de junio siguiente solicitó la libertad
provisional por vencimiento de términos, pero la primera fue negada el 23 de mayo
de 2014 y la segunda fue concedida el 16 de junio de esa anualidad, situación que
se mantuvo hasta la finalización del proceso.
Adujo que el 18 de junio de 2014 inició la audiencia de juicio oral y culminada la
práctica de pruebas la Fiscalía General de la Nación solicitó su absolución. Agregó
que el 17 de junio de 2016 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Girardot dictó
sentencia, en la que descartó su responsabilidad en los hechos investigados, al
concluir que disparó al aire al ver a sus compañeros agredidos, momento en el cual
ya se habría producido la lesión que causó la muerte del señor Manuel Enrique
González Mora.
Expuso que estuvo privado de su libertad de manera injusta por espacio de 15
meses y 4 días, por lo cual formuló demanda de reparación directa en contra de la
Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Adujo que el 27 de
septiembre de 2021 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot dictó
sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda
porque estimó que la imposición de la medida de aseguramiento cumplió con los
requisitos legales.
Afirmó que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, para
lo cual expresó que las decisiones de privación de su libertad no se ajustaron a las
normas vigentes, en tanto no se tuvieron en cuenta los fines de la medida restrictiva,
de conformidad con el artículo 355 de la Ley 600 de 2000.
Dijo que el 30 de noviembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, confirmó la providencia de primera instancia, al
considerar que ni en el ordenamiento jurídico ni en la jurisprudencia se exige la
transcripción del fin que perseguía la medida de aseguramiento como un requisito
formal, por lo cual esta no podía calificarse de inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria.
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Al respecto, manifestó que las autoridades judiciales precitadas incurrieron en
defecto sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución Política, porque
desconocieron la existencia de normas y jurisprudencia relativas a la necesidad de
demostrar la protección de los fines constitucionales establecidos, concretamente,
los artículos 7.5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de
la Constitución Política y 355 de la Ley 600 de 2000 y la Sentencia C805/02 dictada
por la Corte Constitucional.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, los cuales, en su criterio, fueron vulnerados
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de las sentencias del
27 de septiembre de 2021 y 13 de diciembre de 2022, respectivamente. En
consecuencia, requirió revocarlas y ordenarles que adopten las medidas necesarias
para corregir los defectos en que incurrieron.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 14 de julio de 2023, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Girardot, como accionados; a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a los señores
Carmen Emilia Tobón, Edwin David Tobón Tobón, Luz Estella Tobón Tobón y Diana
Clemencia Hernández y la menor CATL1, como terceros con interés.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot, por conducto de su
titular, solicitó negar el amparo deprecado por el accionante, toda vez que no ha
amenazado ni conculcado los derechos fundamentales por él reclamados, dentro
de las actuaciones adelantadas en el expediente 2018-00246.
1 Designada de esta forma por el juez colegiado de primera instancia, para proteger su intimidad.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
guardó silencio, pese a que fue notificado en debida forma del auto admisorio de la
presente acción.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Fiscalía General de la Nación, a través de la profesional especializada de la
Unidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos, señaló que la acción de tutela de la
referencia es improcedente, puesto que la parte accionante no explicó por qué no
utilizó los mecanismos de defensa judicial con los que cuenta ni sustentó las
causales específicas de procedibilidad y lo que pretende es retrotraer actuaciones
procesales.
Sobre el particular, expuso que, para cuestionar la decisión judicial de segunda
instancia, en la Ley 1437 de 2011, se prevén distintos recursos, a pesar de lo cual
los interesados no explicaron por qué no los utilizaron, por lo cual no se cumple el
requisito de subsidiariedad y tampoco se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable.
Añadió que las sentencias fueron razonadas, proporcionales, se ajustaron a
derecho y estuvieron debidamente soportadas. Por consiguiente, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento de la causal general de
procedencia de la subsidiariedad y la no transgresión del precedente judicial.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio del abogado de la
División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, adujo que no tiene poder
jurisdiccional alguno mediante el cual pueda inferir o participar en las decisiones
adoptadas por los despachos judiciales dentro de los procesos que tienen a cargo,
por lo cual estimó que debe ser excluida como parte accionada en el presente
trámite constitucional y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Los señores Carmen Emilia Tobón, Edwin David Tobón Tobón, Luz Estella
Tobón Tobón y Diana Clemencia Hernández y la menor CATL no rindieron
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informe alguno, aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de
la presente acción.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 25 de agosto de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, para lo cual consideró que no
cumple el requisito de relevancia constitucional, porque el asunto controvertido por
el actor, el cual es estrictamente legal y probatorio, ya fue estudiado por las
autoridades judiciales accionadas y este mecanismo no es una tercera instancia
para reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene como finalidad
establecer si la parte accionada incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.
Agregó que la vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia alegada por el señor Ramón de Jesús Tobón Tobón no se evidencia, toda
vez que el proceso de reparación directa se adelantó ante el juez competente, en
respeto de las formas propias del proceso y de la garantía de allegar y controvertir
pruebas.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, para lo
cual insistió en los argumentos iniciales y, adicionalmente, afirmó que la
transgresión de sus derechos fundamental ocurrió en el trámite del proceso
ordinario, por lo cual acude al juez constitucional, para que realice dicha verificación,
lo cual tiene sustento en la jurisprudencia constitucional, por ejemplo en la Sentencia
SU128/21, según la cual, si luego de agotar los recursos ordinarios, persiste una
clara arbitrariedad judicial, es procedente la tutela para discutir providencias
judiciales. Al respecto, expuso que las sentencias discutidas contienen yerros que
se mantuvieron después de haber utilizado los mecanismos con los que contaban,
los cuales no fueron analizados por el a quo de esta acción.
Igualmente, indicó que el hecho de que las autoridades accionadas hayan avalado
la imposición de una medida de aseguramiento que desconoce los artículos 7.5 y 8
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 Constitución Política y
355 de la Ley 600 de 2000 afecta de manera sustancial sus derechos.
En consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia de esta
acción constitucional y el amparo de sus derechos fundamentales y de los
vinculados a este trámite.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) cuestión previa, II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y III) caso concreto.
I. Cuestión previa
El día de hoy el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó su
impedimento para conocer de la presente acción con fundamento en la causal 6 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que su hermana integró la
sala que dictó la providencia que se discute en esta sede.
Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan
situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman aquellas en
las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su
conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra
impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la
debida administración de justicia.
Pues bien, una vez analizado el escrito de tutela y el expediente, se observa que,
en efecto, la magistrada Clara Cecilia Suárez Varga, hermana del magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas, suscribió la providencia controvertida en esta acción; así
las cosas, se considera que se presentan elementos subjetivos en la manifestación
de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptarse en
el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible afectación de la
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objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la función
jurisdiccional.
Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado precitado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y
transparencia.
II. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
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III. Caso concreto
En el recurso de impugnación el señor Ramón de Jesús Tobón Tobón manifestó su
discrepancia con la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de esta
acción de tutela, pues, a su juicio, el asunto sí reviste relevancia constitucional, en
tanto las sentencias dictadas por las autoridades aquí accionadas en el proceso de
reparación directa que instauró vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a la inobservancia de los
artículos 7.5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de la
Constitución Política y 355 de la Ley 600 de 2000 y la Sentencia C805/02 de la Corte
Constitucional.
En esa medida, a esta Subsección le corresponde, en primer lugar, determinar si se
cumple la exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela que dio lugar a
la improcedencia en primera instancia, para, en caso de encontrar superado dicho
requisito, analizar si se estructuraron los defectos de violación directa de la
Constitución Política, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
Al respecto, se aclara que, si bien la parte accionante invocó el defecto fáctico, en
lugar del desconocimiento del precedente judicial mencionado, lo cierto es que los
argumentos expuestos en esta sede encajan en los tres yerros previamente
mencionados, razón por la cual el análisis se centrará en estos.
Así las cosas, debe precisarse que, en criterio de esta Sala, el caso reviste una
marcada relevancia constitucional, en tanto a través de esta acción de tutela se
persigue la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con ocasión de una presunta estructuración de
algunas causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Lo anterior permite evidenciar que no se trata de un asunto
de mera legalidad y el propósito de la parte accionante no es crear una instancia
adicional al proceso ordinario, sino demostrar los defectos en que, a su juicio,
incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
Dilucidado lo anterior, y al avizorarse el cumplimiento de las demás exigencias
generales de procedibilidad, debe verificarse si se configuran los defectos
enunciados en la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en su condición de órgano de cierre
en el presente asunto.
Para ese efecto, es necesario resaltar que en el recurso de apelación que la parte
demandante del proceso de reparación directa interpuso contra la sentencia de
primera instancia del 27 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Girardot, aquella afirmó que, en las resoluciones del 23 de agosto
de 2004, 7 de febrero de 2005 y 29 de agosto de 2013, mediante las cuales se
decidió sobre la imposición de la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva, no se cumplieron los requisitos del artículo 355 de la Ley 600
del 2000, en tanto en ellas no se realizó ningún análisis o mención acerca de los
fines por los que procedía dicha medida, lo que demostraba su desproporción,
irracionabilidad e ilegalidad.
En atención a los anteriores argumentos, en la sentencia de segunda instancia
controvertida en esta sede, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, aclaró, en lo que aquí interesa, que, contrario a lo alegado
por el extremo activo del medio de control de reparación directa, ni en las normas ni
en la jurisprudencia se determina que la transcripción de los fines de la medida de
aseguramiento en las resoluciones respectivas sea un requisito formal en el
contenido de esas decisiones; postura que soportó en la Sentencia C744/01, en la
que la Corte Constitucional señaló cuáles eran esas exigencias.
En ese entendido, esa Subsección concluyó que el hecho de que en las decisiones
señaladas no se haya transcrito el fin perseguido con la restricción de la libertad no
generaba que la medida preventiva fuera inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria.
Así las cosas, esta Sala denota que en la sentencia aquí discutida la autoridad
judicial accionada realizó el estudio del argumento expuesto por la parte
demandante del proceso de reparación directa, consistente en que la medida de
aseguramiento no cumplía con las exigencias legales para su imposición, en tanto
no se consignaron cuáles eran los objetivos pretendidos con ella conforme a la ley
penal procesal vigente, el cual, valga mencionar, coincide con el manifestado en
esta sede.
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Ciertamente, aquella itera que la restricción de su libertad no atendió a los fines que
con ella se persiguen y, por tanto, se desconocieron los artículos 7.5 y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de la Constitución Política y
355 de la Ley 600 de 2000 y la Sentencia C805/02 de la Corte Constitucional.
Al respecto, se observa que en los artículos 7.5 y 8 de la Convención precitada se
prevén las garantías judiciales de las personas privadas de la libertad, de aquellos
a los que se les ha realizado alguna acusación penal o frente a quienes se están
determinando sus derechos u obligaciones.
En ese entendido, en relación con las finalidades de la restricción de la libertad se
aclara que la primera de las normas referidas se circunscribe a establecer que la
«libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en
el juicio» y en la segunda no se hizo ninguna mención acerca de ese aspecto, lo
que evidencia que en ellas no se exige la consignación expresa de los objetivos de
la medida de aseguramiento en la resolución respectiva, como lo alega la parte
accionante. En igual sentido sucede con el artículo 29 de la Constitución Política,
en el que se consagró el derecho fundamental al debido proceso.
Ahora, en lo atinente al artículo 355 de la Ley 600 de 2000, se tiene que, si bien en
este se definen los fines por los cuales procede la medida de aseguramiento, lo
cierto es que, como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, no se requirió que debían constar por escrito en la
resolución a través de la cual aquella se imponga, como un requisito formal; lo cual
también sucede con la Sentencia C805/02 de la Corte Constitucional, pues en ella
nada se expuso en cuanto a la necesidad de transcribir el fin buscado con la
restricción de la libertad en el contenido de la providencia como una exigencia para
su procedencia.
En atención a lo expuesto, resulta pertinente esclarecerle al actor que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en ningún
momento afirmó que la imposición de la medida de aseguramiento podía
desconocer o desatender los fines establecidos para ella, sino que no existía una
norma o un pronunciamiento judicial en el que se tuviera como requisito formal de
la resolución de esa imposición la transcripción de los objetivos perseguidos con la
restricción de la libertad.
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En ese orden de ideas, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada que no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.
Por lo tanto, al encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional y las
demás exigencias generales de procedibilidad, pero no hallarse estructurados los
defectos invocados, se revocará la sentencia del 25 de agosto de 2023 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, y, en su lugar, se negará el amparo
deprecado por el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Rafael
Francisco Suárez, de acuerdo a lo explicado en este proveído.
Segundo: Revocar la sentencia del 25 de agosto de 2023 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, y, en su lugar, negar el amparo deprecado por la parte
accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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www.consejodeestado.gov.co
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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 3 18 1- 0 1
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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